3.1 La repetición de las conductas como respuesta a la violencia antes de la pandemia

Las mujeres participantes llevaban varios años sufriendo diversos tipos de violencia en el ámbito privado. Los tipos de violencia¹¹ vividos han sido tanto emocional, física, sexual, patrimonial, económica y feminicida¹². Coincidimos con ^{Monárrez (2010)} en que “hacer una definición delimitada de las expresiones que toma la violencia contra las mujeres en el aspecto emocional, psicológico, económico, físico y sexual siempre es insuficiente”. Esto porque “el abuso emocional es inherente a cualquier tipo de violencia, ya que la mayoría de las veces una expresión de violencia física, sexual o económica conlleva también la violencia emocional y psicológica” (pp. 240-241). Son las mujeres quienes recuerdan que el inicio de la violencia psicológica, física y sexual se desencadenó en algunos casos, al poner un alto a situaciones que ellas consideraban injustas o por empezar a decidir sobre su propio cuerpo para atender su salud reproductiva. La mayoría de ellas identificaba además un problema de alcoholismo en sus parejas o en sus hijos, como detonante de la violencia en su contra.

Las mujeres participantes vivieron violencia estructural desde la infancia, en un continuum de violencias¹³ (^{Kelly, 1988}; ^{Bourgois y Scheper-Hughes, 2004}), pues huyeron de sus lugares de origen por diversas razones: matrimonio forzado, imposibilidad de continuar con sus estudios o maltrato familiar. Estas situaciones comunes entre las mujeres de la región de los Altos de Chiapas han favorecido su migración. Este fenómeno ha sido observado desde 1950, con un énfasis de migración intermunicipal en el período 1995-2000 (^{Rivas, Nazar, Estrada, Zapata y Mariaca, 2009}). El objetivo de migrar era tener mejores oportunidades de vida, lo que ha sido referido en otros estudios acerca de la migración forzada de mujeres campesinas indígenas a la ciudad de SCLC (^{Freyermuth y Manca, 2000}; ^{Rivas et al., 2009}).

La migración les abre la posibilidad de decidir sobre sus vidas, es decir, inicia su proceso de agenciamiento o la capacidad y disposición para actuar en función de los propósitos individuales y colectivos (^{Alkire, 2008}), y de esa manera, enfrentar la violencia estructural y de género que merma las oportunidades de desarrollar sus capacidades y ejercer su autonomía. Al encontrarse en una ciudad distinta, sin hablar español e inicialmente con redes familiares escasas y con una serie de exigencias económicas para poder estudiar, el ejercicio de su capacidad de agencia se ve limitado. Por tal motivo, cuando son rechazadas en las escuelas, terminan desmotivándose y dedicándose a trabajar en empleos precarios.

Es común que inicien noviazgos con hombres que comparten características de migración del campo a la ciudad, y son ellos quienes, con diferentes estrategias, las coaccionan para juntarse o iniciar una vida conyugal. En uno de los casos, la estrategia fue llevarla a un festejo en su comunidad y junto con la familia imponerles la unión:

Entonces nos dicen sus papás: “¿ya están juntos? ¿cómo están o qué?” Pues, temerosa yo, empecé a preocuparme, ¿por qué vine?, dije dentro de mí. Él dijo: “Sí, ya estamos juntos”. ¡Cuando no era cierto! Entonces, ya el señor (dijo): “Entonces si ya están juntos, pues vamos a ir a hablar con tus papás a pedir disculpas”, dijo (Linda, migrante tseltal, 46 años).

Otra de ellas, fue presionada a casarse mediante amenazas de difundir videos con escenas íntimas o doxing¹⁴, que habían sido tomados sin su consentimiento.

La “huida” o el rapto es otro caso, que implica que la novia sea robada para tener relaciones sexuales y después “juntarse” con ella¹⁵, lo que ha sido documentado en otros estudios (^{López, 2018}). El rapto en contra de la voluntad de la mujer está arraigado en usos y costumbres, y si bien puede constituir un delito menor, es posible repararlo con el matrimonio, según el derecho positivo y el derecho consuetudinario indígena en Chiapas (^{Hernández del Castillo, 2004}) “…y yo le decía al él pues, yo tengo que ir a ver mi papá, se preocupa, si no quieres ir me voy, yo me voy, -sí hasta la otra semana, no tengo dinero- dice [él]” (Francisca, migrante tseltal, 44 años).

Esta coerción para iniciar la vida conyugal forma parte de las reglas comunitarias de sus lugares de origen que no cambian con la migración porque se relacionan con hombres que comparten estas formas de coacción. Por lo anterior, es más difícil para ellas romper las costumbres opresoras, ya que son los maridos o los suegros quienes deciden no sólo la unión, sino el lugar de vivienda y la repartición del gasto de la familia, lo que mengua su capacidad de decisión y sus estados anímicos. Para Francisca, una forma de resistir a esta situación fue no embarazarse, desde el rapto quiso utilizar métodos de planificación familiar, aconsejada por su hermana tiempo atrás, pero su pareja le prohibió su uso, y posteriormente comenzó a golpearla por no quedar embarazada. En cambio, para Linda y para algunas mujeres del grupo su forma de resistir fue negarse al matrimonio, esto porque identificaban que al hacerlo sería mucho más difícil separarse: “yo no me quería casar porque sentía que me iba a comprometer a amarrarme y no ser libre” (Linda, migrante tseltal, 46 años).

Un ejemplo muy claro de la agencia cuya característica procesual nos permite ver su trayectoria en el tiempo, retomando aspectos del pasado, pero orientado al presente y el futuro, es el testimonio de Victoria. Ella había denunciado la violencia vivida con su pareja en la Fiscalía Indígena, donde le sugerían que llegase a un acuerdo con su violentador, ya que le advirtieron que los procesos eran muy tardados, por lo que se desanimó para continuar con la denuncia. Cuando presenció la escena de su esposo violentando sexualmente a su sobrina menor de edad, discutieron y él la amenazó de muerte en caso de atreverse a acusarlo. A pesar de ello, ella decidió actuar y denunciar al agresor debido a los agravios pasados que se sumaban a la situación presente: la obligación de juntarse con su agresor por amenazas, el acoso sexual contra sus hermanas cuando la visitaban, y la violencia física y emocional ejercida contra ella y sus hijos. Estos antecedentes, aunados a la agresión sexual a una menor de edad, le permitieron tomar la decisión de terminar su relación con él y denunciarlo para evitar que en el futuro él pudiera lastimar a más gente: “…pero donde hubo una ocasión pues que yo lo vi, con una mi sobrinita de 4 años que intentó violar creo, y ya fue ahí donde tomé esa decisión pues, de que ya no estar con él” (Victoria, migrante tseltal, 35 años).

Otro aspecto importante es la colectividad de la agencia, en este caso, la existencia de redes de mujeres que practican una solidaridad femenina con sus familiares violentadas, las ayuda a que tomen decisiones para vivir libres de violencia. En este sentido, Victoria pudo sostener el proceso de denuncia -que ella describe como desgastante- gracias al apoyo de las mujeres de su familia, con quienes compartía haber migrado del campo a SCLC. Ellas la sostuvieron, le dieron asilo y la acompañaron a denunciar. Cabe mencionar que el proceso de denuncia fue complicado porque las autoridades la orillaron a conciliar con su agresor, y como consecuencia cerraron la carpeta de investigación. Sin embargo, Victoria continuó exigiendo justicia con el apoyo de su red y juntas acudieron a una Organización de la Sociedad Civil (OSC)¹⁶. Por tal motivo, lograron conjuntamente reabrir la carpeta de investigación, hacer las denuncias correspondientes, pues había más víctimas de abuso, acoso sexual y pederastia por parte del mismo agresor. La organización civil la vinculó con el Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas (PAIMEF) y le asignaron a una asesora legal para dar seguimiento a la denuncia. El acompañamiento de la organización civil permitió una mejor atención del caso de Victoria en la Fiscalía. Aunque la asesora asignada del PAIMEF le canceló muchas citas, con perseverancia, ella logró recuperar la casa familiar que el agresor le había quitado.

En general, los testimonios de las mujeres muestran que emplearon diversas estrategias para hacer frente a la violencia, tal como se ha documentado en estudios socioantropológicos, las mujeres resisten por medio de estrategias de evitación, persuasión y huida (^{Argoff y Herrera, 2015}; ^{Argoff, Casique y Castro, 2013}; ^{Torres-Falcón, 2004}). Sus estrategias sólo funcionaron al inicio, por lo que fueron cambiando conforme vieron sus limitaciones y el aumento de la violencia. Por ejemplo, evitar que sus hijas/os presenciaran los actos violentos contra ellas; tratar de tranquilizar al agresor haciendo lo que él pidiera, hablar con la familia o el círculo cercano como los padres de ella o de él. Sin embargo, los resultados derivados de esas acciones sólo se limitaban a que el agresor recibiera recomendaciones para frenar los actos violentos físicos, o que los padres de ella amenazaran al agresor de llevarse a su hija, pues, en algunos casos, no había dado nada por ella¹⁷; salir de casa por periodos cortos para refugiarse con familiares o amistades favorecía que el agresor se disculpara, pero una vez regresando a casa, continuaba el maltrato.

En los casos de consumo de alcohol, las estrategias consisten en pedirle al agresor que tratase este problema de salud e incluso acompañarlo a buscar ayuda, sin embargo, éstas no incidieron en la disminución del consumo, ni de la violencia. Así, dejar de escuchar sus ofensas o disminuir su importancia también fue parte de los mecanismos para enfrentar las violencias: “Hubo un día, sí es mi vida, tengo que aceptar una vez, pues mejor ya no voy a hacer caso a lo que me digas, me voy a hacer como que no lo escucho y así y traté” (Victoria, migrante tseltal, 35 años).

Otras estrategias más elaboradas, de mediano y largo plazo, fueron las que emplearon dos de las mujeres del grupo. Una cambió a nombre de ella los recibos de pago, el contrato de compra-venta y las escrituras de la propiedad; y otra, se negó a casarse formalmente y optó por vivir en concubinato ―a pesar de la presión familiar― para evitar el posterior proceso de divorcio, en virtud de que su plan a futuro era terminar su carrera para posteriormente, con mayor seguridad económica, poder separarse.

Estas formas de hacer frente a la situación, empleando su capacidad de agencia, están mediadas por las costumbres que sus parejas siguen replicando en los nuevos lugares de asentamiento, aunque es evidente que ellas intentan alejarse de éstas por la confluencia de las oportunidades derivadas de vivir en la ciudad. Esto no es menor, son mujeres que migraron del campo a la ciudad, puesto que en sus lugares de origen no podrían haber tenido acceso ni a la posesión de la tierra, ni a oportunidades de estudiar más allá de la escuela primaria, y mucho menos que fuera bien visto realizar trabajo remunerado fuera del hogar o hablar con un hombre, sin que inmediatamente tuviese que contraer matrimonio. En estos escenarios rurales, buscar una vida libre de violencia para ellas, implica una serie de gestiones para que la asamblea comunitaria acepte la solicitud de una mujer para separarse del golpeador. Y una vez que esto sucede, la afectada tiene que devolver al esposo la cantidad que pagaron por ella y los intereses de los años que la mantuvo (^{Olivera, Bermúdez y Arellano, 2014}). Si bien lo anterior ocurre en algunas comunidades tsotsiles, la desconfianza en los sistemas de justicia podría partir del temor al mantenimiento de los usos y costumbres en sus sistemas de justicia locales.

El contacto con personal, de las instancias de gobierno y de las OSC, que atiende con perspectiva de género es fundamental para que las mujeres tomen conciencia de su situación y continúen con su proceso de agenciamiento. Por ejemplo, la información relacionada con su salud alertó a Linda acerca de las posibles consecuencias de otro embarazo, lo que le permitió decidir sobre su salud sexual y reproductiva. A causa de ello, su pareja la culpó de merecer violencia, porque ella no quería tener relaciones sexuales por un tiempo.

[…] hasta que me alivié la última vez, me dijo la enfermera: ¿Cuántos hijos tienes?, tengo cinco, le dije y como sufría de la presión alta. ¿Y cuántos vas a tener más? me decía la enfermera, pues esperemos que no, le decía yo. No te vamos a dejar, ¡mira! ¿quieres morir?, y esos niños… ¿quién los va a crecer?, me decía: en tu cuerpo nadie manda solamente tú. Entonces quedó muy bien grabado en mi mente, tiene razón, dije (Linda, migrante tseltal, 46 años).

En el caso de Francisca, quien siguió a su esposo en sus diversos lugares de asentamiento zapatista, pero fue expulsado de éstos debido a su carácter conflictivo y su consumo nocivo de alcohol, finalmente se trasladó a SCLC. Ella aceptó mudarse con él, entusiasmada por vivir en la ciudad y por la promesa de que dejaría de beber. Francisca pensó que él en otro contexto, lejos de las redes de consumo, dejaría de beber. Al visitarla sus padres y ver que él seguía bebiendo, la cuestionaron: “así lo vas a aguantar, así vas a vivir toda la vida… me vinieron a llevar con taxi hasta Ocosingo”. Contrariamente a lo esperado, ella volvió a perdonarlo porque pensaba: “y si mis hijos me preguntan por su papá ¿qué les voy a decir?” Al verse en una situación límite, mujeres cercanas en la ciudad la aconsejaron como su cuñada, quien había migrado previamente, le dijo: “no lo esperes, tú ponte a trabajar”. En su trabajo, mujeres de la ONG le brindaron apoyo para que iniciara la venta de antojitos y la orientaron para acudir al refugio de mujeres. Ella acudió a refugiarse tres veces y decidió separarse de su agresor.

3.2 Darse cuenta de que el agresor no cambiará como parte del proceso de agenciamiento

Estos procesos individuales, insertos en el tiempo, para enfrentar la violencia de género en sus diversas dimensiones han conformado, en algunas de ellas, un proceso de reflexión o de análisis práctico-evaluativo. Éste les permite ver que los agresores por sí mismos no van a cambiar, que necesitan tratar sus problemas, sobre todo de consumo de alcohol y drogas, y que ellas son incapaces de cambiarlos. Gracias a los procesos terapéuticos y de fortalecimiento, -como el apoyo para iniciar pequeños negocios y acudir a los refugios-ellas empiezan a poner límites y a ver por sí mismas y por sus hijas e hijos.

Él dijo, pues que ya no iba a tomar y otra vez volvía (Victoria, migrante tzeltal, 35 años).

Su tía me dijo: “¿toda la vida vas a estar esperando? ¿no sabes vender también? Dedícate mujer, hazlo, ya tienes tus hijitos… [tuvo apoyo de gente que trabajaba en Sueniños¹⁸] ¿cuánto necesitas para empezar?, él [su esposo] decía: ¿dónde sacaste el dinero?” (Francisca, migrante tseltal, 44 años).

La mayoría de las mujeres cuyos esposos tenían problemas con el Consumo Nocivo de Alcohol (CNA) no vieron cambios en ellos después de anexarlos o de que acudieran a grupos de autoayuda. En algunos casos se pudo identificar un cambio en el agresor o al menos intentos por modificar el consumo de alcohol. La manera en que las mujeres manifiestan su hartazgo fue negándose a acompañarlos (después de varias veces de hacerlo) en sus intentos por dejar el CNA o dejando de realizar las tareas de cuidado:

Sí pasó hasta que dijeron mis hijos: ahora hasta aquí nomás mami, ya no nos digas que vamos a ir, que esto y esto, mi papá me causa pena, porque sólo va… nos deja en ridículo, ¡ya estamos grandes! (Linda, migrante tseltal, 46 años).

Así como no me diste ni un peso, ¿dónde voy a agarrar la paga de la comida? Así que discúlpame, no hay comida… (Linda, migrante tseltal, 46 años)

Cabe mencionar que esta presión que ejercen las mujeres para que sus parejas busquen atención no estuvo acompañada de una respuesta social organizada efectiva para disminuir el CNA y las drogas¹⁹. Son las propias mujeres, quienes relataron la ineficacia de haberlos internado, identificando recaídas y agravamientos, incluyendo el consumo de nuevas sustancias adictivas.

Las mujeres que enfrentaron el CNA de sus parejas buscaron atención a su malestar emocional en los grupos religiosos y de Alcohólicos Anónimos, algunas fueron derivadas a consulta psicológica cuando iniciaron sus procesos jurídicos. Los dos primeros mecanismos de búsqueda de atención mencionados anteriormente no han servido para que disminuya el consumo. Sin embargo, el proceso terapéutico que ha llevado Victoria le permitió mantenerse firme en su proceso de denuncia, mientras que Linda, quien no recibió apoyo psicoterapéutico abandonó su denuncia. Por otro lado, en el caso de Francisca es posible identificar que al tomar conciencia de que su pareja no iba a cambiar buscó la manera de ser independiente económicamente, primero se escondió en la casa de sus padres y posteriormente se refugió con sus descendientes en el Centro de Atención a la Violencia Familiar (CAVIF). Fue así como con el acompañamiento psicológico que le brindaron, pudo fortalecerse y mantener su decisión de terminar la relación de pareja, después de 10 años²⁰. Así mismo, cuando acude a los talleres, lo hace para acompañar a su hija de 19 años, quien también vivía violencia intrafamiliar por parte su esposo.

3.3 Decidir denunciar antes de la pandemia de COVID-19

En relación con las denuncias por violencia de género, es importante mencionar que antes de que se aprobara la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (^{DOF, 2007}) que prohíbe los procedimientos de conciliación entre el agresor y la víctima, era muy común que tanto los actores institucionales como los familiares presionaran a la víctima para conciliar. Sin embargo, con algunos de los testimonios, es posible identificar que posterior a la aprobación de la Ley en 2007 los agentes del Estado, en materia judicial, mantienen la conciliación como una forma de proceder ante los casos de violencia de género.

De los tres casos presentados en este artículo únicamente dos presentaron una denuncia antes de la pandemia: Victoria y Linda. Por otro lado, Francisca nunca denunció a su agresor, pero con apoyo del CAVIF logró que él firmara un documento para otorgarle pensión, sin embargo, él nunca la aportó.

Quienes sí denunciaron fueron Linda y Victoria, al contar con el apoyo de otra mujer de la familia, quienes también habían migrado previamente, pues las amenazas ante la separación continuaban:

[Su tía de él la visitó y le dijo] “¡Demándalo!, no tengas miedo, ponle un alto, lo conozco, es agresivo” (Linda, migrante tseltal, 46 años).

Mi cuñada igual, ella se daba cuenta cómo me trataba su hermano, no te debes de dejar (Victoria, migrante tseltal, 35 años).

La decisión para denunciar y dejar la relación de pareja se ve obstaculizada cuando inician el proceso legal, porque son los mismos actores del sistema jurídico quienes las persuaden para que concilien, no den seguimiento a su denuncia o incluso den otra oportunidad al agresor.

En el caso de Linda, el trámite se realizó en la fiscalía de SCLC, ella denunció en 2014, pero no le dio seguimiento a la misma, entre otras cosas porque durante el proceso de denuncia le hicieron preguntas para disuadirla de realizar la denuncia por intento de homicidio, que en realidad debió ser por intento de feminicidio: “¿Qué quería hacer? ¿separarse o darle una tolerancia? Porque esto es un intento de homicidio, [a lo que ella respondió] le quiero dar otra oportunidad” (Linda, migrante tseltal, 46 años).

Inmediatamente hubo repercusiones económicas contra Linda posterior a la denuncia, la pareja le redujo a la mitad el gasto y la insultaba constantemente. Si bien este llamado de atención de las autoridades contrarrestó por aproximadamente tres años la violencia física, posteriormente ésta reinició.

Victoria, tras años de vivir violencia familiar -que escaló a violencia feminicida-, denunció en la fiscalía, donde levantaron una carpeta de investigación que, cuando llegó a los talleres, aún no era judicializada. Además de vivir violencia institucional, pues no se llevó a cabo la investigación con debida diligencia y con perspectiva de género, en algún momento le asignaron una asesora jurídica del PAIMEF y fue apoyada por una abogada de la sociedad civil. Ligado a lo anterior, el agresor también fue imputado en, por lo menos, dos hechos de abuso sexual a niñas y uno de ellos se configuró jurídicamente en pederastia y conformó una carpeta de investigación. De esta carpeta, gracias al impulso de la sociedad civil que la acompañó, se libró una orden de aprehensión, pero habían pasado meses sin que se cumpliera. Además, en la fiscalía, los y las operadores por carecer de perspectiva de género, pretendían que Victoria participara en el cumplimiento de la orden de aprehensión sin considerar el riesgo en que la colocaban. En este caso, es importante mencionar que ver la agresión sexual a la menor, le dio fuerza a Victoria para denunciar, si bien ella y su hermana (mamá de la niña) denunciaron y con la ayuda de la organización civil lograron avanzar, el proceso se detuvo por la pandemia: “Hasta ahorita no ha avanzado más ahorita con esta pandemia, todo nos cancelaron” (Victoria, migrante tseltal, 35 años).

3.4 Contexto de la acción colectiva iniciada en pandemia

Todas las estrategias que las mujeres utilizaron para hacer frente a la violencia sólo sirvieron para menguarla por días, y posteriormente la agresión se incrementó. Incluso, aunque ellas recibían el apoyo de su familia, no tenían las condiciones económicas para salir de su hogar con su descendencia, y no era opción regresar a la comunidad de la que salieron huyendo por falta de oportunidades. En efecto, su anhelo era un mejor futuro y la ciudad les ofreció los servicios básicos, y no menos importante, el apoyo de las OSC que atienden, orientan y acompañan a las mujeres que viven violencia de género.

A pesar de los intentos para enfrentar la violencia vivida, ésta se incrementó durante la pandemia, por un lado, por la precariedad económica asociada al confinamiento, y por otro, debido al mayor tiempo de convivencia en la casa; además, la falta de respuesta de una justicia expedita con apego a los derechos humanos y con perspectiva de género dio como resultado que el proceso jurídico se retrasara.

Respecto a la precarización económica, era recurrente el disgusto respecto a la disminución de ingresos: por un lado, porque bajó la venta de sus productos; por otro, porque las despidieron de sus empleos. Además, sus redes familiares se quedaron sin ingresos y en algunos casos, las parejas que tenían empleos formales (maestros de escuelas rurales) continuaron recibiendo su salario sin acudir a los lugares de trabajo, por lo que en algunos casos empeoraron su consumo de alcohol e incluso se inició la adicción de otras sustancias adictivas ante la prohibición de la venta de alcohol²¹. En consecuencia, aumentó la violencia no sólo de las parejas, sino incluso de los hijos varones. Mientras la violencia se incrementaba, la respuesta social organizada del estado para la atención de estas situaciones se colapsó porque los recursos se destinaron para la atención de la pandemia, y en el caso de SCLC la ubicación de la fiscalía estuvo en el mismo espacio donde instalaron la clínica COVID. Por tal motivo, muchas mujeres, por temor a ser contagiadas, no acudieron a buscar ayuda.

3.5 Acción colectiva y los procesos de agenciamiento

Las mujeres que llegaron a los 25 talleres escucharon y dieron su palabra, se generó un clima de confianza y apoyo por parte del equipo ante las diversas situaciones que enfrentaban. Todas llegaron con procesos distintos de reconocimiento de la violencia en sus vidas, algunas no sabían qué hacer y cada caso permitió ver diferentes estrategias para combatirla. Quienes se atrevieron a realizar acciones legales o comunitarias, acompañadas por el equipo de trabajo, llegaban a las sesiones a compartir sus avances y las demás escuchaban y comentaban. Todas aprendimos de las experiencias compartidas. A continuación, presentamos de manera resumida tres casos de mujeres cuyos procesos de agenciamiento fueron distintos.

Victoria llegó a los talleres para recibir acompañamiento porque no sabía qué había pasado con su proceso, pues el agresor tenía dos carpetas de investigación, una sin judicializar y otra con una orden de aprehensión, pero llevaban meses sin ejecutarse. Por lo que, en el mes de octubre de 2020, el equipo de trabajo la acompañó al Centro de Justicia para Mujeres en SCLC, donde hubo reunión con la fiscal. Le explicaron cuál era el estado de cada carpeta y por qué no había cumplido la orden de aprehensión. Se presionó, en compañía de la asesora de víctimas, a la fiscal encargada del caso y finalmente la orden se ejecutó, pero fue gracias a Victoria, más que a la debida diligencia de la policía.

Hace algunos años, Linda fue víctima de intento de feminicidio porque su marido le provocó una lesión contundente que la llevó al hospital. En un principio, Linda denunció, pero decidió no darle seguimiento al proceso. En la asesoría brindada, su preocupación consistía en la inseguridad que siente por ella y sus descendientes respecto del suministro de alimentos y del patrimonio que se encuentra a nombre del marido.

Ante esta situación, fue orientada en términos de la naturaleza del procedimiento jurídico. En materia familiar, ante un juez de primera instancia, podría promover un embargo precautorio para garantizar una pensión alimenticia sin importar si sus descendientes fueran mayores de edad, siempre y cuando estuviesen estudiando; además de señalarle que el trabajo doméstico y de cuidado es considerado como una aportación económica al patrimonio familiar. También recibió información respecto de la ubicación de las oficinas donde un defensor público, gratuitamente, podría tramitarle el juicio por alimentos y algunas sugerencias para hacer exigibles sus derechos. Asimismo, se resolvieron dudas acerca de la posibilidad de que el marido, voluntariamente, realizara una donación del patrimonio a su familia para evitar riesgo de dilapidación o conflicto por otras responsabilidades que le resultaran.

Es importante mencionar que Linda inicialmente no confiaba en otras mujeres, no quería pertenecer a ninguna red femenina porque sentía que tenía demasiados problemas y temía complicar su situación. Durante los talleres, fue adquiriendo más confianza en el equipo de trabajo y la red de mujeres, por lo que terminó sintiéndose parte de ésta en diversos proyectos productivos y organizativos que posteriormente realizaron en la Colectiva Tsatsal O´ntonal²². Sin embargo, su arraigo a las pertenencias, que obtuvieron entre su esposo y ella, no le ha permitido continuar la denuncia, ni separarse. En su caso, temió quedar en situación de vulnerabilidad económica y patrimonial, y perder los bienes inmuebles adquiridos en común. Por ello, prefirió optar por la seguridad derivada de la relación de pareja, aunque eso incluya enfrentar el riesgo de violencia feminicida. En este proceso de reflexión de ida y vuelta, ella eligió quedarse con él, a pesar del riesgo que corría su vida.

Francisca y Josefina llevaban años viviendo violencia intrafamiliar. Hace más de 10 años, Francisca logró separarse de su pareja después de las tres ocasiones en que se refugió en el CAVIF. Posteriormente, fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su hijo mayor quien al consumir alcohol y drogas, la agredía física y emocionalmente. Por otro lado, Josefina, una de sus hijas, quien en su adolescencia se embarazó e inició su vida conyugal, vivió en casa de sus suegros y posteriormente rentó un cuarto cerca de la casa de su madre, también era víctima de violencia feminicida por parte del padre de su hijo.

Francisca, al llegar a los talleres se sentía impotente porque veía que la historia se repetía con su hijo e hija. Al reflexionar acerca de la violencia y las acciones que se deben tomar, además del acompañamiento (apoyo en traslados a la fiscalía, asesoría y contención), a los pocos días de haberse integrado al taller acudió a denunciar a sus agresores (hijo y yerno) debido a un ataque que sufrieron ella, Josefina y su hijo menor. Cabe mencionar que Josefina ―por temor a represalias de su agresor y la familia de él―, sólo solicitó pensión para el menor. Ellas fueron acompañadas a las instancias de procuración de justicia y hablaron de esta experiencia en los talleres para tener más orientación; fue así que pudieron mantener el proceso de denuncia por unos meses, poner límites a sus agresores y exigir en la fiscalía una adecuada protección a su integridad. Sin embargo, posterior a la finalización de los talleres, ante el ineficaz actuar de la fiscalía, decidieron abandonar el proceso de denuncia, pues además de que la asesora de víctimas les canceló citas, nunca les resolvieron la atención médica especializada²³.

Josefina no logró la pensión mediante el proceso de conciliación y ya no continuó con la denuncia sugerida debido al desgaste emocional y económico que implicaba. El hijo agresor de Francisca, aunque se mantuvo alejado por un tiempo, posteriormente pidió perdón, se declaró incapaz de mantenerse y regresó a la casa materna, aunque con límites puestos por su madre, quien temía que él muriera si no lo recibía. Josefina no regresó con su agresor y posteriormente, consiguió pensión para su hijo no ante las instancias del estado, sino a partir de un acuerdo de palabra con una figura de poder (patrona del padre del agresor) y así, logró independizarse. Josefina pasó de no sentirse capaz de trabajar y no tener un documento de identidad, a trabajar y mantenerse con ayuda de su madre. En algún momento, cuando el agresor de Josefina pidió perdón, ofreciéndole ser buen padre y dándole permiso para trabajar, ella respondió que “no necesitaba su permiso para hacer lo que por derecho le corresponde”, a lo que él le preguntó consternado: ¿quién te ha llenado la cabeza de esas ideas?

3.6 El proceso de reflexión de ida y vuelta para construir vidas libres de violencia

Durante los talleres, ambos grupos problematizaron sobre la violencia y cómo la han vivido en sus vidas. Uno de los temas que ayudaron a la reflexión fue que existe una “cultura para aguantar la violencia”: “Es una imagen que vemos en muchas mujeres, no solamente en nuestras mamás…todo el tiempo es aguantar … para poder mantener la familia” (Zuleima, migrante tsotsil, 36 años).

Esta cultura de la violencia incluye mecanismos para evitar que se subvierta este orden. Las mujeres reflexionaron sobre la estigmatización que viven quienes, al interior del hogar o en los espacios públicos se oponen al maltrato. “¡Ay es que no aguantan nada!” (Paty, migrante tsotsil, 33 años).

Coincidieron en que la violencia es difícil de identificar inicialmente, además es común pensar que nadie les va a creer y manifestaron no saber a dónde acudir para atender esta situación. Por lo que fue posible reconocer que existen una serie de mecanismos estructurales que abonan a la reproducción de la opresión, la desigualdad y la violencia contra las mujeres. En este sentido, fue común en las experiencias narradas que una vez que la mujer identifica el deseo de no querer vivir esta situación, existe presión familiar para perdonar al agresor y, en los tres casos presentados, son los actores institucionales quienes las desmotivan para que continúen con la denuncia. Por otro lado, en dos casos hubo apoyo por parte de cuñadas, quienes también habían migrado del campo a la ciudad y tenían otros referentes. No menos importante es el miedo a no poder sobrevivir sin el recurso económico del agresor o de la red familiar, esto porque muchas viven en las casas de la familia del agresor. Además, existen barreras para conseguir un empleo, seguir estudiando, o son estigmatizadas o dañadas por denunciar. Las anteriores son situaciones que inhiben a las mujeres a separarse o denunciar a su agresor.

En este orden de ideas, las mujeres desconfían de la procuración de justicia. Por experiencias propias o ajenas han sido revictimizadas y discriminadas, por el laberinto burocrático²⁴ que tienen que atravesar, muchas veces sin traductores a pesar de no dominar el español. A ello se suma el desgaste de darle seguimiento a la denuncia, el desconocimiento del proceso y la falta de compromiso por parte de las asesoras de víctimas. Además de la desconfianza, existen otros mecanismos que impiden que exista protección para las mujeres en situaciones de violencia. Por ejemplo, hay colonias organizadas que impiden el paso de la policía, en algunos casos los agresores forman parte del crimen organizado y las mujeres temen por su vida. En otros casos, las autoridades de las juntas de paz y conciliación indígena realizan acuerdos que favorecen a los agresores, pues los arreglos tienden a confirmar y reforzar la relación desigual entre hombres y mujeres, conciliando a los que no tienen poder por su posición de inferioridad (^{Collier, 1995}). ^{Olivera y Suárez (2019)} subrayan que en la mayoría de los casos “son resueltos conforme los valores culturales patriarcales de los que sus jueces (hombres) se han apropiado y forman parte de sus subjetividades” (p. 388). Así también, son evocadas las dimensiones espirituales: como el temor al daño que les pueden provocar las malas habladas o la brujería si se separan de su agresor.

Las mujeres, en su mayoría, se sentían solas sin redes familiares o vecinales a quienes acudir en caso de necesitarlo, así también desconfiaban de organizaciones de mujeres al punto de negarse a participar en alguna. Quienes continuaron en los talleres, mencionaron al final que haber participado les ayudó a fortalecerse porque se construyó, entre todas, un espacio de confianza para ellas y sus descendientes. A partir de sus experiencias, tanto en su padecer como en su actuar, pudieron reconocerse en situaciones de violencia semejantes, lo que les ayudó a romper su aislamiento, al ver que no eran las únicas en esta situación y sentirse escuchadas y no juzgadas. Además, el acompañamiento les hizo sentir que no estaban solas; asimismo, compartir con las demás su sentir en el proceso de denuncia permitió visibilizar caminos posibles de acción ante la inadecuada actuación de las asesoras de víctimas del PAIMEF, de las y los fiscales, de las personas encargadas de llevar a cabo las medidas de protección e incluso, al solicitar apoyo en el DIF para enfrentar las necesidades de subsistencia en tiempos de pandemia.

Me ayudó a fortalecerme, me agradaba ver a mis hijos emocionados por llegar a los talleres, y convivir con otros niños (Victoria, migrante tseltal, 35 años).

A entender que como mujeres somos muy importantes y que la unión nos hace más fuertes… (Andrea, migrante tsotsil, 20 años).

Saber que existen herramientas de denuncia contra la violencia hacia las mujeres que son procesos largos, pero representan un poco de esperanza (Cintia, migrante de 2ª generación, 24 años).

Al finalizar los talleres, las mujeres conformaron la colectiva Tsatsal O´ntonal, y crearon un símbolo que las representase²⁵. Posteriormente, ellas hicieron gestiones en las instituciones para atender las necesidades del colectivo, al respecto, fue posible solicitar en algunas instancias como el DIF municipal y en el Módulo de Atención Inmediata (MAI) asistencia médica, psicológica y legal para continuar con sus procesos, lo que permitió que ellas sintieran la fuerza colectiva. “Yo creo que algo que noté diferente es ir acompañada” (Ilse, migrante, 29 años).

Cabe mencionar que las mujeres participantes pudieron darse cuenta de que la violencia no es algo normal, sino que las lastimaba y, sobre todo, es algo que no querían en sus vidas. Cada caso fue distinto, con el accionar de algunas, otras empezaban a hablar de su situación y otras más escuchaban, así cada una de ellas fue tomando fuerza en sus vidas y pudo valorar la situación en que se encontraba. Algunas dejaron de tener miedo y vieron caminos posibles para enfrentar su situación. Los tres casos permiten identificar que este encuentro entre mujeres, en medio del aislamiento decretado por la pandemia, propició su fortalecimiento y organización para construir vidas libres de violencia.