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Introducción
En diciembre de 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó los primeros casos de un nuevo coronavirus. La enfermedad infecciosa causada por el coronavirus se denomina COVID-19 y se propaga principalmente de persona a persona por gotas de saliva o mucosas que salen de la boca o nariz.1 Debido a la alta tasa de infección, la enfermedad que se manifestó a finales de 2019 en Wuhan (China) se propagó a todo el mundo. De acuerdo con cifras de la Universidad John Hopkins (JHU, por sus siglas en inglés), para mediados de noviembre de 2020 la enfermedad estaba presente en 191 países de los 194 reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alcanzando más de 58.5 millones de personas confirmadas con la COVID-19 y más de 1.3 millones de decesos a causa de esta enfermedad.2
Por esta razón la OMS, en concordancia con otras instituciones internacionales y autoridades sanitarias nacionales, realizaron recomendaciones a la población e implementaron acciones de acuerdo con los recursos y la información disponible sobre esta nueva enfermedad que, hasta noviembre de 2020, no tenía un tratamiento probado para su cura ni vacuna. Entre las principales medidas para evitar la propagación del coronavirus se encuentran: lavado a fondo y constante de manos con agua y jabón o uso de desinfectante a base de alcohol; evitar tocarse los ojos, nariz y boca; tener adecuada higiene respiratoria, que incluye el cubrirse la nariz y boca con el codo al estornudar o toser; uso adecuado de cubrebocas; permanecer en casa y aislarse si se presentan síntomas leves; buscar atención médica en casos de síntomas más graves como la dificultad para respirar; mantener distanciamiento físico con mínimo una separación de un metro entre persona y persona; evitar asistir a lugares concurridos; entre otros.3
A raíz de la implementación del distanciamiento físico como medida para frenar la creciente propagación de la COVID-19, las autoridades locales y nacionales limitaron, en algunos casos obligaron, a la población a permanecer en sus casas. Esta acción causó diversos cambios en las condiciones sociales, pues el desarrollo de actividades cotidianas se vio afectado como en la educación en todos los niveles, trabajo en todos los sectores, adquisición de bienes y servicios, convivencias familiares y sociales, actividades lúdicas y deportivas, movilidad intra o trasnacional y más.
A partir de estos cambios sociales a nivel mundial, este artículo se enfoca en el mercado laboral debido a su abrupto constreñimiento, lo que ha conducido a una reconfiguración de lo que significa el trabajo y sus modalidades para llevarlo a cabo. De acuerdo con el Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se destaca que el 93 % de los trabajadores de todo el mundo reside en países que aplican alguna medida de cierre de lugares de trabajo; se presenta una creciente pérdidas de horas de trabajo; y, se reconoce que las consecuencias de la pandemia han afectado a todas las categorías de trabajadores de forma generalizada, pero se manifiesta una mayor incidencia de crisis en grupos específicos como los trabajadores del sector informal, empleo femenino y trabajadores jóvenes.4
En estudios realizados por la OIT5 y por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés)6 ya evidenciaban que el grupo de la población joven de América Latina y el Caribe es un grupo en amenaza de exclusión en el mercado laboral, debido a que, en comparación con los adultos, tienen empleos de menor calidad, las tasas de desocupación son más altas, es más amplia la brecha por sexo, tienen mayor incidencia de tener sus primeros trabajos en el sector informal, tienen menores ingresos y, en términos generales, tienen empleos precarios y desprotegidos. Sin embargo, la población joven pertenece a las generaciones que nacieron y se desarrollan en ámbitos de mayor acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y hacen uso de ellas para relacionarse socialmente y desarrollar actividades cotidianas como en su educación o trabajo, por lo cual se les denomina nativos digitales.7 A partir de ello, es importante reflexionar la apertura de una ventana de oportunidad generada por la población joven y revertir sus condiciones desfavorables en el mercado de trabajo, haciendo uso de sus conocimientos y habilidades que tienen sobre las TICs en momentos de la crisis pandémica que ha provocado un auge de lo digital y una demanda de lo virtual.
Por lo anterior, el objetivo del artículo es mostrar una aproximación contextual sobre el impacto que ha tenido la pandemia en el mercado de trabajo, específicamente en el grupo de población joven de México. Para lograr el objetivo, se discuten los datos publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la OIT, así como las sugerencias de política para desarrollar buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo en el contexto de pandemia para los países de América Latina y el Caribe. Asimismo, para el caso de México, se presentan los resultados de una revisión hemerográfica de las demandas realizadas por trabajadores durante los primeros meses del confinamiento, con el fin de contextualizar el clima laboral en el país. Aunado a lo anterior, se muestran los resultados del análisis de estadística descriptiva de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) de abril, elaborada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), haciendo énfasis en la población joven de México.
Al finalizar las dos secciones se presentan las conclusiones del artículo, donde se señala que las condiciones de la población joven se ven afectadas en el mercado laboral por una cuestión estructural, más que funcional. Es decir, la pandemia presentó afectaciones generalizadas, pero la población joven, al igual que otros grupos considerados previamente vulnerables, tuvo mayores implicaciones. Esto permiten discutir sobre la subutilización del conocimiento de los nativos digitales, característica que es un recurso intangible valioso para el desarrollo del propio mercado laboral, como el teletrabajo, en contexto de pandemia.
El trabajo en América Latina y el Caribe en tiempos de la pandemia
El 21 de mayo de 2020 Alicia Barcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, y Vinícius Pinheiro, director regional de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la OIT, realizaron una presentación pública sobre los efectos de la pandemia titulada El trabajo en tiempos de pandemia: Desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (Covid-19).8 Dicha presentación muestra información a un mes de que la mayoría de los países de la región paralizaran sus actividades laborales no esenciales, con el fin de contraer la propagación de la enfermedad a partir del distanciamiento físico. Además de mostrar datos que evidencian el efecto negativo de la pandemia en el mercado laboral, contiene una manifestación de desafíos, prioridades de las políticas de seguridad y salud en el trabajo, buenas prácticas, políticas para proteger el empleo e ingresos de trabajadores y limitar el impacto en las empresas, para cerrar con una hoja de ruta para la cooperación entre CEPAL y la OIT en América Latina y el Caribe.
Es relevante conocer el contenido de esta y otras presentaciones realizadas por los organismos internacionales en materia de mercado laboral, ya que muestran indicadores de un momento determinado útiles para llevar a cabo acciones a un corto plazo, así como vislumbrar posibles efectos a mediano y largo plazo. Asimismo, se pueden identificar las directrices que van a orientar las políticas de impacto regional, nacional y local. Por lo anterior, en este apartado se muestra la información que permita entender el panorama del trabajo en América Latina y el Caribe previo y durante la pandemia de la COVID-19.
En primera instancia, la presentación de la CEPAL y OIT muestra indicadores sobre la situación precedente a la pandemia.9 En estos datos se observa que la región de estudio tenía una tendencia de crecimiento económico bajo, pues la tasa de variación del Producto Interno Bruto (PIB) de 2008 a 2013 fue de 3.5 %, mientras que la tasa de 2014 a 2019 fue de 0.4 %, es decir, bajó 3.1 puntos porcentuales de un periodo a otro. Este descenso en el PIB tuvo implicaciones directas en el mercado de trabajo, pues la tasa de desocupación en 2019 alcanzó 8.1 % para la región; países como Brasil o Costa Rica alcanzaron porcentajes cercanos al 12 %, mientras que Guatemala, México, Bolivia, Ecuador y Perú estuvieron por debajo del 4 %.
En cuanto a la categoría ocupacional, se observa en la presentación que en 2019 el 60.3 % de la población ocupada era asalariada, el 27.4 % trabajadores por cuenta propia, 4.3 % servicio doméstico, 3.5 % trabajadores familiares no remunerados y el 4.5 % otros.10 Con estos datos se muestra que, si bien los trabajadores asalariados son los predominantes, en la región el trabajo por cuenta propia es un importante generador de ingresos que, en estos datos provistos, no se alcanzan a identificar las condiciones en las que se desarrolla, como la formalidad y protección legal. Sin embargo, se señala que el 54 % de la población ocupada se desempeña en el trabajo informal, teniendo implicaciones negativas a los grupos más vulnerables: mujeres, jóvenes, los que no cuentan con ningún nivel de instrucción educativa, quienes viven en ámbitos rurales y, quienes desarrollan actividades agrícolas.11
Bajo las condiciones antes señaladas, los países de América Latina y el Caribe entraron en una fase de desaceleración económica debido a las medidas tomadas por los gobernantes ante la pandemia de la COVID-19. Entre las principales afectaciones detectadas por la CEPAL y la OIT son: 1) reducción de horas trabajadas, caída de salarios e incremento de despidos en el trabajo formal; 2) caída de empleos y menor acceso a compensaciones de ingreso en el trabajo informal; 3) las mujeres son las más vulnerables por su participación en el trabajo informal, diferencia salarial y tener mayor participación en el sector salud, lo cual implica mayor exposición al virus; 4) sectores como el turismo, comercio, manufactura, inmobiliario y entretenimiento se ven seriamente afectados, y 5) las micro y pequeñas empresas tienen alto riesgo de experimentar quiebras.12
A partir de lo anterior, se percibe que las medidas aplicadas en tiempos de pandemia tienden a la precarización de las condiciones del trabajo, al uso desregularizado de las estrategias flexibilizadoras del mercado laboral y a relegar sectores económicos no prioritarios. Por esta razón, las políticas implementadas en cada país de la región tienen dos retos aparentemente antagónicos. Por un lado, mantener la seguridad de la población evitando la transmisión del virus. Por otro, mitigar los efectos del distanciamiento social en el mercado laboral a través de la generación de trabajos de calidad, reactivación productiva y disminución de brechas entre diversos sectores de la población.
Por esta razón, la CEPAL y la OIT señalan que las políticas de empleo deben priorizar la seguridad y salud en el trabajo, así como la protección del empleo e ingresos de trabajadores y limitar el impacto en las empresas. Entre las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales, se destacan tres principales. En primer lugar, generar prestaciones por desocupación a partir de subsidios fiscales en caso de que las empresas suspendan temporalmente actividades o, proveer de seguros de desempleo a quienes hayan perdido su empleo. En segundo lugar, aplicar medidas flexibilizadoras como el ajuste de horarios y el banco de horas. Finalmente, atención al sector de los trabajadores informales con la entrega de subsidios.13
La intención de las recomendaciones antes mencionadas es generar políticas de protección a trabajadores y empresas. Sin embargo, aquí se detectan dos elementos contraproducentes. En primera instancia, se requiere un enorme empuje financiero que tendría que cubrir el estado para otorgar préstamos, subsidios y seguros de desempleo a gran parte de la población, con una baja probabilidad de retorno y un mínimo impacto, pues se vislumbra que la pandemia durará largo tiempo.14 En segunda instancia, jornadas flexibles y banco de horas son estrategias que implican llevar un registro de las horas trabajadas de manera individual, donde se puede trabajar horas extra en periodos de alta demanda y disminuir las horas por jornada en momentos de baja productividad o por asuntos personales de la población trabajadora.15 Sin embargo, en países de América Latina y el Caribe, donde predomina el trabajo informal y los trabajadores asalariados precarios, esta dinámica laboral no es viable por la falta de mecanismos que garanticen los derechos y obligaciones tanto de trabajadores como de empleadores. Esta situación se complejiza con los trabajadores por cuenta propia y con las micro y pequeñas empresas que concentran el 46.6 % del total de empleo en la región,16 pues no cuentan con los recursos necesarios para soportar los salarios de sus empleados en momentos de baja productividad o de suspensión temporal de actividades laborales.
A pesar de estos elementos adversos, los organismos internacionales reconocen que “la crisis desnudó de forma muy cruel el costo de la informalidad y de la desigualdad en la mayoría de los mercados laborales en LAC”.17 Esto indica que la situación actual del mercado de trabajo en la región no solo se le imputa a la pandemia de la COVID-19 y a las medidas implementadas para mitigar su propagación, sino a las condiciones existentes previamente a la crisis. La pandemia, en este caso, funge como detonador para evidenciar y magnificar las situaciones negativas en el ámbito laboral existente por varias décadas, mismas que han generado inconformidades y movilizaciones entre la población de varios países, como Argentina, Colombia, Chile, México, por mencionar algunos.
Asimismo, la CEPAL y la OIT apuntan a una visión del futuro de carácter optimista, donde “los esfuerzos deben direccionarse hacia la generación de marcos normativos e institucionales que perfeccionen la protección sociolaboral de los trabajadores, sobre todo los más vulnerables”.18 Y, también, las políticas de recuperación no solo deben enfocarse a una nueva normalidad semejante al contexto previo a la pandemia, sino a una normalidad mejor con “mayor formalidad, equidad y diálogo social”.19 Este momento coyuntural refleja la urgente necesidad de transformar el mercado laboral, no solo para salir de la crisis, sino para generar mejores condiciones para toda la población a futuro. Sin embargo, por muy loable que sea esta visión, implica mirar al interior de las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de cada país de la región y hacer cambios sustantivos de forma y fondo.
Bajo el panorama de América Latina y el Caribe descrito previamente, la siguiente sección muestra el caso de México. Para ello, se evidencian los efectos de la pandemia en el mercado laboral, específicamente durante los primeros tres meses del confinamiento determinado por las autoridades sanitarias del país. Este contexto del clima laboral da pie a la presentación de datos de la ETOE de abril, con el propósito de distinguir las principales vulnerabilidades en las condiciones de trabajo de la población joven (15 a 29 años), respecto a los adultos (30 a 59 años); ambos grupos diferenciados por sexo.
Impacto de la pandemia en el mercado laboral de la población joven mexicana
En México, los primeros casos registrados con la COVID-19 se dieron en los últimos días de febrero de 2020. A partir de esa fecha, el número incrementó sustancialmente. Para la primera semana de agosto de 2020, la OMS registró en México aproximadamente medio millón de casos confirmados, cifra que se duplicó para noviembre del mismo año y que posicionó al país en el onceavo lugar a nivel mundial: Estados Unidos, India, Brasil, Francia, Rusia, España, Reino Unido, Argentina, Colombia e Italia ocuparon en ese orden los primeros diez lugares.20 En cuanto a los decesos confirmados a causa de dicha enfermedad, México ocupó la cuarta posición después de Estados Unidos, Brasil e India, dado que se registraron más de 100 mil defunciones acumuladas en noviembre de 2020.21
Para mitigar la propagación del virus en México, a mediados de marzo de 2020 las autoridades sanitarias determinaron medidas alineadas a las recomendaciones internacionales, como el distanciamiento físico entre las personas, confinamiento en las viviendas, suspensión de actividades educativas y laborales de sectores no esenciales, entre otras. Estas medidas causaron una desestabilización económica a nivel nacional, pero con un fuerte y directo impacto a los hogares de los habitantes en México. Las reacciones no se hicieron esperar y a partir del 17 de marzo, espacios informativos locales y de cobertura nacional, comenzaron a publicar las manifestaciones de trabajadores de diversos sectores.22 Primero, fueron los del área de salud para demandar insumos y recursos necesarios para brindar una adecuada atención a enfermos por la COVID-19 y protegerse a sí mismos. Posteriormente, comerciantes ambulantes, indígenas artesanos, ferieros, restauranteros, meseros, artistas circenses, mariachis, boleros, artistas callejeros, conductores de transporte público por aplicaciones, comerciantes fijos, empleados de gimnasios, entre otros, salieron a las calles para demandar al gobierno apoyos, subsidios, defensa legal ante el recorte de personal, reapertura de los espacios de trabajo y más.
La revisión hemerográfica, realizada de los primeros tres meses del confinamiento en México, muestra que los gremios y asociaciones que se manifestaron ante el gobierno por los efectos de la pandemia son mayoritariamente trabajadores informales, de baja calificación, desempeñan actividades en el espacio público y en áreas del sector de servicios. Otra característica, es la modalidad de la remuneración económica de estos grupos de trabajadores, la cual está asociada al pago a destajo, es decir, por obra o servicio realizado como los mariachis o los artesanos, o de forma mixta, como meseros que tienen sueldo base y reciben propinas como complemento. Por ello, dejar de trabajar implica dejar de ganar ingresos para su manutención y la de sus dependientes.
Lo anterior denota que la pandemia, específicamente la medida de confinamiento, fue un detonante de crisis económica para los sectores más vulnerables del mercado de trabajo. Se evidencia que las variaciones económicas a nivel macro, tienen efectos potencialmente negativos y de forma inmediata a nivel micro. De esta manera, las demandas de dichos trabajadores exponen lo endeble de la economía mexicana para contrarrestar y afrontar los efectos de una crisis, sin importar las causas que la originan.
Además de los resultados de la revisión hemerográfica, se realiza un estudio más puntual para detectar otras aristas de los efectos de la pandemia en el mercado laboral mexicano. Para ello, se recurre a la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) de abril, la cual fue elaborada por INEGI bajo la modalidad de encuesta telefónica, con el fin de monitorear mensualmente las condiciones laborales en el periodo de la contingencia de la COVID-19. Su tamaño de muestra para abril fue de 14,294 viviendas, muestra que, de acuerdo con INEGI, garantiza las estimaciones de los principales indicadores como la tasa de desocupación de 2.5 % y mayores.23
En este punto es necesario realizar dos acotaciones metodológicas. En primer lugar, la ETOE considera el mismo diseño conceptual y los cuestionarios de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Sin embargo, el nivel de cobertura difiere entre ambas, ya que la ENOE tiene representatividad a nivel nacional, entidad federal, ciudad autorrepresentada y tamaño de localidad.24 En cambio, la ETOE tiene una cobertura únicamente nacional.25 En segundo lugar, debido a que es una encuesta telefónica, genera sesgos de información y de selectividad de la muestra por disponibilidad de celular o teléfono en domicilio. A pesar de ambas limitantes, la ETOE es fuente de información útil para generar aproximaciones sobre las condiciones laborales en México durante el periodo de confinamiento.
A continuación, se presentan los resultados del análisis de estadística descriptiva. En ellos, se pueden observar los efectos de las medidas implementadas para aminorar la pandemia, sobre todo en los principales indicadores de las condiciones laborales de la población joven de México, grupo considerado entre los 15 y 29 años.26 Para situar los datos de dicho grupo de análisis, se contrasta con la población adulta de 30 a 59 años27 y se distinguen por sexo.
En primera instancia, en la Gráfica 1 se observa que, a partir de la pérdida de más de 12 millones de empleos de marzo a abril,28 los mayores porcentajes que conformaron la población económicamente activa (PEA) fueron los adultos, específicamente los hombres con el 77.5 %. En cambio, con más del 67.7 % las mujeres jóvenes se ubicaron en la población no económicamente activa (PNEA). Estos datos señalan que, el confinamiento debido a la pandemia de la COVID-19, impactó de forma negativa a las mujeres jóvenes, quienes tuvieron 17.6 puntos porcentuales de diferencia respecto a sus pares adultas en la categoría de la PEA. Estos datos pueden ser reflejo de la doble vulnerabilidad que sufren las mujeres jóvenes en el mercado laboral: por edad y por sexo, y que se intensifica en momentos de crisis económica, tanto del país, como del hogar.29
Fuente: elaboración propia con base en la ETOE de abril. INEGI, 2020.
Gráfica 1 Clasificación de la población en PEA y PNEA, por grupos de edad y sexo
Al revisar la Gráfica 2, se evidencian tres efectos relevantes. El primero, es el recorte de personal como principal medida de parte de los empleadores o abandono de actividades laborales de los trabajadores por cuenta propia. Dicha situación se presentó a pesar de las indicaciones gubernamentales de protección al empleo y la promoción de apoyos económicos a los sectores más necesitados. Los datos indican que, en el primer mes del confinamiento, poco más de la mitad de los hombres jóvenes y dos terceras partes de las mujeres del mismo grupo estuvieron inactivos laboralmente, lo cual conlleva a la desprotección económica y de seguridad social para afrontar la crisis sanitaria.30
Fuente: elaboración propia con base en la ETOE de abril. INEGI, 2020.
Gráfica 2 Clasificación de la población en condición de actividad, por grupos de edad y sexo
Otro efecto, fue el notable desaliento para buscar trabajo o vínculos en actividades económicas. Esto se observa en la población desocupada31 con porcentajes cercanos al 3 % en el caso de los hombres y del 1 % en las mujeres de ambos grupos etarios. Dicha información es de relevancia, ya que evidenció una paralización entre la oferta y demanda de espacios en el mercado laboral, aun cuando se tenían las necesidades de trabajar, por un lado y, por otro, la de producir bienes y servicios de toda índole, no solo los esenciales.32
Finalmente, el tercer efecto es que, a pesar del desaliento en la búsqueda de trabajo, más del 18 % de las personas de todos los grupos de edad y sexo tenían la disponibilidad33 para realizarlo. Esto muestra que, posiblemente por un deterioro de las condiciones sociolaborales de los miembros del hogar, un sector importante de la población se mostró dispuesta a trabajar, aunque, para el momento de la encuesta, no estuvieran llevando a cabo una búsqueda activa debido al contexto ocasionado por el confinamiento. Sin embargo, dicha situación podría ser un factor que incremente el deterioro de las condiciones laborales en México, como disminución salarial, menores prestaciones, evasión de los contratos escritos, entre otros.34
Otro indicador relevante para detectar los efectos de la pandemia es la subocupación, categoría que registra a las personas “que tienen la necesidad y disponibilidad de ofrecer más horas de trabajo de lo que su ocupación actual se los permite”.35 En la Gráfica 3 se observa que el 20.7 % de los hombres adultos manifiestan estar subocupados, lo cual refleja la amplia necesidad de trabajar más horas asociado a la percepción de un mayor ingreso económico, pero que no les es posible debido a la retracción del mercado de trabajo. Sin embargo, en el caso de la población joven los porcentajes son menores en contraste con sus pares adultos. Estos resultados llaman la atención, debido a que la subocupación y el desempleo son mecanismos para deteriorar las condiciones laborales a través del desajuste entre la oferta y la demanda, por lo que afecta más a las poblaciones jóvenes.36 Lo cual, en este caso no es así, y podría explicarse a través del desánimo de demandar más horas de trabajo u otras oportunidades de empleo ante la parálisis del mercado laboral ocasionado por el confinamiento.
Fuente: elaboración propia con base en la ETOE de abril. INEGI, 2020.
Gráfica 3 Población subocupada, por grupos de edad y sexo
Con un enfoque exclusivo en la población ocupada, se retoman seis variables consideradas relevantes en la aproximación de las condiciones laborales de la población joven: tipo de empleo, posición en la ocupación, disponibilidad de contrato, nivel de ingreso, número de horas trabajadas a la semana y prestaciones de salud. En primera instancia, la Gráfica 4 muestra que, 6 de cada 10 personas que estaban ocupadas en abril de 2020, realizaban actividades en trabajos formales. Sin embargo, a todas luces no es un dato positivo, al contrario, revela que la mayor pérdida de empleos por efecto del confinamiento se dio en el sector informal.37 Esta información refuerza lo señalado en las notas periodísticas, donde artesanos, comerciantes ambulantes, artistas callejeros, entre otros, salieron a las calles para manifestarse contra el cierre de sus fuentes de empleo y demandar apoyos ante su situación de vulnerabilidad y desprotección legal.
Fuente: elaboración propia con base en la ETOE de abril. INEGI, 2020
Gráfica 4 Tipo de empleo de la población ocupada, por grupos de edad y sexo.
En cuanto a la posición en la ocupación, la Gráfica 5 expone que los mayores porcentajes pertenecen al grupo de trabajadores subordinados y remunerados. De nueva cuenta, este indicador no expresa una condición positiva del mercado laboral en tiempos de pandemia. Al contrario, muestra que los trabajadores sin pago, por cuenta propia o empleadores se quedaron sin vínculos laborales durante los primeros días de confinamiento. Y, esto los coloca en una situación de vulnerabilidad. Por un lado, por no contar con capital económico o subsidios para hacer frente al paro de actividades. Por otro, su limitado acceso a los sistemas de protección social, en comparación con otros tipos de trabajadores, genera que no puedan tener apoyos post empleo, como una liquidación o acceso a instituciones de salud.38
Fuente: elaboración propia con base en la ETOE de abril. INEGI, 2020.
Gráfica 5 Clasificación de la población ocupada por posición en la ocupación, por grupos de edad y sexo
La diferencia por edad es otro dato relevante. En la Gráfica 5 también se puede observar que el grupo de adultos tiene mayores porcentajes en las categorías de trabajadores por cuenta propia y empleadores, a diferencia de la población joven. Uno de los factores es el acceso al financiamiento o créditos otorgados por las instituciones bancarias, mismos que son limitados para la población joven por falta de historial crediticio y/o avales, que se traduce en confianza.39 De esta manera, no se cuenta con suficientes recursos para enfrentar las demandas del mercado y, menos, en momentos de crisis económicas.
Por otra parte, si bien los trabajadores subordinados y remunerados ocupan la mayor proporción de la población ocupada, en la Gráfica 6 se muestra que el grupo es heterogéneo debido a la disponibilidad de contrato. En todos los grupos se observan porcentajes por arriba del 45 % en contratos escritos de base, planta o tiempo indefinido, pero con una notable diferencia entre adultos y jóvenes: 15.2 puntos porcentuales entre hombres y 12.4 puntos porcentuales entre mujeres. El no contar con un contrato de tiempo indefinido, coloca a la población joven en situación de vulnerabilidad social y en riesgo de exclusión, puesto que, la carencia de este tipo de contrato, así como un empleo decente, prestaciones sociales y salario digno, afecta a otras dimensiones de la vida que limitan el ejercicio de sus otros derechos, como tener una vida autónoma.40
*La suma de los valores por columna no suman el 100 % debido a que no se incluyeron en la gráfica las categorías Contrato de tipo no especificado y No especificado.
Fuente: elaboración propia con base en la ETOE de abril. INEGI, 2020.
Gráfica 6 Disponibilidad de contrato de la población subordinada y remunerada, por grupos de edad y sexo
En la Tabla 1 se exponen los datos del nivel de ingresos de la población ocupada, mismos que reflejan tres aspectos relevantes. El primero, denota los bajos salarios de la población joven, donde más de tres cuartas partes de hombres y mujeres jóvenes perciben tres o menos salarios mínimos, a diferencia de los hombres adultos con menos del 70 % (dato acumulado). El segundo punto es la brecha salarial por sexo, siendo las mujeres quienes perciben menores ingresos o no cuentan con ellos, respecto a sus pares hombres. Finalmente, existe una evidente diferencia por edad, pues la población joven cuenta con mayores porcentajes en las categorías más bajas de ingresos, al igual que en la que no los recibe. Con esta información, se corrobora la brecha salarial en detrimento a las mujeres y a la población joven, panorama que no es actual y exclusivo de crisis económicas, más bien, por una discriminación estructural salarial en beneficio de los hombres y de los más calificados.41
Tabla 1 Nivel de ingreso de la población ocupada, por grupos de edad y sexo
| Nivel de ingreso | Población adulta | Población joven | ||
|---|---|---|---|---|
| Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | |
| Hasta un salario mínimo | 14.4 % | 22.4 % | 19.3 % | 21.3 % |
| Más de 1 hasta 2 salarios mínimos | 31.8 % | 34.3 % | 38.8 % | 39.3 % |
| Más de 2 hasta 3 salarios mínimos | 20.7 % | 15.8 % | 17.6 % | 16.2 % |
| Más de 3 hasta 5 salarios mínimos | 12.0 % | 9.7 % | 6.5 % | 5.3 % |
| Más de 5 salarios mínimos | 5.2 % | 3.3 % | 2.4 % | 2.3 % |
| No recibe ingresos | 0.7 % | 1.8 % | 2.3 % | 3.9 % |
| No especificado | 15.2 % | 12.8 % | 13.0 % | 11.7 % |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fuente: elaboración propia con base en la ETOE de abril. INEGI, 2020.
En cuanto a las horas trabajadas a la semana, la Gráfica 7 evidencia notables diferencias por sexo. Ejemplo de ello son los ausentes temporales con vínculos laborales, donde una cuarta parte de los hombres estaban en dicha categoría, mientras que en las mujeres se presentó en una tercera parte. Otro dato relevante es que aproximadamente la mitad de los hombres trabajaron más de 35 horas, es decir, dentro de los parámetros de la jornada laboral, en tanto que menos del 40 % de las mujeres trabajaron el mismo rango de horas. La información demuestra que, aunque se redujeron las horas de trabajo debido al confinamiento, quienes trabajaron más horas a la semana fueron los hombres de ambos grupos de edad, en especial los adultos. Este aspecto repercute directamente en los ingresos recibidos por dicha actividad, como se mostró previamente.
*La suma de los valores por columna no suman el 100 % debido a que no se incluyó en la gráfica la categoría No especificado.
Fuente: elaboración propia con base en la ETOE de abril. INEGI, 2020.
Gráfica 7 Número de horas trabajadas a la semana de la población ocupada, por grupos de edad y sexo
De esta manera, es notorio el detrimento de las mujeres en el ámbito laboral que, no solo se presenta en términos de la duración de las jornadas, también en otras categorías del trabajo como se ha evidenciado. La diferencia que prioriza a los hombres frente a las mujeres en el mercado laboral se considera como barreras y discriminaciones por condición de género.42 Dicha situación no es exclusiva de las crisis económicas, al contrario, es una característica estructural enquistada en México que genera desigualdades y segmentaciones entre hombres y mujeres.
Finalmente, en la Gráfica 8 se aprecia a la población ocupada por prestaciones de salud. Se destaca que más de la mitad de los grupos por edad y sexo tenían acceso a instituciones de salud y otras prestaciones. Estos datos podrían denotar que las condiciones de trabajo, especialmente en este rubro, favorecen a la población ocupada. Sin embargo, no es así, ya que las personas que se mantuvieron ocupadas en abril fueron las que contaban con mejores prestaciones.
*La suma de los valores por columna no suman el 100 % debido a que no se incluyó en la gráfica la categoría No especificado.
Fuente: elaboración propia con base en la ETOE de abril. INEGI, 2020.
Gráfica 8 Prestaciones de salud de la población ocupada, por grupos de edad y sexo
Por otro lado, llama la atención que una tercera parte de los ocupados no contaban con prestaciones. La información revela posibles estrategias ejecutadas por los empleadores para, en lugar de cerrar las fuentes de empleo, mantener los puestos de trabajo a un bajo costo, sobre todo en relación con las prestaciones sociales y a las multas derivadas de los escrutinios de las instituciones gubernamentales. Dichas estrategias, se evitarían si las autoridades oficiales generaran medidas para exonerar los pagos vinculados a la seguridad social en momentos de crisis económica y, de esta manera, se estaría protegiendo tanto al empleado, empleador, así como a las fuentes de trabajo.
A partir del análisis de estadísticas descriptiva presentada, se destacan tres efectos de la pandemia en el mercado laboral. En primer lugar, se evidencia que las afectaciones del confinamiento y paro de actividades no esenciales trastocó a toda la población, ya sea de manera directa o indirecta, pues se perdieron empleos en todos los sectores y grupos de población por edad y sexo. Estas medidas de recorte de personal se presentaron en el primer mes del confinamiento, lo que indica el fuerte golpe para la economía del país y, sobre todo, de millones de hogares.
En segundo lugar, a pesar de que el impacto de las medidas contra la pandemia fue generalizado, hubo grupos de población más afectados que otros. Entre los que se pudieron detectar, por los mismos intereses del estudio, fueron las mujeres y la población joven. Sin embargo, este efecto no se debe a las medidas sanitarias actuales, sino a una segregación estructural de estos grupos poblacionales en el mercado laboral que ha persistido por décadas y, en tiempos de crisis económicas, se hacen más evidentes.
Finalmente, el tercer efecto está orientado a denotar que las personas con mejores condiciones laborales, previo al confinamiento por la pandemia, son quienes preservaron sus trabajos en el momento de la crisis. Es decir, estar en un trabajo formal, en una posición de subordinación con remuneración, con un contrato escrito de base, planta o tiempo indefinido, contar con ingresos mayores a tres salarios mínimos y tener acceso a las instituciones de salud y otras prestaciones, son factores que favorecen la permanencia en la ocupación. Esta situación es preocupante, ya que las medidas del mercado laboral, a partir de las reformas de las décadas pasadas, están tendientes a la flexibilización, pero se observa que es sin ningún tipo de protección legal. Esto implica que las nuevas generaciones, o, quienes se incorporan al mercado laboral por primera vez, lo hacen bajo condiciones desfavorables que promueven volatilidad de las relaciones laborales y trabajos precarios.
Conclusiones
El objetivo del artículo fue mostrar una aproximación contextual sobre el impacto que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en el mercado de trabajo, específicamente en el grupo de población joven de México. Para ello, se hizo una revisión de los datos generados por organismos internacionales como la CEPAL y OIT, notas periodísticas y cifras generadas por el INEGI. Con esta información, se llega a tres conclusiones centrales. En primer lugar, todos los datos apuntan a una indiscutible crisis en el mercado laboral a partir de las medidas ejecutadas para mitigar la pandemia, como el confinamiento y distanciamiento social. Sin embargo, se reconoce que la pandemia no es la causante del pésimo escenario manifiesto, solo fue el detonante que magnificó y visibilizó condiciones negativas presentes por décadas en los países de América Latina y el Caribe, que por supuesto México no es la excepción.
En segundo lugar, si bien el impacto negativo se presenta en toda la población, ya sea la que compone la PEA o la PNEA, existen grupos que son más afectados que otros. Por intereses de esta investigación, se detectaron a las mujeres adultas y a toda la población joven de México como esos grupos más vulnerables. Pero, se apunta que las condiciones negativas no son coyunturales a la pandemia, al contrario, son efectos estructurales del mercado laboral que ahora se exacerban.
La tercera conclusión es que, las personas que antes de la pandemia tenían mejores condiciones de trabajo como empleos decentes y estables, son los que presentaron menores efectos negativos. Sin embargo, los porcentajes presentados muestran que una proporción desmesurada de la población se quedó sin empleo y sin posibilidad de realizar actividades laborales que reditúen en ingresos para su manutención y la de sus dependientes. Y, como se vio en la revisión hemerográfica, ocasionó inconformidades de diversos grupos que exigieron apoyos, subsidios, defensa legal y, sobre todo, reapertura de los espacios de trabajo. Esto evidencia que hay sectores de la población ocupada en México que realiza sus actividades en condiciones de precariedad, informalidad, baja calificación y que viven con lo que generan día a día.
Las tres conclusiones previas conducen a revisar con detenimiento las recomendaciones elaboradas por los organismos internacionales y retomadas por las autoridades de cada nación, con miras a priorizar la seguridad y salud en el trabajo de cada país de la región, pero con posturas realistas que consideren a todos los sectores de la población. Asimismo, se puedan considerar las aptitudes y conocimientos de las personas, como el manejo de las TICs por parte de las generaciones jóvenes consideradas nativos digitales, en esta era de migración a lo virtual. En este rubro, el teletrabajo es una adecuada forma de potencializar el trabajo a distancia, pero, se deben considerar medidas legales para regularizar su funcionamiento en México, ya que pueden excederse las horas de trabajo, incrementar el estrés, cargar los gastos operativos a los empleados, entre otros. Chile es un país que cumple con estas regulaciones, pero no está demás realizar investigaciones sobre su aplicación e identificar lo que México podría adoptar, de esta y otras experiencias.
Finalmente, la aproximación de las condiciones laborales de los primeros meses de confinamiento en México, puede servir de base para generar más estudios especializados de la materia. Y, en su conjunto, sean herramientas para los generadores de política pública para trazar medidas a corto, mediano y largo plazo, donde se mejoren las condiciones del mercado laboral, no solo para la población joven, sino de todos los grupos de población del país.
