El 6 de enero de 2013, en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, Guerrero, se produjo un levantamiento armado en el que participaron decenas de localidades para enfrentar la situación de inseguridad ocasionada por el grupo criminal que operaba en la zona. Instalaron retenes, revisaron vehículos, detuvieron a presuntos delincuentes y establecieron, por un canal propio, procedimientos judiciales. El levantamiento armado derivó, después de algunos meses de manifestaciones con cierta espontaneidad, en la conformación del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana y en la consolidación de la denominada Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero (UPOEG).

El nuevo plan de Ayutla. Génesis de las autodefensas guerrerenses (1998-2013) de Pierre Gaussens es un libro relevante, actual y bien documentado, que aborda las condiciones que permitieron el surgimiento del movimiento de autodefensas en Guerrero, y de la crisis interna de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), se contextualiza el surgimiento de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

A partir de este análisis el autor profundiza en las circunstancias y procesos históricos regionales que permiten entender la conformación de respuestas comunitarias armadas. La investigación es un acercamiento tras un rastreo histórico y situado que posibilita, a la vez, establecer líneas comparativas con otras experiencias de grupos armados de defensa en el país, como los que aparecieron en Michoacán desde 2013 y que han proliferado en otras regiones del país.

La obra está conformada por cinco capítulos, conclusiones y un epílogo, que sirven de estructura argumentativa y funcionan como ejes de profundización para explicar la génesis de este grupo de autodefensa. El autor abona a la discusión sobre la caracterización de estos grupos armados defensivos al indicar que la lógica de autodefensa es central en su conformación y que ésta puede expresarse en dos polos dentro del continuum perfilado entre policías comunitarias y grupos de autodefensa: “D­icho de otro modo, si toda policía comunitaria cumple con una función de autodefensa, no todos los movimientos de autodefensa pasan a ser sistemas de policía comunitaria” (p. 299).

En la lectura de Gaussens, la autodefensa guerrerense “constituye un movimiento social que recurre a las armas para poner fin a otra violencia, [… ] con la cual los conflictos se dirimen por la fuerza” (p. 326). Esta respuesta forma parte de las condiciones objetivas presentes en el estado de Guerrero, lo que ha conformado una suerte de cultura política de la violencia. En tal sentido, el autor presenta un marco de interpretación mediante el cual se accede al modo en que estas respuestas armadas se vinculan con violencias estructurales y sistémicas, afines a las formas de organización política despótica del cacicazgo, a la ausen­cia de canales de intermediación y represión de la movilización social por parte del Estado, a las recomposiciones desfavorables de los patrones de acumulación en el campo guerrerense, a las políticas de contrainsur­gencia guerrillera de los años de 1970, a la militarización del combate al cultivo de amapola -en el contexto de la Guerra contra el narcotráfico-, así como la emergencia de la violencia criminal en la región de Ayutla hacia la segunda década de los años 2000.

Al menos tres ejes expuestos por el autor son sustanciales para comprender el fenómeno de los grupos de autodefensa en Guerrero: el giro neoliberal y la transformación de la tutela estatal; el papel de la organización comunitaria y la importancia creciente del gobierno municipal; la violencia sistémica y las respuestas armadas de las comunidades indígenas y campesinas.

El primero, el de la transformación de la intermediación de las socie­dades rurales locales frente al Estado nacional, es importante para dar contexto a las violencias y entender el protagonismo de nuevos actores armados. Para el autor, la implementación del modelo neoliberal en las zonas rurales, fundamentalmente a partir de la reforma al artículo 27 constitucional, permitió, por medio de los procesos de desagrarización y descentralización, la sustitución de la histórica intermediación centrada en el núcleo agrario hacia el fortalecimiento de la estructura de gobierno municipal como nuevo locus de intermediación política, generó la recomposición de los actores políticos en el plano local e impulsó el pluralismo partidario.

Esta transformación es de importancia central porque implicó la rearticulación de las negociaciones frente al Estado en términos nuevos, donde la comunidad y la identidad indígena, más que la campesina, se desplegaron como marcadores políticos nuevos orientados hacia la capacidad de utilizar los recursos municipales bajo distintos apelativos, entre ellos el de la autonomía o libre-determinación.

En ese contexto, a partir del quiebre de la tutela indigenista del Estado, las nuevas formas de organización política de las comunidades indígenas relegaron la interpelación agraria para otorgar a sus luchas otros contenidos, potenciados por el auge del movimiento indígena, el movimiento zapatista y de la llegada de una generación nueva de dirigentes formados en escuelas normales, seminarios y universidades. La nueva forma de la organización política privilegiará, entonces, la organización comunitaria a partir de contenidos culturales y la reivindicación de la propiedad comunal de la tierra.

Dicho desplazamiento de contenidos políticos e identitarios bajo marcajes culturales, comenta el autor, facilita la comprensión del sur­gimiento, hacia la década de los años 1990, de organizaciones indígenas vigorosas como el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indí­gena, el principal espacio articulador de las luchas de los pueblos indígenas de Guerrero hacia esos años, y de igual manera, explica el impulso a la creación de organizaciones indígenas en Ayutla y Acatepec, así como el protagonismo político pujante de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIMPT).

La nueva conformación de las organizaciones indígenas bajo nuevas orientaciones marcará la diferencia entre la evolución contemporánea de los movimientos armados en Guerrero, que transita de la táctica insurgente hacia una lógica de acción vinculada con los sistemas comunitarios de gobierno. Así, se anclan sus organizaciones armadas en términos defensivos con una nueva gramática y concentran su coordinación en el gobierno municipal. Éste es un fenómeno visible en contextos diversos, como en las comunidades indígenas en Michoacán, Chiapas y Oaxaca, impulsado notoriamente a partir de la modificación al artículo segundo constitucional derivado de las demandas de derechos indígenas impulsados por el zapatismo.

Un segundo eje relevante para explicar las respuestas armadas se relaciona con lo que el autor distingue como la conformación de un campo social minado, en el que poblaciones campesinas e indígenas en Guerrero han estado históricamente sujetas. Gaussens traza, de manera pertinente, una línea de continuidad en tanto movimientos armados, entre las organizaciones guerrilleras y la formación de estrategias comunitarias defensivas (Policía Comunitaria, Policía Ciudadana), movimientos armados cardinales frente al cierre de los canales institucionales y por la violencia represiva que en varias ocasiones derivó en masacres perpetradas contra poblaciones campesinas en el estado, como aquéllas cometidas en la década de 1970 que dieron lugar al surgimiento de las guerrillas encabezadas por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, hasta la masacre de El Charco en 1998 en el municipio de Ayutla, que antecedió a la aparición pública del Ejército Popular Revolucionario (EPR), y que favoreció el surgimiento de organizaciones comunitarias defensivas.

Un elemento más para observar la complejidad de este campo social minado se relaciona con el cultivo de amapola, que significó una oportunidad ante la crisis de la economía familiar en el entorno de desca­pitalización de la agricultura tradicional, pero trajo como consecuencia el combate militarizado para su erradicación, con el consecuente aumento de violaciones a los derechos humanos.

Un tercer eje destacable, que se sobrepone a estas violencias estructurales y que constituye un elemento común al surgimiento de las defensas comunitarias en el país, es el embate de la criminalidad organizada. La organización armada defensiva en Ayutla se conformó asimismo como reacción frente a una violencia distinta caracterizada por las formas extorsivas con que operó el grupo criminal local, que en su comienzo se presentó como un proveedor de seguridad, pero derivó en un grupo de intermediarios violentos a partir de la extorsión a transportistas, comercio formal e informal, y se estableció finalmente como un grupo armado al servicio del cacicazgo local instalado en el gobierno municipal. Así, señala el autor, la autodefensa opera de manera contenciosa contra las conductas predatorias moduladas en una zona gris, que en términos locales vincula tanto a autoridades gubernamentales como a agentes criminales en el ejercicio de la gobernabilidad local.

Gaussens advierte un hecho importante: si bien hay una continuidad en cuanto a movimientos armados entre las guerrillas y las autodefensas, la emergencia de la autodefensa presenta una genealogía distinta con la lógica de la guerrilla.

Entre las características distintivas el autor señala que, contrariamente a las guerrillas, las organizaciones defensivas no buscan la toma del poder ni la deposición del gobierno, sino la construcción de una organización comunitaria que permita defenderse ante la criminalidad y la crisis de inseguridad que ha caracterizado la gobernanza neoliberal de inicios del siglo XXI. En ese sentido, se trata de dos formas de organizaciones armadas que reaccionan frente a dos modelos de estatalidad:

se trata de dos vertientes de una lucha armada que se enfrenta con dos modelos diferentes de Estado: para la guerrilla, desde la década de 1960, con un Estado fuerte, cuyo pacto de dominación debe ser derrocado; para la Policía Comunitaria, a partir de la década de 1990, con un Estado debilitado -por el giro neoliberal de sus políticas-, el cual hay que suplir. Por un lado, se trata de derrumbar un Estado que daña a la sociedad; por el otro, de reconstruir una sociedad dañada por el derrumbe del Estado (p. 296).

Un hecho relevante en la emergencia de la autodefensa, y de su multiplicación por otras regiones de la geografía nacional, es entenderla como parte de la impugnación de un orden social, que hace explícita la profundidad de la crisis estatal, expresada en el nivel local por la mutación criminal de la intermediación política y de la representación oficial. Para Gaussens, la gobernabilidad criminal se constituye en un nuevo régimen de gobierno, sucesor del modelo posrevolucionario, que acumula riqueza a partir de la fusión legal-ilegal. “Frente al afianzamiento de este régimen, la autodefensa se convierte entonces en un medio para una reapropiación colectiva de los espacios abandonados por la legalidad y de las funciones incumplidas por las instituciones oficiales” (p. 334). En ese sentido, el movimiento armado que con­forma a la Policía Ciudadana en Ayutla de los Libres evoca para el autor al Plan de Ayutla de 1854 que puso fin a la dictadura de Santa Anna, cuando las comunidades recuperan su agencia política y buscan derrotar la fatalidad de un gobierno criminal.

Finalmente, el libro de Pierre Gaussens suma debates y preguntas para continuar con el estudio de esos fenómenos, pues la emergencia de grupos defensivos armados quizás esté expresando mucho más sobre la acción colectiva; las formas de construcción de la estatalidad a nivel regional; la pluralización de autoridades regulatorias y el quiebre de la legitimidad en el monopolio estatal de la coacción; el protagonismo de nuevos actores políticos armados, y los procesos contenciosos frente a un pluralismo violento y de gobernanza criminal.