1. Introducción

Desde la década de los ochenta del siglo XX, México adoptó un modelo de desarrollo basado en la apertura comercial. Desde entonces, la brecha de la desigualdad social en el país se mantiene constante e incide en el deterioro del bienestar social entre la población más pobre. Esto se observa de forma más acentuada en los municipios de las entidades federativas que integran los estados de la región sureste del país (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán). Los datos más recientes muestran una disminución relativa de la pobreza a nivel nacional; sin embargo, esto no implica una mejoría real para la región porque la pobreza extrema se incrementó y es esa justamente la condición de los territorios que analizamos.

Entre los detonantes más representativos de las condiciones críticas del bienestar que influyeron en los niveles de la región destacan las crisis cíclicas de la economía mexicana, el deterioro en los niveles y calidad del empleo y la baja o nula recuperación del poder adquisitivo. Esto ha dificultado el acceso a los alimentos más sensibles a los efectos inflacionarios, que repercute además en la baja cobertura, en general, de las necesidades básicas de los mexicanos con bajos ingresos y en situación de pobreza extrema.

Los diversos diagnósticos (^{CONEVAL, 2017}, ^2021a, ²⁰²³; ^{Jaime y García, 2011}; ^{López y Gallardo, 2015}) sobre la situación del bienestar social, consideran al nivel de ingreso y al empleo como los indicadores principales de su deterioro. Esta consideración es restringida en términos conceptuales y metodológicos, al igual que sus escalas de análisis, y resulta insuficiente para estudiar el bienestar social y sus implicaciones sociales y territoriales. Por ejemplo, la importancia que tiene un tipo de desarrollo económico asimétrico, que genera desigualdades e inhibe las capacidades de respuesta social y regional. Medir los alcances del bienestar social, asumiendo que no afecta por igual a todos los individuos en el territorio, resulta necesario para el diagnóstico integral de una problemática de corte estructural.

Son escasas las investigaciones que han analizado las dimensiones regionales del bienestar social en la región Sureste del país en la dimensión territorial que proponemos. Aquellas que examinan el caso de México (^{CONEVAL, 2017}, ²⁰²¹, ²⁰²³; ^{Jaime y García, 2011}; ^{López y Gallardo, 2015}) no explican su relación con las asimetrías del desarrollo económico, ni con el deterioro de la calidad de la alimentación, las condiciones de salud o de educación, además de que no incorporan indicadores a escala regional como el producto interno bruto per cápita municipal o la prevalencia de talla baja en preescolares.

La pregunta que guía esta investigación estriba en dar respuesta a cómo las inequidades estructurales del desarrollo económico se expresan en mayores desigualdades socioterritoriales y deterioro del bienestar social en regiones poco atendidas por la política económica y social. Partimos de la hipótesis de que la apertura comercial y el desarrollo económico asimétrico interno ahondaron en el deterioro de los niveles de bienestar. El objetivo es explicar las magnitudes del problema del bienestar social en la región sureste, utilizando un espectro más amplio de indicadores y mediante una metodología diseñada desde el enfoque territorial para elaborar un Índice General de Bienestar Social, empleando la técnica del Valor Índice Medio (VIM) en el periodo 2000-2020.

El VIM es una metodología eficaz para medir condiciones de bienestar social de la población a lo largo del tiempo. Esto se refleja en diversos trabajos de investigación empleados para orientar políticas públicas en materia social, incluido el tratamiento de la pobreza. Además de los indicadores convencionales, se incorporan otros como el producto interno bruto (PIB), la suficiencia de granos básicos y carnes, o la prevalencia de talla baja (deterioro nutricional) a escala municipal, que permiten una mayor precisión en el diagnóstico. Se busca ubicar los rezagos de la población que se esconden en los grandes agregados nacionales o se distorsionan en las grandes concentraciones de población, debido a la heterogeneidad social de los ingresos, junto con el impacto diferenciado de los programas sociales.

Esta región es importante como objeto de estudio porque históricamente se encuentra entre las más marginadas de la dinámica económica nacional y por ello presenta altos niveles de pobreza y desigualdad o carece de redes de infraestructura que permitan impulsar actividades socioeconómicas orientadas a mejorar el bienestar entre la población.

Este documento se integra por cinco apartados. En el segundo, se presenta una conceptualización regional del bienestar social. En el tercero se muestra la evolución de la desigualdad regional en México durante el actual modelo de economía abierta. En el cuarto, se expone una propuesta metodológica para la medición del bienestar social y su representación en la región. En el quinto, se analiza específicamente la situación del bienestar social en el periodo 2000-2020.

2. El enfoque conceptual regional del bienestar social

El bienestar alude a la obtención de una buena calidad de vida expresada por coberturas mínimas de las necesidades básicas mediante indicadores estandarizados en las políticas públicas. También considera otros aspectos que son resultado de la propia evolución y organización de la vida social incorporados recientemente, donde destacan las denominadas prioridades subjetivas.

Las condiciones de vida de la población se expresan como factor y a la vez resultado del nivel de desarrollo alcanzado por la sociedad y conforman los criterios de las políticas económica y social aplicadas por el Estado, independientemente de la heterogeneidad de la distribución de los beneficios, o de las propias asimetrías socioterritoriales de su alcance (^{Pierson, 2007}).

A principios del siglo XX, como se desprende de los trabajos de Arthur C. Pigou, que sigue el enfoque del utilitarismo benthamiano, las discusiones sobre la comprensión del concepto aludido se centraron en el bienestar económico, en el supuesto de que un alto nivel de ingreso corresponde con un elevado nivel de bienestar (^{Backhouse et al. 2017}; ^{Esping-Andersen, 1990}; ^{Pierson, 2007}). Establecían así una dualidad entre crecimiento económico y bienestar, asumiendo que el incremento del producto nacional se traduce en una mejora del nivel de vida para todos en cualquier sociedad.

Ese enfoque se encuentra supeditado a las posibilidades de irradiar beneficios derivados del crecimiento económico. Debido a sus limitaciones para una comprensión adecuada de los alcances del bienestar es que a partir de los años sesenta se señalan las restricciones que tiene el ingreso como única fuente de explicación.

Ante de la necesidad de prever posibles conflictos sociales, derivados de una creciente diferenciación en los niveles de vida, ya en pleno ascenso del Estado benefactor, se incorporó el concepto de “bienestar social”, el cual no sólo consideraba la dimensión económica, sino también otros aspectos de la vida social, al igual que la responsabilidad del Estado para asignarlo a toda la sociedad (^{Palley, 2020}).

El bienestar social se denominó como un conjunto de factores materiales e inmateriales que una sociedad considera deseables para el adecuado desempeño de sus individuos. Su logro permitiría una igualdad de oportunidades y una satisfacción más amplia de la población, en la medida que ayuda a garantizar la tranquilidad y realización humana (^{Montagut, 2014}; ^{Palley, 2020}).

Por tanto, el bienestar social, se empieza a medir, a través de categorías y variables explicitas, en las que cada una de ellas tiene sus propios parámetros de calificación o representación, como en el caso de alimentación, vivienda, salud, educación, empleo e ingreso (^{Delgadillo y Torres, 1990}). El nivel de alimentación, por su parte, se mide por la ingesta de proteínas y calorías, que a la vez está asociada con los niveles nutricionales y la seguridad alimentaria, la educación mediante el grado de escolaridad alcanzado, la salud por el número de médicos y camas disponibles, entre otros. Se busca lograr un índice global de bienestar mediante un diagnóstico y propuesta de mejoría cuantitativa y cualitativa en las condiciones de vida de la población y dentro de sus regiones.

En México, acorde con los objetivos del modelo neoliberal, desde los años noventa del siglo XX, se configuró un Estado restrictivo en el gasto (o Estado mínimo) que minimizó las condiciones del bienestar social, orientándose al combate de la pobreza en la medida que las políticas económica y social se alinearon a las directrices de la política global, propias del modelo de economía abierta, para mantener el control de las variables macroeconómicas (^{Judisman, 2009}).

La participación del Estado mexicano en el mejoramiento social a partir del control del gasto público se ha limitado desde entonces a emplear la política social como mecanismo compensatorio de las asimetrías económicas y sociales que generan los modelos de la política económica caracterizados por la racionalidad del mercado y los agentes económicos (^{Torres y Rojas, 2015}). Si bien la política social busca compensar el deterioro en las condiciones de vida de la población provocada por la desigualdad del ingreso, sus alcances son insuficientes, ya que la política económica impone límites que obligan a focalizar el gasto público hacia poblaciones objetivo. Ello deja a una proporción amplia en situación de vulnerabilidad (^{Torres y Rojas, 2015}).

El alcance del nivel de bienestar social está determinado entonces por la capacidad financiera de que dispone el Estado para enfrentarlo. Sin embargo, las posibilidades para alcanzar resultados positivos son complicadas si se restringe el gasto público que afecta a los programas sociales. En este sentido, se trata de que los diversos sectores sociales asuman responsabilidades para alcanzar el bienestar, acorde con los lineamientos restrictivos que impone el modelo económico.

Debido a que actualmente rige una economía globalizada y de mercados abiertos, el acceso en términos de la calidad para los diversos componentes del bienestar social se determina por el libre juego de las fuerzas del mercado y las posibilidades financieras de cada individuo para alcanzarlo, al margen de las transferencias monetarias directas, como en el caso de México.

En la política social del presente sexenio, donde el lema central es “Primero los Pobres” (^{Secretaría de Gobernación, 2019}), el objetivo sigue siendo el combate a la pobreza, más que el mejoramiento de las diferentes condiciones de bienestar para todos los estratos sociales. Se plantean incluso nuevas formas de medición que incorporen algunas variables subjetivas. En la práctica, se trata de un conjunto de programas focalizados hacia diferentes tipos de población objetivo, que además son restrictivos porque tienen como eje el combate de la corrupción a través de la racionalidad del gasto que elimina de facto otros beneficios sociales antes alcanzados.

Al aplicar las políticas de bienestar social como mecanismo de redistribución de la riqueza, el Estado Mexicano enfrenta condiciones territoriales diferenciadas, como se observa en los programas “Jóvenes Construyendo el Futuro” o “Sembrando Vida”. Ello exige la definición de criterios de medición para que dicha política pueda reorientarse y alcance beneficios más equilibrados entre la población y sus territorios. Una vía es la aplicación de modelos de análisis multivariado y de agrupamiento regional de factores. Estas metodologías implican una recuperación de las técnicas de medición que, en el caso de México, han servido para definir criterios de política social en general y hoy requieren de incorporar la dimensión territorial ante las evidentes desigualdades regionales.

3. Desigualdad regional como resultado de las asimetrías del desarrollo económico en México

En el periodo 1990-2021, en el contexto del modelo de economía abierta, el producto interno bruto (PIB) de México mantuvo una tasa de crecimiento promedio anual de apenas 2.1%, que resultó insuficiente para fortalecer la economía nacional y coadyuvar al mejoramiento de los niveles de bienestar social de los mexicanos de manera sostenida. Además, registró cifras negativas en periodos de crisis económica (1994-1995; 2008-2009; 2019-2020) que ampliaron la desigualdad económica y revirtieron la tendencia hacia la convergencia regional en el país experimentada durante la vigencia del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (Gráfica 1).

Fuente: Elaboración propia con base en ^{INEGI (2023)}.

Gráfica 1 México: evolución del producto interno bruto total, 1990-2021 (millones de pesos a precios de 2013 y porcentaje) 

Lo correcto es “Diversas investigaciones (^{Díaz-Pedroza, Sánchez y Mendoza, 2009}; ^{Esquivel, 1999}; ^{Luna y Colín, 2017}) refieren que entre 1970 y 1985, México presentó convergencia económica regional. Sin embargo, a partir de 1986, con la incorporación del país al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), se revierte esta tendencia ya que aumentó el coeficiente de variación y la brecha de desigualdad en años más recientes (^{Valdez, 2019}).

Lo señalado en el párrafo anterior expresa el efecto negativo de la apertura comercial en lo que se refiere al crecimiento regional, sus asimetrías territoriales y la desigualdad social. Esta condición de deterioro socioeconómico se muestra nítidamente en el rezago y desigualdad estructural entre las entidades federativas del país desde la intensificación de la apertura comercial (Gráfica 2).

Fuente: Elaboración propia con base en ^{Barro y Sala-i-Martin (1990)}; ^{INEGI (2000}, ²⁰⁰⁵, ²⁰¹⁰, ²⁰¹⁵, ²⁰²⁰, ²⁰²³⁾.

Gráfica 2 México: evolución de la desigualdad entre las entidades federativas a partir del análisis de convergencia-sigma, 1990-2021 

Sin embargo, aquellas que integran la región sureste han empeorado su condición, principalmente respecto al nivel del ingreso per cápita, en mayor medida respecto al promedio nacional (Gráfica 3).

Fuente: Elaboración propia con base en ^{Barro y Sala-i-Martin (1990)}; ^{INEGI (2000}, ²⁰⁰⁵, ²⁰¹⁰, ²⁰¹⁵, ²⁰²⁰⁾; ^{INEGI (2023)}.

Gráfica 3 México: evolución de la desigualdad en las entidades federativas que integran la región sureste a partir del análisis de convergencia-sigma, 1990-2020 

El crecimiento del PIB per cápita refleja igualmente el deterioro del ingreso en las entidades federativas con el modelo de economía abierta y la apertura comercial respecto a los años previos en que operaba el denominado modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones. La clasificación de las entidades de acuerdo con su PIB per cápita en 1990, así como la tasa de crecimiento promedio anual del mismo entre 1990 y 2021, permite elaborar un cuadrante de desempeño económico que las clasifica como entidades ganadoras, moderadas, rezagadas y perdedoras.

En el lapso de 1990 a 2021, la Ciudad de México, Nuevo León y Sonora se ubicaron en el cuadrante de ganadoras. En contraste, las entidades históricamente marginadas se situaron como perdedoras: Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas, Veracruz o Hidalgo. En el de moderadas, cuyas economías registran bajo PIB per cápita, pero altas tasas de crecimiento, se ubican Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Finalmente, en el de rezagadas, caracterizadas por alto PIB per cápita, pero bajas tasas de crecimiento, se encuentran Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, y Tabasco (Gráfica 4).

Fuente: Elaboración propia con base en ^{Barro y Sala-i-Martin (1990)}; ^{INEGI (2000}, ²⁰⁰⁵, ²⁰¹⁰, ²⁰¹⁵, ²⁰²⁰, ²⁰²³⁾.

Gráfica 4 México: clasificación de las entidades federativas según crecimiento económico a partir del análisis de convergencia-beta, 1990-2021 

Por ello, los cambios del modelo de desarrollo económico ampliaron las desigualdades sociales y regionales, lo que repercutió en niveles salariales, del empleo y del poder adquisitivo. En el periodo 1990-2021, la composición salarial del país se afectó en términos absolutos: el 56.9% de la población ocupada mantuvo bajo rangos de ingreso, de uno a tres salarios mínimos mensuales, lo que dista mucho de los requerimientos mínimos para cubrir las necesidades básicas de la población, particularmente alimentación e independientemente del incremento del salario mínimo impulsado por el gobierno actual (^{INEGI, 2023}).

Aunado a lo anterior, la tasa de desocupación nacional presentó incrementos importantes en este mismo lapso: en 1990 registró hasta 6.1%, y aunque en años posteriores osciló por debajo de 4%, a partir de 2008, por efectos de la crisis económica mundial y la intensificación de las políticas de libre mercado, repuntó arriba de 4.5%, aunque en los últimos tres años del periodo el promedio fue de 3.7%, aunque se incrementó drásticamente durante la pandemia por COVID-19 (^{INEGI, 2023}).

Otro factor que explica la ampliación de las desigualdades sociales es la pérdida del poder adquisitivo. La contención del crecimiento salarial por debajo de los incrementos inflacionarios constituye la causa estructural que explica la pérdida del poder de compra y las restricciones al gasto de los hogares. Este disminuyó 41% en términos reales en el periodo, lo que resulta paralelo al incremento de los niveles de pobreza y detrimento de los niveles de bienestar social (^{INEGI, 2023}).

En este contexto, la región sureste es una de las que presentan secularmente los mayores atrasos en los niveles de bienestar social a nivel nacional. Los municipios de las cinco entidades federativas que integran esta región han enfrentado situaciones históricas de rezago en al menos dos direcciones que las ubican en una condición permanente de rezago. En primer lugar, han sido relativamente marginados de las políticas sociales y de los programas de infraestructura como detonantes del mejoramiento regional, lo que estructuralmente ha deteriorado los niveles de bienestar social. En segundo lugar, han estado más expuestos a diversas catástrofes naturales que vulneran permanentemente sus condiciones de vida.

De la misma manera que a nivel nacional, desde la década de los noventa del siglo pasado, el crecimiento del PIB per cápita refleja igualmente el deterioro del ingreso en las entidades de la región sureste de México. La clasificación de las entidades de acuerdo con su PIB per cápita en 1990, así como la tasa de crecimiento promedio anual del mismo entre 1990 y 2020, permite observar que únicamente Yucatán presentó un desempeño moderado en el periodo de estudio al alcanzar una tasa de crecimiento promedio de 0.99%. Por su parte, Campeche y Tabasco se ubicaron en el cuadrante de rezago, mientras que Chiapas y Quintana Roo en el de perdedoras (Gráfica 5). Por lo tanto, las desigualdades económicas y sociales, más allá de revertirse, mantienen las mismas condiciones de rezago en el bienestar social en la región.

Fuente: Elaboración propia con base en ^{Barro y Sala-i-Martin (1990)}; ^{INEGI (2000}, ²⁰⁰⁵, ²⁰¹⁰, ²⁰¹⁵, ²⁰²⁰, ²⁰²³⁾.

Gráfica 5 México: clasificación de las entidades federativas que integran la región sureste según crecimiento económico a partir del análisis de convergencia-beta, 1990-2020 

4. Medición del bienestar social y su representación en la región sureste de México

La metodología del VIM permite clasificar datos dispersos del conjunto de unidades territoriales a partir de un índice, mediante la información que aportan diversas variables. A través de agrupamientos o definición de rangos de frecuencia, se aprecian diferencias particulares al interior de regiones o espacios indiferenciados, pero también de grandes concentraciones urbanas, sobre todo donde uno de los indicadores puede aparecer muy agregado y no permite analizar diferencia dentro del conjunto.

Esta metodología se aplicó inicialmente por organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en Chile, donde se buscó medir la situación que guardaba el bienestar social en la región latinoamericana. En México, ya claramente vinculada a una aplicación territorial, encontramos los trabajos de ^{García de León (1988)} y ^{Delgadillo y Torres (1990)}.

Un antecedente más remoto en la aplicación de la metodología de VIM se encuentra en la serie “Necesidades esenciales en México”, integrada por los títulos Alimentación, Educación, Vivienda, Salud y Geografía de la Marginación. En esta investigación, desarrollada por la ^{COPLAMAR (1982)}, se presentó un análisis de la situación en que se encontraba la población mexicana respecto a la satisfacción de los mínimos de bienestar al iniciar la década de los ochenta del siglo XX, así como las perspectivas para el año 2000.

Otros trabajos recientes aplicados al bienestar social de manera paralela con el análisis multivariado, pero que consideran el enfoque de Análisis de Componentes Principales, son el Índice de Marginación 2020 desarrollado por el Consejo Nacional de Población (^{CONAPO, 2023}), o el Índice de Rezago Social que elabora el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (^{CONEVAL, 2021b}). Sin embargo, a pesar de las propiedades que tiene la técnica de Componentes Principales, presenta algunas limitaciones, ya que solo tiene en cuenta combinaciones lineales de las variables originales. En determinados escenarios, como es el caso de la escala territorial o regional, al no poder considerar otro tipo de combinaciones supone perder información.

La metodología del VIM resulta una alternativa viable para la medición del bienestar social desde un enfoque regional debido a que permite la clasificación, jerarquización y regionalización de un conjunto de unidades territoriales con base en la evaluación de las semejanzas entre esas unidades que provienen de la información aportada simultáneamente por un sistema de variables o de indicadores.

La propuesta metodológica para la medición del bienestar social en la región sureste considera la construcción de un Índice General de Bienestar Social para el periodo 2000-2020 a través de la metodología de VIM. El índice agrupa a los municipios de las entidades federativas que integran esta región en el periodo referido (Cuadro A.1 del anexo metodológico).

La construcción del Índice General de Bienestar Social implica, en primer lugar, el cálculo de subíndices correspondientes a las dimensiones del bienestar social consideradas (alimentación, demografía, educación, ingreso-empleo, salud y vivienda), los cuales se estiman con la metodología de VIM. Posteriormente, con los valores de los subíndices, siguiendo esa misma metodología, se elabora el Índice General de Bienestar Social, es decir, un indicador síntesis de las seis dimensiones. Además, se establecen subconjuntos de municipios que presentaron condiciones similares en el índice general calculado. Una vez referida la escala de análisis territorial, se seleccionan los indicadores empleados en la construcción de cada uno de los subíndices que servirán para la construcción del Índice General de Bienestar Social.

El conjunto de información estadística se correlaciona por medio de interdependencias directas entre indicadores de variables que expresan el valor cuantitativo más relevante de los satisfactores sociales agrupados por subdimensiones del bienestar social donde se consideran como indicadores asociados con el ingreso (empleo e ingreso per cápita) y también con la calidad de vida (alimentación, vivienda, salud y educación), como se muestra en el Cuadro 1.

Para la construcción de los subíndices correspondientes a cada subdimensión del bienestar social (alimentación, demografía, educación, ingreso-empleo, salud y vivienda) a través de la metodología de VIM, se parte del siguiente procedimiento:

Donde:

i es el número del indicador

Xi es el valor de cada caso en el indicador i

×- es el valor de la media aritmética del indicador i

s(i) es la desviación típica del indicador i

Z es el valor normalizado resultante del indicador i en cada caso.

Con los valores obtenidos de los subíndices correspondientes a cada una de las subdimensiones (alimentación, demografía, educación, ingreso-empleo, salud y vivienda), se replica nuevamente la metodología de VIM para la construcción del Índice General de Bienestar Social. Este último constituye el indicador síntesis para evaluar las condiciones de bienestar social en la región sureste de México (Cuadro 3).

5. La situación del bienestar social en la región sureste de México, 2000-2020

De acuerdo con los resultados de la metodología empleada a nivel nacional y para la región sureste de México, de los 2 443 municipios del país, solo el 18.7% se ubicaron en un nivel de bienestar social muy superior a la media en el año 2000. Sin embargo, estos disminuyeron para el 2020 al 18.2%. Una situación muy parecida ocurrió en el nivel superior y de manera más notoria en el nivel medio, algunos de los municipios ubicados en este rango fueron desplazados hacia los rangos inferiores. Estas asimetrías territoriales son más notorias en cuanto al monto de población, si nos atenemos a su concentración en los rangos superior y muy superior (Mapa 1).

Fuente: Elaboración propia con base en ^{Ávila et al. (2016)}; ^{CONEVAL (2017)}; ^{DIF-SEP-INCMNSZ (1994},¹⁹⁹⁷, ²⁰⁰⁴⁾, ^{DIF-SEP-SSA-INCMNSZ (2006)}; ^{INEGI (2000}, ²⁰²⁰⁾, ^{Sánchez (2021)} y ^{SADER (2023)}.

Mapa 1 México: municipios y su situación de bienestar social, 2000 

El número de habitantes que se ubicaron en los rangos de superior y muy superior a la media se incrementaron, así sea ligeramente en el 2020 con respecto a los que se registraban en el año 2000, el rango medio tendió a desacelerarse y a perder su relativa estabilidad y la población que se ubicó en los rangos de inferior y muy inferior a la media, disminuyeron su participación en cuanto a mejoramiento de sus condiciones de bienestar en términos proporcionales; esto que si bien se relaciona con los niveles de pobreza, no necesaria la engloba como determinante del nivel de bienestar. La población ubicada en segmentos de pobreza extrema engrosó con casi una tercera parte, el número de habitantes en esta condición de bajo nivel de bienestar (Mapa 2).

Fuente: Elaboración propia con base en ^{Ávila et al. (2016)}; ^{CONEVAL (2017)}; ^{DIF-SEP-INCMNSZ (1994},¹⁹⁹⁷, ²⁰⁰⁴⁾, ^{DIF-SEP-SSA-INCMNSZ (2006)}; ^{INEGI (2000}, ²⁰²⁰⁾, ^{Sánchez (2021)} y ^{SADER (2023)}.

Mapa 2 México: municipios y su situación de bienestar social, 2020 

Por tanto, las condiciones de mejor bienestar tienden a estar concentradas en los rangos superiores de ingreso de la población y esta concentración también se refleja en términos territoriales en cuanto a los estados y municipios en que se localiza la población de peores condiciones de bienestar, lo cual evidentemente tiene una explicación estructural presente en las asimetrías del desarrollo y su reflejo y expresión territorial.

Lo anterior porque los estados y sus municipios correspondientes mantienen el mismo rezago histórico y vulnerabilidad social desde cualquier medición y esto lleva al mismo resultado: son los estados del sur y sureste del país donde se viven las mayores carencias y cada vez más conforman focos de tensión social derivadas de ello.

En tal caso, fuera de los Estados de Guerrero y Oaxaca, donde se registran también los más altos niveles de pobreza y de sus condiciones de bienestar, pero que se ubican fuera de esta dimensión georreferencial, el resto de los estados que mantienen esos mismos niveles se ubican justamente en la región sureste, aunque con algunas distorsiones relativas en el caso de Quintana Roo debido a la presencia de Cancún.

Cualquier intento de mejoramiento de esas condiciones estructurales tiene efectos benéficos tanto en las condiciones de bienestar como en la integración regional a través de obras de infraestructura, las cuales propician también la generación de otras actividades económicas sostenidas en el tiempo.

En el caso de Chiapas, más de dos terceras partes de sus municipios se ubican en rangos inferiores o muy inferiores a la media; Yucatán presenta una situación proporcional relativamente mejor, pero más de la mitad de sus municipios alcanzan solo el nivel medio e inferior. Campeche observa condiciones relativamente mejores, aunque predominan los de nivel medio, al igual que en Tabasco. Quintana Roo se ubica muy por encima de esos niveles debido a la irradiación económica regional de Cancún, lo cual se reflejan en sus condiciones de bienestar. Aunque no en la misma dimensión para todos sus municipios.

En términos de rezago proporcional, los municipios de los estados que conforman el entorno de la región sureste, no han variado o varían poco en el tiempo con respecto al resto del país. En caso del estado de Chiapas, en el año 2000, poco más del 36% de sus municipios se ubicaron en el rango de muy inferior a la media, pero se incrementaron hasta el 41% en el 2020; y, fuera de Quintana Roo, que mejoró claramente en la medida que sus municipios avanzaron hacia un mejor nivel de bienestar, el resto han permanecido en el tiempo en las mismas condiciones de estancamiento.

Un panorama general de los municipios de los estados que agrupan al sureste ayuda a comprender mejor los rezagos estructurales en sus condiciones de bienestar y cómo, a pesar de un incremento de los programas de atención social previos al sexenio actual, permanecieron en una situación similar. Esto demuestra que los apoyos monetarios y focalizados no pueden ser exitosos por si solos en el mejoramiento de las condiciones de vida, si no se acompañan de programas de inversión, que incrementen el ingreso de la población de manera sostenida, donde el desarrollo de infraestructura sea el detonante.

Un comparativo a partir del periodo analizado permite observar que, para el conjunto de los municipios que comprende las entidades federativas de la región sureste, no ha ocurrido un mejoramiento en su situación en el rubro de bienestar. De esta manera, los que se ubicaban en el rango medio en el año 2000, se incrementaron muy poco en el año 2020, ello debido a un tránsito relativamente positivo de los que se registraban en el rango inferior inmediato hacia ese nivel. Y que explican los datos recientes de la disminución de la pobreza en México.

En cambio, los que se ubican en el rango de muy inferior a la media, que corresponde al rango donde registran los puntos críticos de la pobreza y por ende los niveles de vida, permanecieron igual. Cabe observar que en esta región se localizan poco más del 10% de los municipios del total del país, al tiempo que concentran los peores niveles de pobreza. Una situación muy similar aparece al relacionar esta condición de bienestar con el número de habitantes, el cual claramente se incrementa en los rangos de inferior y muy inferior a la media, incluso en la correlación de número de personas en situación peor con respecto al número de municipios, aumenta más en los primeros.

Un análisis específico para los municipios de cada estado ayuda a reforzar los datos anteriores, si bien encontramos una relativa heterogeneidad en los avances y retrocesos de estos. En el caso de Campeche, prácticamente todos sus municipios permanecieron estables en sus condiciones de bienestar durante el periodo 2000-2020; solo uno ellos (Palizada) retrocedió del nivel muy superior a la media a solo superior a la media, aunque dos avanzaron a niveles superior y muy superior a la media y del nivel inferior hacia la media (Champotón, Hecelchakán y Calakmul; Mapas 3 y 4).

Fuente: Elaboración propia con base en ^{Ávila et al. (2016)}; ^{CONEVAL (2017)}; ^{DIF-SEP-INCMNSZ (1994},¹⁹⁹⁷, ²⁰⁰⁴⁾, ^{DIF-SEP-SSA-INCMNSZ (2006)}; ^{INEGI (2000}, ²⁰²⁰⁾, ^{Sánchez (2021)} y ^{SADER (2023)}.

Mapa 3 México: situación de bienestar de los municipios de la región sureste, 2000 

Fuente: Elaboración propia con base en ^{Ávila et al. (2016)}; ^{CONEVAL (2017)}; ^{DIF-SEP-INCMNSZ (1994},¹⁹⁹⁷, ²⁰⁰⁴⁾, ^{DIF-SEP-SSA-INCMNSZ (2006)}; ^{INEGI (2000}, ²⁰²⁰⁾, ^{Sánchez (2021)} y ^{SADER (2023)}.

Mapa 4 México: situación de bienestar de los municipios de la región sureste, 2020 

Una situación menos favorable se presenta en el caso de los municipios del estado de Chiapas, donde son mucho más el número de municipios que retroceden o se mantienen estables con respecto a los que si avanzaron en el periodo. De cualquier manera, los que avanzaron solo lo hicieron de los niveles de muy inferior a la media a inferior a la media, o bien de inferior a la media hacia la media.

En contraste, para el caso de los municipios del estado de Quintana Roo, solo retrocedieron dos de sus municipios (Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas) y uno avanzó (Solidaridad); sin embargo, los que se mantuvieron estables se han ubicado casi siempre en los niveles más altos de bienestar y no han perdido esa condición.

En el caso del estado de Tabasco, solo dos de sus municipios (Nacajua y Paraíso) avanzaron del estrato de media al de superior de la media; el resto retrocedió o se mantuvo en una situación estable. En cuanto al Estado de Yucatán, solo uno de sus municipios avanzó del nivel superior a muy superior a la media (Yaxkukul); dos más de manera poco perceptible del nivel inferior a la media hacia la media (Tixcacalcupul y Xocchel) el resto permaneció en condición de estable o de retroceso; en el caso de los municipios estables, son muy pocos los que se ubican en la condición de muy superior a la media.

Si bien el índice de bienestar antes analizado refleja por si solo las condiciones de rezago en la mayor parte de los municipios de la región, su desglose por indicadores específicos agrupados como subíndices, mantiene una situación muy similar. En el rubro de la alimentación, encontramos que la situación ha venido empeorando a través del tiempo. Si bien en el año 2000 ya cerca del 30% de los municipios del país se ubicaban en los rangos de inferior y muy inferior a la media, para el año 2020 esta proporción se incrementó significativamente al registrar cerca del 42% en estos mismos rangos. En cuanto al monto de la población, los datos resultan aún más preocupantes, ya que de cerca del 70% de los habitantes ubicados en esos rangos creció hasta alcanzar el 78% en 2020.

En ese rubro, para algunos de los municipios que conforman la región sureste, las condiciones han resultado aparentemente mejores con respecto a otras regiones del país, aunque con algunas claras distorsiones, dada la concentración de población en Cancún y Mérida. De un total de 260 municipios que conformaban a esta región en el año 2000, poco más del 42% se ubicaron en los rangos entre la media y muy inferior a la media, aunque se incrementó proporcionalmente en el 2020 al alcanzar ya a más del 47% de los municipios y se duplicó entre los que se ubican en el rango de muy inferior a la media. Las distorsiones intrarregionales por efectos de la concentración se presentan en el monto de la población mejor posicionada, ya que más del 24% de la población se ubica en rangos de muy superior a la media debido al efecto de los centros turísticos antes señalados.

En todo caso, al analizar la situación de los municipios para cada estado de la región encontramos como constante, una situación de desigualdad estructural hacia los municipios de los estados que antes manejamos en el índice global de bienestar: solo mantienen condiciones superiores a la media los municipios que se ubican en, o cercanos a los centros turísticos; en el resto la situación resulta muy heterogénea pero con tendencia a ubicarse en niveles inferiores a la media en casi todos los rubros de bienestar, siendo los más desfavorables Chiapas, Yucatán y Tabasco donde, de acuerdo con el periodo analizado, buena parte de sus municipios han retrocedido o permanecido en las mismas condiciones de desigualdad. Esto mismo atañe, además del alimentario, a rubros como empleo, ingreso, salud, educación y vivienda.

Conclusiones

Desde la segunda mitad de la década de los ochenta del siglo XX, la adopción del modelo de economía abierta para reorientar la política económica en México provocó desequilibrios estructurales en el crecimiento y la distribución interna de la riqueza, porque el control del entorno macroeconómico vulnera los indicadores del bienestar social e incrementa la pobreza y la desigualdad social.

Si bien la política social ha buscado compensar el deterioro en las condiciones de vida de la población mediante transferencias monetarias a población objetivo, sus alcances son insuficientes en la medida que la misma política económica le impone límites estructurales que obligan a focalizar el gasto público hacia esas poblaciones y a implementar programas sociales que se limitan a atender la pobreza extrema.

En tal contexto de apertura comercial, el crecimiento del PIB nacional ha sido insuficiente para fortalecer la economía y alcanzar el bienestar social de una manera sostenida. Además, como resultado de las asimetrías en el desarrollo económico, se ha ampliado la brecha de desigualdad entre las entidades federativas, lo que ha mermado los niveles de bienestar en las distintas regiones del país, principalmente en los municipios de los estados que integran la región sureste.

Los resultados obtenidos a partir del Índice General de Bienestar Social señalan que, en el periodo 2000-2020, los municipios de la región sureste presentan un deterioro estructural en las condiciones de bienestar social. Se ubica una alta proporción de población en condiciones de pobreza extrema y con bajos niveles de cobertura de las necesidades básicas, ubicándose muy por debajo del promedio nacional.

Para revertir los bajos niveles de bienestar social en la región sureste, el Gobierno Federal debe desplegar una política económica regional orientada a implementar más proyectos de alto impacto, particularmente en la producción agroalimentaria, que permitan el mejoramiento del ingreso y empleo entre la población, además de una política social redistributiva para revertir los altos niveles de pobreza y desigualdad social.