México enfrentó el surgimiento de la pandemia de Influenza A subtipo H1N1 en 2009 que puso a prueba al sistema de salud mexicano, al marco jurídico y los mecanismos administrativos, no sólo a nivel nacional sino de la región de América del Norte y a la gobernanza de salud global. Desde entonces se han declarado tres Emergencias de Salud Pública de Interés Internacional (ESPII) y la actual pandemia del COVID-19 por la Organización Mundial dela Salud(OMS)¹.

Este tipo de respuestas ante ESPII son complejas y requieren de una coordinación entre los diferentes sectores de la sociedad (sociedad civil, iniciativa privada y gobierno), en todos los niveles (comunidad, local, nacional e internacional) y suelen enmarcarse en una colaboración multidisciplinaria que contempla ocho componentes y capacidades fundamentales de reacción ante una pandemia para cada país: la coordinación y comunicación entre los Estados y los organismos multinacionales, los recursos humanos y de diagnóstico, el contexto legislativo, político y financiero de una nación, la vigilancia epidemiológica, la preparación, la respuesta y la comunicación del riesgo².

Ningún país está preparado para afrontar una pandemia como ésta, la mayoría de los gobiernos afectados han respondido a su deber constitucional de proteger la salud de sus ciudadanos de acuerdo con sus capacidades y tomando en cuenta las directrices que la OMS ha dictado de manera transparente y a tiempo (a diferencia de otras experiencias previas como la Influenza A (H1N1) 2009 y el Ébola 2014 respectivamente); sin embargo, se siguen observando en varios países medidas desproporcionadas de tipo restrictivo que violan derechos humanos y que en ocasiones no cuentan con un fundamento científico que garantice su validez jurídica, algunas resultado del entorno político, producto de desacuerdos entre los diferentes niveles de gobierno³.

Balance, es un término fundamental para afrontar la pandemia. Un balance que deberá tomar como prioridad la protección de la salud, respetando en lo posible el marco de los derechos humanos y preservando en todo momento los nueve servicios esenciales para la sociedad (salud, defensa, legal, financiero, transporte, telecomunicaciones, energía, comida y agua)⁴.

De acuerdo con los componentes y capacidades fundamentales de reacción ante una pandemia, nuestro país cuenta con mecanismos de coordinación y comunicación que fortalecen la toma de decisiones de manera balanceada ante un escenario de emergencia sanitaria, como lo son el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud; sin embargo, continúa con deficiencias sanitarias como la falta de infraestructura tecnológica en el área de diagnóstico, la falta de recursos humanos especializados, y el desmantelamiento del Sistema de Seguro de Salud Universal (Seguro Popular) en 2020 que se encuentra en transición hacia el recién creado Instituto de Salud para el Bienestar^5;6;7.

También cuenta con un marco constitucional fortalecido que permite interactuar a los tres poderes de la Unión en caso de declararse un Estado de Emergencia; en contraste, el entorno político y financiero mexicano generado por la falta de trabajo en equipo y trabajo paralelo entre los grupos de la sociedad, la desinformación y los intereses de los grupos políticos y de la iniciativa privada, han minado la capacidad de los tomadores de decisiones para implementar una estrategia de contingencia y de mitigación única y uniforme a nivel nacional.

Pruebas, pruebas, pruebas... es el mensaje del Director General de la OMS, Tedros Adhanom. Estrategia que ha demostrado validez científica internacional en la contención del SARSCoV2 y que pudiera ser de aplicación nacional; sin embargo, la estrategia la Secretaría de Salud de México por lo menos en la fase 1 y al inicio de la fase 2 del plan nacional de contingencia discrepa con esta directriz y en su lugar sólo toma muestras en casos de enfermedad moderada o grupos de alto riesgo y la combina con el modelo de vigilancia centinela, que no pretende identificar todos y cada uno de los casos de COVID-19,ni recopilar una cuenta completa de casos en todo el país^8;9.

Esta discrepancia entre la OMS y México se puede tomar como ejemplo de una excepción a la validez científica y hasta cierto punto como una controversia para implementar políticas públicas ante una contingencia. La discrepancia se da ante la necesidad de adaptar las directrices internacionales a las circunstancias nacionales. En este sentido, el modelo centinela tiene dentro de sus objetivos emplear de forma más efectiva y eficiente los recursos humanos y materiales existentes en el sistema de salud, no obstante, hasta el momento no se cuenta con evidencia científica que demuestre ser efectiva en la contención del brote de COVID-19.

Ante la escalada exponencial de casos a nivel global y las experiencias positivas y negativas de algunos países que han implementado planes para la preparación, respuesta y recuperación del brote del SARS CoV 2, es evidente que México requiere de inmediato una respuesta unificada y coordinada entre los tres sectores de la sociedad.

La comunicación del riesgo no sólo debe enfocarse hacia los medios de comunicación, es necesario involucrar pro-activamente a la sociedad civil organizada y a la iniciativa privada con la finalidad de conciliar los planes de mitigación ante las diferentes fases de la contingencia y la etapa de recuperación. Las discrepancias con los organismos internacionales y otros actores a nivel global se deberán conciliar mediante la mejor evidencia científica disponible para el caso de COVID-19, especialmente en los temas más controversiales de actuación que son las oportunidades de diagnóstico limitadas, la respuesta desfasada entre los diferentes niveles de gobierno y sectores de la sociedad, y la vigilancia epidemiológica.