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Desde 2015, cuando Donald Trump irrumpió en la escena política estadounidense e internacional, numerosos analistas advirtieron que su eventual llegada a la Casa Blanca podría generar riesgos para la sociedad y la economía mexicanas. De hecho, aun antes de las elecciones de noviembre de 2016, el llamado “factor Trump” -incluyendo sus amenazas de renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC), crear una fuerza de deportación para expulsar a millones de inmigrantes “ilegales” y gravar las remesas de los trabajadores indocumentados- creó un ambiente de incertidumbre que se reflejó, por ejemplo, en la cancelación de varios proyectos de inversión extranjera directa en México. Ahora que se cumple la mitad del primer periodo presidencial de Trump, resulta interesante explorar los antecedentes de su política migratoria y los instrumentos y acciones con que su gobierno la está aplicando.
Por diversas razones políticas, económicas y logísticas, durante sus primeros dos años Trump incumplió algunas de sus promesas más radicales, como deportar a corto plazo a tres millones de “extranjeros criminales” y construir un “hermoso muro” en la frontera, pagado por México. Tampoco parece probable que, en lo que quede de su gobierno, pueda identificar, arrestar y deportar a los cerca de doce millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Sin embargo, la política persecutoria con acciones punitivas aplicadas hasta ahora por las autoridades migratorias ya ha tenido serias consecuencias para miles de migrantes mexicanos en Estados Unidos, así como para sus familiares -en muchos casos nacidos en ese país- y para sus comunidades.
En 2017 y 2018, los primeros dos años del gobierno de Trump, cerca de doce millones de mexicanos residían en Estados Unidos. La gran mayoría era de larga duración; es decir, había residido ahí diez años o más (Passel & Cohn, 2016). Dos terceras partes (64%) de ellos llegaron antes del año 2000, una tercera parte (31%) entre 2000 y 2009, y solo el 5% después. El porcentaje de migrantes mexicanos que son indocumentados3 descendió en la última década, de casi siete millones en 2007 a 5.6 millones (48%) en 2016. Así, por primera vez desde por lo menos 2005, la mayoría de los migrantes mexicanos en Estados Unidos residen ahí de manera legal (Passel & Cohn, 2016; Passel, Cohn & González-Barrera, 2012).
En comparación con todos los migrantes en Estados Unidos, los migrantes mexicanos son menos propensos a dominar el idioma inglés (69%, por 50% del total de migrantes);4 tienen menos escolaridad (solo el 4.6% de los mexicanos mayores de 25 años había cursado bachillerato o más, por 29% para el total de migrantes), y menos propensos a naturalizarse (27% y 47%), en gran parte porque no cubren los requisitos legales para hacerlo. Asimismo, el porcentaje de mexicanos sin cobertura en salud es mucho mayor que el de todos los migrantes (47% y 27%, respectivamente). Estas diferencias se reflejan en los indicadores económicos para migrantes mexicanos. Por ejemplo, en 2014 el ingreso mediano de sus hogares era $37,390 dólares, comparado con $49,487 para todos los migrantes. Así, las familias mexicanas también tienden más a vivir en la pobreza que otras familias migrantes (28% y 18% respectivamente) (Zong & Batalova, 2016).
Una paradoja relacionada con la retórica y las acciones de Trump es que, desde años antes de su elección, la migración entre México y Estados Unidos ya mostraba una fuerte reducción del flujo hacia el norte y un incremento del retorno hacia el sur. Estas tendencias estuvieron relacionadas y responden al endurecimiento de las políticas contra la migración indocumentada durante el gobierno de Bush y parte del de Obama, la crisis económica de 2007-2008 en Estados Unidos, y el envejecimiento de la población en México, entre otros factores.
Por un lado, desde fines del siglo pasado y, sobre todo, a raíz de los actos terroristas contra el World Trade Center en Nueva York y el Pentágono, ocurridos en 2001, el gobierno federal y diversos gobiernos estatales exacerbaron leyes y acciones contra los migrantes, lo que contribuyó a reducir el número de mexicanos que entraron a Estados Unidos y a incrementar el número de deportados. Mientras tanto, la recesión de 2007-2009 en Estados Unidos y la lenta recuperación deprimieron la oferta de empleos en sectores en los que trabaja un gran porcentaje de mexicanos, como la construcción (Villarreal, 2014; Zong & Batalova, 2016). Por otra parte, la tasa de fertilidad en México ha declinado desde hace varias décadas lo que -sumado a alzas en la esperanza de vida- se refleja en un envejecimiento de su población. Ello disminuye la propensión media a emigrar, ya que el grupo de edad más propenso a hacerlo está formado por jóvenes entre 20 y 30 años de edad (Hanson, Liu & McIntosh, 2017; González-Barrera, 2016).
Así, desde la segunda década de este siglo, el flujo neto de migración entre México y Estados Unidos se invirtió por primera vez desde los años cuarenta del pasado. Entre 2009 y 2014 cerca de 840 mil mexicanos emigraron a Estados Unidos, y cerca de un millón retornaron a México. El número de migrantes mexicanos de arribo reciente5 disminuyó de casi 380 mil en 2004 a cerca de 236 mil en 2008, y de 125 mil entre 2012 y 2015. En 2016 el número aumentó a cerca de 135 mil (González-Barrera, 2015; Serrano & Jaramillo, 2017, 2018).
En cuanto al retorno forzado, existen diversas modalidades bajo las cuales el Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security Department, DHS) deporta a ciudadanos mexicanos. Una práctica, cada vez menos frecuente, es regresar a México a los detenidos por la Patrulla Fronteriza, sin pasar por un proceso formal. El DHS la describe como un regreso “voluntario”, llamado así porque el que es deportado renuncia a su derecho a audiencia. Por otro lado, actualmente la mayor parte de las deportaciones se realiza mediante el traslado “obligatorio y confirmado” de un indocumentado basado en una orden oficial de “remoción” (removal). Esta modalidad conlleva penas severas si la persona es sorprendida tratando de regresar sin los documentos correspondientes de migración a Estados Unidos. Los deportados de manera “voluntaria” se clasifican como “retornados”. Los deportados mediante una orden oficial se consideran como “removidos” (removed). Según el DHS, entre el año fiscal 20096 y 2016 el número de mexicanos retornados descendió, de casi 470 mil a 37 mil. En el mismo periodo, el número de migrantes removidos aumentó de poco más de 276 mil en el año fiscal 2009, a un pico de más de 300 mil en el año fiscal 2013, y descendió a poco menos de 150 mil en 2016 y a casi doce mil en 2017 (Baker, 2017; U.S. Department of Homeland Security, 2009a, 2009b, 2013; U.S. Department of Justice, 2017).
Otra tendencia importante es que los tiempos de estancia en Estados Unidos antes de la deportación han aumentado, por lo menos a partir de 2010. En ese año cerca del 70% de los mexicanos que consideraban a ese país como su principal lugar de residencia y fueron deportados habían permanecido en él por tres años o más. Para 2014, el porcentaje era 85%. Esta tendencia puede estar relacionada con la menor circularidad de la migración, en parte como consecuencia de los mayores costos y riesgos asociados al cruce fronterizo indocumentado, y con el incremento de deportaciones de personas detenidas en el interior de Estados Unidos, y no en la zona fronteriza (Peña, 2017).
En suma, los arrestos, procesos y deportaciones de indocumentados durante el gobierno de Obama se basaban en un estricto sistema legal e institucional que empezó a fortalecerse desde los gobiernos de Clinton y Bush, al que algunos críticos se refieren como una “máquina de deportación”. Esta opera a través de las cortes de migración, y los programas Comunidades Seguras (Secure Communities, S-Comm) y “deportaciones con consecuencias”.
Los casos de remoción de migrantes son procesados en cortes de migración conducidas por cerca de 330 jueces. Estos no pertenecen al Poder Judicial, sino al Ejecutivo, y están bajo la autoridad del Procurador General. Dado que la deportación es una sanción civil, los acusados no tienen protecciones constitucionales como el derecho a un abogado pagado por el gobierno. Los acusados pueden contratar a un abogado que los represente en estas cortes, pero con frecuencia no tienen los medios para hacerlo. Este sistema ha generado críticas sobre su eficiencia e imparcialidad (American Immigration Council, 2017). La carencia de un abogado puede afectar significativamente la posibilidad de que un inmigrante tenga un juicio justo. Un estudio realizado entre 2007 y 2012 determinó que solo el 37% de todos los inmigrantes cuyo caso fue decidido por una corte migratoria tuvo abogado; entre los inmigrantes que estaban en detención antes de la audiencia solo el 14% tuvo abogado Los inmigrantes en detención que tenían abogado eran cuatro veces más propensos a ser liberados después de la audiencia (44%, por 11%) que los que no lo tenían. Mientras tanto, los inmigrantes mexicanos tuvieron la tasa de detención previa a la audiencia más alta (78%), así como la tasa más baja de apoyo de un abogado (21%) (American Immigration Council, 2017).
El programa S-Comm, por su parte, se inició en 2008 durante el gobierno de George Bush, y continuó durante los primeros cuatro años del de Obama. Su objetivo explícito era la aprehensión y la deportación de quienes identifica como extranjeros criminales (criminal aliens); es decir, personas que han sido procesadas y sentenciadas por algún delito. Sin embargo, esta categoría es vaga y depende de la interpretación de la autoridad correspondiente. Incluye desde personas juzgadas y sentenciadas por delitos graves como homicidio, hasta personas culpables de tan solo una falta administrativa, como conducir un vehículo sin licencia, o incluso personas cuya única falta es estar en Estados Unidos de manera indocumentada.
En teoría, la prioridad de S-Comm es deportar a los extranjeros sentenciados por delitos graves; a los delincuentes “más peligrosos y violentos” y a quienes “representen una amenaza para la seguridad pública”. Sin embargo, durante las dos etapas en las que se ha aplicado (2008-2014 y 2017-2018), han sido detenidos y deportados decenas de miles de migrantes sentenciados por delitos menores, o incluso sin sentencia por delito alguno. Por ejemplo, un análisis independiente de los registros de Immigration and Customs Enforcement7 (ICE) para 2013 arrojó que solo el 12% de todos los deportados había sido sentenciado previamente por uno o más delitos (Transactional Records Access Clearinghouse, 2014). El cargo más serio contra la mitad del total de deportados ese año estuvo relacionado con una infracción de tránsito. El único delito por el cual fue sentenciado el 22.7% de ellos fue entrar a Estados Unidos sin los documentos migratorios correspondientes; esto es, una falta menor. Aún más notable: la mayoría de los deportados (42%) no había sido sentenciados por delito alguno.
Desde octubre de 2008 hasta el fin del año fiscal 2013, el ICE deportó a más de 2.3 millones de extranjeros. El tipo de delito más serio cometido por la gran mayoría de ellos fue una infracción de tránsito. En cuanto a los mexicanos, la mitad o menos de los deportados entre 2010 y 2016 tenía antecedentes criminales que, en el 48% de los casos consistían en violaciones a las leyes migratorias o infracciones de tránsito. La otra mitad de los mexicanos “removidos” en ese periodo no tenía antecedentes penales (Transactional Records Access Clearinghouse, 2014; Baker, 2017). Debido en parte a las críticas de organizaciones civiles y de derechos humanos, en 2014 el gobierno de Obama suspendió el programa S-Comm.
Otra estrategia diseñada antes de la elección de Trump es la llamada “deportaciones con consecuencias”. Fue establecida por la Patrulla Fronteriza a principios de la década pasada para desalentar tanto el primer intento de cruzar la frontera como el de reingresar cuando una persona ya ha sido deportada. Una de las acciones que se realizan bajo este sistema es deportar a los migrantes a lugares muy lejanos del punto donde fueron aprehendidos. Además, con frecuencia los migrantes detenidos son juzgados en grupo, lo cual limita sus derechos legales según el concepto de debido proceso. El sistema también recurre a la “remoción expedita”, la cual se puede aplicar a migrantes aprehendidos a menos de 100 millas de la frontera y antes de dos semanas de haber entrado a Estados Unidos. El agente migratorio tiene autoridad y discreción absolutas para decidir la deportación del migrante, sin que este tenga recursos como derecho a abogado o a audiencia (American Immigration Council, 2104, 2017; Capps, Hipsman & Meissner, 2017).
Como señalamos antes, la aplicación de las leyes migratorias dentro de Estados Unidos se dirige cada vez más a personas que ya están establecidas social y económicamente en ese país, y menos a los que intentan ingresar. Ello hace que la deportación sea una experiencia especialmente traumática y costosa, tanto para los deportados como para sus familias y las comunidades en que residen. De acuerdo con un estudio reciente, cerca de la mitad (47%) de las personas detenidas y deportadas desde el interior del país dijeron poseer una vivienda en Estados Unidos, y casi la mitad de los mexicanos deportados después de vivir en Estados Unidos cinco años o más dijeron haber dejado en ese país a por lo menos un hijo menor de edad (Slack, Whiteford & Peiffer, 2015).
La máquina de deportación en la era Trump
Desde enero de 2017 Trump anunció diversas medidas relacionadas con su promesa de campaña de “deportar a todos los extranjeros criminales” y “terminar con la inmigración ilegal”. Algunas de sus iniciativas se estancaron en un Congreso muy dividido. Otras se han cumplido parcialmente o han sido rechazadas por diversas cortes. Sin embargo, algunas más han sido implementadas mediante su autoridad ejecutiva, con serias consecuencias para miles de migrantes y sus comunidades.
Entre 2014 y 2016, solo cerca del 13% de los migrantes indocumentados en Estados Unidos representaban una prioridad de deportación para el gobierno de Obama, el cual entonces se concentraba en indocumentados previamente sentenciados por algún delito grave. Desde los primeros días de su mandato, Trump modificó radicalmente esa política mediante diversas órdenes ejecutivas para “asegurar la frontera” sur y “mejorar la aplicación de las leyes migratorias”. Con los nuevos criterios, técnicamente todos los migrantes indocumentados son “deportables”, lo que puso en riesgo a millones de personas que han vivido en Estados Unidos durante muchos años, sin incidentes con las autoridades y trabajando para mantener a sus familias (Chishti & Bolter, 2017; Pierce & Capps, 2017).
Una de las órdenes ejecutivas de Trump establece que numerosos inmigrantes indocumentados representan una amenaza significativa para la seguridad nacional y la seguridad pública. También requiere que las personas aprehendidas por violar las leyes migratorias permanezcan en detención hasta que concluya el proceso de deportación. Además, permite la deportación de personas meramente acusadas o sospechosas de algún delito, aunque no se haya iniciado o resuelto su proceso. También incluye entre los deportables a quienes hayan “abusado” de un servicio de asistencia pública, e incluso quienes, en opinión de un agente de inmigración, representen un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.
Trump ordenó asimismo la reactivación del programa S-Comm, incluyendo la deportación de personas detenidas en el interior del país. El DHS se jacta de que tan solo en 2017 más de 43 mil “extranjeros ilegales” previamente sentenciados por algún delito fueron deportados mediante este programa. Sin embargo, un análisis independiente de los registros oficiales indica que en ese año un poco menos de once mil deportados tenía alguna sentencia previa, y solo 4,850 del total deportado bajo S-Comm en 2017 habían sido sentenciados por un delito grave (Transactional Records Access Clearinghouse, 2017). Otra medida del gobierno de Trump ha sido intensificar las redadas y los arrestos en las comunidades de los migrantes, incluyendo hogares, escuelas, iglesias, lugares de trabajo y otros. Este tipo de arrestos, que tiene impactos graves sobre las comunidades, aumentó en 25% entre el año fiscal 2016 (poco más de 30,348) y el año fiscal 2017 (40,066) (U.S. Department of Homeland Security).
El gobierno de Trump también está arrestando y deportando a personas indocumentadas que anteriormente podían permanecer en Estados Unidos si se reportaban con ICE cada seis meses. Por ejemplo, durante el gobierno de Obama, los migrantes indocumentados sin antecedentes penales, en especial los que tienen hijos nacidos en Estados Unidos, tenían esa protección. A partir de 2017 un número creciente de este y otro tipo de migrantes recibe una orden de deportación cuando se reporta con ICE (Eltagouri, 2017). Asimismo, cuando los equipos de ICE acuden a un domicilio para arrestar a un migrante que han descubierto, con frecuencia arrestan a otros presentes en ese lugar. Algunos críticos consideran que estas tendencias a arrestar a lo que consideran objetivos fáciles obedecen a las presiones sobre el DHS para que cumpla las metas de Trump en materia de deportaciones.
En todo caso, el número de personas arrestadas por ICE rebasa con mu-cho la capacidad de los centros de detención y de las cortes de migración. A principios de 2018 había más de 41 mil personas detenidas en esos centros, mientras que las cortes de migración tienen rezago de cerca de tres millones de casos de extranjeros (Miroff & Sacchetti, 2018). Ese año Trump ordenó al Departamento de Justicia (DOJ) establecer una cuota de 700 casos anuales para los jueces de migración, con el propósito de enfrentar el rezago en sus cortes. Esto significa que cada uno de ellos tendrá que concluir un promedio de cerca de tres casos diarios. La evaluación anual de estos empleados del Procurador General dependerá de que cumplan esa cuota, así como otras reglas para apresurar los juicios. Los jueces que no las cumplan podrían ser sancionados e incluso despedidos. Esto perjudica a los migrantes procesados, quienes tienen menos tiempo para presentar evidencias a su favor y, por lo tanto, existen más posibilidades de que el juez falle contra ellos (ver, por ejemplo Kocher, 2018).
Por otro lado, Trump ha cancelado varios programas de protección temporal que tenían el objetivo de evitar la deportación de personas de grupos específicos, lo que podría enviar decenas y aun cientos de miles de casos a las ya saturadas cortes migratorias. Por ejemplo, en 2012 el gobierno de Obama lanzó el programa conocido como DACA para proteger a indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad. Los beneficiarios recibían autorización para permanecer en ese país durante un periodo de dos años, renovable, y también se les autorizaba trabajar. La evidencia indica que DACA mejoró las condiciones económicas y sociales de sus beneficiarios,8 incrementó su participación en la fuerza de trabajo y redujo la tasa de pobreza de sus hogares. Un estudio específico halló que, en 2017, la gran mayoría de los jóvenes DACA tenía empleo o estaba inscrita en alguna institución educativa. Tras ingresar al programa, siete de cada diez obtuvieron mejor empleo, mientras que el salario promedio de todos los entrevistados en el estudio aumentó de $10.29 dólares por hora, antes de DACA, a $17.46 por hora (Wong et al., 2017).
En septiembre de 2017, el gobierno de Trump rescindió el programa DACA y estableció un plazo de seis meses para cerrarlo definitivamente. Diversas cortes federales han frenado temporalmente la cancelación del programa, el cual hacia fines de 2018 estaba en una especie de limbo en espera de una resolución judicial definitiva. Mientras tanto, el futuro de los jóvenes DACA depende también de que el Congreso apruebe alguna alternativa para protegerlos, pero el proceso ha estado sujeto a un estira y afloja entre republicanos y demócratas. Por lo pronto, si DACA es cancelado de manera definitiva, cientos de miles de jóvenes, la gran mayoría mexicanos, quedarían en riesgo de ser deportados. Se sabe que gran parte de esa población salió de su país en edades tempranas, dado que en 2017 siete de cada diez beneficiarios de DACA tenía entre diez y veinte años viviendo en Estados Unidos. Si fueran deportados, el desarraigo de ese país y la llegada a una comunidad quizás desconocida podría ser un evento sumamente dramático (Lara, 2017).
Una de las consecuencias del endurecimiento de las leyes migratorias observada en años recientes es la separación de las familias mixtas o binacionales; es decir, las que están integradas tanto por migrantes indocumentados como por ciudadanos estadounidenses o residentes legales. La Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (Emif Norte 2010-2014) halló que un número creciente de deportados mexicanos deja hijos menores de edad en Estados Unidos. Más de la mitad del grupo de migrantes deportados que se identificaron como viviendo en Estados Unidos experimentó esta separación familiar. El número de deportados con separación familiar que se identificó como viviendo en México fue menor, pero el aumento porcentual fue mayor. Por ello, en ese periodo la separación familiar aumentó para ambos grupos, de 55.4% en 2010 a 60.3% en 2014. El porcentaje de migrantes deportados que no dejó hijos en Estados Unidos permaneció estable, de 30.2% en 2010 a 29.3 en 2014 (Peña, 2017).
En 2016 cerca del 30% de los menores de dieciocho años residentes en Estados Unidos tenía por lo menos un progenitor (padre o madre) indocumentado. Casi uno de cada cuatro (79%) de esos menores eran ciudadanos estadounidenses (Johnson, 2017). Durante los primeros seis meses de 2017, ICE buscó obtener órdenes de deportación, exclusión o remoción para 8,260 extranjeros que afirmaron tener por lo menos un hijo menor nacido en Estados Unidos; obtuvo 4,853 de ellas. Al sumar las remociones por otros mecanismos como la remoción expedita, el total de personas con un hijo o hijos en Estados Unidos deportados por ICE fue de más de doce mil. La cifra real puede ser mayor, ya que la anterior solo refleja el número de personas que informaron de manera voluntaria a ICE sobre sus hijos menores de edad. Es posible que muchos migrantes no den esa información por temor a poner en peligro la seguridad y el futuro de sus hijos que permanecen en Estados Unidos (Johnson, 2017).
La retórica, las políticas y las acciones de Trump han tenido profundos impactos económicos, sociales y emocionales en millones de migrantes y sus familias, sean indocumentadas, sean mixtas. Por temor a las redadas de ICE o a un encuentro casual con la policía, numerosos migrantes salen de sus hogares solo para lo más necesario, como trabajar y comprar alimentos, y evitan reuniones sociales y recreativas en espacios públicos. Algunos especialistas hablan de una crisis de salud pública a medida que los indocumentados dejan de utilizar servicios como consultas médicas y dentales, incluso cuando están enfermos. El clima de temor también afecta a migrantes documentados e incluso ciudadanos estadounidenses, quienes dejan de utilizar esos y otros servicios sociales por temor a que la información que proporcionen sea utilizada para identificar y aprehender a sus familiares indocumentados. El temor se extiende a los migrantes documentados también, porque el DHS está considerando poner obstáculos para que una persona obtenga residencia permanente si ella, o incluso sus hijos nacidos en Estados Unidos, utilizan ciertos servicios públicos, como subsidios para alimentos y para seguros de salud (Torbati, 2018).
Un estudio realizado entre progenitores y maestros de educación temprana documentó algunos impactos del primer año de la era Trump sobre las familias migrantes, en especial los niños (Cervantes, Ullrich & Matthews, 2018). El estudio presenta un panorama muy preocupante caracterizado por disrupción de la rutina normal, disminución de la calidad de vida y estrés. Los entrevistados corroboraron el temor a inscribir a sus familias o a seguir participando en programas públicos para atender necesidades básicas, incluyendo a sus hijos con ciudadanía estadounidense. Sus respuestas sugieren que los niños de menor edad tienen menor acceso a servicios de nutrición y de salud. Los progenitores también describieron casos de discriminación abierta cuando trataban de inscribir a su familia en esos servicios, así como mayores dificultades para obtener empleo, mayor hacinamiento en los hogares y más abusos por parte de empleadores y patrones. Los progenitores experimentan gran estrés debido en parte a las decisiones que serían obligados a tomar, por ejemplo, si ellos o sus cónyuges son deportados, y cómo hablar con sus hijos sobre el tema. Los niños, mientras tanto, temen por su seguridad y por la de sus progenitores ante el riesgo de que alguno de estos sea deportado. Los niños que han sido separados de un progenitor o que han estado en contacto con agentes de migración muestran el mayor temor y presentaban señales de cambio de comportamiento. Todo ello al tiempo que los niños tienen menor acceso a servicios de salud, nutrición y educación (Cervantes, Ullrich & Matthews, 2018).
Tendencias recientes del retorno a México
Antes de explorar algunos posibles impactos de la política migratoria de Trump sobre los mexicanos retornados y sus comunidades, es conveniente describir las tendencias recientes del retorno y el perfil de los migrantes que vuelven a su país, de manera voluntaria o forzada. Como se ha señalado, el retorno de migrantes a México aumentó significativamente entre 2005 y 2010. Descendió también significativamente en 2000-2015, si bien no a los niveles observados hasta 2005. El tipo de mexicanos que retornan y la manera en que lo hacen son diferentes a lo que se observaba antes. Hacia finales del siglo pasado el retorno tendía a ser mayoritariamente masculino y de personas que tuvieron estancias cortas en Estados Unidos. Actualmente, los mexicanos que regresan estuvieron en ese país años o décadas, se habían integrado más a la sociedad estadounidense, y en ciertos casos emigraron a edades bajas para reunirse con sus familias en Estados Unidos. La mayoría de los retornados siguen siendo hombres en edad laboral, pero se observa más diversidad en términos de género, así como un nivel de escolaridad más alto. También hay un patrón de retorno de familias completas (Lara, 2017; Terán, Giorguli, & Sánchez, 2015).
Hasta hace relativamente poco tiempo la migración de retorno era predominantemente circular; los migrantes salían a trabajar a Estados Unidos por temporadas y regresaban a sus pueblos o ciudades de origen, donde vivían sus familiares. Ahora, los cambios en la economía rural y otros factores pueden dificultar la integración de los retornados a las zonas expulsoras tradicionales. Ello puede llevar a un mayor número de retornos a lugares diferentes a los de origen. La menor circularidad está relacionada con el incremento en los costos y riesgos para cruzar la frontera de manera indocumentada, así como con otros factores, como la erosión de la subsistencia rural basada en la agricultura y el crecimiento de economías ligadas al turismo y a las exportaciones (Masferrer & Roberts, 2012; Lara & Jaramillo, 2016).
La mayoría de los mexicanos aún retorna a entidades de larga tradición migratoria como Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Al mismo tiempo, nuevas entidades expulsoras, como Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo, registran un incremento reciente en el retorno. Muchos migrantes no regresan a la localidad de la cual partieron, en parte porque cuentan con nuevas habilidades laborales para las que probablemente no existe un mercado de trabajo en sus comunidades de origen.9 Así, por ejemplo, en lugar de regresar a comunidades rurales pequeñas en el centro oeste de México, un creciente número de migrantes retorna a ciudades fronterizas, ciudades pequeñas y prósperas, y áreas metropolitanas (Masferrer & Roberts, 2016; Schiavon, 201810).
Para 2010-2015 cerca de dos terceras partes de los migrantes de retorno eran hombres, y tres de cada cuatro tenían entre 20 y 49 años de edad. Poco más de la tercera parte de los migrantes de retorno mayores de quince años tenía secundaria; cerca de uno de cada cinco tenía escolaridad media superior o primaria completa y uno de cada diez tenía escolaridad superior o más. Dado este perfil, la posibilidad de continuar con su educación o la reinserción laboral resulta clave para la mayoría de la población de retorno (Lara, 2017; Jacobo, conversación telefónica, 13 de febrero de 2018).
Respecto de la reinserción laboral, entendida como obtener un primer empleo, los retornados tienen en promedio mayores tasas de ocupación que sus pares sin experiencia migrante, y se insertan en el mercado laboral relativamente rápido. Uno de cada siete migrantes encuentra trabajo en los primeros tres meses después de su regreso. Casi siete de cada diez son asalariados, tienen ingresos laborales promedio ligeramente menores que los no migrantes y también menor acceso a prestaciones médicas y de retiro (Masferrer, Sánchez & Rodríguez, 2017).
En este contexto, los impactos de la deportación de migrantes mexicanos sobre ellos mismos, sus familias y sus comunidades dependen en parte del posible escenario en este campo durante los próximos años.11 Especulamos con tres posibles escenarios, partiendo de que en 2016-2017 había en Estados Unidos poco menos de seis millones de mexicanos indocumentados. En el primero, las políticas y las tendencias de deportaciones son semejantes a las que se observaron en el año fiscal 2017, cuando fueron “removidos” cerca de 145 mil mexicanos. En el segundo, suponemos un endurecimiento de las políticas y las tendencias de deportaciones de acuerdo con las promesas intermedias de Trump en este campo. En el tercer escenario se exacerbarían las políticas y acciones migratorias para acercarse a sus promesas extremas, que incluyen expulsar a cerca de cinco millones de mexicanos. Consideramos que el escenario más probable es el primero; en este contexto, si se mantienen las tendencias observadas en 2017 y 2018, el número de mexicanos deportados seguiría siendo menor al del promedio anual durante los años de Obama, e incluso podría continuar la tendencia descendente de deportaciones observada en los últimos años.
Sin embargo, cabe recordar que cerca del 40% de todos los migrantes mexicanos ha vivido en Estados Unidos más de diez años, y cerca de, 40% entre cinco y diez años. La migración de larga estancia es aún más notable para los migrantes mexicanos indocumentados. Como se señaló anteriormente, tres de cada cuatro de ellos llegaron a Estados Unidos en 2004 o antes. Así, independientemente del número de deportaciones, seguirá aumentando el porcentaje de deportaciones de migrantes y familias que han vivido durante más tiempo en Estados Unidos (Schiavon, conversación telefónica, 13 de febrero de 2018). El retorno de este tipo de migrantes puede implicar mayores costos económicos y sociales que el que representa para los migrantes recientes y los aprehendidos al cruzar la frontera.
En cuanto al segundo escenario, después de las elecciones Trump pareció moderar sus objetivos y dijo que deportaría a entre dos y tres millones de extranjeros “criminales”, tales como traficantes de drogas y miembros de pandillas (gang members). Numerosos analistas refutan que exista ese número de extranjeros con antecedentes penales graves residiendo en Estados Unidos. En todo caso, para deportar a tres millones de personas, presumiblemente mexicanas en su mayoría, sería necesario incrementar significativamente el presupuesto y el número de agentes del DHS. Trump ha propuesto ambas cosas, pero lograr la necesaria aprobación legislativa puede ser un proceso lento y complejo. Así, en el segundo escenario se observaría un incremento aritmético en las deportaciones; es decir, correspondiente al aumento en los recursos adicionales adjudicados. En este escenario intermedio, el número de deportaciones anuales podría aumentar gradualmente desde 200 mil o 250 mil al año hasta 500 mil o más (Schiavon, conversación telefónica, 13 de febrero de 2018).
En el tercer escenario el gobierno de Trump deportaría a la mayoría de los migrantes indocumentados, es decir un número entre diez y once millones. Ello implicaría un incremento exponencial con respecto al pico de más de 400 en un año alcanzado por el gobierno de Obama, lo que exigiría recursos logísticos, humanos y financieros de enorme magnitud. En 2015 la capacidad máxima estimada de deportación de ICE era 400 mil personas anuales (Hudak, Kammarck & Stenglein, 2017). A ese ritmo, expulsar tan solo a los mexicanos indocumentados llevaría cerca de quince años. Aun triplicando el número de agentes de ICE, como pretende Trump, sería insuficiente, y posiblemente otras dependencias, como el FBI, tendrían que participar en el proceso de deportaciones. Además, el costo asociado a este tercer escenario sería exorbitante. ICE estimó que en 2011 el costo promedio de remover a una persona fue $12,500 dólares. Remover a ese costo a diez u once millones de migrantes indocumentados costaría más de 125 mil millones de dólares, el doble del presupuesto del DHS en 2015. Según otra estimación, el costo de remover esa cantidad de migrantes podría ser todavía mayor, más de 400 mil millones de dólares, y solo si las deportaciones se extienden durante un período de veinte años (Gitis, 2016).
Por ello, tomamos como base el primer escenario, quizás con algunos elementos del segundo, tales como la deportación gradual de jóvenes DACA a medida que expire su periodo de protección, y el posible aumento en las deportaciones debido a las cuotas impuestas a los jueces de migración. Así, parece improbable que en los próximos años se produzca una oleada de millones de migrantes de retorno a México. Sin embargo, cabe recordar que, aun sin deportaciones masivas, las políticas de Trump han tenido impactos graves en la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos. Algo similar puede ocurrir en el caso de los migrantes de retorno y sus comunidades en México, independientemente del número de deportaciones.
Como recuerda el Anuario de Migración y Remesas México:
cualquiera que sea el motivo del regreso, voluntario o forzado, los migrantes que vuelven a México enfrentan retos para su reintegración familiar, a su comunidad, al sistema educativo, al mercado laboral y, sobre todo, desafíos en el ámbito personal. Si el retorno es involuntario y, por lo tanto, no planeado, los migrantes pueden enfrentar más dificultades para incorporarse a su comunidad de origen (Masferrer & Roberts, 2012).
Este retorno no planeado incluye a los deportados, a las personas que son obligadas a regresar debido a las dificultades económicas u otras causas, y a los menores y jóvenes que los acompañan (Hazán, 2014).
Para explorar el posible impacto de las políticas migratorias de Trump en lo que resta de su gobierno, parece conveniente utilizar como referencia lo ocurrido en la última década con los migrantes de retorno y sus comunidades (Jacobo, conversación telefónica, 13 de febrero de 2018). Como se ha señalado, el número de deportaciones anuales ha disminuido, pero ha aumentado el porcentaje de deportaciones de personas que habían vivido en Estados Unidos durante periodos largos. Es de esperarse que esta tendencia continúe e incluso se incremente, dado que la mayoría de los migrantes mexicanos son de larga estancia, y probablemente tienen una familia mixta. Algunos estudios indican que más de la mitad de los mexicanos deportados desde la frontera son separados de hijos menores de edad, a los que dejan en ese país (Peña, 2017). Así, el retorno de migrantes de larga estancia tiende a provocar mayor distorsión en términos de cohesión social y familiar (Schiavon, conversación telefónica, 13 de febrero de 2018). Más aún, cuando la migración era más circular, era factible que los migrantes conservaran sus vínculos familiares y sus redes sociales en México. Eso facilitaba la adaptación al retornar, ya que la familia y los amigos del migrante lo ayudaban a navegar el sistema. Ahora, algunos migrantes de larga estancia pueden llegar a comunidades en las que no tengan lazos o se hayan debilitado sus vínculos y redes, lo que puede incrementar los retos para la reinserción (Jacobo, conversación telefónica, 13 de febrero de 2018).
Un estudio publicado en 2015 describe un posible impacto económico de las actuales políticas migratorias de Estados Unidos para los migrantes de retorno y para las comunidades a las que regresan (Hanson, Liu & McIntosh, 2017). Los autores estiman que el migrante mexicano modal tendría un ingreso medio si hubiera permanecido en su país. Por ello, el incremento en las deportaciones y las mayores restricciones para entrar a Estados Unidos tenderían a incrementar la oferta laboral y a disminuir el salario del grupo de ingreso medio en México. Eso representa un costo para los migrantes mexicanos deportados que, al regresar, no perciben mayores salarios, y también para los trabajadores mexicanos no migrantes, quienes enfrentan mercados laborales más cerrados. Es decir, las restricciones a la inmigración en Estados Unidos impactan de manera negativa en los salarios de los trabajadores en México, sea que decidan migrar o no.
Por otro lado, bajo ciertas condiciones, el retorno también puede ser positivo para los migrantes y para las localidades adonde regresan. La población de retorno reciente tiende a tener experiencia en diversos sectores de la economía estadounidense, y no principalmente en la agricultura, como las generaciones anteriores. Las nuevas calificaciones y habilidades y, en su caso, el capital de los retornados, pueden contribuir a su reinserción y a generar nuevos empleos y oportunidades económicas (Hazán, 2014; Peña, 2017). Para que ello ocurra, sin embargo, en la localidad de retorno debe existir un mercado laboral correspondiente a esos conocimientos y capacidades. Mientras tanto, los cambios en los destinos de retorno pueden implicar que algunas comunidades pequeñas de migración histórica queden al margen de esos beneficios potenciales. Por ejemplo, algunos oriundos de San José de Gracia (Michoacán) recientemente regresan a Guadalajara. Por lo tanto, el beneficio potencial del retorno no necesariamente es para las comunidades de origen (Schiavon, conversación telefónica, 13 de febrero de 2018).
El retorno forzado de migrantes de largo plazo también puede tener impactos para las ciudades del norte y las localidades fronterizas. En términos de un autor, la vida, el trabajo y, posiblemente, la familia o parte de la familia de esos migrantes está en Estados Unidos, por lo que su prioridad es regresar lo más pronto posible a ese país (Peña, 2017). Esto puede resultar más factible si después de la deportación permanecen en el lado mexicano de la frontera. El hecho de que una parte del retorno reciente se concentra en la frontera podría implicar grandes retos para atender a una población flotante, posiblemente vulnerable y con menor acceso a redes de apoyo (Terán, Giorguli, & Sánchez, 2015).
A manera de conclusión
Podría pensarse que la tormenta perfecta en materia de migración que se auguraba con la llegada de Trump a la Casa Blanca -deportaciones masivas, un muro a todo lo largo de la frontera, reducción de las remesas- no ha alcanzado la intensidad temida. Ciertamente, en 2017 y 2018 el número de deportaciones de mexicanos fue menor que en los dos últimos años de Obama, las remesas alcanzaron un máximo histórico y el proyecto del muro sigue dando tumbos en las disputas legislativas entre republicanos y demócratas. Sin embargo, esta visión es engañosa. La retórica, las políticas y las acciones migratorias de Trump representan un grave retroceso hacia las políticas más duras del gobierno de Bush y los primeros cuatro años de Obama. Han tenido profundos impactos económicos y sociales en millones de migrantes mexicanos, indocumentados o no, permanezcan en Estados Unidos o hayan regresado a México. La aplicación de medidas como las redadas en hogares y lugares de trabajo de los migrantes y el programa S-Comm han impactado de manera especialmente dura en personas y familias con raíces sociales y económicas profundas en Estados Unidos. Miles de inmigrantes sin antecedentes penales o con antecedentes por faltas leves han sido deportados, y miles de familias mixtas se han roto o se han visto obligadas a regresar a México.
Mientras tanto, el DHS ha separado de manera intencional a familias migrantes aprehendidas en la frontera y ha intensificado la política de deportaciones con consecuencias, con penas de hasta veinte años de prisión en caso de reincidencia. Por otro lado, el limbo en que se encuentra el programa DACA pone a cientos de miles de jóvenes migrantes mexicanos en riesgo de ser deportados o arrojados nuevamente a la clandestinidad en Estados Unidos.
Todo ello ha provocado un ambiente de ansiedad y temor en las comunidades de migrantes, el cual a su vez tiene consecuencias graves, incluyendo la reducción del ingreso de sus hogares. Numerosos migrantes viven en las sombras y, por lo mismo, ha disminuido su uso y acceso a servicios públicos como salud, nutrición y educación. Mientras tanto, Trump sigue describiendo a los migrantes como una amenaza para la economía y la seguridad nacional, y millones de estadounidenses coinciden con esa idea. En este ambiente, los migrantes informan casos de discriminación, despidos y dificultad para conseguir empleo y abusos de empleadores y caseros, así como incremento en padecimientos como ansiedad y estrés en adultos, adolescentes y niños.
Parece poco probable que en los siguientes dos años cambie de manera significativa la política migratoria de Trump, por lo que los impactos de esa política para los migrantes mexicanos y sus comunidades podrían ser similares a lo que se observó en 2017 y 2018. En todo caso, lo que pretenda y lo que pueda hacer Trump durante el resto de su mandato dependerá en gran medida de factores como los resultados de las elecciones intermedias de noviembre de 2018, la evolución de la economía de Estados Unidos, e incluso el nivel de popularidad del presidente. Pero, dadas las ambigüedades y los frecuentes cambios de posición de Trump, también es posible que en los próximos años los migrantes mexicanos y sus comunidades enfrenten retos y riesgos aún mayores. Tal como canceló DACA después de afirmar que “amaba” a los jóvenes beneficiarios del programa, por ejemplo, Trump podría exacerbar sus políticas y acciones en materia de migración, tanto para cortejar a su voto duro como para desviar la atención de sus tribulaciones políticas, incluyendo la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Por todo ello, además de atender la situación actual, es necesario estar preparados también para un escenario en el que la tormenta Trump aumente de intensidad o incluso cambie de categoría. ¿Cómo responderá el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador a este desafío? Es una pregunta importante, cuya respuesta no tardaremos en conocer.
