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Los comicios de 1988 han sido considerados por casi todos los actores y observadores políticos de México como el episodio clave del momento político que atraviesa el país en el fin de siglo. La elección federal de 1988, en más de un sentido, constituye una elección crítica que puede analizarse desde muchas perspectivas. En este artículo, enfocaremos ese proceso a partir de dos de ellas: la institucional y la electoral. Primero, analizaremos las elecciones de 1988 como un proceso institucionalmente regulado, es decir, contenido en un marco de leyes, regulaciones e instancias públicas que fijó los límites de las estrategias políticas disponibles de los actores y que de esa manera indujo determinados equilibrios. En particular, discutiremos algunos aspectos relevantes de la manera como las reglas de la competencia política electoral vigentes en 1988 contribuyeron, tanto a garantizar la victoria del PRI, como a producir la crisis del sistema de partidos.
Por otro lado, analizaremos algunos de los aspectos más sobresalientes de los cambios observados en los patrones generales de comportamiento electoral. Al respecto, postulamos que en la elección de 1988, se hizo evidente que los patrones de comportamiento del electorado que se habían observado durante muchos años se modificaron significativamente, al grado de que es posible hablar de un realineamiento electoral. Esto significa que no solamente presenciamos un cambio entre las principales variables del comportamiento electoral (participación y preferencia partidaria), sino, sobre todo, un cambio en la relación entre esos aspectos del comportamiento electoral y algunas de las más importantes características sociales y regionales del país.
1. La paradoja política de 1988
Los resultados oficiales de las elecciones federales de 1988 constituyeron una paradoja política que es necesario entender con claridad si se quiere comprender el momento político de México: por una parte, arrojaron una victoria apabullante para el Partido Revolucionario Institucional (PRI); por la otra, son parte integral de una severa crisis del sistema de partido hegemónico que durante décadas ha imperado en México. Una anécdota política sirve para ilustrar las dimensiones de la paradoja. Cuando la polvareda de la jornada electoral aún no se disipaba, eI PRI realizó su tradicional fiesta de la victoria. El ambiente en las instalaciones del partido oficial paso de festivo a tenso, pues los organizadores habían venido aplazando la hora del anuncio.
Los retrasos eran consecuencia de la famosa “caída del sistema” de cómputo y difusión de los resultados.2 Finalmente, ya muy entrada la noche del 6 de julio de 1989, el líder nacional del PRI, Jorge de la Vega Domínguez, anunció la “clara, contundente e indiscutible victoria” del candidato presidencial de su partido. El candidato, en cambio, tuvo que esperar un poco más para declararse ganador. Cuando finalmente lo hizo, dirigió un discurso a sus correligionarios. En una parte del discurso, el candidato Salinas de Gortari declaró gustoso que “había llegado a su fin la época del partido prácticamente único”. Esto es, el candidato del “partido prácticamente único” ¡festejaba el fin del sistema de partido que lo había encumbrado! A nadie debe sorprender que semejante mensaje disgustara a tirios y troyanos: disgustó a los priistas porque con ese acto su candidato no sólo mostraba ingratitud, sino que además mentaba la soga en casa del ahorcado; irritó a los opositores porque a ellos simplemente no les quedaba claro aquello de que los resultados sellaban el fin del partido prácticamente único.
Más allá de la anécdota, los resultados por sí solos mostraban su naturaleza paradójica. La apabullante dimensión de la victoria priista que producían los resultados oficiales era evidente: en primer lugar, el PRI había ganado el premio mayor, pues su candidato había sido oficialmente acreditado con un poco menos de 49% de la votación total, lo que le daba un cómodo margen sobre sus más fuertes contendientes, Cuauhtémoc Cárdenas, candidato común de la coalición del Frente Democrático Nacional (FDN) y del Partido Mexicano Socialista (PMS),3 a quien le fueron acreditados casi 30% de los votos totales, y Manuel Clouthier del Partido Acción Nacional (PAN), a quien se le acreditó algo más del 16% (ver Cuadro 1).
Cuadro 1 Votaciones oficiales computarizadas y publicitada selección presidencial 1988
| Datos publicitados por la CFE | Por la CFE Datos computarizados |
|||
| Votos | % | Votos | % | |
| Carlos Salinas | 9 687 926 | 50.74 | 9 687 926 | 48.7 |
| Cuauhtémoc Cárdenas | 5 929 585 | 31.06 | 5 929 585 | 29.9 |
| Manuel Clouthier | 3 208 584 | 16.81 | 3 208 584 | 16.2 |
| Gumersindo Magafia | 190 891 | 1.00 | 190 891 | 0.9 |
| Rosario Ibarra | 74 857 | 0.39 | 74 857 | 0.3 |
| Anulados | - | - | 695 042 | 3.4 |
| No registrados | - | - | 14 333 | 0.6 |
| Total | 19 091 843 | 100.00 | 19 801 218 | 100.1 |
* Se trata de los datos que coinciden con el cómputo final del Colegio Electoral. Los datos preliminares de la CFE difieren ligeramente de los del Colegio Electoral. Aquí se usan los últimos datos oficiales proporcionados por la cfe. fuente: Proceso Electoral Federal, Comisión Federal Electoral, Secretaria Técnica, 1989, pp. 118 y 119.
En segundo lugar, el PRI conservó un abrumador control del Poder Legislativo. En el Senado, el partido oficial ganó 60 de los 64 escaños que integran dicha cámara. En la Cámara de Diputados, el PRI también obtuvo una contundente victoria, ya que le fueron asignadas 260 de las 500 diputaciones, lo que le aseguraba no sólo la mayoría absoluta, sino una ventaja de dos y medio a uno con respecto a la mayor de las fracciones opositoras, la del Partido Acción Nacional (PAN), que obtuvo 101 diputaciones.
La elección de 1988, sin embargo, no será recordada precisamente como una palma más en el extraordinario récord triunfador del PRI. Por el contrario, será recordada como uno de los episodios más agitados y difíciles de su historia. Una mera crónica del proceso electoral bastaría para justificar esos adjetivos, pues a lo largo de todas sus fases, el proceso electoral 1987-1988 tuvo episodios extraordinarios.
En las fases de nominación de candidatos, por ejemplo, la Convención Nacional del PAN estuvo dominada por la emergencia de un nuevo grupo político que se impuso sobre los cuadros más tradicionales. En el caso del PRI, hubo de todo: desde las inusitadas manifestaciones públicas de disgusto de la gerontocracia sindical por la nominación de Carlos Salinas como candidato presidencial, hasta la escisión de un muy visible grupo de priistas agrupados en la llamada Corriente Democrática del PRI, pasando por un falso “destape”,4 que no sólo fue una curiosidad anecdótica de la elección de 1988, sino parte de las manifestaciones de indisciplina y faccionalismo del PRI que permearon todo el proceso.
Las campañas mostraron también el carácter distintivo de la elección de 1988, ya sea porque los actos políticos alrededor de Cárdenas y Clouthier tuvieron un arrastre masivo notable, o porque el proceso no estuvo exento de acontecimientos ominosos, como el asesinato de dos de los principales organizadores políticos de Cárdenas. La tensión política aumento aún más tras los sucesos de la jornada electoral, particularmente los que rodearon la “caída del sistema”. La presión no se redujo ni durante la sesión solemne de la Cámara de Diputados en que Miguel de la Madrid rindió su último informe presidencial,5 ni durante la ceremonia de toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari. El sexto informe de gobierno de Miguel de la Madrid se desarrolló en medio de múltiples actos de protesta de gran cantidad de legisladores de oposición. Carlos Salinas de Gortari fue investido presidente en una ceremonia durante la cual los legisladores de la oposición declararon que su investidura carecía de legitimidad porque era consecuencia de una sucesión de actos ilegales. En ambas ocasiones, la mayor parte de la bancada parlamentaria de los partidos que postularon a Cuauhtémoc Cárdenas se retiró del recinto.
Es necesario subrayar que esa declaración era hecha por diputados y senadores de oposición inscritos en el mismo marco institucional del PRI, no por líderes políticos excluidos de ese sistema. La decisión de continuar la acción política en el marco de las instituciones existentes, junto a la negativa a reconocer la legitimidad de la presidencia de Carlos Salinas, constituyó uno de los ejes decisorios en la línea estratégica de los partidos, máxime cuando los líderes opositores utilizaban el concepto de “legitimidad” en un sentido muy especifico: ilegalidad de los actos sustantivos y formales que culminaron en la autorización de Carlos Salinas como presidente.6
Todos estos fueron hechos extraordinarios, tanto por ser inusitados en el contexto de la historia contemporánea de México, como porque estuvieron imbuidos de una gran intensidad política. Este carácter apasionado del proceso político de 1988 dificulta enormemente la tarea de dar cuenta de él, pues, en muchos casos, es difícil establecer con certeza cuáles son los hechos por explicar. Pero el análisis de las elecciones de 1988 no sólo se dificulta por la pasión política que distinguió los comicios de 1988, también se dificulta por lo que esta elección comparte con las anteriores: la duda sobre la veracidad de los datos electorales oficiales.7
2. El marco institucional de la crisis
A pesar de que la publicidad oficial de los resultados se centró en la afirmación de que Salinas de Gortari había obtenido el 50.74% de los votos, en realidad obtuvo, oficialmente, poco menos de 49%. La diferencia entre una y otra cifra se debe a que los datos oficiales publicitados omitieron el cómputo de poco más de 700 000 votos oficialmente computarizados. Se trata de los 695 042 votos que, según el cómputo oficial de la Comisión Federal Electoral, fueron anulados, y de los 14 333 votos que esa misma autoridad computó finalmente a favor de candidatos no registrados.8 Si esos votos efectivamente emitidos y oficialmente computados se incorporan al total de la votación emitida sobre el cual se calcula el porcentaje obtenido por cada candidato, resulta que Salinas de Gortari logró su triunfo con el 48.74% de la votación emitida (la diferencia entre uno y otro computo se aprecia en el Cuadro 1).
Aunque a primera vista la diferencia entre 48.7% y 50.7% no afectaba seriamente el resultado, pues solamente se requiere la mayoría relativa para ser declarado vencedor, la frontera de la mitad más uno de los votos no carece de significado político, tanto en términos simbólicos como prácticos. Desde el punto de vista simbólico, la mayoría absoluta era importante porque, por primera vez en la historia, el presidente de México había sido electo con menos de la mitad de la votación. El mismo hecho de que las autoridades electorales publicitaran resultados que omitían los dos rubros que transformaban la mayoría absoluta, en relativa, prueba que, al menos para esas autoridades, ganar menos de la mitad de la votación era un hecho político significativo, al menos simbólicamente.
Ahora bien, si la pérdida de la condición de mayoría absoluta del candidato presidencial priista acarreaba costos fundamentalmente simbólicos, como rompimiento con el pasado o como anticipación del futuro inmediato, ese mismo resultado en las elecciones de la Cámara de Diputados tendría efectos directos, no simbólicos, en la sobrevivencia del sistema de partido hegemónico. De hecho, incluso una mayoría absoluta frágil, como la que obtuvo el PRI en 1988 en la elección de Cámara de Diputados, produjo efectos notorios que se observaron en tres niveles: primero, en la Cámara como instrumento de distribución interna de las cuotas de poder en la maquinaria del partido oficial; segundo, en la legislatura como órgano de gobierno, y, tercero, en el proceso de calificación electoral, tanto en lo que hace a la integración de la propia Cámara de Diputados, como en lo tocante a la calificación de la elección presidencial.
Respecto al primer aspecto, el inusual número de derrotas de candidatos priistas en distritos uninominales dañó la maquinaria electoral del PRI porque el partido oficial descubrió, por vez primera, que en las elecciones se gana y se pierde: el número de candidatos a diputado federal del PRI que conoció la derrota en 1988 casi igualó el total de derrotas que el PRI sufrió durante todo el periodo1946-1985. En efecto, 66 candidatos del PRI a diputado federal en distritos uninominales fueron derrotados en la elección de 1988, lo que representa el 22% de éstos.9 En contraste, a lo largo de las 14 elecciones previas, el PRI acumuló un total de 72 derrotas durante todo el periodo, lo que representó escasamente 2.6% del total de distritos disputados.
La derrota de la cuarta parte de los aspirantes a diputados del PRI en un solo golpe vino a romper una de las reglas de oro del sistema electoral mexicano: la casi absoluta certeza de que los candidatos del PRI vencerán. En este aspecto residía una de las claves de la estabilidad del sistema de partido hegemónico. El bloque en el poder había encontrado la manera de satisfacer al mismo tiempo dos objetivos políticos que en principio son contradictorios: garantizar el triunfo a casi todos los candidatos oficiales e incorporar un número creciente de opositores a los cargos de elección popular.
El sistema había logrado que la oposición tuviera representación, sin que el PRI perdiera, a través de una serie de reformas a los métodos de escrutinio que dividían la composición de la Cámara en dos partes: una parte era disputada entre el PRI y la oposición, y la otra se reservaba exclusivamente a la oposición, sin que el PRI participara. Así, en un segmento del sistema electoral, el PRI obtenía “carro completo” (es decir, “ganaba de todas, todas”) y daba acceso a la oposición a través del otro segmento del sistema. A través de diversas fórmulas electorales implantadas entre 1964 y 1985, el sistema pudo incorporar 510 diputados federales opositores con un costo ínfimo para el PRI: 484 de los diputados de partidos minoritarios ingresaron a la Cámara sin haber derrotado a un contrincante priista. Es decir, apenas el 1.4% de los aspirantes a diputado del partido oficial fue derrotado. La diferencia es notable: en 1988, uno de cada cuatro candidatos del partido oficial conoció la amargura de la derrota (Cuadro 2).10
Cuadro 2 Efectividad electoral del PRI
| Cámara de Diputados | |||||
| Periodo | Segmento indisputado | Subtotal | Segmento indisputado diputados opositores incorporados sin derrota del PRI |
Total | |
| Triunfos PRI | Derrotas PRI | ||||
| 1946-1961 | 909 (95.2%) | 46 (4.8%) | 955 (100%) | 0 | 955 |
| 1964-1976 | 914 (98.9%) | 10 (1.1%) | 924 (100%) | 184 | 1108 |
| 1979-1985 | 884(98.2%) | 16 (1.8%) | 900 (100%) | 300 | 1200 |
| 1988 parcial | 234(78%) | 66a (22%) | 300 (100%) | ||
| 1988 total | 260 (74.3%) | 90b (25.7%) | 350 | 150 | 500 |
a Derrotas directas en distritos uninominales.
b Es el resultado de sustraer los 260 ganadores en distritos uninominales a 350, que es el número máximo de diputados de listas que el sistema de Integración de la Cámara le permitiría tener a cualquier partido.
Fuente: Molinar, Juan, Elecciones, autoritarismo y democracia en México, México, Cal y Arena, en prensa.
Este arreglo no sólo jugaba un papel importante en la reproducción del sistema al asegurarle la permanencia de una oposición partidaria, también era clave en el mantenimiento de la disciplina del partido oficial: un partido que no pierde fácilmente se escinde. En este aspecto, al contener el faccionalismo en el PRI, el sistema institucional también contenía otros controles. La estrategia básica para reducir las probabilidades de escisión en el PRI consistió en incluir en el marco institucional una serie de leyes y normas que prácticamente dejaban a los disidentes priistas sin alternativas políticas.
Estas limitaciones a la disidencia política se establecieron tras los desprendimientos electorales que el PRI sufrió en 1946 y 1952. A consecuencia de ello, el sistema de autorización de partidos fue modificado para que los disidentes priistas en el proceso de nominación de sus candidatos, especialmente el presidencial, no pudieran formar su propio partido y participar en las elecciones.11 Una de las claves políticas que distinguieron a la elección de 1988 fue, precisamente, el hecho de que la disidencia priista alrededor de la sucesión presidencial, que fue más intensa que en las últimas cinco ocasiones, logró encontrar el camino político para organizarse como alternativa electoral.
“Encontrar el camino” de la participación electoral no fue sencillo. Por el contrario, requirió la conjunción de aciertos y errores. Esto es, el montaje de la Campaña política cardenista fue posible gracias a que la conducción estratégica del cardenismo fue excelente, pero también gracias a que el gobierno cometió una serie de errores graves, o al menos gracias a que realizó reformas institucionales que tuvieron efectos inesperados. Entre éstas, estuvo la modificación a la integración de los órganos de vigilancia y organización electoral, principalmente la Comisión Federal Electoral, que centraliza la mayor parte de las decisiones importantes durante el proceso electoral, desde su inicio hasta la integración de los Colegios Electorales. La Comisión Federal Electoral, hasta antes de la reforma legal de 1987, se integraba con el secretario de Gobernación, un diputado y un senador (los tres eran priistas), más un representante de cada partido (incluido el PRI). Esta integración obligaba al PRI a contar con el apoyo de algunos partidos opositores, pues los votos priistas en la Comisión no eran mayoría (en 1985, por ejemplo, el PRI contaba con 4 de 11 votos). Consecuentemente, el apoyo de esos partidos tenía costos para el PRI, y por ello decidieron cambiar las reglas del juego.
La reforma de 1987 modificó esa situación radicalmente, al otorgar al PRI 19 de 32 votos. El hecho de que los votos de algunos partidos opositores dejaran de ser necesarios sin duda alarmó a los líderes de los partidos que comúnmente votaban con el PRI. Si de un plumazo habían dejado de ser imprescindibles, de un plumazo podrían desaparecer. Este cambio contribuyó notablemente a su alejamiento del PRI y fue clave en la determinación antipriista que esos partidos asumieron durante el proceso 1987-1988. En pocas palabras, si los partidos que normalmente apoyaban al PRI, al grado de ser conocidos en la jerga política como “partidos paraestatales”, decidieron desafiar a su antiguo aliado, fue porque éste envió fuertes señales de ya no querer la alianza.12 La ruptura de alianzas que propició el PRI en 1986 fue lo que permitió a Cárdenas participar en la elección de 1988; al respecto, no debe olvidarse que ni el gobierno ni los partidos paraestatales podían prever en 1986 la escisión de 1988. Recuérdese que en ese entonces, 1986, Cárdenas era todavía gobernador de Michoacán y aún no se había formado la Corriente Democrática, que después inició el movimiento disidente en el PRI.
Por lo que corresponde a los efectos que el resultado electoral de 1988 tuvo en la Cámara de Diputados como órgano de gobierno y de establecimiento de políticas públicas, la elección de 1988 arrojó una merma neta de poder al PRI porque, también por primera vez en su historia, el partido oficial no logró integrar en el Congreso una bancada suficientemente grande para alcanzar por sí solo las dos terceras partes que la Constitución exige para aprobar una reforma constitucional. En este sentido, los resultados de 1988 sí mellaron el poder del partido oficial y sobre todo el de su líder, el Presidente, pues el control casi absoluto del Congreso que el Presidente había ejercido a través del partido desde los años cuarenta es la condición necesaria del presidencialismo. Sin ese control, que existe porque un partido único controla totalmente el poder legislativo, el Presidente no se hubiera podido convertir en el principal legislador en México, si no es que en el único.
Esta situación se modificó en algún grado tras los resultados de 1988: si el gobierno deseaba reformar el texto constitucional, tendría que allegarse el apoyo de alguno de los bloques opositores y cuidar la unidad y disciplina de su propia bancada. Al respecto, no debe menospreciarse la limitación de no poder reformar discrecionalmente la Constitución. Para entender esto, bastaría recordar que los gobiernos priistas han recurrido sistemáticamente al expediente de reformar la Constitución,13 por lo que no era descabellado pensar que la nueva situación era vista por el gobierno de Salinas como una severa limitación. De hecho, a pesar de esta limitación, el gobierno de Salinas recurrió al expediente de modificar la Constitución en dos ocasiones durante el primer año de su administración: primero, para reformar el sistema electoral; después, para reprivatizar la banca que el gobierno de José López Portillo estatizó siete años antes. En ambos casos, tuvo que recurrir al apoyo del PAN, sin cuya aprobación ambas reformas hubieran sido imposibles.14
La reforma electoral forma parte del tercer aspecto crítico del proceso político de 1988, particularmente en el momento de calificación de las elecciones de la Cámara de Diputados y del presidente de la República. Las elecciones de la Cámara de Diputados son calificadas por un Colegio Electoral, integrado con todos los candidatos que presuntamente ganaron la elección, cuyas resoluciones tendrán el carácter de definitivas e inatacables.15 La Cámara de Diputados así instalada procede de inmediato a calificar la elección presidencial.16
Estas provisiones constitucionales y la laxitud de las leyes reglamentarias respectivas, dan lugar a que el partido o coalición de partidos que disponga de mayoría absoluta en el Colegio esté en posición de revisar, modificar o sostener los resultados electorales parciales de manera prácticamente irrestricta e impune. Como el PRI había controlado siempre más del 60% de los miembros del Colegio, ante una oposición muy fragmentada, el Colegio Electoral funcionó históricamente como el último bastión del sistema de partido hegemónico.
Sin embargo, como el PRI sufrió una escisión importante en 1988, y como la mayoría del PRI en el Colegio Electoral de 1988 se redujo sensiblemente, el mismo carácter impune del control político del Colegio Electoral se convirtió en una amenaza: la escisión que precedió la elección del 6 de julio, y que amenazaba con prolongarse hasta las discusiones del Colegio Electoral, hizo que surgiera prominentemente la posibilidad de que una coalición opositora apoyada por defecciones o ausencias priistas lograse el control del Colegio Electoral, y con ello su completa discrecionalidad para revisar y modificar resultados electorales. En pocas palabras, si la escisión del PRI se profundizaba en el Colegio Electoral, los resultados preliminares de la elección podían modificarse. El desenlace en ese caso hubiera sido la anulación de los comicios.
Lo que importa destacar aquí es que la probabilidad de que una escisión tuviera lugar era afectada por el margen de la mayoría priista: un defector potencial estaría más inclinado a cruzar las líneas partidarias mientras mayor fuese la posibilidad de que su defección resultase decisiva en la redefinición de la mayoría. Por eso, para el PRI cada fracción de punto porcentual en la votación de la Cámara de Diputados era importante. Para entender esto, es necesario detenerse, aunque sea brevemente, a revisar la forma en que se integraba la Cámara de Diputados en 1988.
El sistema electoral mexicano se reformó para las elecciones de 1988 con objeto de asegurar al PRI una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, aun en el caso de que ganase menos de 251 diputaciones de mayoría relativa o de que su votación cayese por debajo del 51% de la votación.17 Esto se logró estableciendo explícitamente una cláusula que señalaba que si el partido ganador (que para los legisladores no podía ser otro que el PRI) no obtenía el 51% de la votación, le serían asignadas 251 diputaciones de las 500 que componen la Cámara.18
La ley establecía dos fórmulas electorales diferentes para integrar la Cámara de Diputados: una se aplicaba solamente al partido ganador,19 la otra a los demás partidos. El procedimiento para determinar el número de diputaciones que corresponderían al partido ganador era bastante complejo, por lo que aquí se expondrá de una manera más didáctica que la utilizada en el texto constitucional. El método se puede simplificar como dos reglas generales y tres excepciones.
Regla del partido ganador: “Al partido ganador lo que le corresponde”. Al partido ganador le corresponde un porcentaje de diputados en la Cámara de Diputados igual al porcentaje de la votación nacional efectiva que obtenga.20 Este número se integra con todos los candidatos de ese partido que hayan obtenido mayorías relativas en los distritos uninominales, más tantos diputados de listas regionales como sean necesarios para completar su total. En esta hipótesis, que corresponde al tramo intermedio de la Gráfica 1, el que va desde 51% de la votación hasta 70% de los votos, la representación del partido ganador en la Cámara sería perfectamente proporcional.
Primera excepción: “siempre suficientes”. Si el partido ganador obtiene menos de 51% de la votación y menos de 251 diputaciones de mayoría relativa, le serán asignados 251 diputados en total. Su bancada se integrará con sus candidatos triunfadores en distritos uninominales, más tantos diputados de listas regionales como sean necesarios para completar su cuota de 251. En este caso, que corresponde al primer tramo de la Gráfica 1, por debajo del 51% de la votación, el partido ganador estará sobrerrepresentado en diversa medida. Esta provisión de la ley es la que se ha llamado “cláusula de gobernabilidad”, pues asegura que siempre habrá un partido con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
Segunda excepción: “nunca demasiados”. Ningún partido podrá tener más del 70% de la Cámara de Diputados, de modo que si el partido ganador rebasara ese nivel, le serían asignados exactamente 350 diputados. En este caso, correspondiente al tercer tramo de la Gráfica 1, a la derecha del 70% de la votación, el partido vencedor quedaría subrepresentado.
Tercera excepción: “mayoría relativa domina”. En el caso de que algún partido, ganador o minoritario, obtenga un número de diputaciones de mayoría relativa superior al que le correspondería aplicando las reglas, éstas no se aplicarán, pues todos los candidatos ganadores en distritos uninominales serán integrados en la Cámara.
Regla de los partidos minoritarios: “castigar al principal adversario”. Una vez que se repartan las diputaciones correspondientes al partido ganador, los demás partidos iniciarán su reparto. Para ello, se aplicarán fórmulas electorales que castigan a los partidos grandes y benefician a los partidos pequeños.21
Este método de conversión de votos en diputaciones y el proceso de calificación de la elección son las claves que permiten entender por qué era tan importante para el PRI rebasar la barrera del 51% de la votación nacional efectiva. En el caso de la elección de la Cámara de Diputados, la mayoría absoluta no era un valor simbólico: era, en realidad, la clave de todo el proceso. Si la votación nacional efectiva acreditada al PRI caía por debajo del 51%, su bancada en el Colegio Electoral se reduciría a 251 miembros, la mitad más uno.
Esto significaba, en el caso de que la oposición actuase en bloque, que bastaba que dos priistas defeccionaran hacia la oposición, o que se ausentaran, para redefinir el control del Colegio Electoral.22 La condición de unidad opositora no era del todo descabellada. Después de todo, la oposición había venido actuando en bloque, por encima de las diferencias entre izquierdas y derechas, a lo largo de las últimas fases del proceso electoral en los diversos organismos encargados de la vigilancia de los comicios. La presencia conjunta de los candidatos presidenciales Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional, Manuel Clouthier, del PAN, y Rosario Ibarra, del trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores, en las oficinas del secretario de Gobernación la tarde de la jornada electoral, ilustraba las posibilidades de cooperación opositora.
Por supuesto, para redefinir el control en el Colegio no sólo se necesitaba unidad opositora, sino que las defecciones o ausencias priistas fueran defecciones o ausencias netas, pues las líneas partidarias se podían cruzar en dos sentidos y el ausentismo podía afectar a los dos campos. Es decir, era necesario que los priistas que se pasaran al lado opositor superaran al menos por dos miembros a los opositores que pasaran hacia el PRI, o que los ausentistas del PRI superaran por dos miembros a los ausentistas del bloque opositor.23 Esto dificultaba la conservación de la disciplina entre el heterogéneo bloque opositor, pues habría múltiples posibilidades a potenciales diputados opositores dispuestos a reforzar al PRI abierta o veladamente (es decir, con sus votos o sus ausencias).
Aunque un golpe político semejante pareciera remoto, está claro que los líderes priistas lo percibieron como posible. Después de todo, no debe olvidarse que entre los miembros de la bancada del PRI se encontraban numerosos miembros de las organizaciones priistas menos afectas a su candidato Salinas de Gortari: el sindicato petrolero, por ejemplo, contaba con siete presuntos diputados (más un presunto senador); el sindicato de maestros había logrado incluir nueve presuntos diputados (además de sus dos senadores).24
El temor a que la escisión del PRI ocurra en el Colegio Electoral es sin duda uno de los factores que permiten entender las nuevas reformas electorales propuestas por el gobierno de Salinas de Gortari en 1989 y aprobadas con el apoyo de una fracción de la bancada panista en la Cámara de Diputados. La nueva fórmula electoral protege aún más al PRI de la amenaza de escisión en la Cámara de Diputados al elevar sustancialmente los márgenes de sobrerrepresentación que la ley concede al partido ganador. La nueva norma no solamente otorga mayoría absoluta, consistente en 251 diputados, al partido vencedor,25 en caso de que obtenga más de 35% de la votación: además, le otorga a ese partido dos diputados adicionales, por sobre los 251 básicos, por cada punto porcentual por arriba del 35%, hasta el límite de 60% (véase Gráfica 2).
El temor a que la escisión del PRI se exprese en el Colegio Electoral también contribuye a explicar por qué el PAN ha consentido en apoyar al gobierno de Salinas: si el PRI se dividiera en el Colegio Electoral, el receptor de los disidentes sería, casi seguramente, el PRD, no el PAN, lo que dejaría a este partido en una posición política muy difícil. Por lo tanto, para los panistas fue preferible establecer negociaciones directas con el presidente Salinas e introducir un proceso de organización, vigilancia y calificación electoral que para funcionar requiere en muchas instancias la anuencia del PAN, en vez de jugarse el todo en cada elección.
Estos son algunos de los aspectos institucionales que contribuyen a entender la crisis de 1988. Sin embargo, todos ellos fueron relevantes porque la votación del PRI cayó severamente y porque en 1988 ocurrió un realineamiento del electorado. Aquí es donde el marco institucional se vincula con el electoral: la tercera parte de este artículo se centrará en ese aspecto.
3. El realineamiento electoral de 1988
El carácter crítico de la elección de 1988 resulta evidente desde el momento en que se pone en una perspectiva temporal: en 1988 el PRI sufrió una caída de 15 puntos porcentuales respecto del último comicio federal, y de más de 20 puntos respecto de la anterior elección presidencial; si la comparación se hacía en términos de votos absolutos, la pérdida consistía en casi dos millones de votos con respecto a 1985, y en casi 5 millones de sufragios con respecto a 1982. Es decir, el proceso de declinación del nivel de apoyo electoral del PRI que se observaba desde 1955 dejó de ser gradual para convertirse en una caída en picada (ver gráfica 3); esto es, “el PRI no puede alegar haberse mantenido; en el mejor de los casos, puede decir que ha resistido”.26
Adicionalmente, el PRI perdió por primera vez estados completos: Baja California Norte, Distrito Federal, México, Michoacán y Morelos. En esas cinco entidades, el ganador oficial fue Cuauhtémoc Cárdenas, quien incluso obtuvo mayorías absolutas en los estados de México, Michoacán y Morelos. En 1988, estas derrotas no se tradujeron en pérdidas de cuotas reales de poder en la federación porque en esa elección no se disputaban los poderes estatales o municipales en ninguna de esas entidades, pero anticipaban situaciones difíciles para el PRI cuando dichos estados eligieran gobernador y legislaturas estatales. La victoria del Partido Acción Nacional en la elección de gobernador de Baja California Norte, en 1989, confirmó los anticipos y rompió el monopolio que el Partido Revolucionario Institucional había ejercido en las gubernaturas de los estados desde su fundación. De manera diferente, pero también congruente con los resultados de 1988, las conflictivas elecciones locales realizadas durante 1989 en el estado de Michoacán también ratificaron la crisis del sistema de partido hegemónico.
Pero el rasgo más distintivo de los comicios de 1988 no fue la caída de los niveles de participación, ni el severo descenso en los niveles de apoyo electoral del PRI, aunque ambos aspectos por sí solos resultan impresionantes. La especificidad de la elección no reside en el nivel del cambio en esas variables, sino en el modo en que dicho cambio se materializó. Esto es, en 1988 se observó un cambio significativo en las relaciones que habían venido existiendo por muchos años entre el comportamiento electoral y ciertas características sociales y regionales de los distritos electorales. Ésta es la conclusión general que pudimos obtener después de aplicar un modelo interactivo diseñado para medir los cambios que se observaron en los patrones de votación de 1988 con respecto a los prevalecientes a lo largo de la década pasada.
3.1 Definición del modelo
La variable dependiente del modelo es el nivel de apoyo electoral de los partidos en 290 de los 300 distritos del país27 durante las elecciones de 1979, 1982, 1985 y 1988. Las variables independientes constituyen dos conjuntos: uno se agrupa bajo el rubro “estructura social” y otro consiste en una división regional del país.
La variable dependiente, apoyo electoral del PRI, PAN y del conjunto de partidos que apoyaron a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, ha sido operacionalizada como la votación de ese partido (o partidos) en el distrito i, en la elección t, dividido entre el total de población adulta (de 18 años y más) que habitaba en ese distrito en 1980. Los datos sobre votación provienen del Registro Nacional de Electores, los de población del Censo General de Población y Vivienda de 1980. Se eligió esta operacionalización de la variable apoyo electoral porque es más lineal que la operacionalización comúnmente usada: votación del partido entre votación total, puesto que en este último caso, la votación de cada partido estaría incorporada tanto en el numerador como en el denominador del cociente. Por ejemplo, si la variable dependiente se hubiera operacionalizado como porcentaje de la votación total en cada distrito, la votación del PRI se definiría como (PRI) / (PRI + PAN + FDN otros).
Es necesario señalar que esta operacionalización de la variable FDN28 presenta algunos problemas, pues se define como un conjunto de partidos diferente en cada elección. En 1988 apoyaron a Cárdenas los partidos PARM, PPS, PFCRN y PMS. En cambio, FDN 1979 se define como la suma de PPS, PARM, PST y PCM; FDN 1982 corresponde a la suma de votos del PPS, PARM, PST y PSUM; FDN 1985 es la suma de PPS, PARM, PST, PSUM y PMT. Los problemas que produce esta agregación son de dos tipos: por un lado, en años anteriores a 1988 estos partidos no sólo no formaron coaliciones, sino que compitieron fuertemente entre sí; en segundo lugar, los patrones de asociación de estos partidos con las variables sociales utilizadas difería significativamente, pues PPS, PST-PFCRN y PARM compartían un patrón, mientras que PCM-PSUM y PMT formaban otro.29 Por ello no debe sorprender que la variación en los parámetros del FDN sea mayor en los años anteriores a 1988. De cualquier manera, creemos que la agrupación durante 1979, 1982 y 1985 de todos los equivalentes partidarios de los miembros de la coalición cardenista de 1988 está justificada.
Por lo que corresponde a las variables independientes, las agrupables como “estructura social” son proporciones de cada característica con respecto a la población total en el distrito. Como solamente se usó el Censo de 1980, pues el de 1990 aún no estaba disponible, los valores de cada variable de la estructura social se repiten para el mismo distrito a lo largo de las cuatro elecciones. Ésta es una limitación que podrá resolverse cuando se disponga del Censo de 1990. De cualquier manera, es necesario subrayar que nuestro interés no ha sido medir el efecto en el voto partidario de los cambios en las variables sociales a lo largo del tiempo. Lo que nos interesa es tener alguna clase de estimación sobre la magnitud del cambio que todo mundo observó había ocurrido en la relación entre variables sociales y regionales y voto partidario durante 1988. Esto es, lo que realmente nos interesa estimar es el cambio en 1988 en las pendientes de los parámetros de las variables sociales y regionales que utilizamos para estimar linealmente el voto partidario durante todo el ciclo 1979-1985.
Dicho sea de paso, nuestra línea de argumentación no sigue a la de la teoría de la modernización, aunque muchas de las variables que aquí utilizamos sean las mismas que han usado los estudios de la teoría de la modernización. Nuestra argumentación está basada simplemente en el hecho de que la estructura organizacional observable de los partidos en la última década está efectivamente relacionada con esas variables, pero no atribuimos a esta estructura la cadena causal que la teoría de la modernización postula. Nos parece, por ejemplo, que el marco institucional que ha regulado la competencia política entre fracciones del partido oficial, y entre éstas y la oposición, puede también explicar la estructura organizacional partidaria.
Antes de revisar la operacionalización de las variables independientes, es conveniente señalar las características de las unidades de análisis utilizadas: distritos electorales federales. El primer punto a este respecto es que es sumamente difícil realizar estudios de elecciones federales con unidades más desagregadas (como casillas o secciones, cuya n se aproxima a 60 000 observaciones), pues las autoridades dificultan mucho el acceso a esas cifras y los expedientes oficiales accesibles al público solo aportan cifras de distrito.
El segundo punto es que la desagregación en el distrito electoral presenta problemas para la realización de estudios de tipo ecológico porque las fuentes para las variables independientes casi siempre desagregan su información en unidades espaciales diferentes a las electorales. El Censo General de Población, por ejemplo, presenta la información por estado (n = 32) o por municipio (n = 2300). Por lo tanto, es necesario armonizar los datos municipales en distritos electorales. En la mayoría de los casos, este proceso de homologación cartográfica es relativamente simple, pues dos terceras partes de los distritos electorales comprenden conjuntos de municipios completos, y en esos casos sólo es necesario sumar los indicadores municipales de cada variable. Sin embargo, en cerca de 100 distritos, la situación es más complicada, pues los distritos no son agregaciones de municipios completos, sino particiones de uno solo. En esos casos, se ha procedido a dividir los indicadores de las variables de manera proporcional al área que del municipio respectivo ocupa cada distrito electoral. En nuestro caso, como en la mayoría de los estudios, decidimos prescindir del estado de Oaxaca, pues resultaba muy complicada la tarea de armonizar los datos municipales (Oaxaca tiene 570 municipios) en los 10 distritos electorales federales del estado.
Las variables socioeconómicas utilizadas son: urbanización (urbanos), proporción de inmigrantes internos (inmigrantes), ocupación en el sector manufacturero (manufactureros), monolingüismo (monolingües) y escolaridad alta (postprimarios). Las regionales son frontera (norte), sur, Golfo, Michoacán y DF.
Urbanos se operacionalizó como la proporción de habitantes urbanos en el distrito, estableciendo convencionalmente el corte urbano en las comunidades de mas más de 50 000 habitantes.
La variable inmigrantes fue operacionalizada como porcentaje de individuos en el distrito que nacieron fuera del estado en que se ubica el distrito. Esta operacionalización deja fuera todo el proceso de inmigración que ocurre en el interior de un mismo estado, y, por otro lado, no distingue entre los diversos modos de migración interestatal que sería relevante identificar.30 Sin embargo, la variable inmigrantes nos interesa no solamente porque hay razones para pensar que en el nivel individual los inmigrantes en las ciudades actúan políticamente de manera distinta a los nativos urbanos,31 sino también porque el fenómeno migratorio es un indicador agregado del nivel de dinamismo de las unidades espaciales. Esto es, asumimos que los distritos que absorben inmigración interestatal constituyen unidades espaciales de mayor dinamismo económico y social que los distritos que expulsan población o que tienen bajos niveles de inmigración.32
La variable manufactureros, que es un equivalente del nivel de industrialización de los distritos, se operacionalizó como la proporción de la población económicamente activa (PEA) que se ocupa en el sector manufacturero. Esta operacionalización, que aparentemente no es problemática, también tiene sus propios problemas. En este caso, se trata de las deficiencias atribuidas al Censo de 1980, que fueron particularmente agudas en lo que toca a la clasificación del sector de ocupación de la PEA. Sin embargo, con todas sus deficiencias, el censo do 1980 es la única fuente disponible para captar esta variable al nivel de distrito.
Monolingües se operacionaizó como el porcentaje do individuos indígenas de cada distrito que no hablan español, mientras que postprimarios se operacionalizó como el porcentaje de individuos respecto de la población total que ha cursado más de seis años de educación formal (lo que los coloca aproximadamente tres por arriba de la media nacional de escolaridad).
Las regiones se definieron con base en criterios políticos y no geográficos. Ello explica la inclusión de la franja fronteriza norte como una sola unidad, o la consideración del Distrito Federal o Michoacán como unidades regionales por sí solos. Las regiones fueron operacionalizadas como variables simuladas (dummy) que agrupan los 290 distritos incluidos en frontera (norte), sur, Golfo, DF y Michoacán. Frontera abarca todos los distritos de los estados de Baja California Norte, Sonora, Chihuahua. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Golfo abarca en realidad las regiones Golfo y Península Yucateca (Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán v Quintana Roo); sur incluye los distritos comprendidos en los estados de Chiapas y Guerrero, mientras que Michoacán y df incluyen los distritos comprendidos en cada uno de esos dos estados.33
Como los niveles nacionales de votación de cada partido varían mucho a lo largo de las cuatro elecciones del periodo, introdujimos una variable simulada para cada elección, lo que nos permite considerar el nivel promedio de votación de cada partido en cada elección, y así controlar los cambios en el nivel medio de apoyo electoral de cada partido a lo largo de las cuatro elecciones. Los parámetros de las variables independientes de las elecciones 1979, 1982 y 1985 serán comunes, para poder compararlos con los parámetros de la elección de 1988.
Para comparar estos parámetros, utilizamos términos interactivos. Éstos se crean como un conjunto adicional de variables definidas como el producto de cada variable social o regional multiplicada por la variable simulada correspondiente a cada año. Por ejemplo, el término interactivo entre la variable población urbana (urbanos) y la elección de 1988 (urbanos 88), se codifica como cero para las tres primeras observaciones en cada distrito y como el valor observado de esa variable en la elección de 1988 (la variable no interactiva urbanos se conservará en la ecuación en las cuatro elecciones con el mismo valor para cada distrito).
De esta manera, obtendremos dos series de parámetros para cada variable: unos corresponden al periodo 1979-1982-1985 y otros a la elección 1988. En este esquema, los valores cercanos a cero en los parámetros de las variables interactivas no permiten desechar la hipótesis nula de que no hubo cambio significativo en los parámetros de las variables en 1988 con respecto a las elecciones anteriores.
Los valores de los coeficientes de los parámetros en ambas series son aditivos en 1988: el valor de cada parámetro en 1988 será igual al valor de dicho parámetro en la serie 1979-1985, más o menos el valor del parámetro en el término interactivo.
El modelo fue estimado mediante mínimos cuadrados ordinarios, controlando los efectos de heterocedasticidad.34 La utilización de coeficientes comunes para los parámetros de las variables dependientes en las tres primeras elecciones podría ser ineficiente, si estos parámetros variaran considerablemente a lo largo de cada elección, pero encontramos que los parámetros de la batería de variables de la estructura social fueron bastante estables durante el periodo 1979-1985.
En términos generales, el modelo funcionó satisfactoriamente, y los parámetros encontrados son consistentes con los hallados en las ecuaciones lineales correspondientes a cada año por separado. La ventaja principal de este tipo de modelo sobre los que analizan cada año por separado consiste en que el modelo interactivo nos permite aplicar pruebas de significación sencillas para los cambios ocurridos en 1988 (de hecho, el estadístico t de los términos interactivos es tal prueba). Los resultados del modelo interactivo se encuentran sintetizados en los Cuadros 3 a 5, y los referidos a la elección de 1988, en los Cuadros 6 a 8.35
Cuadro 3 Votación PRI, 1979-1988. Modelo interactivo de regresión múltiple. Mínimos cuadrados ordinarios.
| Variable independiente |
Variable dependiente: Votos PRI/ Población adulta |
||
| Coeficiente | Error | T | |
| Urbanos | -0.141* | 0.020 | -7.10 |
| Inmigrantes | 0.018 | 0.050 | 0.41 |
| Manufactureros | -0.102 | 0.106 | -0.96 |
| Monolingües | 0.602* | 0.132 | 4.56 |
| Post primarios | -0.005 | 0.085 | -0.06 |
| Frontera | - 0.023 | 0.014 | -1.62 |
| Sur | - 0.006 | 0.023 | - 0.27 |
| Golfo | 0.018 | 0.017 | 1.09 |
| Michoacán | - 0.076 * | 0.020 | -3.73 |
| DF | 0.010 | 0.017 | 0.55 |
| Urbanos*88 | 0.46 | 0.039 | 1.16 |
| Inmigrantes*88 | - 0.100 | 0.070 | - 1.42 |
| Manufactureros*88 | - 0.013 | 0.206 | - 0.06 |
| Monolingües*88 | 0.643 | 0.363 | 1.77 |
| Post primarios*88 | -0.114 | 0.131 | -0.87 |
| Frontera*88 | 0.090 * | 0.027 | 3.34 |
| Sur*88 | 0.033 | 0.044 | 0.76 |
| Golfo*88 | 0.012 | 0.031 | 0.38 |
| Michoacán*88 | - 0.132 * | 0.027 | - 4.83 |
| DF*88 | - 0.025 | 0.032 | - 0.78 |
| Elección 1982 | 0.154 * | 0.010 | -15.63 |
| Elección 1985 | 0.058 * | 0.010 | 5.54 |
| Elección 1988 | - 0.011 | 0.024 | - 0.46 |
| Constante | 0.366 * | 0.014 | 26.30 |
| R2 | 0.444 | ||
| R2Ajustada | 0.433 | ||
| Error estándar de la regresión | 0.122 | ||
| Media de la variable dependiente | 0.345 | ||
| Número de observaciones | 1160 | ||
*Significativo (5%).
Cuadro 4 Votación PAN, 1979-1988. Modelo interactivo de regresión múltiple. Mínimos cuadrados ordinarios.
| Variable independiente |
Variable dependiente: Votos PRI/ Población adulta |
||
| Coeficiente | Error | T | |
| Urbanos | 0.035 * | 0.008 | 4.10 |
| Inmigrantes | - 0.040 * | 0.014 | - 2.78 |
| Manufactureros | 0.246 * | 0.033 | 7.39 |
| Monolingües | 0.075 * | 0.032 | 2.35 |
| Post primarios | 0.199 * | 0.041 | 4.92 |
| Frontera | - 0.004 | 0.006 | - 0.63 |
| Sur | - 0.036* | 0.005 | - 7.31 |
| Golfo | - 0.040* | 0.004 | - 9.69 |
| Michoacán | - 0.015 * | 0.006 | - 2.70 |
| DF | 0.006 | 0.007 | 0.80 |
| Urbanos*88 | 0.067* | 0.025 | 2.68 |
| Inmigrantes*88 | - 0.111 | 0.041 | - 2.71 |
| Manufactureros*88 | - 0.121 | 0.087 | - 1.40 |
| Monolingües*88 | - 0.025 | 0.068 | - 0.37 |
| Post primarios*88 | 0.032 | 0.099 | 0.32 |
| Frontera*88 | - 0.030 | 0.015 | - 1.94 |
| Sur*88 | - 0.033* | 0.012 | - 2.76 |
| Golfo*88 | 0.015 | 0.013 | 0.12 |
| Michoacán*88 | - 0.032 * | 0.011 | - 2.78 |
| DF*88 | - 0.055* | 0.018 | - 3.00 |
| Elección 1982 | 0.068 * | 0.004 | 18.93 |
| Elección 1985 | 0.041 * | 0.003 | 12.91 |
| Elección 1988 | - 0.069* | 0.011 | 6.23 |
| Constante | - 0.021 * | 0.005 | - 4.60 |
| R2 | 0.585 | ||
| R2Ajustada | 0.577 | ||
| Error estándar de la regresión | 0.050 | ||
| Media de la variable dependiente | 0.088 | ||
| Número de observaciones | 1160 | ||
*Significativo (5%).
Cuadro 5 Votación FDN, 1979-1988. Modelo interactivo de regresión múltiple. Mínimos cuadrados ordinarios.
| Variable independiente |
Variable dependiente: Votos PRI/ Población adulta |
||
| Coeficiente | Error | T | |
| Urbanos | 0.009 | 0.006 | 1.64 |
| Inmigrantes | 0.109 * | 0.011 | 9.48 |
| Manufactureros | 0.009 * | 0.020 | 0.45 |
| Monolingües | 0.096 * | 0.043 | 2.25 |
| Post primarios | - 0.017 * | 0.028 | - 0.60 |
| Frontera | - 0.007 | 0.004 | - 1.75 |
| Sur | - 0.002 | 0.004 | - 0.58 |
| Golfo | 0.020* | 0.006 | 3.20 |
| Michoacán | - 0.005 | 0.003 | -1.47 |
| DF | 0.051* | 0.005 | 9.52 |
| Urbanos*88 | - 0.078* | 0.027 | - 2.83 |
| Inmigrantes*88 | 0.310 | 0.048 | 6.37 |
| Manufactureros*88 | 0.179 | 0.102 | 1.75 |
| Monolingües*88 | - 0.286* | 0.126 | - 2.27 |
| Postprimarios*88 | 0.023 | 0.123 | 0.19 |
| Frontera*88 | - 0.063* | 0.014 | - 4.41 |
| Sur*88 | 0.030 | 0.024 | 1.23 |
| Golfo*88 | - 0.012 | 0.015 | - 0.75 |
| Michoacán*88 | 0.140 * | 0.028 | 5.09 |
| DF*88 | 0.038 | 0.025 | 1.52 |
| Elección 1982 | 0.012 | 0.003 | 4.35 |
| Elección 1985 | 0.001* | 0.003 | 0.28 |
| Elección 1988 | 0.069* | 0.013 | 5.30 |
| Constante | 0.019 * | 0.003 | 6.37 |
| R2 | 0.635 | ||
| R2Ajustada | 0.627 | ||
| Error estándar de la regresión | 0.052 | ||
| Media de la variable dependiente | 0.081 | ||
| Número de observaciones | 1160 | ||
*Significativo (5%).
Cuadro 6 Votación PRI, 1988. Regresión múltiple. Mínimos cuadrados ordinarios.
| Variable independiente |
Variable dependiente: Votos PRI/ Población adulta |
||
| Coeficiente | Error | T | |
| Urbanos | - 0.096* | 0.034 | -2.81 |
| Inmigrantes | - 0.082 | 0.054 | - 1.51 |
| Manufactureros | - 0.115 | 0.176 | - 0.65 |
| Monolingües | 1.244* | 0.338 | 3.68 |
| Post primarios | - 0.119 | 0.100 | - 1.19 |
| Frontera | 0.067* | 0.023 | 2.93 |
| Sur | 0.027 | 0.038 | 0.72 |
| Golfo | 0.030 | 0.026 | 1.15 |
| Michoacán | - 0.208* | 0.018 | -11.45 |
| DF | - 0.015 | 0.027 | - 0.57 |
| Constante | 0.355 * | 0.019 | 18.50 |
| R2 | 0.513 | ||
| R2Ajustada | 0.496 | ||
| Error estándar de la regresión | 0.109 | ||
| Media de la variable dependiente | 0.285 | ||
| Número de observaciones | 290 | ||
*Significativo (5%).
Cuadro 7 Votación PAN, 1988. Regresión múltiple. Mínimos cuadrados ordinarios.
| Variable independiente |
Variable dependiente: Votos PRI/ Población adulta |
||
| Coeficiente | Error | T | |
| Urbanos | 0.103* | 0.024 | 4.36 |
| Inmigrantes | - 0.151* | 0.038 | - 3.95 |
| Manufactureros | 0.125 | 0.080 | 1.56 |
| Monolingües | 0.050 | 0.060 | 0.83 |
| Post primarios | 0.231 | 0.090 | 2.57 |
| Frontera | -0.033* | 0.014 | - 2.37 |
| Sur | - 0.069* | 0.011 | - 6.26 |
| Golfo | - 0.039* | 0.013 | - 3.10 |
| Michoacán | - 0.047* | 0.010 | -4.76 |
| DF | - 0.048* | 0.01607 | - 2.93 |
| Constante | 0.046 * | 0.010 | 4.74 |
| R2 | 0.466 | ||
| R2Ajustada | 0.447 | ||
| Error estándar de la regresión | 0.063 | ||
| Media de la variable dependiente | 0.102 | ||
| Número de observaciones | 290 | ||
*Significativo (5%).
Cuadro 8 Votación FDN, 1988. Regresión múltiple. Mínimos cuadrados ordinarios.
| Variable independiente |
Variable dependiente: Votos PRI/ Población adulta |
||
| Coeficiente | Error | T | |
| Urbanos | - 0.068* | 0.026 | -2.54 |
| Inmigrantes | 0.419* | 0.047 | 8.86 |
| Manufactureros | 0.188 | 0.100 | 1.87 |
| Monolingües | - 0.190 | 0.118 | - 1.60 |
| Post primarios | 0.006 | 0.120 | 0.05 |
| Frontera | - 0.070* | 0.014 | - 5.20 |
| Sur | 0.027 | 0.024 | 1.15 |
| Golfo | 0.008 | 0.014 | 0.55 |
| Michoacán | 0.136* | 0.027 | 4.95 |
| DF | 0.089* | 0.025 | 3.64 |
| Constante | 0.087 * | 0.013 | 6.91 |
| R2 | 0.500* | ||
| R2Ajustada | 0.482 | ||
| Error estándar de la regresión | 0.085 | ||
| Media de la variable dependiente | 0.161 | ||
| Número de observaciones | 290 | ||
*Significativo (5%)
3.2 Resultados del modelo
Como es bien sabido, el nivel de urbanización está fuertemente asociado al apoyo electoral de los partidos en México.36 El patrón de asociaciones entre esas variables se mantuvo consistentemente a lo largo de varios años. Este patrón consiste básicamente en que la asociación entre urbanización y apoyo electoral ha sido bastante negativa para el PRI y muy positiva para el PAN. Por lo que toca a los partidos que en 1988 integraron la coalición cardenista, el patrón pre-1988 había sido mixto: los llamados partidos de la izquierda independiente (PCM, PSUM, PMT) mostraban asociaciones positivas con los distritos urbanos, mientras que los llamados “partidos paraestatales” mostraban patrones de apoyo electoral independientes de la variable urbanos. Tomado en su conjunto, el apoyo electoral de la coalición cardenista (FDN) estuvo positivamente asociada a la variable urbanos durante el ciclo 1979-1985.
La elección de 1988 mostró modificaciones significativas en estos patrones. La evidencia indica que el coeficiente negativo de la variable urbanos para el PRI se redujo ligeramente (pasando de un valor de - 0.141 a - 0.096), apuntando hacia lo que podría ser un perfil levemente menos rural, o si se quiere, menos antiurbano.37 En principio, este cambio podría significar que el PRI ganó más votos en promedio en las zonas urbanas que en el resto (manteniendo todas las otras variables constantes), o bien que el PRI ganó menos votos en las zonas rurales de lo que solía ganar. Este último parece ser el caso.
Por lo que toca al PAN, la elección de 1988 mostró la acentuación de este partido como una organización política netamente urbana. Los coeficientes de las variables urbanos y urbanos-88 para el PAN fueron, respectivamente, 0.035 y 0.067 (véase Cuadro 4). El aumento de 0.067 es estadísticamente significativo en los niveles convencionales (t = 2.68, en Cuadro 4). Esto significa que mientras más urbano era el distrito, mejor para el PAN entre 1979 y 1985, y aún mejor en 1988. Lo que importa destacar es que el modelo no “descubre” la existencia de esta asociación, pues ya era ampliamente conocida, sino que cuantifica la magnitud en la intensificación de esta asociación en 1988.
Lo más novedoso, sin embargo, no fue ni la leve reducción de la asociación antiurbana del PRI o el considerable aumento del perfil urbano del PAN, sino la notoria inversión del patrón urbano del conjunto de partidos que integraron en 1988 el FDN. La coalición cardenista presentó un coeficiente de -0.078 en el parámetrourbanos-88, lo que significó que esa coalición transformó su perfil marcadamente urbano en uno marcadamente rural.38
En este caso, es notorio que no se trata de un cambio en el sentido de que el cardenismo obtuviera peores resultados en las ciudades de los que durante el ciclo 1979-1985 obtenían los partidos que lo apoyaron, sino lo contrario: que la coalición cardenista tuvo fuerte penetración en las zonas rurales, aun después de controlar el efecto de todas las demás variables, incluidas las regionales (especialmente Michoacán, donde, previsiblemente, la candidatura de Cárdenas arrasó).
Estos cambios en los patrones de comportamiento electoral pueden sintetizarse como un efecto de pinza: por un lado, el PAN incrementa en las zonas urbanas la resistencia que tradicionalmente le presenta al PRI, mientras que, por el otro lado, el PRI enfrenta, por primera vez en su historia, fuertes resistencias electorales en las zonas rurales que tradicionalmente monopolizaba. Sería difícil exagerar la relevancia de este cambio, pero puede exponerse con base en dos líneas especulativas: en primer lugar, la evidencia disponible apunta en el sentido de que las bases electorales del PRD están más sobrepuestas con las bases priistas que con las panistas y, de hecho, desde el punto de vista organizacional, sobre todo en el medio rural, el PRD se ha venido constituyendo con grupos sociales que anteriormente estaban encuadrados en alguna organización del PRI; en segundo lugar, hay indicios de que el carácter no-urbano del PRD afectará los niveles generales de participación electoral a la baja.39 La consolidación de estas dos líneas sería indudablemente devastadora para la hegemonía priista, pues éstas sientan las condiciones para una derrota electoral del PRI si este partido no logra reconstituir de manera diferente su perfil electoral.
Conviene señalar que ninguno de estos dos argumentos encuentra soporte empírico en el modelo aquí presentado, pero existen razones para pensar en ellos como líneas de investigación potencialmente fructíferas. Por ejemplo, aunque se dispone de pocos datos individuales sobre el cambio en las preferencias partidarias de los ciudadanos, está claro que el caudal electoral que el FDN obtuvo en 1988 en las zonas rurales no provino de electores tradicionalmente panistas, pues el PAN ha tenido muy escasa presencia en las zonas rurales. Por exclusión, esos votos provinieron de nuevos electores, de anteriores abstencionistas, o de electores del PRI. Como los niveles de participación no crecieron, sino por el contrario, decrecieron, parece claro que la base electoral cardenista se formó con expriistas.40
Sin la reducción en los niveles de participación electoral que oficialmente se establece como tendencia en el futuro inmediato, el perdedor también sería el PRI, pues buena parte de esa baja ocurriría, precisamente, en las zonas rurales. Esta baja en los niveles oficiales de votación en las zonas rurales no se produciría necesariamente como efecto de desmovilización del electorado rural, sino como consecuencia de la presencia efectiva de dos o más partidos en las casillas rurales. En pocas palabras, en general la vigilancia electoral en las zonas rurales era prácticamente nula cuando solamente las organizaciones priistas tenían presencia. La aparición de una segunda organización política en las zonas rurales permite una mayor vigilancia: el PRI limita al PRD y éste limita al PRI; el tercio excluso, el PAN, se beneficia.
Pero la elección de 1988 también arrojó cambios muy notables en los parámetros de otras variables relevantes. Inmigrantes, que es una de ellas, es una variable de mucho peso teórico, pues además de ser un indicador directo de la localización de los flujos de inmigración interestatal, se puede considerar que inmigrantes es también indicador indirecto de la distribución espacial del dinamismo económico. Durante el ciclo 1979-1985 la votación del PRI no estuvo significativamente asociada con inmigrantes y en la elección de 1988 experimentó cambios de poca magnitud en su asociación, aunque el parámetro pasó de positivo a negativo (véanse Cuadros 3 y 6).
El sentido del cambio en el voto panista es simétrico al experimentado con respecto a la variable urbanos. Durante el ciclo 1979-1985, la votación del PAN estuvo significativamente asociada de manera negativa con proporciones altas de inmigrantes en los distritos, y la elección de 1988 acentuó esta asociación negativa.
En el caso de los partidos de la coalición cardenista, el peso de la variable inmigrantes es clave en la configuración de su base electoral. Durante el periodo 1979-1985 ya se había establecido una muy intensa asociación positiva entre los niveles de inmigración en los distritos y la votación por los diversos partidos que en 1988 apoyaron a Cárdenas, pero el incremento de la intensidad de esta relación en 1988 es muy notorio. Este es un aspecto interesante del realineamiento electoral observado, pues si bien es claro que el “fenómeno del cardenismo” aumentó notoriamente la capacidad de los partidos que lo sustentaron para canalizar el potencial de inconformidad social que estos distritos portan, también es claro que esos partidos ya habían configurado un perfil electoral que descansaba fuertemente sobre las bases de apoyo que tenían en distritos de alta inmigración. Conviene también notar que, respecto a la variable urbanos, la elección de 1988 se polarizó: en un lado convergen dos partidos de corte no-urbano (FDN y PRI), y del otro queda el PAN. En el caso de la variable inmigrantes, se observa una situación más fluida: la asociación es fuertemente positiva para el cardenismo, casi nula para el priismo y negativa para el panismo (véanse Cuadros 3 a 8).
Dada la importancia presente y futura de los distritos de alta inmigración, es comprensible que los partidos concentren sus estrategias en ellos. En el caso del PRI, esto ha sido particularmente notorio, mediante la puesta en marcha del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), que es un programa de inversión pública en servicios básicos de vivienda y salud del gobierno salinista, diferenciado de la gestión gubernamental ordinaria en esas áreas. La especificidad del Pronasol es que está fuertemente basado en la cogestión de los programas entre autoridades gubernamentales y organizaciones vecinales. Es decir, Pronasol es un esquema de movilización y organización vinculado a la dotación de servicios básicos. No es difícil imaginar la apuesta política del gobierno priista: modificar sus bases de apoyo electoral a través de los sectores urbanos de bajos ingresos, que constituyen la mayoría de los distritos de alta inmigración. Del éxito de esta estrategia pende el futuro electoral del PRI. Esto lo sabe bien el propio Carlos Salinas, quien se ha puesto visible y activamente a la cabeza del Pronasol.41
En el modelo también incluimos la variable manufactureros, que mide el tamaño relativo del sector industrial formal de la economía en cada distrito (manufactureros es la proporción de la PEA que se ocupa en el sector manufacturero). Los resultados del modelo son interesantes, a pesar de que aparentemente son poco conclusivos, pues los coeficientes de la variable manufactureros no son estadísticamente discernibles de cero en los casos del PRI durante el periodo 1979-1985, ni durante 1988. “Sorprendentemente”,42 es el PAN quien se mostraba positivamente asociado con proporciones altas de manufactureros durante el periodo base 1979-1985, y aunque en 1988 se atenuó la magnitud de esta asociación, todavía se mantiene positiva (a la inversa de lo que ocurre con el FDN, que muestra un incremento en la magnitud positiva del parámetro).
En este modelo encontramos algunos problemas con la interpretación de los parámetros de la variable monolingües. Por ejemplo, es sorprendente el coeficiente positivo que muestra el PAN para el periodo base 1979-1985. Es muy probable que esto ocurra debido a los resultados electorales por arriba de la media que el PAN obtuvo durante este ciclo en distritos de Yucatán, Sonora y Puebla, que incluyen dentro de sus límites proporciones considerables de población monolingüe. Esto no implica que hayan sido los individuos indígenas quienes favorecieran con su voto al PAN en esas zonas. De hecho, es posible que en este caso los problemas derivados del carácter ecológico del análisis sean más evidentes. Por otro lado, los coeficientes de los términos interactivos indican que en 1988 la asociación entre monolingües y preferencia partidaria se modificó y apareció un patrón de fuerte asociación positiva con el voto al PRI. La fuerte asociación de la variable monolingüismo con la votación del PRI, a pesar de la tremenda pobreza y marginalidad de las poblaciones indígenas, ha sido motivo de sospechas sobre Ia validez de las votaciones oficiales en las zonas indígenas, donde la oposición prácticamente no se ha organizado.43
Finalmente, por lo que toca a las variables socioeconómicas, el nivel de escolaridad parece estar asociado significativamente con el mayor apoyo electoral del PAN. Si se observa el coeficiente de la variable postprimarios, que mide la proporción de población con más de seis años de escolaridad formal, se notará que solamente está asociada de manera significativa con el PAN, y que este patrón no se alteró en la elección de 1988.
En síntesis, la evidencia que aporta el modelo tiende a corroborar la hipótesis de que en 1988 tuvo lugar un realineamiento del electorado. A grandes rasgos, éste consiste en la aparición de un nuevo esquema de competencia, aportado por la presencia de la candidatura cardenista, que mina fundamentalmente las bases electorales priistas sin afectar en demasía las bases panistas.
Desde el punto de vista regional, también se encontraron algunos aspectos interesantes. Obviamente, el modelo confirma que Michoacán fue el escenario más propicio del cardenismo. Más interesante es el coeficiente de la región frontera, pues en contra de una muy difundida percepción de que los distritos fronterizos son especialmente adversos al PRI, el modelo muestra que si esa zona era, en conjunto, ligeramente adversa al PRI en el ciclo base 1979-1985, durante 1988 esa situación se invirtió. De hecho, manteniendo todas las demás variables constantes, la votación del PRI en 1988 fue mejor en la frontera que en el resto del país.44
El Distrito Federal, por su parte, continúa siendo una entidad con rasgos idiosincráticos propios. En particular destaca el hecho de que la fuerte asociación existente en las tres elecciones anteriores entre el DF y los partidos que formaron el FDN se intensificó en 1988. Para el PAN, en cambio, el DF presentó condiciones menos favorables que las del resto de las regiones si se mantienen constantes los respectivos niveles de urbanización, inmigración, industrialización y escolaridad. En cualquier caso, parece claro que, con las importantes excepciones del DF y Michoacán, el proceso de formación de las bases electorales de los partidos no se reduce a fenómenos estrictamente regionales.
4. Conclusión
El sistema político mexicano se encuentra en uno de los momentos más críticos de su historia. Es seguro que ninguna perspectiva unilateral servirá para comprenderlo plenamente, pero nos parece que un análisis simultáneo de los aspectos institucionales que estructuran la competencia política, por un lado, y de la movilización electoral que tiene lugar en ese marco, arrojará alguna luz sobre este incierto periodo que una y otra vez es Ilamado, dentro y fuera de México, “Ia transición mexicana”, aunque no sepamos bien hacia dónde va. O si va...
