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Estudios sociológicos

versión On-line ISSN 2448-6442versión impresa ISSN 0185-4186

Estud. sociol vol.33 no.97 Ciudad de México ene./abr. 2015

 

Reseñas

Alberto J. Olvera Rivera, Alfredo Zavaleta Betancourt y Víctor Andrade Guevara (coordinadores), Veracruz en crisis

Adrián Acosta Silva* 

*Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Universidad de Guadalajara. México.

Olvera Rivera, Alberto J.; Zavaleta Betancourt, Alfredo; Andrade Guevara, Víctor. Veracruz en crisis. México: Universidad Veracruzana, 2012. 4 volúmenesp.


El título de la obra es sin duda atractivo, y es más, un tanto escandaloso, provocador. Colocar el calificativo “en crisis” al examen de la situación actual de una entidad federativa (en este caso Veracruz) tiene el mérito de llamar la atención, de dramatizar, de colocar en perspectiva una mirada múltiple, crítica e incisiva sobre un gobierno, una sociedad y una economía que desde hace tiempo suele llamar la atención nacional por un rasgo importante: ser una de las entidades federativas sobre la cual el fenómeno de la alternancia política en la gubernatura estatal (la joya de la corona de los comicios locales) no ha pasado, en donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha dominado el panorama político veracruzano desde hace más de 80 años.

¿Qué explica esa permanencia, esa continuidad de un partido político al frente del oficialismo local, en un contexto donde la alternancia se ha convertido (casi) en una rutina política nacional? ¿Qué factores inciden en el endurecimiento de las formas de estructuración/dominación política veracruzana, que permanecen, o se refuerzan, en un contexto de deterioro y estancamiento económico y social? ¿Cómo entender las paradojas, contradicciones y tensiones de un régimen político estatal que tiende a combinar procesos electorales más o menos competitivos con viejas prácticas corporativas, clientelares y prebendarias?

Esta obra pretende dar respuesta a estas interrogantes. Más aún, al contemplar lo sucedido en los últimos veinte años en Veracruz, los coordinadores de la obra cuestionan el sentido de los cambios en esa entidad: “¿Quiénes los han impulsado y quiénes los han resistido? ¿Cuáles son los retos que enfrenta la sociedad veracruzana? ¿Qué elementos es imprescindible incluir en la agenda de las ciencias sociales regionales y el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario? ¿Qué cambios políticos y económicos son necesarios y qué políticas públicas deben impulsarse para transformar Veracruz en un lugar más democrático y justo?” (Vol. 1, p. 7).

El propósito de la obra es “contribuir al debate público, bloqueado hasta ahora por el gobierno estatal y los medios de comunicación, sobre todo durante los ciclos electorales, en los que la propaganda de los partidos políticos determina una agenda pública que no posibilita el análisis riguroso de los problemas estructurales de Veracruz y del país”. Este propósito se alimenta del malestar y la insatisfacción con el estado de las cosas en esa entidad y, en buena medida, en el país. Es sin embargo un malestar documentado, compartido por los académicos y especialistas que fueron convocados al Coloquio Veracruz 2010 (celebrado en junio de 2010, a instancias del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana) y cuyos trabajos fueron reunidos en los cuatro volúmenes que componen Veracruz en crisis.

Ese es uno de los puntos de partida importantes de la obra, un punto que marca el sentido intelectual, académico y estrictamente político de los escritos. Cuatro volúmenes, 29 temas, 30 autores de la obra coordinada por Alberto Olvera, Alfredo Zavaleta y Víctor Andrade. Cada uno de los temas ofrece una mirada crítica, un balance sobre lo ocurrido en Veracruz en asuntos económicos, de desigualdad y pobreza, migración; las perspectivas del sector agropecuario, las de la salud; el análisis de la configuración del Poder Legislativo y del funcionamiento del Judicial; el papel de los medios de comunicación, el sindicalismo en los sectores educativo y petrolero; las estrategias de lucha de las organizaciones campesinas. Si se mira con cuidado, la obra ofrece un diagnóstico preciso de varios de los temas críticos no sólo desde el punto de vista académico sino también desde el político y social.

Como suele suceder, hay diferencias significativas en el tratamiento de los temas que se abordan. Hay textos que ofrecen una mirada puntual, sólida, documentada sobre los problemas, mientras que otros textos sólo ofrecen opiniones, creencias y visiones normativas de los autores, más que exámenes descriptivos o analíticos sobre los problemas públicos estatales. No obstante ello, los cuatro volúmenes permiten apreciar una visión de conjunto sobre la situación actual de esa entidad, su territorio, su economía y su sociedad, o mejor dicho de sus sociedades, economías y territorios. Dada la magnitud del ejercicio, aquí se concentrará la atención en la revisión de algunos temas que me parecen destacados para entender las tensiones, dilemas y déficits políticos regionales, incluidos en el volumen III de la obra, subtitulado “Poderes públicos, elecciones y medios de comunicación”.

En el texto de Víctor Manuel Andrade Guevara, titulado “El Poder Legislativo en Veracruz: 1992-2009”, el autor señala de entrada que su estudio pretende analizar el funcionamiento del Congreso local a partir de dos variables fundamentales: “la configuración local del sistema de partidos” y “los cambios institucionales que la variación de aquella ha traído consigo” (p. 17). Como se observa, en realidad el núcleo analítico del tema se concentra en la primera variable, que es lo que tiene efectos en la dimensión institucional de la política veracruzana.

Para abordar esto, Andrade Guevara ofrece un recorrido por los distintos momentos clave de la integración del Congreso local de siete legislaturas entre 1992 y 2009; es decir, desde el gobierno de Patricio Chirinos (1992-1998) hasta el de Fidel Herrera (2004-2010), pasando por el sexenio de Miguel Alemán Velasco (1998-2004). Este recorrido, y los cambios en las fórmulas de integración del Congreso derivadas de los cambios en la legislación federal electoral desde 1977, permiten obtener una imagen de lo que ha ocurrido en el sistema de partidos a nivel estatal.

Así vemos cómo desde 1980, con la irrupción de la representación proporcional como mecanismo de integración de las minorías políticas, el Congreso estatal fue dominado por la construcción de una oposición simbólica, pues sólo siete puestos eran ocupados por diputados de oposición, contra 24 del oficialismo priista. Casi 20 años después, en la legislatura 1998-2000, el tamaño del Congreso se incrementó y su composición se volvió más compleja, aunque el predominio del PRI aún era inocultable: de los 45 escaños del Congreso local, 27 (es decir, 54%) fueron ocupados por el PRI, mientras que 18 (46%) fueron ocupados por los partidos de oposición (principalmente por el PAN con nueve y el PRD con siete).

Este cambio en el peso de los partidos políticos, tanto del oficialismo como del oposicionismo, indican relaciones más complicadas y potencialmente conflictivas que en el pasado del predominio (casi)absoluto del PRI veracruzano. Ese predominio que llevó a afirmar alguna vez que Veracruz era la gran reserva electoral del PRI a nivel nacional.

Pero en las elecciones locales de 2004 la configuración cambió. Aunque el nuevo gobernador fue otra vez el candidato del PRI (Fidel Herrera), por primera vez en la historia electoral ese partido no alcanzó la mayoría de los puestos en el Congreso local. El PAN obtuvo 22 diputados, el PRI (en alianza con el PVEM) obtuvo 21, y la coalición PRD-PT-PVM obtuvo siete diputaciones. Es decir, 29 de los 40 escaños disputados fueron a parar a manos de la oposición (es decir, 72.5%), mientras que el oficialismo quedó reducido a 27.5%. El gobierno dividido se había aparecido en Veracruz, y había coincidido con la elección del gobernador, un fenómeno inusual cuando se examinan otros casos de elecciones estatales, donde el partidos del gobernador suele obtener una ligera mayoría en la primera mitad de su mandato, que luego se desploma en las elecciones intermedias.

Ante los riesgos de ingobernabilidad que se advertían en el horizonte, el nuevo gobernador impulsó el llamado “Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo” a finales de 2004. En ese marco se impulsaron tres iniciativas en el campo del “acceso a la información, pública, la creación del Instituto Veracruzano de las Mujeres, y una nueva reforma en materia electoral” (p. 28). Sin embargo, esos organismos rápidamente fueron dominados por los partidos políticos, y una alianza política entre el PRI y el principal partido de oposición (el PAN), permitió instrumentar las reformas y las nuevas instituciones. Tres años después, en las elecciones de 2007, la composición del Congreso volvió a sus cauces históricos, cuando el PRI logró obtener 34 diputaciones (equivalentes a 68% del total), contra 20 de la oposición. Y en 2010 (según los datos que consigna Manuel Reyna Muñoz en el texto “Desalineación y reagrupamiento electoral, 1992-2010”, incluido en este mismo volumen), el priismo logró triunfar en la gubernatura estatal (con su candidato Javier Duarte) y conservó la mayoría del Congreso estatal.

La historia electoral que está detrás de estos datos ofrece los claroscuros de una transición que no se ha resuelto en alternancia política estatal. Sin duda, hay avances en el reconocimiento de la pluralidad partidista, una dinámica que parece corresponder a lo que ha ocurrido a nivel nacional desde por lo menos el año 1997. No obstante, el priismo local ha logrado adaptarse a esa realidad y colocarse mediante diversas estrategias en el centro político veracruzano. La lógica de dominación, claramente corporativa y clientelar, parece ser una de las fuentes del poder que le permiten impulsar cambios institucionales con la creación de nuevos organismos; pero a la vez es capaz de controlar dichos órganos con la colaboración o cooperación política de algunos de sus principales interlocutores políticos. Sin embargo, no parece observarse una crisis de legitimidad del priismo estatal, por lo menos en términos electorales. Si bien el PRI ya no es lo que solía ser, aún domina el panorama político estatal elección tras elección, por lo menos si se observa sólo la escala del Congreso estatal. Si se mirara el plano municipal, probablemente se podrían observar con mayor claridad los perfiles del desempeño oficialismo-oposición en la entidad.

Para tratar de entender esa complejidad, hay que observar otras dimensiones de análisis. En cualquier caso, los resultados electorales suelen ser los efectos de otros mecanismos más burdos o más sutiles de los comportamientos políticos de partidos y ciudadanos. Una de esas dimensiones es la influencia de los medios de comunicación, de sus preferencias políticas reveladas o implícitas; de los perfiles de sus comentaristas, opinadores y analistas, y de sus relaciones con la clase política regional. Aquí, sin embargo, los trabajos de Williams Cortez, de Édgar Ávila y de Guadalupe Hortencia Mar, apenas ofrecen indicios al respecto. El primero de ellos, el que ofrece mayores elementos de análisis, es realizado a partir de los reportes entregados al Instituto Electoral de Veracruz en el monitoreo de medios de las elecciones locales de 2007. Indica que el peso de las notas en internet sobre la campaña electoral de la coalición denominada (“Alianza Fidelidad por Veracruz”, encabezada por el PRI) superaron por 2 a 1 en notas sobre el PAN y 6 a 1 sobre el PRD. Esa (des)proporción también se reflejó en las notas de la prensa escrita, en el radio y en la televisión. Esto confirma las claras preferencias políticas de los medios (salvo excepciones) que parece explicar la imagen de legitimidad y fuerza política del priismo local.

Estos datos confirman que para explorar la dimensión estrictamente política de la sociedad veracruzana (o de cualquier otra) es necesario incorporar varias lentes analíticas sobre el centro y los alrededores de los comportamientos electorales de partidos y ciudadanos. El largo predominio de un partido político en un territorio y una sociedad concretos no puede explicarse solamente por los resultados electorales o, en el extremo opuesto, por el funcionamiento de una maquinaria de dominación corrupta, ineficiente, depredadora de los recursos públicos, y que hace uso de una represión selectiva pero sistemática de sus opositores y críticos. Quizá el fenómeno pueda ser explicado, como lo ofrecen varios de los trabajos incluidos en Veracruz en crisis, como una mezcla complicada de política y corrupción, de exclusión e inclusión, de inversiones políticas en áreas críticas pero también de resistencias, rebelión y tensiones en otras áreas. Lo que tenemos en Veracruz, me parece, es lo que puede ocurrir también en otras regiones, con otros actores, otros nombres y otras fuerzas.

No estoy seguro de que en Veracruz no haya democracia. Lo que hay es un sistema electoral competitivo que funciona en un entorno que determina fuertemente sus resultados y el comportamiento de sus actores, que corresponden a valores, hábitos y prácticas fuertemente ancladas en tradiciones no democráticas o, si se prefiere, semiautoritarias o semidemocráticas, según se quiera ver. Y ese entorno alimenta fuertemente la crisis de representación política que caracteriza el funcionamiento del sistema de partidos y de las élites dirigentes desde hace un buen tiempo.

En cualquier caso, la democracia representativa no supone la eliminación automática de las tensiones, las contradicciones y las desigualdades sociales y económicas. Las atempera, las re-localiza en el horizonte, puede actuar sobre algunas de ellas o recrudecer otras. Quizá tiene un aire de familia con lo que escribe Adam Przeworski en el prefacio a su libro Qué esperar de la democracia. Límites y posibilidades del autogobierno (Buenos aires, Siglo XXI, 2010): “La democracia es compatible con la desigualdad, la irracionalidad, la injusticia, la aplicación particularista de las leyes, la mentira, la ofuscación, un estilo policial tecnocrático e incluso una dosis considerable de violencia arbitraria. La vida cotidiana de la política democrática no es un espectáculo que inspire admiración; una serie de interminables peleas por ambiciones mezquinas, una retórica pensada para ocultar y mentir, conexiones oscuras entre el poder y el dinero, leyes que ni siquiera aspiran a la justicia, políticas que refuerzan el privilegio” (pp. 27-28). Esa mirada realista y profunda, alimentada por la observación y comparación constantes sobre el funcionamiento de las democracias realmente existentes, proporciona una mirada fría sobre los límites y las posibilidades de la democracia mexicana y sus contextos regionales.

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