El título del presente artículo ha sido elegido de una manera arbitraria buscando parafrasear al gran teórico del arte de la guerra, llamado Carl Von Clausewitz, quien en su obra afirmaba que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”.

El objetivo es llamar la atención respecto de lo que puede ocurrir en Colombia a partir del anuncio del avance de proceso de paz cuya finalidad es cerrar 50 años de enfrentamientos del denominado “conflicto armado colombiano”, por el cual el Estado colombiano debió enfrentar a los grupos insurgentes -siendo las FARC las más conocidas- con todos sus medios para poder neutralizarlos.

Nada más lejos de la realidad, el conflicto ha ido mutando en un fenómeno más complejo, en el que además debió sumar un nuevo actor, el narcotráfico, el que en una terrible combinación dieran origen a un flagelo más perverso, el narcoterrorismo.

No hace falta decir lo que medios periodísticos y académicos vienen diciendo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se han transformado en uno de los carteles de droga más importante de la región, expandiendo su negocio y prédica revolucionaria por todos los países que, de una u otra manera, fueron adhiriendo al denominado Socialismo Siglo XXI.

Las muestras más fehacientes de cómo las FARC se están expandiendo en toda la región con prédicas exacerbadas de un antinorteamericanismo y un fanático integracionismo de tinte bolivariano son, entre otras, sus relaciones con el partido de Lula Da Silva, sus lazos con el Partido Comunista chileno, sus incursiones en territorio argentino, su participación en el secuestro y asesinato de la hija de un ex presidente paraguayo, sus negocios con el zar peruano Vladimiro Montesinos y la protección de Hugo Chávez.

Desde mediados de los años ´80, las FARC pusieron en marcha un plan de internacionalización de actividades que incluyó la apertura de oficinas en el exterior y el envío de emisarios internacionales. Las FARC destinan al año unos 240,000 dólares para actividades internacionales y sumas mucho menos modestas para apoyar candidaturas afines a sus intereses, como la supuesta oferta de 5 millones de dólares que destinaron al apoyo de la candidatura de Lula da Silva en el 2002, de acuerdo con un estudio del Ministerio de Hacienda de Colombia

El entonces jefe del servicio secreto colombiano (DAS), Jorge Noguera, señaló, oportunamente, que se había detectado la presencia de altos dirigentes de las FARC en algunos sindicatos de Argentina, Chile y Centroamérica. Las declaraciones de Noguera se produjeron en Cartagena, donde se realizaba un encuentro latinoamericano sobre seguridad que convocaba a las principales autoridades policiales de la región.

“Las FARC no son solo una amenaza militar, sino también una amenaza criminal y política, ya que están aprovechando los resentimientos de exclusión y de una supuesta reivindicación de derechos, lo que está generando problemas en otros países”, dijo el funcionario. Noguera reveló que informes de inteligencia dan cuenta de la presencia de integrantes de las FARC en Chile y Argentina, donde habían infiltrado en organizaciones sindicales -en Chile en la marxista Central Unitaria de Trabajadores (CUT).”Liderando sentimientos de exclusión y de supuesta reivindicación de derechos, ellos están tratando de liderar esos sentimientos en otros países para generar problemas allí”, insistió el director del DAS.

Asimismo, indicó que los rebeldes representan una “amenaza terrorista” para la comunidad internacional, por lo que hizo un llamado a los países vecinos para crear un frente común entre las autoridades.

¿Cuál es entonces el llamado de atención a los lectores del presente trabajo?

La idea es no crear falsas expectativas con respecto a la desaparición del conflicto, sino por el contrario se irá transformando en otro tipo de conflicto, en el que probablemente no exista más utilización de las armas de fuego, pero la búsqueda de doblegar la voluntad del oponente estará siempre presente en la mente de quienes, durante 50 años, tuvieron en jaque al Estado colombiano.

Los integrantes de las FARC, probablemente, busquen sumarse a la vida política de Colombia, casi con seguridad aspirarán a conformar cuadros políticos aprovechando las ventajas del sistema democrático, y deseen ocupar los cargos que les allane el camino de la actividad política y lo que es más seguro, se aprovechen de la justicia para poder continuar su lucha contra el estado colombiano a través de la investigación y posterior juzgamiento de todos aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia que se vieron involucrados en un conflicto armado interno sin haberlo buscado.

Ya hay antecedentes de lo descrito precedentemente con la investigación de los denominados “falsos positivos”, teniendo como caso emblemático la prisión de quienes recuperaron el Palacio de Justicia en manos del M19 el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Los fundamentos en los cuales me baso para poder afirmar lo expresado hasta acá es lo ocurrido en la República Argentina con los integrantes de las Fuerzas Armadas que tras enfrentar 20 años de insurgencia, están siendo juzgados sin las garantías del debido proceso.

Quiero dejar claro que de ningún modo se busca defender lo indefendible, como fueron los gobiernos militares, y mucho menos el denominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). También es importante señalar que los excesos perpetrados por algunos de los integrantes de las fuerzas armadas, deberían haber sido sometidos a la justicia militar al haberse conocido los hechos que se les imputaban, pero muchas razones, entre las que podemos mencionar un falso espíritu de cuerpo, hicieron que no “se separara la paja del trigo” y se extendiera un estado de sospecha hacia todos los integrantes de las estructuras militares, más allá de los grados, jerarquías o responsabilidades políticas de la conducción.

Para ir cerrando este aporte, haré un breve desarrollo de los actos viciados de nulidad que se aplicaron en el juzgamiento de los militares, llevando el caso a denominarse ‘arbitrariedad’ respecto de las garantías en la búsqueda más de revancha que de justicia.

Lo que, al mismo tiempo pretende este artículo es advertir a las autoridades del gobierno de México y a los integrantes de sus Fuerzas Armadas, de lo que podría llegar a ocurrir en un futuro si se efectúa una investigación sobre lo actuado en la lucha contra el narcotráfico.

Hay que tener en cuenta que en los conflictos no tradicionales, cuando los que se enfrentan no son las fuerzas armadas de los países involucrados en una guerra amparados por el Derecho Internacional de Guerra, es muy difícil que el militar pueda utilizar la violencia en forma gradual y proporcionar como lo haría una fuerza de seguridad o policial, ya que ha sido formado, instruido y equipado para ejercer el máximo de la violencia que un estado pueda aplicar sobre otro ante un drama social como es la guerra misma, dejándolo muy vulnerable a posteriores investigaciones de lo actuado.

¿Cuáles han sido los hechos ocurridos en Argentina que se llevaron a cabo en lo que podríamos decir fueron escenarios similares como en Colombia y México? A los militares argentinos se los acusa de hecho que, al momento de ser cometidos, no constituían un delito y no estaban ni están tipificados en el Código Penal Argentino.

Se han violado una serie de normas jurídicas, tratados y otros instrumentos legales a efectos de poder llevarlos a las cárceles. Parte de esos instrumentos vulnerados son la Constitución de la Nación Argentina, el Tratado de Roma, el Pacto de San José de Costa Rica, el Código de Justicia Militar y el Código Penal Argentino.

En la actualidad, están ilegalmente privados de su libertad bajo la figura de prisión preventiva, la que ha superado el plazo máximo previsto en esa condición establecidos en la legislación vigente Nacional e Internacional.

Los juicios llevados a cabo para los militares no se ajustan a lo establecido en el Código Procesal Penal de la Nación, por violar el principio de igualdad de armas entre la defensa y la fiscalía, siendo ese principio un elemento esencial de la garantía del derecho de defensa. Cada parte del proceso penal debe poder presentar su caso bajo garantías judiciales que permitan equilibrar los medios y posibilidades de actuación procesal, de manera tal que no se genere una posición desventajosa de alguna de las partes frente a la otra, como en la realidad se presenta entre el ente acusador y el acusado en estos juicios, siempre favoreciendo la parte acusatoria.

Asimismo, se viola la garantía del debido proceso al incorporar testimonios por lectura (sin el testigo presente) e incluso, se los da por incorporados en bloque; lo que resulta en imposibilidad de defensa para el acusado, sumado al hecho de no poder preguntar al testigo porque no está presente. A modo de ejemplo, en un juicio normal la declaración de un muerto no es admisible, en estos juicios sin embargo es aceptada como verdad revelada.

El solo testimonio de un testigo es prueba suficiente para condenar a un acusado, convirtiendo los juicios en verdaderos “tribunales populares”. Basta con que una persona acuse para que se condene al militar imputado. Es prueba suficiente para la condena del imputado el testimonio presentado por la parte acusatoria como víctima o en su defecto el solo testimonio de familiares o amigos de aquella, situación que en otros juicios es considerado como incluido dentro de la denominada “Generales de la Ley” y por ende un hecho limitativo del mencionado testimonio.

Las modificaciones que realizan los tribunales respecto de un juicio normal van en contra de los acusados, buscando en todo momento poder afectarlos y corroborar, en consecuencia, la expresión circulante en los corrillos tribunalicios “en Argentina hay tres clases de derechos: el que se aplica a la gente común, el de los políticos y el de los militares.

Para concluir, considero que se ha intentado señalar como los integrantes de los grupos insurgentes integrados a la vida política argentina han buscado continuar la guerra utilizando la justicia a efectos de lograr doblegar la voluntad de los integrantes de las Fuerza Armadas, accionar del que no están exentos otros escenarios como Colombia o México.