I. Introducción

La sociedad venezolana epocal es un reflejo de lo que no debe ser: ausencia de eticidad y moral; costumbrismo, aletargamiento y falta de apropiación de las herramientas legales, políticas y sociales para la solución de sus problemas; insensibilidad humana y desprecio por el otro; suficientes aristas para lograr una descomposición inimaginable a principios de siglo. Dentro de esta centrífuga de elementos, subyace la realidad de un grupo social vulnerable, los olvidados de siempre, marginados de ayer, invisibilizados hoy: las personas privadas de libertad. Ahí nuestra ocupación. Se trata de los colectivos que vive en contextos prisionales, con caracteres y valores comunes, así como metas, sueños, aspiraciones y objetivos.

Como se ha dicho, las personas privadas de libertad son individuos, sujetos de derecho, que transgredieron las leyes penales y en consecuencia, están sometidos a cumplir una condena, en un espacio aislado denominado cárcel, establecimiento penitenciario u organización penitenciaria¹. La persona privada de libertad sufre un cambio de hábitat, del mundo social en libertad a una frontera a la que es limitada su libertad de movimiento, donde poco puede decidir por sí mismo, mientras cumple su condena, sometido a las normas del régimen penitenciario². Ensimilar sentido, la privación de libertad es una transición que padece la persona, en la búsqueda nuevamente de su libertad, que comporta un proceso de transformación, conjugado con el ejercicio de sus derechos como persona y el cumplimiento de actividades guiadas, en el marco del nuevo paradigma de los derechos humanos³.

Dicho de esta manera, las personas privadas de libertad son acreedoras de derechos, pero también tienen obligaciones y deberes que cumplir, para transitar hacia la integración social. Por lo tanto, la “rehabilitación” o “reeducación”, más que volver a habilitar o desestructurar lo aprendido y estructurar nuevos saberes, es la construcción de vivencias, prácticas y empoderamiento de valores a través del trabajo, la educación, el deporte, la recreación, la cultura y la instrucción disciplinaria para la emancipación; configurando principios nucleares que validan el paso a la reinserción social.

Por consiguiente, las organizaciones penitenciarias son entes para la transformación individual y social de las personas privadas de libertad, proyectadas a la resocialización. Más allá de las fronteras y barrotes, representan un cúmulo de aspiraciones, metas, sueños y esperanzas de sus miembros. Dicho a través de otro ejemplo, al amparo del paradigma de los derechos humanos⁴, se desmitifica la concepción de la cárcel como un espacio físico, depósito o almacén humano.

De este modo, el penitenciarismo constitucional moderno es una nueva forma de ver y pensar la cárcel⁵, no como el instituto total⁶ de otrora, sino como una armonización de elementos materiales y espirituales, en las que sus actores protagonizan el proceso transformacional, redimiendo sus penas, como hombres nuevos. Esta investigación tiene como propósito general analizar el sistema penitenciario venezolano a la luz del texto constitucional venezolano desde la perspectiva de los derechos humanos, para lo cual se plantea los siguientes propósitos específicos: 1) develar los antecedentes y fundamentos del penitenciarismo constitucional venezolano; 2) describir la realidad penitenciaria actual; 3) interpretar el sistema penitenciario desde la esfera de los derechos humanos.

II. Metodología

Este artículo se desarrolló en el paradigma interpretativo (^{Leal, 2017}: 127), que busca interpretar y comprender al individuo para fijar su propio sentido. La naturaleza del estudio es documental, de tipo monográfico. Como consecuencia de ello, se realizó una recolección de datos en forma sistemática, ordenada, secuencial, acudiendo a fuentes fidedignas sobre el penitenciarismo constitucional venezolano, sus antecedentes, fundamentos y realidad actual, a través de la observación documental, la lectura evaluativa, las técnicas del resumen, del subrayado y de asociación, formando un repositorio, acentuando en los aspectos críticos para extraer las aproximaciones teóricas que consoliden el tejido neurálgico de la investigación, a través de la matriz de análisis del contenido categorizado (^{Bardin, 2002}: 32), complementado a través del método analítico, lógico y crítico. La investigación es simétrica con el paradigma de los derechos humanos como superación del paradigma etiológico o de la rehabilitación, a pesar que el texto constitucional venezolano ubicó el término “rehabilitación” en la norma matriz (artículo 272) ⁷.

III. Antecedentes del Sistema Penitenciario en Venezuela

La atrocidad y crueldad en contra de las personas privadas de libertad ha sido un signo característico del sistema penitenciario venezolano desde sus orígenes, a pesar de que en el devenir de la historia las leyes regulatorias de la materia se inclinen hacia el impulso de actividades que desvanezcan el ocio, los tratos crueles o humillantes, las violaciones y muertes. Es así que, en la época colonial, se aplicaron sanciones aflictivas distando abismalmente a cualquier alternativa educativa para los prisioneros. La sanción corporal ascendía a diez años como pena máxima y también se aplicó la pena de muerte, los azotes, las torturas y la mutilación (^{Gómez Grillo, 2000}: 173).

La primera Ley de Régimen Penitenciario se aprueba en Venezuela en 1915 y posteriormente se decretan otros instrumentos legales semejantes en 1916, 1926, 1937 y 1961, reformada en 1981 (^{Gómez Grillo, 2000}). Al final de la dictadura Gomecista, en 1936, empieza una nueva era para nuestro país y también para el Penitenciarismo, enmarcado en la contemporaneidad y los idearios de Tulio Chiossone, patentados en la obra “Organización Penitenciaria Venezolana” (1936), a quien se le considera por sus aportes fecundos como Padre del Penitenciarismo en Venezuela. La ^{Ley de Régimen Penitenciario de 1961} se redactó inspirada en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, destacando entre sus logros “el sistema progresivo -concesión de beneficios al recluso de acuerdo a su conducta-” (^{Gómez Grillo, 2000: 176}). Empero, el auge delictivo nacional incrementó el número de la población penal, desbordando los centros penitenciarios de la época, aunado al retraso procesal de los Tribunales Penales, hecho aún vigente, lo que convirtió a las cárceles venezolanas y con ello, a su sistema, en depósitos de hombres.

Posterior a ello, en 1981 al reformar la Ley del Régimen Penitenciario, se le adecua a los mandamientos de la moderna penología (^{Morais, 1992}: 104), alcanzando logros significativos, como bien describe ^{Gómez Grillo (2000}: 178):

Además, en el aspecto penológico general, fue el gobierno que hizo realidad el logro progresista quizás más importante de toda nuestra historia sancionatoria, como lo es la puesta en vigencia de la Ley de Sometimiento a Juicio y Suspensión Condicional de la Pena, sancionada el 1º de abril de 1980, con la que Venezuela se coloca a la vanguardia de la modernidad legislativa penal del mundo hispanoparlante, ya que se trata del establecimiento del régimen probatorio. Se aprobó, además, la Ley de Registro de Antecedentes Penales, dirigida hacia una finalidad loable de buena política criminal. Se pusieron en funcionamiento las primeras cárceles abiertas o Centros de Tratamiento Comunitario que conoció el país y se reformó la^{Ley de Régimen Penitenciario}, con algunas mejoras en cuanto a la regulación de determinados beneficios. Ese gobierno instituyó, además, los muy exitosos Festivales de Teatro Penitenciario y aprobó la Ley Tutelar del Menor.

En 1990 es creado mediante Decreto Presidencial Nº 1.313 el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios (IUNEP), el cual se inauguró el 3 de febrero de 1992 (^{Gómez Grillo, 2009}: 48), con la finalidad de profesionalizar al personal penitenciario mediante la formación de Técnicos Superiores Universitarios en Penitenciarismo, con especialidad en cuatro menciones; a saber: Administración Penitenciaria, Educación Penitenciaria, Gerencia Penitenciaria y Seguridad Penitenciaria.

En esta orbita, una profundización penitenciaria centrada en el paradigma de los derechos humanos inicia en 1999, con la entrada en vigencia del ^{Código Orgánico Procesal Penal}, que enarbola los principios de la presunción de inocencia (artículo 8), afirmación de la libertad (artículo 9) y respeto a la dignidad humana (artículo 10) así como la obligación de los jueces de ejecución de visitar los establecimientos penitenciarios (artículo 471)⁸.

En el año 2000, se dicta una nueva la Ley del Régimen Penitenciario que, según ^{Áñez (2015}: 23) “ratifica en su artículo 2, el mandato constitucional que afirma como objetivo fundamental de la pena, la reinserción social del penado, en estricto respeto a todos los derechos inherentes a la persona humana”. Luego, en el año 2011 se crea el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (conforme a la ^{Gaceta Oficial Nº 39.721, con fecha 26 de julio de 2011, vía decreto N° 8.266}). Posteriormente, en el año 2013, es aprobado el ^{Código Orgánico Penitenciario, publicado en Gaceta Oficial en 2015}, como norma regulatoria y compilatoria de toda la materia penitenciaria, vigente, hasta el momento.

IV. El Penitenciarismo en la Constitución de 1999

La Constitución (primera en entrar al tema penitenciario)⁹ concibió un modelo humanista y social posible, no utópico, entendiendo los fines sociales de la pena y la igualdad de derechos de las personas privadas¹⁰. Desde la aprobación del texto constitucional, Venezuela como Estado Social de Derecho y de Justicia¹¹, asume un carácter humanista del sistema penitenciario, como se observa en el artículo 272 que consagra:

El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, deberá preferirse en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia postpenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico.

Derivado de esta norma rectora, ^{Gómez Grillo (2001}: 99) visiona siete principios esenciales ¹² para la acción en el campo penitenciario. Dichos pilares serán descritos aquí en nueve aspectos teóricos: primero) “Institucionalización de las Personas sometidas al Sistema Penitenciario”, que se sustenta en dos bastiones: a) la rehabilitación del interno o interna y b) el respeto a sus derechos humanos, en búsqueda de la reinserción social, que depende de las siguientes condiciones previas (intra-muros):

De igual forma, el respeto a los derechos humanos consiste en la posibilidad de las personas privadas de libertad de exigir condiciones mínimas para su proceso de transición, adecuando el servicio penitenciario a las normas internacionales, constitucionales y legales centradas en la dignidad del hombre, tal como prescribe la Regla 1 de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos o Reglas Mandela (2015) que contiene: “Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos”. Sobre esta base, ^{Román (2020a}: 66) ¹³ ha expresado que:

El Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, las autoridades penitenciarias locales, funcionarios de custodia, familiares, amigos, consejos comunales, deben promover el respeto de los derechos humanos. De hecho, son pocos los compromisos de la sociedad con las personas privadas de libertad; regularmente son etiquetados al salir de la cárcel, se le cercenan oportunidades laborales y de estudio. Para evitar esto, hay que empoderar a todas los privados de libertad de estrategias comunicacionales sobre sus derechos y obligaciones.

El segundo sustento secuencial es “La Organización Penitenciaria como Entidad Funcional”, ceñido a la norma que define: “…los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación”, por lo tanto, la cárcel ya no es un conglomerado humano sin normas, sino un ente promotor del desarrollo de las personas a través de las actividades redentoras.

Luego, el tercer sustento es “Gerencia y Asistencia Penitenciaria Profesional - Multidisciplinar”, que responde al principio de la profesionalización (Gomez Grillo, ob. cit.) el cual compele a la dirección de las organizaciones en manos de “(…) penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias”; despolitizando el manejo de los centros de reclusión y fomentando la labor de verdaderos penitenciaristas¹⁴.

El cuarto aspecto es la “Forma de Organización Administrativa Penitenciaria”, bajo la galera de los principios de la descentralización y privatización, por lo que las competencias del servicio penitenciario deben ser transferidas a los estados y municipios. Un quinto sustento teórico-normativo se extrapola como “Modalidades de Funcionamiento de las Organizaciones Penitenciarias”, bajo la preferencia del “(…) régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias”.

El sexto engranaje corresponde con “El Uso de la Privación de Libertad en casos estrictamente necesarios”, lo que concuerda con el principio universal de la presunción de inocencia. Correlacionado a ello, el séptimo eslabón es la “Asistencia Postpenitenciaria” para garantizar la resocialización, lo que implica:

Como otro aspecto teórico podemos destacar la creación de las UTSO Unidades Técnicas de Supervisión y Orientación¹⁷, como ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico, el cual tendrá como misión el seguimiento y acompañamiento de los sujetos penitenciarios. Respecto al funcionamiento de este ente, ^{Payares y Boueri (2011}) han asegurado que:

(…) las dificultades en el funcionamiento actual de la institución están más asociadas a la poca claridad en los objetivos que se persiguen y en los medios para lograrlo, que en los problemas técnico-operativos señalados por el personal durante las entrevistas.

Un noveno aspecto a considerar es: “La Interrelación Cárcel-Comunidad- Cárcel”, rompiendo las fronteras entre la prisión y la sociedad, como prevé el artículo 184 ordinal séptimo de la Constitución que contempla:

La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo: 7. La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población.

La participación de las comunidades en las cárceles es una gestión avanzada en el penitenciarismo mundial. Al respecto, ^{Gómez Grillo (2000}, p. 188) enuncia que:

Esto quiere decir que la población libre entrará a las cárceles para participar con la población reclusa en actividades comunitarias -folklóricas, culturales, pedagógicas, artísticas, deportivas, laborales-, y la población reclusa saldrá a la calle para unirse a la población libre participando en manifestaciones de su vida colectiva. Esto es lo que se está haciendo desde hace mucho tiempo, en los países de mejor penitenciarismo del mundo: la desaparición de las fronteras entre la cárcel y la comunidad. La cárcel incorporada a la comunidad y la comunidad incorporada a la cárcel.

A continuación, se presenta el Mapa Conceptual Número. 1“Sustentos Teóricos del Penitenciarismo Constitucional Venezolano”.¹⁸

Fuente: Elaboración Propia

Mapa Conceptual Número. 1 “Sustentos Teóricos del Penitenciarismo Constitucional Venezolano” 

V. Realidad Carcelaria Actual

El Estado Venezolano se encuentra en mora en la prestación de un servicio penitenciario eficiente, eficaz y efectivo, vulnerando los postulados constitucionales vigentes. En refuerzo de ello, ^{Morais (2009}: 2) enuncia que:

No cabe duda de que el marco jurídico venezolano, pese a algunas deficiencias, incoherencias e inconsistencias, tanto en la norma constitucional como en las legales, es suficiente para propiciar la garantía de los derechos humanos de los reclusos. Pero una cosa es el reconocimiento formal de unos postulados garantizadores de derechos humanos y otra muy distinta es la verificación efectiva de los mismos en el interior de las instituciones penales. La historia y la realidad de las prisiones ponen de manifiesto que es precisamente allí donde se vulneran todos y cada uno de los derechos de los reclusos.

En una mirada a las realidades de las prisiones venezolanas, en primer orden, “la rehabilitación del interno o interna”, no es medible ni verificable en Venezuela, ya que no se efectúan estudios que validen el proceso “rehabilitador”. El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario ha centrado sus esfuerzos en deshacinar, lo cual no ha sido logrado, ante la desbordante criminalidad y la inoperatividad de los tribunales de justicia, caracterizado por excesivos volúmenes de causas y retardo procesal injustificado.

En segunda instancia, en el espectro de los derechos humanos, los comentarios huelgan por sí solos, configurando una violación sistemática durante los últimos 50 años (^{Morais, ob. cit.: 2}). Las múltiples vulneraciones a los derechos fundamentales han sido denunciadas por las diferentes organizaciones no gubernamentales, como el Programa Venezolano de Educación-Acción¹⁹ y el Observatorio Venezolano de Prisiones²⁰, frente a los incomensurables esfuerzos del Ministerio por mantener la paz en las organizaciones penitenciarias. Entre las transgresiones a los derechos humanos destacan: a) hacinamiento²¹; b) densidad poblacional crítica²²; c) ausencia de clasificación de las personas privadas de libertad²³; d) poquedad de funcionarios de seguridad y custodia para garantizar la tranquilidad de los centros de reclusión²⁴; e) infraestructura deplorable²⁵; f) ofertas laborales escasas sin contribución a la acervo económico del trabajador;

g) ofertas educativas exiguas; h) ausencia de condiciones para mantener una vida sexual digna; i) falta de material deportivo para la realización de actividades de esta índole; j) tratos crueles, inhumanos y degradantes en las instituciones penitenciarias²⁶; k) escasez hídrica; l) falta de alimentación balanceada; m) maltrato por parte de las autoridades penitenciarias tanto a los privados de libertad como a los visitantes; n) coexistencia de centros penitenciarios bajo el liderazgo de reclusos denominados PRANES, lo que se traduce como una forma de violencia ejercida por los internos entre sí mismos²⁷; o) aislamiento de personas privadas de libertad como formas de reflexión y castigo; p) inaccesibilidad de las comunidades para la interrelación con las personas privadas de libertad en vulneración de lo preceptuado en el texto constitucional; q) ausencia de equipos multidisciplinarios para el tratamiento de los internos; r) falta de personal médico, enfermeros, y recursos de salud; s) existencia de presos por razones políticas y mezclados con la población común, entre otros muchos aspectos²⁸.

A continuación, se presentan tres gráficos en los que se muestra el hacinamiento de la población penal total en Venezuela, por condición de procesados o penados y por sexo.(Gráfico 1, 2, 3)

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico Nro 1 “Hacinamiento en ^{Venezuela para el 2015}” 

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico Nro 2 “Discriminación de la población por condición” 

Gráfico Nro 3 “Discriminación de la población por sexo” 

Como agregado, hay que desnudar la labor de los Jueces de Ejecución, quienes tienen encomendado vigilar el cumplimiento de las penas, además de inspeccionar los establecimientos de reclusión, de acuerdo al artículo 471 del ^{Código Orgánico Procesal Penal}, lo cual no se materializa en la práctica, al igual que la exigua participación de los Fiscales del Ministerio Público en fase de ejecución de sentencias, en resguardo de los derechos humanos de las cárceles según los artículos 16 y 39 de la ^{Ley Orgánica del Ministerio Público 29}.

Fuente: https://www.el-carabobeno.com/wp-content/uploads/2016/11/tocuyito-768x510.jpg

Ilustración Nro 1 “Imagen del Internado Judicial de Tocuyito, Valencia, estado Carabobo” 

En tercer escalón, las actividades diarias redentoras de las penas no se cumplen a cabalidad, dado el alto número de privados de libertad que hace imposible su manejo en los recintos, optando los directores por mayor encierro y menos trabajo o estudio. Agregado a ello, las opciones laborales en las prisiones venezolanas no generan un aporte económico real para el trabajador, lo que no contribuye a la inserción social, a pesar del regimiento del Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario, una institución que no ha logrado emplear ni en sus mejores momentos a más del 13% de los privados de libertad.

En el contorno educativo, el mayor problema que existe actualmente está directamente ligado a los actores: por un lado, la deserción de los profesores y facilitadores por los sueldos vigentes, y por el otro lado, la escasa matriculación de los privados de libertad. En esta visión, ^{Román (2020b}: 133) estipula como límites para la inserción educativa en contextos de encierro los siguientes aspectos:

… la convivencia forzada, fractura familiar, restricciones afectivas, carencia alimentaria, deficiencia de los servicios médicos y odontológicos, inaccesibilidad a servicios de internet, escasez de libros en la biblioteca, la incertidumbre diaria y prisionización, riñas, motines, las pautas de la subcultura delincuente, agresividad, violencia interna y baja autoestima.

Por otra parte, las personas privadas de libertad se esfuerzan por tomar las medidas de higiene que les permitan salir en libertad sanos, frente al cúmulo de enfermedades que se han acrecentado en los últimos años en las organizaciones penitenciarias, especialmente, la tuberculosis. Ahora bien, una deuda grande del Estado Venezolano es “la no descentralización” de las prisiones, lo cual sería una salida a tantos problemas que aquejan las prisiones. Por un extremo, para que los estados y municipios asuman responsabilidades naturales, además que, habiendo 24 gobernaciones y 333 alcaldías, difícilmente todas puedan hacerlo mal.

VI. Conclusiones

Acobijados en el paradigma constitucional de los Derechos Humanos y en los valores del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia apostamos por la humanización de las organizaciones penitenciarias y el resguardo de los derechos de las personas privadas de libertad, con ánimo de procrear una íntegra conciencia social y subsecuente reinserción.

Desde el bucle educativo, frente a la “Universidad del Crimen”, como se ha marginado a las cárceles por su realidad; también existe la “Universidad de la Estigmatización”, conformada por los integrantes de la sociedad que ejercen la violencia simbólica y la educan, de generación en generación, con eufemismos cada vez más elaborados, para segregar e invisibilizar a sus pares.

Por supuesto, que todo ello deviene de la ineludible obligación de toda persona post penitenciaria de no reincidir y vivir bajo las máximas del respeto como columna vertebral de las relaciones interpersonales. Por ello, los sistemas penitenciarios de avanzada creen y apuestan por las segundas oportunidades, y nosotros debemos comenzar a navegar esas aguas, para garantizar el Sistema Nacional de Protección de los Derechos Humanos que enarbola la Constitución. En definitiva:

PRIMERO: el servicio penitenciario venezolano ha estado signado a lo largo de su historia por los mismos problemas: edificaciones ruinosas, hacinamiento, carencia de recursos, ocio, drogas, violencia institucional e intracarcelaria, carencia de oportunidades laborales, en fin, vulneración a los derechos fundamentales.

SEGUNDO: los instrumentos internacionales, constitucionales y legales prescriben un acervo normativo desde el paradigma de los derechos humanos que debe motorizar una profunda reflexión sobre la realidad penitenciaria y generar políticas sociales y humanistas que realmente transformen el sistema.

TERCERO: a pie y renglón de lo anterior, la educación es el principio nuclear para la resocialización, como derecho humano de todo individuo, creadora de nueva conciencia, conjugando la educación formal con la educación en valores, más allá de los contenidos curriculares.

CUARTO: el Penitenciarismo Constitucional ha quedado en letra muerta, toda vez que las políticas ministeriales han sido insuficientes para cumplir con el mandato de la lex superior, debido a problemas presupuestarios, manejo de un porcentaje de prisiones por parte de PRANES, hacinamiento desbordado, mayores índices de criminalidad y retardo procesal injustificado.

QUINTO: el objeto de las organizaciones penitenciarias debe ser egresar una persona con nueva conciencia, transformada y emancipada a través de la educación y el trabajo, con competencias generales y específicas para un área determinada en el mercado laboral, en donde se le brinden nuevas oportunidades, contribuyendo al desarrollo productivo del país, abandonando la reincidencia.

Este es el penitenciarismo constitucional de esta centuria: rehabilitación y reinserción de la mano de la educación. Esto no se ha cumplido. Pese a ello, creemos que solo el trabajo mancomunado de los actores sociales (Estado, Empresas, Universidad, Iglesia, Sociedad Civil, Medios de Comunicación, Familia y Privados de Libertad) podría provocar un verdadero cambio.

VII. Recomendaciones

Algunas recomendaciones han quedado al final de este trayecto, sea para quienes les competa la gestión pública penitenciaria, para los docentes, para otros investigadores o la sociedad en general.

PRIMERO: es posible que las Universidades que funcionen en las penitenciarías realicen programas conjuntos con el Ministerio respectivo para generar espacios de divulgación de los productos intelectuales en las cárceles y a la inversa, así como la visita de los estudiantes privados de libertad a las Bibliotecas Universitarias donde ellos estén matriculados, incidiendo positivamente en su proceso de aprendizaje e interacción social.

SEGUNDO: fortalecer los programas nacionales de formación de los funcionarios penitenciarios en la educación en y para los derechos humanos.

TERCERO: descentralizar los centros de reclusión.

CUARTO: crear mesas de trabajo con todos los actores sociales para articular las políticas de segunda oportunidad de las personas post penitenciarias.

QUINTO: educar desde la infancia a todas las personas para precaver el uso de estereotipos cargados de resentimiento en contra de las personas privadas de libertad, pulverizando la pena de banquillo con tanto importe para el país.