Desaparición y desplazamiento forzado en el contexto actual de violencia en México

El término de “desaparición forzada” se acuñó por primera vez en Argentina durante la dictadura militar de 1976-1983 (^{Gatti, 2017}), aunque hubo casos de personas detenidas-desaparecidas anteriormente (^{Lira, 2015}). En el resto de América Latina, en la misma época, la desaparición forzada fue estrategia de represión política por parte de las dictaduras militares de Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay (^{Gatti, 2017}), así como en Guatemala (^{CEH, 1999}) y El Salvador (^{Álvarez, 2022}) en el contexto de los conflictos armados. En ^{1998, la Corte Penal Internacional} hace la siguiente definición del término:

Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado (^{Estatuto de Roma, 1998: 6}).

Si bien, la anterior es una definición jurídica, Pilar Calveiro hace una distinción en relación a la forma en que se entiende la desaparición forzada desde las ciencias sociales:

…cuando hablamos de desaparición forzada, en ciencias sociales nos referimos a la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado -o de grupos privados asociados o tolerados por éste-, que niegan su paradero para ejercer sobre ella cualquier tipo de violencia de manera irrestricta, lo que habitualmente termina en la muerte de aquélla y, cuando ocurre, esconden el cadáver y todas las pruebas del delito, con el objeto de garantizar la impunidad y diseminar el terror. (^{2021: 19-20}).

Esta ampliación del concepto resalta el probable destino de las personas desaparecidas, las torturas a las cuales son sometidas y enfatiza el objetivo de sembrar terror en la sociedad. También es una forma de negar la subjetividad del otro, desproveerlo de su carácter de humanidad, negándole a él y su familia la posibilidad de un rito funerario que le devuelva su lugar en la sociedad y en su familia.

Por otra parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó (en 2006 y ratificó en 2010) la “Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”. Un elemento central de la desaparición forzada es la participación directa o indirecta del Estado. Esto se aplica claramente a la guerra sucia en México, en donde el Estado “desapareció” a oponentes políticos (^{Robledo, 2015}).

Hoy en día en México, a partir de la “guerra contra el narco” desatada por Felipe Calderón, la categoría de “desaparición forzada” aplica solo a los casos en las cuales hay una clara violación de los derechos humanos por parte de entidades del Estado, o la colusión de elementos de las mismas con el crimen organizado. Los demás casos son llamados llanamente “desapariciones” o “desaparición por particulares:² “Así, el marco de la represión se sustituyó por un nuevo espectro de fuentes de violencia complejo y diverso” (^{Robledo, 2015: 95}). Esto ha implicado no solo una diversificación de actores perpetradores de las desapariciones y las personas “desaparecidas”, sino también de los motivos de desaparición. ¿Por qué han desaparecido más de ciento diez mil mexicanos -para no hablar de las decenas de miles de centroamericanos migrantes indocumentados también desaparecidos- durante los últimos tres lustros en México?

^{Carolina Robledo (2015: 105)} sugiere que además de las condiciones históricas aplicables a la guerra sucia y todavía vigentes, están las “nuevas rutas de análisis”. Ellas incluyen los asesinatos selectivos, los secuestros extorsivos, el feminicidio, las detenciones ilegales, la trata de personas para fines laborales y sexuales, el tráfico de órganos, y el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado (^{Robledo, 2015}; ^{Calveiro, 2021}; ^{Izcara, 2016}). Sin embargo, ^{Robledo (2016}, ²⁰¹⁵⁾ recalca que la responsabilidad de la desaparición de personas en México reside fundamentalmente en el Estado, al involucrar:

…tanto la ejecución por participación directa, autorización o aquiescencia de agentes del Estado y miembros de las Fuerzas Armadas, como la falta de investigación y actuación para buscar a las personas desaparecidas, la reiterada criminalización de las víctimas, la negativa a reconocer el problema y las fallas en sistemas esenciales para la búsqueda… (^{Robledo, 2016: 104}).

También hay una diversificación de las víctimas. A diferencia de las dictaduras militares del Cono Sur y la guerra sucia en México, donde los detenidos-desaparecidos eran opositores al gobierno, en la actualidad en México, las personas desaparecidas incluyen a: migrantes indocumentados en su mayoría centroamericanos (^{Izcara, 2016}), transportistas, comerciantes, médicos, ingenieros, químicos, hasta veterinarios. Además, se han desaparecido policías y más de 170 militares (^{Calveiro, 2021}), así como testigos clave relacionados con los cárteles (^{Robledo, 2015: 97}).

A diferencia de lo que ocurría con las dictaduras del Cono Sur y Centroamérica en los años 80, México se caracteriza (al menos durante los últimos lustros) por tener gobiernos democráticamente elegidos, pero con una fuerte proliferación del crimen organizado, lo que ha dado lugar a la diversificación en los autores materiales e intelectuales de la desaparición de personas. Sin embargo, y sin importar el contexto histórico, el hecho mismo de la desaparición da cuenta “de las mismas desolaciones y tristezas, de ausencias y desamparos, de angustias de personas y familias, y de responsabilidades políticas y éticas semejantes cualquiera que sea la comunidad en que esta situación ha ocurrido y persiste sin resolverse” (^{Lira, 2015: 549}).

La desaparición se emplea como instrumento para viejos y nuevos fines: “como tecnología de terror para el control de los territorios, flujos migratorios y recursos naturales (^{Martínez-Castillo, 2020: 78}). Incluso, la autora señala, atinadamente que, “algunas personas sin ningún tipo de vinculación criminal también han utilizado la desaparición, especialmente en los feminidicios” (ibid.). Por otra parte, la desaparición es acompañada por otras formas de violencia, como son los secuestros y el eventual desplazamiento forzado interno de sus familiares.³

Mientras que la desaparición (forzada) es un concepto escurridizo y complejo en el contexto actual mexicano, el desplazamiento forzado interno es un término asequible, aunque en la práctica también implica numerosas complicaciones.

En este artículo, me limito a los desplazados forzados internos, producto de la guerra contra el crimen organizado (^{Cantor, 2014}), lo que se ajusta incómodamente dentro de la “violencia generalizada” señalada en los Principios Rectores de los desplazamientos internos de la ONU.^{4 Díaz-Leal (2016: 49)} indica que los desplazamientos forzados se dan a raíz de homicidios, desapariciones (forzadas), extorsiones y “derecho de piso”, asaltos, amenazas, robos, evicciones arbitrarias, violaciones a los derechos humanos, así como a la impunidad, corrupción, y los sentimientos de miedo, desesperanza e indefensión.

Son dos los tipos de desplazamiento forzado interno: el primero, son los casos colectivos y masivos;⁵ estos son más fácil de cuantificar, pues usualmente son reportados en los medios de comunicación. Los desplazamientos masivos se dan entre campesinos e indígenas en el centro y sur del país (^{CMDPDH, 2019}) y entre la población urbana y rural en el norte del país, a raíz de las actividades y conflictos entre los grandes cárteles (^{CMDPDH, 2021}). El segundo constituye el desplazamiento “gota a gota”; estos son individuos o familias que huyen de sus hogares, municipios y estados⁶ a raíz de un episodio de violencia. El desplazamiento “gota a gota” es mucho más difícil de identificar y cuantificar por varias razones: sus casos no son registrados por los medios de comunicación; muchas veces los desplazados no se nombran ni se reconocen como desplazados internos forzados y quieren pasar desapercibidos, por motivos de miedo y seguridad.

Como hemos visto, aunque la desaparición (forzada) y el desplazamiento forzado interno suelen ser estudiados como como fenómenos aislados y discretos, ambos se insertan en un continuum de violencias (^{Scheper-Hughes y Bourgois, 2004}) que comprende las articulaciones entre diferentes manifestaciones de violencia. El continuum de violencias se refiere a la violencia estructural (^{Galtung, 2003}), la violencia directa (^{Galtung, 2003}), la violencia simbólica (^{Bourdieu y Wacquant, 1995}) y la violencia cotidiana (^{Scheper-Hughes, 1992}). Aunque todas estas manifestaciones de violencias pudieran estar presentes, quizás un término más inteligible serían los entramados de violencia, para referirse específicamente al desencadenamiento de actos de violencia en el contexto del crimen organizado y la mal llamada guerra contra el narcotráfico. El clima de impunidad también favorece la comisión de otros delitos violentos, como son el feminicidio (^{Alcántara et al, 2016}) y el secuestro de migrantes (^{Izcara, 2016}; ^{Martínez-Castillo, 2020}).

Contexto de violencias e inseguridad en México.

Según el Informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en relación a su visita a México (del 15 al 26 de noviembre de 2021) y con base en cifras oficiales, para esa fecha había registradas 95 121 personas desaparecidas, de las cuales 112 habrían desaparecido durante la visita del Comité (^{Comité, 2022: 3}). De esta cifra, solo ha habido 36 sentencias a nivel nacional (ibíd.: 5), evidenciando los altos niveles de impunidad. Esta cifra ha aumentado a 110 929 desaparecidos, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas (RNPDNO, 23/05/2023). Por otra parte:

…más de 52 000 personas fallecidas sin identificar yacen actualmente en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense. Esta cifra, a pesar de su magnitud, no incluye los cuerpos todavía no localizados, ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones de búsqueda recogen semanalmente en las fosas clandestinas (^{Comité, 2022: 6}).

México registró 30 968 homicidios dolosos en 2022 según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cifra a la baja en comparación a los años 2021 y 2020. El número de feminicidios también bajó ligeramente en 2022: 968 en comparación a 1 017 en 2021 (^{Pérez, 2023}). Las cifras acerca del desplazamiento forzado interno en México son menos precisas y más dispares. Según el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno y el Consejo Noruego de Refugiados (IDMC y NRC respectivamente por sus siglas en inglés), a finales de 2015 había por lo menos un millón de desplazados internos forzados en la región de México y el triángulo norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) debido al crimen organizado (^{Informe 2016, IDMC y NRC}). Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) indica que de 2006 a 2021, y con fundamento en datos publicados en los medios de comunicación, hay unos es de al menos 379 322 desplazados en el país por la violencia (^{CMDPDH et al, 2022}). Ninguna de estas estimaciones incluye a los desplazados “gota a gota” por los problemas ya señalados. En algunos casos, los desplazados vuelven a sus lugares de origen, especialmente en el norte del país.

Sin embargo, podemos decir que las cifras varían mucho y que seguramente hay un considerable subregistro de las mismas. Los estados que presentan mayores cifras de desplazamiento forzado interno son: Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango y Sinaloa, Guerrero y Michoacán (^{Rodríguez, 2017}). Una lectura más fina nos permite identificar que, hay en juego lógicas específicas de desplazamiento forzado según el año y según el estado. Por ejemplo, Zacatecas -que nunca había sido un estado con altos niveles de DFI- en 2021 reportó 3 693 desplazados en diez episodios (^{CMDPDH, 2022: 65}). Mientras que, hace unos lustros fueron los estados del norte que expulsaban más desplazados, en 2021, de las 28 943 personas desplazadas contabilizadas por la CMDPDH, el 46 % de los casos fueron de Michoacán, seguido por Chiapas y Zacatecas, alcanzando el 84% de los desplazados documentados por la Comisión ese año.

Como indiqué a comienzos del artículo, las cifras de desapariciones, homicidios, feminicidios, desplazamiento forzado interno, etc. son cuantificadas separadamente, y usualmente no se visualizan las articulaciones entre sí. Además, existe poca literatura académica al respecto. Entre las publicaciones académicas podemos encontrar un estudio pionero que aborda los nexos entre narco-violencia, desplazamiento forzado interno y la trata con fines sexuales, me refiero al trabajo de ^{Arun Kumar y Jennifer Bryson (2021)} titulado “Narco-violence, forced displacement, and sex-trafficking: a qualitative study in Mexico”. Algunas publicaciones resaltan la desaparición y posterior desplazamiento forzado (ya sea interno o a los Estados Unidos al pedir asilo), como el artículo de ^{May-ek Querales (2020)} en el que hace un recuento etnográfico de una familia en Michoacán que sufre la desaparición y el asesinato de varios de sus miembros, lo que obliga a los sobrevivientes a desplazarse. ^{Díaz, Romo y Alva (2023)} exploran los diferentes tipos de violencia que conllevan al desplazamiento en cuatro estados de la república mexicana (Colima, Jalisco, Michoacán y Guanajuato) Por su parte, ^{Martínez-Castillo (2020)} aborda las múltiples violencias sufridas por migrantes centroamericanos que desaparecen en México.

Ruta metodológica

Varias de estas limitaciones son pertinentes para este estudio. Encontrar a personas desplazadas cuyo familiar haya sido secuestrado, asesinado o desaparecido es un reto por distintas razones: los familiares de víctimas ponen en primer lugar lo sucedido a su ser querido, a menudo invisibilizando las condiciones y violaciones a sus propios derechos humanos, entre ellas el desplazamiento forzado interno. Además, ante un contexto de tanta violencia, prevalece la desconfianza y el terror a represalias por contar los hechos, muchos familiares prefieren no hablar con académicos. Finalmente, el trabajo de la investigadora también se dificulta, al tratarse de escenarios de violencia y de heridas profundas en las personas entrevistadas. Esto requiere de estrategias etnográficas y maneras de realizar entrevistas específicas (^{Jones and Rodgers, 2019}), donde imperan la empatía y la sensibilidad para hacer preguntas. Aun así, debemos ser cuidadosos al pedir a las víctimas de violencia contar su historia, cuando no somos capaces de aliviar el trauma causado por revivir sus experiencias dolorosas (^{Nordstrom y Robben, 1995}).

Para narrar las historias de las dos mujeres, familiares de víctimas, tomo como punto de partida para este artículo relatos de vida, o relatos de experiencia, pues estos contribuyen de forma incomparable a acceder a la vivencia subjetiva de las personas y porque los relatos de vida otorgan un sentido al pasado y al presente (^{Bertaux, 1980}). Recogí el testimonio⁷ de ^{Minerva Espinoza en Xalapa, Veracruz, en agosto de 2019}. En cambio, agradezco a R. Aída Hernández Castillo por compartirme la entrevista a profundidad que realizó con Ana Ruíz⁸ (2017), que se había desplazado a Morelos. Ambas entrevistas fueron grabadas y transcritas, conformando la base de la narración. Entiendo, siguiendo a ^{Bertaux (1980)}, que los relatos de vida no tienen un solo autor, sino dos -la narradora y también la investigadora- pues se requiere de un trabajo de elaboración a partir de la entrevista transcrita como materia prima para llegar al producto final como artículo. Así, al escoger algunas partes de sus entrevistas y no otras, estoy realizando un tipo de “traducción” (^{Behar, 1993}).

Como veremos a continuación, los relatos de vida y de lucha otorgan un lente privilegiado para entender las subjetividades de los familiares de víctimas y los impactos de las violencias en su vida cotidiana, al trastornar la misma de una manera irreparable. Pero a la vez, las violencias pueden causar resiliencias en los familiares, nuevos aprendizajes y formas de desenvolverse en el ámbito público, ante las entidades del Estado a cargo de la procuración de justicia y con otros familiares de víctimas de desaparición.

Dos relatos de vida y de lucha

El martirio empezó para Ana Ruíz en octubre de 2012 cuando fue secuestrada su hija de 19 años junto con su hijita, nieta de Ana. La hija se había separado de su esposo un tiempo antes, y había vuelto a estudiar la preparatoria. El sobrino de Ana vio cuando secuestraron a su prima; los hombres armados “balacearon mi casa, me dejaron mi casa como si yo fuera delincuente” (^{Ana Ruíz, octubre de 2017}).⁹ En ese momento el hijo de Ana fue golpeado y su nuera secuestrada, además fue “golpeada, asustada, la violaron, le tomaron fotografías encueradas, le ponían cuernos de chiva”. La nuera huyó, aunque volvió a los tres días, negándose -por miedo a represalias- a colocar una denuncia ante las autoridades correspondientes acerca de lo que le había pasado. Posteriormente, se desplazó a otra región de Guerrero, con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

El ex esposo de la hija de Ana era policía municipal (y actualmente teniente militar); sus hermanos también eran policías municipales, cuyo padre era comandante de la policía ministerial. Ana no duda de que su hija fue secuestrada y desaparecida por el ex marido y su familia. “Fue amenazada por sus cuñados. Ya estaba separada de su esposo. Fue amenazada por ellos, las últimas llamadas se las hicieron ellos, amenazándola de muerte, el suegro también participó”. Mientras que se podría llegar a la conclusión que se trata de un feminicidio por razones personales por parte de las fuerzas de seguridad de Guerrero, Ana sigue con la esperanza de que su hija está viva: “Incluso la vieron en Jojutla hace cuatro meses”. También quiere ir a dos penales de mujeres en Coahuila para hacer una búsqueda en vida.¹⁰ Ana asegura que la familia paterna de su nieta la tiene, le duele no estar con ella:

…Eso quisiera, convivir con mi nieta… la niña va a crecer, y es bien lista, ahora va en segundo de primaria, en quinto va a empezar a preguntar, a meterse en las redes, y me va a buscar, no sé cuándo, pero lo va a hacer, espero estar viva todavía, tener la dicha, pero me va a localizar.

Ana se unió al colectivo “Los Otros Desaparecidos de Iguala”¹¹ cuando éste se formó en 2014 y empezó con la búsqueda de su hija en fosas clandestinas. Sin embargo, por padecer de tres hernias en la columna, no lograba realizar el trabajo pesado de escarbar, por lo que su sobrina de 22 años tomó su lugar. La sobrina aparecía en fotografías de las búsquedas dadas a conocer en los medios de comunicación. Después de un sepelio, la sobrina de Ana fue asesinada en 2014, dejando dos hijitos huérfanos. El Colectivo no levantó la denuncia, argumentando que Ana, y no su sobrina, formaba parte de la organización. La hermana de Ana y mamá de la sobrina se trastornó psicológicamente luego de tanta muerte (el deceso por razones de salud de su madre y de un hermano; el asesinato de su hija y el suicidio de su hijo de 18 años) y se desplazó a Colima. Desde aquel entonces, Ana se encarga de los dos hijitos de la sobrina, en condiciones económicas precarias y en búsqueda de apoyo. Sin embargo, al no ser la guardiana legal de los niños, no ha logrado la ayuda que necesita.

Una cerca de impunidad encierra estos hechos. La familia política de la hija desaparecida de Ana forma parte de la argolla de poder local en Iguala. Son familiares del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. A pesar de que él y su esposa, María de los Ángeles Pineda (hermana de tres narcotraficantes guerrerenses) fueron detenidos en noviembre de 2014 y han sido acusados de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y de delitos del crimen organizado, esto no afectó el poder que ejerce en Iguala la familia política de la hija desaparecida de Ana. Ante las amenazas y amedrentamientos a nivel local, Ana ha preferido recurrir a instancias como Pro Víctima en la Ciudad de México, y posteriormente con la CEAV. A través de su apoyo, pudo canalizar el caso de su hija a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y luego a La Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas.

A diferencia de los demás, Ana es la única en su familia ampliada que acudió -primero en Iguala y posteriormente a nivel nacional en la Ciudad de México- al sistema judicial y las instancias del Estado en la búsqueda de su hija. También se organizó en el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, aunque con su desplazamiento forzado perdió los vínculos con el mismo; por razones de seguridad, tampoco les puede avisar de su paradero. A pesar de las gestiones y la opción de organizarse de Ana, el panorama de violencia e impunidad es lo que más sobresale en su relato de vida. El testimonio de Ana nos habla de entramados de violencias sufridas por ella y sus familiares: la desaparición, el probable feminicidio de su hija y el secuestro de su nieta; la violación de su nuera; el asesinato de su sobrina; los impactos en la salud mental de su hermana, madre de su sobrina asesinada; el desplazamiento forzado de Ana, dejando atrás a su familia, a su casa baleada y a su estado; las penurias económicas que vive, sobre todo al hacerse cargo de los dos hijitos de su sobrina asesinada, por los cuales no puede recibir apoyo económico al no ser ella la guardiana legal de los mismos. Todo este entramado de violencias directas se dio en un periodo corto, añadido a otros tipos de violencia que puede haber vivido antes y que vive ahora, como la discriminación por provenir de Guerrero.

***

Minerva Espinoza Ramos es de Tlapacoyan, Veracruz, un pequeño municipio agrícola y ganadero a dos horas de Xalapa. Es maestra, con licenciatura en pedagogía y educación primaria y asesora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Su esposo, Guillermo Quijado Marín, fue secuestrado el 22 de junio de 2012. Era un hombre reconocido en la comunidad y a veces participaba en la política, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Cultivaba plátanos dominicos para la exportación y era ganadero. Minerva explica las circunstancias de su secuestro:

Hay evidencias de que mi esposo estuvo esperando [al mecánico] en la esquina y ahí fue que lo agarraron unas personas jóvenes. Logró zafarse y subir a su camioneta, pero se le atravesó una camioneta adelante y otra atrás. Pidió auxilio, pasaron dos patrullas de la policía municipal, se colocaron en la zona alta y desde ahí se quedaron viendo lo que le hacían a mi esposo. Se entiende que trató de escapar, pero lo acorralaron, se lo llevaron en su propia camioneta y ya no volvimos a saber nada de él (^{Testimonio de Minerva Espinoza, agosto de 2019}).

Minerva fue al Ministerio Público en cuanto supo del secuestro, trató de levantar una denuncia, pero le dijeron que necesitaba llevar una foto ampliada, el acta de matrimonio y le dieron “un listado grandísimo de requisitos”. Al salir del Ministerio Público empezó a recibir llamadas telefónicas amenazándola que si ponía la denuncia iban a ir por su familia, que ya tenían identificada a su hija. Pidieron un rescate de dos millones de pesos, Minerva buscó la manera de juntar ese dinero, pero cuando fue al punto de entrega solo estaban una mujer y un hombre al parecer norteños que le dijeron que, si denunciaba, “irían por nosotros”.

Circulaban camionetas muy cerca de su hogar, entonces esa noche Minerva y su hija escaparon por la parte trasera de su casa. Treparon la barda que tenía vidrios en la parte de arriba; unos vecinos les dieron albergue y ayudaron a sacar a su hija del estado. Minerva quedó para darle seguimiento al secuestro de su esposo. La actitud solidaria de los vecinos fue muy diferente a las reacciones de otras personas: “Me tuve que ir del estado, porque igual la familia me dio la espalda porque se sintieron con mucho miedo, los que eran nuestros amigos ya no lo fueron por el terror.” El miedo se apoderó del municipio que antes había sido muy tranquilo, y muchas familias se desplazaron en esa época. Minerva y su hija de quince años se desplazaron dos veces, primero a Puebla y luego a Xalapa, capital de Veracruz. Sin embargo, incluso cuando estaba en Puebla, Minerva siempre volvía a Xalapa para hacer los trámites por la desaparición¹² de su esposo ante las entidades de justicia del estado.

Yo no sé quiénes fueron los que secuestraron a mi esposo, eso lo saben las autoridades porque uno no tiene conocimiento profundo de la situación. De lo que puedo hablar porque tengo conocimiento es que hay mucha gente en desplazamiento interno y externo dentro del estado, porque mi pueblo que es Tlapacoyan, mucha gente se ha ido, entonces aquí en el estado, unos de norte a sur, otros de sur a norte y es una cosa que le ha dado a nuestra vida un giro de trecientos sesenta grados.

El desplazamiento puede ser reactivo o preventivo: “hay muchos que están en desplazamiento, porque perdieron a alguien y son presas del miedo porque han sido amenazadas las familias, entonces prefieren irse, como es el caso de nosotros, preferimos irnos y ya estamos a siete años de esta situación.”

Sin embargo, el desplazamiento forzado interno implica otros problemas, entre ellos las grandes carencias económicas:

…como desplazados nos damos cuenta de que no hay derecho a la vivienda, no hay programas para los desplazados, no hay becas para sus hijos, caminamos a cuestas con esto. Hemos hecho de todo, porque hay que entrarle a cualquier trabajo que nos pueda apoyar para sacar adelante a la familia, en mi caso a mi hija.

En Veracruz, al igual que en la mayoría de los estados¹³ de la república no se reconocen a los desplazados, ni hay programas, ni políticas públicas para ellos. Lo que más reclama Minerva es el derecho a una vivienda digna y becas para los jóvenes para seguir estudiando en su lugar de destino. Además de las penurias que ha pasado en su condición de desplazada interna, Minerva ha tenido que enfrentar un sistema de justicia que no funciona, con servidores públicos que ponen obstáculos en vez de apoyar a los familiares de las víctimas.

A los nueve días de haber sido secuestrado/desaparecido su esposo, Minerva encontró en un periódico local una fotografía de él muerto, en el municipio de Atzalan. Sin embargo, no había forma de darle seguimiento a su caso, ante la cerrazón del entonces Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz, Amadeo Flores Espinosa,¹⁴ quien no quiso atender el caso, ni a Minerva en persona. Así, se archivó el expediente por casi un año. Sin embargo, cuando fue nombrado Luis Ángel Bravo¹⁵ como nuevo Procurador, también durante el gobierno de Javier Duarte, se dio curso a la investigación. Pudo hacerse prueba con un fragmento de su esternón, el cual arrojó positivo con el ADN de los padres de Guillermo Quijado Marín.

Solo había un problema. El cadáver de Guillermo ya había sido entregado a otra familia, la mujer había “reconocido” a su esposo por el pelo y los calcetines. El acta de defunción estaba a nombre de él y la familia había dado el visto bueno para que incineraran su cuerpo. Cuando se estableció la correlación del ADN de su esposo con el de sus suegros, a Minerva le entregaron las cenizas de Guillermo, pero sin el acta de defunción:

…dijeron que era yo quien debía buscar un juicio para tal cuestión, demandar al registro civil para que me dieran un acta de defunción con el nombre de mi esposo, porque ya habían extendido una a nombre de otra persona y que ellos no tenían la facultad de hacer ese juicio.

Minerva tuvo que pedir un juicio para que le otorgaran el acta de defunción de su esposo, aunque esto, explica, debería ser el trabajo del fiscal Jorge Winckler.¹⁶ Sigue a la espera de una respuesta por parte de los tribunales.

La extrema ineptitud de las autoridades va aún más allá, pues fue Minerva quien descubrió que hay dos perfiles genéticos en las cenizas. Un ADN pertenece a su esposo, pero no queda claro si el otro ADN es producto de la posible contaminación del horno donde se cremaron sus restos, o si efectivamente las cenizas son de dos personas. Al no contar con el acta de defunción, Minerva tampoco ha podido dar una cristiana sepultura a su esposo.

En este andar, Minerva decidió organizarse y se sumó al Colectivo por la Paz en Xalapa.

El hecho de agruparnos nos da fuerza, porque somos parte de un mismo dolor, nos alienta a luchar para que no se siga dando esto, porque yo estoy muerta en vida… Yo soy una de las pocas personas que ha encontrado a su familiar y es porque me he enfocado a la búsqueda profunda, lo he hecho con mis propios recursos, he exigido, tristemente lo encontré muerto.

Sin embargo, organizarse, participar en eventos de formación y de movilización en espacios nacionales ha significado una toma de conciencia para Minerva: “Esta conciencia la tomé a raíz de la desaparición de mi esposo, antes no sabía nada de eso, ahora me doy cuenta de que el capitalismo se ha desplomado, ahora nosotros aspiramos a otro modo de vida más humano.” A la vez, tiene una gran claridad acerca de los cambios que se necesitan para lograr un estado de derecho. “Justicia” es una de las palabras que permea la narrativa de Minerva; afirma que “las instituciones de justicia están ‘minadas’”.

No hay procuración de justicia, no es posible que un magistrado no escuche, no vea la situación, dentro de las instituciones de impartición justicia hay algo escabroso que impide que la justicia avance. Para mi justicia sería que les pusieran un correctivo a los servidores públicos, porque no es posible que un servidor público no cumpla con su deber o que se coluda.

La doble condición de familiar de un esposo desaparecido y el desplazamiento forzado interno ha dejado un fuerte saldo, como lo señala Minerva:

Espero que nunca les pase, pues habrá que luchar contra viento y marea, con la familia, con el desaparecido, con las instituciones de procuración de justicia, con la búsqueda y con el sobrevivir, las necesidades de vivienda, salud, atención psicológica que no la hemos tenido, aquí no hemos tenido acompañamiento psicosocial, solo paliativos, solo una plática, pero lo nuestro es más profundo y va más allá, debe ser una atención psicoterapéutica.

El testimonio de Minerva demuestra una fuerte resiliencia y una capacidad de enfrentar los múltiples obstáculos que ha enfrentado en su lucha por el esclarecimiento de los hechos y por la sepultura cristiana de su esposo. Pero esta fuerza está acompañada por daños a la salud mental y física de Minerva y de su hija. El testimonio a la vez pone en evidencia el vínculo de las autoridades -no sólo durante el período de Javier Duarte- con prácticas de desaparición forzada y secuestro. En el relato de Minerva podemos encontrar otra configuración de entramado de violencias. Además de las violencias directas, como es el secuestro/desaparición/homicidio de su esposo, las amenazas y el hostigamiento a Minerva; encontramos también la indiferencia y aparente colusión de las autoridades municipales, la negligencia, la nula y/o ineficiente procuración de justicia. Pero también podemos constatar las secuelas psicológicas, económicas y emocionales; así como la pérdida de casa, de amistades y familiares (al dársela la espalda por miedo) y de su comunidad. Así, los entramados de violencias tienen impactos y secuelas en múltiples ámbitos de la vida de Minerva y su hija.

Reflexiones finales

En este artículo he explorado, a través de los relatos de vida de dos mujeres, los entramados y contínuums de violencias y violaciones a los derechos humanos y la manera en que estos se cruzan con el desplazamiento forzado interno. Estos acontecimientos de violencia incluyen el secuestro, la desaparición forzada, el probable feminicidio, la violación sexual, el asesinato, las amenazas, la criminalización de las buscadoras y los múltiples hostigamientos.

Los dos testimonios también ofrecen una ventana analítica hacía el comportamiento de las autoridades y del sistema de justicia. En ambos casos la procuración de justicia a nivel municipal es nulo: se caracteriza por la negación para que se levanten denuncias, e incluso, las autoridades locales amenazan a las buscadoras, en ocasiones evidenciando una colusión abierta con el crimen organizado. Dada la impunidad absoluta a nivel local, las mujeres buscan apoyo en otras instancias. A nivel nacional, Ana Ruíz ha encontrado una respuesta más favorable de parte de Pro Víctima y la CEAV, incluso del SEIDO y la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, aunque no se ha esclarecido el paradero de su hija desaparecida ni de su nieta secuestrada. En cambio, Minerva Espinoza ha acudido al sistema de justicia en su propio estado de Veracruz, donde ha encontrado respuestas distintas, desde la negación del fiscal estatal de recibirla, hasta atenciones más sensibles de fiscales que -irónicamente- posteriormente fueron detenidos por violaciones a los derechos humanos.

La experiencia de formar parte de un colectivo de familiares de desaparecidos ha sido especialmente positiva para Minerva Espinoza, que sigue organizada, a pesar de que ya encontró a su esposo fallecido. En cambio, Ana Ruíz se ha apartado de su colectivo debido a su desplazamiento a otro estado. Los colectivos han sido una fuente para cimentar relaciones o “comunidades emocionales” (^{Jimeno, Varela y Castillo, 2015}; ^{Macleod y De Marinis, 2019}), de solidaridad, búsqueda colectiva y de apoyo mutuo. Así, los colectivos dan un ejemplo formidable a la sociedad mexicana en su lucha por la justicia, la recuperación de los restos y la dignidad de sus seres queridos. Ello se ejemplifica con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos y la Red de Enlaces Nacionales que agrupa a más de setenta colectivos de familiares de todo el país.

En este artículo, al poner la mirada en contínuums y los entramados de violencia, y en particular en la intersección entre la desaparición y el desplazamiento forzado, se resalta no solo la manera en que se violenta al desaparecido, sino también a su familia y su comunidad. La perspectiva de entramados de violencia permite visualizar y concatenar el abanico de delitos -entre ellos, los secuestros, las desapariciones forzadas, los feminicidios, las violaciones sexuales, los homicidios, la trata, la tortura, las amenazas, la criminalización de las buscadoras y los múltiples hostigamientos- en vez de ver a cada uno de estos como hechos aislados y violencias discretas.