Introducción
La situación de precariedad creciente de la población mexicana implica serias dificultades para garantizar que las familias cuenten con una alimentación suficiente en calidad y cantidad para satisfacer sus necesidades cotidianas. Los antecedentes de este contexto, tan adverso, tienen su origen en los programas de ajuste estructural desarrollados desde finales del siglo pasado, que fueron resultado del abandono del Estado de Bienestar como idea rectora de la política social en nuestro país. Paralelamente, a la aplicación de las medidas de ajuste, el universalismo, que había guiado los programas sociales hasta inicios de la década de los ochenta, fue cuestionado y dio paso a los programas de Transferencias Monetarias Focalizadas (TMF) como principal medio para emprender la política social (Mkandawire, 2005).
Uno de los argumentos centrales que apoyaba las políticas de focalización era el de la necesidad de contener la inequidad que generaban las políticas neoliberales. Sin embargo, los debates sobre pobreza (Mkandawire, 2005) ponen poca atención en la equidad y están más bien orientados a argumentar en favor de la focalización. El debate entre focalización y universalismo ha sido colocado en el discurso de la redistribución, no obstante, la focalización ha sido usada más bien como medio de distribución de ingresos para grupos de la sociedad en situación de pobreza. La focalización opera a partir de lo que se denominó Manejo Social del Riesgo (Holzman y Jorgensen, 2003), que implica dos tipos de programas: un paquete mínimo de acciones en salud para impedir que las familias realicen “gastos catastróficos” por enfermedad y las TMF. Programas como Oportunidades y el Programa de Apoyo Alimentario (PAL) son TMF cuyo objetivo es que las familias no caigan por debajo de la línea de pobreza.
La definición oficial de pobreza en México en Diario Oficial de la Federación (DOF), 2010 considera dos dimensiones: el ingreso para satisfacer necesidades y el incumplimiento de derechos sociales (i.e. educación, salud, seguridad social, alimentación, vivienda y sus servicios). En el caso del ingreso, se identifican dos umbrales: a) línea de bienestar para identificar insatisfacción de necesidades alimentarias y no alimentarias (e. g. educación o vivienda) y b) línea de bienestar mínimo que corresponde al ingreso requerido para acceder a una nutrición adecuada. Los hogares que no logran contar con suficientes recursos económicos para la alimentación se consideran pobres extremos.
Los programas de asistencia alimentaria buscan focalizar los apoyos a la población más vulnerable. Tienen los siguientes objetivos: “erradicar la pobreza extrema y el hambre” y “asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos en extrema pobreza o con carencia alimentaria” (Coneval, 2016). La inseguridad alimentaria está asociada con la pobreza extrema o pobreza alimentaria (Castro y Camberos, 2017), además de incluir el hambre, la desnutrición y la malnutrición (Coneval, 2016).
La evaluación de los programas gubernamentales es indispensable, dado que su operación implica la utilización de recursos de una sociedad para solucionar problemas socialmente relevantes. Hasta ahora, las evaluaciones de los programas Oportunidades y PAL, basadas en muestras representativas de los hogares mexicanos, se han centrado en la cobertura de la población elegible y el efecto en la frecuencia de la pobreza medida en función de los ingresos (Huesca, López y Palacios, 2016). También se han realizado estudios sobre su efecto en la pobreza usando analizando el caso de una comunidad de Oaxaca (Espinosa-Trujillo, Reyes, Pérez y Torres, 2016).
En otro estudio de caso (Olvera, Schmook, Radel y Nazar Beutelspacher, 2017) en comunidades de Campeche se analizó cómo la participación en estos programas gubernamentales afectaba los patrones de consumo alimentario. Sin embargo, no identificamos ningún estudio en el que se evaluara el posible efecto de la participación de los programas en la experiencia de inseguridad alimentaria de los hogares. A diferencia de la pobreza alimentaria basada en los ingresos, la medición de la inseguridad alimentaria permite tener una aproximación a la experiencia de privación (e. g. ansiedad, preocupación o hambre) de las personas ante la falta de acceso a los alimentos. También hace énfasis en la calidad de la alimentación y no sólo en la cantidad de alimentos (Valencia-Valero y Ortiz-Hernández, 2014). De este modo, el trabajo pretende mostrar, con datos representativos de los hogares mexicanos, cómo la participación en programas gubernamentales de TMF puede relacionarse con dos indicadores de inseguridad alimentaria. Para los fines de esta investigación, tomamos el concepto de seguridad alimentaria propuesto por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2010, p. 12) el cual plantea que “un hogar tiene seguridad alimentaria cuando tiene acceso a la alimentación requerida para una vida saludable para todos sus miembros (adecuada en términos de calidad, cantidad y aceptable culturalmente) y cuando no está en riesgo de perder dicho acceso”. Desde esta perspectiva, la inseguridad alimentaria (IA) es un continuo que incluye desde la preocupación o incertidumbre sobre el acceso a alimentos saludables en el futuro hasta formas graves como la experiencia de hambre.
En relación con la situación nutricional de la población en México tenemos que para el año 2012, el 30.3 % tenía insuficiente acceso a la alimentación (Gutiérrez et al., 2012) y que, en el caso de menores de 18 años, el 53.8 % estaba en situación de pobreza, con 11.92 % en pobreza extrema. Además, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2014) el 13.6 % de los menores de cinco años presentaban desnutrición crónica y la proporción era mayor (27.5 %) en las áreas rurales e indígenas del sureste del país. La gravedad de dicha situación radica en que la desnutrición actúa como un círculo vicioso, puesto que los bebés de mamás desnutridas tienden a presentar de bajo peso, lo cual aumenta las posibilidades de que los niños padezcan desnutrición en etapas futuras (UNICEF, 2011), así como obesidad abdominal y alteraciones cardiovasculares en la vida adulta (Mercuro et al., 2013). A partir de la década de los ochenta, del siglo pasado, la respuesta del Estado mexicano a estos problemas ha sido la focalización a través de programas de asistencia alimentaria. El presente estudio tuvo como objetivo analizar el posible efecto de los programas de TMF implementados en México (Oportunidades y PAL) en la experiencia de IA entre los hogares mexicanos en los que hay menores de edad.
Metodología
Muestra
Se analizaron las bases de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) realizada en el año 2014 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2014a). La ENIGH tiene como población objetivo los hogares del territorio nacional y como unidades de análisis las viviendas, los hogares y sus integrantes (INEGI, 2014b). La muestra fue calculada considerándose como variable de referencia el promedio del ingreso corriente total por hogar. A partir de parámetros obtenidos en la ENIGH 2012 (INEGI, 2012), se fijó un nivel de confianza del 90 %, un efecto de diseño de 3.73, un error relativo máximo aceptable de 2.8 %, una tasa de no respuesta máxima esperada de 15 % y un promedio de hogares por vivienda de 1.016. Por lo tanto, se determinó una muestra a nivel nacional de 19,999 viviendas, la cual se ajustó a 20,000 viviendas (INEGI, 2014b). A partir de la muestra total de la ENIGH 2014 (n=20,000), primero se seleccionaron los hogares en los cuales habitaran menores de 18 años de edad (n=9,581). El 15.54 % de los hogares tenía ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo (n=1,489). Como se describe más adelante, esta selección obedeció a que los programas están enfocados a hogares con estas características. El trabajo de campo se realizó del 11 de agosto al 28 de noviembre de 2014.
Para identificar a los hogares pobres se utilizó la definición de pobreza alimentaria conforme a las Líneas de Bienestar del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2014). La línea de bienestar mínimo corresponde al ingreso requerido para adquirir la canasta alimentaria. Las líneas de bienestar difieren de acuerdo con el tipo de localidad, siendo menor el monto en localidades rurales respecto a las urbanas. Los puntos de corte para identificar a los hogares con pobreza alimentaria se conforman promediando los montos correspondientes a los meses de levantamiento de la ENIGH (agosto a noviembre) y son de <$ 883.18 para las localidades rurales de <$ 1,259.38 para las localidades urbanas.
Participación en programas alimentarios
En la ENIGH 2014 se preguntó acerca de los ingresos por beneficios provenientes del programa Oportunidades y PAL durante los seis meses previos al mes de levantamiento de la encuesta (INEGI, 2014c). Para el programa Oportunidades se incluyó el apoyo económico dirigido a cualquier persona (fuera por salud, alimentación o educación), apoyo energético y el apoyo alimentario Vivir Mejor. En cuanto al programa PAL, se registró la cantidad total percibida en el hogar por los apoyos que comprende el programa. Se formaron dos grupos: hogares que recibieron algún apoyo por parte de los programas Oportunidades o PAL y los hogares que no lo recibieron.
De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (2013b), en el programa Oportunidades se incluyó a: familias que vivían en marginación y pobreza sin poder atender sus necesidades de educación, salud y alimentación. Se dio prioridad a hogares con menores de 22 años y mujeres en edad reproductiva. La localidad fue seleccionada donde hubiera pobreza y marginación y que tuviera cercanía a escuelas primarias y secundarias, así como a una clínica de salud. Se aplicaba una encuesta en la localidad para detectar familias que pudieran ser beneficiadas; los niños(as) debían inscribirse y asistir de manera regular a la escuela. También debían acudir a todas las citas médicas y talleres de capacitación, de lo contrario se les suspenderían los apoyos del programa de manera temporal o definitiva.
Mientras que, de acuerdo con las Reglas de Operación del Programa del PAL (DOF, 2013a; Sedesol, 2012), los criterios de inclusión para el programa PAL fueron: que la persona presentara ingresos menores a la Línea de Bienestar y no pudiera ser atendida por el programa Oportunidades, dando prioridad a los menores de cinco años y mujeres embarazadas. La localidad fue seleccionada del mismo modo que en el programa Oportunidades.
Inseguridad alimentaria
Como indicadores de inseguridad alimentaria se utilizó la información de la diversidad de la dieta y las experiencias domésticas de inseguridad alimentaria (IA), los cuales son reconocidos como indicadores adecuados de este fenómeno (Leroy et al., 2015). En la ENIGH 2014 se evaluó la IA con una versión modificada de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) (FAO, 2012), en la cual se capta información sobre la experiencia de los integrantes de los hogares durante los tres meses anteriores al momento en que se realizó la entrevista y detecta diferentes niveles de IA. La ELCSA ha sido, previamente validada en población mexicana (Valencia-Valero y Ortiz-Hernández, 2014; Villagómez-Ornelas et al., 2014). En la ELCSA existen tres tipos de preguntas: las que se refieren a la experiencia del hogar (tres preguntas), a las experiencias de menores de 18 años de edad (siete preguntas) y las experiencias de los adultos (cinco preguntas). Por ello, el número de preguntas varía en función de si en el hogar hay o no menores. A partir del número de respuestas positivas en la ELCSA se crearon cuatro grupos: 1) seguridad alimentaria (ninguna respuesta positiva); 2) IA leve (hogares sin menores: 1 a 3 respuestas positivas; hogares con menores: 1 a 5 respuestas); 3) IA moderada (hogares sin menores: 4 a 6; hogares con menores: 6 a 10) y 4) IA severa (hogares sin menores: 7 a 8; hogares con menores: 11 a 15).
La diversidad de la dieta se evaluó con doce preguntas del cuestionario para hogares sobre la frecuencia de consumo (i. e. número de días a la semana que se consumían) de diferentes grupos de alimentos durante los últimos siete días previos a la aplicación de la encuesta: cereales (productos de maíz, trigo, arroz, avena, salvado, etc.), raíces o tubérculos, verduras (frescas, enlatadas o deshidratadas), frutas (frescas, enlatadas o deshidratadas), carnes, huevos, pescados o mariscos, leguminosas y nueces, lácteos (queso, yogurt o leche), aceites y grasas (aceites, mantequilla, crema, mayonesa, etc.), azúcares (azúcar, miel, jarabe, gelatina o refrescos) y otros alimentos (condimentos, café o té). Las respuestas a los doce ítems fueron dicotomizadas: sí consumieron alimentos del grupo en cuestión al menos un día (con puntaje de uno) y no los consumieron (puntaje de cero). Se realizó la sumatoria de las respuestas a los doce ítems, obteniendo con ello una variable continua, la cual a mayor puntuación representaba mayor diversidad en la dieta.
Otras covariables
En el análisis se incluyeron otras variables que podían tener un efecto confusor, incluyendo: región, tamaño de localidad, tipo de hogar y características del jefe de familia (etnicidad, sexo, edad, escolaridad y estado civil). Se consideró la edad, el estado civil, la escolaridad, el sexo y la etnicidad del jefe de familia. La edad se clasificó en cuatro grupos: ≤29, 30 a 44, 45 a 59 y ≥ 60 años. El estado civil fue clasificado en cuatro categorías: casado o en unión libre, separado o divorciado, viudo y soltero. La escolaridad se clasificó en cinco categorías a partir del último grado de estudios aprobado: sin instrucción o con preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y profesional o posgrado. Se evaluó la etnicidad a partir de la siguiente pregunta de la ENIGH: “De acuerdo con la cultura de (entrevistado), ¿ella(él) se considera indígena”? Se consideró como indígena a quienes contestaron afirmativamente a esta pregunta.
El tipo de hogar fue clasificado en dos grupos: nuclear (hogar constituido por un solo grupo familiar primario) y ampliado (hogar formado por el jefe(a) de familia, su familia nuclear, y/u otro grupo familiar primario, parientes, personas sin parentesco con el jefe(a) del hogar). A partir de la entidad federativa donde se localizaba el hogar se crearon cuatro regiones de acuerdo con la clasificación de la Sedesol (2012): sur-sureste, centro-occidente, centro y norte. El tamaño de la localidad se clasificó en cuatro categorías dependiendo del número de habitantes: ≥100,000, 15,000 a 99,999, 2,500 a 14,999 y <2,500.
Análisis de datos
El análisis estadístico se realizó con el programa STATA versión 14.2 (Stata Corp., College Station, USA). Para considerar el diseño complejo de la ENIGH (i. e. probabilística, estratificada y por conglomerados) se realizaron las estimaciones utilizando los comandos de encuestas (svy) del programa. Se compararon las características sociodemográficas de los hogares en situación de pobreza con los no pobres (ver Tabla 1). También se compararon las características de los hogares que recibían apoyo gubernamental respecto a los que no lo recibían (ver Tabla 2). Para conocer si existían diferencias significativas se utilizó la estadística chi cuadrada. Las diferencias se consideraron estadísticamente significativas cuando p<0.050. Posteriormente, se estimaron modelos de regresión logística y lineal en los cuales las variables dependientes fueron los niveles de IA (ver Tabla 3) o la diversidad de la dieta (ver Tabla 4) y las variables independientes fueron la participación en los programas gubernamentales y las características sociodemográficas de los hogares. En el caso de los modelos de regresión logística, se estimaron las razones de momios (RM) con sus respectivos intervalos de confianza al 95 por ciento.
No pobre | Pobre | ||
Media | Media | ||
(IC 95%) | (IC 95%) | ||
Variedad de la dieta | 10.88 | 10.26 | |
(10.84-10.91) | (10.16-10.36) | ||
% | % | p | |
Nivel de IA | |||
Seguridad | 46.90 | 20.30 | 0.000 |
IA leve | 18.30 | 17.50 | |
IA moderada | 23.20 | 35.90 | |
IA severa | 11.60 | 26.30 | |
Oportunidades | |||
No recibe | 81.80 | 52.50 | 0.000 |
Si recibe | 18.20 | 47.50 | |
PAL | |||
No recibe | 97.70 | 95.20 | 0.000 |
Si recibe | 2.26 | 4.78 | |
Algún programa | |||
No recibe | 79.90 | 48.80 | 0.000 |
Si recibe | 20.10 | 51.20 | |
Región | |||
Sur-sureste | 19.90 | 44.30 | 0.000 |
Centro-occidente | 24.40 | 19.10 | |
Centro | 32.80 | 25.00 | |
Norte | 22.90 | 11.50 | |
Localidad (habitantes) | |||
>100,000 | 50.20 | 21.50 | 0.000 |
15,000 a 99,999 | 15.50 | 14.20 | |
2,500 a 14,999 | 12.80 | 22.10 | |
< 2,500 | 21.40 | 42.20 | |
Tipo de hogar | |||
Nuclear | 65.50 | 65.80 | 0.906 |
Ampliado | 34.50 | 34.20 | |
Etnicidad del JF | |||
No pertenece | 75.90 | 54.50 | 0.000 |
Sí pertenece | 24.10 | 45.50 | |
Sexo del JF | |||
Hombre | 79.30 | 80.60 | 0.427 |
Mujer | 20.70 | 19.40 | |
Edad del JF | |||
29 años o menos | 15.50 | 17.00 | 0.137 |
30- 44 años | 60.50 | 56.50 | |
45- 59 años | 20.10 | 21.60 | |
60 o más | 3.87 | 4.86 | |
Estado civil del JF | |||
Casado/unión libre | 83.00 | 84.40 | 0.279 |
Separado/divorciado | 8.34 | 6.49 | |
Viudo | 5.80 | 5.87 | |
Soltero | 2.90 | 3.21 | |
Escolaridad del JF | |||
Sin escolaridad | 3.98 | 13.30 | 0.000 |
Primaria | 29.60 | 49.80 | |
Secundaria | 32.80 | 28.20 | |
Bachillerato | 18.80 | 6.95 | |
Licenciatura | 14.80 | 1.86 |
Fuente: Análisis propio de la base de datos de la ENIGH, 2014.
Abreviaturas: IA: inseguridad alimentaria, PAL: Programa de Apoyo Alimentario, JF: jefe de familia, IC: intervalo de confianza.
Recibe programa | No recibe programa | ||
Variedad de la dieta | Media | Media | |
(IC 95%) | (IC 95%) | ||
10.20 | 10.32 | ||
(10.05-10.35) | (10.18-10.47) | ||
% | % | p | |
Nivel de IA | |||
Seguridad | 15.80 | 25.10 | 0.000 |
IA leve | 16.40 | 18.50 | |
IA moderada | 42.10 | 29.50 | |
IA severa | 25.70 | 27.00 | |
Región | |||
Sur-sureste | 61.80 | 25.60 | 0.000 |
Centro-occidente | 14.50 | 24.00 | |
Centro | 16.90 | 33.80 | |
Norte | 6.80 | 16.60 | |
Localidad (habitantes) | |||
>100,000 | 8.30 | 35.40 | 0.000 |
15,000 a 99,999 | 9.50 | 19.00 | |
2,500 a 14,999 | 22.80 | 21.40 | |
< 2,500 | 59.40 | 24.20 | |
Tipo de hogar | |||
Nuclear | 65.40 | 66.10 | 0.830 |
Ampliado | 34.60 | 33.90 | |
Etnicidad del JF | |||
No indígena | 41.80 | 67.90 | 0.000 |
Es indígena | 58.20 | 32.10 | |
Sexo del JF | |||
Hombre | 80.40 | 80.70 | 0.909 |
Mujer | 19.60 | 19.30 | |
Edad del JF | |||
29 años o menos | 11.50 | 22.80 | 0.000 |
30- 44 años | 60.20 | 52.70 | |
45- 59 años | 23.30 | 19.80 | |
60 o más | 4.96 | 4.70 | |
Estado civil del JF | |||
Casado | 85.00 | 83.90 | 0.235 |
Separado | 5.70 | 7.40 | |
Viudo | 6.80 | 4.80 | |
Soltero | 2.50 | 3.90 | |
Escolaridad del JF | |||
Sin escolaridad | 17.60 | 8.70 | 0.000 |
Primaria | 58.00 | 41.20 | |
Secundaria | 20.50 | 36.20 | |
Bachillerato | 3.60 | 10.50 | |
Licenciatura | 0.30 | 3.40 |
Fuente: Análisis propio de la base de datos de la ENIGH, 2014.
Abreviaturas: IA: inseguridad alimentaria, JF: jefe de familia.
Inseguridad Leve | Inseguridad Moderada | Inseguridad Severa | ||||||
RM | IC 95% | RM | IC 95% | RM | IC 95% | |||
Recibe programas 1 | 1.12 | 0.70-1.77 | 1.37 | 0.94-2.01 | 1.13 | 0.73-1.76 | ||
Región 2 | ||||||||
Centro-occidente | 0.60 | 0.35-1.03 | 0.61 | 0.38-0.96 | 0.71 | 0.42-1.22 | ||
Centro | 1.19 | 0.64-2.20 | 0.92 | 0.55-1.52 | 0.60 | 0.34-1.04 | ||
Norte | 0.98 | 0.50-1.93 | 0.75 | 0.40-1.40 | 1.12 | 0.61-2.06 | ||
Localidad (habitantes) 3 | ||||||||
15 000 a 99 999 | 1.73 | 0.83-3.60 | 2.20 | 1.11-4.38 | 1.58 | 0.80-3.14 | ||
2 500 a 14 999 | 1.25 | 0.70-2.24 | 1.67 | 0.95-2.95 | 1.20 | 0.68-2.09 | ||
< 2 500 | 1.18 | 0.63-2.20 | 1.64 | 0.92-2.91 | 0.96 | 0.54-1.72 | ||
Clase de hogar 4 | ||||||||
Ampliado | 0.68 | 0.39-1.18 | 0.84 | 0.50-1.41 | 0.71 | 0.43-1.19 | ||
Etnicidad del JF 5 | ||||||||
No es indígena | 0.68 | 0.43-1.07 | 0.52 | 0.34-0.81 | 0.56 | 0.34-0.90 | ||
Sexo del JF 6 | ||||||||
Mujer | 0.66 | 0.29-1.47 | 0.93 | 0.46-1.85 | 1.12 | 0.56-2.27 | ||
Edad del JF (años) 7 | ||||||||
30- 44 | 1.52 | 0.94-2.62 | 1.63 | 1.01-2.63 | 1.37 | 0.85-2.21 | ||
45- 59 | 0.79 | 0.37-1.71 | 1.05 | 0.53-2.08 | 1.48 | 0.75-2.93 | ||
60 o más | 1.03 | 0.29-3.62 | 0.73 | 0.28-1.88 | 1.06 | 0.36-3.11 | ||
Estado civil del JF 8 | ||||||||
Separado | 0.89 | 0.20-3.93 | 2.37 | 0.68-8.20 | 3.33 | 1.07-10.39 | ||
Viudo | 1.64 | 0.54-4.94 | 1.30 | 0.53-3.17 | 1.05 | 0.39-2.83 | ||
Soltero | 5.61 | 1.10-28.51 | 2.93 | 0.68-12.67 | 5.42 | 1.32-22.21 | ||
Escolaridad 9 | ||||||||
Primaria | 0.85 | 0.40-1.81 | 0.74 | 0.37-1.48 | 0.60 | 0.30-1.19 | ||
Secundaria | 0.78 | 0.34-1.79 | 0.58 | 0.28-1.19 | 0.51 | 0.24-1.07 | ||
Bachillerato | 0.91 | 0.32-2.56 | 0.51 | 0.19-1.34 | 0.46 | 0.18-1.18 | ||
Licenciatura | <0.00 | <0.00-0.00 | 0.20 | 0.03-1.07 | 0.31 | 0.08-1.22 |
Fuente: Análisis propio de la base de datos de la ENIGH, 2014.
Se reportan resultados de un modelo de regresión multinominal con la inseguridad alimentaria como variable dependiente. Grupos de referencia: 1 hogares que no reciben programas gubernamentales, 2 región sur-sureste, 3 localidad > 100,000 habitantes, 4 hogar nuclear, 5 sí pertenece a un grupo indígena, 6 hombre, 7 < 29 años, 8 casado y 9 sin escolaridad. JF, jefe de familia.
β | p | |
Recibe programas 1 | 0.07 | 0.546 |
Región 2 | ||
Centro-occidente | -0.41 | 0.011 |
Centro | 0.18 | 0.192 |
Norte | -0.29 | 0.080 |
Localidad 3 | ||
15 000 a 99 999 habitantes | -0.31 | 0.037 |
2 500 a 14 999 habitantes | -0.004 | 0.975 |
<2 500 habitantes | -0.47 | 0.001 |
Clase de hogar 4 | ||
Ampliado | -0.08 | 0.494 |
Etnicidad del JF 5 | ||
No es indígena | 0.10 | 0.216 |
Sexo del JF 6 | ||
Mujer | 0.06 | 0.703 |
Edad del JF 7 | ||
30- 44 años | 0.19 | 0.103 |
45- 59 años | 0.25 | 0.144 |
60 o más | 0.16 | 0.591 |
Estado civil del JF 8 | ||
Separado | -0.22 | 0.325 |
Viudo | 0.10 | 0.664 |
Soltero | -0.28 | 0.359 |
Escolaridad del JF 9 | ||
Primaria | -0.00 | 0.989 |
Secundaria | 0.28 | 0.083 |
Bachillerato | 0.36 | 0.067 |
Licenciatura | 0.87 | 0.002 |
Fuente: Análisis propio de la base de datos de la ENIGH, 2014.
Se reportan resultados de un modelo de regresión lineal con la diversidad de la dieta como variable dependiente. Grupos de referencia: 1 hogares que no reciben programas gubernamentales, 2 región sur-sureste, 3 localidad > 100,000 habitantes, 4 hogar nuclear, 5 pertenece a una etnia, 6 hombre, 7 < 29 años, 8 casado y 9 sin escolaridad. JF, jefe de familia; β, coeficiente de regresión.
Resultados
En la Tabla 1 se comparan las características sociodemográficas de los hogares pobres con aquellos no pobres. En comparación con los hogares no pobres, en aquellos donde sí existía pobreza fueron más altas las frecuencias de varios aspectos: inseguridad alimentaria (alcanzando el 80 %), participación en los dos programas de asistencia alimentaria, ubicarse en la región sur-sureste del país y de residir en localidades rurales. En los hogares pobres fue más frecuente también que el jefe de familia fuera indígena o tuviera baja escolaridad. No existieron diferencias entre los hogares pobres y los no pobres en su distribución de acuerdo con el tipo de familia, ni por el sexo, edad y estado civil del jefe de familia.
En la Tabla 2 se comparan las características sociodemográficas de los hogares que recibían ingresos por programas gubernamentales respecto a los que no los recibían. En comparación con sus contrapartes, los hogares que recibieron ayuda de algún programa tuvieron mayor probabilidad de presentar IA moderada, de ubicarse en la región sur-sureste o en localidades rurales, y que su jefe de familia perteneciera a una etnia, fuera mayor de treinta años o hubiera cursado hasta la primaria o menos.
En la Tabla 3 se muestran los factores asociados con la IA en hogares pobres con menores de 18 años. La participación en programas de ayuda alimentaria no se relacionó con la existencia de IA. Los hogares de la región centro-occidente tuvieron menor probabilidad de experimentar IA moderada en comparación con los de la región sur-sureste. La probabilidad de experimentar IA moderada fue mayor en hogares de localidades con 15,000 a 99,000 habitantes que en aquellos de localidades con 100,000 o más habitantes. La probabilidad de presentar IA moderada y severa fue menor en los hogares cuyo jefe de familia no pertenecía a alguna etnia. En comparación con los hogares cuyo jefe de familia era más joven, aquellos donde este integrante tenía entre 30 a 44 años tuvieron mayor probabilidad de presentar IA moderada. Respecto a los hogares encabezados por jefes de familia casados, aquellos cuyo jefe de familia era soltero o separado tuvieron mayor probabilidad de presentar IA leve o moderada.
En la Tabla 4 se reporta la asociación de las características sociodemográficas con la diversidad de la dieta. No existieron diferencias respecto a la diversidad de la dieta entre los hogares que participaban en programas gubernamentales y los que no participaban en ellos. Los hogares donde existió menor diversidad fueron los de la región centro-occidente, de las localidades con menos de 2,500 habitantes y entre 15,000 a 99,999 habitantes y en los que el jefe de familia tuvo baja escolaridad.
Discusión
Pobreza en hogares con menores
De acuerdo con los hallazgos del presente estudio, en México, durante el año 2014, el 15.5 % de los hogares con menores de edad se encontraban en situación de pobreza alimentaria. Sin embargo, según las Líneas de Bienestar consideradas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2013). Para ese mismo año, el 23.3 % de la población estaba en condiciones de pobreza por carencia en acceso a la alimentación. Probablemente, las diferencias entre ambas prevalencias se deben a que se trata de poblaciones distintas, pues en este estudio sólo se tomaron en cuenta los hogares con menores de 18 años de edad, mientras la del Coneval (2014) se refiere al nivel nacional.
En este estudio se encontró que la región con mayor cantidad de hogares pobres fue la región sur-sureste y que había más hogares pobres en localidades con menos de 2,500 habitantes; información que se corrobora en el trabajo de Ordaz (2009), quien encontró rezagos significativos entre poblaciones pequeñas. Además, Gómez y Sánchez (2017) reportaron que la población rural era de las más pobres aún después de recibir alguna ayuda gubernamental.
Respecto a las características del jefe de familia, en los hogares pobres prevalecieron los jefes de familia que pertenecían a una etnia, situación que ha sido observada sistemáticamente por el Coneval (2013) y por Gómez y Sánchez (2017). Tal como describe Horbath (2008), factores como la carencia de espacios de producción industrial y grandes atrasos en el desarrollo en las zonas rurales, así como las imposiciones a las que generalmente son sometidos en el medio del comercio, desempeñan un papel importante en la pobreza de los grupos indígenas.
Programas de asistencia alimentaria e inseguridad alimentaria
En este estudio, la cobertura de los programas en cuestión mostró serios problemas que cuestionan las estrategias de identificación y selección de los hogares objetivo ya que, 48.80 % de los hogares pobres no recibieron ningún tipo de apoyo, en contraste con el 20 % de hogares no pobres que si recibieron los beneficios de ambos programas. En correspondencia con lo anterior, en otro estudio sobre este tema, se mostró que, apenas el 14.40% de los recursos de los programas estaban llegando a los grupos que debían ser asistidos (Burlandy, 2007), confirmando la idea de que la focalización, debido a errores metodológicos de la selección de casos, frecuentemente beneficia a grupos a los que no están destinados.
Es sabido que, para aplicar los programas TMF, es necesario identificar a los pobres previamente y esto requiere de modelos sofisticados y costosos. Al respecto, Mikandawire (2005), en un análisis que evalúa la efectividad de varias experiencias de focalización, cuestiona la precisión de los procedimientos empleados para hacerlo, pues, frecuentemente, se seleccionen falsos positivos y falsos negativos y por lo tanto la población objetivo tiene sesgos muy importantes. En México, con el método empleado en la identificación de pobres, se calcula que un 40 % no se alcanza a cubrir y que los costos de la selección de casos pueden ir entre el 0.4 % al 29 % del costo total del programa. De hecho, el autor considera que son un verdadero lujo que solo los países considerados de economía consolidada pueden asumir.
Contrario a lo esperado, después de ajustar por las características de los hogares, en nuestro análisis no se encontró asociación entre la recepción de ayuda gubernamental y la IA en los hogares mexicanos pobres con menores de edad. Es posible que los reducidos montos que se otorgan a las familias beneficiarias de alguno de los programas estudiados expliquen porque no se esté resolviendo la situación alimentaria de las mismas, es decir, hasta $ 1710 mensuales por Oportunidades (DOF, 2013b) o $ 873 por PAL (DOF, 2013a) por familia. De acuerdo con Gómez y Sánchez (2017), es preocupante que las líneas de bienestar han sido elaboradas de una manera sumamente minimalista, ya que la canasta que se usa para definirlas responde a las características de un grupo con condiciones de vida pobres (cumpliendo el consumo calórico al costo más eficiente posible, pero sin considerar la calidad de los nutrientes adquiridos). Además, no se han considerado los actuales cambios fluctuantes en la canasta básica y el aumento al precio de otros servicios como transporte, vivienda, vestido, calzado, etc. Los programas TMF suelen brindar una ayuda a los pobres, pero no previenen la pobreza ya que los apoyos suelen ser escasos y difícilmente las personas trascenderán dicha situación de pobreza (Gómez y Sánchez, 2017). Además, la ayuda se retira cuando las personas comienzan a generar o incrementar sus ingresos, lo que, en muchos casos hace más vulnerables a los hogares.
En concordancia con nuestros resultados, en un estudio (Gómez y Sánchez, 2017) reciente se encontró que el impacto de estos programas es mínimo o casi inexistente en la situación alimentaria de las familias mexicanas. Además, estos investigadores observaron también que el grupo de menores de edad es el más desatendido. Por su parte, Huesca, López y Palacios (2016) evaluaron los efectos del PAL, que por cierto ya no existe, y que se aplicó dentro del contexto de la denominada “Cruzada contra el hambre”, concluyen que deja fuera a la gran mayoría de población en pobreza alimentaria; presenta insuficiencia de recursos destinados para apoyar a los hogares, particularmente en los que habitan niños.
En contraste con nuestros resultados, en otro estudio realizado con base en la ENIGH 2008, considerando a los hogares con mayores de 65 años de edad (Vilar-Compte y Ortiz-Blas, 2013), se encontró que, en comparación con los hogares que no recibían una pensión, los que sí la recibían, tuvieron menores probabilidades de presentar IA leve y moderada, y mayor probabilidad de tener seguridad alimentaria. Sin embargo, es conveniente hacer la aclaración de que el concepto de pensión incluía ayuda tanto gubernamental como no gubernamental, razón por la cual pudo haber un sesgo en los resultados, puesto que la magnitud de la ayuda por motivo de pensión fue mayor en comparación con la que se otorga a los hogares beneficiados únicamente por programas de gobierno.
En otro estudio realizado en Brasil (Cabral, Lopes, Lopes y Vianna, 2014), con base en el programa de ayuda Bolsa familiar encontraron resultados significativos para las familias que, en los años 2005 y 2011, recibían los beneficios de dicho programa, ya que los niveles de seguridad alimentaria e IA leve presentaron un aumento en el tiempo y los niveles de IA moderada y severa tuvieron una disminución para el mismo periodo de tiempo. De igual manera, se presentó un aumento en la prevalencia de seguridad alimentaria e IA leve en los hogares que recibían ayuda en el año 2005 y que ya no la recibían para el año 2011. Como se puede verificar, el programa Bolsa familiar ha mostrado efectos en la reducción de las prevalencias de IA moderada y severa, contrario a lo obtenido con los programas Oportunidades o PAL, en México. Estas diferencias entre los estudios se pueden atribuir en gran parte al amplio conjunto de políticas dirigidas a la disminución de la pobreza, el hambre y la desnutrición en el primer país, en el cual, en esos años, se llevaba a cabo un plan integral que contemplaba aspectos económicos y sociales, y en donde además, el monto de la transferencia monetaria era mayor que en México (Gómez, 2013).
Otros factores asociados con la IA
Como se esperaba, las personas que habitaban hogares pobres tuvieron menor variedad en la dieta y mayores prevalencias de IA moderada y severa, en comparación con los hogares no pobres. Evidentemente, esto refleja que el principal determinante de la IA es el ingreso económico (FAO, 2012). En nuestro análisis, los factores que se asociaron con la IA fueron la región geográfica, el tamaño de la localidad, la etnicidad y la escolaridad del jefe de familia. Como se mencionó anteriormente, la gran desatención a los medios rurales y las comunidades indígenas les han brindado a lo largo de la historia menores oportunidades de desarrollo. En la actualidad, de acuerdo con Horbath (2008), los indígenas que han sido incluidos al mercado laboral, tienen condiciones laborales más desventajosas que la población no-indígena, tales como, estabilidad en el empleo, seguridad social, etc. En conjunto, estos hallazgos indican que se requiere identificar los procesos estructurales que intervienen en la IA, concretamente, la inequitativa distribución del ingreso o el racismo (Ortiz-Hernández, Ayala-Guzmán y Pérez-Salgado, 2018) y como condicionan la situación de pobreza y sus consecuencias negativas en el bienestar de la población.
Conclusiones
Los resultados de este estudio apoyan la idea de que las TMF no tienen influencia en la calidad de vida de las familias mexicanas y coinciden con la literatura nacional e internacional revisada. Esta literatura muestra, claramente, que la identificación de los pobres implica modelos administrativos muy sofisticados que son muy costosos y que simplemente no existen en los países en “vías de desarrollo”. Incluso, se ha planteado que no son claras las razones que sustentan la insistencia en experimentar con esquemas que han demostrado en la práctica estar equivocados (Mkandawire, 2005). El autor concluye que, al parecer, la mejor opción es la combinación de políticas realmente universalistas e integrales con focalización a los más necesitados. Plantea en su análisis que una de las principales conclusiones es que la focalización, casi por definición, lleva a segmentación y diferenciación, además de que promueve la creación de estructuras duales, una dirigida a los pobres y fundada por el Estado y otra destinada a proveer al sector privado de recursos.
Por otro lado, el objetivo fundamental de los TMFs es romper el ciclo inter-generacional de la pobreza incentivando el acceso a diversos productos del bienestar social como educación, salud, etc., lo cual debiera de ser suficiente para retirar a la siguiente generación del estado de carencia. Los resultados arriba reseñados, nos permiten afirmar que, en México, nos encontramos lejos de alcanzar esta situación ya que, en general, la pobreza persiste a pesar de la aplicación de esas políticas.
Desde la perspectiva económica, Vargas y Hernández-Eguiarte (2017) señalan que el diseño original de las TMF no considera la incorporación de un componente productivo expresado en términos de generación de empleo, lo que nos lleva a concluir lo que tal vez es obvio, que la única forma efectiva de atacar la pobreza y la inseguridad alimentaria es a través de la creación de empleos suficientemente remunerativos, ya que, como dice Sen (1995), “beneficios pensados exclusivamente para los pobres frecuentemente terminan siendo pobres beneficios”.