Democracia y ciudadanía

Etimológicamente, la democracia proviene del griego demos “pueblo” y Kratos “poder o gobierno”, que apuntan al gobierno del pueblo, a la regla de la mayoría o al consenso colectivo entre ciudadanos, que implican relaciones entre la ciudadanía y la democracia.

Para Charles ^{Tilly (2010)} y ^{John Dunn (2014)} los orígenes de la democracia se remontan a la organización política y de gobierno de la Politeia ateniense, misma que exigía por cuestión moral, la participación de los ciudadanos en el ágora para resolver los conflictos comunes, mediante el uso y derecho a la palabra (isegoría), la deliberación de acciones mediante el voto por mayoría; y la igualdad de derechos políticos entre los ciudadanos (isonomía), conformando una estructura social y política para la vida cotidiana que sobresalía más allá del gobierno e influía tanto en la vida pública como privada, posibilitando que todos los considerados ciudadanos participaran en la asamblea y en los tribunales.

Esta forma de participación política quedaba restringida a cuatro prerrequisitos sociales de nacimiento:

Estas condiciones se vinculan directamente a los hombres, excluyendo a quienes no cumplieran dichas consideraciones, agrupando a artesanos, comerciantes, campesinos, militares y políticos en la pertenencia condicionada al grupo, y a la participación del sujeto en el consejo, donde los más desfavorecidos social y económicamente quedaban excluidos y fuera de la toma de decisiones (^{Cruz, 1988}; ^{Dunn, 2014}). Tampoco eran consideradas como ciudadanas y ciudadanos las mujeres y los metecos (extranjeros). Este régimen político inventado por los atenienses, llamado, en efecto, democracia (dēmokratía), se administraba “teniendo en mente el interés de los muchos -y no de los pocos-” (^{Dunn, 2014, pág. 42}).

Para el 322 a.C., la Politeia ateniense fue sustituida por regímenes monárquicos, republicanos o parlamentarios (^{Tilly, 2010}), que imperaron en todas las naciones durante largo tiempo. Fue hasta finales del siglo XVIII -más de dos mil años después-, y como consecuencia de las reformas en el pensamiento y de libertades civiles ganadas a partir de la independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa; que se estableció como condición primaria de ciudadanía en los primeros gobiernos democráticos de la modernidad occidental, que la mayoría de las personas tuvieran acceso a los mismos derechos y obligaciones (^{Przeworski, 1998}); entre estos, la vida, la libertad y la riqueza, pero también el acceso al voto.

La ideología política de la época difundió que todas las personas eran creadas en igualdad, y con la capacidad innata para tomar decisiones racionales e independientes, en todos los aspectos de la vida (moral, religioso, político, social y económico), sin importar condición económica, intelectual, social o de residencia (^{Tilly, 2010}; ^{Dunn, 2014}).

La autonomía de los sujetos para organizarse y su capacidad para autogobernarse instituyó un nuevo régimen político, donde todas las clases sociales podían elegir -sin recurrir a la violencia- a sus gobernantes, quienes debían fungir como representantes de los intereses sociales a través de los cargos de elección popular. Esta forma de entender y hacer política se concibió como democracia representativa, que, en el devenir histórico, según ^{Marshall (1985)} y ^{Tilly (2010)}, desde su adopción como forma complementaria de gobernar, ha dotado a los sujetos de distintos derechos, entre estos:

En este orden de ideas, expone ^{Rubio (2007)} la lucha constante por la igualdad de oportunidades, el reconocimiento de derechos y libertades, así como la búsqueda de la justicia social, especialmente de las clases menos favorecidas, han modificado paulatinamente la visión de la ciudadanía y su rol ante el Estado. Sin embargo, a pesar de brindar estas libertades o derechos, el resultado se tradujo en el repliegue del ciudadano de la vida política, en la tecnificación de la política y el disfrute del sujeto en lo privado.

Por otro lado, las distintas oportunidades y derechos no llegan al mismo tiempo, ni en igualdad de condiciones a las sociedades que se dicen democráticas; incluso en la actualidad, con sociedades regularmente homogéneas, no todos los ciudadanos acceden a los mismos derechos (o libertades) y responsabilidades.

Por su parte, ^{Marshall (1985)} considera que la ciudadanía se compone a partir de las obligaciones de los sujetos ante el Estado, mismos que instituyen un estilo de vida que se cultiva en las personas a partir de la educación. A su vez, ^{Cañete (2018)} expone que el deber de los agentes gubernamentales y el papel de la democracia es eliminar las desigualdades, los sistemas de explotación, la captación de recursos, la exclusión y el acaparamiento de oportunidades, instituyendo un Estado ético, que conceda al ciudadano libertades y responsabilidades, permitiéndole así el desarrollo de una vida digna y la participación política.

Las distintas democracias actuales, agrupan un sistema económico y político, mediante los cuales se regulan las relaciones entre ciudadanos, el Estado y el mercado, con la intención de brindar las condiciones de vida digna, que, debido a su abstracción y aplicación, se entienden y aplican con particularidades.

Ahora bien, Sartori define a la democracia como un sistema ético-político, en el que la autonomía de la mayoría confiere el poder a minorías en constante competencia mediante el mecanismo electoral (^{Sartori, 1988}). En cambio, Robert ^{Dahl (1999)} la distingue en forma empírica, como una forma de gobierno ideal, a alcanzar mediante una administración pública llamada Poliarquía, donde el gobierno, compuesto por élites políticas (concepto que se aclara más adelante), representa a diversos grupos dentro de la comunidad, permitiendo la participación concurrida, la oposición partidista, la alternancia en el poder, el imperio de la libertad y de derechos, mediante un Estado normativo, con procesos electorales e instituciones que controlan y garantizan la reproducción de dicho sistema.

En esta forma de gobierno, la representatividad es un elemento fundamental para facilitar la toma de decisiones a través de agentes del Estado que representan a los diferentes grupos poblacionales, e imponen políticas en un régimen donde el pueblo no gobierna, pero elige a quienes lo gobiernan (^{Pitkin, 1967}). Sin embargo, ^{Przeworski (1998)} nos dice que la representatividad debe ser la manera en que los gobernantes actúan buscando el interés para la mayor parte de los ciudadanos, aunque en la práctica esta forma de gobierno acumula el control en manos de unos pocos, quienes imponen decisiones e intereses de los gobernantes o grupos de interés sobre la población.

La Poliarquía (que es una visión minimalista como forma democrática) tiende a sectorizar grupos, para conformar coaliciones que suelen descartar a minorías, sean débiles, rechazadas u odiadas, por lo que también se le concibe como el gobierno de las élites, formalizando la exclusión desde la legalidad y el Estado, con base en jerarquías económicas y políticas, así como con limites religiosos, étnicos, de sexo, de edad, ciudadanía o condición social (económica, cultural, espacial, intelectual) o estatus, que limitan la participación e inclusión de los sujetos (ciudadanos y no ciudadanos) tanto en programas sociales, apoyos gubernamentales, como en acciones políticas y actos de gobierno (^{Cañete, 2018}).

Para ^{Przeworski (1998)} otra forma de observar la democracia es interpretarla como un sistema de reglas que permiten elegir a los gobernantes a través de elecciones competitivas, donde los ciudadanos pueden deshacerse de los gobernantes en turno, sin el derramamiento de sangre, la democracia desde esta perspectiva implica una estrecha relación entre Estado y ciudadanía, a través del fortalecimiento de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones; pero también con el funcionamiento adecuado de las instituciones, ya que son estas las que reflejan la capacidad de la sociedad para autogobernarse.

Si bien, las perspectivas mencionadas -cada una con sus características, libertades, derechos y obligaciones atribuibles a ciudadanos y al Estado- destacan el proceso electoral, la representatividad gubernamental y el voto como elemento central de la democracia, empero, expone ^{Tilly (2010)}, constituyen una forma acotada y minimalista de la vida política, que permite la proliferación de las élites en espacios clave para la administración pública, así como la segregación y exclusión de minorías.

En contrapunto, la visión sustantiva o maximizada de la democracia centra su atención en la ampliación de libertades y derechos. En este sentido, ^{Cossío (2012)} propone una democracia sustantiva que desde la práctica se sostiene en lo constitucional, presentando las siguientes peculiaridades: 1) Control del Estado y sus decisiones; 2) subordinación de los militares frente a la autoridad civil; 3) control del ejecutivo y la normatividad constitucional por otras instituciones de gobierno; 4) incertidumbre en los resultados electorales; 5) oposición política significativa; 6) posibilidad de alternancia partidista; 7) participación de grupos minoritarios -con independencia de intereses- en la toma de decisiones; 8) existencia de canales de participación política alternos a los partidos políticos; 9) amplio acceso a fuentes de información por los ciudadanos; 10) garantías de libertad de creencia, opinión, discusión, expresión, publicación, reunión y petición; 11) igualdad de los ciudadanos ante la ley; 12) protección efectiva de las libertades individuales y de grupo por la ley y las instituciones, 13) protección de ciudadanos en contra del exilio, detención arbitraria, tortura, intromisiones del Estado o fuerzas no estatales organizadas; y 14) garantía de no discriminación por condición social, económica, étnica o de preferencias.

Dichos elementos, como características de la democracia, no son excluyentes, además coinciden con las mediciones de libertades y derechos que proponen Freedom House (mismo que se puede consultar en el Informe de la Libertad en el Mundo 2020,^{The Economist Intelligence Unit, 2020}, o^{Latinobarómetro, 2020}), que muestran a la democracia como uno de los mejores sistemas de gobierno, no el más eficiente o satisfactorio, lo que implica un progresivo deterioro de las democracias, por ejemplo, ^{Bauman (2011)} expone que las diferentes expresiones de violencia, desigualdad, vulnerabilidad, pobreza, y coacción de libertades que se presentan en las sociedades democráticas, son daños colaterales consecuencia de la inadecuada administración gubernamental.

Por su parte Jacques ^{Rancière (2012)} explica que en lo que va del siglo XXI, la democracia se percibe como una forma oligárquica de gobierno a cargo de élites políticas y económicas, que en su separación con la sociedad, han creado un descontento generalizado y un odio a la democracia, debido a la poca estabilidad económica, la carencia del Estado de bienestar y el poco desarrollo del potencial individual al que acceden las personas, limitando no sólo la calidad de vida y las libertades al consumo, también la participación política a los procesos electorales.

En este orden de ideas, Carlo ^{Galli (2013)}, sostiene que existe un malestar en contra las instituciones políticas y la realidad social, el desencanto por la democracia es, por un lado, un malestar subjetivo del ciudadano con las promesas incumplidas del sistema, que llevan al sujeto y a la sociedad a la indiferencia política, a la desafección; y, por otro lado, un malestar objetivo estructural, que nace de la ineficiencia de las instituciones para mantener sus funciones, promesas y objetivos humanos, de libertad y dignidad igual para todos.

Las ideas previas, no implican el desconocimiento de la democracia y el hecho de que ha dotado de libertades, derechos y responsabilidades a la población, que le permiten el desarrollo de una vida digna (^{Escutia-Miranda, 2020}), al tiempo que imputa al Estado obligaciones que constituyen las libertades ciudadanas, la reproducción del sistema y sus instituciones, así como la circulación de actores o agentes en diferentes puestos de elección popular.

Por otro lado, ^{Cossío (2012)} argumenta que la democracia sólo funciona a plenitud cuando se fomenta y se practica en forma mixta (democracia minimalista y sustantiva). Contemplar formas elementales o minimalistas de entender y medir la democracia amplía el abanico de países que encajan en esta categoría, sin que éstos garanticen derechos o libertades; mientras que ese mismo abanico se reduce si la concepción es sólo sustantiva.

Aunado a esto, todo gobierno, sea democrático o no, requiere de aparatos administrativos y humanos como conditio sine qua non para su desenvolvimiento. El aparato administrativo tiene la función de organizar, vigilar y hacer cumplir la normatividad, regular la convivencia social y las interacciones entre los sujetos, mediante el Estado y sus reglas; entendido éste como la organización que controla los principales (recursos y) medios coercitivos de un territorio, al ejercer prioridad y obtener reconocimiento sobre otras organizaciones (y sujetos) que pertenecen al mismo territorio (^{Tilly, 2010}).

En una democracia el aparato administrativo se compone por los agentes del Estado -clase política, servidores públicos-, los partidos políticos, las instituciones gubernamentales, las normativas y los sistemas electorales. Valdés (2016) explica que un sistema electoral es el conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política. Las múltiples voluntades que en un momento determinado se expresan mediante la simple marca de cada elector en una boleta forman parte de un complejo proceso político regulado jurídicamente y que tiene como función establecer con claridad el o los triunfadores de la contienda, para conformar los poderes políticos de una nación, por estas cualidades, son los encargados de mediar las elecciones, hacer valer el voto y dar legalidad y legitimidad al gobierno en turno.

El voto como elemento de la democracia, determina la voluntad colectiva concediendo a un candidato, partido o proyecto políticos, el poder de administrar sobre la mayoría, lo que repercute en la calidad de vida; al tiempo que dota de legalidad, legitimidad y certidumbre a la administración entrante. En este sentido, el voto es la herramienta por la cual se construye la democracia, constituyendo en sí un mecanismo por el cual compiten los partidos políticos y detentan cuotas de poder gubernamental.

Ahora bien, refiriéndonos específicamente al sistema de partidos y su funcionamiento, podemos decir que el sistema de partido único y el sistema hegemónico (sistema que México adoptó durante largo tiempo) configuran regímenes no competitivos que pueden contener enclaves democráticos en la aplicación de políticas, derechos y responsabilidades, privilegiando libertades (^{Sartori, 2004}).

No obstante, a pesar de la existencia de normas, la oposición es limitada, sancionada o excluida en la competencia por el voto y los cargos públicos. Los otros sistemas de partidos -predominante, bipartidismo, pluralismo, atomización- corresponden a gobiernos donde el juego político permite la entrada de actores diferentes, mayor apertura a los partidos y la competencia por el voto, sin embargo, aunque presentan mayor apertura, pueden contener enclaves autoritarios, menguando los derechos de sus ciudadanos o con políticas discriminatorias.

Ya nos referimos al aparato administrativo de un gobierno, ahora abordemos el aparato humano. Éste, en una democracia, reconoce y legitima las normatividades y las ejecuta en lo cotidiano, para ^{Przeworski (1998)} esto se logra a través de los derechos y obligaciones que el Estado otorga a los sujetos, mismos que deben ser válidos para toda la comunidad política -siempre y cuando sean capaces de ejercer esos derechos y obligaciones políticas-, configurando una condición de ciudadanía, que para ser efectiva requiere, por un lado, que el Estado aplique criterios universales en la normatividad; suministre la protección de los derechos y la provisión de condiciones sociales y económicas que garanticen la vida digna (educación, salud, seguridad material y personal, acceso a un ingreso suficiente, vivienda, alimentación, recreación, ocio y cultura).

Por otro lado, del ciudadano se requiere que cumpla con prerrequisitos sociales, entre estos: un mínimo de edad, el reconocimiento de ciudadanía y nacionalidad, la participación en el cumplimiento de responsabilidades, el ejercicio de derechos -y su exigencia cuando no se implementan-, el voto activo o pasivo, así como el involucramiento formal en la toma de decisiones públicas (^{Przeworski, 1998}).

^{O´Donnell (1989)}, por su parte, plantea que sólo una ciudadanía integral, es decir, aquella que brinda un acceso pleno a los derechos civiles, políticos y sociales, puede garantizar la existencia de una verdadera democracia, y mientras el acceso o disfrute de los derechos sea parcial o no exista para sectores amplios de la población, la democracia será precaria y manipulable.

Este complemento activo y reciproco entre ciudadanos y Estado, es categorizado por ^{Guevara y Vincenzi (2017)} como ciudadanía política, que considera el ejercicio efectivo de derechos, la inclusión de todos los sectores sociales sin discriminación, la intervención de los ciudadanos en las decisiones y procesos políticos, económicos, de desarrollo y la creación de espacios que amplíen los mecanismos de intervención del ciudadano, eliminando barreras sociales, culturales y económicas que impidan el pleno ejercicio de los derechos políticos, entre ellos, el voto activo y pasivo, el plebiscito y referéndum; el acceso a desempeñar cualquier empleo, cargo o función en la administración pública; la asociación; la afiliación; demandar los servicios públicos, mismos que tienen cabida en los lineamientos constitucionales.

Con estas atribuciones la democracia como forma de gobierno ha contribuido a mejorar ciertas condiciones de vida, pero también, bajo contextos específicos en agudizar las desigualdades socioeconómicas y la pobreza, esto debido a la configuración del sistema institucional, las propuestas legislativas, la forma de participación de las élites, el modelo económico neoliberal y la acumulación del poder en grupos o agentes. Cuando la democracia se limita a los procesos electorales (como suele ocurrir), se trastoca, permitiendo el privilegio de grupos, el establecimiento de proyectos políticos con enclaves autoritarios, mismos que favorecen la creación, el acomodo y la circulación de élites políticas.

La idea implica que la vía a la democracia no existe en forma plena, los regímenes políticos suelen pasar de proyectos políticos autoritarios, dictatoriales o totalitarios, hacia gobiernos más o menos plurales y poliárquicos (o en sentido contrario), donde la sectorización en grupos de poder, suelen mitigar la seguridad personal, los derechos de propiedad, las libertades y la privacidad, al sobreponer el bien de las élites o de grupos políticos específicos sobre las libertades y los derechos de los gobernados (^{Cañete, 2018}).

La democracia y ciudadanía en el estado de México

Para el estado de México, las interacciones entre el gobierno y los ciudadanos se plasman en los diversos artículos de la ^{Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México}, misma que se ajusta a las disposiciones de la Constitución Política Federal, a la evolución de las materias originalmente reguladas por ella y a las circunstancias y exigencias de la dinámica social.

Respecto a las obligaciones y derechos que esta otorga a los ciudadanos, así como las formas de interacción, estas se concentran en nueve títulos que aglomeran 150 artículos constitucionales, que podríamos resumir de la siguiente manera. El estado de México adopta la forma de un gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, residiendo su soberanía en el pueblo, quien la ejerce en su territorio mediante los poderes del estado, los ayuntamientos, la constitución federal y estatal.

Del mismo modo, sostiene que las formas de interacción entre ciudadanos y Estado serán, entre otras, la igualdad de derechos, las libertades y las garantías constitucionales -federal y local- y los tratados internacionales de los cuales la entidad sea parte, así como las leyes locales que se establecen. La Carta Magna mexiquense prohíbe la discriminación y reconoce el derecho a la educación (en todos los niveles y modalidades), acceso a la ciencia y tecnología, libre manifestación de ideas, acceso a la información, alimentación adecuada, cuidado a la salud, y el derecho a la vida y la propiedad, entre otros aspectos relevantes.

También se habla, por supuesto, del respeto al sufragio -como expresión de la soberanía popular- y cuidado de los procesos electorales, conforme a principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales recae en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), con la participación de partidos políticos, agentes del estado y ciudadanos. Igualmente, se considera el referéndum total o parcial en relación con las reformas constitucionales.

Al mismo tiempo, se considera la participación de asociaciones civiles en actividades sociales, cívicas, económicas y culturales y la protección de los derechos humanos. Por lo demás, la constitución mexiquense reconoce la composición pluricultural y pluriétnica del estado sustentada en los pueblos indígenas -favorecidos con la educación básica bilingüe-. Finalmente, otro aspecto importante que la norma constitucional establece es la procuración del desarrollo integral con enfoque sustentable, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras.

Asimismo, la constitución estatal fija la división de poderes y se instituyen sus funciones, facultades y obligaciones de cada uno. De igual forma, se reconoce al municipio de Toluca como cede de dichos poderes y capital de la entidad.

El estado de México: escenario de democratización

La etapa de la Revolución (1910-1917) y en especial la posrevolución (1917-1944) ocasionaron que los partidos políticos fueran instrumentos de los caudillos, quienes amparados en el discurso revolucionario desplegaron estrategias locales, profundizando el personalismo de la política y el deterioro de las organizaciones partidistas en la entidad, lo cual tuvo como consecuencia su limitada consolidación (^{Reveles at al., 2012}).

Los clubes y partidos políticos contendían en las elecciones, pero los principios básicos de competencia y la libertad para elegir candidatos frecuentemente eran violados por los caudillos y líderes políticos, cumpliendo sólo con la formalidad de la elección, sin condiciones efectivas de democracia - aspiración de la Constitución local de 1917-, con un sufragio no generalizado y con el descarte de las masas en la vida interna de las instituciones políticas (^{Muñoz, 2018}).

Los partidos políticos tuvieron muchas restricciones para asentarse en la nueva institucionalidad con propósitos supuestamente democráticos, ya que se restringían las preferencias de los votantes, y se buscaba cuidar de los privilegios del aparato político en formación, lo que dejó un antecedente para la presencia del partido hegemónico.

El predominio político en la entidad y la lucha de las élites políticas inició con el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), que se empató con la representación ciudadana, las causas revolucionarias, la libertad y la igualdad, buscando hacer compromisos y dar certidumbre a la población mediante un programa de gobierno estable, coherente y que diera resultados; pero también bajo la búsqueda del control político, sin contemplar la lucha electoral o la competencia entre partidos (^{Maldonado, 2000}).

En 1921 Abundio Gómez Díaz se convierte en gobernador de la entidad para el período 1921- 1925 mismo que con el apoyo de su hermano Filiberto, conformarían en 1925 un grupo político que respondería a la razón de los hermanos Gómez Díaz a través del PST.

No fue hasta 1942, cuando por intervención presidencial (léase la presidencia del ejecutivo federal) se decide desplazar el control político de la entidad a actores políticos distintos, con la intención de crear un estado con certidumbre y estabilidad, tanto social, como política y económica, dando origen a una élite gobernante que mediante la circulación de sus miembros y su adaptación a la coyuntura han mantenido el control del ejecutivo estatal (^{Muñoz, 2018}; ^{Maldonado, 2000}), tanto en miembros de dicha élite como en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la actualidad, esta entidad se compone por 125 municipios que se dividen en 45 distritos electorales, constituyéndose en la entidad con mayor influencia política y electoral del país. En el estado de México se concentran 11,404,743 personas con derecho a votar, conformando el padrón electoral más grande del país (^{IEEM, 2018}). Tan sólo los municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz y Toluca de Lerdo, concentran el 31.72% del total (^{INEGI, 2015a}; ^{IEEM, 2018}).

Aunado a esto, la entidad cuenta con municipios y localidades de alto y muy bajo desarrollo, mostrando grandes diferencias socioeconómicas y urbanas, entre las que sobresalen dos de las zonas metropolitanas más relevantes del país, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT). En conjunto estas dos zonas aportan el 9% al PIB nacional, convirtiéndose en la segunda economía más grande del país, sólo después de la Ciudad de México. A pesar de esto, se estima que el 53% de su población se encuentra en condiciones de pobreza, concentrándose ésta en zonas rurales.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (^{INEGI, 2015b} y ²⁰¹⁷), y la Asociación Civil Semáforo Delictivo en el 2017, coinciden en que el estado de México se ubica en el décimo lugar (de 32) de las entidades con mayor presencia de corrupción en el servicio público, en el último lugar respecto a eficiencia gubernamental y atención a las necesidades poblacionales, en el espacio 22/32 en crecimiento económico; en el 7° conforme al avance y cobertura educativa, así como en el 13vo lugar respecto a las entidades más inseguras.

Con esto, la democracia y su desarrollo en la entidad se observa en la siguiente forma, cuadro 3, (IDD-Méx, ²⁰¹⁴,²⁰¹⁵,²⁰¹⁷ y ²⁰¹⁸):

Respecto a las tendencias político-electorales, “desde la década de los 90, los municipios conurbados al Distrito Federal (ahora Ciudad de México) han mantenido una orientación básicamente opositora al PRI (hecho que no implica falta de alternancia)” (^{Padilla, 2007, p. 80}), creando el Corredor Azul (compuesto por los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Naucalpan, Huixquilucan, Zumpango), donde ha predominado el Partido Acción Nacional (PAN); y el Cinturón Amarillo donde prevalece el Partido de la Revolución Democrática (PRD) (Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tultitlán e Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cocotitlán, Tultepec, Tlatlaya, Amatepec, Zacazonapan).

Por otro lado, tanto los municipios agrarios ubicados al sur del estado, en conjunto con los municipios de población indígena (norponiente del estado), se han orientado hacia gobiernos priistas (^{Cedillo, 2008}; ^{Reveles et al. 2012}), la mayoría con alternancia. Asimismo, la participación electoral ha oscilado según el tipo de elección, entre el 40% y 54%, de 1987 a 2017, por un lado, debido al incremento poblacional, pero también, por un creciente interés de la sociedad en lo político, ver cuadros 4 y 5.

La sociedad mexiquense actual responde a lógicas y valores distintos a los prevalecientes durante los años del presidencialismo y el sistema de partido hegemónico. La oferta política se difundía mediante los medios de comunicación (totalmente bajo la dominación estatal), la población tenía menor preparación profesional y la participación política se restringía al voto. Ahora, la composición de la ciudadanía y del electorado son mucho más diversos (^{Pérez de los Reyes, 2001}).

De inicio, la ciudadanía siente poca atracción por los partidos políticos, ya que la polarización de estos y su actuar como oposición leal, sólo benefició a las élites políticas asegurándoles ingresos y puestos políticos que ni merecían ni desempeñaban con eficiencia.

En cuanto al concepto oposición leal, se entiende como el compromiso de los partidos por llegar al poder únicamente por medio de elecciones, rechazando clara e incondicionalmente el uso de la violencia para obtener y retener el poder, pero manteniéndose al margen del partido dominante, es decir, adoptan las reglas del juego democrático representativo y las respetan (véase ^{Linz, 1996, p.p. 70-72}).

Por su parte, la perspectiva negativa que vive hoy en día el sistema de sistema de partidos mexiquense, lo sitúa en una crisis de credibilidad, derivada de la carencia de respuestas a las ingentes necesidades sociales y debido a las promesas incumplidas por parte de los gobernantes, al tiempo que aumentó la participación política por otros medios, como la movilización social, las protestas, la organización colectiva, alternativas donde los ciudadanos encuentran mejores respuestas (o por lo menos nuevas alternativas) a sus necesidades y exigencias.

En la actualidad, los jóvenes se informan de lo político a través de redes sociales, y cada vez menos mediante la televisión o la radio. Esto es resultado de una fuerte crisis de credibilidad de los medios tradicionales. En su gran mayoría, la juventud mexiquense se mantuvo al margen del partido dominante o fuera de la esfera de influencia de los partidos políticos, buscando nuevas alternativas de participación. Además, los jóvenes cuentan por lo general con mayor escolaridad y son más críticos frente a la realidad política y social de la entidad (^{Pérez de los Reyes, 2001}).

Lo anterior abre una brecha generacional cada vez más marcada entre las nuevas y viejas generaciones. Las primeras ya no se identifican en su formación cívica ni ética con una ideología política dominante (^{Pérez de los Reyes, 2001}). A su vez, la población con mayor preparación se orienta básicamente hacia partidos opositores, mientras que los grupos de mayor edad son más críticos al momento de votar.

Por las características antes mencionadas, el estado de México resulta de interés ya que esta entidad es considerada por analistas, expertos y medios de comunicación como el bastión político del PRI, cuya dominación político-electoral viene desde, por lo menos, 1942. Pero también, la joya de la corona gubernamental, aspecto que debe considerarse cuando se analiza al estado de México (y que lo hace muy relevante como caso de estudio), es que existen especialistas e intérpretes de la realidad política nacional, que consideran las elecciones de la entidad como un escenario donde puede apreciarse el panorama general de los resultados electorales a nivel federal, es decir, como un preludio de lo que puede acontecer en los comicios federales, o bien, es reflejo -en alguna medida- de la situación política nacional.

Al tiempo, y de manera un tanto contradictoria, los procesos e instituciones electorales de la entidad permiten que ningún actor político tenga certidumbre sobre los resultados, debido a la alta competencia, el respeto al voto ciudadano, la existencia de un marco legal que protege las instituciones, la inclusión de nuevos actores a la arena política, la imparcialidad y búsqueda de transparencia de los comicios (^{Arzuaga-Magnoli et al. 2007}; ^{Méndez, 2007}; ^{Corona, 2012}). Sin embargo, durante la jornada electoral, sean comicios para elegir alcaldes, diputados locales, gobernador, o para cargos federales, suelen denunciarse compra de votos, condicionamiento de programas sociales, intimidación para votar en un sentido u otro, manipulación de resultados, opacidad económica y carencia de legalidad en las campañas electorales. Son estas fuertes contradicciones en la entidad. Una democracia que no acaba de llegar y un sistema autoritario (y prácticas antidemocráticas) que no terminan por irse.

Teoría y praxis mexiquense

Los datos expuestos sobre la entidad permiten tener un panorama general sobre la apreciación de la democracia y la consolidación de la ciudadanía, en específico, se observa que son formas recientes en la política mexiquense -como nacional-, considerando que, en la entidad, 1942 marca el inicio de una relativa estabilidad política, social y económica.

La implementación del régimen democrático, con sus implicaciones -interacciones entre Estado y ciudadanos, exclusión de no ciudadanos-, es relativamente temprana, implica un proceso de construcción, sujeto a la reconfiguración mediante el reconocimiento jurídico y social, lo que permite el reacomodo de élites políticas, el ajuste de derechos, la incorporación de nuevas libertades y obligaciones en la constitución local, la participación política a través de los partidos políticos, la consolidación de instituciones sólidas con apego a la legalidad, un sistema electoral a prueba y error, así como la inclusión de actores y medios alternativos de participación como las movilizaciones colectivas.

Debido a esto, las variables de estudio -democracia y ciudadanía- están sujetas a las negociaciones y confrontaciones que entre los distintos actores, sean de la élite o la clase política, de los agentes del Estado, de los medios de difusión, de los ciudadanos, de organismos civiles organizados o del mercado, en la lucha y búsqueda de la justicia social; entendiendo esta última como la redistribución hacia los que menos tienen, función primaria del Estado de acuerdo con ^{Marshall (1985)}, ^{Przeworski (1998)} y ^{Rubio (2007)}. Sin embargo, dicha construcción, está sujeta a los valores e intereses colectivos.

Respecto a la ciudadanía, el estado de México dota de libertades, derechos y responsabilidades -mediante la constitución política de la entidad- en igualdad de condiciones y cantidad a todos los sujetos residentes en su territorio, sin embargo, al estar sujeta a la constitución federal, los derechos y obligaciones se convierten en deberes ya que el artículo 4 de la constitución federal establece que es obligación de todos los ciudadanos preservar y exigir el cumplimiento de los derechos y principios otorgados por la constitución (^{Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2019}).

En cuanto a los derechos que otorgan el disfrute de la vida digna en lo privado, se agrupan en el titulo segundo, que abarca del artículo 5 al 20: igualdad entre ciudadanos; prohibición de la discriminación; la educación -de calidad, laica, gratuita- atendiendo todos los tipos, modalidades y niveles educativos; acceso a la ciencia y tecnología; manifestación de ideas -salvaguardando los derechos de terceros-; acceso a la información -protegiendo la intimidad de la vida privada y la imagen de las personas-; alimentación adecuada; cuidado de la salud; promoción de la actividad física y deportiva; respeto al honor; crédito y prestigio de los ciudadanos; derecho a la vida y la propiedad; respeto al sufragio -como expresión de la soberanía popular-; protección de los derechos humanos; procuración del desarrollo integral con enfoque sustentable, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras, entre otros. Además de que se otorgan en lo intrínseco derechos, libertades y garantías constitucionales establecidas en lo federal.

Como se observa, este reconocimiento de derechos y obligaciones es resultado de la construcción paulatina de la ciudadanía, y su lucha por la igualdad, la justicia y la libertad, que han consolidado los derechos civiles, los derechos políticos y los sociales, tal como nos lo comenta ^{Marshall (1985)}.

En cuanto a la democracia, debido a la evidencia teórica y a los datos de la entidad, se infiere que prima una democracia procedimental, consolidada desde el reconocimiento constitucional, y con su ejercicio mediante un gobierno poliárquico, el cual según Dahl, está sujeto a la dirigencia de una élite política que permite la representatividad, la participación concurrida, la oposición partidista, la alternancia en el poder, el imperio de la libertad y de los derechos de los ciudadanos, empero, reduce la participación política a los procesos electorales y al voto; ya que es a través de las élites que se desincentiva -en cierta medida- el involucramiento ciudadano en lo político, minimizando la creación de alternativas políticas eficientes que resuelvan sus necesidades.

Coincidimos con ^{Baras (1991)} cuando afirma que con la existencia de una elitización de la democracia o en una democracia de élites, hay un grado mínimo de participación política real, con frecuencia reducida al voto y limitada al proceso electoral; pero también, existe una insuficiente institucionalización y, sobre todo, una escasa organización del Estado, por lo cual su desempeño es ineficiente al tratarse de la atención al ciudadano y en la resolución de sus problemas y necesidades.

De acuerdo con ^{Arzuaga-Magnoni et al., (2007)} la permanencia de un grupo político en el poder implica que un sector en particular imponga sus resultados y neutralice a los demás, utilizando las instituciones en su favor, beneficiando al grupo dominante, y con la posibilidad de que todos salgan ganando mediante algún recurso extraordinario. En este sentido, la competencia electoral y el voto no eliminan el margen de acción de las élites, más bien, se vuelven más funcionales, en la medida en que reclaman para sí un espacio de dominio y un control sobre las instituciones políticas.

Para ^{González-Ulloa (2017)}, a pesar de tener un panorama favorable en la entidad, los procesos normativos, las condiciones socioeconómicas y las instituciones estatales, son insuficientes y no impactan favorablemente en la democracia, por lo que debe propiciarse un alto grado de desarrollo socioeconómico en toda la entidad, para crear un electorado más dinámico en sus preferencias, elecciones más competitivas, con alternativas políticas reales, donde todos los sujetos tengan acceso a oportunidades de vida digna y con calidad.

Dicho panorama queda en evidencia con los resultados de eficiencia que muestra ^{INEGI (2017)} y Semáforo Delictivo respecto a la entidad, los cuales son bajos en relación con la eficiencia gubernamental y la resolución de las necesidades de la población. Por su parte, la alternancia y las preferencias políticas en la entidad, como el corredor azul o el cinturón amarillo, denotan la búsqueda de alternativas políticas, ya que cuando las élites políticas y los partidos tradicionales en el poder son desplazados, los nuevos actores políticos implementan procesos de innovación gubernamental, mejoras en la aplicación de programas redistributivos y, la creación de políticas que resuelven las necesidades reales de la población.

El devenir histórico muestra que los cargos de representación popular a los que acceden las distintas opciones partidistas son cada vez mayores, configurando un tránsito de un sistema de partido hegemónico hacia un sistema de pluralismo extremo, donde existen partidos con distintas ideologías políticas (centro, derecha, izquierda) como la posibilidad de candidatos independientes de partidos políticos, lo que incrementa la posibilidad de alternancia e incentiva el juego democrático.