Indudablemente nos referimos a las víctimas del Delito, aquellas que sufren directamente la comisión de delitos, hechos que cada vez son más frecuentes y más violentos a pesar de los esfuerzos de las tres instancias de gobierno para disminuir la inseguridad pública en el país y la incorporación de la guardia nacional militarizada para regresar la seguridad pública a las calles. Para ello tomaremos los datos proporcionados por la Décimo Segunda encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México.

El primer dato que llama la atención es que el 29% de los hogares en México contó en el año 2021 con un integrante -al menos- que fue víctima del delito, por lo que se estima que fueron en ese año 22.1 millones de personas víctimas del delito, estamos hablando de una tasa de 24,207 victimas por cada 100,000 habitantes.

Los Estados que presentan más víctimas por cada 100 habitantes, por arriba de la media nacional son: El Estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes, Baja California, Tabasco, Querétaro, Guanajuato y Jalisco -con una tasa este último de 25.2-. Por su parte, en relación a las ciudades o áreas metropolitanas con más incidencia delictiva son: Valle de México, Puebla, León, San Luis Potosí, Ciudad de México (norte y oriente) Querétaro, Toluca y Guadalajara - con una tasa éste último del 32.4-.

El segundo dato que llama la atención es que los delitos más frecuentes en México son los patrimoniales con un porcentaje del 79.4% del total de delitos que se cometieron en ese año, de esta forma el robo o asalto en calle o transporte público fue del 21.4%; el fraude del 19.2%; la extorsión 17.5 %; el robo de

vehículo 10.8%; el robo en casa 6.0%; y otros robos 4.5%. Con lo cual tenemos que la propiedad como bien jurídico protegido por el Estado Mexicano es el más vulnerado, dato que incide directamente con la pobreza en que vive la población.

Observemos que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social¹ (CONEVAL) estima que en el año 2020 el 52.8 % de la población tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, -esto es 14,239 pesos mensuales por hogar lo que equivale a 474.63 pesos al día- y el 17.2% tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema -6,809 mensuales por hogar, 226 pesos por día-, por lo que si tomamos en cuenta que el salario mínimo vigente es de 4,631.70 pesos mensuales, nos damos cuenta que en una familia estándar de 4 personas, -en México el 87% de los hogares son familiares, lo que significa que están formados por padres e hijos-, tendrían que trabajar todos para no estar en condición de pobreza, sin embargo, la realidad es que esas familias se componen por 1 o 2 adultos y 2 o 3 menores de edad, que en la mayoría de los casos, solo un adulto aporta a la economía familiar, bien porque la madre está a cargo de la familia -33 de cada 100 hogares están a cargo de las jefas de familia-² o bien, porque la mujer se dedica a labores del hogar y a cuidados no remunerados,

-cifra que alcanza el 49% de mujeres casadas-³. Dato que debería ser considerado para entender la relación que existe entre el 70% de la población en situación de pobreza y el 79.4% de delitos cometidos contra el patrimonio, relación en donde podemos destacar la participación laboral de tan solo el 45% de la mujer frente al 77% de los hombres, lo que nos pone de manifiesto una brecha de 32 puntos porcentuales.

Sin embargo, frente a la relación directa entre el número de pobres en México y la mayor incidencia de delitos contra el patrimonio, sorprende que las políticas públicas para frenar el índice delictivo no contemplen posibles soluciones en el ámbito de bienestar social y económico, por el contrario, se piensa que incrementando el número de policías en las calles -ahora militares con la guardia nacional- así como aumentando el número de patrullas y de armas se puede combatir la delincuencia que sufrimos todos los mexicanos; solo por no dejar de lado, mencionemos que el presupuesto 2022 para la seguridad pública en México es de 165,982 mil millones de pesos, de los cuales 136,096 mil millones de pesos se destinan a la guardia nacional: a su operación, a las fuerzas armadas y al cuerpo de policía militar⁴.

El tercer dato que llama la atención en la referida Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022 es el costo del delito, se estima que el monto es de 278.9 mil millones de pesos, es decir el 1.55 del producto interno bruto del país, con un promedio nacional por víctima del delito de 7,681 pesos -en Jalisco 11,328-. Dicha cantidad se calcula sumando las pérdidas económicas que son consecuencia del delito (equivalentes al 59.2%) más el costo de las medidas preventivas (equivalente al 37.5%) además se suma los gastos a consecuencia de los daños de salud (equivalente al 3.3%). De esta manera resulta claro que los mexicanos gastamos cada día más en colocar cerraduras, candados, rejas, bardas y demás medidas de seguridad.

Frente a ello, el Estado como respuesta al delito aumenta las penas, que lejos de representar un tratamiento individualizado que pueda inhibir al responsable para evitar la reincidencia, por el contrario solo encontramos un incremento en el costo económico y social del delito, así por un lado vemos que la prisión cuesta en promedio por interno por día 500 pesos, siempre que se trate de prisiones administradas por el Estado, ya que puede llegar a costar hasta 5,069 y 6,411 pesos al día por interno (a), en aquellas prisiones administradas por empresas privadas, como es el caso del Centro penitenciario de Morelos y Michoacán⁵.

Se conoce que el presupuesto para el sistema penitenciario en el año 2020 fue de 37,953 mil millones de pesos, a ello se tiene que sumar el costo social de la prisión, que significa el alejamiento familiar, en la mayor de las veces estamos hablando del proveedor de la familia, con lo cual se incrementa el grave problema económico en los hogares. En relación al Sistema penitenciario nacional, actualmente se encuentra conformado por 19 centros penitenciarios federales, 251 centros penitenciarios estatales y 53 centros especializados para adolescentes, con una población de 211,154 personas privadas de la libertad, esto es 165.2 personas por cada 100,00 habitantes, de las cuales el 92.3% pertenece al fuero común y el 7.7%, al fuero federal; son hombres el 94.4% y tan solo el 5.6% son mujeres; se encuentran sin sentencia el 40.9%, con sentencia no definitiva el 14.4% y con sentencia definitiva el 44.7%⁶.

Finalmente, el estudio hace referencia a la cifra negra del delito que son aquellos hechos que no son denunciados y por lo tanto no se inició ni siquiera una carpeta de investigación con lo cual hace imposible que se pueda dar una reparación del daño a la víctima, esa cifra negra es del 93.2% lo que nos deja ver el tamaño del problema de seguridad publica en México y el grave fracaso de la política criminal.

En definitiva, la víctima del delito cuya tasa de incidencia es del 24,207 por cada 100,000 habitantes frente al número de personas privadas de libertad que es de 165.2 por cada 100,000 habitantes refleja que el binomio delito-pena que plantea el Derecho penal no tiene correspondencia en la realidad mexicana. Así mismo, si observamos el absurdo de que el Estado invierte en algunos casos más en una persona en reclusión que en una persona en libertad, tomando en cuenta para ello el salario mínimo establecido, entendemos que la cárcel, no es ya la solución a los males que aquejan a los mexicanos por la inseguridad pública.

Una política criminal que no se dirige a solucionar el problema de la incidencia delictiva de delitos contra la propiedad en el ámbito local, que en muchos aspectos tiene que ver con la pobreza, la pésima distribución de la riqueza y la falta de oportunidades, y que no dirije esa política criminal hacia mejorar la cobertura y calidad en la educación, ni hacia la inmersión de la mujer en actividades productivas, está destinada al fracaso por más miles y miles de millones de pesos que se destinen en su presupuesto y por más guardia nacional militarizada que participe.