AÑO 2017, uno de los más sangrientos de la historia reciente de México. Entre enero y septiembre se han registrado más de 34,000 homicidios.¹ El país lleva tres décadas en guerra. Los primeros veinte años fueron una guerra silenciosa, donde las fuerzas del Estado focalizaron sus acciones en aquellos territorios donde era “necesario pacificar”, es decir, acabar con los “enemigos internos” con el objetivo de hacer prevalecer el tan nombrado -y poco entendido- Estado de Derecho. Hace poco más de diez años, también en nombre de este último, la guerra rompió el silencio, se extendió a todo el territorio, apareció en los medios de comunicación e irrumpió en espacios públicos, privados y comunitarios, dejando víctimas en la mayor parte del país. Entre 1990 y 2017 se calcula la comisión de más de 440,000 homicidios, es decir, casi medio millón de personas ha perdido la vida a causa de la violencia armada en México.² La guerra iniciada en el sexenio de Calderón, ha continuado sin tanta cobertura mediática en el sexenio de Peña Nieto; empezó siendo un combate armado contra el llamado crimen organizado. Sin embargo, los hechos y las estadísticas nos dicen que las principales víctimas son integrantes de grupos históricos, tanto excluidos del sistema político como explotados por el sistema económico: pobres, migrantes, mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

En este contexto, a medidos de los años noventa, en el norte del país comenzaron a aparecer los primeros casos de feminicidio, particularmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero, paulatinamente, el problema fue extendiéndose (o solo fue haciéndose más claro) en otras entidades de la república, como Nuevo León y el Estado de México. La evidente incapacidad de las autoridades públicas para atender esta problemática ha generado la movilización de diversos actores sociales, que buscan influir en la toma de las decisiones públicas para frenar el aumento de estos crímenes y obtener acceso a la justicia para las víctimas directas e indirectas. El caso Campo Algodonero (Chihuahua 2002) marcó un parte aguas en la búsqueda de justicia en casos de feminicidio, pues por primera vez se reconoció la responsabilidad por omisión del Estado mexicano. No obstante, el número de feminicidios ha ido en aumento, teniendo hoy cifras que estiman la ocurrencia de cinco feminicidios diarios a lo largo del país. La respuesta institucional que se ha dado a este problema ha sido la emisión de Alertas de Género, un mecanismo que pretende visibilizar la violencia de género y obligar a las entidades a realizar acciones para reducir el número de feminicidios. Al día de hoy, 24 estados han solicitado la Alerta, pero solo en 8 de ellos, esta se ha decretado: Chiapas, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Veracruz.

Aunque el feminicidio es la expresión más extrema de la violencia de género, este tiene sus raíces en la violencia económica, cultural y sexual que reduce a las mujeres a la condición de objeto, dado que las víctimas de feminicidio son en su mayoría mujeres pobres que ni antes, ni después de su asesinato, han tenido acceso a la justicia. Muchas de ellas sufrieron violencia desde la infancia y, antes de ser asesinadas, enfrentaron algún tipo de violencia por parte de su pareja sentimental. Por ello, el proceso de construcción de paz con perspectiva de género ha de pasar en primera instancia por la búsqueda de justicia social, es decir, por la construcción de condiciones que permitan a hombres y mujeres tener salarios justos, acceso a la educación, la salud y a la justicia sin discriminación. Dicho en pocas palabras, la paz para las mujeres necesita de la reconstrucción de relaciones públicas y privadas que permitan su acceso en igualdad de condiciones a bienes, servicios y derechos que posibiliten el desarrollo de todas sus capacidades y el disfrute de una vida plena.

Por todo lo anterior, resulta necesario conocer a quienes han sido las protagonistas de la resistencia y la búsqueda de justicia para las mujeres víctimas de la violencia en México. Irma Alma Ochoa Treviño, feminista, activista y fundadora de Arthemisas por la Equidad A. C., ha dedicado treinta años de su vida a la promoción y defensa de los derechos humanos de las regiomontanas. Fue una de las principales promotoras de la Alerta por Violencia de Género en el estado de Nuevo León, y, actualmente, la organización que fundó es la encargada de dar seguimiento a la implementación de la misma.

¿Quién es Irma Alma Ochoa?

Soy una mujer nacida en Monterrey, Nuevo León (NL), en la primera mitad del siglo pasado (3 de octubre de 1947). A la fecha, cuento con 70 vueltas al sol. Soy la primera de cinco hijos/as del matrimonio formado por Santos Ochoa González, oriundo de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, y de Irma Alma Treviño de la Peña, nacida en Monterrey. Soy esposa de Rómulo Ruiz Jerezano y madre por decisión de Alejandro y Rómulo Ruiz Ochoa. Soy feminista por convicción y defensora de derechos humanos por vocación. Tengo formación en trabajo social, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y con estudios en derechos humanos por la Universidad de Monterrey (UDEM) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Tengo una especialidad en equidad de género en educación, por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), y soy maestra en género y políticas públicas, cursada en la Facultad de Filosofía y Letras de mi Alma Mater.

¿Cómo inicia su trabajo como defensora de derechos de las mujeres y las niñas?

Inicié mi trabajo como defensora de derechos humanos desde niña, pero en ese tiempo no se conocía popularmente dicho concepto. Comencé defendiendo mis propios derechos, como niña trabajadora empeñada en no dejar su derecho a la educación. Trabajé primero en un molino de maíz, barriendo el piso y la banqueta y lavando el molino. Yo lloraba mucho, no quería trabajar ahí, mi mamá me llevaba cuando aún estaba oscuro. Entraba a las 4:30 de la mañana, porque las mujeres llevaban el nixtamal a moler muy tempranito. Gracias al apoyo de mi tía Edna, médica de profesión, mis padres aceptaron que continuara estudiando una carrera técnica en el English Commercial Institute, para luego entrar a la educación secundaria.

En vacaciones de verano, antes de entrar al English, trabajé en una báscula pública, pesando camiones cargados de papel, cartón, vidrio, fierro, y pesándolos de nuevo ya sin carga. La diferencia en estos valores era lo que se les pagaba. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la noche. La oficina permanecía abierta y tenía prohibido cerrarla. No podía ir al sanitario, porque la oficina se quedaba sola. Yo tenía unos 11 años de edad. Me pagaban 50 pesos a la semana. Mi papá y mi mamá me dijeron que ese dinero era mío y que comprara lo que quisiera. Compré una tela para hacerme un vestido (yo cosía, mal, pero lo hacía); unos calzoncillos para mi hermano Santos y una camiseta para José Guillermo, también compré unas calcetas rosas para mi hermana Emma y una bolsa de chocolates M&M para mí. Luego trabajé como secretaria del Tesorero de Guadalupe, nl, y luego en una oficina de contabilidad. De ahí empecé a trabajar en una oficina de abogados, administré una notaría pública, fui asesora de la notaría. También administré un taller de reparación de autos y un negocio de venta de quesos y carnes frías. Tuve suerte de que el jefe con quien laboré 42 años me permitiera tener un horario que me facilitara no solo estudiar, sino también hacer trabajos voluntarios en diversos organismos públicos. Desde niña trabajé y estudié, obteniendo importantes logros como estudiante y trabajadora.

Más tarde, en el año 1965 fui contratada por un laboratorio que impulsaba las pastillas anticonceptivas, para promoverlas en las plazas públicas y en brigadas casa por casa. Varias veces me corretearon las buenas conciencias por estar promoviendo la “promiscuidad”, cualquier cosa que eso signifique. Desde que era estudiante, me involucré en proyectos para mejorar la calidad de vida de grupos con derechos vulnerados. Durante tres meses participé en un programa de alfabetización en el Penal del Topo Chico, pero no concluí el proyecto, primero porque no había suficiente transporte público que me acercara al lugar (mi papá me llevaba y, transcurridas tres horas, regresaba por mí); segundo, porque hubo un motín y como yo aún no era mayor de edad, papá me prohibió regresar. Posteriormente, trabajé haciendo encuestas relacionadas con la prostitución en la zona roja de la ciudad.

A principios de la década de los noventa, al jubilarme de mi trabajo como administradora en una notaría pública, fundé junto con otras colegas la Asociación Nuevoleonesa de Trabajo Social A. C. Rosalinda Robledo (†) era la presidenta y yo la vice presidenta. Hicimos trabajo de desarrollo de la comunidad, de gestoría y acompañamiento a las niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de lesiones y malos tratos (aún no se tipificaba la violencia familiar). Hicimos varias brigadas a diversas colonias en el área metropolitana y en la zona sur del estado (Zaragoza, Aramberri, Galeana, Iturbide y Dr. Arroyo). Rosalinda lograba apoyos en el sector salud, con oculistas, médicos generales, dentistas, nutriólogas. Otras compañeras conseguían que nos acompañaran maestras y maestros de deportes o de baile, algunas personas cortaban el cabello, otras enseñaban manualidades. También, en esos años fuimos a limpiar los márgenes del río La Silla.

Alrededor de 1996 o 97, coadyuvé con el colectivo Pro Defensa del Menor y la Familia, que ya tenía tiempo de fundado. Era presidido por la maestra Sandra Arenal. Después participé en Milenio Feminista (Nuevo León). Me encargué del eje de derechos humanos. Para cumplir con esa responsabilidad tomé un diplomado en la materia, impartido en la Universidad de Monterrey. Fui fundadora e integrante del Pacto Plural de Mujeres de Nuevo León, donde la presidencia era rotativa entre las integrantes. Allí fui nombrada Secretaría Técnica, único puesto permanente. Este colectivo logró detener en 1999 una modificación a la Constitución del estado de Nuevo León, que pretendía incluir el derecho a la vida desde la concepción, restringiendo los derechos humanos de mujeres y niñas ya nacidas. También fui fundadora de Bioética y Derechos Humanos A.C. y de Niñez Siglo XXI A.C. En 2007, junto con varias compañeras feministas, fundé Arthemisas por la Equidad, A.C.

¿Por qué ser feminista en un estado como Nuevo León?

Porque es donde habito, o como dice Cristina Pacheco, es donde me tocó vivir. A principios de los años noventa, junto con otras colegas recibí muchas ofensas. Mucha gente hablaba muy mal de quienes nos decíamos feministas. Había mujeres en puestos públicos de alto nivel que decían “yo soy femenina, no feminista”, sin tomar en cuenta que el camino para que ellas estuviesen donde estaban había sido desbrozado por las luchas feministas que nos antecedieron.

¿Cuál es el trabajo que hace Arthemisas en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y niñas?

Arthemisas promueve los derechos de las mujeres y las niñas a través de muchas actividades: pláticas, conferencias, mesas redondas, boletines, folletos, volantes, entrevistas de prensa, radio o televisión, y columnas publicadas en diversos medios impresos y electrónicos. El pilar más importante de nuestro trabajo en los últimos años ha sido la documentación de las muertes violentas de mujeres en el estado de Nuevo León. Muchas de estas tipifican como delito de feminicidio. Este trabajo lo hemos realizado junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). Nos ha permitido hacer visible las dimensiones de esta problemática en la entidad y conseguir que en 2016 se aprobara la Alerta por Violencia de Género.

Dado que Arthemisas cuenta en sus filas con dos abogadas, hemos presentado diversas solicitudes, iniciativas y propuestas de ley por modificación o adición, entre ellas: a) solicitud para reconocer las diversas estructuras familiares en la propuesta de Ley de Familia; b) solicitud para incorporar en el Código Penal sanciones para quienes cometen el delito de trata de personas; c) solicitud para agilizar la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV); d) solicitud para incorporar un lenguaje incluyente en las reformas a la Ley de Educación en el estado; e) propuesta de ley, por modificación, para aumentar la sanción privativa de la libertad cuando el responsable sea un servidor público; f) propuesta de ley para agregar el capítulo “Violencia Feminicida” en el Código Penal del estado de Nuevo León; g) propuesta de ley para eliminar el perdón del ofendido en casos de violencia familiar y, en ningún caso, aplicar la mediación o conciliación; h) propuesta de ley para modificar el Código Civil en relación con el derecho a la identidad (aprobada en mayo y publicada en septiembre de 2009); i) iniciativa para tipificar el feminicidio, reformando los códigos penal y de procedimientos penales (aprobada y publicada en junio de 2013); j) proyecto de iniciativa de Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (junio 2015).

También Arthemisas ha participado en la construcción del Informe Sombra de Nuevo León, entregado en 2009 a la Unidad de Observación en México de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU; el Informe Sombra entregado en 2011 al Comité de Seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), del que resultaron dos recomendaciones para el estado de Nuevo León (una por feminicidios y otra por desapariciones de mujeres); el Estudio de la Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México, en 2012 y 2013, junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; y, el Informe Sombra Beijing +20, entregado en marzo de 2015.

¿Qué es y cómo podemos identificar la violencia feminicida?

La violencia feminicida es la forma más extrema de violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas. Podemos identificarla por la saña con la que se cometen los actos criminales. Por las acciones torturantes que son infligidas a las mujeres antes o después de matarlas. Por la falta de respeto al cuerpo inerte de la víctima. Por la deleznable exposición que hacen de los cuerpos después de quitarles la vida; pues después de privarlas de la vida, las violan, las mutilan y tiran sus cuerpos como si fueran objetos sin valor. Cuando hablamos de violencia feminicida, nos referimos a la violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Esta violencia, en sus diferentes tipos y modalidades, es fruto de las conductas misóginas de sujetos deshumanizados y bravucones que dan por sentado que la bestialidad significa ser “hombre”. La violencia feminicida no solo es la privación de la vida de una mujer de manera violenta, también se refiere a la privación de la libertad, a las desapariciones, a las mutilaciones, a los matrimonios forzados, a la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral de mujeres y niñas, así como a la prostitución ajena, entre otras violaciones a los derechos humanos. La violencia feminicida se perpetra lo mismo en el ámbito privado como en el ámbito público, y se refiere a todas las formas de muerte violenta de mujeres.

En las últimas décadas se ha vuelto popular hablar de perspectiva de género y erradicación de violencia contra las mujeres, quizá como una forma de responder al incremento de la violencia feminicida. En este sentido, ¿qué significaría gobernar con perspectiva de género?

Vamos a ver. Si tomamos como base que gobernar significa dirigir o guiar, entonces, como respuesta a tu pregunta, gobernar con perspectiva de género sería guiar los destinos de una comunidad, un estado o una nación con una mirada incluyente, en donde las mujeres no seamos consideradas las otras en el pacto social, ni seamos consideradas ciudadanas de segunda clase, sino que seamos consideradas sujetas de derechos, de todos los derechos, en igualdad de condiciones a los que ya tienen los hombres, sin importar las diferencias genéricas (entre e inter género).

En este escenario, ¿consideras posible tener una vida libre de violencias para las mujeres en Nuevo León? ¿Qué se necesitaría hacer para ello?

Trabajamos para que sea posible vivir una vida libre de violencias. A ello le dedicamos nuestro esfuerzo, nuestras capacidades y nuestro tiempo. Para cambiar una situación dada en un espacio determinado, mucho tiene que ver la voluntad política. La violencia es un problema con raíces profundas, muy difíciles de erradicar. Es un problema cultural, de salud, derechos humanos, educación, seguridad, procuración y administración de justicia, cuyas causas multifactoriales se han ido agravando con el tiempo, y que a partir de decisiones erróneas de quienes administran el erario y los destinos del pueblo, ha ido creciendo en todo el país, y Nuevo León no es la excepción. ¿Qué se necesita? De la población en general, educación, educación y educación. Conocer de perspectiva de género y de derechos humanos, respetar a todas las personas, sin discriminación alguna. De las y los servidores públicos, que tengan voluntad política, ética, decencia, honradez, honestidad, integridad, compromiso, responsabilidad, humanismo, solidaridad. Que se eduquen, se capaciten o se formen en el conocimiento de los derechos humanos, la perspectiva de género y de la interculturalidad. También que haya presupuestos etiquetados en esas materias.

Para caminar en este sentido, ¿cuáles serían los primeros pasos que se deberían dar para cesar la violencia contra las mujeres y niñas en Nuevo León?

Informar, desde la primera infancia, sobre la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos y la importancia de respetar el derecho de las mujeres a vivir sin violencias.

¿Qué pasos concretos se han dado?

Los primero pasos que se han dado, a partir de la Alerta de Género en el estado, tienen que ver con la tipificación del delito de feminicidio en la entidad, la creación de protocolos de atención y la capacitación del personal de salud y de ministerio público, quienes suelen ser los primeros funcionarios públicos que entran en contacto con las víctimas.

En principio, es importante que el gobierno de Nuevo León haya reconocido la existencia de la violencia feminicida y, con ello, la haya visibilizado; porque mientras no se reconozca que existe un problema en detrimento de la mitad de la población, no habrá posibilidades de que se realicen las acciones necesarias para atajarlo. Es valioso que tanto el ejecutivo como el legislativo y el judicial se hayan puesto de acuerdo para dar seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones en materia de seguridad, prevención, justicia y visibilización de la violencia de la AVGM para Nuevo León y lograr objetivos comunes, desde las diferentes funciones que corresponden.

En las reuniones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de la AVGM para Nuevo León, los diferentes órganos del gobierno, estatal y municipales, han reportado los avances realizados. Dieron a conocer diversos programas, campañas y acciones dirigidas a menguar la violencia contra las mujeres. Entre las acciones para visibilizar el problema, hay un video sobre la AVGMNL, donde se explica qué es la alerta de género, cuáles son sus implicaciones y lo que el Estado asume ante dicha declaratoria. Este video se ha difundido en redes sociales, pero no es la campaña que se recomienda en la AVGM. La campaña, según las recomendaciones, debe partir de las diversas áreas de gobierno y los municipios, y dar a conocer las diversas problemáticas. Aunque hay varios esfuerzos desde los órganos de gobierno y los municipios, no responden al eje de la AVGM que es la vinculación y la coordinación. Esto no se ve.

En relación con las medidas de seguridad, se han dado algunos pasos. El gobierno estatal y los municipales han llevado a cabo diversas acciones para resolver el problema como: recuperación de espacios públicos; mantenimiento e instalación de luminarias; geo-referenciación de zonas de conflicto; diversas campañas de prevención en radio y televisión pública, así como en revistas y redes sociales; en diversas oficinas públicas instalaron mantas con el violentómetro. Pero los resultados de todo esto siguen siendo una historia en construcción.

Nos comentaste al inicio que eras “feminista por convicción y defensora de derechos humanos por vocación”. ¿Cómo se relaciona la lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres con la lucha por los derechos humanos?

Se relacionan con el derecho que las mujeres y las niñas tenemos a vivir libres de violencias. Este derecho no es aislado sino que está vinculado con los derechos fundamentales a la vida, la libertad, la salud, la salud sexual y reproductiva, la información, la libre expresión, a ser escuchadas, a la no discriminación, a ser tratadas con respeto, como personas con iguales derechos, el derecho al acceso a la justicia, etcétera.

Como feminista y defensora de derechos humanos, ¿qué significa para ti la paz?

A nivel personal, significa estar en armonía, con tranquilidad, estar sin estrés. A nivel familiar, significa concordia, amor, amistad, hermandad, solidaridad. A nivel social, a la paz la veo como un estado en donde la convivencia sea benéfica para todas y todos, donde el pacto social sea de igualdad, de respeto a las diferencias, de inclusión, de seguridad y de justicia. Para mí, tener paz significa no padecer la angustia que me provocan las violencias, significa que se terminen los conflictos que causan dolor y muerte.

¿Qué relación tiene el trabajo que realiza Arthemisas para la construcción de la paz en Nuevo León?

El trabajo de Arthemisas va encaminado a que se reconozcan los derechos humanos a las mujeres, niñas y niños. En ese sentido, se busca la utopía. Nuestro trabajo plantea un cambio cultural en donde se reduzcan las ideas patriarcales, heteronormativas y machistas. Toma como base las diversas leyes que nos norman, entre ellas, por ejemplo, la LGAMVLV. Arthemisas demanda que no se violenten nunca más a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Reclama la eliminación de las diferencias de derechos entre mujeres y hombres; que la igualdad sea un derecho sustantivo y no solo un renglón más en nuestra legislación. Que se erradique la discriminación e impere el respeto a todas y todos.

Para concluir acerca de las condiciones para construir la paz con perspectiva de género y derechos humanos, ¿cómo se diferenciaría esta de cualquier otro tipo de paz que se haya promovido o se esté promoviendo en el estado?

Al igual que la violencia, la paz es un constructo aprendido. Debemos aprender a construir la paz. Por el tema que Arthemisas trabaja, la violencia feminicida, es muy importante el acceso a la justicia. Mientras este no exista, la violencia contra las mujeres y las niñas seguirá impune y en aumento.

En una reunión para diseñar el Plan Estatal de Desarrollo, a la que fui invitada, se habló de la necesidad de fortalecer el pacto social entre Estado y sociedad, como una de las condiciones para construir la paz. Si bien el pacto social del que hablaba Rousseau implica democracia, en el siglo XXI sigue vigente pero con variaciones, pues hemos de trascender la democracia griega y la impulsada tras la Revolución francesa. Ahora demandamos una democracia en la que sean incluidas todas las personas sin exclusión alguna. Además, se requiere de gobernabilidad, esto es, garantizar la seguridad humana, garantizar el respeto a los derechos humanos y también garantizar el acceso a la procuración y a la administración de justicia. Sin estas condiciones, será imposible construir la paz en un país como el nuestro, en donde las organizaciones criminales han socavado las instituciones.

Considero también que debe haber desarrollo económico, pero desafortunadamente, vemos que el salario mínimo oficial no apunta hacia la disminución de las brechas entre quienes más tienen y las personas que sobreviven en situación de pobreza.