I. Justificación

Este estudio es atractivo para la academia porque lleva a cabo el análisis de la aplicación del derecho por parte de los operadores jurídicos, respecto de los nuevos modelos de interpretación de los derechos humanos.

Pero es especialmente atractivo para la sociedad en general y para los servidores públicos que pertenecen a los cuerpos policiales (en particular) que demandan despidos injustificados con la finalidad de ser restituidos en el goce de sus derechos humanos violentados.

Es necesario realizar estudios de cómo nacen los nuevos fenómenos, cómo se han incorporado a nuestro sistema jurídico, cómo los aplican las autoridades jurisdiccionales, etc. Ya que si bien es cierto que, aún y cuando la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos obliga a los jueces a realizar la interpretación conforme de las normas de derechos humanos, los operadores jurídicos se encuentran limitados por los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN), imposibilitando que se lleve a cabo una interpretación conforme sin que se puedan ejercer los derechos humanos con plenitud y lo ideal es que la maximización de los derechos humanos se alcance en la totalidad de las resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales.

Con el estudio de las determinaciones de la SCJN es posible conocer el marco de interpretación de los derechos humanos que los operadores jurídicos deben aplicar; por lo que, el presente estudio también aporta estos nuevos modelos. Permitiendo confrontarlos con las sentencias, para poder dilucidar si se inhabilita o no la cláusula de interpretación conforme.

II. Planteamiento del problema

La discusión marco de este estudio se encuentra ubicada desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos, no solamente a través del respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la propia Constitución, y en los tratados internacionales en la materia que el Estado mexicano sea parte, sino también a través de la aplicación de la cláusula de interpretación conforme, herramienta de interpretación para los órganos jurisdiccionales al resolver los conflictos que se susciten al violentarse estos derechos humanos, la cual se hace imposible de aplicar por las determinaciones jurisprudenciales emitidas por la SCJN.

Los operadores jurídicos del Estado mexicano, al resolver los asuntos que se sometan a su jurisdicción, deben aplicar el nuevo modelo de protección a los derechos humanos, el cual no solamente deviene de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, del año 2011, que permitió la constitucionalización de los tratados internacionales sobre derechos humanos, conformando un bloque de constitucionalidad, como lo establece el primer párrafo del artículo 1° de la CPEUM, así como la incorporación de la cláusula de interpretación conforme a las normas relativas a los derechos humanos, en relación con la Constitución y los tratados internacionales y del principio pro persona, como lo establece el segundo párrafo del artículo en comento; sino que, también atiende a la práctica del control de convencionalidad y a las determinaciones tomadas por la SCJN, al resolver el expediente varios 912/2010 respecto del caso Radilla Pacheco.

Sin embargo, el ejercicio que realizan los operadores jurídicos respecto de la interpretación conforme, se realiza bajo restricciones establecidas por la labor jurisprudencial que ha desarrollado la SCJN, sin que exista una verdadera protección a los derechos humanos, por contradecir dicha labor jurisprudencial a la propia voluntad del constituyente que llevó a cabo la multicitada reforma del año 2011.

Algunos operadores jurídicos, se han visto imposibilitados para otorgar la mayor protección a la persona al resolver sobre violaciones a derechos humanos, por verse obligados a respetar las restricciones contenidas en la propia Constitución, tal es el caso, de los policías que son destituidos de su cargo por no aprobar el examen de control de confianza que lleva a cabo el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, y al resolver los juicios de amparo que se someten a su jurisdicción, conceden el amparo limitándose únicamente a ordenar la indemnización, sin poder otorgar una protección más amplia. Por lo que, se debe estudiar y considerar la ineficiencia de los jueces a consecuencia de la labor jurisprudencia de la SCJN.

III. Objetivo

Comprobar la necesidad de establecer la inaplicación de la jurisprudencia bajo número de registro 2006224, para que deje de constituir un límite al ejercicio jurisdiccional de los jueces, y de esa manera estar en aptitud de ejercer con plenitud la interpretación conforme.

IV. Hipótesis

Con la aplicación de la jurisprudencia bajo número de registro 2006224, con el rubro “DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE DE ESTAR A LOS QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL”, emitida por la SCJN, se deja de aplicar la cláusula de interpretación conforme por parte de los operadores jurídicos.

V. Reforma Constitucional de 2011

La reforma Constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, cuenta con antecedentes relevantes y ha alcanzado consecuencias trascendentes, dado que ha cambiado el rostro Constitucional de los Derechos Humanos en México; además de ser considerada como la más importante en los últimos años. Es el comienzo de la devolución a las personas de la apropiación de sus derechos, ante un modelo jurídico que bajo la concepción de “garantías individuales” cerró los cauces para su exigibilidad y justiciabilidad.

Así mismo, representa un marco normativo que era impostergable para remontar el atraso de varias décadas en una diversidad de temas con respecto a otros Estados constitucionales y el fortalecimiento del concepto de derechos humanos en la Constitución: como la apertura del derecho internacional de las derechos humanos, no sólo por el primer y segundo párrafo del artículo primero de la Constitución que admiten expresamente a los tratados como fuente de derechos constitucionalizados, sino también por las obligaciones puntuales del Estado frente a ellos, así como por los principios de derecho internacional que son parte de su reconocimiento y protección (^{Caballero Ochoa, 2012} p: 103-105).

Como se puntualizó, esta reforma destacó la importancia del derecho internacional de los derechos humanos, e incorporó principios de interpretación como los de pro persona, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos; además de que contempla expresamente la figura de interpretación conforme, la cual consiste en que sin distinguir jerarquías las normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales, aplicando la que otorgue mayores beneficios al ser humano; por lo que, afectó al núcleo central de compresión de lo que son los derechos.

Dicha reforma respondió en gran parte a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano; dado que, desde que nuestro país adquirió compromisos internacionales tendientes a proteger los derechos humanos, al signar la Carta de las Naciones Unidas y con posterioridad la Declaración Universal de los Derechos Humanos, etc., debiendo estar asegurados por medidas progresivas de carácter nacional e internacional y con ello lograr su pleno reconocimiento y salvaguarda. En este sentido, los derechos fundamentales dejaron de ser una cuestión interna de los Estados, trasladándose al ámbito de las relaciones internacionales.

El derecho internacional de los derechos humanos (a través de los tratados internacionales) marcó el punto de partida del proceso histórico de generalización de la protección internacional de los derechos de la persona humana, en virtud de que establece las obligaciones que deben cumplir los Estados, cuyo respeto supone abstenerse de restringir derechos humanos o de interferir en su realización, adoptando medidas positivas para ser efectivos (^{Diez de Velazco, 2003} p: 583-584).

Debido a los compromisos adquiridos, los estados tienen la obligación de respetar y hacer cumplir las normas internacionales de derechos fundamentales que contienen los tratados que han signado y que se incorporen al derecho interno (^{Becerra Ramírez, Jesús, 2011} p: 112-113).

Por lo anterior, y dada la importancia que ha cobrado la protección de los derechos humanos en el orden internacional y la obligatoriedad de los compromisos contraídos por el Estado mexicano en ese ámbito y en particular, respecto a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), se puede inferir que dicha reforma constitucional en materia de derechos humanos, en buena medida, ha sido producto de la influencia del derecho internacional (^{Herrerías Cuevas, 2012} p: 21-27).

VI. Interpretación conforme vs criterios jurisprudenciales de la SCJN

En el presente punto se lleva a cabo un estudio profundo para comprender los nuevos paradigmas de interpretación para el operador jurídico mexicano, que nacieron a raíz de la reforma en materia de derechos humanos, puntualizando el contenido y significado de la cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona, ya que estos contemplan la incorporación de un sistema que implica: por una parte, el reconocimiento de la naturaleza de los derechos humanos, que se puede ampliar mediante un sistema de reenvíos e integración con otros ordenamientos de acuerdo a la cláusula de interpretación conforme; y por el otro, con la aplicación del principio pro persona que significa la aplicación de una norma que otorgue mayor protección de derechos humanos.

Para finalmente aterrizar en el estudio de las restricciones constitucionales que se deben atender en base a la labor jurisprudencial de la SCJN y que hacen imposible la aplicación de estos modelos.

VII. Restricción consagrada en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la CPEUM

La separación de policías sin posibilidad de reinstalación es una restricción consagrada en la fracción XIII, del apartado B del artículo 123 de la constitución, la cual establece:

…XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

Con la finalidad de ir introduciéndonos al estudio de la restricción descrita, se hace necesario comenzar por conocer su origen.

Fue el 18 de junio de 2008 cuando se publicó la reforma del artículo 123, apartado B, fracción XIII de la CPEUM, señalándose en su exposición de motivos que la misma pretendía buscar la profesionalización de los servidores públicos dedicados a la procuración de justicia y a la investigación de los delitos. Otro de sus objetivos era depurar los malos elementos que incurrieran en actos ilícitos en el ejercicio de sus funciones, con lo que se apostaba un éxito fundamental con dicha reforma, en virtud de que, si no se cuenta con agentes ministeriales y policías eficientes, honestos y confiables, cualquier esfuerzo para hacer frente a la delincuencia sería imposible.

La intención del Constituyente fue establecer un enérgico mecanismo para expulsar a los miembros de las instituciones policiales que hubieran incumplido los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, negándoles en términos absolutos la reinstalación a sus cargos, cualquiera que haya sido la resolución jurisdiccional respecto del juicio o medio de defensa que se promoviera.

Por tales razones, se sometió a consideración del poder legislativo la reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución a fin de señalar en forma expresa, que la remoción de los agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales de los Municipios, entidades federativas y federación se efectuaría libremente en los términos que señalen las leyes. Adicionalmente se reitera -con mayor precisión en el texto propuesto- que bajo ninguna circunstancia procederá la reinstalación o restitución de tales servidores públicos. De esta manera, en caso de que llegara a prosperar algún medio de defensa, el Estado sólo cubrirá una indemnización, pero se insiste, no estará obligado a reintegrarlo¬ a sus funciones.

Se buscaba propiciar un sano equilibrio entre, la necesidad de mantener un servicio de carrera y el imperativo de contar con mecanismos eficientes de depuración de los elementos que incumplen los principios de ética y ensucian y dañan las instituciones.

Derivándose que la intención del constituyente, fue que los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el entonces Distrito Federal, los Estados y los Municipios, pudieran ser separados de sus cargos por los siguientes supuestos:

VIII. Análisis de casos

Al ser parte de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, tuve la oportunidad de analizar diversas sentencias de policías viales que habían sido cesados, por no cumplir con los requisitos de permanencia establecidos en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del estado de Jalisco, siendo estos:

Del estudio de dichos juicios de amparo a través de los cuales policías de la entonces Secretaría de Movilidad, demandaron por diversas violaciones a derechos humanos, que se cometieron en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, fundamentados en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del estado de Jalisco, a través de los cuales como resultado fueron cesados de sus funciones. Entre dichas violaciones las más comunes fueron que las autoridades responsables no cumplieron: con la debida fundamentación y motivación (artículo 16 constitucional) y con las formalidades esenciales del procedimiento, trasgrediendo las garantías de seguridad jurídica al no otorgarles la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 Constitucional, así como el artículo 8 de la ^{Convención Americana Sobre Derechos Humanos}, en específico, de su derecho humano de audiencia y defensa.

Lo anterior en virtud, de que no se les dio la oportunidad de forjar debidamente su defensa, dado que al momento de que se les emplazó no les corrió traslado con los resultados de los exámenes practicados por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, sino que únicamente se les entregó el reporte integral de dicho Centro, mas no los resultados ni la metodología utilizada para evaluarlos; ni las constancias que demostraran de donde obtuvieron la información de las conductas que se les imputaron, tampoco se les hizo de su conocimiento cuales fueron las pruebas de la evaluación de control de confianza que no aprobaron, ni cuales fueron los resultados; menos aún los parámetros para saber cuáles fueron las mediciones y así estar en aptitud de conocer cuándo se aprueba y cuándo se reprueba. Para que de manera fehaciente se conocieran las razones especiales y argumentos particulares que tomaron en consideración las autoridades para arribar a las conclusiones de cada caso en particular; en conclusión, se les privó de la oportunidad de forjar debidamente su defensa, para así desvirtuar los parámetros y/o mediciones con las cuales las autoridades responsables determinaron que los policías viales resultaron no aprobados para continuar en una institución de Seguridad Pública.

Así mismo, el procedimiento establecido en la multicitada Ley del Sistema de Seguridad Pública, sólo permitía como medio de prueba las documentales públicas; en consecuencia, algunas resoluciones emitidas por los juzgados de distrito, se decretaron inconstitucionales algunos artículos que se aplicaron (en las que se alegó la inconstitucionalidad de la ley), y en otros se estableció la violación al debido proceso, dado que no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, violentándose sus garantías de seguridad jurídica de audiencia y defensa, prevista en el artículo 14 Constitucional. Incluso se llegó a señalar en algunas sentencias “se haya resuelto que pese a la separación del empleo de los elementos policiales, no haya sido por no cumplir por los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en las instituciones, ni por haber sido removidos de su cargo por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones”.

Empero, no obstante, de haberse advertido violaciones a derechos humanos de carácter constitucional y convencional, que la separación de los policías no se había dado por incumplir los requisitos de permanencia que establecían las leyes o incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones y de que el objeto directo del juicio de amparo es restituir al quejoso en el goce de su derecho humano violentado; sin olvidar nuestro tema de estudio: el nuevo modelo de interpretación de los derechos humanos “la interpretación conforme”. Los jueces se vieron imposibilitados a restituir a los quejosos en el goce de sus derechos humanos violentados, se vieron imposibilitados a realizar una interpretación conforme de las normas de derechos humanos y de aplicar la norma que otorgara mayores beneficios a las personas; es decir, aplicar los tratados internacionales que establecen en los casos de despidos injustificados la reinstalación en el empleo. En virtud de que los operadores jurídicos de los juzgados, se encuentran obligados a aplicar la jurisprudencia, siendo entonces que en base a dicha jurisprudencia se aplicó la Constitución por contener una restricción expresa en el caso concreto, limitándose a condenar a las autoridades responsables únicamente a la indemnización y no así a la reinstalación.

IX. Conclusiones

En el contexto de la interpretación que realizan los jueces a raíz de los nuevos paradigmas que nacieron con la reforma constitucional en materia de derechos humanos (junio de 2011), con la inclusión del párrafo segundo del artículo primero de la ^{Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos}, que incorporó la cláusula de interpretación conforme, misma que señala que los derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales el Estado mexicano sea parte, aplicando la que otorgue mayores beneficios o protección a las personas. Con el nacimiento de esta cláusula se incorpora el principio pro persona, que como ya quedó asentado, cuando exista violación a derechos humanos los jueces al resolver dichos asuntos, debe aplicar la que otorgue mayores beneficios a la persona.

Con el nacimiento de estos paradigmas los operadores jurídicos, al resolver los asuntos que se someten a su jurisdicción, deben aplicar el bloque de constitucionalidad, desentrañar los principios que fundamentan la norma y aplicar en cada caso concreto aquélla que proteja más a las personas.

La discusión marco del presente estudio se ubicó desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos, no solamente a través del respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la propia Constitución, y en los tratados internacionales en la materia que el Estado mexicano sea parte, sino también a través de la aplicación de la cláusula de interpretación conforme, herramienta de interpretación para los órganos jurisdiccionales al resolver los conflictos que se susciten al violentarse estos derechos humanos.

La cláusula de interpretación conforme, como ya se ha confirmado en el estudio empírico realizado en el presente trabajo, se hace imposible aplicar por las determinaciones jurisprudenciales emitidas por la SCJN.

El ejercicio que realizan los operadores jurídicos respecto de la interpretación conforme, se realiza bajo restricciones establecidas por la labor jurisprudencial que desarrolla la SCJN, sin que exista una verdadera protección a los derechos humanos, por contradecir dicha labor jurisprudencial a la propia voluntad del constituyente que llevo a cabo la multicitada reforma del año 2011.

Se acreditó fehacientemente, que los operadores jurídicos que resolvieron los juicios de amparo que se analizaron, se vieron imposibilitados para otorgar la mayor protección a las personas al resolver sobre dichas violaciones a derechos humanos; en virtud de que se vieron obligados a respetar las restricciones contenidas en la propia Constitución. Caso concreto la señalada en la fracción XIII del apartado B, del artículo 123 constitucional, que se estudia en la presente tesis. Por lo que fue imposible brindar la protección más amplia de conformidad al segundo párrafo del artículo 1° constitucional.

Con el estudio empírico, se examinó que en la exposición de motivos de la reforma al artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución, se había establecido, que precisamente la intención del Constituyente establecer un enérgico mecanismo para expulsar a los miembros de las instituciones policiales que hubieran incumplido los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, negándoles, en términos absoluto, la reinstalación a sus cargos, cualquiera que haya sido la resolución jurisdiccional respecto del juicio o medio de defensa promovido, pues aunque aquella hubiera sido favorable para los quejosos, solo procede su indemnización. De lo que se debe resaltar, que la intención del Constituyente fue implementar un mecanismo enérgico para quienes incumplieran.

Lo que no se tiene, ya que de tal y como se desprende del análisis empírico, en especial, lo resuelto en el Amparo Indirecto con número de expediente 182/2013, del Juzgado Séptimo de Distrito en materia Administrativa y de Trabajo del Estado de Jalisco; en el mismo la juzgadora señaló que aun cuando se haya resuelto que pese a la separación del empleo de los elementos policiales, no haya sido por no cumplir por los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en las instituciones, ni por haber sido removidos de su cargo por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, incluso en estos casos, tiene preferencia la decisión del Constituyente Permanente.

Es decir, no hubo incumplimiento, por lo que, no se atiende al fundamente de la restricción, dándose privilegio a la decisión de la SCJN de no aplicar una interpretación conforme, sino aplicar estrictamente la restricción constitucional.

Por lo que se puede dar repuesta a la pregunta hipotética, dado que se pudo comprobar que efectivamente se dejó de aplicar la cláusula de interpretación conforme, en virtud de la obligatoriedad que tienen los Jueces de Distrito de utilizar la jurisprudencia.

Lo que significa, que no se entra al estudio de cada caso en particular, respecto de las restricciones constitucionales. Es decir, qué en el caso concreto, no ha importado si los policías viales hubiesen sido separados de sus cargos sin que hayan incumplido con algún requisito de permanencia contemplado en la ley, y sin que hayan incumplido en una responsabilidad; simplemente se da preferencia a la decisión de aplicar la restricción señalada en el multicitado artículo 123 constitucional.