Introducción

A lo largo de los últimos años se advierte una explosión de trabajos internacionales sobre la reacción de grupos conservadores y movimientos sociales antigénero que buscan oponerse o revertir la tendencia al reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos (^{Chaher, 2020}; ^{Corredor, 2019}; ^{Faur y Viveros, 2020}; ^{Kóvats y Põim, 2015}; ^{Patternote y Kuhar, 2017}; ^{Prado y Corrêa, 2018}; ^{Vaggione y Campos, 2021). Este interés se da principalmente a partir de diversas experiencias en países europeos, como Italia, Croacia, Polonia o Francia, pero también en América Latina, como en el caso} de Brasil, donde se ha visto con preocupación la intensificación de movilizaciones en contra de lo que estos sectores denominan “ideología de género”, así como su creciente convergencia con otros movimientos y partidos políticos de extrema derecha. Al abordar estos movimientos antigénero en países específicos es posible advertir la necesidad de contemplarlos desde perspectivas más amplias que incluyan su articulación transnacional (^{Kóvats, 2017}).

Las acciones y los argumentos de estos sectores movilizados resultan familiares para las sociedades latinoamericanas desde hace ya varias décadas. Diversos trabajos han advertido que, ante la politización de las demandas de derechos sexuales y reproductivos que llevan adelante los movimientos feministas y de diversidad sexual, se ha dado también una politización reactiva de sectores religiosos conservadores en países de la región (^{López, 2021}; ^{Morán, 2018}; ^{Vaggione, 2005}; ²⁰¹⁰). Si bien estos sectores son cada vez más heterogéneos en su composición, en los últimos años se ha destacado en particular el protagonismo de algunos grupos e iglesias evangélicas pentecostales y neopentecostales ( ^{Jones y Cunial, 2012}; ^{Panotto, 2020}). Pero este énfasis coyuntural no debe hacernos perder de vista que se trata de articulaciones sociales complejas, atravesadas por un activismo ecuménico que incluye también a grupos aconfesionales (^{Morán, 2015}), ni debe abstraernos de que el Vaticano es el principal mentor intelectual detrás de sus retóricas (^{Corrêa, 2018}; ^{Patternote y Kuhar, 2017}).

Debido a su predominancia histórica, social y cultural y a la permeabilidad de gobiernos de diversos signos ideológicos, las retóricas y movilizaciones antigénero de la jerarquía católica han encontrado un terreno fértil en América Latina. De allí que las demandas de derechos sexuales y reproductivos hayan tendido a ser vistas como momentos que reflejan la creciente pluralidad social y que empujan los umbrales de laicidad estatal (Sáenz y Morán, 2016). Pero la incidencia de los activismos religiosos conservadores en la regulación estatal sobre cuestiones de sexualidad en la región genera diversos interrogantes en torno a los modos en que se presenta una efectiva laicidad estatal, al menos desde enfoques pluralistas que consagran como principio fundamental de estos procesos la no discriminación (^{Blancarte, 2008a}; ^2008b).

A medida que los reclamos por derechos sexuales y reproductivos han ido ganando mayor resonancia pública, y que las sociedades se presentan más diversificadas en sus creencias, también parece haber mutado la manera en que la Iglesia católica busca incidir en la regulación estatal sobre moral sexual. De forma creciente ha buscado promover una oposición organizada, en la cual asume un rol público de movilización y articulación de varios grupos sociales. En este sentido, como señala ^{Casanova (1994)}, la forma en que la Iglesia católica lidia con su definición de “religión pública” implica un cambio en el locus de incidencia política, ya que ahora se concentra mayormente en el terreno de la sociedad civil. Es en esta arena (la sociedad civil) donde se pueden enmarcar sus novedosas articulaciones y estrategias de incidencia pública, las cuales han generado un intenso debate en la academia en torno a su denominación y caracterización, como se presentará en el siguiente apartado.

Desde hace varias décadas la región latinoamericana se ha vuelto un laboratorio para diversas estrategias que se despliegan transnacionalmente en campañas antigénero, con el objetivo de obstruir, revertir o condicionar la implementación o el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos por parte de los Estados. Entre estas estrategias, nos interesa aquí destacar una que supone una inédita articulación entre una escala subnacional y una transnacional: las campañas declarativas de diversas jurisdicciones (municipios, departamentos o partidos, provincias o estados) como “provida” y/o “profamilia”.

Las ciudades provida o “profamilia” comienzan a tomar notoriedad a nivel internacional en 2018 a partir de la declaración realizada por el alcalde de Verona, Italia, en el marco de la conmemoración de los 40 años de la legalización del aborto en Italia y la celebración del encuentro conservador del World Congress of Families (WCF) (^{Friedman, 08/10/2018}). Desde 2019 es posible identificar al menos dos campañas similares de organizaciones antiaborto que han promovido la declaración de ciudades y distritos “seguros para los no nacidos” o “santuarios para los no nacidos” en estados del sur y oeste de los Estados Unidos (^{Brinkley, 2020}). En Polonia, Filipinas, Croacia o, desde 2017, en Paraguay, también se ha avanzado en campañas de pánico moral para impulsar diversas ciudades “provida” o “profamilia” (^{Bielska-Brodziak, Drapalska-Grochowicz, Peroni y Rapetti, 2020}; ^{Guinea, Augsten y Sepúlveda, 2019}).

Todas estas campañas tienen un antecedente escasamente referido: las acciones realizadas en Argentina desde 2011, a partir de la convocatoria “Sumemos ciudades por la vida”, promovida por la Asociación Católica Argentina (ACA) con el propósito de lograr que ciudades y provincias se declaren provida. Estas declaraciones han buscado interferir en la implementación de políticas de salud sexual y reproductiva, y fijar una oposición preventiva a leyes que legalicen la interrupción voluntaria del embarazo o la eutanasia en el país.

Al 30 de diciembre de 2020, día en que se sancionó la Ley N° 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), se pudieron identificar 110 gobiernos locales y cinco provincias con declaraciones provida. Argentina tiene 23 provincias y una ciudad autónoma (la capital nacional). Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), el país cuenta con un total de 2.284 gobiernos locales, de los cuales 1.182 son gobiernos municipales que presentan mayor autonomía y posibilidades de dictarse sus propias normativas locales, aunque hay diversidad de criterios para su clasificación, ya que cada provincia puede dictar sus propias reglas de ordenamiento jurídico-administrativo. Considerando estas particularidades, la campaña “Sumemos…” parece haber comprometido con sus declaraciones a algo más de ocho millones de habitantes a lo largo de todo el país.

Si bien los impactos legales y normativos son limitados (^{Rosatti, 2006}), estas declaraciones no son inocuas. Además de dificultar el acceso a derechos individuales, generan consecuencias políticas y presentan implicaciones simbólicas que se requieren explorar. Este es, precisamente, el objetivo que guía el presente trabajo, para lo cual se desanda el contexto y se describen y analizan las principales características de la campaña “Sumemos…” promovida en sus inicios por ACA. Se trata de una campaña que, como se pretende ilustrar, permite describir tanto el desarrollo de movilizaciones religiosas conservadoras a nivel subnacional, como plantear sus desafíos, en especial en el marco de considerar nuevas escalas para el análisis de la laicidad estatal.

Movilizaciones religiosas conservadoras: debates en torno a su denominación

A lo largo de las últimas cuatro décadas América Latina ha atravesado un intenso proceso de debates y transformaciones en aspectos relativos a la familia, las relaciones de género y las sexualidades. Movimientos feministas y de diversidad sexual se han convertido en fuerzas sociales con gran visibilidad pública y han podido situar en agenda y en algunos casos impactar en la regulación de género y sexual (^{Petchesky, 2005}; ^{Pecheny y De la Dehesa, 2009}). Estos procesos no han estado exentos de disputas ni controversias. En especial, se ha destacado cómo sectores conservadores, asociados mayormente con grupos católicos y evangélicos, han movilizado una reacción (backlash) antigénero, a partir de promover una moral heteropatriarcal basada en un orden sexual que conciben como natural (^{Biroli y Caminotti, 2020}; ^{López Pacheco, 2021}; ^{Vaggione, 2005}).

Aunque se puede ubicar a la jerarquía católica en los orígenes de estas movilizaciones con fuertes articulaciones transnacionales, así como en la promoción de un fuerte cuestionamiento a la noción de “género” (^{Corrêa, 2018}; ^{Cornejo-Valle y Pichardo, 2018}; De la Torre, 2020; ^{Patternote y Kuhar, 2017}; ^{Torres Santana, 2020}), se trata de grupos y sectores que reflejan de forma cada vez más evidente una gran heterogeneidad en términos de su composición. Por ello, su denominación es un debate abierto en la academia de la región.

Algunos trabajos han enfatizado la noción de “conservadurismos”, ya sea como posicionamiento político que enmarca diversas expresiones que cuentan con una larga genealogía al interior del catolicismo y de algunos movimientos políticos, o bien como la impronta específica de activismos religiosos, sobre todo católicos (De la Torre, 2020; ^{Delgado Molina, 2018}; ^{Felitti, 2011}). Otras propuestas se han focalizado explícitamente en el desarrollo de un activismo satélite, priorizando denominaciones como “activismo católico antiabortista” (^{Gudiño, 2017}) o identificándolos en sus propios términos como “activismos provida o profamilia” (^{Morán, 2015}; ²⁰¹⁷), prescindiendo incluso de una identificación religiosa. También algunos trabajos han adoptado la noción de “fundamentalismos religiosos” en un sentido amplio del término, o bien reservado para la creciente incidencia de grupos evangélicos pentecostales o neopentecostales, distinguiéndolos de los “neointegrismos católicos” (^{Arguedas, 2010}; ^{Gutiérrez, 2010}).

El componente religioso de estas movilizaciones aparece cada vez más disputado en términos de su caracterización. Muchos de estos grupos han recurrido con frecuencia a un “secularismo estratégico” (^{Vaggione, 2005}), es decir, a la inscripción de sus argumentos en discursos seculares de la ciencia y el derecho, y a cierta desidentificación religiosa en sus intentos por gestar un ecumenismo activista para promover una mayor incidencia pública. Por eso, ^{Vaggione y Mujica (2013)} hablan de un“activismo (religioso) conservador”, siendo que el componente religioso -entre paréntesis- resulta maleable en términos de la centralidad coyuntural que adquiere en su organización. Lo “religioso”, en alguna medida, se configura como un elemento de movilización e identificación que puede o no ser eficaz según el contexto.

Asimismo, se ha propuesto la idea de “neoconservadurismos” con el objetivo de echar luz sobre las novedosas rearticulaciones entre actores religiosos (en particular, católicos y evangélicos) y no religiosos o aconfesionales, los cuales adoptan una racionalidad política donde impera el énfasis en una fuerte regulación moral, estrategias de judicialización, y una creciente afinidad con políticas y movimientos neoliberales y autoritarios en la región (^{Vaggione y Campos, 2020}; Lacerda, 2019).

En el marco de esta desidentificación religiosa y de sus articulaciones con diversos sectores neoliberales, autoritarios, antiliberales y/o nacionalistas de derecha, algunos trabajos han promovido la categoría de “movimientos sociales antigénero” o “campañas antigénero” (^{Butler, 2019}; ^{Corredor, 2019}; ^{Kóvats y Põim, 2015}; ^{Lavizzari y Prearo, 2018}; ^{Patternote y Kuhar, 2017}), ya que el rechazo a la categoría “género” como socialmente construida se vuelve un “pegamento simbólico” que permite encadenar sus discursos y demandas (^{Kóvats y Põim, 2015}). En una inversión terminológica que permita focalizar en sus agendas de promoción del patriarcado y la heternormatividad, tal como lo presentan diversas formulaciones feministas, otros trabajos los han denominado“activismo heteropatriarcal” (^{Morán, 2018}; ^{Troncoso y Stutzin, 2019}).

Por su parte, nociones como “fuerzas”, “grupos”, “activismos”, “agendas” o “movilizaciones” han tendido a convivir como sustantivos para identificar a estos sectores. Cada una de estas denominaciones supone diferentes énfasis en términos analíticos y políticos a la hora de abordar la reactividad conservadora. En este sentido, ^{López (2021)} promueve distinguir metodológicamente diversos elementos que se expresan en la reacción o contramovilización de los activismos religiosos y conservadores. Por un lado, la reacción no solo implica una respuesta ante determinadas decisiones políticas, sino también una reacción preventiva ante “la amenaza de reconocimiento de ciertos derechos aún no reconocidos, pero que se presentan como cambios muy probables” (^{López, 2021: 150}). En segundo término, la reacción puede implicar un intento por bloquear una política pública concreta o por generar incidencia pública a mediano o largo plazo. Tercero, las acciones colectivas de reacción de estos sectores pueden interpelar a muy diversos actores, incluyendo a la ciudadanía de a pie, para lo cual orientan estratégicamente sus alianzas y retóricas según las oportunidades políticas de cada contexto específico. Y, por último, enfatiza que la reacción de los sectores religiosos y conservadores se expresa en un repertorio de diversas acciones colectivas, algunas con mayor énfasis contencioso que otras, que vale la pena analizar en sus particularidades (^{López, 2021}).

En nuestro caso, consideramos el análisis específico de las acciones de la campaña “Sumemos ciudades por la vida” como un espacio de movilizaciones religiosas conservadoras que despliegan los activismos autodenominados provida en el país. La idea de“movilización” está inscrita en las propias acciones colectivas convocadas. Una campaña es, precisamente, un encuadre para dar sentido y orientación a la acción; refleja de manera sintética y con diversos recursos instrumentales y simbólicos los posicionamientos centrales que defienden sus impulsores, a la vez que cumple funciones centrales de reclutamiento, identificación y, sobre todo, movilización social (^{Mosca y Della Porta, 2009}). Esto da pie a considerar cómo sectores de la ciudadanía en general, y no solo organizaciones y actores individualizables, son interpelados y se implican en algunas de las acciones aquí analizadas. Por otra parte, si bien el componente “religioso” puede estar más o menos presente como recurso de movilización e identificación según el caso, resulta central subrayar que los impulsores originales de la iniciativa son una agrupación que se identifica como católica y que se subordina a la jerarquía católica, y que los principales portavoces de la campaña han sido actores religiosos. Finalmente, la caracterización como “conservadoras”, a sabiendas de que el conservadurismo no es una categoría ahistórica ni unívoca (De la Torre, 2020), pretende aquí un enmarque que recoja las diversas expresiones de defensa de una moral social (sexual, sobre todo) tradicional, así como las diferentes articulaciones religiosas y políticas que se han desarrollado a lo largo de más de una década de trayectorias de movilización. Si bien conservadurismos y fundamentalismos son dos categorías con límites difusos, ^{Gaytán (2019)} ha enfatizado la necesidad de diferenciarlas: mientras estos últimos parten de la noción de “herejes” o “enemigos” como fuente de las amenazas percibidas, y pretenden su eliminación, los conservadurismos buscan subordinar las amenazas de “extraños” o “extranjeros” a las normas sociales y valores de la mayoría, la cual configuran como “moral pública”.

Más allá de su denominación, el desafío de estos sectores cada vez más heterogéneos se da al menos en dos niveles: por un lado, una búsqueda de incidencia directa en los Estados a través de desplegar variadas estrategias tanto a nivel transnacional, nacional, como subnacional, entre ellas la judicialización, el lobby legislativo y, en algunos casos, su partidización o integración en listas electorales. Por otro lado, se orientan también a variados intentos por influir en los marcos culturales y los límites morales del debate de la sociedad en su conjunto, a partir de movilizar a sectores de la sociedad en calles y redes sociales, y de reivindicar circuitos propios de producción y divulgación de discursos en espacios académicos y mediáticos. En este sentido, las celebraciones nacionales del “Día del niño por nacer”, que se inician con un decreto del presidente argentino Carlos Menem en 1999, se han extendido a diversos países y constituye acontecimientos con una fuerte impronta simbólica en los activismos provida (^{Córdova, 2014}; ^{Flores, 2011}). También se ha destacado el reconocimiento internacional que han tenido las producciones latinoamericanas que buscan traducir a un lenguaje académico el cuestionamiento a la “ideología de género” de los documentos vaticanos (^{Lionço, De Oliveira, Mattiello y Machado, 2018}). Como se advertirá, el análisis de los procesos de declaración de municipios y provincias provida permite describir ambos desafíos.

Consideraciones metodológicas

La presente investigación aporta alcances descriptivos e interpretativos a partir de una triangulación metodológica de datos y técnicas de análisis, para explorar las características de provincias y, sobre todo, localidades que han atravesado procesos de declaración como provida.¹ Para identificarlas se recurrió en primer término a una exploración sistemática a partir de buscadores de internet, redes sociales y sitios de periódicos nacionales, provinciales y locales. El trabajo de exploración se inició en dos fuentes que presentaban un listado inicial (aunque incompleto e impreciso) de localidades o provincias declaradas provida: por un lado, un documento difundido por la asociación Médicos por la Vida de Tucumán, titulado “Argentina es provida”, y por otro, un breve informe llamado “Ciudades antiderechos”, difundido por Comunicar Igualdad, ambos de 2018. A lo largo de la exploración, noticias o normativas asociadas a estos casos tienden a referir a nuevos casos, conformando una suerte de identificación cruzada que permitió ampliar de forma considerable la base de análisis. A su vez, se recuperaron los procesos declarativos desarrollados a partir de mediados de 2018 hasta diciembre de 2020, en los buscadores de sitios web de periódicos nacionales, provinciales y locales, y de organizaciones vinculadas con la temática, tanto promotoras como opositoras a estas iniciativas. Se requirió al menos dos fuentes secundarias que documentaran la declaración o el intento de declaración para ser incluidas en la base final, fueran estas fuentes periodísticas, comunicaciones oficiales y/o documentos o convocatorias de organizaciones que promovían o rechazaban las iniciativas. El corpus de noticias quedó conformado por N = 375 artículos. Para cada caso se buscó también el texto normativo (ordenanza, decreto, proyecto, resolución o declaración), aunque solo en el 37% de los casos se tuvo acceso a este (N = 41 textos normativos). A partir de la información obtenida se conformó una grilla de análisis en la que se identificó, entre otros aspectos, nombre de la localidad o provincia, población declarada, tipo de normativa aprobada o que se buscaba aprobar, actor/es que la promovían, actor/es que la rechazaban, signo político del poder ejecutivo local o provincial, signo político de quienes firmaron los proyectos y de quienes votaron a favor de los mismos, y acciones reportadas en torno al proceso declaratorio (por ejemplo, audiencias públicas ciudadanas, manifestaciones, caravanas y volanteadas, recolección de firmas, entre otras). En los casos en que se accedió al documento declarativo, se codificaron los principales argumentos referidos y las fuentes de referencias de autoridad mencionadas. Se partió así de un análisis de contenido cuantitativo en la instancia de identificación y caracterización de las jurisdicciones provida y los actores implicados, para luego proceder a un análisis de contenido cualitativo temático de los principales argumentos e implicaciones de las declaraciones² (^{Creswell, 2013}).

También se exploraron las situaciones en las que se logró evitar el tratamiento o rechazar un proyecto de declaración provida, así como cuatro instancias en las que se derogó un instrumento previo. Estos casos son más difíciles de rastrear ya que dependen en gran medida de que se hayan configurado como un acontecimiento con cierta resonancia mediática, al menos para medios de comunicación del contexto local en el cual se desarrolló. Por eso se advierte, como precaución de lectura, que es posible que no todas las experiencias subnacionales en las que no se aprobó o derogó una declaración semejante hayan podido ser identificadas.

“Sumemos ciudades por la vida”: contexto, desarrollo y momentos de una campaña provida

El activismo“provida” y“profamilia” en Argentina surge bajo el amparo de la jerarquía católica a partir de 1970, como reacción preventiva a nivel local ante la aprobación del fallo Roe vs Wade que reconoció el derecho al aborto inducido en los EE.UU. No obstante, es a partir de las movilizaciones opositoras ante la aprobación del matrimonio igualitario en 2010 cuando se comienzan a notar dos novedosas estrategias del activismo argentino: una mayor federalización y la adopción de un ecumenismo civil (^{Morán, 2015}; ²⁰¹⁷). En lo que respecta a esta última, se da una mayor articulación entre organizaciones vinculadas con diversas confesiones (sobre todo, entre la jerarquía católica y algunas iglesias evangélicas pentecostales), dejando de lado las tensiones que podría implicar su presencia en el espacio público. A su vez, se continúa con los esfuerzos de articulación con ONG y grupos de la sociedad civil alineados con las posiciones vaticanas (^{Morán, 2015}).

Por su parte, la creación de la Red Federal de Familias (RFF) ha sido central para su federalización. Se trata de una articulación entre activistas de diversas partes del país, que se presenta como aconfensional, y que se moviliza en defensa de la vida humana “desde la concepción y hasta la muerte natural” y “la familia fundada en el matrimonio heterosexual” (^{Notivida, 22/10/2015}). Sus congresos nacionales han sido espacios privilegiados para la circulación de saberes y experiencias, así como para la vinculación con funcionarios públicos y representantes políticos de diversas provincias del país (^{Morán, 2017}).

Tras la derrota parlamentaria que supuso la ley de “matrimonio igualitario”, el episcopado argentino declaró 2011 como “Año de la Vida”. En su comunicado señala la necesidad imperiosa de “salvar las dos vidas” (^{ACI Prensa, 18/10/2010}), un lema que se repetiría con frecuencia entre quienes se movilizaron contra los proyectos de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en años posteriores.

Es en este marco que la Acción Católica Argentina (ACA) lanza la campaña “Sumemos ciudades a favor de la vida” con el objetivo de establecer un entramado de localidades que asuman un compromiso contra la potencial aprobación de iniciativas de legalización del aborto y la eutanasia a nivel nacional. ACA es una asociación laica, pero de sujeción eclesiástica, impulsada por el propio episcopado desde la década de 1930. En su sitio web instruía sobre los pasos a seguir para lograr que ciudades o provincias fueran declaradas provida: ofrecía modelos de documentación a presentar ante autoridades subnacionales y asistencia legal; promovía contactos directos con intendentes (alcaldes) o concejales (miembros electos de los poderes legislativos locales) y sugería acciones de concientización y movilización social conjunta con organizaciones civiles y religiosas, como caravanas, muestras artísticas o recolección de firmas en la comunidad (^{Álvarez, 25/09/2012}).

En marzo de 2011 se declara la primera localidad como“provida”. Se trató de Senillosa, un poblado con algo más de siete mil habitantes en la provincia de Neuquén. La declaración aprobada por el Concejo Deliberante se constituirá en un modelo repetido con frecuencia en las declaraciones siguientes: incluye en sus considerandos diversas referencias a tratados de derechos humanos con estatuto constitucional para el ordenamiento jurídico argentino, la constitución nacional y la constitución provincial, con el objetivo de reforzar la concepción del “derecho a la vida del niño por nacer”. Posteriormente, insiste en “la asunción del deber de defender la vida de todo ser humano, desde su inicio hasta su término natural, como el valor básico sobre el cual se asienta la convivencia en sociedad”, para luego asumir “el compromiso de nuestra comunidad con la vida, cuidándola y respetándola integralmente”. Cuidar y respetar “integralmente” la vida implica, según la declaración, también rechazar las drogas, superar los límites de velocidad al conducir y el deterioro medioambiental (HCD Ciudad Senillosa, 15/03/2011).³ A partir de entonces, la campaña comienza a desplegarse por diversas zonas del país.

Al considerar los procesos que llevaron (o no) a las declaraciones, así como sus características principales y actores intervinientes, es posible advertir dos momentos en el desarrollo de la campaña: un primer momento, vinculado de forma directa a la iniciativa “Sumemos…”, el cual se da entre 2011 y 2017 con una serie de declaraciones en localidades de provincias del norte, noreste y oeste del país. El segundo se da específicamente de 2018 a 2020, cuando las referencias a la convocatoria original se desdibujan, aunque las declaraciones se intensifican en el marco de los debates por la legalización de la interrupción del embarazo (IVE) en el congreso nacional, a la vez que crece la oposición local a estas propuestas. En la Figura 1 se compara la frecuencia de localidades declaradas como provida con los procesos declarativos frenados por colectivos feministas y laicistas locales, en los diversos años en que se desarrolla la campaña.

Fuente: elaboración propia a partir del corpus de identificación de procesos de declaración de localidades y provincias provida entre 2011 y 2020 (n = 375 artículos de prensa; n = 41 normativas locales).

Figura 1 Frecuencia de declaraciones de localidades como provida y de procesos declarativos frenados, rechazados o derogados, por año 

Primer momento (2011-2017)

Tras Senillosa, durante el transcurso del primer año de la campaña se declararon provida otras 25 localidades, entre ellas Aguilares, en la provincia de Tucumán; el partido de San Miguel, una de las aglomeraciones que integran el gran Buenos Aires con casi 300 000 habitantes y espacio de una intensa politización neoconservadora, o la pequeña localidad de Villa de Soto, en Córdoba, donde la declaración fue explícitamente promovida por la ACA.

En este momento, la campaña se caracteriza por su capacidad de generar mayor convocatoria en algunas provincias y regiones del país. Por ejemplo, en Corrientes, colindante con Paraguay y Brasil, en el primer año se declaran 11 localidades provida y en diciembre de 2011, antes de participar de un encuentro ecuménico “a favor de la vida”, su gobernador firmó un decreto que estableció como política de Estado para todo el territorio provincial “la defensa de la vida desde la concepción”. Según organizaciones feministas y promotoras del Estado laico, el éxito de la campaña a nivel provincial se debió al activo rol asumido por monseñor Stanovnik, quien creó una comisión ad hoc para impulsar las declaraciones y mantuvo reuniones con numerosos intendentes y el propio gobernador (^{Álvarez, 25/09/2012}). En la provincial de San Luis, por su parte, se suman cinco localidades en los dos primeros años de la campaña, incluyendo su ciudad capital (^{Del Río, 30/06/2011}). En este caso, las acciones son presentadas como movilizaciones del activismo provida a través, por ejemplo, de la junta de firmas entre vecinos de las localidades para avalar la iniciativa.

En total, en este primer momento se registran 58 declaraciones municipales aprobadas, siendo que en 2016 no se registró ni una sola y en 2017 solo cuatro, por lo cual el impacto inicial de la campaña parece perder impulso con el correr de los años. En 2012, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que precisó el alcance del acceso al aborto no punible (el aborto por causales contemplado en el Código Penal desde 1921), instó a las provincias a establecer protocolos de atención para las personas solicitantes. Este aspecto, que buscaba contener la litigiosidad y controversias en torno a la efectiva implementación de los abortos no punibles, generó diversas reacciones subnacionales: algunas provincias adhirieron al protocolo propuesto por el gobierno nacional, otras adoptaron protocolos propios, por lo general más restrictivos, mientras algunas provincias no hicieron lo uno ni lo otro, como Corrientes, Tucumán y San Juan (^{Irrazábal, 2015}), tres provincias que a 2020 se reportan como provida. En efecto, entre los argumentos de algunas de las declaraciones aprobadas en este momento se menciona en algunos casos su posición con respecto al “aborto terapéutico”, ya sea distinguiéndolo de “la mayoría de los abortos (que consisten) en dar muerte a un inocente considerado como no-deseable” (HCD Santa Ana, Entre Ríos, ordenanza 02/2012) o percibiéndolos como una instancia más de la “presión internacional” por legalizar el aborto y la eutanasia (como señala la declaración de Hansenkamp, provincia de Entre Ríos, de 2012).

A partir de 2013, además, comienzan a alcanzar mayor repercusión las movilizaciones de colectivos feministas y de derechos humanos contra los intentos por declarar una localidad o provincia como provida. El plenario de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito repudió en varias ocasiones estas declaraciones, enfatizando que suponían una discriminación en función de creencias religiosas y la laicidad del Estado (^{Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, 27/04/2014}). Al principio estas movilizaciones son más resonantes en ciudades más grandes, según lo que se ha podido reconstruir. La oposición a las iniciativas logró, por ejemplo, que el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, capital del noroeste del país con un fuerte arraigo católico, rechazara una propuesta de declaración provida (^{Cerrano, 18/07/2013}). También se consiguió frenar el tratamiento de declaraciones en ciudades como Santa Fe o Rosario. El impacto de las movilizaciones de los feminismos locales se advierte en la rupture de la unanimidad con la cual los poderes legislativos locales habían acompañado la mayoría de las declaraciones provida hasta el momento.

Segundo momento (2018-2020)

En este segundo momento se da una intensificación de las declaraciones, sobre todo en el marco de los debates legislativos nacionales sobre IVE de 2018 y, en menor medida, 2020. En solo tres años, 52 localidades fueron declaradas provida, a la vez que se suman otras cuatro provincias.⁴

La demanda del aborto legal cuenta con una larga historia en los movimientos de mujeres y feministas del país, y desde hace casi dos décadas se presenta articulada en torno al proyecto impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (^{Belluci, 2014}). Hasta 2018, sin embargo, ningún proyecto de ley había logrado ser debatido en el recinto legislativo. Al ingresar en la arena de discusión parlamentaria, la cuestión del aborto resonó en la agenda política nacional, y en las posiciones de la sociedad en su conjunto. Entre la aprobación en la Cámara de Diputados (en junio de ese año) y el rechazo en el Senado (el 8 de agosto de 2018), intensas manifestaciones sociales a favor y en contra de la iniciativa ganaron las calles, los debates mediáticos y las redes sociales. Los sectores de oposición al proyecto, identificados con un pañuelo celeste, junto con funcionarios públicos de diferentes provincias y localidades, comenzaron a exigir posicionamientos a sus gobiernos locales en torno al proyecto nacional en debate.

Solo en 2018 se registran más de un tercio del total de las declaraciones de localidades como provida que han sido relevadas. En algunas provincias donde la primera ola de la campaña había repercutido con fuerza, se suman más localidades: en Corrientes, por ejemplo, se recurre a la adhesión al decreto provincial de 2011. En Mendoza se suman más departamentos, como Malargüe, General Alvear y Rivadavia. En Misiones se da un encadenamiento de declaraciones en diversas localidades en un periodo corto de tiempo (se computaron 11), aunque no sin fuerte oposición, la cual consigue aplazar el tratamiento de proyectos declarativos para su capital provincial y la provincia en su conjunto.

En la provincia de Tucumán, una de las más importantes del norte del país, la legislatura provincial aprobó una declaración como“provincia provida” la cual parece corolario de las intensas movilizaciones conservadoras de la cual la provincia ha sido escenario privilegiado. Es en Tucumán, precisamente, donde ha tenido lugar uno de los casos judiciales emblema en las demandas de IVE: la condena a prisión de Belén, una joven denunciada por médicos de un hospital público por un aborto espontáneo (^{Deza, 17/04/2017}).

Resulta llamativo cómo los procesos de declaración aprobados en este lapso están atravesados por cierta urgencia, lo que refuerza la interpretación del interés preventivo de la campaña. Por un lado, varios de los textos aprobados resultan más breves que en instancias previas. Si la defensa “integral” de la vida remitía también a comprometer a la comunidad en el rechazo a las adicciones, a las desigualdades sociales, a la tercera edad o a los comportamientos socialmente responsables en la circulación vehicular y el cuidado del medioambiente, en este segundo momento la mayoría de las declaraciones se concentra específicamente en el “niño por nacer” y la “madre gestante”. En varias de las declaraciones de este momento, además, se advierte su carácter reactivo preventivo, en función de la propuesta de ^{López Pacheco (2021}). Por ejemplo, la resolución del municipio de Santo Pipó en Misiones afirma textualmente que “el inminente tratamiento legislativo de un proyecto de ley que pretende legalizar la interrupción del Embarazo, a través del mecanismo de Aborto, constituye un ataque a la DEFENSA DE LA VIDA” (sic). En otras instancias, algunas declaraciones se dirigen explícitamente a los senadores provinciales (quienes representan a sus respectivas provincias en el Congreso Nacional) para que se manifiesten en contra del proyecto de ley en debate. Si bien las fuentes de autoridad mencionadas continúan siendo mayormente la constitución nacional y provincial, y las convenciones internacionales de derechos humanos, se recurre en varios casos a nuevas fuentes de autoridad, en particular declaraciones de la Academia Nacional de Medicina (^{ANM, 01/07/2018}), u otros colegios o asociaciones de profesionales de la salud, insistiendo en las normas éticas del “juramento hipocrático” y en la necesidad de garantizar la “objeción de conciencia” frente a una potencial aprobación de la IVE.

Algunas de las declaraciones de este momento coinciden con la adhesión o la declaración de interés por parte de gobiernos locales y provinciales a marchas y caravanas convocadas por el activismo “celeste” frente a los debates parlamentarios. Por ejemplo, el consejo deliberante de Fraile Pintado, una localidad de 13 000 habitantes en Jujuy, adelantó sus sesiones ordinarias para aprobar la ordenanza días previos a una movilización convocada en torno al lema “Salvar las dos vidas” (^{El Tribuno, 04/07/2018}).

A su vez, muchos de los concejos locales que avanzan en las declaraciones son denunciados por realizar “trámites exprés”, evitar consultar con la ciudadanía, o limitar el acceso a los debates (por ejemplo, el caso de Orán, en Salta, o de Puerto Esperanza, en Misiones). En parte, esta urgencia se relaciona también con una cada vez más articulada y visible movilización social de los sectores que acompañaban al proyecto de IVE. La “ola verde”, como la denominó la prensa por el color del pañuelo que escogieron para identificarse, se advierte con especial fuerza en este momento, incluso en pequeñas localidades de provincias donde la presencia de los feminismos no había resonado previamente. En 2018, más de un tercio de los intentos por declarar provida una jurisdicción subnacional son frenados antes de su tratamiento o rechazados por los concejos locales debido al impulso de estos sectores y al apoyo de algunos representantes electos. Su movilización continuará siendo relevante en los dos años siguientes e, incluso, lograrán frenar más iniciativas que las que se consiguieron aprobar durante 2020.

Al comparar las experiencias de este año con 2018, se insinúa el cambio en el clima de opinión y el éxito de las estrategias de persuasión minoritarias desplegadas por estos sectores. Por ejemplo, el concejo deliberante de Dolavon, en Chubut, en febrero de 2020 derogó su declaración provida, la cual prohibía la venta y distribución de anticoncepción oral de emergencia en el territorio municipal (^{MilPatagonias.com, 15/02/2020}). A su vez, cuando se habilitó de forma amplia el debate ciudadano, la diversidad de posiciones quedó al descubierto. En Montecarlo, una pequeña localidad de la provincia de Misiones, tras escuchar las diversas posiciones de la ciudadanía tanto a favor como en contra de la IVE, los ediles decidieron no avanzar en una declaración provida y, por el contrario, promovieron una declaración como “municipio de la pluralidad de voces” (^{El Territorio, 07/07/2018}).

La “ola verde”, sin embargo, no siempre condujo a frenar los intentos declarativos. En algunos casos fueron las o los intendentes quienes insistieron de manera unilateral, aprobando declaraciones provida a través de un “decreto” o “resolución municipal”. Este es el caso de al menos cinco localidades en este momento, como Humahuaca, en la norteña provincia de Jujuy o Concordia, en Entre Ríos, donde la iniciativa había sido rechazada previamente por el concejo deliberante. En algunas de estas instancias, la justificación de las máximas autoridades locales ha sido el haber refrendado el Pacto de San Antonio de Padua, una propuesta iniciada por algunos intendentes justicialistas de la provincia de Buenos Aires, a través del cual se comprometen a implementar en sus gestiones municipales las directrices de la encíclica papal Laudato si, la cual incluye el rechazo al aborto (^{Esquivel, 2017}).⁵

En noviembre de 2020, el presidente Alberto Fernández remitió un proyecto de ley al Congreso de la Nación, junto con otro proyecto que creaba un programa de atención a personas gestantes y niños recién nacidos. En el recinto del Congreso varios legisladores mencionaron las declaraciones provida de sus jurisdicciones de procedencia y un supuesto rechazo mayoritario de diversas regiones del país a la iniciativa. Finalmente, el proyecto de ley fue aprobado el 30 de diciembre de 2020 en el Senado de la Nación, el recinto donde dos años antes había sido rechazado un proyecto similar. Semanas después, diversas presentaciones judiciales de sectores provida han intentado que la justicia ampare declaraciones de inconstitucionalidad de la ley aprobada, varias de ellas en provincias o municipios declarados provida (^{Vilches, 16/02/2021}).

¿Quiénes demandan una ciudad provida?

Aun cuando hemos encuadrado la campaña“Sumemos…” como una estrategia de los activismos (religiosos) conservadores (^{Vaggione y Mujica, 2013}), resulta pertinente avanzar en la caracterización de los actores que demandan una ciudad o provincia provida, y evidenciar en qué medida el componente religioso resulta central o no en su organización.

Algunos medios locales y declaraciones enmarcan los procesos declarativos como demandas de “grupos de ciudadanos” o “vecinos de la localidad”. No obstante, esta categoría genérica resulta una de las menos frecuentes en los casos identificados (véase Tabla 1).

En contraposición, los tipos de actores más mencionados por las coberturas mediáticas o los propios documentos de las declaraciones son actores religiosos, colectivos u organizaciones provida, y la propia clase política. Los primeros aportan algo más de 50% de las menciones donde hay datos de los promotores de las iniciativas; los segundos, aparecen referidos en 41% de casos, respectivamente. Entre los actores religiosos se encuentran referencias a obispos, párrocos y colegios y universidades confesionales pertenecientes a diversas órdenes religiosas católicas, espacios ecuménicos, y también pastores, iglesias o instituciones educativas evangélicas. Estos últimos adquieren mayor número de referencias en el segundo momento de la campaña, aunque es posible que dichas referencias den cuenta sobre todo de su mayor visibilidad en la agenda política y mediática. No se identificaron menciones a referentes de otras confesiones religiosas además de la católica y las evangélicas en el proceso: el ecumenismo se presenta así limitado a algunas tradiciones cristianas.

ACA, la promotora inicial, solo es mencionada en cuatro declaraciones, todas en el primer momento de la campaña. En este sentido, su menor visibilidad parece una consecuencia deliberada de la mayor preminencia que adquieren referencias a actores evangélicos o a espacios ecuménicos a medida que avanza y se diversifica la campaña.

Entre las organizaciones provida, por su parte, las más recurrentes son las redes de familia de diversas provincias -articulaciones regionales de la RFF- o colectivos provida con circunscripción local, como “Rafaelinos por la vida” o “Roldán Te quiero provida”, aunque también aparecen algunas organizaciones con una dilatada trayectoria en diversas regiones del país, como Grávida (^{Morán, 2015}). A su vez, contrario a lo esperado, sus menciones tienden a ser menores en el segundo momento de la campaña.

Los actores que tienen más referencias durante el segundo período de la campaña son los que categorizamos como “clase política”: tanto concejales como intendentes/ as casi duplican su presencia en esta instancia como principales promotores de las iniciativas declarativas (pasan de 12 a 21 menciones en el segundo momento). La pertenencia partidaria de estos referentes recorre casi todo el espectro político: líneas provinciales del Partido Justicialista (las más frecuentes), de la Unión Cívica Radical, del Frente para la Victoria, de la alianza Cambiemos, e incluso independientes, partidos provinciales o vecinalistas han promovido y/o acompañado declaraciones provida a lo largo de toda la geografía del país. En algunos casos aparecen referencias a la adscripción evangélica de algún edil o funcionario/a público/a que promueve la iniciativa, lo cual no suele tener menciones equivalentes para el caso de concejales o intendentes católicos/as. También se mencionan en este contexto algunas candidaturas “celestes” entre quienes promovían algunas de las declaraciones, ya que en 2019 hubo elecciones nacionales y en diversas jurisdicciones subnacionales. Los “celestes” se vuelven así una identificación pública y, de alguna manera, su compromiso asumido con la declaración provida de una localidad o su intento de promocionarla parecen constituir una referencia central para su eventual posicionamiento electoral. En este sentido, la relevancia que parecen tener actores religiosos y clase política en la promoción de las iniciativas declarativas requiere repensar los modos en que política y religión se interrelacionan a un nivel subnacional.

Laicidad subsidiaria y laicización a diferentes velocidades

Incluso cuando no exista una definición unívoca de laicidad, al menos es posible entenderla como un proceso, una continua disputa por el desarrollo de transferencias de legitimidades políticas desde elementos sagrados a la soberanía popular (^{Blancarte, 2008a}). No obstante, deben considerarse también los arreglos institucionales y normativos particulares con que cada sociedad despliega las relaciones entre Estado e Iglesia católica u otras religiones. ^{Baubérot y Milot (2011)}, en virtud de analizar el caso francés a nivel de la separación de la religión con el Estado, han propuesto la existencia de diversos tipos ideales de laicidad, como ser la separatista, anticlerical, autoritaria, de fe cívica, de reconocimiento y la laicidad de colaboración. Esto implica que no existe un solo modelo de laicidad, sino que cada sociedad desarrolla diversos modos de vinculación entre el poder político y el poder religioso.

En términos de la relación Estado-Iglesia, la situación argentina ha sido caracterizada como de “laicidad subsidiaria” (^{Esquivel, 2010}; ^2016b; ^{Mosqueira y Prieto, 2015}).⁶ Una condición de “subsidiariedad” implica un Estado que reconoce fuertes raíces cristianas, católicas en especial, y que presenta lógicas en las cuales reivindica una mayor autonomía decisional, como algunas regulaciones en torno a derechos sexuales y reproductivos, aunque también queda subordinado a la intermediación con otras instancias como las del poder eclesial, como en la implementación de ciertas políticas públicas o los préstamos mutuos de confianza y legitimidad social entre actores religiosos y políticos (^{Esquivel, 2017}). A la par que se advierte una mayor diversidad religiosa y no religiosa en la sociedad, otras confesiones, en especial cristianas evangélicas, han ganado mayor reconocimiento político y presencia estatal. Para ^{García Bossio (2018)} es precisamente a escala local donde es posible advertir la creciente incidencia política de evangélicos pentecostales, por ejemplo, a través de su participación al frente de agencias estatales subnacionales que gestionan la relación entre los diversos cultos. De esta forma, este tipo de laicidad supone una constante negociación: no solo las y los decisores políticos se acogen en muchos casos a lógicas de subordinación o de colaboración, sino que las organizaciones religiosas buscan intervenir en las estructuras estatales como una estrategia de garantizar su reproducción institucional (Esquivel, 2016b).

En términos operativos, ^{Esquivel (2016b)} ha propuesto distintos indicadores para analizar las lógicas de intermediación en el plano normativo-jurídico, de las políticas públicas y las culturas políticas. Pero también es necesario considerar diversas escalas en las cuales estos procesos resultan más o menos significativos, como sugieren los trabajos de ^{García Bossio (2018)}. Mientras el Estado nacional parece más capacitado para reclamar mayor autonomía decisional en algunas cuestiones, como la aprobación de leyes en temas de salud, familia y educación, a escala subnacional los decisores políticos presentan una mayor subordinación al poder religioso, y estos, un mayor poder de incidencia (^{Esquivel, 2016a}). No solo símbolos, actors y elementos religiosos forman parte del paisaje habitual de agencias estatales en muchas provincias del país, sino sobre todo su incidencia se advierte en la brecha entre decisiones públicas nacionales y su efectiva implementación subnacional, en especial en temas de sexualidad. En el plano de las culturas políticas, resulta relevante el rol de intermediación que ha asumido la Iglesia católica en Argentina frente a diversos ejes de conflictividad social, pero su pretensión de generar consensos sociales a partir de una identidad totalizante, no obstante, se ve cada vez más limitada por la diversidad presente en la sociedad (^{Esquivel, 2009}).

En este marco, no resulta casual que la convocatoria a“Sumemos…” haya surgido de una organización satélite de la jerarquía católica argentina, ni que la intervención de autoridades religiosas haya sido decisiva en muchos de los procesos que hemos analizado. La influencia del poder eclesial resulta marcada en términos de la subordinación que expresan algunos decisores políticos subnacionales. Por ejemplo, diversos procesos de declaraciones provida fueron impulsados o al menos tutelados por los obispos diocesanos, como en San Fernando del Valle de Catamarca o en Curuzú Cuatiá, Corrientes (^{Diario Vox, 20/05/2014}; ^{El Litoral, 07/07/2018}).

Bajo una concepción de la laicidad como una continua negociación es posible entender cómo sectores de la clase política subnacional acogen como propias propuestas que provienen de espacios religiosos movilizados, y las promueven con diversas intenciones, incluso, de legitimación social o electorales. Tampoco debe soslayarse que varios de los actores políticos de las experiencias analizadas son parte activa de los movimientos provida. Esto complejiza los modos en que se desarrollan las relaciones relevadas en los espacios locales: algunos estados locales asumen compromisos con organizaciones de la sociedad civil que suponen diversos esfuerzos municipales por promover políticas públicas que, incluso, pueden lesionar derechos consagrados por legislaciones nacionales. En estas lógicas se enmarcan algunas declaraciones locales, como la de Yerba Buena en Tucumán o Rafaela en Santa Fe, que impulsan convenios y capacitaciones conjuntas con ONG, fundaciones, centros de salud y educativos provida, o nombrar a activistas provida al frente de observatorios o comisiones creadas para efectivizar los fines de las normativas locales aprobadas.

Si bien en términos de la doctrina jurídica existe consenso en que las ordenanzas y otras normativas del ámbito municipal no deben contradecir la legislación nacional vigente (^{Rosatti, 2006}; ^{Marchiaro, 2021}), el impacto de algunas de estas declaraciones se extiende a acciones concretas para obstaculizar o impedir el acceso a derechos sexuales y reproductivos reconocidos por el Estado argentino. En algunas jurisdicciones, bajo el amparo de sus respectivas declaraciones provida, se ha prohibido la venta de anticonceptivos orales de emergencia (como en San Francisco del Monte de Oro, en San Luis, o en la declaración ya derogada de Dolavon, en Chubut) o se ha impedido por diversas vías la implementación de los protocolos de atención de abortos no punibles en sus centros de salud (como en San Miguel, Buenos Aires o en Malargüe, Mendoza).

Algunos gobiernos locales han convocado a manifestaciones contra el proyecto de IVE desde los sitios oficiales, como en Santa Ana, Entre Ríos, o Fontana, Chaco.⁷ En 2020, en los días previos a la aprobación en el Senado de la Nación, el municipio de Las Breñas, Chaco, iluminó de celeste el edificio gubernamental y vistió con un pañuelo celeste la imagen de un Cristo en el ingreso del pueblo. Una vez aprobada la ley de IVE, el intendente de Yerba Buena, en Tucumán, decretó cuatro días de duelo municipal por “los bebés que no van a nacer” (^{Infobae.com, 05/01/2021}).

Así, municipios que adoptan el lema “Ciudad provida” en sus comunicaciones institucionales o expresan una posición “oficial” contra la IVE, manifiestan una pretensión por configurar como totalidad las posiciones de un sector de la comunidad. Los monumentos al “niño por nacer”, las ceremonias de “santa” sepultura a fetos tras un aborto no punible (como los autorizados en Palpalá, Jujuy) o los monolitos provida (como el realizado en Saénz Peña, Chaco), por nombrar otras iniciativas generadas a partir de las declaraciones provida, constituyen una interpelación constante a quienes no se adhieren a la posición asumida por el gobierno local. Si bien no son la mayoría, algunas declaraciones recurren también a justificaciones religiosas: los ediles de Añatuya, en la provincia de Santiago del Estero, fundamentaron su decisión porque “es una ciudad de costumbres y creencias religiosas muy marcadas, en donde se podría decir que el 99% de la población tiene sus creencias en Dios” (El Liberal, 19/08/2018). En los considerandos de la declaración como “departamento provida y profamilia” de Las Heras, en Mendoza, promovida por la asociación provida Óbolo, se advierte que la defensa de “la dignidad de la persona desde su concepción hasta la muerte natural, luchando en FAMILIA y para la FAMILIA, son los desafíos que llevan adelante los fieles comprometidos” (HCD Las Heras, ordenanza 3900/2013, en mayúsculas en el original). Esta ordenanza además establece el compromiso de la Secretaría de Desarrollo Social de promover, colaborar o apoyar diversas actividades de concienciación sobre “la importancia de cuidar la vida, tanto en el estado físico como en el estado espiritual”.

En este sentido, además de reforzar las articulaciones entre representantes públicos, el poder religioso y los activismos provida, y de promover políticas públicas que resultan contradictorias con derechos reconocidos a nivel nacional, las principales implicaciones de las declaraciones provida parecen advertirse sobre todo en un plano simbólico. Ponen en tensión un aspecto central de las concepciones pluralistas de la laicidad: la no discriminación por motivos de creencias religiosas, no creencias y convicciones personales (^{Blancarte, 2008b}).

En efecto, el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI) ha condenado varias veces estas declaraciones, como la de San Salvador de Jujuy, la de Orán en la provincia de Salta, o el intento por aprobarla en Santa María, Catamarca, porque limitan los derechos fundamentales de las mujeres y resultan discriminatorias al “pretende(r) sembrar una dicotomía inexistente: lo que no es pro-vida es pro-muerte” (^{ElAncasti.com.ar, 18/12/2020}; ^{Marchiaro, 2021}). En virtud de estas manifestaciones, en 2014 el concejo deliberante de Aristóbulo del Valle, provincia de Misiones, derogó la ordenanza que la declaraba provida, aprobada dos años antes; en 2018, no obstante, tras un encuentro en el que se manifestaron referentes de diversas posturas, insistió con una nueva declaración.

Conclusiones

A lo largo de casi una década, las acciones desarrolladas en el marco de la campaña “Sumemos ciudades por la vida”, impulsada en sus inicios por la Asociación Católica Argentina (ACA), permiten ilustrar y reflexionar acerca de diversos modos de movilización religiosa conservadora en el país, los activismos provida que los impulsan, y los modos en que se establecen vínculos diferenciales entre poder religioso y político a nivel subnacional.

Por un lado, la campaña de declaraciones constituye un ejemplo nodal de las nuevas estrategias asumidas por el movimiento provida en el país: da cuenta de sus instancias de federalización y, en algunos casos más que en otros, implica una expresión de ecumenismos activistas, sobre todo, entre sectores evangélicos pentecostales, jerarquías y conservadurismos católicos, y algunas organizaciones de la sociedad civil (^{Morán, 2015}; ²⁰¹⁷; ^{Gudiño, 2017}).

l describir el desarrollo de la campaña, además, es posible advertir la complejidad de los vínculos entre clase política, poderes religiosos y sociedad civil a un nivel subnacional. Como afirmaba ^{Esquivel (2016a)}, la incidencia de los poderes religiosos se observa con mayor énfasis en las jurisdicciones subnacionales que en las decisiones nacionales. En este sentido, además de las dimensiones en las cuales se despliegan diversas lógicas para indagar la laicidad estatal (normativa-jurídica, de políticas públicas y de culturas políticas), en futuros trabajos es necesario profundizar en los modos en que se desarrollan los procesos de laicización en diversas escalas estatales, sobre todo a un nivel de las políticas públicas y las culturas políticas. En las relaciones que establecen los estados locales con instituciones religiosas, no obstante, aparecen como novedosos los vínculos con referentes de algunos sectores evangélicos pentecostales, en parte promovidos o acogidos por las propias agencias estatales (^{García Bossio, 2018}). Su poder de incidencia local resulta un ámbito escasamente explorado en estudios previos y, a juzgar por la creciente presencia en los procesos declarativos analizados, un proceso que supone intensas movilizaciones de base.

Por otro lado, los feminismos, los grupos de derechos humanos y colectivos aliados también parecen ganar mayor relevancia local, quizás de la mano de la masificación que supusieron las movilizaciones de #NiUnaMenos en el país. En general, los estudios que abordan aspectos de controversias públicas sobre derechos sexuales y reproductivos tienden a un énfasis a escala nacional, pero así la imagen resulta incompleta, ya que la experiencia de estas movilizaciones llega a ser contestada en espacios subnacionales, en virtud de la mayor incidencia que presenta el poder religioso en las decisiones públicas.

Las declaraciones provida son un medio retórico a través del cual un municipio o jurisdicción subnacional manifiesta su posición en torno a temas relacionados con políticas públicas sobre derechos sexuales y reproductivos regulados por el Estado nacional, en particular la IVE. Como se señaló, sus impactos legales y normativos son limitados, pero esto no implica que hayan estado exentos de controversias y de generar diversas consecuencias simbólicas y políticas. Las declaraciones no son acciones inocuas o expresiones coyunturales, sino que parecen constituir una estrategia sistemática de reacción preventiva (^{López, 2021}) para generar un proceso de deslegitimación social y de construcción de una supuesta mayoría como oposición homogénea a la legalización de la IVE. Su carácter conservador queda evidenciado precisamente por un discurso público que defiende un“orden natural” y una supuesta moral pública mayoritaria, bajo la cual se pretenden subsumir las posiciones y decisiones de quienes promueven transformaciones en el orden de género y sexual (^{Gaytán, 2019}). En muchos casos, estas declaraciones han sido también un intento directo de obstrucción en la implementación efectiva de políticas públicas de salud sexual. En varios de los casos analizados, nos encontramos además con regímenes híbridos, sistemas políticos provinciales o locales que combinan prácticas e instituciones formalmente democráticas con otras autoritarias, que han sido identificados en diversos puntos del país (^{Gervasoni, 2011}). En este sentido, algunas de las decisiones unilaterales de intendentes, gobernadores o poderes legislativos locales, y ciertos intentos por limitar las expresiones de opiniones disidentes a las iniciativas, parecen sintomáticas de la existencia de estos regímenes, y refuerzan la necesidad de pensar los procesos de laicidad estatal a diversas escalas e intensidades.

A su vez diversas acciones “simbólicas” (cementerios de “angelitos”, lemas oficiales de ciudades provida, convocatorias municipales a marchas provida) suponen intentos por consagrar como totalidad una realidad social diversa, en este caso, acompañada por la clase política, a pesar de la creciente diversidad evidenciada en la sociedad (^{Esquivel, 2009}). Este aspecto parece presentar numerosos desafíos para un abordaje pluralista de la laicidad (^{Blancarte, 2008b}), en la medida que los intentos por fijar una posición unívoca en el marco de la pluralidad de voces locales, además de evidenciar discriminaciones y limitar el acceso a derechos, parece un producto de la propia subordinación o colaboración de la clase política a las demandas de actores (religiosos) conservadores en el espacio subnacional.

Aunque es necesario profundizar en futuros trabajos, también se puede señalar el impulso que parecen haber tenido las declaraciones provida en la conformación de una argumentación en torno al marcado clivaje entre la ciudad de Buenos Aires o las grandes ciudades, y el “interior” (el resto) del país, en cuanto a las posiciones sociales sobre la IVE. Se trata de un argumento utilizado con frecuencia por sectores opositores a la iniciativa a nivel nacional, por ejemplo, en las expresiones de la Conferencia Episcopal Argentina o de la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) en sus comunicados oficiales tras ser aprobada la IVE. En 2018, la -por entonces- vicepresidenta de la nación, Gabriela Michetti, opositora a la IVE, manifestó en un programa de televisión que “todo el interior (del país) está en contra” del proyecto en debate. Pero las encuestas de opinión pública de consultoras privadas muestran un panorama diferente, puesto que las posiciones no son tan unívocas a pesar de los esfuerzos aquí reseñados (^{Infobae.com, 08/03/2020}; ^{Maidana, 02/12/2020}).

Aunque el propósito final (impedir la IVE) no se logró a nivel nacional, no debe despreciarse la movilización social que han implicado los procesos declarativos, y su capacidad de persuasión e intentos de deslegitimación social de las demandas de derechos sexuales y reproductivos a nivel subnacional. Por ejemplo, la incorporación de los artículos 10 y 11 en la Ley Nacional 27.610 que buscan garantizar la objeción de conciencia no solo personal sino también “institucional”, un emergente de las negociaciones para lograr que el proyecto sea aprobado, ya se inscribía entre los valores consagrados por algunas de las declaraciones provida a lo largo de todo el segundo momento de las acciones aquí analizadas. En algunas provincias o jurisdicciones provida el número de establecimientos de salud y profesionales que no son objetores es minoritario, generando dificultades para el efectivo acceso a la IVE de mujeres y personas gestantes que la soliciten. Entre sus principales logros, la campaña ha buscado instaurar una imagen del “interior” del país como un espacio de oposición mayoritaria (si no unívoca) al proyecto de IVE, a la vez que gestar una movilización inédita en torno a una nueva identidad pública (los “celestes” o provida), la cual puede prescindir de la identificación religiosa que la sustenta. En este plano es posible entender la campaña como otra prueba de laboratorio exitosa que ha conllevado a diversas réplicas a nivel internacional.