Introducción

El pensamiento económico dominante ha logrado que se acepte como imposible la idea de una economía sin crecimiento, de una sociedad sin desarrollo. Este pensamiento se ha traducido en diversas estrategias de explotación masiva de recursos naturales en regiones específicas del planeta, estrategias que han sido justificadas en múltiples ocasiones bajo la premisa del combate a las apremiantes condiciones económicas que definen, en lo general, al Sur global.

De ahí que el paquete de esfuerzos que en los últimos años han dirigido gobiernos y empresas hacia la sobreexplotación de estos recursos haya reforzado el modelo primario exportador en estas regiones, en el supuesto de la superación a la condición histórica de subdesarrollo que la impronta geopolítica moderna ha impuesto sobre el Sur global. Sin embargo, los límites biofísicos planetarios muestran con cada vez mayor crudeza cómo este modelo de explotación de recursos y de expansión/acumulación capitalista es insostenible, visibilizando sus profundas repercusiones socioambientales.

Bajo este escenario, atestiguamos los límites del modelo extractivista, un modelo que ha exfoliado hasta el límite de las fronteras biofísicas grandes extensiones territoriales, deviniendo un modelo que expulsa seres vivos y a la vida misma de los territorios.

Por ello, acompañamos la hipótesis sobre cómo el neoextractivismo es un modelo que amalgama perversamente dos procesos concatenados: por un lado, la exfoliación intensiva de recursos de la Naturaleza y, por otro, la generación/profundización de escenarios de desigualdad e inequidad sociales, con impactos profundos en los derechos humanos (en adelante, DDHH)¹.

Por tanto, en este trabajo nos sumamos a quienes estudian el extractivismo no solo como un modelo de explotación de recursos, sino como un esquema de poder y dominio que se ha impuesto históricamente en el Sur global, en diferentes gradientes y en distintas esferas productivas, hecho que ha acompañado su proceso de colonización y de occidentalización, y ha moldeado, en última instancia, su rol geobiopolítico. Es lo que, en la actualidad, se denomina bajo la noción de colonización energética.

Más aún: el análisis de esta integración geoestratégica del Sur global al orden moderno-occidental ha logrado visibilizar cómo el modelo extractivo es una pieza clave para comprender el esquema económico dependiente al ciclo primario exportador que los países del Sur global tienen en general² y América Latina en particular³.

En este sentido, la noción de extractivismo da cuenta de un esquema global de apropiación organizado en base a la fractura colonial del metabolismo social planetario. Es la Gran Transformación a la que se refiere Karl Polanyi⁴.

Así, se ha dejado entrever cómo, apoyado por una narrativa desarrollista, este modelo históricamente ha invadido extensos territorios del Sur global, ha cometido injusticias socioambientales de diverso tipo en diversas regiones y ha aprovechado sistemáticamente vacíos legales para, con ello, poder perpetrar atentados continuos en contra del patrimonio biocultural de los Pueblos de la Tierra⁵, de los Pueblos-territorio⁶. A últimas fechas, la ampliación de sus fronteras (neoextractivismo) ha logrado recrudecer múltiples violencias sobre cuerpos y territorios⁷, ocasionando movimientos de resistencia a lo largo del continente,⁸ motivando reflexiones epistémicas y ontológicas de diversa índole.

Para ello, ha sido cobijado por la institucionalidad gubernamental, lo que le ha permitido orquestar desde intervenciones bélicas y ocupaciones territoriales intensivas, hasta la criminalización de la resistencia de los pueblos originarios⁹. De esta manera, indígenas y poblaciones afrodescendientes, así como comunidades campesinas, quienes en su gran mayoría han buscado defender su patrimonio biocultural, han atestiguado cómo se ha normalizado el asesinato de sus líderes, con agravios permanentes a sus DDHH y a lo que se denomina “Derechos de la Naturaleza”¹⁰.

Es en este escenario de violencia extractiva y colonialismo energético donde se ha propuesto una nueva categoría analítica: extrahección, noción que busca visibilizar la amalgama perversa que este modelo ha generado en cuerpos y territorios, teniendo como condición de existencia tanto la sistemática violación de DDHH y “Derechos de la Naturaleza” como la puesta en marcha de estrategias y modelos tecnocientíficos cada vez más violentos e insostenibles.¹¹

Con este trabajo buscamos sumarnos a la reflexión sobre la noción de extrahección propuesta por Gudynas, en el marco del “Consenso de la Descarbonización”.¹² Para ello, nos parece fundamental precisar, primero, qué se entiende por extractivismo y por neoextractivismo. Para tal meta, dividimos este trabajo en tres secciones: en la primera buscamos hacer precisiones analíticas sobre las nociones de extractivismo y neoextractivismo; en la segunda parte ahondamos en la propuesta analítica de extrahección, basándonos esencialmente en las ideas de Eduardo Gudynas; dicha propuesta se suma a las reflexiones arrojadas por pensadores de la ecología política como Maristella Svampa y Breno Bringel respecto a la descarbonización o el extractivismo verde¹³. En la tercera sección cerramos presentando nuestras conclusiones.

Es este un trabajo esencialmente teórico, que hará uso de categorías propuestas por la perspectiva de la Ecología Política y el Giro Decolonial; se enmarca esencialmente en el contexto sociohistórico latinoamericano y su afán no es proponer categorías analíticas definitivas, sino más bien insertarse en el debate contemporáneo alrededor de la transición socioecológica, colocando bajo la lupa tanto estos modelos extractivistas/neoextractivistas, así como el colonialismo energético tras ellos.

Extractivismo y neoextractivismo

Las prácticas extractivas sobre los recursos de la naturaleza son tan antiguas como recurrentes en las sociedades humanas, al grado que su eficiencia ha sido analizada como un factor determinante para evaluar el éxito o el fracaso de algunas civilizaciones¹⁴. Sin embargo, estas prácticas extractivas en sociedades premodernas difícilmente comprometían el equilibrio ecosistémico¹⁵. Tampoco existen registros sobre daños profundos en los biomas y en los ecosistemas, pese a que algunos sostienen que el declive de importantes civilizaciones ha sido resultado, entre otros factores, de prácticas extractivas insostenibles¹⁶.

Por tanto, el análisis alrededor del extractivismo no se centra en etapas premodernas, donde los modelos de explotación de recursos no eran homogéneos o donde, en palabras de Marx, no se presentaba aún una ruptura metabólica¹⁷. El debate se sitúa en el proceso de consolidación y expansión del modo de producción capitalista que, durante los siglos XVII y XVIII, comenzó a conducir las prácticas extractivas hacia la explotación de recursos naturales con fines comerciales y, posteriormente, de exportación. Es decir, el análisis se centra en el paulatino abordaje que las reglas del mercado capitalistas impusieron sobre los modelos de explotación de los recursos naturales.

Algunos estudios sitúan el inicio de esta ruptura metabólica ligada al proceso mismo de conquista y colonización de los territorios indoamericanos, ya que esta irrupción europea pasó pronto de un escenario extractivo como motín de conquista/guerra a conformar un modelo de dominio geobiopolítico¹⁸. Asimismo, desde la teoría crítica del valor este punto es abordado como la génesis misma de la maquinaria capitalista¹⁹, específicamente cuando se enfila el modelo extractivo hacia la explotación minería y petrolera.

El extractivismo, por tanto, se conforma como un “[…] patrón de organización colonial del mundo que hunde sus raíces en los orígenes mismos de la acumulación primitiva”²⁰, como una condición extractiva²¹ en tanto modelo de explotación de bienes naturales para su incorporación al mercado global.

Es decir, con el avance del modo de producción capitalista y de la mano del desarrollo del aparato tecnocientífico, las prácticas extractivas comenzaron a evolucionar y a especializarse, de forma tal que se convirtieron en un modelo de explotación cada vez más eficaz de recursos que operaba en una lógica de escala creciente. Por tanto, este modelo de extracción se convierte en una pieza fundamental del modo de producción capitalista, deviniendo un modelo de poder y de dominación²².

El análisis sobre este ensamblaje natural entre el modo de producción capitalista y el modelo extractivo ha generado un debate intenso sobre la esencia misma de esta dialéctica insuperable entre capitalismo y naturaleza. Marx lo señala de la siguiente forma refiriéndose a la agricultura como ejemplo, pero que podría extrapolarse a diferentes esferas extractivas:

[…] todo progreso realizado por la agricultura capitalista no es solamente un progreso en el arte de esquilmar al obrero, sino también en el arte de esquilmar la tierra, y a cada paso que se da en la intensificación de su fertilidad dentro de un periodo de tiempo determinado es a la vez un paso dado en el agotamiento de las fuentes perennes que alimentan dicha fertilidad²³.

Por tanto, el análisis sobre esta dialéctica insuperable entre capitalismo y naturaleza encuentra en el modelo extractivo un elemento clave para su análisis, ya que, con la evolución del extractivismo se pasó de un modelo de explotación, consumo y uso local/regional moderado de recursos, generalmente para autosustento y de comercio autogestionado, a un modelo geobiopolítico guiado por la explotación y sobreexplotación de los recursos extraídos, cuyo fin era exportarles a los países colonizadores.

El extractivismo es un modelo de extracción intensiva de recursos naturales, un esquema de extirpación intensiva de bienes comunes de los territorios con fines de exportación²⁴. Estos bienes comunes, estos recursos naturales, son generalmente exportados sin procesamiento alguno o con un procesamiento mínimo para su aprovechamiento en una gran variedad de industrias alrededor del mundo, colocando a este modelo como un engranaje geometabólico estratégico fundamental dentro del sistema/mundo imperante²⁵, con efectos ecosistémicos devastadores y con repercusiones profundas en los llamados tejidos de la vida²⁶.

Para poder analizar este modelo, Gudynas propone la noción de regímenes extractivistas, con la cual busca tipificar las formaciones sociogeoeconómicas donde domina un patrón de organización del poder con base en la sobreexplotación de la naturaleza²⁷. Comprender la lógica de estos regímenes extractivistas es clave para vislumbrar el fenómeno de radicalización del modelo capitalista neoliberal que, en años recientes, ha venido profundizando su agresiva dinámica depredadora de recursos, de alta privatización de tierras, así como la proliferación de múltiples procesos de exfoliación y expansión de las fronteras productivas hacia territorios “socialmente vaciables”²⁸, afianzando la economía de enclaves en diversas regiones de América Latina²⁹.

Es el espíritu del modelo extractivista, por tanto, el que revela un esquema de control y dominio geobiopolítico estructurado con base en la división jerárquica de los territorios a exfoliar, constituyendo una nueva división internacional del trabajo, profundizando las desigualdades estructurales existentes, exacerbando el patrón de explotación de bienes comunes y perpetuando el modelo de comodificación de la naturaleza³⁰.

Ahora bien, en un afán por delimitar su comprensión, nos parece fundamental precisar los ámbitos de definición de la noción de extractivismo. Seguimos la línea argumentativa de quienes definen que esta noción involucra tres elementos fundamentales para su definición³¹: las interacciones que el proceso extractivo establece con el entorno, los gradientes de dicha extracción, así como las modalidades de extracción (Figura 1).

Fuente: elaboración propia con base en Eduardo Gudynas, Extracciones, extractivismos y extrahecciones. Un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales (^{Montevideo: Observatorio del Desarrollo, Centro Latinoamericano de Ecología Social, 2013}); Maristella Svampa, Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias (^{Alemania: CALAS, 2019}).

Figura 1 Componentes de la noción de extractivismo 

El primer paso es analizar las interacciones con el entorno que el proceso extractivo genera, ya que algunos de los materiales que se extraen juegan un rol ecosistémico fundamental, por lo que su extracción/eliminación trae consigo necesariamente efectos en el espacio biótico en su conjunto, así como en los microclimas, en ocasiones de manera inmediata, en otras a mediano o largo plazo³². Analizar el concepto de extractivismo implica, pues, contemplar cómo este proceso altera los biomas en algún gradiente: en unos casos estas alteraciones son mínimas (cuando se extraen recursos de manera limitada, por ejemplo), pero en otros la extracción se da en grandes volúmenes, como en el caso de los megaproyectos, alterando profundamente el equilibrio ecosistémico. Es en este segundo escenario donde, para Gudynas, se ubica el modelo extractivista³³.

A esta explicación se le puede sumar el hecho de que las actividades de extracción no solo se reducen al ejercicio extractivo en sí, sino que muchas veces se modifican ecosistemas y paisajes bioclimáticos completos para la obtención de recursos, como sucede con los proyectos a gran escala. Pongamos un par de ejemplos.

Según el reporte “El estado de los bosques en el mundo”, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) asegura que la expansión de la agricultura industrial generó el 70 % de la deforestación en Latinoamérica en los últimos diez años, desertificando intensivamente cerca de 270 mil hectáreas distribuidas entre Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela, Costa Rica y México³⁴. Tal proceso de desertificación ha afectado al 30 % de especies arbóreas en bosques y selvas de la región, amenazando con ello al 50 % de los polinizadores del mundo que habitan estos ecosistemas³⁵; algunos estudios analizan inclusive las repercusiones sanitarias de comunidades que habitan estos espacios, ya que gran parte de su salud y técnicas de cuidado están imbricadas al conocimiento curativo tradicional de árboles, plantas, mirtos y yerbas de sus territorios³⁶, afectando profundamente el anclaje de estos cuerpos a su territorio.

El segundo ejemplo se encuentra en el terreno pesquero. Naciones Unidas asegura que el 90 % de los stocks marítimos mundiales están o plenamente explotados o en niveles de sobrepesca, mientras que la cifra por demanda de pescados aumenta año tras año alrededor del 17 %³⁷. Los efectos antropogénicos en estos ecosistemas, a través de las prácticas extractivas intensivas a la que se les ha sometido en los últimos años, siguen siendo, en muchos sentidos, una incógnita, ya que no hay estudios concluyentes al respecto; algunos, sin embargo, han demostrado parcialmente su carácter de irreversibilidad, destacando los procesos de desequilibrio ecosistémico que se han venido reportando en las últimas décadas³⁸.

De ahí la importancia de estudiar, como segundo punto, los gradientes de extracción, punto fundamental para comprender qué actividades deben considerarse como altamente extractivas y cuáles no, determinadas en gran medida por las modificaciones paisajísticas que imponen.

El ejemplo de una actividad altamente extractiva con modificación significativa paisajística es, nuevamente, el sector agroindustrial. En México, este sector ha crecido a una tasa anual promedio de 2.4 % en los últimos 10 años, 0.4 % por encima de la economía nacional; sin embargo, esta lógica de expansión ha representado un aumento de 24.6 millones de hectáreas de la frontera agrícola³⁹, expansión que se ha dado esencialmente en territorios habitados por indígenas, campesinas y campesinos, así como población afrodescendiente, a un ritmo de 4.2 % de 2001 a 2018⁴⁰, promedio por encima inclusive de la pérdida global de estos biomas (3.5 % anual)⁴¹, invadiendo bosques y selvas principalmente La modificación paisajística, con el impacto en biodiversidad que ello implica, es enorme. Los estudios sobre los impactos socioambientales se han enfocado en la pérdida de biodiversidad al promover el monocultivo, así como su impacto en los pequeños y mediano productores, campesinas y campesinos desplazados debido a la pérdida de sus territorios⁴².

Por último, un elemento más a considerar es la modalidad de la extracción. Gudynas propone tres dimensiones para estudiarle: el volumen de los recursos extraídos, la intensidad de la extracción y su destino final⁴³.

Acerca del volumen de extracción, el autor advierte una consideración inicial: las medidas convencionales no reflejan con precisión la magnitud de la extracción, ya que solo reportan la remoción de un material sin considerar la extracción de todos aquellos que se remueven durante el mismo proceso. Para ello, hace uso de la noción de mochila ecológica (ecological rucksacks), indicador que mide la suma de los materiales movilizados o extraídos en el proceso de explotación de un recurso en particular. Este indicador suma también los recursos empleados en el proceso extractivo: agua, energía, químicos, biomasa, etcétera, evitando la externalización de costos en el ciclo de vida de un producto.

A lo anterior, debemos añadirle el análisis de la intensidad de la extracción. En esta arista, Gudynas alude a los efectos ecológicos ocasionados por el proceso de extracción: desde la generación de contaminantes y las emisiones constantes de gases efecto invernadero (GEI), hasta el uso de sustancias tóxicas (ecotoxicidad) y sus efectos en la biodiversidad, entre otros. Un ejemplo perfecto de esto se presenta con la técnica denominada como fracturación hidráulica (fracking), la cual es una técnica de exfoliación minera intensiva y altamente impactante de hidrocarburos no convencionales⁴⁴. Los impactos biosistémicos alrededor de esta técnica han sido ya ampliamente documentados⁴⁵; en estos, se destaca el uso intensivo de agua de esta técnica, los impactos en la biodiversidad debido al uso de químicos durante la etapa de perforación, los cuales son liberados a la atmósfera, así como las repercusiones en los suelos y mantos freáticos.

Los estudios sobre los efectos devastadores de esta técnica ha generado una ola de rechazo de gobiernos, grupos de la sociedad civil y la academia en varios países, ola que no abarca a todos los países latinoamericanos que, salvo contadas excepciones, permiten la exfoliación con esta técnica⁴⁶: Su devastación es tal, que genera las denominadas zonas de sacrificio: zonas donde tácitamente se está aceptando que la población enferme o muera por su exposición a compuestos químicos, ya que su exfoliación generará efectos ecosistémicos irreversibles a través de métodos técnicamente muy agresivos⁴⁷.

Por último, el análisis acerca del destino de tales recursos nos conecta directamente con la discusión sobre el rol geopolítico latinoamericano.

[…] aunque su materialidad es siempre local, [la] organización [del extractivismo], en el sentido político y económico, es también global. Debido a este enorme peso de las condiciones globales y los enormes volúmenes de dinero invertidos, las capacidades de las comunidades locales, e incluso de los gobiernos, para regular el extractivismo son mucho más limitadas a las que se pueden ejercer, por ejemplo, sobre las extracciones para uso local o nacional.⁴⁸

Nuestro país ejemplifica muy bien este punto, ya que el porcentaje de exportación de las commodities es aplastante. Según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), las principales exportaciones de nuestro país en 2021 fueron automóviles, cerveza de malta, higos, piñas, aguacates, guayaba, mangos y tomates, entre otros más⁴⁹. Datos similares se reportan por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural⁵⁰, mientras que la Organización Mundial de Comercio (OMC) reportó que las industrias que mayor crecimiento en exportación mostraron en México fueron la petrolera (5.2 %), la manufacturera (4.9 %) y el sector agropecuario (2.1 %)⁵¹. Respecto al destino de las exportaciones minero-metalúrgicas, dos naciones acaparan este terreno: Estados Unidos y China (Gráfica 1).

Fuente: Statista, “Distribución porcentual del valor de las exportaciones de bienes de México en 2020, por país de destino”, Statista, 21 de marzo de 2021, disponible en https://lc.cx/pAU_pQ (fecha de acceso: 14 de septiembre de 2023).

Gráfica 1 Valores y principales países destino de las exportaciones minero-metalúrgicas procedentes de México 2020 

Esta evolución del fenómeno geobiopolítico extractivo en Latinoamérica generó un ciclo de respuestas sociales y movimientos de resistencia territorial a lo largo del continente, respuestas encabezadas esencialmente por pobladores originales, por comunidades campesinas, indígenas, mestizos y pueblos afrodescendientes, quienes, desde la defensa de sus territorios y de su patrimonio biocultural, lograron visibilizar las formas perversas en las que esta expansión del modelo extractivista, encarnado en megaproyectos de diverso tipo, estaba afectando profundamente a los diversos ecosistemas y con violaciones constantes a sus DDHH y los “Derechos de la Naturaleza”.

Como un fenómeno expansivo y en efecto dominó, a lo largo del continente americano surgió una explosión de voces y movilizaciones que buscaron visibilizar cómo esta radicalización extractiva impactaba fuertemente en las condiciones biofísicas que permiten la reproducción de la vida misma y, con ello, se alteraban profundamente sus estilos de vida.

Esta conformación de diversos movimientos de resistencia se enfocó hacia la defensa de los tejidos de vida. De ahí que, de manera paralela, este fenómeno motivó un amplio ejercicio de reflexión desde la academia y el activismo ambiental y de defensa de los DDHH, ejercicio que generó aproximaciones interdisciplinarias cuyo resultado fue la propuesta de nuevas categorías analíticas que buscaron explicar los fenómenos socioambientales que este nuevo escenario estaba desencadenando como resultado de las profundas afectaciones ecosistémicas del modelo extractivo. Se proponen entonces categorías analíticas como “Consenso de los Commodities”⁵², “Derechos de la Naturaleza” y “Consenso de la Descarbonización”⁵³.

Con estos nuevos enfoques y estas nuevas categorías analíticas, se busca dar cuenta cómo, al calor de las transformaciones y las reconfiguraciones del sistema capitalista en el siglo XXI, el modelo extractivo ha adquirido nuevos rostros. Se llega al consenso de que, si bien la historia latinoamericana ha estado atravesada por el modelo extractivista y las nuestras siempre han sido sociedades exportadoras de naturaleza⁵⁴, la exacerbación del modelo extractivo ha provocado un ciclo de erupción de movimientos de resistencia en todo el continente⁵⁵, presentando un Giro Ecoterritorial⁵⁶, lo que se leyó como una escalada del modelo extractivo: el neoextractivismo.

Con esta noción se pretende explicar cómo el funcionamiento del sistema/mundo imperante había especializado su engranaje mediante la profundización del modelo de despojo que buscaba afianzar los roles geoestratégicos globales. El modelo extractivo expande sus fronteras e incrementa su presencia mediante una cada vez más agresiva apropiación de recursos naturales y bienes comunes, así como con la imposición de procesos cada vez más violentos, tanto técnica (el fracking o la minería hidroquímica a gran escala, por ejemplo) como socialmente hablando (atropellos a los DDHH y los “Derechos de la Naturaleza”), hechos que se presentan como condiciones “[…] necesarias para poder llevar a cabo la apropiación de recursos naturales”⁵⁷.

Este recrudecimiento de las técnicas de exfoliación a gran escala se acompaña de una apertura de las fronteras extractivas hacia otros sectores. Sin embargo, un elemento clave que permanece en este modelo de extracción intensiva es la orientación hacia la lógica metabólica de exportación de los commodities. Para su comprensión, la evolución del modelo extractivo hacia el neoextractivismo ha sido dividido metodológicamente en tres fases (Figura 2)⁵⁸.

Fuente: Maristella Svampa, Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias (^{Alemania: CALAS, 2019}).

Figura 2 Fases del proceso extractivo en América Latina 

Nos interesa hacer un breve resumen de estas tres etapas, especificando algunos puntos ya que buscamos encontrar una línea argumentativa que apoye la idea de Gudynas sobre la necesidad de una noción novedosa que explore cómo la exacerbación del modelo extractivo trajo consigo impactos profundos en los DDHH y a los “Derechos de la Naturaleza”, bajo el paraguas del “Consenso de la Descarbonización”.

La primera etapa neoextractiva tiene un corte histórico entre 2008 a 2010; en esta etapa se asientan las bases de los Estados reguladores latinoamericanos bajo la prerrogativa de generar las condiciones jurídico/institucionales que garantizaran el terreno óptimo para el arribo de las grandes corporaciones a territorio latinoamericano⁵⁹. Este marco regulatorio cumplió un papel fundamental, ya que debía alinearse y hacer cumplir las disposiciones dictadas por organismos internacionales para el rol geopolítico del Sur global como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, Naciones Unidas, etcétera.⁶⁰

La solidez en la estructuración de este marco regulatorio ayudó a consolidar, en última instancia, el modelo económico neoliberal que, para la región, supuso su reprimarización económica⁶¹. Con ello, se apuntaló la dependencia económica/financiera de los países latinoamericanos y su economía de enclaves respecto al mercado externo, frenando al mismo tiempo la posible autonomía industrial y tecnológica de la región. Esto se convertiría en una condición político/estructural que permitiría a los grupos económicos privados internos controlar los destinos económicos nacionales al calor del boom de los commodities.

Un fenómeno que coadyuvó de manera decisiva a este modelo fue el alza inicial de los precios de las materias primas, lo que provocó que se experimentara un incipiente crecimiento económico en algunas regiones del continente, hecho leído como un éxito del modelo en pro de la narrativa desarrollista que, por ejemplo, gobiernos progresistas enarbolaron⁶².

Lo cierto es que este boom de los commodities amplió los márgenes de intervención del capital en diferentes esferas productivas, afianzando la vetusta idea que mira el territorio latinoamericano como el proveedor infinito de materias primas al mercado global. Así, a las prácticas extractivas “tradicionales” -la explotación minera y de hidrocarburos- se le sumaron otras como la de sobreexplotación forestal como resultado de la expansión de la frontera agroindustrial⁶³, así como el incremento exponencial de la explotación pesquera en diversas regiones del continente⁶⁴.

Se presentó también un fenómeno novedoso de exploración subterránea y subacuática para la búsqueda de energéticos de última generación, lo que se ha denominado bajo el término de energías extremas: energías fósiles de difícil acceso bajo nuevos modelos como el fracking, la extracción del shale gas -gas de lutita-, la explotación petrolera en aguas profundas (offshore) y la búsqueda y extracción de las arenas bituminosas y crudos extrapesados⁶⁵, la última frontera de extracción de combustibles fósiles⁶⁶. Se pueden sumar a este escenario la expansión de las fronteras extractivas hacia los recursos forestales, pesqueros, de bienes comunes para la generación energética (eólica y solar, por ejemplo), e inclusive el turismo de masas y exfoliador, etcétera.

Aunado a esta apertura en sus fronteras, es importante recalcar que este fenómeno de radicalización extractiva se presentó independiente a las diversas posturas políticas en los países de la región, ya que tanto gobiernos conservadores y neoliberales, así como aquellos denominados como progresistas, abrazaron la bandera de este boom para intentar reducir los altos índices de pobreza, lanzando programas sociales orientados a las poblaciones más vulnerables, a la creación de empleos y al aumento de salarios. Fue una etapa peculiar que registró un aumento en la escala de consumo de diversos sectores de la sociedad, hecho que en el imaginario social sirvió como catalizador de la idea desarrollista⁶⁷.

Sin embargo, este escenario que ofreció eventualmente ventajas comparativas bajo el esquema de exportación masiva de commodities minimizó y soslayó los impactos socioecológicos que en los territorios se estaban produciendo aceleradamente, creando las condiciones para la generación de nuevas condiciones que dieron pie a un segundo escenario, del periodo de 2010 a 2012.

El segundo periodo se caracterizó por un incremento exponencial de megaproyectos en toda la región, así como la exfoliación de recursos gracias a la innovación de métodos extractivos como resultado de la exigencia en la demanda de commodities por parte de los países centrales y aquellos en proceso de expansión⁶⁸.

Ante ello, se presentan respuestas comunitarias ante la invasión territorial que este modelo de ampliación de fronteras extractivas implicó; nacen las múltiples resistencias territoriales que, hoy en día, se muestran con mayor fuerza en la región. Es un segundo momento que atestiguó una objeción de los pueblos afectados ante un modelo de acumulación por desposesión⁶⁹.

Es un periodo nuevo que se caracteriza por la presencia de mecanismos diseñados por el capital para la acelerada apropiación territorial, la cual facilita las condiciones para la desposesión de los patrimonios bioculturales de los pueblos originarios de la región⁷⁰, así como su contracara: la proliferación de, por ejemplo, demandas por biopiratería, denuncias por la apropiación tanto de cultivos tradicionales como de formas culturales pertenecientes a pueblos indígenas y campesinos, entre otros.

Ello motiva a que se dé un Giro Ecoterritorial de los movimientos sociales en Latinoamérica⁷¹; con esta noción, se pretende dar cuenta de la naturaleza de los movimientos de resistencia a lo largo del continente. Son movimientos que, en función de las evidencias sobre los profundos impactos ecosistémicos de los múltiples megaproyectos en la región, conforman una narrativa particular y homogénea donde se percibe un evidente discurso de defensa de sus patrimonios bioculturales, de resistencia ante el avance del capital en territorios sagrados y en defensa de la vida. Es el momento donde el indigenismo y el ambientalismo en diversas regiones latinoamericanas estrechan narrativas, en torno a una problemática: la defensa territorial y la denuncia ante violaciones constantes a DDHH y lo que se denominó “Derechos de la Naturaleza”⁷².

Es un periodo que marca un hito en este sentido ya que, derivado del ciclo de denuncias por parte de estos movimientos, se incrementa de manera exponencial el fenómeno de asesinatos de líderes y lideresas ambientalistas, indígenas, afrodescendientes y defensores de la Tierra⁷³.

Por último, a partir de 2013 a 2014 y hasta nuestros días se han presentado nuevas características que conforman un tercer momento para el análisis neoextractivo, un momento ligado fuertemente a la caída de los precios internacionales de las materias primas (lo que se denominó el fin del súper ciclo de los commodities), fenómeno que generó una crisis financiera y fiscal importante en los diferentes países latinoamericanos al ser dependientes de las exportaciones de bienes primarios y materias primas. Es una etapa donde países que apostaron por la especialización productiva y que mostraron un repunte de la economía de enclaves en años recientes (Brasil y Argentina con la soja, Chile con el hierro, Venezuela y México con el petróleo, etcétera) atravesaron por crisis económicas severas⁷⁴.

En México, por ejemplo, los commodities sufrieron fenómenos diferenciados, ya que, si bien la caída de precios durante la crisis de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 afectó a todos las esferas productivas, algunas como la agroindustria lograron una leve recuperación; la minería y los hidrocarburos, por su lado, siguen presentando tendencias a la baja (Gráfica 2).

Fuente: Bloomberg, “Índice de commodities 2021”, Caixa Bank/Bloomberg, 2 de noviembre de 2020, disponible en https://www.bloomberg.com/latam/blog/bloomberg-anuncia-indice-de-commodities-2021/ (fecha de acceso: 14 de septiembre de 2023).

Gráfica 2 Precios de commodities (2020 a 2021) 

Diversos estudios ligan este tercer momento del modelo neoextractivo a fenómenos socioculturales complejos como el crimen organizado, a la generación de problemáticas socioambientales en toda la región, como la crisis de seguridad alimentaria, así como ser el motor de la continua y cada vez más extensa expulsión de la población indígena y campesina de sus territorios, la gentrificación y la migración ambiental, entre otros.

Es, además, un periodo donde a este modelo se le responsabiliza de manera directa por los daños ocasionados a la salud humana debido al uso indiscriminado de agrotóxicos (plaguicidas y pesticidas altamente dañinos).

Estas secuelas se acompañan de la erupción de un número mayor de movimientos que luchan, por ejemplo, contra la minería a cielo abierto, contra la expansión de las fronteras petroleras, contra el impacto de los agrotóxicos y los nuevos modelos agroindustriales, contra la expansión de la frontera forestal, pesquera, en defensa del agua y en contra de las mega-represas, contra la explotación de recursos renovables bajo la lógica corporativa capitalista, contra la biopiratería, entre otros. Y si bien es cierto que estos movimientos tienen una naturaleza esencialmente local, muchas veces desarticulados, también lo es el hecho de que cada vez tienen mayor presencia al visibilizar la problemática socioambiental en diferentes regiones.

Al hacerlo, instalan nuevos actores fundamentales en los procesos de lucha; son movimientos multiétnicos y multiclasistas que, en pequeñas y medianas localidades, se han dado a la tarea de exponer la perversión del modelo extractivo y sus secuelas geometabólicas, oponiéndose a megaproyectos que no apelan a la licencia social, sino que se imponen en una dinámica vertical amparados en gobiernos locales, estatales y nacionales que poco o nada han hecho por la defensa territorial⁷⁵.

Las estrategias de lucha desarrolladas por estas poblaciones han sido muy diversas: desde las acciones directas (bloqueos de rutas, impedimento de entrada a sus territorios) hasta acciones institucionalizadas (que van desde las denuncias públicas y el inicio de amparos, hasta la promoción de consultas populares y mecanismos de democracia participativa comunitaria).

Estas resistencias ante el modelo neoextractivo deben leerse no solo como un mecanismo de respuesta comunitaria ante la imposición de un sistema hegemónico productivo y de consumo altamente extractivo, sino que debe también leerse como movimientos que han buscado ofrecer alternativas sistémicas, es decir, colocan en la mesa de debate la violencia estructural del sistema productivo capitalista, llamándole inclusive como sistema de muerte, proponiendo otras formas de existir, de habitar y convivir, uno que tienda a regenerar los tejidos de la vida y no en contra de ella.

Son movimientos, comunidades y grupos organizados que no solo dan cuenta de la retracción de los mecanismos democráticos que en teoría abanderan los países industrializados (ya que visibilizan cómo la imposición de estos proyectos vienen de la mano de la criminalización, la represión y la estigmatización social), sino que además están poniendo sobre la mesa de debate nuevas (a veces milenarias) formas de entender la relación que el ser humano ha guardado con su entorno, mucho más sostenibles, mucho menos riesgosas.

Son luchas ancladas al territorio y a la defensa de los hábitats que, de manera ancestral, han permitido la existencia y la reproducción de las comunidades, habilitando un escenario de propuestas alternativas al desarrollo, con nuevos horizontes propositivos como el Buen Vivir, los bienes comunes, la plurinacionalidad y el paradigma de los cuidados.

Es en este escenario donde se propone la noción de extrahección.

Extraheccionismo

Extraher hace referencia al acto de tomar con violencia los recursos naturales de los territorios, de extraherlos, de quitar los bienes comunes de una región, señalando los amplios márgenes de violencia implicados en este proceso y que se han venido documentando en los años más recientes alrededor de los diferentes extractivismos, violencias reflejadas en cuerpos y territorios, en DDHH y “Derechos de la Naturaleza”.

El extraheccionismo busca hacer referencia a la violencia sistematizada, muchas veces institucionalizada que, sobre los Pueblos de la Tierra, ejerce el modelo neoextractivo. Esta violencia sistematizada e institucionalizada sucede al imponer una cartera cada vez más amplia de megaproyectos en diferentes territorios, apoyados por métodos tecnocientíficos tan eficaces como invasivos, quienes generan daños profundos en los diferentes biomas donde operan, comprometiendo así el estilo de vida, la cosmovisión y el patrimonio biocultural de las comunidades que les habitan.

La expansión de las fronteras extractivas, expansión entendida tanto en un sentido territorial como en los commodities a explotar, se ha venido realizando en agravio tanto a DDHH como a “Derechos de la Naturaleza”. Esta violación sistematizada a los derechos, así como los grados de violencia a través de los cuales se da, es analizada no como una consecuencia de los diferentes extractivismos, sino como una condición de existencia para que este modelo persista⁷⁶.

Extraher, por tanto, supone un acto de extrema violencia que implica, además, la creación de escenarios de alta intimidación a las resistencias, con diversas implicancias, ya que los procesos extractivos, como han sido analizados, muestran una creciente violencia tanto tecnocientífica -a través de técnicas como la fractura hidráulica (fracking) o la minería a cielo abierto-, así como violencia simbólica (asesinato de líderes y criminalización de las resistencias comunitarias, por ejemplo).

[…] la extrahección sería el caso más agudo en el gradiente de apropiación de recursos naturales, en tanto se la impone con violencia y se quiebra el marco de derechos.⁷⁷

Por tanto, esta noción busca adherirse a la narrativa que, desde la ecología política, busca analizar cómo la extensión de las fronteras extractivas y la violenta radicalización de las técnicas de apropiación de recursos naturales y despojo de los bienes comunes tiene como condición de posibilidad la sistemática y cada vez más creciente violación de los DDHH de quienes habitan estos territorios, así como los “Derechos de la Naturaleza”.

Esto se puede palpar a través del análisis de los constantes incumplimientos legales de cientos de megaproyectos a lo largo del continente, ya que se ha documentado ampliamente cómo, para su implementación y su puesta en marcha, una gran cantidad de estos proyectos actúan al margen del derecho e irrumpen en cuerpos y territorios, violentándolos y despojándolos, reprimiéndolos y criminalizándolos⁷⁸.

Para iniciar el análisis sobre la violencia ejercida hacia los DDHH es importante señalar que la nuestra es una región que posee un marco legal e institucional que, en teoría, vela por su cumplimiento en conjunto. El marco de referencia es establecido por los organismos que regulan los acuerdos internacionales en esta materia: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos, entre otros, así como el rol rector de Naciones Unidas. A partir de esta estructura, se han generado documentos base como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales y, más recientemente, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina (Acuerdo de Escazú).

Aunado a esto, es importante recordar que, dentro de la carta de DDHH de tercera generación, se estipula también una serie de prerrogativas tendientes a garantizar la autodeterminación de los pueblos, su identidad, el derecho a un medio ambiente sano, a prerrogativas de desarrollo en condiciones de dignidad, entre otros puntos.

Representa, de acuerdo con varios estudios⁷⁹, un sólido marco legal de referencia que debería garantizar el cumplimiento de estos derechos en toda la región, acotando su violación. Sin embargo, Latinoamérica es la región con más asesinatos de defensores del territorio: datos de Global Witness aseveran que, de los cinco países con mayor registro de asesinatos de defensoras y defensores de la tierra, cuatro son latinoamericanos (Colombia, México, Brasil y Honduras) y nueve dentro de los primeros 20⁸⁰.

En ese mismo sentido, se ha documentado un acelerado incremento de denuncias y demandas ante organismos internacionales de las comunidades afectadas por los profundos impactos a su patrimonio biocultural⁸¹, visibilizando el esquema institucionalizado de alegalidad⁸² en donde actúan los diversos extractivismos a lo largo de la región.

Para hacer un análisis más detallado del incremento en los niveles de violencia que los extractivismos implican, así como las sistemáticas violaciones a la ley por parte de los megaproyectos, retomaremos el enfoque de la Justicia Ambiental⁸³, que ha propuesto hacerlo desde el estudio de los conflictos ambientales. Desde esta perspectiva y bajo metodologías diversas, la noción de conflicto ambiental busca dar cuenta de la confrontación entre quienes imponen planes y proyectos extractivos y quienes defienden sus territorios y su patrimonio biocultural⁸⁴.

Desde esta óptica, el Proyecto Environmental Justice Atlas reportó que, en 2022, se documentaron 3 689 conflictos socioambientales alrededor del mundo⁸⁵. Una de las características que define la conflictividad ambiental es precisamente el incremento de la violencia que se ha presentado en estos escenarios, ya sea por parte de los mismos movimientos de defensa territorial, pero sobre todo por parte de las instancias gubernamentales.

Con base en ello, esta plataforma asegura que, para comprender el incremento en los gradientes de violencia gubernamental, así como las múltiples respuestas comunitarias ante el despojo en la región latinoamericana, se debe comprender el ascenso en los volúmenes de exportación, los cuales pasaron de 2 400 millones de toneladas (mdt) en la década de 1970 a más de 8 300 mdt a finales de la primera década del siglo XXI⁸⁶. Tal incremento en volumen exportado tuvo como contraparte la aparición de un número creciente de movimientos de resistencia ante el despojo territorial y de defensa al patrimonio biocultural, con estrategias diversas⁸⁷.

Para el caso mexicano, el Atlas reportó 182 casos en 2022. Esta cifra, sin embargo, muestra solo una parte del escenario conflictivo socioterritorial, ya que, de acuerdo a cifras del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en nuestro país de 2012 a 2017 se habían registrado 560 conflictos, divididos en 10 categorías: minería (173), agua (86), energía (74), proyectos megaturísticos (49), expansión urbana (38), uso forestal (37), agrícolas (35), residuos tóxicos y peligrosos (34), construcción de carreteras (16), pesqueros (10) y relacionados con la biotecnología (8), básicamente por la introducción de maíz y soya transgénica⁸⁸.

A estos números debe añadírsele lo que, algunos años antes, se había reportado gracias al análisis georreferencial arrojado por un grupo de investigación encabezado por Víctor Toledo, donde se determinaba que en 180 municipios alrededor de nuestro país se presentaba al menos un conflicto socioambiental ligado a la imposición de megaproyectos de carácter extractivo (Gráfica 3)⁸⁹.

Fuente: elaboración propia con base en Víctor Toledo, David Garrido y Narciso Barrera-Bassols, “Conflictos socioambientales, resistencias ciudadanas y violencia neoliberal en México”, Ecología Política 46 (junio de 2013): 115-124; Alejandra Leyva, Andrea Ulisse, Felipe Romero, Lizbeth Lugo y Ximena Ramos, Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2016 (^{Ciudad de México: CEMDA, 2018}).

Gráfica 3 Conflictos ambientales en México 2001 a 2020 

Es importante aclarar que la clasificación de los extractivismos es compleja debido a que una gran cantidad de megaproyectos no se reducen a una sola esfera extractiva, sino que suelen combinarlas, por lo que el conflicto socioambiental se diversifica y complejiza su clasificación. Pongamos algunos ejemplos: el extractivismo agroindustrial genera conflictos debido a la expansión de la frontera forestal; el extractivismo minero suele vincularse con la sobreexplotación de cuerpos de agua e injusticias distributivas del vital líquido a través de megarepresas; la exploración territorial para la posterior explotación de las energías extremas se acompaña de procesos de devastación de biodiversidad y de la creación de zonas de sacrificio, etcétera.

Pese a esta dificultad, existen algunas regularidades en los diferentes extractivismos que han sido ampliamente documentadas, ya que, en la gran mayoría de los conflictos, independientemente de su naturaleza, se presentan elementos que son analizados desde la Justicia Ambiental como factores clave de omisión. Destacan, de esta larga lista, la ausencia de mecanismos de información pública sobre la naturaleza de los emprendimientos (derecho a la consulta y la participación); el desplazamiento y expulsión de comunidades por riesgos a la salud (sobre todo por la exposición a agrotóxicos); la criminalización de la resistencia (con su expresión máxima, que es el asesinato de líderes y defensoras(es) de la tierra), entre varios más como la estigmatización de la resistencia, el uso indebido de la fuerza, la privación de la libertad y el secuestro a líderes y lideresas, acompañado de un largo etcétera. Analizar cada uno de estos aspectos será tarea de futuros abordajes.

Por cuestiones de espacio, nos enfocaremos por ahora solo en la expresión más radical de la violencia dentro los conflictos ambientales generados por los extractivismos: el asesinato de defensoras y defensores de la tierra.

En 2021, de los 108 eventos de agresión registrados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)⁹⁰ que generaron 238 agresiones⁹¹ contra personas defensoras ambientales, de la tierra y territorios, 25 fueron letales. Esto significó un aumento del 66.15 % en número de eventos de agresión y un 165 % en el número de agresiones respecto a 2020. Además, se registraron 58 asesinatos de este tipo en los últimos tres años⁹², lo que significó un alza del 39 % respecto a 2020⁹³. Este organismo especializado ha destacado, también, que el gran porcentaje de casos se cometen directamente contra individuos del sexo masculino (89 %), mientras que 8 % es contra la comunidad y 3 % contra organizaciones de la sociedad civil. Y si bien hace unos años algunos estudios destacan que eran los extractivismos mineros donde se presentaban mayores casos de asesinatos⁹⁴, los más recientes muestran una tendencia hacia proyectos de infraestructura⁹⁵ y extractivismos forestales, ligados a la extensión de la frontera agroindustrial. Sin embargo, la sumatoria de agresiones (que incluye allanamientos, amenazas, desalojos forzosos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, estigmatización, uso indebido de la fuerza, entre otros) indica que sigues siendo los extractivismos ligados al sector minero los que más violencias identificadas presentan (Gráfica 4).

Fuente: Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2021 (Ciudad de México: CEMDA, 2022).

Gráfica 4 Agresiones identificadas por sector extractivista en México, 2021 

Los agentes de agresión, según su participación, suelen estar dentro de las instituciones gubernamentales. En México, de los 108 eventos de agresión documentadas, 45 se dieron por orden de algún nivel de gobierno (16 por parte del gobierno federal, 10 por el estatal, 5 por el municipal, 11 en contubernio con empresas y 3 en unión con la delincuencia organizada), hecho que conduce a la reflexión sobre la institucionalización de la violencia ejercida desde el Estado sobre los movimientos de defensa del territorio y sobre las comunidades indígenas en nuestro país. A este hecho hay que sumarle que hubo 42 eventos de agresión donde el agente agresor no fue identificado, pero que se le relacionó con los poderes locales como cacicazgos y de delincuencia organizada ligadas a gobiernos locales.

Pese a que el origen de las agresiones es multifactorial, hay factores que sistematizan la violencia, “[…] entre esos factores se encuentra el actual modelo de desarrollo que privilegia las actividades extractivas sobre las formas de vida de las personas, pueblos y comunidades”, violencia que se acompaña de la ilegalidad en los procesos en materia ambiental, “[…] que no son culturalmente adecuados, que no respetan los derechos a la información, participación ni autonomía y que, en general, no se apegan a los más altos estándares en materia de derechos humanos”⁹⁶.

Se percibe, por tanto, un escenario de alta violencia sistémica habilitada por la búsqueda de la apropiación de territorios defendidos por indígenas, campesinas y campesinos, escenarios donde no solo la violación a los DDHH les caracteriza, sino también la falta de garantías de los “Derechos de la Naturaleza” causada por la imposición de megaproyectos, muchos de ellos impuestos de manera ilegal, muchos de ellos al amparo de los vacíos legales que permean en nuestro país.

Por ello, nos parece importante analizar cómo, en la noción extraheccionismo, se observa la violación sistemática a los “Derechos de la Naturaleza”.

“Derechos de la Naturaleza” es un nuevo paradigma que busca hacer frente a los desafíos ambientales inspirada en prácticas indígenas ancestrales, proveyendo soluciones novedosas basadas en derechos. Pese a experiencias en movimientos sociales latinoamericanos, sobre todo en el Cono Sur, desde la década de 1980 y 1990, es con el arribo de los gobiernos progresistas a esta región del continente que la narrativa de los “Derechos de la Naturaleza” cobra fuerza en algunos países, específicamente aquellos con tradiciones andinas.⁹⁷

Pese a que inicialmente se enmarca en las ciencias jurídicas, logra insertarse rápidamente en los estudios sociales y genera, en ese sentido, un giro epistemológico importante. Asimismo, es adoptada por la narrativa tanto de los movimientos socioambientales de última generación en nuestro continente, así como por círculos políticos progresistas, de forma que, desde una óptica decolonial, no antropocéntrica, busca colocar a la Naturaleza como sujeto de derechos, como titular de derechos. Por tanto, no es equiparable al derecho ambiental, quien observa a la naturaleza como objeto de derecho. Este giro ontológico es fundamental para comprender la profundidad de este paradigma, así como las violaciones que los neoextractivismos cometen sistemáticamente sobre los ecosistemas.

En tanto nuevo paradigma, “Derechos de la Naturaleza” busca conglomerar aquellos esfuerzos que, principalmente desde los movimientos de resistencia de los Pueblos de la Tierra, se habían hecho con el objetivo de (re)definir y (re)formular la relación que los seres humanos deberíamos guardar con la naturaleza, basada esencialmente en nociones de respeto, integración, reciprocidad y equilibrio. En este sentido, lo que busca es redefinir la noción de Naturaleza al presentarla como una categoría plural que incluye tanto la noción occidental de naturaleza en tanto sistema natural, junto con el de las comunidades ancestrales sobre la madre naturaleza, bajo el concepto de la Pachamama de las culturas andinas ancestrales⁹⁸.

Un diálogo de saberes resultado de una perspectiva académica de larga tradición que busca combinar, por ejemplo, la Ética de la Tierra, de Aldo Leopold⁹⁹ y la Ecología Profunda de Arne Naess¹⁰⁰, los estudios de Vandana Shiva como pieza fundamental del ecofeminismo¹⁰¹ y la gran tradición sobre el análisis de la filosofía indígena indoamericana¹⁰², entre otros.

Sin embargo, una pieza fundamental para la comprensión de este nuevo paradigma se da en la esfera legal, donde se dan algunos referentes pujantes: el fallo de los tribunales ecuatorianos que declaran en 2006 a la minería como ente violador de los “Derechos de la Naturaleza”; en Nueva Zelanda, en 2004. se dicta una nueva ley para reconocer los derechos del monte Taranaki, lugar sagrado para el pueblo maori, y en 2014 se dicta la Ley Te Urewera, que otorga los derechos legales al Parque Nacional del mismo nombre; la corte de Ohio aprueba la ley que reconoce los derechos del lago Erie, en respeto de la comunidad Toledo; el caso de la gorila Sandra, en Argentina; así como la declaratoria en 2018 de la Corte Suprema de Colombia que dictaminó a la Amazonía colombiana como ente de derecho.

Resultado de este clima académico apoyado por activistas, así como esta serie de fallos en las cortes a favor de los “Derechos de la Naturaleza”, se genera un escenario de crítica profunda alrededor del marco general que otorgan, por ejemplo, los DDHH de tercera generación para garantizar la vida en un ambiente sano. Desde este nuevo paradigma se cuestiona cómo la legislación ambiental, así como estos DDHH, solo observan a la naturaleza como un derecho humano más y no como un ente portador de derechos, enfatizando así la necesidad de un nuevo paradigma legal, político y cultural donde la naturaleza posea derechos intrínsecos: derecho a su respeto integral, derecho a su resiliencia, derecho a su restauración, entre otros¹⁰³.

En México, desde 2013, se ha reformulado el marco legislativo para introducir los “Derechos de la Naturaleza” en la jurisprudencia federal. Se cambió el nombre de la Ley Ambiental por el de Ley de Protección de la Tierra, iniciando una serie de reformulaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. En 2014 se operacionalizan estos derechos por vez primera en una entidad federativa: Guerrero, pero aún persiste una lucha jurídica por elevar a rango constitucional tales derechos, hecho que permitiese salvar la probada ineficacia de las normativas ambientales del derecho ambiental mexicano, las cuales no han logrado garantizar la protección de la biodiversidad en nuestros territorios a diferencia de países como Ecuador y Bolivia, donde estos derechos han logrado colocarse a nivel constitucional.

Las primeras sentencias sobre “Derechos de la Naturaleza” en estos países cuestionaban la estandarización y la normatividad ambiental existente que impide, por ejemplo, detener megaproyectos de alto impacto. En Ecuador se han dictado declaratorias de inconstitucionalidad de normas de legislación ambiental que develan la ineficacia de los requerimientos para la protección del ambiente, que no necesariamente son suficientes para garantizar el derecho de la naturaleza a su existencia.

En suma, los “Derechos de la Naturaleza” defienden colectividades y ecosistemas, aquello que la cosmovisión indígena ancestral reúne bajo la Pachamama. Integra saberes occidentales y ancestrales, bajo la lógica de desmercantilizarla y colocarla como ente de derechos. Sirve, por ello, como un interfaz sólido entre los derechos de los pueblos indígenas ancestrales y los derechos de la Pachamama, muchas veces integrados a través del patrimonio biocultural. Pero también ha sido analizado como una herramienta que, en espacios urbanos donde la defensa y conservación medioambientales tienen una conexión poco clara, por decir lo menos, sirve para crear o regenerar una ecoconexión.

Sin embargo, y a pesar de que en más de 100 países se contemplan estos derechos como parte de su marco constitucional, en prerrogativas judiciales y en marcos legales de actuación local, a pesar de que inclusive Naciones Unidas ha contemplado promulgar una Declaración Universal de Derechos de la Naturaleza, lo cierto es que, en la realidad los fallos definitorios distan de ser una realidad, aún en contextos como el ecuatoriano donde estos derechos tienen rango constitucional:

[…] es indispensable que países como Ecuador comiencen a modificar el desempeño en varios sectores, como la agropecuaria, forestal o pesquero. Pero es posiblemente en los sectores extractivistas, como hidrocarburos y minería, donde estos cambios son más urgentes, debido a sus implicancias sociales, económicas y ambientales. El desacople del sendero extractivista, para enfocarse en la calidad de vida y la conservación, permitiría atender de mejor manera los derechos de la Naturaleza.¹⁰⁴

Si bien los “Derechos de la Naturaleza” han cobrado fuerza, la sólida matriz extractivista que regula gran parte de los territorios, impera en los territorios, generando despojo, extraheccionismo y desposesión. Sigue, en este sentido, reproduciendo una ontología antropocéntrica basada en nociones de consumo energético expansivo y de bienes producidos bajo regímenes de obsolescencia programada. A pesar de que las resistencias encabezadas por los Pueblos-territorio, las alternativas otras al modelo extractivista, desde los “Derechos de la Naturaleza” a nivel constitucional en Ecuador, Chile y Bolivia, hasta los fallos en tribunales en defensa del patrimonio biocultural en las tribus maori y los no-contactados de la Amazonía, no han logrado detener el despojo y el antropocentrismo cultural. La colonización a la que somete a cuerpos y territorios continúa criminalizando a la resistencia y sometiéndolos a lógicas desarrollistas que exacerban las lógicas de mercado y erosionan su identidad.

Conclusiones

Desde el proceso de conquista y colonización de los territorios americanos, el modelo extractivista se configuró no solo como un patrón de explotación de recursos, sino que ha sido utilizado para conformar un eje de dominación, conformando así el rol geoestratégico de este continente, modelo que, de unos años a la fecha, se ha radicalizado. Es decir, si bien las nuestras siempre han sido economías exportadoras de materias primas, el modelo económico neoliberal contemporáneo reconfiguró y radicalizó las formas en la que los territorios indoamericanos han sido y son explotados y exfoliados para mantener los niveles de producción industrial mundial y los flujos energéticos que el sistema productivo capitalista imperante, bajo un régimen globalizado, exige.

Con las nociones de extractivismo y neoextractivismo se ha buscado dar cuenta de este proceso de imposición de un modelo de explotación intensiva de recursos, explotación que inicialmente se refería a las esferas minera y petrolera, pero que, en los últimos 10 a 15 años, como lo hemos analizado anteriormente, ha expandido sus fronteras trasladándose hacia otras más: la forestal, la pesquera, la agroindustria, los bienes comunes para generación de energías verdes, energías extremas, turismo de masas, megarepresas, entre otros.

Estas nociones, además, han logrado visibilizar cómo este modelo también ha logrado erguirse como un modelo de control y de dominio geobioterritorial, perpetuando así un esquema denominado como colonialismo energético. La perspectiva del giro decolonial está explorando esta noción, enmarcándola dentro del análisis de la colonialidad del poder.

Para tal análisis, se estudia cómo la expansión de las fronteras extractivas en los territorios ha traído consigo efectos socioeconómicos devastadores para la región: reprimarizó las economías nacionales, reforzando su dependencia de los mercados globales, anulando la posibilidad de salir de su subdesarrollo; afianzó las economías de enclave en diversas regiones, desatando fenómenos de cambio social profundos como migraciones forzadas, gentrificación y expulsión de los territorios de grandes masas vulnerables y de poblaciones originales; ha estado creando las denominadas zonas de sacrificio en nombre del desarrollo regional o nacional; desató una oleada cada vez más intensa, cada vez más numerosa, cada vez más radical, de movimientos de resistencia de las poblaciones directamente afectadas por tal exfoliación, poblaciones que, generalmente, están conformadas por indígenas, afrodescendientes, campesinas y campesinos que tienen un profundo arraigo a su territorio, con prácticas y costumbres fuertemente atadas a los ciclos biofísicos de sus espacios de vida, de forma tal que sus narrativas se anclan en la defensa de su patrimonio biocultural, en el rescate de la biodiversidad y en la preservación de los tejidos de la vida.

Hemos buscado exponer cómo la expresión más radical de esta fuerza de movilización se manifiesta en el paradigma “Derechos de la Naturaleza”. Es este un nuevo paradigma con profundas repercusiones epistémicas y ontológicas indoamericanas; busca, desde el diálogo de saberes y la coproducción de conocimiento, conformar epistemologías novedosas alrededor de la Naturaleza como sujeto de derechos, como un ente titular de derechos, soslayando la noción occidental sobre el sistema natural como un objeto que provee satisfactores, un objeto que puede ser cosificado y mercantilizado sin límites.

Esta serie de factores ha abierto un debate académico y entre los activistas ambientales sobre la necesidad de nociones que tiendan explicar cómo el modelo extractivo/neoextractivo, al radicalizar sus métodos tecnocientíficos de explotación de las naturalezas, no solo generó procesos socioculturales que coadyuvaron a la profundización de las enormes brechas de desigualdad en la región, sino que además lo lograba gracias a la generación de diversos escenarios caracterizados por violencias simbólicas profundas sobre los movimientos y luchas de resistencia territoriales: los asesinatos de líderes y lideresas ambientales en América Latina así lo demuestran. Para el caso mexicano en particular, hemos expuesto el incremento exponencial de las agresiones físicas y simbólicas a estos movimientos y a quienes le comandan.

Se requería, por tanto, de una noción que visibilizara cómo los agravios a los DDHH se habían convertido en un elemento sine qua non del modelo extractivo/neoextractivo. Con la noción de extraheccionismo se da cuenta tanto de las condiciones de necesidad del modelo extractivo como la violencia sistemática que genera: para su expansión, para su existencia misma, requiere de estrategias de violencia cada vez más radicales, violencias a DDHH no solo de las poblaciones directamente afectadas por las prácticas extractivas en sus territorios, sino que también afectan los DDHH de quienes, de alguna u otra forma, dependen de la salud de los ecosistemas.

Este punto tiene un vínculo directo con la violencia tecnocientífica, ya que las técnicas de extracción/explotación de recursos son cada vez más agresivas, más invasivas y violentas, como el fracking, la minería a cielo abierto, el monocultivo, las megarepresas, etcétera, violentando los “Derechos de la Naturaleza”. Son de tal profundidad sus impactos, son de tal envergadura sus afectaciones, es tal la escala de exfoliación, que se discute hoy en día la imposibilidad de restituir los ecosistemas, de regenerar la Pachamama a su estado original, conduciéndonos a lo que científicos especializados denominan como los puntos de no retorno planetarios.

Además, con el final del periodo conocido como boom de las commodities, periodo que coincidió con la pandemia por SARS-CoV-2, grandes corporaciones internacionales, instituciones supranacionales y voces de líderes mundiales comenzaron a poner en la mesa de debate la necesidad de descarbonizar la matriz energética y, con ella, la economía global. Pactos Verdes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Green New Deals comenzaron a dibujar una nueva narrativa.

Bajo la noción del “Consenso de la Descarbonización” se analiza sobre esta nueva narrativa que enarbola la necesidad de una urgente transición de la matriz energética tras el inminente final de los recursos fósiles, virando el foco de atención hacia nuevas fuentes energéticas, otros materiales, otros territorios.

Este consenso se propone un tipo de transición basada en una lógica fundamentalmente mercantil, lo que genera la necesidad de nuevas mercancías, ampliando y profundizando formas sofisticadas de control social y territorial; es una transición dirigida por grupos hegemónicos cuya finalidad no tiende a la desconcentración del sistema energético, ni al cuidado de la naturaleza, mucho menos a una justicia climática global. Las motivaciones giran en torno a la captación de nuevos incentivos financieros, a la reducción de la dependencia de algunos países en búsqueda de la seguridad energética, o en todo caso, a la ampliación de los nichos de mercado o la mejoría de la imagen de las empresas.

Los actores dominantes han comenzado a adoptar esta agenda en tanto ventana de oportunidad para un reposicionamiento geopolítico y para la acumulación capitalista, más específicamente, para una acumulación por desfosilización, que profundiza la contradicción capital/naturaleza. De ahí que, desde la academia y como motivo de futuras reflexiones, este consenso no es visto como parte de un proceso más amplio de cambio del perfil metabólico de la sociedad (en los patrones de producción, consumo, circulación de bienes y generación de desechos), sino como un fin en sí mismo. No tiende, como lo enarbola su discurso, hacia una transición socioecológica.

En esencia, perfila políticas públicas ambientales no solo insuficientes y contradictorias, sino además con gravísimos impactos socioambientales, dado que se intensifica la explotación de bienes naturales y se mantiene la ideología del crecimiento económico indefinido, por lo que se reitera una nueva fase de extraheccionismo ambiental del Sur global; reproduce la idea de estos territorios como almacén de recursos supuestamente inagotables, de donde se extraen los minerales estratégicos para la transición energética del Norte global, además de ser el destino para los desechos y la contaminación generados por esta nueva etapa descarbonizada. Crea así un discurso donde conceptos como minería verde y capitalismo sostenible conviven con zonas de sacrificio y externalidades del desarrollo.

En síntesis, el “Consenso de la Descarbonización” da cuenta de cómo se moviliza continuamente el discurso de las potencialidades tecnológicas y de la innovación. Busca visibilizar la naturaleza de los negocios verdes, de la financiación climática y las supuestas soluciones basadas en la naturaleza. Devela la raíz de la minería climáticamente inteligente, de los mercados de carbono, así como de las diversas formas de inversión especulativa basada en la explotación y exfoliación de vastos territorios y sus recursos, con técnicas invasivas y violentas como la minería a cielo abierto, las represas y la agroindustria.

Es, por tanto, un proceso marcado por el imperialismo ecológico y el colonialismo energético. Moviliza no solo prácticas, sino también un imaginario ecológico neocolonial.