Introducción

México es uno de los principales países proveedores de minerales del mundo, en el 2015 ocupó el decimoséptimo lugar en la producción total de minerales, con un valor de 209,326 millones de dólares (^{Reichl, Schatz y Zsak, 2017: 32}), y fue el mayor productor de plata con una extracción aproximada de 5,955 toneladas (^{Reichl, Schatz y Zsak, 2017: 111}). De acuerdo con el ^{INEGI (2016)} en la primera década de este siglo la producción minero-metalúrgica creció, en términos reales, a una tasa promedio anual de 3.9%, superando en más del doble el crecimiento de la economía nacional en su conjunto (1.7%).

Simultáneamente, las concesiones mineras se han incrementado; entre 2005 y 2014 pasaron de 22,375 a 25,267 (^{Secretaría de Economía y Servicio Geológico Mexicano, 2007: 49}). Según el Anuario Estadístico de la Minería en México, para el 2015, se reportaron 267 empresas con capital extranjero que eran propietarias de 927 proyectos mineros, el 68% en etapa de exploración; el 64.2% de estos proyectos son para la extracción de oro y plata, un 14.2% de sustancias polimetálicas y el 12.8% de cobre. Las empresas extranjeras provienen fundamentalmente de Canadá (65%) y de Estados Unidos (16%) (^{Secretaría de Economía y Servicio Geológico Mexicano, 2015: 20-21}).

Adicionalmente, el crecimiento de los proyectos y concesiones a las empresas mineras se ha acompañado por la aprobación de normas y leyes que la favorecen, lo cual ha motivado la generación de conflictos. Por ejemplo, dentro del marco normativo, se reformó el artículo 27° de la Constitución en 1992, el cual señala que la tierra y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional pueden constituirse en propiedad privada; y el artículo 6° de la Ley de Minería de 1992, que decreta que la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, y serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma. Esto pone en desventaja a las comunidades, llevando a la población a una posición de indefensión legal ante la explotación privada de sus tierras, por ser considerada la minería una actividad de utilidad pública, provocando posibles procesos de expropiación y generando conflicto con los modos de vida de las comunidades afectadas (^{Quintana, 2014: 171}).

Lo anterior ha sido aprovechado por el capital extranjero para iniciar grandes emprendimientos mineros, generalmente ubicados en las comunidades rurales, generando una ruptura en la historia local, y llevando a que los conflictos atraviesen todos los órdenes de la vida e involucren, necesariamente, a todos los actores sociales (^{Machado, 2014: 61}). Las relaciones, y los vínculos prestablecidos, se redefinen en función de los que están en contra y a favor de la minería.

Es así como México es el segundo país en América Latina, después de Perú, con mayor número de conflictos (con 37), siendo Puebla y Oaxaca los estados con mayor número de casos (^{OCMAL, 2016}).

Los conflictos están dispersos en el territorio mexicano, entre los principales está el desastre ambiental ocurrido en 2014 en Sonora (^{Tetreault, 2015: 57}), y el conflicto con la empresa canadiense Blackfire en Chicomusuelo, Chiapas (^{Roblero-Morales y Hernández-Aguilar, 2012: 75}). También hay casos de empresas mineras que han evitado conflictos consensuando con las comunidades, como ha sido de la minera canadiense Goldcorp Inc, en Mazapil, Zacatecas, y Ternium, en San Miguel Arcángel, Michoacán (^{Santos-Cordero y Martínez-Silva, 2015: 285}).

Específicamente para la Sierra Norte del Estado de Puebla, la política de crecimiento se fundamenta en actividades extractivas que están acompañadas de proyectos que complementan y fomentan el desarrollo de la industria, es el caso de los megaproyectos hidroeléctricos que proveerán la energía eléctrica que requieren los nuevos emprendimientos mineros y petroleros cercanos a la zona. Las comunidades donde se instalan estos proyectos de explotación de recursos naturales los han denominado como “proyectos de muerte”, motivando a que la población se movilice en contra de ellos, buscando, entre otras cosas, conservar el control de sus territorios.

El objetivo de la investigación fue analizar los conflictos actuales por dos proyectos de minería a cielo abierto, y las estrategias de lucha motivadas por los riesgos socioambientales que representan estos proyectos en cuatro comunidades situadas en los municipios de Ixtacamaxtitlán y Tetela de Ocampo, Puebla. Para el levantamiento de la información se realizaron 141 encuestas a familias ubicada en cuatro comunidades pertenecientes a los dos municipios de estudios.

Percepción social de los conflictos socioambientales

El modelo económico hegemónico de la industria minera corresponde a un modelo extractivo, se caracteriza por la apropiación de recursos naturales no renovables, el empleo de campesinos como fuerza laboral, la no generación de cadenas productivas estables en las comunidades, y por no tener en cuenta a la comunidad, sus medios de vida y sus tradiciones (^{Delgado-Ramos, 2010: 18, 23}). Sin embargo; autores como ^{Gudynas (2009: 197)} menciona que existen nuevos modelos como el neoextractivismo, donde igualmente las empresas se apropian de los recursos que están asociados a los mercados globales; y una de sus consecuencias es el incremento de la acumulación privada de capital, atrayendo inversión extranjera directa que concentra la tierra y la mano de obra en las zonas concesionadas. Este nuevo modelo tiene una escasa diversificación productiva, el papel del Estado es más activo a través de una mayor distribución de los excedentes generados por el extractivismo (^{Gudynas, 2009: 188}).

Sin importar si el modelo es el extractivismo o neoextractivismo, la minería es una actividad que deteriora el medio ambiente, y genera conflictos y protestas sociales (^{Gudynas, 2011: 405-406}). El sentimiento que tienen las comunidades del modelo extractivista y sus características, más el conocimiento de los conflictos actuales han llevado a la población a rechazar los nuevos emprendimientos de minería a cielo abierto, debido a la percepción negativa que tienen de estos.

Existe una amplia evidencia de los impactos negativos en lo social y ambiental de los proyectos mineros, llevando a las empresas mineras y gobierno a situaciones de conflictividad con las comunidades, y en algunos casos se llega a la violencia y en contra de la democracia (^{Gudynas, 2012: 267}).

Se pueden identificar diferentes tipos de conflicto, como los políticos, culturales, sociales, y los ambientales. Estos últimos surgen de posturas muy distintas, de acuerdo con la manera en que se perciban las condiciones sociales y ambientales, la valoración asignada, y las implicaciones, sobre el ambiente, de las acciones humanas presentes y futuras (^{Gudynas, 2013: 87}). También son el resultado de patrones sociales, espaciales y temporales de acceso a los beneficios de los recursos naturales, que soportan la vida de las comunidades (^{Martínez-Alier, 2010: 358}).

Los conflictos encontrados en la investigación se enmarcan en aquellos que tienen relación con la afectación o riesgo de afectación socioambiental (^{Paz, 2014: 13-14}). Esto se explica porque ambos proyectos se encuentran en etapa de exploración, por tanto, se identificaron las amenazas o riegos esperadas que probablemente terminen en conflictos entre la comunidad y las empresas que extraigan los minerales. Ya que los temores de riesgos futuros que perciben los habitantes de un espacio, infundados o con base científica, motivan el conflicto, aunque no siempre detone (^{Franks et al., 2014: 7578}).

Las causas actuales y las amenazas esperadas del conflicto surgieron de la información levantada en campo, y los impactos futuros en cada área están basados en la percepción de los encuestados. En este estudio se asumen a las percepciones como una construcción social de los riesgos derivados de la acción del hombre; es decir, las percepciones son el resultado de procesos cognitivos que consisten en reconocer, interpretar y dar significado a factores en torno a las experiencias de lo físico y social, para construir una organización mental de su significación y simbolización (^{Allport, 1974: 7-8}).

Para ^{Pidgeon (1998: 5)} la percepción del riesgo incluye las creencias, actitudes, juicios y sentimientos de las personas, así como las disposiciones culturales y sociales más amplias que adoptan hacia las amenazas a las cosas que valoran. Así, por ejemplo, la tierra en la que viven las familias de las comunidades estudiadas, el agua, y la posibilidad de realizar actividades agrícolas son cosas que valoran y van arraigadas con sus modos de vida y su cultura. En este sentido, ^{Bickerstaff (2004: 827)} argumenta que las percepciones y la respuesta a los riesgos se forman en un contexto con una variedad de factores sociales, culturales y políticos.

La percepción de riesgos ambientales, es decir de los riesgos del medio ambiente que rodean a un individuo, no es exclusivo de los medios científico-técnicos, más bien depende de los individuos y los contextos en que se desenvuelven (^{Gudynas, 2004: 123}) o de una construcción social (^{Pidgeon, 1998: 6}). Es a través de ellas que se forman marcos de referencia organizados, que van modificándose de acuerdo con las experiencias de vida; llegan a través de los sentidos, y el receptor los interpreta de acuerdo con las circunstancias que vivió y experimentó (^{Calixto-Flores y Herrera-Reyes, 2010: 232}). Ello significa que la percepción va a depender de la información que posean los actores sociales y que les permite generar sus propias expectativas.

Proyectos de Minería de oro a cielo abierto en la Sierra Norte

A pesar de que Puebla no es productor de oro y plata, en 2015 el gobierno concesionó alrededor de 169,320 hectáreas en 103 títulos mineros, donde los principales minerales para explotar según el Sistema de Administración Minera (SIAM) serán oro (18%), plata (18%), zinc (16%), cobre (15%) y plomo (13%) (^{SIAM, 2016}).

En la Sierra Norte de Puebla se realizan actividades de exploración de dos proyectos mineros de oro, plata y cobre. El proyecto Ixtaca está ubicado en el municipio de Ixtacamaxtitlán, se encuentra en etapa avanzada de exploración y lo ejecuta Minera Gavilán, S.A. de C.V., empresa mexicana subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals. Esta empresa, descubrió en el 2010 que en la zona había mineralización de oro y plata en el subsuelo, con una ley de 2 gramos de oro por tonelada equivalente.

Para el año 2012, bajo el amparo de los títulos 241003 y 241004 adjudicados a la empresa Minera Gavilán S.A. de C.V., con vigencia hasta el año 2062 y prorrogables otros 50 años, se concesionaron 55,885 hectáreas (^{SIAM, 2016}), que corresponden al 97.5% del área autorizada para la minería en la Sierra Norte de Puebla.

Para el 2013, en la exploración se habían realizado aproximadamente 400 barrenos, calculando 1.35 millones de onzas probadas de oro equivalente, 2.18 millones de onzas indicadas y 717 mil onzas inferidas, lo cual lleva a formular un plan de explotación de la mina de 14 años para el proyecto Ixtaca (publicado en la página web de Almaden Minerals). Actualmente, ante el amparo interpuesto por el ejido de Tecoltemic (ubicado en Ixtacamaxtitlán), el proyecto está detenido por orden de un juez.

El otro proyecto es Espejeras de la empresa mexicana Frisco S.A. de CV, localizado en Tetela de Ocampo, es titular de 17 concesiones mineras que abarcan aproximadamente 22,784 hectáreas. La Minera San Francisco del Oro, S.A. de C.V., filial de la Minera Frisco, S.A. de C.V., es dueña de las concesiones 166134 y 220980 con 8.75 y 10,663 hectáreas respectivamente, ubicados en la comunidad de La Cañada a 5 km de cabecera municipal. La minera estaba autorizada por la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) para realizar 27 perforaciones por medio de barrenación a circulación inversa y barrenación a diamante. El proyecto se ubica en una zona con tradición de minería subterránea de oro y plata; y, desde la octava década del siglo XX la empresa inició la compra de terrenos donde se encontraban las antiguas minas. Actualmente, las actividades de exploración están canceladas, como respuesta a una acción emprendida por el movimiento civil Tetela Hacia el Futuro.

Metodología

Este trabajo es un estudio descriptivo de corte transversal, bajo el método deductivo. La técnica de investigación fue la encuesta a las familias. En estos instrumentos se preguntó sobre las estrategias de lucha en contra de las empresas mineras, y sobre las diferentes estrategias que las empresas mineras han implementado en la zona de estudio para informar a la comunidad y buscar su aceptación. Además, captó información sobre las características socioeconómicas de las familias, el conocimiento que los habitantes tienen sobre la minería y proyectos mineros, y finalmente indagó sobre la perspectiva de la comunidad.

El tamaño de la muestra se calculó mediante muestreo cualitativo, con una confianza del 95%, una precisión del 10% y una varianza del 0.09 (Rojas, 2013: 298). Resultando un tamaño de muestra de 141 familias, distribuidas de la siguiente manera: 29 en Santa María de Zotoltepec, 19 en Tuligtic, 15 en la Cañada y 78 en Tetela de Ocampo Centro, la selección de los encuestados fue aleatoriamente. También se analizaron fuentes secundarias sobre los temas de conflictos socioambientales, percepción y movimientos de resistencia, e investigaciones sobre la problemática de los proyectos mineros.

Área de Estudio

La investigación se realizó en las comunidades de Santa María de Zotoltepec y Tuligtic ubicadas en el municipio de Ixtacamaxtitlán; y Tetela Centro y La Cañada pertenecientes al municipio de Tetela de Ocampo, en la Sierra Norte de Puebla. En estas comunidades se localizan dos proyectos de minería de oro a cielo abierto en etapa de exploración. El municipio de Ixtacamaxtitlán tiene una altitud entre 2,000 y 3,400 msnm, su precipitación media anual es entre 600 a 900 mm y su extensión es de 567.96 km² de extensión, el 55% de sus terrenos son aptos para la agricultura (^{INEGI, 2009: 2-3}). Se siembra avena forrajera, maíz, fríjol, trigo y alfalfa (^{INEGI, 2011}). En el 2010 tenía una población de 25,326 personas de las cuales, 24.5% eran indígenas (6,210). En el 2015, el 80.3% de su población se encontraba en pobreza, y 11.7% en pobreza extrema (^{SEDESOL, 2018}).

Tetela de Ocampo tiene una altitud entre 1,200 y 3,200 msnm, con una extensión territorial de 328.8 km², de los cuales, el 37% es para uso agrícola y el 58% forestal (^{INEGI, 2009: 2-3}). En el 2010, su población era de 25,793 habitantes, de las cuales, el 34% era indígena. En el 2015, el 71.6% de su población se encontraba en pobreza, y 13.6% en pobreza extrema (^{SEDESOL, 2018a}). En la figura 1 se presenta la ubicación geográfica de los municipios dentro del estado de Puebla y los polígonos de las concesiones mineras.

Fuente: Elaboración propia, con datos de INEGI y SIAM

Figura 1 Ubicación de la zona de estudio 

Resultados y Discusión

La industria minera en México se apropia de los recursos naturales, ve al campesino como mano de obra barata y no genera encadenamientos productivos en la región, además de los impactos negativos en el ambiente que se han presentado en etapas de explotación (^{Gudynas 2009: 188}; ^{Delgado-Ramos, 2010: 18, 23}; ^{Quintana 2014: 171}). Esta dinámica ha traído como consecuencia el incremento de los conflictos entre las empresas mineras y las comunidades donde se ubican los proyectos, ya sea que estén en etapa de exploración o explotación.

En esta investigación, en donde los proyectos se encuentran en etapa de exploración, de acuerdo con ^{Paz (2014: 13-14)}, los conflictos encontrados en las comunidades estudiadas se dan por riesgo de afectación, ya que surgen del temor de las personas de que la minería produzca riesgos que los afecte directamente. Estos temores se clasificaron en sociales y ambientales. A continuación, se describen los conflictos actuales y los que consideran los pobladores podrían generarse a futuro.

Conflictos Sociales generados por los proyectos mineros en los municipios de estudio

Los resultados muestran que hay una marcada percepción de conflicto en aspectos sociales, que ha llevado a la mayoría de la población de los municipios de estudio a estar en contra de la instalación de los proyectos mineros. En el cuadro 1 se puede apreciar los resultados en cuanto a la aceptación de los proyectos mineros en los municipios de estudio y su percepción en diferentes variables sociales:

Los habitantes de Ixtacamaxtitlán perciben que existe división interna en su comunidad con respecto a la aprobación de la llegada de la minería a la región. Un porcentaje mayoritario (77.1%) de los encuestados no están de acuerdo con que se desarrolle el proyecto Ixtaca, y ello se debe a que perciben posibles afectaciones al medio ambiente y a la salud humana, que podrían ocurrir en caso de comenzar la explotación. Similar situación se presentó en Ecuador, donde una de las principales causas de conflicto, en el proyecto de exploración Mirador, fue la división de la población a causa de los posibles peligros que se derivan por la llegada de un proyecto minero, tanto como un conflicto actual como una amenaza esperada (^{Sánchez-Vásquez, Espinosa y Aguiguren, 2016: 30}). Este proyecto abarca zona indígena del territorio Shuar, en Ecuador, el cual presenta realidades sociales y culturales diferentes, sin embargo, se utiliza este estudio como antecedente, debido a que los conflictos y los impactos analizados se dan en la etapa de exploración, y no son impactos ya ocurridos, como en los casos de estudios de México.

El otro porcentaje de la población entrevistada (22.9%), mencionó estar de acuerdo con la posibilidad de un desarrollo minero, ya que representa una alternativa a la generación de fuentes de trabajo no agrícolas y, posiblemente, de activación de la economía de la región. Sin embargo, no consideran si habrá o no impactos socioambientales, o a la salud humana. Esta percepción en parte se explica por la estrategia desarrollada por Almaden, Minerals, al realizar promesas sobre generación de empleo, y ofrecer contribuciones al sistema de salud, a las escuelas, a las viviendas, a los eventos sociales, a la construcción de espacios de esparcimientos, y ayudar a mejorar la economía de la región mediante los ingresos, producto de impuestos, que recibirá el municipio. En un estudio realizado sobre el conflicto entre la comunidad de Salaverna, en Zacatecas, y la empresa Frisco, muestra este comportamiento. Aquí la empresa utiliza la división interna de la comunidad para atomizar las opiniones de la población, buscando debilitar cualquier acción colectiva en contra de una posible reubicación del pueblo (^{Uribe-Sierra, 2017: 93}). Este mismo comportamiento se evidencia en la investigación realizada por ^{Roblero-Morales y Hernández-Aguilar (2012: 80-81)} en Chicomusuelo, Chiapas, donde la empresa canadiense Blackfire adquirió 13.5 hectáreas con engaños, prometiendo mejoras en la infraestructura, servicios públicos, beneficios económicos para la comunidad y creación de empleo. Promesas que no se cumplieron, hecho que generó conflicto con la comunidad.

En este contexto, ^{Garibay y Balzaretti (2009: 93)} expresan que las mineras se acercan a la población con un velo de bondad social, concediéndoles un trato de caridad empresarial por sus condiciones económicas, más no un trato de negociación donde busque asociarse con ellos, lo cual sugiere que es una práctica de dominación. Por ello las empresas mineras fomentan la confrontación al interior de la comunidad como estrategia para ser aceptada.

También ha sido causa de conflicto el ingreso del personal que labora en los proyectos (Ixtaca y Espejeras) a las tierras de propiedad privada de los pobladores de la comunidad sin autorización de sus dueños, para realizar trabajos de marcaciones dentro de los terrenos e incluso realizar actividades de exploración. En Ixtacamaxtitlán, del 41.7% de los encuestados que afirmaron estar afectados por las actividades de exploración, el 33% de los encuestados manifestaron que había ocurrido una invasión a sus terrenos, mientras que en Tetela de Ocampo sólo una familia declaró este hecho. En Ixtacamaxtitlán sólo pidieron permiso en su primer ingreso e incluso pagaron un monto de dinero según la actividad que desarrollaron; en posteriores ingresos a las propiedades ya no solicitaron autorización, hecho que ocasionó molestias en la comunidad. Por su parte, la empresa Frisco (Tetela de Ocampo) al cercar el terreno que adquirió, cerró los caminos comunales impidiendo el acceso a terrenos aledaños.

^{Rappo-Miguez et al. (2015: 208,)} mencionan que estos conflictos han ocasionado que la disputa por la tierra sea cada vez más fuerte entre la comunidad y las mineras en la Sierra Norte de Puebla y que estos tienen sólo dos salidas, que las empresas mineras logren el control del territorio y desplacen a los habitantes, o que la comunidad continúe con el control de sus tierras e impida el desarrollo minero en la región. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los terrenos donde se realizará la explotación de los dos proyectos mineros estudiados son propiedad de las empresas de exploración, las cuales los adquirieron legalmente mediante procesos de compra concertados con los dueños anteriores; lo que podría llevar a que las mineras sigan negociando con una parte de la población dueña de tierras que se encuentren en las concesiones mineras.

Temores de la población de impactos sociales

Con respecto a los impactos sociales que percibe su población en Ixtacamaxtitlán y en Tetela de Ocampo son similares. El 25.5% de los encuestados tienen la percepción de que, con la llegada de población mayormente masculina y el incremento del poder adquisitivo en la región, aumentará el consumo de alcohol y drogas, y esto incrementará la inseguridad. ^{Sánchez-Vásquez, Espinosa y Aguiguren (2016: 30)} en el proyecto de exploración minera Mirador, también encontraron estas causas como amenazas potenciales percibidas por la población por un posible desarrollo minero.

Este temor se manifiesta en la población, debido a las experiencias vividas en otras regiones que tienen explotación minera, incrementándose los problemas sociales con la llegada de esta industria, afectando a la comunidad residente en la zona. Por su parte, ^{Gibson y Klinck (2005: 122)} encontraron en comunidades indígenas del norte de Canadá, con desarrollos mineros en su territorio, un incremento en el consumo de drogas y alcohol asociado a ingresos mayores de dinero generados por la minería. También encontraron que los cambios sociales en esa región de Canadá incrementaron la tasa de crímenes violentos. Si bien, el norte de Canadá comparado con la Sierra Norte de Puebla presenta realidades diferentes, para este análisis el estudio es tomado como un antecedente de este temor específico de la comunidad que puede volverse en un impacto social negativo.

Otro temor social es la movilidad de la población; es decir, el establecimiento de personas foráneas en la región y, que estos asentamientos impulsen el desplazamiento de la población originaria a otras regiones; este temor fue expresado por el 27.6% de los encuestados. ^{Sánchez-Vásquez, Espinosa y Aguiguren (2016: 31)} en el proyecto Mirador encontraron resultados similares a los de esta investigación, y relacionan al fenómeno migratorio con el riesgo de que se incremente en las nuevas zonas mineras la delincuencia, prostitución, dependencia de drogas y alcohol, y la violencia. Por su parte, ^{Garibay et al. (2014: 139)} en Mazapil, Zacatecas, describen la experiencia de la región donde se fomentó la migración ya que la empresa prefirió contratar personal foráneo, con estudios técnicos y experiencia en el manejo de maquinaria.

Como antecedente, una experiencia de impacto social negativo en Latinoamérica es analizado por ^{Bury (2007: 385)} , el cual menciona que la minera MYSA en Cajamarca, Perú; ha atraído población de otras regiones del país que están capacitados en temas especializados sobre la minería. Del 90% de personal peruano contratado, sólo el 44% eran oriundos de la región de Cajamarca, y las familias que no lograron obtener empleo migraron hacia Lima o ciudades costeras. Estos fenómenos migratorios hacia regiones mineras, y la migración de los campesinos hacia otros lugares, se da porque la minería contrata a personal capacitado y experimentado.

Es importante mencionar que los migrantes extranjeros forman enclaves y nuevas redes económicas y sociales; transformando económica, social y culturalmente la región. Significa que los campesinos van perdiendo el control en la toma de decisiones sobre sus territorios. En general la percepción sobre los impactos sociales generados por la minería es predominantemente negativa, aunado a los conflictos actuales han llevado a la división interna de las comunidades entre la mayoría de los habitantes.

^{Pidgeon (1998: 6)} sugiere que los riesgos de conflictos sociales no sólo se deben únicamente a la información que recibe la comunidad o las personas del exterior, sino que pueden reflejar compromisos de valores más fundamentales con los que los grupos particulares se identifican. Por ejemplo, la desunión de la población frente al fenómeno de la minería en la región, o inclusive, la intranquilidad por el mero hecho de saber que vendrá gente foránea de la región e inclusive del país.

Conflictos ambientales actuales

Por lo que atañe a los conflictos ambientales, se dan fundamentalmente en la disponibilidad y calidad del agua, siendo puntuales y de bajo impacto en la etapa de exploración.

En Santa María de Zotoltepec, Ixtacamaxtitlán, se encontraron dos hechos de afectación al agua, el primero, la eliminación de una fuente de agua y, por otro lado, la muerte de animales de traspatio pertenecientes a dos familias. Otra afectación, de acuerdo con los las personas consultadas, fue el secado de los manantiales producto de los trabajos de barrenación realizados por el proyecto Ixtaca, afectando a dos familias, en este caso el agua era usada para riego, el problema se agrava debido a que esta zona tiene bajo nivel de precipitación. Se considera que Almaden Minerals incurrió en irregularidades en la exploración, ya que barrenó más de los permitidos -163 barrenos- que autorizó la SEMARNAT y a una profundidad mayor -entre 325 y 701 metros promedio- a la ubicación de los acuíferos, los cuales son reportados entre 158.8 y 196.15 metros (^{PODER et al., 2017: 100-101}).

Ante la muerte de animales ocurrida en la comunidad de Santa María, las personas indagadas afirmaron que fue por tomar agua que salía de la planta donde se beneficiaba el material extraído de la exploración, la cual está ubicada en los límites del pueblo, y los desechos líquidos son arrojados al afluente donde la comunidad dispone de sus aguas negras. A pesar de que no hay un estudio de toxicidad del afluente, los campesinos aseguran que sus animales nunca habían muerto por abrevar cerca de este afluente. Sin embargo, ^{Astete, Gastañeda y Pérez (2014: 700-701)} realizaron un estudio de impacto ambiental en el proyecto las Bambas, Perú, tras cinco años de exploración minera, no encontraron afectaciones en las características ambientales, en relación con la exposición de metales pesados en la zona de influencia.

Temores de impactos ambientales

En cuanto a los temores ambientales, en el cuadro 2 se presentan los resultados obtenidos sobre la percepción de los habitantes en este aspecto.

En caso de que los proyectos mineros se desarrollen en cualquiera en los municipios de estudio, existen temores para el 91.4% en promedio de los encuestados e insisten en el impacto de la contaminación y escasez de agua en la región. El temor está más marcado en Tetela de Ocampo Centro con un 98.7% de encuestados que creen que habrá una afectación al recurso hídrico, mientras que en Santa María esta proporción es del 79.3% y en la Cañada el 80%; en estos últimos es donde se localizan los proyectos mineros. En Ixtacamaxtitlán las personas temen que, al construir la presa de jales, el recurso hídrico se agote dramáticamente. Se puede decir que sus temores tienen fundamento ya que esto ocurrió en la mina Peñasquito, Zacatecas, allí Goldcorp Inc utilizó casi toda el agua de la región, y para lograrlo compró las tierras ricas en aguas subterráneas y obtuvo la concesión de hasta 35 millones de metros cúbicos anuales de agua. Esta acción llevó a la sobreexplotación de los acuíferos, generando un balance negativo, provocando escasez de agua, afectando a diversas comunidades (^{Garibay et al., 2014: 126}). La percepción de la población es de peligro al perder un recurso trascendental para la vida. Tal como lo refiere ^{Gudynas (2013:87)} , el conflicto con respecto al agua nace la alta valoración que los habitantes le asignan al recurso, ya que el agua es fundamental para llevar las acciones humanas (agrícolas y de sobrevivencia) actuales y futuras de las comunidades.

Al menos el 90% de los encuestados consideran que existe la posibilidad de que ocurra un desastre por la presa de jales y ponen como ejemplo el caso de la Minera Buenavista del Cobre en Sonora, del Grupo México, considerado el peor desastre ambiental de la historia minera del país, al derramarse 40 mil m³ de ácido sulfúrico sobre el arroyo de Tinajas en Cananea el 6 de agosto de 2014 (^{Alfie-Cohen, 2015: 105)} , poniendo en peligro la vida de 24 mil personas (^{Tetreault, 2015: 58}). A pesar de las exigencias legales, la tecnología actual y los planes de seguridad adoptados por las empresas mineras, no hay garantía para la comunidad que no vayan a ocurrir desastres ambientales.

El 91.2% de los encuestados consideraron que la minería trae consigo contaminación del medio ambiente, esto incluye agua, aire y tierra, impactando en la disminución de los rendimientos de sus cultivos. ^{Castro et al. (2015: 291)} en una investigación realizada en el ejido de Cedros en Zacatecas, encontraron que disminuyó la producción agropecuaria como consecuencia de la actividad minera, además, las nuevas casas para las familias que fueron reubicadas no fueron adecuadas a sus necesidades ya que no cuentan con un espacio para práctica de actividades de traspatio, las cuales son importantes cultural y nutricionalmente, y que las condiciones de la tierra la hacen prácticamente inservible para la siembra de cultivos, así como la escasez y nula calidad del agua no permite forma de vida alguna.

Otro temor latente que expresaron el 88.8% en promedio de los encuestados se centró en el posible surgimiento de enfermedades que actualmente no padecen, mencionaron que las enfermedades que pueden surgir son de tipo dermatológicas (84%), respiratorias (72%), gastrointestinales (61%), afectaciones al cerebro (35%) y cáncer (16%), producto de la actividad minera. Este resultado concuerda con el estudio realizado en el proyecto Mirador, donde ^{Sánchez-Vásquez, Espinosa y Aguiguren (2016: 31)} destacan que las enfermedades es uno de los factores que están dentro de la percepción de amenazas esperadas por los habitantes. En Nuevo Peñasquito, poblado que se encuentra cerca de la minera Peñasquito en Zacatecas, el deterioro de las condiciones ambientales ha incrementado los problemas de salud (^{Castro et al., 2015: 292}). Se puede decir que la percepción entre las personas interrogadas surge por las experiencias que la población conoce de otras zonas mineras.

Las amenazas de conflicto entre los encuestados aparecen principalmente por la percepción que tienen sobre los impactos al ambiente y a su salud, externalidades que las empresas mineras no internalizan, y que son difícilmente valoradas. En este sentido, ^{Martínez-Alier (1998: 115)} argumenta que la economía ecológica aún no puede valorar las incertidumbres y las contingencias irreversibles que podrían ocurrir en la actividad de explotación y beneficio, y si las externalidades se pudiesen valorar en términos de mercado, no es posible valorar el riesgo que toman las personas al aceptar los proyectos mineros en su región, ni los costos sociales. Ante esto, las personas consultadas de las comunidades estudiadas consideran que dichas incertidumbres y contingencias, aunque estuvieran valoradas, nunca serán pagadas por las empresas mineras.

La percepción negativa sobre los proyectos mineros a cielo abierto se ha ido desarrollando a partir de información externa que alerta a la población sobre el peligro social y ambiental de esta industria, en especial sobre las experiencias vividas en zonas de explotación minera. Tanto los medios de comunicación, familiares, organizaciones, y hasta de las empresas mineras, son proveedoras de información a la comunidad, y con la cual han generado sus propias expectativas, tal como lo explica ^{Calixto-Flores y Herrera-Reyes, (2010: 232)} .

Estrategias de los actores del conflicto

La principal estrategia desplegada por las comunidades es la organización interna, conformando grupos de defensa. En Ixtacamaxtitlán en el 2013 se formó el grupo Atcolhua, y en Tetela de Ocampo se conformó legalmente el grupo Tetela Hacia el Futuro; ambos grupos nacieron por la preocupación de las personas por la afectación al agua, los impactos negativos en el medio ambiente y la salud de las personas. Los grupos de defensa se han adherido a diferentes redes de movimientos sociales como el Consejo Tiyat Tlalit, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), entre otros. También han diseñado planes informativos y mediáticos, que han promocionado en la comunidad “el no a la minería” visibilizando el conflicto fuera de la región.

Los movimientos ambientales pueden ser vistos como la expresión de (algunas) externalidades no internalizadas (^{Martínez-Alier, 1998: 113)} , como la voz de rechazo a que las comunidades asuman los costos de los impactos negativos de la minería, y no tengan un pago justo por esto. Al respecto ^{Madrigal (2013: 129)} considera que la visibilización de los conflictos convierten a los riesgos de afectaciones medio ambientales en un problema social.

El tipo de conflicto entre las mineras y la población de ambos municipios de estudio, de acuerdo con la tipología de conflicto de ^{Gudynas (2013: 90)} se puede definir como un conflicto de mediana intensidad, debido a que los reclamos ya pasaron lo privado a lo visible del conflicto, y se han conformado redes sociales para la causa, pero aún no se presentan casos de violencia física.

Otra estrategia ha sido la apropiación cultural del territorio, mediante peregrinaciones y ritos, que combinan lo católico con lo prehispánico. Es así, como las luchas han llevado a la apropiación cultural del ambiente, a redescubrir el territorio, a redefinir el espacio y darle un nuevo significado (^{Milesi, 2012: 53}).

Los grupos de defensa y las estrategias de expresión de opiniones han aportado a la generación de un ambiente social, cultural y político que ha permitido que las personas formen una percepción positiva o negativa de los proyectos mineros en la zona.

Por su parte, las empresas mineras han implementado estrategias diferentes para posicionar el proyecto en la comunidad. Por un lado, Almaden Minerals ha decidido, en la etapa de exploración, acercarse a la población mediante un plan social, a través de inversión en equipos médicos, mejoras en infraestructura física y apoyo a las instituciones educativas. Los apoyos se han otorgado a diversas comunidades, pero los principales beneficiados han sido los habitantes de Santa María. Con el objetivo de ganar la aceptación de la comunidad cercana a la mina, han utilizado a sus empleados y sus familias para que influyan en la población que está en contra. Además, han hecho promesas de mejorar la calidad de vida del municipio cuando comience la explotación minera.

La minera Frisco ha utilizado las influencias gubernamentales y la intimidación como herramienta de acercamiento, en Tetela de Ocampo, los encargados del proyecto Espejeras se han comunicado directamente y a través de entidades públicas con los líderes de la comunidad. Le ofrece la creación de 630 empleos y un plan social cuando la mina esté en explotación. A pesar de esto, la comunidad considera que no necesita los hospitales e instituciones de educación que les prometen.

El estudio realizado por ^{Madrigal (2013: 130)} en la Minera San Xavier en San Luis Potosí, analiza las estrategias realizadas por minera New Gold en la cual destaca la negociación con el gobierno estatal para conformar una coalición de intereses, definieron el conflicto en términos de generación de empleo y beneficios económicos para la región, a través de una estrategia de publicidad en medios masivos locales. En estos casos se juega a la imposición del más fuerte, y son las empresas las que tienen ventajas sobre las comunidades, desde el punto de vista legal, con el gobierno a su favor, con posibilidad de cabildeo, y con recursos financieros disponibles para invertir en acciones que lleven a la aceptación por parte de la comunidad de los proyectos mineros.

Conclusiones

Los conflictos generados por las empresas mineras son una consecuencia de las políticas neoliberales y globalizadoras que han incrementado la concentración de capital, y han despojando históricamente a los pobladores de los sitios donde se realiza la extracción de minerales. Los conflictos entre las comunidades y las minas en explotación, especialmente los casos de Latinoamérica, han derivado en las personas temores sobre impactos sociales y ambientales nefastos para las comunidades de estudio. En parte, esto ha contribuido, en este caso de estudio, a que las relaciones han sido conflictivas entre las comunidades de y las empresas mineras, que están en etapa de exploración. Las comunidades perciben a la industria minera como devastadora ambientalmente, y con mayor apoyo legal y político por parte del gobierno, comparado con el que tienen las comunidades.

Los conflictos actuales no se basan en el despojo de tierras de forma ilegal, debido a que ambas empresas han comprado bajo negociaciones formales los terrenos donde sería la futura explotación. Los temores sobre el medio ambiente y lo social, se enmarca sobre la demanda de justicia social y ambiental más que de justicia redistributiva.

Sin embargo, existen temores, especialmente el impacto al recurso hídrico y a la salud de la población, que hacen que la población entable una relación conflictiva con las mineras que desean explotar su territorio. Esto ha generado que las empresas mineras diseñen una serie de mecanismos para acercarse a la comunidad. Por otro lado, la población en contra se ha organizado en movimientos sociales, fortaleciéndose mediante la conformación de redes y construcción de capital social.

La llegada de los proyectos mineros a la región ha generado en la población una forma de organización social que no habían experimentado, de igual forma han debido enfrentarse a la división dentro de la comunidad y de las mismas familias, entre los que no están de acuerdo y los que buscan su propio bienestar individual. Estas divisiones de opinión han sido más marcadas en Ixtacamaxtitlán, y han afectado los procesos sociales tradicionales.