Introducción

El objetivo de este trabajo es analizar los discursos en notas de prensa de medios nacionales y regionales publicadas de 2013 a 2019 sobre el acceso a los servicios de salud de la población jornalera en el noroeste de México.¹ Este artículo deriva de un proyecto más amplio que documenta las condiciones de vida y trabajo de población jornalera en esta región integrada por Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora,² entre la cual las dificultades de acceso a los servicios de salud es una necesidad sentida y vivida recrudecida en el contexto de crisis sanitaria ante la pandemia por COVID-19.

En este artículo partimos de la premisa de que el acceso a los servicios la salud es un asunto de justicia social y de derechos que conlleva profundos planteamientos éticos, morales, filosóficos y legales sobre lo que se considera justo e injusto en términos valorativos y prácticos (^{Capeheart y Milovanovic, 2020}; ^{Rawls, 2012}; ^{Sen, 2010}). De acuerdo con Sen, los derechos son “vigorosos pronunciamientos éticos sobre lo que debe hacer” (^{Sen, 2010}: 389), por lo que en su teoría sobre la justicia desarrolla la idea de las capacidades para referirse a las condiciones que permiten a las personas elegir entre las oportunidades para lograr su bienestar. Entre estas condiciones esenciales están la alimentación, la educación y la salud y, de manera específica, la igualdad en el uso de los servicios de salud. Para el autor, en una sociedad justa habría una redistribución de estas capacidades para permitir el desarrollo humano independientemente de las condiciones de clase, género y pertenencia étnica (^{Sen, 2010}).

Partimos también de que para ejercer los derechos es necesario reconocer el derecho a tener derechos (^{Arendt, 1998}) como elemento central para su puesta en práctica, así como la identificación de las condiciones de posibilidad, entendiendo estas como los “mecanismos institucionalizados o no, que constituyen las formas estructurales a través del tiempo y que están al alcance de las personas, como posibilidades e imposibilidades objetivas para el ejercicio pleno de los derechos” (^{Castro, 2016: 40}). Entonces, el análisis de los derechos se enmarca en el modelo económico e ideológico desde el cual se define el derecho a la salud (^{Arrivillaga y Borrero, 2016}; ^{Borrero, 2011}; ^{Montiel, 2004}), y que en este documento analizamos a través de los discursos reproducidos en las notas de prensa sobre las condiciones de acceso a los servicios de salud entre población jornalera.

El derecho a la salud fue incluido en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos con el objetivo de curar y prevenir enfermedades mediante el acceso y disfrute de servicios y bienes que posibiliten el mayor nivel de salud posible, por lo que su ejercicio se relaciona de manera más amplia con las condiciones de vida de las poblaciones (^{Organización de las Naciones Unidas, 1948}). Así, el derecho a la salud se concreta en el acceso oportuno y de calidad a servicios de atención a la salud (^{Organización Mundial de la Salud, 2017}), sin embargo, poblaciones vulneradas como grupos originarios, mujeres y hombres migrantes, sufren violaciones de este derecho al tener dificultades de acceso a los sistemas de protección de la salud. México ha firmado pactos y declaraciones internacionales que reconocen este derecho, pero fue hasta 1992 cuando se integró a los derechos constitucionales; en el artículo 4 se define el derecho a la protección de la salud, el cual se refiere a las normas que regulan a las instituciones que brindan servicios de salud, así como el derecho a la atención de la salud que garantiza el acceso a la asistencia médica (^{Moctezuma, 2000}; ^{UNAM, 2013}). Sin embargo, y de acuerdo con ^{Montiel (2004)}, en el país se reconoce este derecho constitucional en términos discursivos y legislativos, pero el acceso a los servicios de salud tiende cada vez más a su privatización, lo que restringe las oportunidades de acceso entre poblaciones vulneradas.

En México, las leyes y reglamentos vigentes definen el acceso a la salud en distintas modalidades, por lo que se habla de un sistema fragmentado de salud (^{López y Jarillo, 2017}). Por un lado, están los servicios dirigidos a población asalariada y sus familias, quienes son derechohabientes en instituciones que reciben financiamiento por parte del empleador, el trabajador y el Estado, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Otra parte de la población llamada población abierta recibe servicios de atención médica por parte del Estado a través de la Secretaría de Salud, pero no tienen acceso a un sistema de pensiones y jubilaciones, ya que generalmente desempeñan actividades laborales informales (^{Gómez et al., 2011}). Y, por último, otra con capacidad de pago acude a servicios privados de salud.

Desde 1960 se incluyó a los trabajadores del campo como sujetos de derechos en la Ley Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que obligaba a los patrones a inscribirlos a este sistema de seguridad social y de salud. Dicha ley ha tenido diversas modificaciones, y en 2019 se definió que a partir de 27 semanas (casi siete meses) continuas de trabajo con un mismo empleador se considera como trabajador permanente, con lo cual se puede determinar la forma de cotización de acuerdo con el reglamento vigente. Sin embargo, dicha condición es difícil de cumplir porque el trabajo agrícola se caracteriza por su estacionalidad y es una práctica común la ausencia de contratos laborales, lo que impide comprobar un trabajo continuo a pesar de emplearse por décadas en esta labor (^{Rivera, 2006}; ^{Valdivia y Sánchez, 2017}). Se ha reportado que más del 90% de la población jornalera no está adscrita a un sistema de seguridad social y de salud, por lo que recurre a los servicios ofrecidos por el Estado para atender su salud. En 2017 solo el 6.8% de los trabajadores eventuales del campo estaban asegurados por el IMSS, lo que subió al 7.5% en el quinto mes de 2018 (^{Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, 2019}).

En 2019 se realizaron modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en México, en concreto a su artículo 279, en el que se decretó que “el patrón llevará un padrón especial de los trabajadores contratados por estacionalidades, para registrar la acumulación de éstas a fin de establecer la antigüedad en el trabajo y, con base en la suma de éstas, calcular las prestaciones y derechos derivados del tiempo sumado de trabajo” (^{Diario Oficial de la Federación, 2019: 74}). A pesar de las modificaciones en los marcos legales, las condiciones del trabajo agrícola evidencian los procesos de flexibilización y precariedad laboral que allanan el ejercicio de derechos.

Partimos de que el discurso expresa las relaciones y desigualdades sociales que, en este caso, reproducen la posición subordinada de la población jornalera en la opinión pública, de ahí la pertinencia de realizar investigación social que visibilice los posicionamientos y compromisos políticos sobre el tema. Los medios de comunicación son una vía para conocer, retomar, participar y legitimar discursos en la opinión pública, a la vez que permiten a la ciudadanía conocer las declaraciones y propuestas de los actores políticos (^{Barrientos et al., 2020}). Los discursos emitidos por los grupos de poder y difundidos en la prensa juegan un papel decisivo en la construcción del discurso político legitimado socialmente y son una arena de debate que posiciona de manera desigual las voces y argumentos de actores sociales y políticos, configurando y fortaleciendo imaginarios socialmente compartidos.

Diversas investigaciones sobre trabajadores agrícolas en México han documentado la violación sistemática de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), materializada en condiciones de trabajo precario y temporal, pobreza extrema, inseguridad alimentaria, dificultades de acceso a los servicios de salud, rezago educativo, hacinamiento en las viviendas y carencia de servicios públicos básicos, esto sumado a discriminación y racismo al pertenecer a grupos originarios de México (^{Barrón, 1997}; ^{Calvario y Díaz, 2015}; ^{De Grammont y Lara, 2004}; ^{Espinoza et al., 2017}; ^{Haro, 2007}; ^{Lara, 2011}; ^{Ortega et al., 2007}; ^{Posadas, 2018}; ^{Rangel, 2013}; ^{Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, 2019}; ^{Sánchez y Lara, 2018}).

En marzo de 2015 en San Quintín, Baja California, hubo un movimiento de jornaleros y jornaleras agrícolas que visibilizó en los medios nacionales e internacionales dichas condiciones de vida y generó la formación de sindicatos que han gestionado ante las instituciones mexicanas y el empresariado agrícola el cumplimiento de sus derechos laborales, entre ellos el derecho a la salud (^{Bensusán y Jaloma, 2019}). En esta compleja condición sociopolítica y económica analizamos los discursos de actores políticos publicados en notas de prensa sobre el acceso a los servicios de salud entre la población jornalera de la región noroeste de México.

Análisis del discurso en la investigación social

Para el análisis del discurso en las notas de prensa partimos de reconocer que el lenguaje hablado y el escrito representan relaciones de poder en las estructuras sociales, a partir de las cuales se construyen los discursos dominantes (^{Foucault, 1992}; ^{Giddens y Sutton, 2015}). El discurso se define como “el uso del lenguaje en términos de interacción comunicativa en situaciones sociales” (^{Van Dijk, 2010: 77}), en las cuales los sujetos asumen distintas posiciones en el sistema de relaciones y, con ello, el acceso a cierto conocimiento sobre la realidad. Tal información es filtrada desde el punto de vista del actor, por lo que el discurso incorpora “modos intersubjetivos de percibir el mundo y posicionarse en él, propios de sujetos en contextos socio-históricos concretos… El discurso se entiende, por lo tanto, como reflejo de un mecanismo de dominación ideológica” (^{Ruiz, 2009: 19}).

Los discursos refieren a lo dicho, y las formas de decirlo comprenden las relaciones, las oposiciones y lo que se excluye al representar la realidad (^{Alzate, 2010}). Los discursos emitidos por los grupos de poder juegan un papel decisivo en la construcción del discurso político y social, y para comprender cómo se produce y reproduce, se requiere la lectura entrelíneas del quién, cómo, qué y a quién se dirigen. Los discursos muestran las relaciones de desigualdad y exclusión a través de la normalización ante la opinión pública de imágenes y significados emitidos por actores sociales en posiciones dominantes (^{Alonso, 2002}; ^{Ruiz, 2009}).

^{Van Dijk (1996}, ²⁰¹⁶) sostiene que el análisis del discurso permite comprender cómo las estructuras discursivas reproducen, legitiman o cuestionan las relaciones enmarcadas por las condiciones de clase, etnicidad y género entre otras condicionantes que se expresan a través del habla y del texto. El discurso es interpretativo y explicativo a la vez (^{Wodak y Fairclough, 1997}), y desde sus estructuras semánticas y enunciativas posibilita la construcción, normalización, generalización y cambios en la percepción de la realidad (^{Alzate, 2010}). Los discursos se forman a través de las descripciones de actividades, posiciones y propósitos de los grupos sociales, que por medio de las normas y valores significan lo bueno y lo malo de acuerdo con los intereses que los condensan como un nosotros, los privilegiados, frente a los otros, los dominados, con escaso acceso a recursos, pobres y desprotegidos (^{Van Dijk, 1996}). Los medios de comunicación son una vía pública para conocer, retomar y participar en la reiteración de lo que allí se registra, y reproducir lo que se considera legítimo en la agenda pública.

Los discursos en los medios noticiosos develan las posiciones jerarquizadas entre quienes los emiten como fuente legítima de información, las cuales se busca posicionar como verdad para “promover la adquisición, cambio o confirmación de creencias sociales” (^{Alzate, 2010: 72}). Foucault refiere que la verdad funciona a través de los enunciados que desde los sistemas de poder se producen y reproducen e impactan sobre el sistema de relaciones, ya que “el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” (^{Foucault, 1992: 14-15}). La prensa escrita como fuente de información en la investigación se analiza como práctica social y, como lo señalan ^{Menéndez y Di Pardo (2009)}, se significan las voces y silencios de los actores sociales, construyendo un discurso sobre la realidad.

En este trabajo, el discurso en la prensa no se analiza como un proceso interactivo inocuo y horizontal entre emisores y receptores, sino que se considera que constituye una arena de debate que posiciona de manera desigual las voces y argumentos de los actores sociales involucrados, configurando o fortaleciendo imaginarios socialmente compartidos en contextos sociohistóricos concretos. Consideramos además que la perspectiva de Van Dijk es congruente con la nuestra, en el sentido de mantener “el propósito de contribuir al fortalecimiento social de los grupos dominados, especialmente en el terreno del discurso y la comunicación” (^{Van Dijk, 2009}). Bajo esta perspectiva nos interesa analizar cualitativamente el discurso en las notas de prensa sobre el acceso a los servicios de salud de la población jornalera, emitido por representantes institucionales en un contexto social e ideológico que posibilita e invisibiliza la violación a sus derechos humanos laborales. Estos discursos permiten comprender la posición que ocupa la población jornalera agrícola en la estructura social, representada como pobre, perteneciente a grupos originarios y sin educación formal, lo que crea una imagen de población necesitada de ayuda y apoyos por parte del estado.

Metodología

El análisis del discurso es considerado una perspectiva teórica y metodológica que invita al intercambio disciplinar con la lingüística, las ciencias de la comunicación, la psicología, la pedagogía, la antropología, la sociología y otras ciencias políticas y sociales (^{Van Dijk, 1996}). El análisis del discurso tiene variantes: procedimientos cuantitativos (contabilizar temas, encabezados, subtítulos y secciones), y análisis cualitativos que posibilitan la comprensión del discurso como expresión semántica en relación con el lenguaje, los actores sociales y las relaciones de poder (^{Sayago, 2014}), por lo que requiere de un bagaje teórico para comprenderlo en su contexto (^{Santander, 2011}).

El análisis del discurso es cada vez más frecuente en la investigación social cualitativa e implica un procedimiento riguroso y sistemático en la construcción de las categorías y procedimientos de análisis (^{Río, 2008}; ^{Sayago, 2014}). Se inicia con la codificación temática de las notas, mediante el etiquetamiento y la desagregación de la información correspondiente a las categorías analíticas, seguida de una lectura reflexiva e interpretativa de dichas categorías para identificar acuerdos y diferencias entre los discursos. Dicho proceso de análisis cualitativo requiere de la construcción del dato, su procesamiento e interpretación situados contextual y teóricamente (^{Sayago, 2014}).

Los datos resultan de una revisión hemerográfica en periódicos de alcance nacional y de la región noroeste en México, entre los que se seleccionaron aquellos de mayor circulación y cobertura y que estaban disponibles en versión digital. Los diarios nacionales fueron La Jornada, El Universal y Excelsior; de Baja California se seleccionaron El Mexicano, El Sol de Tijuana, Crónica, El Monitor Económico, Frontera y El Vig í a; de Baja California Sur se incluyeron El Subcaliforniano, Tribuna de Los Cabos y El Independiente; de Sinaloa se escogieron El Debate, El Sol de Sinaloa, El Sol de Mazatlán, Noroeste y Ríodoce; por último, de Sonora fueron Expreso, El Imparcial, Tribuna del Yaqui, El Vigía, La Verdad, El Sol de Hermosillo, Diario del Yaqui, Diario de Sonora y Tribuna de San Luis.

La base de datos contiene 2 373 notas publicadas de 2013 a 2019, por lo que se excluyen las más recientes publicaciones sobre la COVID-19 y los cambios en los programas sociales y de salud del actual gobierno. Ahora bien, de la diversidad de temáticas sistematizamos las referidas a condiciones de salud, y con las palabras claves salud y muerte, se obtuvieron un total de 531 notas, de las cuales 424 incluían la palabra salud y 107 la palabra muerte. Del total de notas, se codificaron 310 organizadas en los siguientes temas:³ a) procesos de salud y enfermedad: accidentes laborales, violencias, enfermedades infecciosas y crónicas, adicciones, efectos de los agroquímicos, vinculados con el clima y salud sexual y reproductiva; b) condiciones de acceso a los servicios de salud: posibilidades y dificultades de atención a la salud a través de la gestión en las instituciones públicas, programas sociales o la medicina privada, y c) discursos sobre la salud de la población jornalera emitidos por representantes de salud, sindicales y de organizaciones civiles.

En este artículo presentamos el análisis de la información del inciso C, con un total de 129 notas, y se construyeron dos categorías de análisis: 1) el discurso oficial sobre el acceso a los servicios de salud de la población jornalera (43 notas, ver tabla 1), y 2) el discurso de la salud como beneficio, no como derecho (36 notas, ver tabla 2). Algunas de las notas son transcritas textualmente en el siguiente análisis.

Discurso oficial sobre el acceso a los servicios de salud de la población jornalera

Con el análisis de las 43 notas mostramos evidencia empírica, la cual reitera que las declaraciones que escasamente aparecen en la prensa sobre el trabajo agrícola distan de crear las condiciones de posibilidad para el reconocimiento y ejercicio de derechos laborales, específicamente sobre el acceso a los servicios de salud. Las declaraciones y posicionamientos públicos emitidos por actores políticos de distintos niveles de representación en los medios de comunicación se relacionan con dos momentos coyunturales: 1) en 2015, cuando inició el movimiento social de la población jornalera de San Quintín y se realizaron elecciones estatales en Baja California, Baja California Sur y Sonora, y 2) en 2018, año de elecciones presidenciales. En estas coyunturas político-electorales los medios de comunicación cubrieron las noticias sobre las propuestas políticas para atender las precarias condiciones de trabajo agrícola en la región; los periódicos revisados dieron cuenta de las negociaciones entre la población jornalera directamente involucrada en el movimiento social de San Quintín y las autoridades y empresarios, así como otros acuerdos de actores políticos con jornaleros de Sonora y Sinaloa.

Antes del movimiento de San Quintín se encontró solo una declaración del delegado del IMSS en Sonora sobre las condiciones de acceso a los servicios de salud de los trabajadores temporales:

Promueven cercanía con trabajadores del campo

El delegado en Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miguel Jiménez Llamas, se reunió con representantes de los sectores privado y social, con quienes realizó acuerdos en beneficio de los jornaleros agrícolas… Destacó que los jornaleros, muchos de ellos son migrantes contratados de manera eventual durante los ciclos agrícolas, por lo que deben quedar registrados ante el IMSS para que reciban los beneficios de la atención médica y otros que otorga la institución (^{Entorno Informativo, 23 de agosto de 2014)}.

La nota refiere el acceso a los servicios de salud como un beneficio, y el discurso del titular del IMSS registrado por el medio desdibuja las nociones de derechos laborales no solo entre la ciudadanía en general, sino en especial de una población que históricamente ha sido excluida como son los migrantes pertenecientes a grupos originarios, parte importante de la población jornalera. El resto de notas se enmarcan espacio-temporalmente con la movilización en defensa de los derechos laborales iniciada en marzo de 2015 en Baja California y que contó con el apoyo mediático de organizaciones de California, Estados Unidos. A dos meses de este movimiento, el secretario del Trabajo de Sonora aseguró que la mayoría de la población jornalera estaba afiliada al IMSS:

“Yo te puedo asegurar que un 99% está dado de alta en el IMSS, no son trabajadores sueltos, es un trabajo muy serio del sindicato, del organismo empresarial y de la Secretaría del Trabajo federal”. [El Secretario] Dijo que en Sonora hay un orden y un compromiso muy serio para darlos de alto [sic], además que trabajan bajo un contrato colectivo, no es como en otras partes del país (^{El Imparcial, 19 de mayo de 2015}).

La declaración del funcionario refleja una posición que niega la realidad local y es un mecanismo discursivo para contrarrestar las demandas mediáticas y legales de la movilización jornalera. Otros estudios en la región, en particular en Sonora, han documentado la falta de afiliación al IMSS desde la voz de los jornaleros (^{Aranda y Castro, 2016}; ^{Posadas, 2018}). Este es el único medio que registra esta información sin mayor cuestionamiento, y en las notas de los siguientes años no se hacen declaraciones públicas de este tipo.

En marzo de 2015, organizaciones de trabajadores agrícolas en California, Estados Unidos, y Baja California, México, denunciaron en los medios internacionales las violaciones a sus derechos laborales. En México, y específicamente en San Quintín, Baja California, las voces de estos trabajadores se hicieron escuchar entre disputas, marchas, caravanas y amenazas de paros laborales. En este contexto mediático en ambos lados de la frontera, en México se realizaron negociaciones con empresarios de la región y actores políticos federales. Sin embargo, tales negociaciones evidenciaron la débil voluntad política para atender la situación de la población jornalera, como se refiere en esta nota sobre San Quintín:

[…] aunque [el subsecretario de Gobernación] se negó a firmar una minuta de acuerdos, el funcionario dijo que independientemente de la creación del fideicomiso especial en apoyo a los jornaleros, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afiliará a todos los trabajadores. En materia de salud, anunció que el gobierno federal se compromete a construir guarderías para los hijos de los jornaleros y un hospital de especialidades médicas, además de mejorar las instalaciones de salud pública que existen en la zona, garantizar el abasto de medicamentos y contratar más médicos y enfermeras (^{La Jornada, 25 de abril de 2015}).

Si bien se enuncian acciones para atender la salud, hay una contradicción a nivel discursivo y práctico del funcionario público al negarse a firmar un acuerdo, lo que, si bien en términos legales su incumplimiento no implica una sanción, puede cimentar algunas condiciones de posibilidad para el ejercicio de los derechos laborales. A esto se suman los usos políticos y perniciosos de las precarias condiciones de vida de la población jornalera durante las campañas electorales, tal como lo emitió el candidato ganador a la presidencia municipal de Hermosillo en 2015:

El candidato de la coalición Por un Gobierno Honesto y Eficaz, señaló que [el poblado] Miguel Alemán muy pronto tendrá una transformación y no volverá a haber ciudadanos de primera y de segunda como históricamente han tratado a los jornaleros agrícolas que realizan el trabajo duro del campo… El Hospital con Servicios de Salud Universal tendrá especialistas de Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Traumatología y Ortopedia, Anestesiología, Neurocirugía, Pacientes en estado crítico, además de área de Terapia Intensiva (^{Entorno Informativo, 25 de mayo de 2015}).

Tales promesas atienden a tiempos electorales en los cuales se utilizan las necesidades más sentidas de la población como bandera política, y generan expectativas de solución que parecieran resultar de acciones de buena voluntad y no de procesos de gestión política en los distintos niveles de gobierno. Así, en los medios de comunicación se reproducen discursos que enarbolan las negociaciones y acuerdos como beneficios, esfuerzos y buena voluntad de los actores empresariales y políticos para atender a la población jornalera, como se muestra en el siguiente fragmento:

La diputada Iris Sánchez Chiu indicó que a pesar de las condiciones difíciles actuales se lograron mutuos beneficios… incluyen seguros de vida para los más de 7 mil trabajadores de planta y más de 60 mil trabajadores de la costa y de la zona rural de Hermosillo... Jorge Mazón Salazar, quien signó el contrato laboral a nombre de la Asociación de Productores Agropecuarios de Sonora (APAS) destacó que el esfuerzo de los agricultores para conceder este incremento salarial es para mantener la paz y la tranquilidad laboral en el campo sonorense (^{Expreso, 30 de enero de 2017}).

En la nota se resaltan los mutuos beneficios, discurso que invisibiliza las obligaciones patronales y las sitúa como concesiones, no como derechos; sin embargo, la seguridad social y de salud, demanda prioritaria del movimiento jornalero, no aparece de manera explícita en la nota. Asimismo, el llamado a la paz y tranquilidad que hace el empresario alude a las movilizaciones y caravanas de jornaleros agrícolas que desde 2015 recorrieron el territorio nacional y para evitar un boicot empresarial. El discurso se convierte entonces en un mecanismo para contrarrestar la situación de posible inestabilidad, por lo que los actores políticos emiten declaraciones públicas que sostienen que, a pesar de las condiciones difíciles, participan del compromiso político para mejorar las condiciones de trabajo de la población jornalera.

Continuando con la misma nota, es de llamar la atención el doble papel de la diputada, que además de su puesto político, es representante sindical de trabajadores agrícolas en Sonora. Esta doble participación evidencia la compleja relación económico-política entre las agroempresas del noroeste de México y los gobiernos en los distintos niveles, lo que posibilita un discurso público reproducido en los medios de comunicación que desdibuja las violaciones a sus derechos. Por ejemplo, en 2018 se publicaron notas en periódicos de circulación nacional sobre el Acuerdo de Ejecución de Movilidad Agrícola pactado durante la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (Conasetra) que evidencia tal situación:

El titular de la Secretaría del Trabajo y Protección Social, Roberto Campa Cifrián… planteó que el referido acuerdo es una herramienta útil para el mejoramiento de la situación laboral de este sector, la dignificación del empleo mediante acciones de movilidad interna que les garanticen el respeto a sus derechos humanos, incluidos salud e integridad física en los campos (^{La Jornada, 23 de febrero de 2018}).

En dicho acuerdo se aludió al tema de salud, pero no se informó sobre los mecanismos legales y vinculantes para garantizar el ejercicio de este derecho, lo que evidencia la escasa voluntad política de quienes lo signan y de las instituciones que representan. Además, algunas de estas declaraciones en las notas de prensa aparecen como compromisos políticos justo en el arranque de las campañas presidenciales de ese año:

Promete AMLO hospital nuevo en San Quintín

“No se va a privatizar el agua ni el seguro, al contrario, vamos a garantizar el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos, ahora me estaban recordando que en San Quintín no hay ni siquiera un hospital público, no se atiende a la gente y hay deficiencias”, expresó… López Obrador aseguró que hasta el momento no ha hecho un compromiso de este tipo en su campaña, sin embargo, en San Quintín hará una excepción debido a que es una zona con muchas carencias y múltiples demandas. “A San Quintín llegan muchos jornaleros agrícolas, muchos migrantes, gente pobre de Oaxaca, Puebla y otros estados, vamos a atender y escuchar a todos, pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde, por el bien de todos primero los pobres”, expresó (^{El Imparcial, 16 de abril de 2018}).

Las notas muestran los manejos mediáticos de las acciones institucionales, centradas en discursos políticamente correctos, que reproducen el deber ser y acciones que refieren la necesidad de proteger y tutelar a una población históricamente subordinada, pero que no es sujeta de derechos. Esto se reproduce en discursos asistencialistas centrados en la protección y la ayuda, como se describe en esta nota publicada unos meses antes del cambio presidencial:

Firman protección y ayuda a jornaleros

El Gobierno federal lanzará un plan para proteger a los migrantes jornaleros agrícolas en México. El documento fue firmado durante la asamblea del Consejo Nacional Agropecuario, frente a Enrique Peña Nieto, y busca que el sector privado y organizaciones de la sociedad civil colaboren en proyectos para apoyar a ese sector… En materia de salud se incrementarán las acciones para la prevención de adicciones, se garantiza que el IMSS les dará atención médica de primer nivel en forma permanente y se fortalecerá el abastecimiento de equipo médico en zonas rurales. De acuerdo con las autoridades, el 90 por ciento de los jornaleros son indígenas (^{Debate, 8 de mayo de 2018}).

La nota alude a la conjunción de voluntades para apoyar a la población jornalera, y en ella se ofrece garantizar el acceso a la atención médica de primer nivel;⁴ sin embargo, la obligatoriedad del respeto del derecho a la salud, a través del registro de los jornaleros agrícolas en la seguridad social, está ausente en el acuerdo. Ahora bien, y como parte de este manejo discursivo en la agenda pública, aparece el acceso parcial a los servicios de salud como un apoyo, diluyendo las nociones de este derecho.

Así, las declaraciones de los actores políticos se sitúan en campañas electorales que afianzan en la población la idea de que las promesas no se cumplen, ni reciben un seguimiento por parte de los medios de comunicación. Esta situación no permite formar en la ciudadanía una idea con memoria histórica para poder exigir a los representantes y pedir rendición de cuentas de sus compromisos electorales. De ahí que la falta de acceso a los servicios de salud entre la población jornalera se utilice como promesa políticamente correcta y reiterada durante las campañas, a través de discursos asistencialistas de los actores políticos que son reproducidos en los medios de comunicación. Una nota que alude a lo anterior se refiere a la propuesta de ley para atender la salud de la población jornalera, como anunció durante su campaña en 2018 el ganador de una diputación federal de Baja California y que, cabe señalar, fue reelecto en 2021:

“...vamos a exigir que se les dé seguro social por tiempo definido y no mediante pases ocasionales o afiliación extemporánea, como pasa en muchos casos”, declaró Reyes Ledesma… En esta tercera gira de actividades a San Quintín, tuvo la oportunidad de entrevistarse con varios grupos de jornaleros… les expresó que la seguridad social debe estar garantizada por parte de los empleadores (^{El Vigia, 17 de mayo de 2018}).

En las notas analizadas hasta diciembre de 2019 no aparece ninguna declaración del diputado respecto a esta promesa de campaña, lo que evidencia el manejo político de la precariedad de la población jornalera. Para el tema que nos ocupa, es reiterativa y persistente la práctica de las promesas de campaña sin seguimiento en los medios, y asimismo es patente su incumplimiento por los candidatos que ocuparon y ocupan dichos puestos de elección. Otro ejemplo es el discurso del candidato ganador del gobierno de Baja California en 2019, Jaime Bonilla, quien durante su campaña afirmó: “Anunció a las personas asistentes que, de llegar a la gubernatura ‘…al día siguiente vendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador, para cumplir sus promesas de construir un hospital, una universidad y ampliar la autopista…’” (^{El Vigía, 2 de abril de 2019}).

Anunciado así pareciera un asunto de acción de un solo personaje político que deja de lado el proceso de elaboración de políticas públicas que posibilitan acceder a recursos financieros para su planeación, ejecución y puesta en funcionamiento. Mientras tanto, la precaria vida de la población jornalera en Baja California, continúa siendo motivo de reuniones, negociaciones y acuerdos entre distintos actores políticos, como lo muestra esta nota publicada a finales de 2019:

Trabajadores del campo, empresarios agrícolas, personal del sector salud y funcionarios públicos del Gobierno de la zona sur del municipio se reunieron con la subsecretaria de Derechos Humanos del Estado... La intención de la actividad fue establecer puentes de comunicación y coordinación de dichos sectores con la subsecretaría, informó la titular Rocío López Gorosave… se reunió con empresarios agrícolas del Consejo de Baja California, a quienes manifestó que por la misma naturaleza de la industria agrícola, que tiene que ver con la migración interna, se relacionan con grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son los pueblos originarios, niños en situación de crisis, analfabetismo y rezago en materia de salud (^{El Vigía, 27 de noviembre de 2019}).

El manejo discursivo de los actores políticos reproduce en el imaginario social que la población jornalera está permanentemente necesitada de ayudas, beneficios y acciones paternalistas por parte del estado, como si la pertenencia a pueblos originarios implicara condición innata de vulnerabilidad, e invisibiliza los procesos sociopolíticos que han vulnerado y posibilitado la violación sistemática de sus derechos, incluyendo los vacíos legales, materiales y simbólicos sobre el acceso a los servicios de salud, que contribuyen a construir un discurso centrado en la salud como beneficio, como se analiza a continuación.

Discursos de la salud como beneficio, no como derecho

En este apartado analizamos declaraciones de actores políticos que muestran empíricamente que los programas de atención a la salud se enuncian como beneficios puestos en práctica durante jornadas, brigadas y ferias de salud; dichas actividades temporales y acotadas en alcance se han convertido en acciones políticas recurrentes posteriores al movimiento jornalero de 2015, y representan en términos discursivos celebraciones para beneficiar y apoyar a la población jornalera, invisibilizando las nociones de derechos e injusticia. Los medios de comunicación han cubierto dichas actividades desde finales de 2016, anunciadas como acciones exitosas basadas en el número de personas beneficiadas:

Apoya Sedesol a Jornaleros

La Secretaría de Desarrollo Social en Sonora adelantó que lleva a cabo las llamadas Ferias de Servicios Institucionales que se presentan dentro de los diferentes campos y busca que los jornaleros agrícolas que trabajan en campos sonorenses accedan a programas y servicios sociales… con lo que se acercan beneficios a la población (^{El Diario de Sonora, 25 de octubre de 2016}).

Estas actividades atienden algunas necesidades, pero no se cuestionan las condiciones estructurales que han vulnerado históricamente los derechos humanos de la población jornalera. Esto se significa en la opinión pública como ayuda de un Estado asistencialista que la autorización empresarial hace posible para ingresar a propiedad privada, lo que muestra el peso del capital en las relaciones estatales. Dichas acciones se realizan en un contexto y con personal médico específico para cumplir los acuerdos, convenios y propuestas de acciones de la política social, como se describe a continuación:

Ampliar la cobertura de la medicina preventiva es una estrategia priorizada por el Gobierno de BCS para ofrecer un mejor futuro a la población, expresó el secretario Víctor George Flores al señalar que la institución a su cargo desarrolló una jornada de la salud en el campo agrícola “Las Cumbres”, donde se atendieron a alrededor de 350 jornaleros. Esta actividad coordinada por la Jurisdicción Sanitaria 01 se desarrolló con la intención de ofrecer diversos servicios de medicina preventiva a los trabajadores de ese campo agrícola, de tal manera que ellos y sus familias recibieran apoyos en salud para evitar afectaciones a su calidad de vida por causa de las enfermedades… Dentro de esta jornada hubo espacio para que los jornaleros expusieran inquietudes y dudas en materia de salud, para que a través de esa información pudieran adoptar hábitos que los ayuden a evitar enfermedades, comentó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 al puntualizar su agradecimiento a la administración de este campo agrícola para el desarrollo de la actividad (^{Tribuna de Los Cabos, 1 de marzo de 2017}).

La nota muestra el desdibujamiento del discurso del derecho a la salud hacia uno asistencialista, individualista y privado, en el que se responsabiliza a las personas del cuidado a la salud, de ahí que entregar información para “adoptar hábitos” como estrategia de prevención parte de que la población jornalera tiene las posibilidades para tomar decisiones sobre el cuidado a su salud, cuando las precarias condiciones como el limitado acceso a agua potable, el hacinamiento y la inseguridad alimentaria son la constante en los campos y en las comunidades formadas alrededor de los campos agrícolas, como se describe:

En reunión con mujeres indígenas residentes de las delegaciones de San Quintín y Vicente Guerrero, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Ensenada, Mirna Ibarra de Novelo, entregó diversos apoyos y atendió las peticiones de los habitantes… Ibarra de Novelo, mencionó que el tema de salud es la petición más recurrente por lo que adelantó en fechas próximas se estará realizando una feria de servicios médicos en la zona Sur del municipio… Cabe señalar que en las dos reuniones se encontraban mujeres indígenas con su vestimenta tradicional, acompañadas de sus hijos (^{El Vigía, 22 de abril de 2017}).

Estas ferias cubren parte de las “peticiones”, pero no aseguran el acceso continuo a servicios de salud ni a atención especializada y hospitalaria, de manera que invisibilizan las nociones de derechos de atención a la salud en todos sus niveles. Estas declaraciones producen y reproducen la idea de que la población jornalera“indígena” que migra accede a una mejor calidad de vida, incluyendo el acceso a los servicios de salud, como se describe en la siguiente nota:

Familias agrícolas reciben mejores servicios de salud en BCS

A través del programa de Brigadas Médicas que fue implementado por la actual administración estatal, más de cinco mil personas que residen en los campos agrícolas de Melitón Albañez y del Carrizal, en la zona rural de La Paz, reciben servicios de medicina preventiva de manera semanal, como parte de las acciones emprendidas para fortalecer la calidad de vida de personas en condiciones de vulnerabilidad […] Esto es un impulso de bienestar para el creciente número de migrantes que desde entidades como Veracruz, Michoacán, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Quintana Roo, Guerrero, llegan a esta zona de Baja California Sur donde además de lograr ingresos tres veces más altos de los que tenían en sus lugares de origen, encuentran mejores condiciones de alojamiento y servicios asistenciales para sus hijos, añadió Salomón López al expresar que para las familias agrícolas “Baja California Sur es un mejor vivir” (^{Tribuna de Los Cabos, 4 de marzo de 2018}).

Estos programas se relacionan con los compromisos políticos mencionados en el apartado anterior, en los cuales se anuncia el acceso a servicios de primer nivel y otros programas asistencialistas. A esto se suma el uso mediático y político de la población perteneciente a grupos originarios y sus tradiciones, quienes desde el imaginario social requieren de tutela, asistencia y protección del Estado y para quienes han de dirigirse acciones concretas de “apoyo”:

Se llevó a cabo la quinta brigada para jornaleros agrícolas de San Quintín, para atender a más de 800 personas... La presidenta del DIF estatal, Brenda Ruacho de Vega, explicó que los servicios de la dependencia a su cargo y de otras dependencias estatales y federales se acercaron, el día de ayer, a la empresa MS Invernaderos San Marcos, donde los beneficiados recibieron atención médica general y dental… Recordó que, en el último año, se atendieron 23 mil 502 personas, a quienes se les otorgó 27 mil 515 apoyos, como medicamentos, cobijas, estudios especializados, despensas y canalizaciones a otras dependencias del Gobierno Estatal (^{El Vigía, 28 de septiembre de 2018}).

Si bien estas acciones de medicina preventiva son necesarias para la detección temprana de enfermedades crónicas, se desdibujan los procedimientos de acceso a la atención continua para el cuidado de su salud. Además, en la nota no se cuestiona ni se hace referencia a los procesos de afiliación a los servicios de seguridad social y de salud, al tratarse de trabajadores asalariados en un campo agrícola, mientras que la representante institucional alude a beneficios, como acciones de la política social y de salud. Dichas acciones las realiza la Secretaría de Salud (SSA), que atiende a población sin derechohabiencia (Secretaría de Salud, 1995), lo que evidencia la exclusión de la protección social a pesar de tratarse de población económicamente activa y las precarias condiciones de trabajo en las que se encuentran.

Esto se corresponde con los cambios en las reformas laborales, que tienden a la desprotección del trabajador y a la atención a la salud de la población jornalera, ya que en los marcos legales se definen como obligatorios cuadros básicos de atención médica y entrega de información sobre prevención y promoción de la salud, necesarios pero no suficientes para la atención a la salud de la población jornalera, lo que contribuye a debilitar el discurso del derecho al acceso a los servicios de salud en todos los niveles de atención, incluyendo los servicios especializados.

Conclusiones

Analizar el derecho a la salud en su concepción más amplia implica un cuestionamiento ético-moral que desde un deber ser define los mecanismos discursivos y legales para su ejercicio, pero en la práctica muestra las desigualdades en la distribución de este bien. El análisis de este derecho nos lleva al tema de la justicia social; en este sentido, desde los planteamientos desarrollados por ^{Sen (2010)}, y retomados para este artículo, mostramos cómo los discursos en los medios de comunicación legitiman las desigualdades sociales en un sector de la población mexicana como son los jornaleros agrícolas, quienes sistemáticamente han sido violentados en sus derechos y despojados incluso de su derecho a tener derechos (^{Arendt, 1998}). A pesar de los marcos legales que definen los procedimientos para acceder al uso de los servicios de salud como una de las capacidades esenciales para el desarrollo humano (^{Sen, 2010}), estos no se materializan en mecanismos institucionales que posibiliten su ejercicio distinto al asistencialismo y paternalismo del Estado. Las notas en su conjunto evidencian el silencio en los medios de comunicación, ya que no se cuestionan las declaraciones públicas de los actores políticos ni las estrategias para el acceso a servicios de salud entre la población jornalera, que desdibujan las nociones de derechos y que acrecientan la brecha en la redistribución justa y equitativa en el acceso y uso de los servicios de salud.

El análisis del discurso como estrategia teórico-metodológica en la investigación social posibilita el reconocimiento de las posiciones que ocupan los actores en la estructura social y cómo estas se traducen en discursos que reproducen relaciones de dominación y subordinación. Permite analizar quiénes emiten dichos discursos, pero también quiénes no aparecen en la agenda pública, como estrategia de reproducción del poder en los medios de comunicación. Se constató que los discursos de los representantes institucionales se centran en el deber ser, entendiendo por esto las descripciones de acciones sociales y argumentos de acuerdo con la legislación, y se reconocen valores como la solidaridad con los grupos subordinados, por lo que se dirigen acciones asistencialistas que diluyen, en el discurso y en la práctica, el derecho al acceso a los servicios de salud. Dichas acciones posicionan y reproducen un discurso de altruismo, como una autorepresentación positiva dirigida a los otros que están en una posición subordinada (^{Van Dijk, 1996}).

Así, la prensa como medio informativo contribuye de variadas formas a la democracia al poner al alcance de todos los grupos sociales la información, pero a la vez reproduce relaciones asimétricas de poder que legitiman discursos, los cuales son aceptados como verdad por el resto de actores sociales; el análisis del discurso nos permite comprender dichas relaciones de poder situadas en el tiempo sociohistórico, así como su impacto en las percepciones, ideas y posiciones de los destinatarios de la prensa, y nos permite dilucidar cómo el poder se manifiesta en las relaciones sociales y se mantienen las posiciones dominantes en la sociedad (^{Van Dijk, 2016}).

El movimiento jornalero de San Quintín en 2015 posicionó y visibilizó en la prensa nacional e internacional las precarias condiciones de vida y trabajo de la población jornalera y, de acuerdo con las fechas de publicación de las notas analizadas, suponemos que existe una relación de estas acciones con dicha movilización y con las coyunturas electorales estatales y nacionales. En estos momentos mediáticos, el manejo político se ha traducido en acuerdos o convenios, con vacíos legales que carecen de mecanismos de sanción y vigilancia. Dichas estrategias temporales son las que aparecen en la prensa y en los discursos de los representantes agrícolas e institucionales, pero se silencian los procedimientos para acceder, por ejemplo, a servicios de segundo y tercer nivel de la población jornalera, cuyo acceso y gasto de bolsillo se recrudece e impacta en las precarias condiciones económicas de esta población.

En la opinión pública se posiciona a la población jornalera como necesitada de la buena voluntad del Estado y del empresariado, lo que encubre la discriminación expresa a través de minimización, negación, condescendencia, paternalismo y racismo (^{Marini, 2018}). Van Dijk refiere que situar el problema en los subordinados (al llamarlos analfabetas, migrantes o vulnerables, como se les designa en algunas de las notas aquí presentadas) es la expresión de esta negación del racismo ejercido desde las elites, ya que “el poder está relacionado con el control y el control del discurso implica un acceso preferencial a su producción y, por consiguiente, a sus contenidos y su estilo y, por último, a lo que piensa el público” (^{Van Dijk, 2009}: 13). Si bien en este artículo no analizamos el racismo como una de las formas discursivas de dominación, trabajos previos muestran diversas formas en que este se expresa en las notas de prensa sobre la población jornalera, a través de un discurso que niega y silencia este racismo en sí mismo, pero que se manifiesta en tratos deshumanizantes y discriminatorios (^{Rodríguez et al., 2021}).

Las declaraciones de los actores políticos en los medios de comunicación muestran el desdibujamiento del discurso del derecho al acceso a los servicios de salud, resultado de políticas neoliberales que mercantilizan este derecho, mientras definen programas sociales paliativos y temporales para las poblaciones vulneradas. Si bien las notas de prensa analizadas muestran la reproducción de estas desigualdades, es necesario posicionar en los medios de comunicación discursos cuestionadores, ya que de acuerdo con ^{Sen (2010)} es en el debate público donde se pueden generar fuentes de cambio y justicia social.

Los datos muestran también la participación diferenciada de actores sociales, así como las gestiones locales y las posibilidades de acción autónoma y legítima de los sindicatos en las negociaciones de los derechos humanos laborales, incluyendo la salud. Sonora evidencia cómo las voces sindicales y políticas se amalgaman en un discurso centrado en la noción de beneficios, mientras que en Baja California se gestó un sindicato autónomo para negociar con el gobierno federal, y si bien se han logrado avances como la regulación del salario mínimo, temas como la seguridad social y de salud son asuntos pendientes de la política social mexicana. Incluso las recientes modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, como la contabilización de las semanas de trabajo, no se ponen en práctica, lo que ubica a la población jornalera en un continuum de desprotección desde edades tempranas hasta la vejez.

Concluimos que es necesario analizar críticamente las declaraciones de los actores políticos, y visibilizar y cuestionar tales discursos centrados en promesas, acuerdos y convenios, como acciones de buena voluntad pero que carecen de mecanismos legales para su implementación y seguimiento. Además, es necesario posicionar el tema de los derechos humanos laborales de la población jornalera en la agenda política y en los medios de comunicación desde una postura crítica que visibilice los vacíos legales de los discursos sobre el derecho a la salud, y que además se materialice en procedimientos para hacer exigibles estos derechos, es decir, en condiciones de posibilidad.

La riqueza del análisis del discurso evidencia las complejas relaciones político-económicas que posibilitan el desarrollo del mercado agroalimentario de exportación en el noroeste de México. Una veta de investigación en el contexto de la pandemia por COVID-19 es el análisis de la cobertura de los medios de comunicación sobre las condiciones de atención oportuna o la falta de la misma entre la población jornalera, cuya actividad esencial no paró y posibilitó contar con alimentos alrededor del mundo. A esto se sumó la apuesta del sistema universal de salud, a través del Instituto de Salud para el Bienestar iniciada en el gobierno de López Obrador (2018-2024), que también requiere de un análisis futuro, ya que la mayoría de la población jornalera acude a los servicios de salud dirigidos a población abierta. Por último, el análisis fino del impacto de la crisis sanitaria en la población jornalera permitirá también estudiar y cuestionar los compromisos políticos de atención a la salud y su posible implementación en acciones de política pública que contribuyan a construir un discurso de dignificación del trabajo agrícola, de derechos y de justicia social.