Prácticas matrimoniales y desigualdad en el México del siglo XIX

Para entender el rol que desempeñan las prácticas matrimoniales en la perpetuación de la desigualdad de la época, es útil contextualizar la institución del matrimonio en su marco regulatorio y cultural.

La unidad social básica sobre la cual se edificaba toda estructura social del México pre-revolucionario era la familia (^{Arrom, 1985}). Las alianzas matrimoniales eran clave para asegurar intereses económicos y políticos para quienes formaban parte de la élite, así como cumplir aspiraciones de los ‘nuevos ricos’ de ascender a la élite tradicional establecida (Kicza, 1999). Funcionaban como una estrategia para ampliar el patrimonio de una familia en el curso de las generaciones, al aumentar el capital y crear redes más amplias que entrelazaban diferentes ‘clanes’ (^{Ramírez Calva, 2017}) y fortalecían vínculos profesionales en determinados sectores (^{Gonzalbo Aizpuru, 1996}).

El control sobre la propiedad se traduce en poder. En ese mo­mento, el régimen matrimonial por default representaba gananciales, o propiedad parcialmente comunitaria, lo cual implicaba que al disolver la unión los esponsales mantenían su propiedad individual, así como la mitad de la propiedad mancomunada.³ Al mantenerse unidos, sus bienes se administraban como patrimonio unitario. Conservar su posición dentro de la jerarquía social se lograba debido a estrategias de herencia particulares entre las clases altas. Éstas incluyen instrumentos financieros como ingresos vitalicios para miembros de la familia, fondos (‘trusts’) perpetuos, seguros de vida, entre otros (^{Castañeda Garza, & Krozer, 2020}), así como cláusulas específicas para mantener el patrimonio intacto, como la prohibición de vender ciertos bienes inmuebles y la pérdida del goce de cualquier herencia (desheredar) por parte de las viudas en el caso de contraer nuevos matrimonios (^{Couturier, 1985}).

Estudios previos que emplearon registros parroquiales para épocas anteriores muestran que era típico para hombres y mujeres novohispanos casarse con personas de un nivel socioeconómico comparable, sus mismos grupos étnicos, entre familias dedicadas a ocupaciones relacionadas y geográficamente cercanas -incluso con parientes cercanos- (^{Gonzalbo Aizpuru, 1996}). Muchos matrimonios se arreglaban entre familias. Los padres negociaban el matrimonio particularmente para sus hijas, de modo que la dote representaba el acuerdo económico entre ambas partes.

Históricamente, en América Latina las mujeres han gozado de derechos a la propiedad tanto por ley como por usos y costumbres. Sin embargo, no han sido muy poderosas (ni siquiera en proporción a sus propiedades); las sociedades en la región muestran fuertes tintes patriarcales dentro de las familias y en la vida comunitaria (^{Metcalf, 1990}). Si bien las experiencias de las mujeres diferían según su clase social, perfil etno-racial, lugar de origen y de residencia, si estaba casada, sus creencias religiosas y su trabajo (^{Metcalf, 1990}), una de las razones por las cuales sus derechos de propiedad no se tradujeron en una posición (económica) equivalente a la de sus pares hombres era la falta de derecho a la administración de sus bienes. Aunque oficialmente eran propietarias, no fue sino hasta 1917 que las mujeres consiguieron también el derecho legal de controlar sus propiedades (^{Deere, & León, 2005}). En el pasado en el papel les pertenecían ciertos bienes; sin embargo, legalmente los administraba el esposo.

Tal era el contexto en el que se enmarcaba la dote, una práctica que al mismo tiempo deja a la mujer con y sin recursos, y que desde nuestro punto de vista contemporáneo puede parecer una costumbre arcaica (aunque de cierta forma perdura en algunos segmentos de la población en forma de acuerdos prenupciales). Solemos concebir las relaciones conyugales como una decisión personal más que familiar, motivada por razones románticas más que económicas, y sobre todo una opción entre muchas. De hecho, hoy existen infinitas constelaciones familiares aceptables. Sin embargo, la forma tradicional que prevalece en México, el matrimonio eclesiástico entre un hombre y una mujer para formar una unidad legal, sigue teniendo importantes implicaciones distributivas.

La situación paradójica de las mujeres de tener pertenencias mas no poder gestionarlas, se expresaba entonces formalmente en la dote como institución, en la que me enfocaré a continuación, antes de presentar los datos que usaremos para nuestro análisis y para delinear algunos resultados preliminares.

La dote como propiedad familiar

En esencia, la dote es un contrato entre dos partes que buscan iniciar una sociedad matrimonial, proponiendo un intercambio de bienes mate­riales para tal fin. Según los contextos culturales, puede ser pagada por la familia del futuro esposo a la futura esposa (coloquialmente conocida como precio de novia) o viceversa, o consistir en una transacción recíproca de bienes.

En la Nueva España prevalecía el patrimonio que la futura esposa o su familia entregaba al novio en el momento de contraer nupcias. Se negociaba de antemano y se especificaba en la carta dotal la cantidad monetaria o la lista de bienes incluidos en la dote. La dote se otorgaba al esposo, y éste la administraba durante el matrimonio. De producirse la separación o el divorcio, había que devolverla; en caso de que la mujer muriese por alguna causa, el marido tenía que restituir la dote completa a la familia de ella (^{Couturier, 1985}). Así, la dote constituía un pago por adelantado de la herencia de la mujer.⁴ A veces se complementaba con una contribución del novio (arras), que sumaría hasta 10% de sus bienes.

La dote tenía varias funciones con efectos contrarios respecto a la desigualdad: en primer lugar, indicaba la posición social de la mujer en cuestión, así como la posición del aspirante a esposo en el mercado matrimonial. Este aspecto es importante para posibilitar la endogamia, y fomentar la concentración de riqueza. Asimismo, debía proveer una especie de seguro de vida para la mujer. Amparaba a las mujeres a la muerte de sus esposos y proporcionaba una herencia para sus hijos (^{Gonzalbo Aizpuru, 1996}). Esa función amortiguaría la desigualdad de género. Más allá de estos efectos individuales, protegía el patrimonio de la sociedad conyugal: en circunstancias en que los acreedores habían embargado al esposo, exigía la inafectabilidad de los bienes de la cónyuge, protegida por la ley (^{Gonzalbo Aizpuru, 1996}). Por esta capacidad, probablemente contribuyó a empeorar la desigualdad.

Además tenía la función de socialmente ‘restituir el honor’ de una mujer que hubiese tenido relaciones sexuales antes del matrimonio (particularmente si resultaba embarazada), ya que permitía encontrar un marido sin mencionar que era el ‘precio’ por la virginidad perdida, es decir, al marido se le pagaba mediante la dote para que se casara. Este punto es relevante en tanto que dice algo sobre las relaciones matrimoniales: si bien en aquellos tiempos también hubo matrimonios ‘por amor’, pesaba más explícitamente el valor transaccional de la alianza (en su momento, de las pocas opciones ‘honorables’ para mantenerse como mujer), e involucraba activamente a ambas familias (frecuentemente nombradas en las cartas dotales).

Es en este punto donde la dote se entrelaza con las prácticas de herencia más generales. Las leyes de Toro, el código legal familiar basado en la legislación española, rigieron las transferencias de propiedad en la Nueva España hasta las primeras décadas de la independencia. La posición de la mujer como propietaria se regulaba a través de las disposiciones de la dote y la subdivisión equitativa de la herencia. Legalmente, todos los hijos dentro del matrimonio heredaban partes iguales. Sin embargo, en la práctica había una brecha importante entre la igualdad formal y real de las mujeres respecto de sus derechos y acceso a propiedades, particu­larmente tierras, como muestran ^{Deere, & León (2002)} al analizar patrones de residencia virilocales y expectativas culturales para los roles de género.⁵

La independencia acarreó importantes cambios legales y culturales respecto a las instituciones de herencia, incluida la libertad hereditaria que se estableció en 1884. En la segunda mitad del siglo XIX se volvió opcional el otorgamiento de la dote según la ley mexicana, lo cual llevó a la cuasi-desaparición de registros para los matrimonios entre personas de clases sociales más bajas. Combinados estos dos cambios, pensados en principio como progresistas y para apoyar el fortalecimiento de la posición de las mujeres, resultaron de consecuencias ambiguas. Por un lado, la práctica de la dote sobrevivió como estrategia de acumulación de riqueza entre las familias más ricas. Por otro, las mujeres dependerían por completo de la benevolencia de sus esposos (al analizar testamentos encontramos casos donde la esposa se ve beneficiada frente a otros herederos, pero hay otros donde se ve perjudicada; ^{Castañeda Garza, & Krozer, 2020}). Además de ser los jefes del hogar con el derecho legal de administrar la propiedad de la pareja, los hombres contaban con privilegios al heredar tierras. Al mismo tiempo que los cambios regulatorios desprotegieron a las hijas (^{Arrom, 1985}), también redujeron el poder de negociación de las esposas dentro del hogar, y así se incrementó la vulnerabilidad de las mujeres en general (^{Nazarri, 1991}).

En nuestros datos, descritos abajo, se reflejan estas dinámicas cambiantes. En esa época, las dotes en sí se transforman tanto en composición como en tamaño respecto de las anteriores. Por ejemplo, en el siglo XVIII todavía era común encontrar esclavos en las dotes, algo poco frecuente ya en el siglo XIX. Sin embargo, entonces empiezan a predominar las dotes mucho más substanciales, lo que probablemente refleje el hecho de que al dejar de ser un requisito legal, las familias menos pudientes se abstienen de esta onerosa tradición, o por lo menos dejan de registrarla ante notaría (por lo costoso que era el trámite).

Los datos

Nuestro análisis empírico se basa en constancias de dotes de 1816-1860, disponibles en el Archivo de Notarías de la Ciudad de México. Nuestra muestra incluye datos para la Ciudad de México, Puebla, Guanajuato, Estado de México y Michoacán (en conjunto, en su momento, representan alrededor de 90% de la población mexicana). La cantidad substancial de 2 630 observaciones que compilamos nos permite generalizar sobre la concentración de riqueza en el país en ese periodo. Además, los desgloses de bienes enumerados en las dotes no sólo indican el nivel económico del matrimonio mediante el monto de la ‘transacción’, también revelan algo sobre los hábitos sociales entre las élites de la época: costumbres de herencia, la valoración de ciertos objetos, los criterios de lujo de las élites y las relaciones de género y familiares. Así, los datos nos permiten combinar aspectos históricos, sociológicos y económicos de formas cualitativas y cuantitativas.

Tenemos dos objetivos principales: indagar en la concentración de riqueza y revisar los patrones de endogamia entre las personas de diferentes grupos sociales, particularmente entre la élite. Ambos objetivos requieren primero dividir a la población en grupos sociales. Para construirlos, nos apoyamos en que las cartas dotales registran la ocupación de las personas para agregar las ocupaciones mencionadas en categorías ocupacionales más amplias. Como en la mayoría de las observaciones se mencionan rangos militares, resulta un ejercicio relativamente sencillo ordenarlas según la jerarquía militar. Para aquellas ocupaciones no relacionadas con rangos (militares) establecidos, seguimos el trabajo de Sonia López Sotelo para construir una jerarquía social de la población con dote en cinco grupos: si la ocupación registrada es hacendado, presidente, gobernador, senador, general, etc., los agrupamos en el Grupo 1, el más alto en la jerarquía social. Si se trata de comerciantes, coroneles o profesionistas, los agregamos en el Grupo 2. Aquellos que tengan ocupaciones del tipo manufacturero, sean artesanos, zapateros u otro oficio semejante, así como capitán en el ejército, se incluyen en el Grupo 3. Si de trabajo manual se trata, incluidas la construcción y la agricultura, pertenecen al Grupo 4. Finalmente, trabajadores en servidumbre, como mozo, y aquellos que no mencionan ocupación, entran en el Grupo 5. Si bien esta clasificación es algo simplista para facilitar el análisis, concuerda con lo que la literatura historiográfica propone en relación con los ingresos económicos y la calidad de vida de las diferentes ocupaciones, y también su riqueza percibida (^{Castañeda Garza, & Krozer, 2020}). Además, ^{Gonzalbo Aizpuru (1996)} encuentra una relación muy parecida a la que encontramos en nuestra muestra respecto del tamaño y rango de ellas, y la razón entre las dotes y los grupos ocupacionales.

Los métodos

Para probar la concentración de riqueza revisaremos primero los flujos de riqueza entre los cinco grupos sociales/ocupacionales, más exac­tamente, los flujos de riqueza desde la familia de origen de la esposa hacia la nueva familia, por categoría ocupacional del esposo. Segundo, ha­remos una regresión de las dotes con los valores del coeficiente de Gini que calculamos para el periodo en cuestión. Para probar la prevalencia de uniones endogámicas haremos una predicción del efecto de la interacción entre el grupo de origen de la mujer y el estatus de la ocupación del marido en el valor de la dote, es decir, medimos la probabilidad de recibir una dote alta si se proviene de clase ocupacional alta.

Hay preguntas adicionales relacionadas que nos gustaría investigar: ¿cuáles son los efectos por género de la abolición legal de las dotes? El cambio de las leyes de Toro, bajo las cuales el régimen matrimonial es una cuestión exclusivamente eclesiástica, al Código Civil Mexicano que define las uniones como un asunto civil, así como los cambios legales significativos en las regulaciones de herencia tuvieron efectos contradictorios para la posición de poder de las mujeres. Valdría la pena desenlazarlos para entender mejor sus consecuencias, y las repercusiones que acaso tienen hasta la actualidad. Aun con la disolución legal de la dote, no desaparece inmediatamente como institución social, particularmente entre las familias más adineradas, y mantiene incluso cierta relevancia en la actualidad.

Otro tema lateral por explorar concierne a la división social en sí: independientemente de los sesgos representativos de nuestra muestra, se constata el poder desproporcionado de militares y eclesiásticos. Un análisis contextual de los grupos de poder, de quienes conformaban las élites, y cómo se relacionaban entre sí sería muy relevante. Como nuestros datos de dotes tienen una capacidad limitada para responder a esas preguntas, ampliaremos nuestra búsqueda en la historiografía.

Por último, queda el subtema de las dotes religiosas. Si bien tienen otra función que las matrimoniales, y no está claro si se pueda relacionar su estudio de alguna forma, nos interesaría explorar las similitudes o diferencias entre las dos, en cuanto a su tamaño y efecto, y hasta qué punto podrían haber sido sustitutos para diferentes estilos de vida, o dicho de forma más moderna: carreras profesionales para las mujeres.