nueva página del texto (beta)
Español (pdf)
Artículo en XML
Referencias del artículo
Traducción automática
Enviar artículo por email
Citado por SciELO 
Similares en
SciELO 
Permalink
Introducción
En la actualidad, la noción de extractivismo aparece comúnmente vinculada con actividades denunciadas por organizaciones y grupos que se declaran en procesos de resistencia no solamente en América Latina (Turner, 1995; Vélez-Torres et al., 2013; Cuadra, 2014), sino también en otras partes del mundo (Rasch y Kóhne, 2016). Así, el extractivismo es claramente asociado con fenómenos de movilización social y política en contra de ciertas acciones que afectan a grupos campesinos, indígenas y afrodescendientes o de mujeres (Salazar Ramírez, 2017) en distintos puntos del continente latinoamericano, pero sobre todo en Sudamérica y México, los cuales se expresan a través de diversas modalidades. La literatura aborda escasamente el fenómeno en Centroamérica, aunque muchos procesos observados en otras partes se producen y replican en todo el istmo, al igual que en el resto del continente.
En muchos estudios regionales, el extractivismo tiende a ser asociado con la globalización y las políticas internacionales derivadas del modelo capitalista (Azamar y Ponce, 2014), con la internacionalización de los mercados (Gudynas, 2013; Svampa, 2015; Turner, 1995) y con la noción de "acumulación por desposesión" (Svampa 2015: 66) propuesta por Harvey (2004) y retomada tanto por académicos como por grupos sociales e, incluso, por gobiernos de izquierda en la región. En este contexto, las discusiones en torno a la temática en América Latina se relacionan con los debates sobre el tipo o modelo de desarrollo (Azamar y Ponce, 2014; Lang y Mokrani, 2013; Svampa, 2015; Svampa, 2012), y de sus consecuencias para las poblaciones locales en los espacios de intervención de las actividades llamadas extractivistas.
A pesar de la existencia de una bibliografía reciente sobre la temática del extractivismo, no siempre los trabajos que abordan el fenómeno exponen claramente lo que este término significa, cuáles son sus componentes, sus implicaciones, los actores y los efectos asociados a este fenómeno multiforme (Larrea, 2013; Turner, 1995; Azamar y Ponce, 2014; Cuadra, 2014).
El presente artículo pretende abrir una reflexión amplia en torno al extractivismo, para analizar las actividades relacionadas con el agua que podrían ser consideradas como tales a partir de una definición distinta de la noción. Para ello, se plantean las siguientes interrogaciones: ¿qué entendemos por extractivismo en la actualidad y cuáles son los orígenes del fenómeno?, ¿cuáles son los actores y los recursos en juego?, ¿qué tipo de procesos pueden estar incluidos en el extractivismo contemporáneo?, ¿en qué medida las actividades vinculadas con el agua o que tienen efecto en el recurso pueden ser consideradas como extractivismo?
Este trabajo aboga por una definición del extractivismo que se construye a lo largo del texto a partir de la identificación de cuatro elementos que proponen mirar el fenómeno como un proceso sociopolítico dinámico en relación con los recursos naturales: los actores, los procesos involucrados, los recursos extraídos y las respuestas locales ante las prácticas extractivistas. En una primera parte, evidencia los orígenes y las transformaciones históricas del fenómeno en cuanto a los actores y a los procesos involucrados. En un segundo momento, aborda los recursos considerados tradicionalmente por el extractivismo, evoca las nuevas actividades y centra la mirada en el agua a partir del surgimiento de procesos de movilización social y política que se encuentran en el corazón de lo que este texto propone definir como extractivismo.
Para este propósito, la contribución se apoya en una revisión de la literatura sobre el extractivismo en distintas partes del mundo, con énfasis en América Latina, y es el resultado de experiencias empíricas de investigación relacionadas con el agua durante los últimos quince años, de las cuales se derivan algunos ejemplos específicos mencionados a lo largo del argumento presentado.1 No obstante, no se revisa ningún estudio de caso a profundidad, sino que aborda brevemente de forma ilustrativa algunos ejemplos encontrados en escenarios de trabajo de campo en la región. Esta reflexión está directamente vinculada con la observación de dinámicas relacionadas con una serie de proyectos de investigación que han centrado sus objetivos en los recursos hídricos desde una perspectiva de análisis político en escenarios de cuencas transfronterizas entre el istmo centroamericano y en el sur de México: el principal hallazgo de los últimos años es el papel reciente y muy presente del extractivismo en sus diversas modalidades como un factor de conflictos, pero también como un elemento que favorece alianzas entre actores. Por ello, la propuesta de reflexionar sobre un fenómeno multiforme, pero también omnipresente, que fue revelado mediante la investigación de campo y tiende a reproducirse en distintas partes de la región.
El extractivismo: una realidad histórica en constante transformación
Extraer ciertos recursos locales para alimentar necesidades de poblaciones ubicadas en otros espacios cercanos o lejanos no es un fenómeno nuevo ni específico de la época contemporánea. Acosta (2013) evoca un proceso de larga duración que inició hace 500 años y que está encarnado en una historia colonial. Gran parte de los imperios coloniales establecieron en el pasado relaciones fundamentadas en la explotación de materias primas producidas o extraídas de sus colonias para las necesidades de las metrópolis: en América Latina, la fiebre del oro en los siglos XVI-XVIII y, posteriormente, las extracciones de maderas preciosas hasta las primeras décadas del siglo XX, en las selvas del sur de México, de Belice y del norte de Guatemala figuran entre los numerosos ejemplos de este tipo de relaciones basadas en intercambios desiguales y sustentadas en la extracción de recursos de ciertos espacios caracterizados por su riqueza o abundancia.
Para entender las distintas acepciones de la noción contemporánea de extractivismo, es necesario recordar su etimología, así como abordar un elemento clave de su definición: los actores involucrados en los procesos extractivistas a partir de una definición "clásica" y de sus múltiples transformaciones recientes.
El "extrativismo" histórico versus el extractivismo contemporáneo: una historia en las antípodas
El término extractivismo no figura aún en el 2017 el Diccionario de la lengua española. Se trata de una noción traducida literalmente del portugués extrativismo y se usa de forma amplia en gran parte de la literatura que estudia el fenómeno. Tampoco los diccionarios ingleses ni franceses más comunes registran el término. En portugués, el extrativismo refiere a una actividad de explotación del caucho por los seringueiros, trabajadores del hule, llamados así debido al uso de una herramienta parecida a una jeringa destinada a sangrar los árboles, principal técnica de recolección de la materia prima. Este extractivismo originario alimentó una lucha social y agraria en Brasil durante la década de los setenta más allá del carácter concreto de la actividad de recolección.
A partir de la explotación del caucho, el término extractivismo se extendió a un tipo de reservas llamadas extractivistas, que fue un modelo de conservación sustentable en las décadas setenta y ochenta. En consecuencia, los orígenes de la noción de extractivismo se encuentran alejados de su significado actual, aunque las referencias consultadas diferencian desde hace varias décadas una doble visión a partir del ejemplo brasileño, es decir, una concepción fundamentada en una vertiente dañina para los ecosistemas versus otra protectora.
El término de extractivismo [...] designa toda la actividad de cosecha de productos naturales que sean de origen mineral (explotaciones mineras), animal (pieles, aceites animales, carnes de caza) o vegetal (madera, látex, resinas, fibras, taninos etc). Según el producto explotado, el impacto del extractivismo puede ser depredador, si lleva a la desaparición progresiva de los recursos, o conservador si la colecta queda inferior o igual a la capacidad de regeneración de los recursos [Lescure y De Castro, 1990: 2].
El ejemplo brasileño antes aludido se inscribe en un proceso histórico de larga duración que remonta a la Colonia y consistió desde mediados del siglo XX en una apropiación por los trabajadores de las selvas mediante la "colecta de productos menores" (Lescure y De Castro, 1990) destinada a asegurar su autosuficiencia alimentaria. Cuando en los años setenta, los cursos internacionales del caucho bajaron, inició un proceso de emancipación de los seringueiros anteriormente enganchados en un sistema laboral semiesclavista con grandes propietarios. Frente a los desenfrenados procesos de deforestación que reemplazaron el tradicional cultivo de los heveas emprendidos por grandes propietarios en condiciones de legalidad a veces poco claras, los antiguos trabajadores del hule iniciaron un proceso de defensa de la tierra asociado con objetivos ambientales: Chico Méndez encarnó estas reivindicaciones y fue asesinado en 1988 debido a los intereses amenazados. Los seringueiros se asociaron en un sindicato y fueron apoyados por grupos ecologistas, así como por fundaciones internacionales en un movimiento que recibió importantes reconocimientos.
El llamado modelo de desarrollo "extractivista" de la Amazona en esa época, que nació en ese contexto, se opuso a los grandes paradigmas desarrollistas vigentes fundamentados en la destrucción de las selvas y en las construcciones de gigantescas obras (Pinton y Aubertin, 2000). El modelo propuesto por el Consejo Nacional de Seringueiros creado en 1985 culminó en la formación de las reservas extractivistas en 1990, sancionadas por una ley (Emperaire y Lescure, 1994). Propuso una explotación racional de las selvas acorde con las necesidades económicas básicas de los antiguos trabajadores del caucho, plasmada en un modelo llamado extractivista, que velaba también por la conservación de la selva amazónica a partir de la atención favorable de temas agrarios para los antiguos trabajadores.
En este modelo, los actores del extractivismo son las poblaciones "locales" que viven de la explotación de la selva, y están organizados en torno a un esquema de aprovechamiento forestal "sustentable" del ecosistema, promovido como una herramienta de conservación (Pinton y Aubertin, 2000: 243). En este sentido, en su propuesta de denominación originaria, el extractivismo brasileño se inscribe en una vertiente no solamente conservacionista, sino políticamente comprometida en una lucha agraria en la Amazonia. Se trata de una perspectiva muy distinta a la visión predominante en la actualidad. No obstante, destaca que el modelo de sustentabilidad de las reservas extractivistas de Brasil ha sido señalado como una solución aplicable a un número limitado de grupos y no generalizable como modelo de sustentabilidad para la selva amazónica en su conjunto (Emperaire y Lescure, 1994; Browder, 1992).
A diferencia de la perspectiva originaria, la noción actual de extractivismo se inscribe en una visión depredadora y de explotación no sustentable de los recursos, de "desposesión continua" (Cuadra, 2014: 148) o de "mal desarrollo" (Svampa, 2015: 71). La literatura académica utiliza frecuentemente la noción de extractivismo sin definirla con precisión. A veces, algunos autores deciden no usar el término, pues argumentan que es descriptivo y no explicativo (Rodríguez Wallenius, 2015). Otros no proponen una definición precisa ni discuten las diversas acepciones del concepto (Azamar y Ponce, 2014; Cuadra, 2014; Larrea, 2013; Turner, 1995; Salazar Ramírez, 2017).
En América Latina, Gudynas (2009, 2013) es el principal proponente de varias discusiones en torno al concepto, incluso ha propuesto nociones asociadas para entender y explicar el fenómeno.2 Este trabajo se nutre de sus propuestas, aunque difiere de la definición central de extractivismo que propone, en el sentido de que afirma la necesaria coincidencia de tres criterios: "un tipo de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, y que están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo" (Gudynas, 2013: 3).
Si seguimos a Gudynas, el extractivismo como proceso histórico remite a un primer criterio que se refiere a la extracción de recursos para la exportación, es decir, de la periferia a los Estados del centro -históricamente, metrópolis coloniales o, en la actualidad, países industrializados-. En América Latina, desde la colonización hasta la fecha ha presentado múltiples expresiones históricas de este fenómeno. Sin embargo, actualmente, cuando hablamos de extractivismo, referimos a un proceso complejo con diversas realidades: involucra distintos recursos extraídos, diferentes actores con alianzas específicas, y escalas diversificadas de las actividades desarrolladas.
La definición básica del extractivismo propuesta por Gudynas (2009) refiere, además, dos criterios adicionales: el proceso de extraer recursos con un procesamiento mínimo y que involucra grandes volúmenes o intensidades. Esta primera definición construida alrededor de la extracción para la exportación lleva a una serie de interrogaciones: ¿cuáles son los actores del proceso extractivista?, ¿qué tipo de recurso está incluido en el extractivismo?, ¿tiene necesariamente que ser exportado para ser considerado como extractivismo o solamente transferido a otra parte?, ¿las exportaciones de recursos extraídos hacia países no industrializados deben ser consideradas como extractivistas?
Por ejemplo, es indudable que una actividad de explotación minera realizada por una empresa canadiense en América Latina será considerada como extractivismo debido a los actores -empresa transnacional de un país industrializado- y al recurso -minerales- involucrados. Pero esta misma actividad realizada en México por una empresa minera mexicana, ¿es también extractivista? En el caso de la empresa costarricense Palma Tica, que se dedica al cultivo y a la explotación de palma de aceite en países del istmo centroamericano e incluso en la cuenca del río Usumacinta en el sur de México, ¿se trata de extractivismo en la medida en que el producto no es tradicional y la empresa no procede de un país industrializado? Estos ejemplos y estas interrogaciones evidencian que el abordaje de la definición de extractivismo constituye un primer paso para abrir el debate.
El extractivismo contemporáneo: actores y procesos
Si seguimos los ejemplos mencionados en los párrafos anteriores, los dos elementos que proponemos elucidar en primer lugar para entender el extractivismo desde una perspectiva sociopolítica son los actores y los procesos asociados a este fenómeno, con el entendimiento de que perseguimos una visión amplia de la definición. En este sentido, la primera parte de esta reflexión abordará a los actores del extractivismo contemporáneo.
La sección anterior evocó que el modelo originario de extractivismo en la Amazonia brasileña se fundamentó en actividades llevadas a cabo por trabajadores de la selva. El extractivismo contemporáneo se sustenta principalmente en acciones realizadas por actores externos y ajenos a las áreas intervenidas que se benefician de la actividad, aunque en algunos casos puedan recurrir a mano de obra local. Ello permite avanzar la idea de que el extractivismo se establece bajo condiciones de desigualdad, de subalternidad, de neocolonialismo o de subordinación, o bajo un esquema de "reciprocidad negativa" (Garibay y Balzaretti, 2009) en el cual los actores que llevan a cabo la actividad obtienen los mayores beneficios en detrimento de las poblaciones que viven en los territorios de extracción e incluso de los Estados que perciben impuestos derivados de las actividades extractivistas.
El caso de la minería a cielo abierto en Centroamérica es muy claro al respecto, en la medida en que los Estados reciben entre 1% y 4% de las rentas de las empresas -según las negociaciones a escala nacional donde los menos poderosos en el escenario internacional perciben menos-, pero las poblaciones locales sufren las mayores consecuencias en materia de contaminación, deforestación e incluso de criminalización de la protesta social. A escala local, el suceso del asesinato de Mariano Abarca en 2009, campesino que encabezó un movimiento de resistencia a una minera en su localidad en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, es muy ilustrativo de esta situación. La literatura que presenta estudios de casos en distintos lugares de México evidencia distintos procesos que afectan a los residentes de las áreas abiertas recientemente al extractivismo (Panico y Garibay, 2011).
En este esquema de intercambio desigual que caracteriza el extractivismo actual, existe un modelo clásico o convencional (Gudynas, 2009) encabezado por empresas (Gudynas, 2013) generalmente extranjeras, aunque no necesariamente de países industrializados, según las observaciones de trabajo de campo. Este caso clásico existe en México, Colombia y en la mayoría de los países de Centroamérica. Las empresas realizan diversas actividades de extracción de recursos naturales al amparo de permisos de los Estados para su transferencia a otra parte, sea país, región o ciudad. Chile aparece también como un ejemplo destacado de este modelo tradicional (Burchardt y Dietz, 2014).
Más recientemente, ha aparecido un nuevo modelo llamado neoextractivismo que Gudynas (2009: 193) califica de "neo-extractivismo progresista". La novedad de este esquema es el mayor control estatal y la captación de excedentes por los Estados donde se realizan las actividades de extracción bajo la justificación de que éstas forman parte de procesos de desarrollo, progreso y crecimiento que tienen efectos positivos para los habitantes locales. En este contexto, el extractivismo genera rentas teóricamente más elevadas que en el esquema tradicional encabezado por empresas transnacionales y sobre todo éstas son utilizadas por el Estado para políticas de redistribución, como programas sociales o de financiamiento a grupos en situaciones de pobreza, servicios públicos e infraestructuras. Es el caso de los recientes gobiernos llamados "progresistas", es decir, con ideologías de izquierda como Bolivia, Ecuador y Venezuela (Gudynas, 2013: 8). Este modelo apunta a un esquema de Estado "compensador" que legitima su actuación mediante la redistribución de las riquezas derivadas del extractivismo para luchar contra la pobreza y actúa con mecanismos de apoyo al sector extractivista en un contexto de "democratización", es decir, de poderes establecidos mediante elecciones libres, que lo diferencia del "Estado rentista tradicional" (Gudynas, 2012: 139).
En contraste con el extractivismo histórico de Brasil centrado en actores locales, los actores del extractivismo contemporáneo incluyen a la vez empresas y Estados: las primeras actúan bajo los cobijos legales de los Estados que otorgan permisos, o en contubernio con élites políticas y locales vinculadas con los Estados o en procesos de negociación muy formales en el marco del neoextractivismo. La actividad se beneficia de distintos apoyos como la construcción de infraestructuras, los subsidios e, incluso, la creación de empresas estatales vinculadas (Gudynas, 2012). Las relaciones empresas-Estados dependen del modelo establecido: extractivismo tradicional o neoextractivismo progresista. De éstas se derivan alianzas específicas entre los actores involucrados.
El segundo elemento propuesto en esta sección se refiere a los procesos involucrados en el extractivismo. Los procesos extractivistas incluyen muchos aspectos que podemos mencionar para entender el fenómeno: las cantidades e intensidades de las actividades, la extensión de sus localizaciones y la existencia de actividades paralelas.
En su propuesta de definición basada en los tres criterios antes mencionados, Gudynas (2013) propone incluir principalmente en el extractivismo los grandes emprendimientos y desarrolla una tipología que articula dos dimensiones: el destino comercial (local, nacional internacional) combinado con el volumen o la intensidad de la extracción divididos en bajo, medio y alto. En esta combinación, el extractivismo corresponde únicamente al cruce entre una alta intensidad o un elevado volumen de extracción con un destino hacia la exportación. Nuestra visión sugiere ampliar esta perspectiva por dos motivos. En primer lugar, las nociones de volumen o cantidad extraídos suelen ser poco claras y sus medidas de referencia tampoco se establecen: lo que puede ser un volumen alto en algún lugar probablemente sea bajo en un contexto muy diferente. Más que las cantidades y extensiones de los sitios de extracción, los impactos de tal actividad parecen más ser pertinentes como elemento de definición.
En segundo lugar, para cada caso de combinación de criterios, Gudynas (2013) ofrece ejemplos ilustrativos, en los cuales solamente la extracción de minerales, el petróleo y los monocultivos de exportación parecen cumplir con la noción de extractivismo porque combinan la intensidad con la exportación. En este caso, el agua para riego o para el consumo doméstico destinada a cumplir necesidades locales o la extracción de materiales pétreos dirigida al mercado nacional no son actividades extractivistas, aunque sus impactos puedan ser muy negativos en las escalas locales. De igual manera, la producción de flores de invernadero para el mercado internacional está ubicada por Gudynas (2013) como una actividad no extractivista debido a que es ejercida con una intensidad media; sin embargo, existen regiones con altas tasas de deforestación, elevado uso del agua y contaminación de suelos que pueden tener efectos locales muy depredadores en ciertas condiciones de producción.
Asimismo, en algunos casos, los impactos locales de ciertas actividades pueden ser tales que el destino comercial no parece un criterio totalmente adecuado para clasificar el daño producido. Como veremos más adelante, hoy en día, parte de la literatura producida con base en estudios de caso clasifica algunas de estas actividades como extractivistas, a diferencia de la propuesta de Gudynas (2013), porque incluyen los impactos en las escalas locales, es decir, identifican el carácter conflictivo, disputado o impugnado del fenómeno como central para su definición. Las observaciones del trabajo de campo evidencian que para las poblaciones locales tales procesos producen efectos sociopolíticos al igual que el extractivismo de productos "tradicionales".
Adicionalmente, al proponer como elemento clave para identificar el extractivismo el vínculo con los mercados internacionales, Gudynas (2013) enuncia que su caracterización pasa necesariamente por la exportación de los recursos extraídos. La presente perspectiva difiere de esta definición estricta y conserva únicamente la noción de desplazamiento de los recursos hacia otra parte, sin detenerse en el destino, tampoco en las categorías vagas de volumen e intensidad, sino más precisamente en el impacto producido por la actividad.
Sin embargo, a pesar de su carácter acotado, la propuesta de Gudynas (2013) aporta muchos elementos adicionales para construir una definición más amplia de extractivismo: 1) la articulación entre realidades locales y dimensiones globales; 2) la existencia de reacciones negativas y procesos de movilizaciones en contra del extractivismo; 3) la combinación de impactos ambientales, sociales, económicos; 4) el uso de la violencia y las prácticas violatorias de derechos. En este último aspecto, Gudynas (2013) propone la noción de extrahección para evocar la modalidad más intensa de explotación que se manifiesta violentamente o bajo modalidades violatorias de derechos. El asesinato de líderes que han encabezado movilizaciones en contra de obras y de procesos extractivistas forma parte de ello, así como la criminalización de estos movimientos; por ejemplo, Honduras registró el número más alto de asesinatos de defensores ambientales en los últimos diez años, un total de 124 personas (Global Witness, 2017). De igual forma, la violencia se traduce en la imposición de las actividades extractivistas en los escenarios locales por la fuerza, sin consulta previa o con engaños.
Todos estos componentes nos orientan a sugerir como elemento central en la definición del extractivismo contemporáneo a los procesos de oposición, resistencia, movilización y organización social en contra de las actividades emprendidas. De tal forma que se propone considerar el extractivismo como la extracción de recursos naturales destinados a su comercialización para el beneficio predominante de actores externos a los espacios intervenidos que produce impactos ambientales, sociales y económicos, propicia reacciones opositoras y desencadena situaciones conflictivas que acarrean violencia. Se trata de una definición que aboga por el reconocimiento de distintos fenómenos que corren el riesgo de ser excluidos en el análisis si nos restringimos a las propuestas antes mencionadas y que se derivada directamente de la observación de los procesos en campo y de sus consecuencias sociopolíticas -además de ambientales y culturales-.
Esta propuesta nos permite incluir como actividades extractivistas el ejemplo de la localidad de Grecia, en el municipio de Chicomuselo en Chiapas, México, donde la empresa minera canadiense Blackfire explotó la barita para el sector petrolero mexicano y que llevó a un movimiento de resistencia encabezado por el líder local, Mariano Abarca. Este suceso cumple con los elementos de definición amplia propuesta, pero no necesariamente con la de Gudynas en tanto que la extracción está destinada a la industria petrolera mexicana para uso en las plataformas petroleras mexicanas, que podría no cumplir con el triple criterio de extractivismo en la medida en que abastece parcialmente el mercado nacional. Por ello, con la ampliación del concepto resulta más sugerente la idea de mirar estos procesos en su dimensión más amplia de vínculos local-global que únicamente bajo el criterio de la comercialización para la exportación.
Además, la propuesta presentada líneas arriba ubica al extractivismo como un fenómeno sociopolítico contemporáneo, es decir, un proceso disputado que refleja y pone en juego relaciones de poder en distintas escalas, las cuales producen diversos efectos en las escalas locales. Más allá de las actividades específicas de extracción, el extractivismo incluye una complejidad amplia de actividades asociadas. Así, existen distintos procesos vinculados con la extracción, por ejemplo, la construcción de infraestructuras, principalmente carreteras o, incluso, la producción de hidroelectricidad (es decir, la construcción de embalses, de presas o el establecimiento de líneas eléctricas) asociadas con las diversas actividades. Éstos son elementos indirectos que coadyuvan al fenómeno extractivista, a su vez contribuyen al surgimiento de conflictos y alientan formas de resistencia.
Cabe subrayar que hasta el momento la discusión que abrimos en torno a la noción de extractivismo se relaciona esencialmente con el trabajo de Gudynas en tanto que aborda realidades muy específicas de la región sudamericana y propone componentes muy detallados. Sin embargo, es importante mencionar que existen otras propuestas teóricas para el análisis del fenómeno y que la noción de "desposesión por acumulación" de Harvey (2004) se ha convertido en un ícono internacional cuando se aborda la temática. Esta discusión rebasa el interés de este artículo en la medida en que va más allá de la pretensión de revisitar el extractivismo a partir de elementos empíricos de la región y no discurre acerca de consideraciones más abstractas de teoría política.
Sin embargo, vale la pena subrayar que en el año 2015 surgió una polémica entre Gudynas y los seguidores de Harvey a raíz de la publicación del primero de una serie de consideraciones críticas al uso del concepto propuesto por Harvey, por parte de los gobiernos sudamericanos con la intención de legitimar sus acciones en el contexto de la ola neoextractivista (Gudynas, 2015). En este contexto, Gudynas denunciaba a la vez el contenido colonialista del concepto, su abstracción y el poco compromiso de una visión teórica externa con las realidades locales. En respuesta a ello, un grupo de seguidores de Harvey en Ecuador y otros países argumentaba la falta de comprensión del marxismo por parte de Gudynas, el mal conocimiento de la propuesta de Harvey y el carácter capitalista de su propuesta fundamentada en la economía clásica (Martínez et al., 2015).
A este respecto, opinamos que se trata de un debate que para el caso actual de redefinición del extractivismo en sus distintos componentes no resulta relevante. Esta discusión se fundamenta en opiniones ideológicas contrastantes y en la construcción de legitimidades principalmente políticas en tanto ambos protagonistas utilizan términos estigmatizantes contra el otro.
Una actividad multiforme: impactos y recursos del extractivismo
Esta segunda parte aborda los dos criterios adicionales propuestos -de un total de cuatro- que propusimos explorar para entender el extractivismo: los impactos ubicados en el centro de la definición propuesta previamente y los recursos considerados como susceptibles de ser el blanco de extractivismo. Ahora, en particular, se desarrolla el caso del extractivismo en torno al agua que ha sido poco estudiado y que apareció recientemente en la literatura.
Extensión y procesos de expansión de las actividades extractivistas contemporáneas
Tradicionalmente, el extractivismo es asociado con un tipo limitado de actividades: la minería aparece como el principal sector (Gudynas, 2013), acompañado por el petróleo. Los monocultivos de agroexportación son comúnmente mencionados entre las actividades extractivistas recientes que responden al extractivismo actual (Gudynas, 2013). Gudynas (2013) afirma que cualquier actividad que consiste en extraer algún recurso natural podría ser considerada como extractivista, de allí la necesidad de precisar el concepto en los términos antes evocados.
Muchas otras actividades antiguas y actuales pueden ser consideradas como extractivistas: la explotación de gas, los monocultivos forestales (Vélez-Torres et al., 2013), y para biocombustibles, el turismo de enclave (de playa y de naturaleza); los procesos de producción de energía que incluyen la construcción de presas, las minihidroeléctricas, los parques eólicos; la extracción no controlada de fauna mediante la pesca y la pesquería, así como la cacería; los megaproyectos; incluso la expansión urbana (Rodríguez Wallenius, 2015), la biotecnología, la narcoganadería y las construcción de ciudades rurales (Rodríguez Wallenius, 2015). El abanico de actividades posiblemente extractivistas es extenso en la actualidad, y la propuesta del presente trabajo es considerar su realidad siempre y cuando responda a la definición amplia presentada.
En consecuencia, además de la perspectiva sociopolítica anteriormente evocada, la ampliación del concepto de extractivismo se fundamenta en su extensión a actividades que tienen efectos sobre los recursos naturales, más allá de los tradicionales asociados al subsuelo; incluye, entonces, los minerales, el petróleo, el agua en sus diferentes dimensiones, así como el viento, la fauna, la flora, la vegetación y la tierra.
En América Latina, tres dinámicas distintas atestiguan un creciente extractivismo que permite distinguir tres grupos de países tal como lo presentan Burchardt y Dietz (2014). Esta distinción es pertinente porque evidencia que el extractivismo se ha diversificado en nuevos recursos y procesos, y presenta fenómenos paralelos y adicionales a los tradicionales. El primer grupo incluye los países andinos caracterizados por un extractivismo tradicional de países rentistas asociados a un recurso específico: Ecuador y Venezuela con el petróleo, Perú y Chile en minería, y Bolivia que exporta gas. Cabe subrayar que en este grupo se ubican los principales exponentes actuales del neoextractivismo -Ecuador, Venezuela y Bolivia-. El segundo grupo integra países tradicionalmente poco orientados al extractivismo, pero que en la actualidad observan actividades crecientes en ciertos sectores: destacan Argentina en la agricultura de exportación y en el crecimiento del sector minero, y Brasil con el petróleo. Finalmente, el tercer grupo abarca a Centroamérica y México, considerados como ejemplos de una dinámica distinta con menores extracciones pero con procesos crecientes (Burchardt y Dietz, 2014). Sin embargo, el trabajo de campo en escalas locales en México y Centroamérica indica el surgimiento de muchas problemáticas ambientales relacionadas con diversas actividades, tales como la minería a cielo abierto, la agricultura de exportación, entre otros la palma de aceite y la piña, así como la construcción de hidroeléctricas, sean grandes presas o pequeñas estructuras.
Si retomamos la definición de extractivismo propuesta líneas arriba, debemos dejar claro que ésta no remite a un producto específico en sí, sino a un proceso sociopolítico evidenciado por el carácter conflictivo o disputado de ciertas actividades consideradas como tales a partir de sus impactos locales.
En la actualidad, la expansión del fenómeno mediante el aumento de las actividades y su creciente extensión repercute en una tendencia a la multiplicación de conflictos socioambientales en todo el continente. Por ejemplo, el mapa de conflictos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) de 2017 indica un total de 219 conflictos acumulados correspondientes a 229 proyectos y 334 localidades (Bottaro et al., 2017). Cuatro países sobresalen en número de conflictos acumulados: Perú con 39, Chile y México con 37 y Argentina con 27. Si comparamos esta información con la literatura revisada, encontramos aspectos coincidentes y divergentes. En primer lugar, estos datos contrastan con la visión mencionada de México como país poco extractivista expuesta por Burchardt y Dietz (2014), cuando representa actualmente uno de los más elevados en conflictos mineros de la región. En segundo lugar, sobresalen dos de los países mineros extractivistas y rentistas tradicionales, Chile y Perú. Finalmente, destaca Argentina, que ha orientado recientemente su producción hacia la minería. Por otro lado, es notable que entre los países con mayor número de conflictos no figuren los neoextractivistas progresistas, probablemente porque el discurso desarrollista asociado a la minería que sus gobiernos han promovido ha funcionado.
Los conflictos socioambientales vinculados con las actividades extractivistas que propician impactos locales abundan en el momento actual en América Latina (Svampa, 2012: 68), y el fenómeno se puede entender como el resultado de "contradicciones sociales, ecológicas, espaciales, económicas" (Burchardt y Dietz, 2014: 471). Las resistencias aumentan incluso en Bolivia (Gudynas, 2014; Webber, 2015), Ecuador (Acosta, 2011), pero también en Perú (Hinojosa y Budds, 2013). Argentina aparece, además, con casos presentados en la literatura reciente sobre minería (Gambina et al., 2010; Galafassi, 2010; Walter, 2010).
La combinación de efectos ambientales, sociales y económicos del extractivismo concurre a provocar un fenómeno sociopolítico complejo. En este sentido, la extensión del concepto a otras actividades puede justificarse debido a los impactos ambientales y sociales asociados, los cuales, en la actualidad, conllevan a dos fenómenos con alta visibilidad: el uso de la violencia y las violaciones de distintos derechos. Estos dos componentes sustentan la noción de extrahección (Gudynas, 2013), que hace referencia a un proceso de arranque violento de los recursos naturales con efectos negativos para los seres humanos y para los ecosistemas. El extractivismo alude a impactos negativos (Gudynas, 2013) en distintos ámbitos y es bajo esta característica que nos parece más conveniente identificarlo.
En términos económicos, el extractivismo es una actividad que genera un plus valor que se capitaliza en un espacio físico y/o social distinto de aquel en donde se ha producido dicho capital; simultáneamente, el espacio de producción del plus valor suele concentrar lo que se conoce como externalidades negativas del sistema económico, lo cual afecta de forma dramática a las sociedades locales y sus territorios. Por lo general, esta explotación recae sobre materias primas con ningún o un precario procesamiento; en el caso analizado en este artículo, dicha explotación es sobre bienes minerales, en particular oro, gravas y arena [Vélez-Torres et al., 2013: 161].
Desde el punto de vista económico, tal como lo propone la definición anterior, el extractivismo puede ser visto como una externalidad negativa que, por lo tanto, impacta en los escenarios locales donde se realizan las actividades. Como fenómeno político, el extractivismo posee una realidad compleja que articula diferentes escalas y tipos de relaciones.
En primer lugar, devela redes, alianzas, procesos e interacciones que articulan un panorama muy amplio de actores internacionales y nacionales con intereses y acciones que tejen vínculos entre lo local -donde se producen las extracciones- y lo global -donde se definen las necesidades del destino de los recursos-. Por ejemplo, la expansión actual del extractivismo minero del oro se relaciona con el mercado internacional del metal definido por los cursos internacionales que registra una creciente escasez, define precios muy elevados y, por lo tanto, requiere de nuevos yacimientos. Si bien estas alianzas y redes favorecen en primer lugar la expansión de los procesos extractivistas como tales, se reproducen también al interior de los grupos organizados y movilizados en contra del extractivismo a través de una serie de fenómenos que también evidencian la existencia de interacciones entre lo local y lo global en los procesos de resistencia.
En segundo lugar, el extractivismo pone en juego procesos históricos revividos, reinventados y actualizados en sus relaciones con los territorios donde surgen los conflictos; Burchardt y Dietz (2014) evocan cómo el fenómeno actúa con funciones de reestructuración de procesos de dominación política en los espacios intervenidos a través de los mecanismos de exclusión y de las transformaciones que produce en las relaciones sociales. Así el extractivismo crea "territorios de extracción" (Burchardt y Dietz, 2014) que dividen, oponen y ponen en juego relaciones de poder especializadas.
En tercer lugar, el extractivismo es un fenómeno político que se caracteriza por el desarrollo de mecanismos recientes de políticas públicas que han favorecido últimamente su expansión, mediante ajustes en el marco legal, facilidades fiscales y de inversión, así como a través de alianzas entre burócratas y empresas, además de prácticas de corrupción como el caso de la empresa Odebrecht lo ha evidenciado en muchos países de América Latina, con excepción de los tres siguientes: Chile, Uruguay y Costa Rica (Kurtenbach y Nolte, 2017).
Finalmente, la última dimensión de este fenómeno remite al uso de la violencia a la vez legítima por parte de los Estados y totalmente ilegítima bajo la modalidad de la represión, que lleva en algunos casos a la eliminación física de los inconformes y se convierte en violaciones al derecho a la vida por partes de los actores vinculados con las actividades extractivistas. Global Witness (2017) reporta 200 asesinatos de ambientalistas en el año 2016 y 98 para los cinco primeros meses de 2017 que corresponden a 24 países en 2016 -versus 16 en el 2015- de los cuales siete son latinoamericanos. A escala internacional, Brasil encabeza el total más elevado de asesinatos en 2016 mientras que Honduras presenta el promedio por cápita más importante en los últimos diez años. Colombia se caracteriza por un aumento de 40% de víctimas en 2016 con 37 asesinatos, entre los cuales 22 están vinculados con grupos paramilitares. Estos datos confirman que el extractivismo es un fenómeno disputado y conflictivo que afecta profundamente la convivencia social de varios países de América Latina.
El extractivismo vinculado al agua: una propuesta para su inclusión
Partiendo de la noción de extractivismo referida a un fenómeno sociopolítico cuyas contradicciones sociales, ecológicas, espaciales y económicas (Burchardt y Dietz, 2014) producen conflictos, protestas, divisiones y violencia, esta última sección se interroga acerca de las dimensiones del extractivismo asociadas a los recursos hídricos, las cuales no suelen mencionarse en los casos encontrados. Sin embargo, recientemente, la bibliografía que aborda el tema en América Latina ha desarrollado la perspectiva del extractivismo vinculado al agua, principalmente en el sur del continente (Yacoub et al., 2015; Urteaga, 2011; Arroyo y Boelens, 2013).
Por extractivismo hídrico y siguiendo la definición de extractivismo propuesta, entendemos la extracción de recursos naturales destinados a su comercialización para el beneficio predominante de actores externos a los espacios intervenidos que produce impactos ambientales, sociales y económicos en los recursos hídricos y propicia reacciones opositoras además de desencadenar situaciones conflictivas que acarrean violencia. Para entender el extractivismo vinculado con el agua, proponemos un acercamiento en cinco aspectos referidos a cinco tipos de relaciones donde el extractivismo tiene impactos en los recursos hídricos.
La primera refiere al extractivismo vinculado con el agua como recurso, en su disponibilidad y en sus diferentes usos. Enfrentar la escasez (o la abundancia) de agua ha requerido en el pasado y en el presente la intervención de espacios mediante la construcción de obras: presas, acueductos y transferencias, pero también bordos de protección, canales o acueductos. Todas estas intervenciones suponen la participación de la hidráulica, la gran ingeniería y la puesta a disposición de los usos del espacio para la construcción de obras. Éstas suelen desplazar poblaciones o espacios de cultivo y transformar las dinámicas cotidianas de los pobladores. En la actualidad, muchas obras hidráulicas tienden a abastecer a los grandes centros urbanos en detrimento de la disponibilidad de los recursos en los espacios locales. Este extractivismo relacionado con obras hidráulicas está directamente derivado de los usos del recurso y del fenómeno de aumento de la demanda versus la disminución de la oferta de agua para los usos humanos, pero también con la presencia de una variabilidad climática cada vez más marcada que provoca necesidades de abastecimiento más apremiantes.
La segunda modalidad de extractivismo vinculado con el agua refiere a su uso en los procesos extractivistas como la producción de hidroenergía, la cual consiste en extraer electricidad de un territorio para abastecer a los centros urbanos e industriales. En el sur de México, a raíz de la cancelación de dos proyectos de dos represas en la década de los años ochenta, la primera en la cuenca del río Grijalva y la segunda en el río Usumacinta precisamente en una ubicación transfronteriza entre México y Guatemala, los grandes proyectos de presa en esta región se han frenado, pero han surgido nuevos fenómenos como la construcción de minihidroeléctricas en localidades rurales. En todos los casos, la extracción de hidroenergía no está destinada a abastecer las necesidades locales, sino a los centros urbanos. Particularmente, Guatemala ha sido en los últimos años un escenario caracterizado por la multiplicación de este tipo de infraestructuras, las cuales, si bien no producen los impactos que representan las grandes presas, presentan efectos locales muy negativos para las poblaciones y desencadenan profundos conflictos.
Por ejemplo, la hidroeléctrica de Ixquisis en el norte de Guatemala, ubicada en la proximidad de la frontera con México, ha divido las localidades de la región que están en las márgenes del río fronterizo y transfronterizo conocido como Santo Domingo en México. Incluso el inicio de las labores de la obra ha provocado hechos de violencia intracomunitaria e incomodidad en la población mexicana que saldrá indirectamente afectada también por la construcción debido a su ubicación cuenca abajo. Otro ejemplo de las consecuencias negativas del extractivismo hídrico es el asesinato de la dirigente Berta Cáceres del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH) en 2015, quien luchaba por impedir la construcción de una hidroeléctrica en su país. La mayor paradoja de las presas y de las otras generadoras de hidroelectricidad es que en muchos casos extraen electricidad de espacios locales donde la población no tiene acceso al servicio de luz.
En todos los países, los sistemas de producción de hidroelectricidad son separados de la distribución, por lo cual la hidroenergía es un ejemplo de extractivismo que devela relaciones desiguales de poder con participación de los Estados, pero también de empresas en diversas fases del proceso (Duarte et al., 2015). Las afectaciones por hidroeléctricas van desde la administración de las aguas de los ríos por empresas, como en Ecuador (Isch López, 2015b); en detrimento de las poblaciones locales, la cancelación de medios de vida como la pesca (Laats, 2015) en Bolivia; la afectación a los caudales como en Perú (Castillo et al., 2015); además de diversos impactos locales como en el caso de la represa Hidroituango en el río Cauca, Colombia (Soler y Roa Avendaño, 2015). La militarización y la criminalización de la protesta social (Isch López, 2015a) evidencian otras contradicciones de este extractivismo hídrico.
En tercer lugar, encontramos una relación entre extractivismo y agua, que toma la forma de impactos producidos por actividades extractivistas tradicionales que inciden en el agua en cantidad y calidad: destaca la contaminación del agua por la minería, la explotación de gas, de petróleo y más recientemente por los monocultivos. En todos los casos, la cuestión de la contaminación del agua por estas actividades está muy presente, pero de igual forma, el sobreuso del recurso es igualmente importante. Con respecto a la minería, el trabajo de campo en Centroamérica ha permitido reportar diversas situaciones principalmente en Guatemala, en particular en escenarios transfronterizos: la mina Marlín contamina el río Cuilco que fluye hacia México y donde se registró un derrame en diciembre de 2009 constituye un ejemplo.
Otro caso es la mina de Cerro Blanco ubicada en la parte guatemalteca del río Lempa -cuenca trinacional con El Salvador y Honduras-, que fue cerrada en 2013 e implicaba una importante contaminación de la parte salvadoreña. Todavía en Guatemala en el año 2015, un derrame de productos químicos producido por una planta de palma en el río La Pasión afectó las actividades de numerosas localidades y desencadenó una fuerte movilización social que tuvo efectos violentos con el asesinato de un dirigente. Cabe subrayar que, en todos los casos expuestos, observamos un potencial de contaminación de las aguas que es transfronterizo, ya que las aguas fluyen hacia otros países y cuyos efectos del extractivismo, por lo tanto, no solamente son vividos local sino internacionalmente. Otros impactos negativos del extractivismo han sido evidenciados en el agua como resultado de desechos tóxicos en Bolivia (Perreault, 2013), y han provocado la división de una localidad en Perú (Coronel, 2013), donde los efectos de la actividad hidrocarburífera en la contaminación de ríos ha sido señalada (Huertas Castillo, 2011).
Los monocultivos y cultivos para la agroexportación ocupan un espacio predilecto entre la literatura regional acerca del extractivismo vinculado con el agua: representan el cuarto tipo de relaciones reportado en la bibliografía reciente y observado en trabajo de campo. El análisis se centra en el uso, el sobreuso y la concentración del agua en el riego agrícola motivados por el abastecimiento de los cultivos: ciertos analistas hablan de un medio de "acumulación capitalista" (Gaybor Secaira, 2013) que maximiza las ganancias de las empresas y produce numerosos conflic tos. Los ejemplos abundan en las fuentes sudamericanas. En Perú, se señala un sistema de riego destinado a las empresas (Del Castillo, 2013). El cultivo de la caña y la apropiación de los recursos hídricos constatado en el Valle del Cauca en 2015 en Colombia ha sido reportado (Pérez y Álvarez, 2013) y opera en particular en detrimento de las poblaciones indígenas y afrodescendientes al afectar sus patrones tradicionales de cultivo. Al sobreuso de agua por la caña se suman el excesivo uso de agroquímicos y pesticidas en este cultivo. Este ejemplo evidencia cómo distintos tipos de relaciones entre extractivismo y agua pueden combinarse. La palma de aceite en Colombia provoca también conflictos entre agricultores tradicionales y palmeros en un contexto de crecimiento del modelo agroindustrial. En este estudio de caso, el control del territorio está claramente vinculado al control del agua (Pérez, 2013).
Finalmente, esta modalidad de relación permite también visualizar el impacto de cultivos más tradicionales cuando se refiere a su intensidad. La concentración del agua en torno a la producción de vino en Bolivia impacta en los derechos de agua y de propiedad (Gutiérrez y Saldías, 2013). Por su parte, la floricultura favorece la concentración de tierra y agua, exacerba la oposición entre floricultores y actores con poder contra los sistemas campesinos tradicionales en Ecuador (Zapatta y Mena Vásconez, 2013). Cabe señalar que en su tipología, Gudynas (2013) ubica la floricultura entre las actividades no extractivistas.
Más allá de los recursos hídricos, todos los efectos del extractivismo impactan directa o indirectamente en las poblaciones que utilizan el agua: el acceso al agua para diversas actividades es afectado por el sobreuso, la falta de disponibilidad y la mal repartición provocan conflictos, la salud es amenazada por la contaminación. Todo ello repercute en los ingresos de las poblaciones cuando la realización de actividades tradicionales de sustento está amenazada o cuando el modelo campesino cede espacio al agroindustrial.
Por último, el sexto tipo de relaciones entre agua y extractivismo ocurre cuando el agua es el medio o recurso de donde se extrae algún otro recurso: la fauna acuática, la pesca, el petróleo, la minería. En esta modalidad se encuentran, a la vez, las aguas continentales y oceánicas.
Los casos de interacciones entre agua y extractivismo develan diversas asimetrías: el acceso a la información, la representatividad, la participación en los espacios de toma de decisión (Hinojosa y Budds, 2013) condicionan en particular las relaciones de poder entre actores. De forma general, como Boelens y Arroyo (2013) lo establecen: "el agua fluye en dirección del poder". Ello significa que el extractivismo, independientemente de la modalidad adoptada -tradicional rentista o neoextractivismo- produce impactos en los recursos hídricos que se derivan de las relaciones desiguales de poder entre potentes alianzas empresario-estatales y poblaciones locales que residen en los espacios intervenidos. Ello genera contrapoderes organizados en alianzas y resistencias que desembocan en oposiciones, disputas y conflictos, lo cual ubica lo político concebido como conflicto y regulación social en el corazón de las definiciones de extractivismo y de extractivismo hídrico propuestas en este trabajo.
Conclusiones
Este artículo propuso un acercamiento al extractivismo contemporáneo definido como un fenómeno sociopolítico a partir de una revisión de cuatro factores: los actores y los procesos involucrados, los recursos considerados -incluido el agua- y las respuestas locales que se encuentran en el corazón de la definición de este proceso. Presentó una definición del extractivismo desde lo político y amplió el fenómeno al agua a partir de una definición del extractivismo hídrico, fenómeno generalmente poco aceptado por los estudios especializados. La apertura de la definición de extractivismo permite incluir fenómenos recientes vinculados a actividades no tradicionales cuyos efectos actuales son compartidos con actividades tradicionales en sus dimensiones ambientales y espaciales, pero sobre todo en sus componentes sociopolíticos.
En tanto fenómeno sociopolítico actual, el extractivismo presenta una profunda complejidad que se recrudece en los casos transfronterizos mencionados en este trabajo. La relación entre los espacios locales y las dimensiones globales, económicas y políticas se encuentran en el corazón de la expansión del extractivismo en América Latina: contribuyen a este rápido crecimiento la historia, las características de los regímenes políticos y una visión de estos países como espacios inagotables de recursos enraizada en sus élites y en los actores externos. A través de alianzas y redes de actores que articulan lo local con lo global, el extractivismo ocupa espacios en expansión y combina modelos desde el más tradicional hasta el más "progresista" con el neoextractivismo. En el caso de los recursos hídricos, las interacciones son múltiples, al presentarse de forma directa o indirecta y al propiciar efectos muy distintos a pesar del carácter reciente de la toma en consideración del fenómeno por la literatura que detalla numerosas injusticias hídricas.
Análisis recientes plantean la noción de posextractivismo (Azeñas Alcoba, 2012) en una acepción "sensata", "indispensable", susceptible de provocar menos impactos para las poblaciones en materia ambiental, social, política y económica. Cabe recordar que no todas las actividades de extracción son extractivistas en un sentido perturbador de los ecosistemas. Las actividades extractivistas del extrativismo brasileño no pueden ser consideradas como extractivistas desde la perspectiva depredadora que constituye un primer elemento de definición del extractivismo contemporáneo. En el mismo sentido, Azamar y Ponce (2014) remiten a los tres tipos de extractivismo propuestos por Gudynas: depredador, sensato e indispensable. Estas discusiones recientes acuñan la noción de posextractivismo y vislumbran la posibilidad de un extractivismo menos depredador. Sin embargo, en el momento actual, las resistencias derivadas de las relaciones desiguales de poder, el surgimiento de conflictos y las violencias asociadas al extractivismo en sus múltiples dimensiones constituyen el principal elemento de definición de un fenómeno sociopolítico contemporáneo real, visible y profundamente perturbador.
