Introducción

Durante las últimas décadas en México se ha acelerado la expansión de una política criminal punitiva caracterizada por el involucramiento cada vez mayor de las instituciones militares en tareas de seguridad y, específicamente, por el despliegue de sus elementos a lo largo del territorio nacional. El auge de este proceso se presentó durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012) con la implementación de la “guerra contra el narcotráfico” protagonizada por las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército y la Marina, y que continuó durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018). No obstante, a pesar de la incorporación de más elementos castrenses en tareas de seguridad, no se registró durante dicho periodo una disminución importante de la delincuencia y la violencia, sino que, como han demostrado distintas investigaciones, en algunas localidades del país estas incluso aumentaron (^{Atuesta, 2018}; ^{Márquez Romo, 2022}; ^{Trejo y Ley, 2022}).

La llegada al poder en el año 2018 de un gobierno autodenominado progresista no ha representado cambios sustanciales en la política de seguridad mexicana. Por el contrario, en el transcurso de la administración de López Obrador se han realizado diversas modificaciones a la Constitución que han consolidado la participación de las instituciones castrenses en materia de seguridad pública. Muestra de ello fueron la desaparición de la Policía Federal en el 2020 y la creación de la Guardia Nacional en el mismo año para sustituirla; el intento del gobierno para cambiar la adscripción de dicha institución de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la ampliación del periodo permitido en la norma constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan mantener a sus elementos en las calles. Conjuntamente a estos cambios en la ley, el acercamiento del presidente de la República con las instituciones castrenses ha sido claro, sobre todo, al asignarles tareas dentro de la administración pública a las que son ajenas (^{Hernández y Romero Arias, 2019}; ^{Pérez Ramírez y Flores Ramírez, 2020}; ^{Serrano, 2019}).

Como era previsible, con base en la experiencia de las administraciones anteriores, durante los primeros tres años de dicho gobierno no se ha tenido éxito en la disminución de la violencia criminal. De acuerdo con cifras oficiales, el índice delictivo para el año 2021 fue de más de 30 mil casos por cada 100 mil habitantes, es decir, se mantuvo en el mismo nivel que 10 años atrás, mientras que otros delitos como las lesiones y las amenazas aumentaron durante dicho periodo (^{INEGI, 2021}). Asimismo, como se presenta en la Gráfica 1, los homicidios dolosos en el país han mantenido una tendencia al alza desde la implementación de la llamada “guerra contra las drogas” en el 2007 y hasta el año 2022, alcanzando la cifra promedio de 100 asesinatos por día durante el periodo 2018-2020 (^{SESNSP, 2023}).

Fuente: Elaboración propia con información del ^{Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2023)}.

Gráfica 1 Homicidios dolosos cometidos en México por año, 2007-2022 

Es decir, el mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ya sea que se trate del Ejército, la Marina o más recientemente de la Guardia Nacional, no ha representado una disminución de la violencia criminal; no obstante, la legitimidad que tienen en la opinión pública es notoria, ya que la confianza que deposita la ciudadanía en las instituciones castrenses es notablemente alta, si se compara con la confianza en las distintas corporaciones policiacas del país. Como se aprecia en la Gráfica 2, durante la última década la Marina y el Ejército han mantenido entre el 80% y 90% el nivel de confianza ciudadana, y la Guardia Nacional, durante sus tres primeros años de existencia, ha contado la confianza de ocho de cada diez personas que habitan en México (^{INEGI, 2022}).

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (^{INEGI, 2022}).

Gráfica 2 Porcentaje de población mexicana que confía en las instituciones de seguridad 

En contraste, las instituciones civiles encargadas de la seguridad han mantenido durante la misma década un nivel de confianza ciudadana sumamente bajo. En la Gráfica 2 se muestra que la Policía Federal logró mantener la confianza de entre el 50% y el 69% de la ciudadanía durante los últimos diez años; mientras que la Policía Estatal lo hizo dentro del 38% y el 58% de la ciudadanía. Por debajo de dichas corporaciones, la Policía Municipal solo ha logrado inspirar la confianza del 31% y el 52% de la población mexicana durante el periodo 2012-2022 (^{INEGI, 2022}).

Por tanto, a partir del contexto y los datos expuestos, la presente investigación tiene por objetivo conocer por qué la sociedad mexicana tiene un alto nivel de confianza en las instituciones castrenses, en contraste con las corporaciones civiles de seguridad, a pesar del mal desempeño de todas ellas. Con base en la perspectiva teórica de la sociología del control y, específicamente, en el concepto de populismo punitivo, se propone como hipótesis que la eficiencia no es el principal factor que explica la confianza en las instituciones mexicanas que participan en tareas de seguridad pública sino, más bien, la preferencia de las personas por un gobierno que actúe con mano dura para proteger a la nación ante posibles amenazas. Para poner esta hipótesis a prueba, se empleó una metodología de tipo cuantitativa con datos de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) elaborada en el 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional Electoral (INE). Con los resultados obtenidos se espera contribuir a la discusión sobre el vínculo entre la militarización de la seguridad y el proceso de opinión pública en México y en la región.

Seguridad e instituciones vistas desde el populismo punitivo

Los análisis sobre la confianza en las instituciones formales usualmente suponen que el apoyo que estas reciben depende principalmente de su desempeño y la eficacia que tienen para satisfacer las demandas ciudadanas, resolver distintas problemáticas sociales y respetar las reglas del juego democrático (^{Estrada Rodríguez et al., 2022}; ^{Moreno, 2010}; ^{Riffo et al., 2019}). No obstante, dichos estudios encuentran algunas limitaciones para dar cuenta de cómo son percibidas por la ciudadanía las políticas y las instituciones de seguridad, sobre todo en el contexto actual de algunos países de América Latina. Ante esto, la sociología del control y, específicamente, el concepto de populismo punitivo, resultan pertinentes para ofrecer explicaciones alternativas a la relación causal entre eficacia y confianza institucional, particularmente cuando se trata de la seguridad pública.

En contraposición con una mirada convencional, el concepto de populismo punitivo plantea como uno de sus principales supuestos que las estrategias de seguridad implementadas por los gobiernos y la actuación de sus instituciones no están guiadas por la eficiencia para combatir el crimen, sino más bien por motivaciones políticas, como pueden ser el fortalecimiento de la legitimidad de un régimen mediante el apoyo de la ciudadanía o el impulso de una plataforma electoral a través de la obtención de votos (^{Dammert y Salazar, 2009}; ^{Mouzo, 2012}; ^{Sozzo, 2007}). Es decir, a través de un conjunto de acciones gubernamentales se busca influir en la opinión pública, entendida como un proceso que entrelaza a las opiniones individuales y colectivas, y que puede conformarse como una fuerza social e influir en la organización política, al impugnar o conservar una serie de valores compartidos por la sociedad (^{Crespi, 2000}). Por tanto, es común encontrar que, en distintos países del mundo, las autoridades públicas le dan cada vez mayor cabida a la inseguridad dentro de la agenda política, sin que exista una intención real de resolverla (^{Jakobs y Cancio Meliá, 2003}).

Esto se presenta en un contexto de crisis permanente derivado del derrumbe del llamado Estado de bienestar (^{Garland, 2005}), el cual ha provocado también el incremento de la inseguridad subjetiva y objetiva, que facilita la implementación de medidas de mano dura por los gobiernos, mismas que son presentadas ante la ciudadanía como la solución definitiva a la delincuencia y otras problemáticas sociales (Carrión, 2014; Mouzo, 2014; Sozzo, 2014). Usualmente, este tipo de políticas están acompañadas de un discurso belicista dirigido hacia un grupo específico de la población. Es decir, se crea la imagen de un supuesto enemigo público, el cual es necesario erradicar para poder lograr la estabilidad y la paz social (^{Jakobs y Cancio Meliá, 2003}).

Con base en ello, se justifica la expansión del derecho penal a través de la tipificación de nuevos delitos o castigos más severos para los ya existentes, el despliegue de elementos policiales y castrenses, el establecimiento de estados de excepción y, por ende, las violaciones al Estado de derecho y a las garantías individuales. Por ejemplo, se sanciona a ciertos sujetos por ser considerados riesgos potenciales para la sociedad y no por delitos que necesariamente hayan cometido (^{Jakobs y Cancio Meliá, 2003}), lo cual es posible al acusarlos de terroristas, pandilleros o narcotraficantes con el fin de hacerlos ver como altamente peligrosos.

En ese sentido, la retórica oficial hace suponer que está en juego la supervivencia de la comunidad política y la soberanía nacional, y por ello, hace ver como necesario el despliegue de las violencias del Estado, mismas que son toleradas e, incluso, exigidas por la ciudadanía (^{Nava Tovar, 2021}). Por tanto, como asegura David Garland, “las decisiones políticas siempre se definen con el telón de fondo de las moralidades y sensibilidades que suelen establecer límites a lo que el público podrá tolerar o a lo que pondrá en práctica el personal del sistema penal” (^{1999: 250}).

De acuerdo con ^{Arteaga Botello (2002)}, las narrativas y estrategias belicistas del populismo punitivo constituyen una dinámica política que promueve de manera simbólica un acercamiento entre el poder estatal y la ciudadanía con el objetivo de combatir la violencia criminal. Esta ilusión de una coproducción de la seguridad logra fortalecer la unidad moral y el consenso social sobre una problemática compartida; es decir, el Estado y la sociedad se guían por los mismos objetivos, medios y estrategias. Como resultado, cuando llegan a existir fracasos en las acciones gubernamentales en contra de la criminalidad, estos suelen ser justificados como una consecuencia de la falta de coordinación entre ambas partes (^{Arteaga Botello, 2002}). Así pues, se puede afirmar que el proceso de la opinión pública deviene en una fuerza conservadora que permite la cohesión social.

Por otro lado, dentro de esta perspectiva teórica, se resalta que el acontecer del clima punitivista en distintas partes del mundo ha transformado las coordenadas tradicionales de las posiciones políticas; puesto que, tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha, impulsan estrategias de mano dura para atender la inseguridad y la violencia, e involucran a las fuerzas del orden para gestionar diversas problemáticas sociales ajenas a la criminalidad (^{Jakobs y Cancio Meliá, 2003}). Por ejemplo, en distintos países de América Latina, como son México, Perú y Ecuador, ha resultado peculiar la forma en la que los gobiernos y los actores políticos progresistas, que en un primer momento impugnaron la política criminal punitiva impulsada por el espectro político conservador, terminaron por adoptarla y fortalecerla una vez en el poder (^{Lajtman Bereicoa, 2022}; ^{Pontón Cevallos et al., 2020}; ^{Serrano, 2019}). En este tipo de casos, la política criminal no solo enfatiza el combate a los grupos delictivos, sino también los abusos de las altas esferas políticas; es decir, se impulsa el llamado “derecho penal revolucionario”, el cual supone “una reivindicación destinada a que los desfavorecidos sientan que también se hace justicia con ellos contra los poderosos” (^{Bordas Martínez, et al., 2011: 124}).

Por tanto, cuando se construye una narrativa que supone la vulnerabilidad del Estado, de la sociedad en general o de ciertos grupos desfavorecidos de la población, suele impulsarse también la idea de que son las instituciones militares las que deben hacer frente a la amenaza, ya que históricamente se les han asignado a estas y a sus integrantes, dentro del plano simbólico y práctico, ciertos atributos como son la fuerza física, la valentía, el coraje, el servicio y la protección a la patria (^{Via, 2010}). Estas condiciones permiten a las instituciones castrenses adquirir mayor relevancia en la vida pública, así como mayor capacidad para disputarles funciones a las instituciones civiles.

En suma, el concepto de populismo punitivo sugiere que las estrategias de seguridad de los gobiernos no están sostenidas en la pretensión de resolver la criminalidad, sino en el propósito de influir en el proceso de la opinión pública, para que ésta emerja como una fuerza conservadora de valores que permita la tolerancia de la ciudadanía hacia la violencia del Estado.

A partir de lo anterior, en la presente investigación se argumenta que la confianza que depositan las personas en las instituciones encargadas de la seguridad no se desprende únicamente de una evaluación objetiva respecto a su eficacia para disminuir la criminalidad, sino del apego de la ciudadanía a ciertos valores como el nacionalismo y su preferencia por un gobierno que actúe con mano dura para proteger a la comunidad de posibles amenazas. En ese sentido, se espera que exista una importante diferencia entre la confianza que tienen las personas hacia la Policía, como cuerpo civil de seguridad, y hacia las Fuerzas Armadas, las cuales tienen una construcción dentro de la opinión pública asociada a la defensa de la nación.

Metodología y datos

Para poner a prueba la hipótesis propuesta se analizó la información proveniente de la ENCUCI elaborada por el INEGI y el INE, la cual fue levantada en los meses de agosto y septiembre del año 2020, y tuvo como población objetivo a personas de 15 años cumplidos o más que residen de forma permanente en México. Dicha encuesta tuvo un tipo de muestreo probabilístico, estratificado y por conglomerados con un tamaño de muestra de 25,111 viviendas, por lo tanto, permite hacer inferencias sobre la población mexicana en general. Específicamente, se aplicó la prueba de regresión logística binaria tres veces para explicar diferentes variables dependientes dicotómicas con base en la influencia de una misma serie de variables independientes categóricas y numéricas. A continuación, se describen cada una de las variables utilizadas en los modelos estadísticos.

Las variables dependientes utilizadas corresponden a la medición de confianza que tiene la ciudadanía hacia la Policía (la encuesta no especifica la corporación), la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina). Para cumplir con los supuestos de la prueba de regresión logística de tipo binomial se crearon variables dummy, en donde la primera categoría indica si la persona encuestada “sí confía” (1), mientras que la segunda categoría indica si “no confía” (0) en cada una de las instituciones mencionadas.

Las variables independientes utilizadas se pueden clasificar en cuatro tipos de factores diferentes. En el primero, se encuentran aquellas referentes al desempeño de las instituciones gubernamentales en materia de seguridad pública, puesto que, tradicionalmente, se asocia la confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas con el desempeño de las mismas (^{Estrada Rodríguez et al., 2022}; ^{Moreno, 2010}; ^{Riffo et al., 2019}). Con base en ello, se retomó la siguiente pregunta contemplada en la ENCUCI 2020: “¿cuáles son los tres problemas más importantes que el país enfrenta hoy en día?”, la cual permite recoger la percepción de las personas sobre el desempeño gubernamental en materia de seguridad con las respuestas “inseguridad o delincuencia” y sobre la existencia de un Estado de derecho con la respuesta “mala aplicación de la ley”. Dichas variables son dicotómicas, en donde 1 indica que las personas encuestadas consideran aquellas problemáticas como las más relevantes del país y 0 indica que no lo consideran.

Además de la percepción, la ENCUCI 2020 registra la experiencia que tienen las personas respecto a la delincuencia y la corrupción, así como el contacto directo con las instituciones de seguridad, aspectos importantes que permiten conocer el desempeño de estas, y que suelen tener un efecto en la confianza ciudadana (^{Monsiváis, 2020}; ^{Riffo et al., 2019}; ^{Rubli y Vargas, 2010}; ^{Silva y García, 2019}). Por ello, se retomó la pregunta: “¿En su colonia/localidad han tenido problemas de pandillerismo, robos o delincuencia?”, que permite conocer la condición de victimización directa o indirecta de las personas. También se contemplaron las preguntas: “¿hubo alguna ocasión en la que un funcionario o servidor público le haya pedido dar una dádiva, un favor o dinero extra por un asunto o trámite relacionado con sus funciones?”, que permite conocer si las personas fueron víctimas de corrupción por algún funcionario público, y la pregunta: “¿ha tenido contacto con alguno de los siguientes funcionarios o servidores públicos, incluso a través de un intermediario?”, la cual es contemplada para las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Policía respectivamente. Dichas variables son dicotómicas, en donde 1 indica que las personas encuestadas vivieron alguna de las experiencias mencionadas y 0 indica que no la experimentaron.

Por otra parte, en un segundo tipo de factores, se encuentran las variables que permiten conocer el apego que tiene la ciudadanía a la identidad nacional y la preferencia por un gobierno que actúe con mano dura, aspectos relevantes para analizar la confianza en las instituciones desde el enfoque del populismo punitivo, en el cual se destaca que las políticas de seguridad se centran en la supuesta defensa de la nación ante amenazas internas y externas, lo cual permite justificar el despliegue de la violencia del Estado (^{Arteaga Botello, 2002}; ^{Mouzo, 2012}; ^{Muggah y de Boer, 2019}; ^{Sozzo, 2007}). La ENCUCI cuenta con una pregunta que permite conocer el apego a la identidad nacional de las personas: “¿Qué tan orgulloso(a) está usted de ser mexicano(a)?”, la cual fue dicotomizada, en donde 1 indica que la persona “siente orgullo” y 0 indica que “no siente orgullo”. Dicha encuesta también recoge el nivel de aprobación que tienen las personas sobre la idea de que para gobernar un país se necesita tener “un gobierno encabezado por un líder político fuerte” y “un gobierno encabezado por militares”. Ambas variables fueron dicotomizadas, en donde 1 indica que la persona “está de acuerdo” y 0 indica que “no está de acuerdo” con las expresiones mencionadas.

Por otra parte, con la finalidad de evitar el sesgo por omisión de variables, en el tercer tipo de factores considerados en los modelos, se añadieron dos variables de control identificadas por distintos estudios políticos y sociales sobre la confianza en las instituciones. La primera de ellas es el nivel de confianza que tiene la ciudadanía en el presidente de la República, pues la confianza en las instituciones está correlacionada con el sistema político del que son parte y, específicamente, con el jefe del poder ejecutivo, ya que es el representante de este sistema (^{Riffo et al., 2019}; ^{Rubli y Vargas, 2010}). Dicha variable fue recodificada, en donde 1 indica que la persona encuestada “sí confía”, mientras que 0 indica que la persona encuestada “no confía” en el presidente de México. Así también, como variable de control se retomó la pregunta: “¿cuánto confía en la mayoría de las personas que viven en su colonia y localidad?”, capturada en una escala numérica que va del 0 al 10. Dicha variable es de relevancia para el estudio, ya que la confianza interpersonal suele estar correlacionada con la confianza institucional, de acuerdo con la teoría del capital social (^{Dammert, 2014}; ^{Riffo et al., 2019}; ^{Rubli y Vargas, 2010}).

Por último, como el cuarto tipo de factor considerado en los modelos, se retomaron las condiciones sociodemográficas que tienen un impacto en la confianza depositada en las instituciones gubernamentales (^{Gómez Vilchis, 2022}; ^{Riffo et al., 2019}; ^{Rubli y Vargas, 2010}). La información de la ENCUCI incorporada en el análisis fue: la variable “sexo”, codificada como 1 igual a “hombre” y 0 igual a “mujer”; la variable “edad” en número años (de 15 a 97); el “nivel de escolaridad”, capturado en una escala del 0 al 9 (de “ningún grado” a “grado de maestría o doctorado”); así como la condición de “empleo” de las personas, en donde 1 indica que “sí cuentan con trabajo” y 0 indica que “no cuentan con él”. Los estadísticos descriptivos de las variables consideradas en el análisis se presentan en la Tabla 1.

Resultados

En el primer modelo de regresión logística, todas las variables referentes al desempeño de las instituciones gubernamentales en materia de seguridad pública son estadísticamente significativas. En términos de cambios marginales, se puede afirmar que las personas que se sienten inseguras disminuyen en 28% las probabilidades de confiar en la Policía; quienes afirman que no hay un adecuado Estado de derecho disminuyen dichas probabilidades en 26%; quienes han sido víctimas de algún delito lo hacen en 28%, y quienes han tenido una experiencia con la corrupción de algún funcionario público disminuyen la probabilidad de confianza en la Policía en 18%, en comparación con las personas que no han vivido dicha situación. Contrariamente, la variable de contacto con elementos policiacos se presenta con un signo positivo, esto quiere decir que quienes han tenido acercamiento a aquellos incrementan la confianza en dicha institución en 32%, en comparación con quienes no han experimentado contacto alguno.

De igual forma, los factores referentes a la preferencia por un gobierno que actúe de forma punitiva para defender a la nación son estadísticamente significativos con signo positivo. Es decir que, en términos de cambios marginales, las personas que se sienten orgullosas de su nacionalidad incrementan la probabilidad de confiar en la Policía en 29%; quienes prefieren a un líder fuerte para gobernar el país incrementan las probabilidades en 30%, y quienes prefieren contar con un gobierno encabezado por militares lo hacen en 32%, en comparación con las personas que no tienen dichas preferencias.

Por su parte, quienes confían en el presidente de la República tienen una mayor probabilidad de confiar en la Policía en 39% y, por cada aumento de unidad en la confianza interpersonal, las probabilidades de confiar en la institución mencionada aumentan 21%. En cuanto a las variables sociodemográficas, todas son significativas, con excepción de la escolaridad. Particularmente, es posible observar que los hombres disminuyen la posibilidad de confiar en la Policía respecto a las mujeres, y que el aumento en la edad, así como contar con un empleo, disminuyen la posibilidad de confianza en la Policía.

En el segundo modelo logístico, de todas las variables referentes al desempeño institucional, únicamente la experiencia con la corrupción y el contacto con elementos de la Guardia Nacional resultaron significativas. La primera tiene un signo negativo, es decir que, en términos de cambios marginales, las personas que han experimentado actos de corrupción por algún funcionario público disminuyen en 61% la probabilidad de confiar en la Guardia Nacional respecto a las que no han tenido una experiencia similar. Por otro lado, la segunda variable mencionada presenta un signo positivo, lo cual indica que las personas que han experimentado un contacto con los elementos de la Guardia Nacional tienen 73% más de probabilidades de confiar en dicha institución, respecto a las que no lo han tenido.

En cuanto al segundo tipo de factor considerado en el modelo, las variables de nacionalismo, la preferencia por un líder fuerte para gobernar el país y por un gobierno militar resultaron estadísticamente significativas y con signo positivo. En términos de cambios marginales, se puede decir que las personas orgullosas de ser mexicanas incrementan la probabilidad de confiar en la Guardia Nacional en 67%, respecto a las no orgullosas, y quienes prefieren a un líder fuerte o un gobierno de militares lo hacen en 68% y 74% respectivamente, frente a quienes no tienen esas preferencias.

Asimismo, las variables de control son significativas y tienen una relación positiva con la variable dependiente. Específicamente, quienes confían en el presidente de la República aumentan 79% la probabilidad de confiar en la Guardia Nacional, en comparación con quienes no confían en aquel. En cuanto a la confianza interpersonal, el modelo mostró que, por cada aumento de unidad, la probabilidad de confiar en la Guardia Nacional se incrementa en 5%. Por su parte, todas las variables referentes a las características sociodemográficas de las personas son significativas, con excepción de la escolaridad. Particularmente, se aprecia que los hombres aumentan la posibilidad de confiar en la Guardia Nacional respecto a las mujeres; y el aumento en la edad, así como contar con un empleo, disminuyen la posibilidad de confianza en dicha institución.

En el tercer modelo de regresión logística se aprecia que la variable de percepción de inseguridad es significativa; sin embargo, a diferencia del primer modelo, esta tiene un signo positivo. Es decir que, en términos de efectos marginales, las personas que se sienten inseguras en México aumentan la probabilidad de confiar en las Fuerzas Armadas en 70%, en comparación con quienes no se sienten así. Mientras que las personas que han tenido experiencia con la corrupción disminuyen la probabilidad de confianza en las Fuerzas Armadas en 65%, y quienes han tenido contacto con elementos de estas (ya sea del Ejército o de la Marina) incrementan su confianza en 78%; en esta última variable el efecto marginal sobre el incremento de las probabilidades de ocurrencia de la variable dependiente fue notablemente mayor que en los modelos anteriores. En cambio, las variables de Estado de derecho y victimización no resultaron estadísticamente significativas. También es importante destacar que estas tuvieron un signo opuesto al modelo correspondiente a la Policía.

Por su parte, las personas que tienen apego a su identidad nacional incrementan en la probabilidad de confiar en las Fuerzas Armadas en 70%, respecto a quienes no tienen dicho apego; el efecto marginal de esta variable fue mayor que en los modelos anteriores. Por otro lado, quienes tienen preferencia por un líder fuerte para gobernar incrementan las probabilidades de confianza en las Fuerzas Armadas por un 70%, y quienes prefieren un gobierno encabezado por militares aumentan la probabilidad de confiar en esta institución un 76%, en comparación con quienes no tienen dichas preferencias. En ambos casos, el efecto marginal de las variables es superior a los modelos anteriores. Del mismo modo, las variables de control tienen un signo positivo; específicamente, las personas que confían en el presidente de la República aumentan la probabilidad de confiar en el Ejército y en la Marina en 79%, y, por cada incremento de una unidad en la confianza interpersonal, la probabilidad de confiar en dichas instituciones aumenta 6%.

Respecto a las variables sociodemográficas, todas resultaron ser estadísticamente significativas en el tercer modelo. La variable sexo y la variable escolaridad tienen un signo positivo, es decir, se puede afirmar que los hombres confían más en las Fuerzas Armadas en comparación con las mujeres, y que el nivel de estudios incrementa la posibilidad de confiar en dicha institución. Por otra parte, la edad y contar con un empleo tienen una asociación negativa con la variable dependiente, es decir, disminuyen la posibilidad de confiar en el Ejército y en la Marina. Los resultados de los tres modelos mencionados se muestran en la Tabla 2.

Discusión

Los resultados obtenidos en el análisis estadístico inferencial contribuyen a la discusión teórica en torno al apoyo de las instituciones políticas, particularmente de las que se encargan de la seguridad, pues estas muestran diferencias en cómo es afectada la confianza en las instituciones civiles y castrenses mexicanas, respecto a factores como: la evaluación ciudadana sobre su desempeño, los valores como el nacionalismo y la preferencia por medidas autoritarias, así como aspectos sociodemográficos.

En primer lugar, la confianza en la Policía es afectada por factores referentes al desempeño gubernamental en materia de seguridad. Esto coincide con investigaciones previas para el caso latinoamericano, en las cuales se ha demostrado que aspectos como el temor al delito (aunque no coincida con la probabilidad real de convertirse en víctima) y ser víctima del mismo están correlacionados con la desconfianza en las corporaciones policiacas (^{Kessler, 2009}). Así también, la percepción que se tiene sobre el Estado de derecho deja ver que las personas que consideran que no hay una adecuada aplicación de las leyes desconfían de la institución civil encargada de garantizar la seguridad, lo mismo que aquellas personas que han experimentado actos de corrupción.

Además de dichos factores, en la confianza depositada en la Policía también influye el apego a la nacionalidad y a la preferencia por un gobierno que implemente medidas punitivas. De igual forma, inciden la confianza presidencial e interpersonal y la mayoría de las condiciones sociodemográficas consideradas. En pocas palabras, la confianza en la Policía como institución civil encargada de la seguridad es atravesada por un mayor número de aspectos de la vida social, lo cual la pone en una condición de deslegitimación mayor en comparación con otras instituciones. Esto se debe a que, como afirma ^{Sain (2015)}, en la ciudadanía se crea una expectativa poco realista en torno a la capacidad que tienen las corporaciones policiales, pues se cree que estas deben resolver todo tipo de problemáticas sociales. Por ello, cualquier incidente en la vida cotidiana es interpretado como un fracaso de la Policía; por supuesto, esto es más notorio cuando se trata de algo referente a la criminalidad.

No obstante, lo anterior no sucede de la misma forma con las instituciones castrenses. En los resultados obtenidos en los modelos logísticos, tanto para la Guardia Nacional como para las Fuerzas Armadas, se aprecia que ni la percepción de falta de Estado de derecho, ni la experiencia de las personas al ser víctimas de algún delito resultan significativas en la confianza que depositan en dichas instituciones. En cambio, sí lo es la percepción de inseguridad para el caso de las Fuerzas Armadas; sin embargo, tiene una relación opuesta a la que se tuvo con la Policía; es decir, las personas que se sienten inseguras confían más en el Ejército y en la Marina. Este hallazgo parece ser contraintuitivo, pero no lo es desde la perspectiva teórica del populismo punitivo, ya que en ella se argumenta que a mayor inseguridad (subjetiva u objetiva), mayor es el apoyo de la ciudadanía para que el gobierno haga uso de la fuerza. En ese sentido, se ha demostrado en otras investigaciones que la inseguridad no es una variable fundamental que afecte negativamente la percepción sobre las instituciones castrenses (^{Flores-Macías y Zarkin, 2022}) y que la preocupación de las personas por la seguridad y su experiencia con el delito están correlacionadas positivamente con la aprobación de un gobierno que use medidas extrajudiciales para combatir el crimen (^{Muggah y de Boer, 2019}), como puede ser el despliegue de elementos militares o las violaciones a los derechos individuales.

Por otra parte, dos variables tienen el mismo efecto, tanto para las instituciones civiles como para las instituciones castrenses. La primera de ellas es la experiencia con la corrupción; esta ha sido estudiada ampliamente por las ciencias sociales como un fenómeno que disminuye la confianza institucional (^{Riffo et al., 2019}). Para el caso mexicano, ^{Monsiváis (2020)} argumenta que la persistencia de la corrupción puede provocar, no solo la desconfianza en las instituciones y los actores políticos, sino también la disminución del apoyo ciudadano a la democracia como mejor forma de gobierno. A partir de ello, y en concordancia con los aportes del populismo punitivo, se podría esperar que la corrupción no tuviese el mismo efecto sobre la confianza en las instituciones militares que en las civiles, ya que el descontento con la democracia suele estar correlacionado con la aprobación de instituciones y medidas autoritarias (^{Dammert y Salazar, 2009}). Además, en la narrativa oficial del gobierno mexicano actual se ha hecho un esfuerzo para hacer ver a las Fuerzas Armadas como una institución incorruptible. Sin embargo, tanto la Policía, como la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina pierden confianza cuando una persona ha sido víctima de corrupción. Es decir, esta parece ser una de las acciones que más indignan a los ciudadanos mexicanos.

Otra variable que tiene el mismo efecto en la confianza de las instituciones civiles y castrenses es el contacto de la ciudadanía con el personal de las mismas. A pesar de que se ha demostrado que, en México y en otras partes del mundo, la presencia de la Policía y, sobre todo, de elementos del Ejército y de la Marina, no solo no disminuye de manera importante la violencia en una comunidad, sino que incluso puede aumentarla (^{Atuesta, 2018}; ^{Kessler, 2009}; ^{Mummolo, 2018}), los resultados de los modelos muestran que esta cercanía incrementa la confianza en dichas instituciones (^{Flores-Macías y Zarkin, 2022}; ^{Silva y García, 2019}). Esta aparente contradicción también puede ser explicada por la imagen que se ha construido de las instituciones de seguridad en la opinión pública, la cual representa a los elementos armados del Estado como aquellos encargados de defender a la soberanía nacional y a la población de posibles amenazas (^{Jakobs y Cancio Meliá, 2003}; ^{Via, 2010}).

Por otra parte, como se mostró en los modelos estadísticos, el nacionalismo y la preferencia por un gobierno que actúe con mano dura tienen un mayor peso cuando se trata de la confianza hacia la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, que cuando se trata de la Policía. Esto coincide con la argumentación central del populismo punitivo, según la cual, las estrategias de seguridad de los gobiernos no tienen un interés genuino en resolver la inseguridad, sino en influir en el proceso de opinión pública para obtener ciertos beneficios políticos y electorales, mediante la construcción de una narrativa que enfatiza a la criminalidad como correlato de la existencia de un supuesto enemigo de la nación. Con esto se justifica el uso desmedido de la fuerza por parte del Estado a través de la expansión del derecho penal, así como el despliegue y el empoderamiento de los elementos de instituciones castrenses, que son vistas como las protectoras por naturaleza de la nación.

Para el caso de México, existen por lo menos tres elementos que permiten contextualizar la construcción de la imagen de las instituciones castrenses en la opinión pública. En primer lugar, las Fuerzas Armadas en este país están vinculadas a la narrativa histórica del triunfo de la Revolución Mexicana de inicios del siglo XX. “En ese esquema, las Fuerzas Armadas personifican ese triunfo colectivo del pueblo en lucha” (^{Peña González y Gómez Bañuelos, 2013: 33}). En segundo lugar, en la época contemporánea la participación de dicha institución ha sido constante como estrategia primordial para combatir al crimen. Desde la década de los setenta, con la llamada Operación Cóndor, implementada por el gobierno para destruir y asegurar cultivos de drogas en Sinaloa, se les ha encomendado a las Fuerzas Armadas erradicar a los narcotraficantes, figura en la que se ha personificado al enemigo de mayor peligrosidad para la sociedad mexicana. El punto más álgido de la narrativa belicista para acabar con la criminalidad fue la administración del presidente Felipe Calderón, quien declaró una “guerra contra el narcotráfico” y desplegó a miles de efectivos castrenses en todo el país. Dicha estrategia de seguridad continuó durante la administración de Enrique Peña Nieto. Con la llegada al poder del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se diluyó el discurso belicista de las administraciones anteriores; sin embargo, en términos prácticos, esto no impidió la expansión de la política criminal punitiva en el país (^{Serrano, 2019}).

El tercer punto, que permite contextualizar la percepción positiva de la que gozan las instituciones castrenses mexicanas en la opinión pública, es que una de las principales características de la administración federal actual ha sido la construcción de un discurso “nacional-popular” que apela a la subjetividad de los estratos desfavorecidos de la población y marca una línea divisoria con la corrupción de las administraciones políticas anteriores (^{Hernández Cortez et al., 2021}). En ese tenor, el uso de instituciones con gran capacidad de letalidad, como son las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, para prevenir y combatir a la delincuencia, es fácilmente justificado por el gobierno ante la ciudadanía, debido a su capacidad de lograr la unidad moral y el consenso social sobre una problemática común. En este caso, se ha representado a la corrupción como la principal amenaza del país, además de crear la ilusión de una lucha compartida entre las instituciones encargadas de la seguridad y la ciudadanía para velar conjuntamente por el bien de la mayoría (^{Arteaga Botello, 2002}). Muestra de ello, es que el presidente de la República se refiera a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional, no como cuerpos entrenados para librar una guerra, sino como “un ejército de paz” surgido del pueblo, ya que el “soldado es el pueblo uniformado” (^{Blancas, 2019}).

Con base en lo anterior, tampoco es sorprendente que la principal variable de control contemplada en el análisis estadístico tenga la mayor capacidad de influir positivamente en la confianza, tanto en las instituciones civiles como en las instituciones castrenses encargadas de la seguridad en México. Es decir, el apoyo en aquellas está sostenido en gran medida por la confianza que inspira el presidente López Obrador, quien ha tenido un gran acercamiento con las Fuerzas Armadas e impulsó la creación de la Guardia Nacional como una de las principales acciones de su gobierno. Esto coincide con investigaciones previas, puesto que, de acuerdo con ^{Moreno (2022)}, la aprobación presidencial es una variable de gran relevancia, ya que no solo refleja aspectos referentes al desempeño gubernamental, sino también aspectos identitarios como son la orientación partidista e ideológica y que, en este caso, se ajustan al proyecto de nación encabezado por dicho presidente.

Por otra parte, resulta importante destacar que la confianza interpersonal, también considerada como variable de control en la investigación, afecta positivamente a la confianza en las instituciones analizadas. Lo anterior es concordante con las teorías del capital social y con estudios que sostienen que cuando los individuos confían en las personas de su entorno cercano es más fácil la conformación y el fortalecimiento de los lazos, las redes y las organizaciones de apoyo mutuo, lo cual se extiende también al ámbito de las instituciones formales, ya que estas son consideradas como el nexo entre la ciudadanía y las autoridades. Por tanto, la confianza interpersonal crea en las personas la sensación de que las expectativas que tienen en las instituciones serán cumplidas, del mismo modo que con la gente de su comunidad (^{Riffo et al., 2019}; ^{Rubli y Vargas, 2010}). Esto sucede, incluso, con las instituciones de seguridad que, como se ha insistido, suelen tener malos resultados en su desempeño.

Por último, el análisis estadístico ha mostrado que las condiciones sociodemográficas de las personas afectan también de manera diversa a la confianza en las instituciones civiles y en las instrucciones castrenses. Así pues, los hombres desconfían más de la Policía respecto a las mujeres, pero confían más en la Guardia Nacional y en las Fuerzas Armadas. Lo anterior difiere con investigaciones previas, ya que se ha comprobado que las mujeres tienen una visión más favorable al personal militar (^{Flores-Macías y Zarkin, 2022}). No obstante, la desconfianza de las mujeres hacia dichas instituciones y su personal es comprensible debido a la violencia y los distintos agravios cometidos por quienes supuestamente deberían garantizar su seguridad. Así lo han demostrado las denuncias que distintos colectivos feministas han hecho sobre los abusos cometidos por elementos castrenses, ya sea del Ejército, de la Marina o, recientemente, de la Guardia Nacional. Además, también se han documentado presuntos nexos entre las autoridades públicas y algunas organizaciones criminales para violentar impunemente a las mujeres (^{Castañeda Salgado et al., 2013}; ^{Núñez Rebolledo, 2019}).

En cuanto a la escolaridad, se puede destacar que las personas con mayor nivel de estudios desconfían más de la Policía y de la Guardia Nacional, efecto esperado conforme a investigaciones sobre el apoyo al gobierno de López Obrador (^{Gómez Vilchis, 2022}); sin embargo, dichas personas confían más en las Fuerzas Armadas. Es decir, estas gozan de una imagen positiva, incluso en los sectores de la población que son más críticos con el gobierno. Por otra parte, características individuales, como la edad y el contar con un empleo, afectan de manera negativa a la confianza hacia las tres instituciones. La primera característica se contrapone a investigaciones que aseguran que dentro del sector poblacional que apoya al gobierno actual se encuentran las personas de la tercera edad, lo cual no aplica necesariamente cuando se trata de las instituciones de seguridad, posiblemente debido a que la experiencia y el contexto de las personas a lo largo de su vida pueden generar un descontento hacia las instituciones (^{Dammert, 2014}). La segunda característica mencionada coincide con otras investigaciones donde se destaca que las personas desempleadas confían más en el gobierno actual, ya que dicho grupo puede ser más propenso a recibir la ayuda de distintos programas sociales (^{Gómez Vilchis, 2022}). En pocas palabras, se puede afirmar que los aspectos sociodemográficos que influyen en la confianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad no necesariamente siguen los mismos patrones de la confianza hacia el gobierno en general, y lo mismo podría decirse con respecto a la relación que tienen entre las instituciones civiles y castrenses.

Conclusión

Los resultados obtenidos permiten sostener la hipótesis de que la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones mexicanas de seguridad no se desprende, primordialmente, de una evaluación respecto a su eficacia para disminuir la inseguridad, sino del apego a ciertos valores como el nacionalismo y la preferencia por un gobierno que actúe con mano dura para proteger a la comunidad de posibles amenazas. No obstante, esta relación no se expresa de la misma forma para todas las instituciones analizadas. Como se mostró, la confianza en la Policía, como institución civil, sí es afectada de manera relevante por el desempeño institucional en materia de seguridad, así como por la tolerancia a que el gobierno se conduzca de forma autoritaria. En cambio, este último aspecto, así como el apoyo al presidente de la República, son los principales factores en los que se sostiene la confianza hacia las instituciones castrenses, ya sea el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional.

Lo anterior sugiere la conformación de un círculo vicioso en la política de seguridad de México, como lo han documentado investigaciones sobre otros países de América Latina. Es decir, el uso de las Fuerzas Armadas no genera buenos resultados para contener la violencia criminal e incluso la empeora; sin embargo, esto no afecta la confianza que la ciudadanía tiene hacia aquellas. Por ende, los gobiernos continúan fomentando su participación, no solo en la cuestión criminal, sino también para gestionar otros problemas de la vida pública, lo cual, a largo plazo, les permite a las instituciones militares empoderarse, así como disputar legitimidad y funciones a las instituciones civiles. Esto constata también que el llamado populismo punitivo logra incidir en el proceso de opinión pública, constituyéndola como una fuerza social y política sostenida en valores que permiten la tolerancia de la ciudadanía hacia algunas expresiones violentas y autoritarias del Estado.

A partir de tal aseveración no debe suponerse que existe un consenso en la ciudadanía a favor del punitivismo, sino que, en determinados contextos, se crean condiciones que facilitan la conformación de actitudes que lo apoyan, mientras que en otros momentos surgen denuncias y resistencia por parte de diferentes sectores de la sociedad. Por ello, es importante que nuevas investigaciones profundicen en la complejidad de este proceso mediante la aplicación de métodos cualitativos o mixtos que permitan superar las limitaciones propias del análisis cuantitativo, como el que se ha empleado en la presente investigación. Aun así, los hallazgos presentados contribuyen a la discusión sobre los procesos de militarización de la seguridad y el endurecimiento de los sistemas penales en distintos países de la región.