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El objetivo de este trabajo es presentar algunos instrumentos conceptuales propios de la Teoría General de Sistemas Sociales (TGSS) que sean pertinentes para el análisis de los grupos criminales en Tierra Caliente, Michoacán. Al respecto, muchos de los estudios empíricos, desde trabajos académicos hasta propuestas de política pública, se estructuran sobre un lenguaje de primer orden y de un instrumental conceptual cargado de supuestos acientíficos que sesgan la comprensión del fenómeno. Frente a esto, la TGSS en versión Niklas Luhmann (1987, 1997, 2010) posibilita ensayar un horizonte de observación distinto sobre el caso de estudio, ya que ofrece un instrumental epistemológico, teórico y metodológico útil para la observación de lo criminal desde el punto de vista sistémico. Es decir, entender el fenómeno de lo criminal como eventos comunicativos, lo que permitiría comprender cómo las comunicaciones sobre lo criminal se estructuran sistémicamente y cómo se integran en la red de comunicativa que constituye a la sociedad.
La discusión, si bien eminentemente teórica, es producto de una larga reflexión a partir de mi propia experiencia de investigación en el tema de grupos criminales en la región de Tierra Caliente (GCTC), Michoacán (Guerra, 2018a, 2020, 2022)1. La propuesta, por tanto, tiene pretensiones y límites claros, ya que, si bien se reflexiona sobre instrumentos teóricos generales, esto se hace a la luz de un caso de estudio.
Pero ¿por qué introducir el análisis sistémico al campo de lo criminal? Con los instrumentos conceptuales que ofrece la TGSS busco rebasar ciertos presupuestos que subyacen a las narrativas sobre el fenómeno del crimen y del sujeto criminal que se han construido desde el Estado y sus políticas: supuestos ontológicos, epistemológicos, antropológicos, normativos y sociológicos. De igual manera, busco visibilizar ciertos rendimientos de investigación para el estudio de lo criminal: observar lo criminal como una red de diferentes tipos de comunicaciones (económica, política, jurídica), que adquiere distintas formas (interacción, organización) y que resuelve distintos problemas societales (el problema del orden, de la inclusión/exclusión). Mi argumento es que en el campo específico de estudio que he investigado durante los últimos años, un análisis sistémico del fenómeno criminal permite entender su surgimiento y estabilización a partir de los rendimientos funcionales que proporciona.
El artículo está dividido como sigue. En el siguiente apartado se reflexiona sobre algunos supuestos que subyacen al estudio del fenómeno criminal (II). La discusión tiene la función de justificar por qué la sociología de sistemas sociales puede ser útil en el abordaje del fenómeno criminal (III). En los dos siguientes apartados abordo el problema del orden (IV) y el mecanismo societal inclusión/exclusión (V) como fundamentos del análisis de lo criminal desde el horizonte de la TGSS. Finalmente (VI), concluyo con unas reflexiones sobre los rendimientos operativos de un análisis sistémico del fenómeno.
Arqueología del lenguaje científico sobre el fenómeno criminal
Ha sido tanto en la criminología, como en la política pública donde el lenguaje de primer orden -con todos sus supuestos- ha tenido más influencia en el análisis de lo criminal y, en especial, de los GCTC (Cendejas et al., 2017; Guerrero, 2021; Rivera Velázquez, 2014). La criminología, dado su anclaje en el sistema jurídico, ha buscado explotar las herramientas de la ciencia para entender el fenómeno de la delincuencia y elaborar estrategias para evitarlo. Por su parte, la política pública, a partir de su anclaje al sistema político y la administración estatal ha buscado explotar las herramientas de la ciencia para explicar el fenómeno y elaborar recomendaciones de política para revertirlo. Dado que ambas disciplinas se vinculan estructuralmente a esos dos órdenes societales, el sistema jurídico y el político, es evidente que el lenguaje que utilizan está cargado de esa semántica política, jurídica y moral, que permea el análisis de la criminalidad. Si bien esto no tiene por qué ser motivo de alarma, ya que la función de ambas disciplinas es, justamente, incidir en el mundo para normarlo, lo cierto es que no constituyen una mirada propiamente científica y, precisamente por eso, redundan en políticas públicas que reproducen más problemas que respuestas (cfr. Hagan, 2006; Levi, 1998).
Una parte del actual discurso científico sobre los grupos criminales se acopla de forma estructural (si bien ortogonal) a la narrativa política sobre la violencia, las drogas y el crimen. Desde el discurso gubernamental, al fenómeno de la criminalidad se le ha dado un cariz político, moral y jurídico. Desde 2006, en el discurso y la acción de gobierno las organizaciones criminales aparecen como un problema de seguridad pública -e incluso de seguridad nacional (Vázquez Moyers, & Espino Sánchez, 2015). En esta narrativa, las organizaciones criminales y las drogas se presentan como un problema que desafía la paz social, la autoridad del Estado y la estabilidad de la nación, por lo que, desde la perspectiva del gobierno, se ha hecho necesario enfrentarlas por la vía punitiva y armada. Se trata de una narrativa en que el crimen, la organización criminal y el criminal mismo aparecen descritos con base en categorías morales (los malos), jurídicas (los delincuentes) y políticas (los enemigos) por lo que no sólo se les estigmatiza y criminaliza, sino que también se les politiza (cfr. Madrazo Lajous, 2016).
Lo interesante es que tal narrativa, que se encuentra en el centro del sistema político y el Estado, también ha informado una parte del discurso del sistema científico. En efecto, un sector de la academia con vocación de incidencia pública, ha buscado estudiar el fenómeno de la fragmentación y diversificación de las organizaciones criminales y el aumento de la violencia como un problema público (Pastrana Buelvas, & Gehring, 2018). El objetivo ha sido proveer de insumos al sistema político mediante el diseño de políticas públicas para enfrentar el problema, en especial en el caso de Tierra Caliente (Guerrero, 2021; Infante, Ortega, & Aguirre, 2020). Desde esa perspectiva, este tipo de investigación parte de una base doble -deontológica, por un lado y epistemológica, por el otro- que posibilita pensar la violencia como un “problema público” que es necesario enfrentar por medio de las herramientas de la ciencia. Así, una vez que se han entendido las causas de esa violencia, estas disciplinas permiten elaborar recomendaciones de política pública que van desde política social hasta la vía punitiva y armada.
Una parte de esos estudios se estructuran a partir del lenguaje de primer orden. Un lenguaje, debe decirse, cargado de supuestos. En especial, un lenguaje con una fuerte carga ontológica y normativa. Ontológica porque en ese lenguaje, términos como, por ejemplo, mercados ilícitos, organizaciones criminales o violencia aparecen como fragmentos del mundo y realidad social. Normativa porque esos mismos términos se estructuran desde un punto de vista moral y político. De ahí que, lo que se indica como mercados ilícitos, organizaciones criminales y violencia se signifique como un problema que perturba una supuesta armonía social previa y que es necesario atender y resolver (cfr. Lomnitz, 2019; Maldonado Aranda, 2012). Sobre esa posición de observación -moral y política-, se ha construido una estructura narrativa sobre el papel que el crimen organizado, las organizaciones criminales y el sujeto criminal desempeñan en el mundo contemporáneo. Tal narrativa condena la transgresión del orden moral y jurídico de la sociedad que acometen las organizaciones criminales. Además, articula una historia en que las organizaciones criminales y las fuerzas del orden son los protagonistas, el crimen, el objeto de disputa, y la moral pública y el bien común, las principales víctimas de una batalla épica constituida sobre la distinción moral por excelencia: el bien y el mal (cfr. Fernández Menéndez, 2012).
A pesar de que varios estudios sobre el fenómeno criminal en Tierra Caliente han desarrollado un lenguaje formalizado y han hecho la crítica de las distinciones fáciles (Le Cour Grandmaison, 2019), lo cierto es que las armazones conceptuales y teóricas que emplean descansan en una serie de supuestos que sesgan, porque politizan, la observación científica. Aquí, identifico seis tipos de supuestos y ensayo, sin pretensiones de exhaustividad, su arqueología. Esto no significa que toda la política pública y la criminología partan de esos supuestos. Tampoco significa que no existan matices.
En el nivel ontológico, se piensa la realidad del crimen como algo predado, que no depende del punto de vista del observador, sino que es un hecho social que se encuentra ahí para el escrutinio del científico. Estudiar el fenómeno criminal sobre las bases de la ontología clásica no deja espacio para la reflexión crítica sobre el lugar desde el cual se construye al fenómeno. Sociológicamente, el fenómeno criminal, como evento del mundo, emerge desde dos ámbitos societales: desde lo social y desde lo científico. Mi argumento es que los criterios de observación del crimen deben ser distintos y distantes desde el ámbito de la ciencia, como desde el espacio de la sociedad. Sin embargo, el problema es que, al emplear el lenguaje de primer orden en el discurso científico, las fronteras entre lo societal y lo científico se diluyen. Es precisamente en ese momento, en que se parte del principio de realidad de la ontología clásica al emplear el lenguaje de primer grado, que toda la observación de lo criminal se sesga con supuestos antropológicos y normativos.
Lo anterior lleva al segundo nivel del discurso científico sobre el crimen, el nivel epistemológico. Si la realidad es lo que es, luego entonces es necesario utilizar los instrumentos de la ciencia dura (las mediciones a partir de observaciones) y los instrumentos de la política (las estadísticas) que permitan descubrir correlaciones y causalidades, o patrones y comportamientos. No por casualidad, la política pública actual sobre la violencia abreva de modelos de investigación cuantitativos y de construcción de bases de datos e indicadores para la toma de decisiones (cfr. Atuesta, Siordia, & Lajous, 2019). Además de erigir sus propias armazones conceptuales, los estudios sobre la organización del crimen exigen insumos empíricos para sostener sus análisis, argumentos y tesis. Así, las disciplinas construyen los indicadores que les permiten elaborar sus observaciones, sustentar sus descripciones, generar una comprensión del fenómeno y procesar explicaciones coherentes y robustas de esa realidad que se investiga. De esta forma, ambos bloques heurísticos (los conceptos y los indicadores) constituyen el horizonte de sentido que estructura la observación de las organizaciones criminales desde el campo del discurso dominante en la política pública.
El siguiente nivel en el discurso sobre el crimen y las organizaciones criminales es el antropológico. En los varios estudios sobre el tema, se hace el análisis de las organizaciones criminales. Sin embargo, éstas se piensan como grupos compuestos por individuos que diversifican sus actividades delictivas, se enfrentan a las fuerzas militares, entre otras actividades. Algunos de los trabajos sobre los grupos criminales de Michoacán colocan en el centro de sus tesis los liderazgos de los grupos delictivos. Por ejemplo, en el caso de Los Caballeros Templarios, se ha estudiado a sus líderes para explicar algunas de las características organizativas (Lomnitz, 2019; Valdés Castellanos, 2013). Más aún, la impronta de la teoría de la acción es obvia debajo de las reconstrucciones periodísticas (Gil Olmos, 2015; Grillo, 2012, 2016) que muchas veces son empleadas en los análisis académicos como insumo de información. Finalmente, si bien se han superado ciertas distinciones morales e ideas sobre una supuesta naturaleza humana,2 varios estudios analizan todavía a los integrantes de los grupos criminales en la región y los etiquetan como sujetos sin sentido de pertenencia que existen en contextos de crisis de valores (Lomnitz, 2016, 2019) o que expresan sus violencias a partir de sus contextos de conflicto (Guerra Manzo, 2017).
Por encima del nivel antropológico, una parte del discurso criminológico y de la política pública sobre lo criminal se levanta sobre un supuesto más -el sociológico-, el cual se ancla en una metadistinción conceptual que podemos nombrar comunidad / sociedad. Aquí, se parte de entender el problema de la criminalidad como un problema de desestructuración del tejido social: de los vínculos afectivos, de los lazos solidarios y de una identidad común (Posadas Juárez, Paulín Larracoechea, Cruz Torres, & González López, 2019). Si bien es cierto que el análisis académico ha atemperado sus implicaciones normativas y lejos estamos de los discursos sobre lo patológico3, algunos autores (cfr. Maldonado Aranda, 2012; Phillips, 2017; Zepeda Gil, 2017) han mantenido argumentos acerca de cómo ciertas condiciones sociales, económicas y factores culturales influyen en la emergencia de mercados ilícitos, organizaciones delictivas y violencias. En síntesis, se observa que todavía se hace ciencia con la apuesta de hacer la crítica al orden social y aspirar a la intervención mediante una política de seguridad (Maldonado Aranda, 2018) o la reconstitución comunitaria (Kloppe-Santamaría, & Abello Collak, 2019).
Como consecuencia, una parte del discurso sobre los GCTC se articula desde un nivel deontológico que no permite pensar el tema de las organizaciones criminales como una manifestación más de la complejidad de lo social, sino como un problema, en especial un problema de seguridad (Guerrero, 2021; Maldonado Aranda, 2018, 2019). La dimensión deontológica ha sido importante, tanto para la ciencia, como para la política y la sociedad en determinar la forma en que se comprende el fenómeno. Sabemos que la tendencia a tratar el tema del crimen desde un punto de vista moral y político tiene objetivos de control social (Lynch, 2000) y en ese sentido se entiende la racionalidad de la política pública. Pero desde la ciencia social, se pierde más pensando el tema de lo criminal como un problema social. La visión moral del fenómeno impide observar algunas dinámicas desde un punto de vista científico. Por tanto, la apuesta de una investigación sistémica de lo criminal desde el punto de vista de la TGSS debe ser por tratar lo criminal como un problema de investigación, es decir, preguntarse por las condiciones en que lo criminal se construye y emerge socialmente.
Sería injusto pensar que a todo el plexo de investigaciones académicas sobre el fenómeno criminal subyacen los mismos presupuestos y problemas. Los marcajes que aquí he establecido son apenas indicadores de los supuestos en los que es necesario profundizar para entender la configuración del discurso sobre los GCTC. Sin embargo, es evidente que, a pesar de la formalización del lenguaje, los supuestos ontológicos y deontológicos constituyen una fuente que sesga, porque politiza, el fenómeno criminal.
Por tanto, un ejercicio intelectual obligado sería acometer más ampliamente la genealogía de las categorías de la producción del conocimiento científico sobre el fenómeno criminal y profundizar en la arqueología de sus supuestos: desde el nivel ontológico hasta el de política pública, como ya se está haciendo (Hall, & Winlow, 2012). En esa dirección se han elaborado ya historias conceptuales (Lampe, 1999; von Lampe, 2001) y genealogías sobre el crimen que advierten sobre los sesgos de la investigación al recurrir a categorías analíticas politizadas (Arriaga Ornelas, 2008; Nuzzo, 2013; Panarello, 2015). En el campo nacional, autores como (Astorga, 2007; Gaussens, 2020, 2021; Zavala, 2018) han hecho ya la crítica al lenguaje con el que desde los medios de comunicación y las ciencias sociales se observa el fenómeno de lo criminal. Lo anterior permite develar el carácter constructivista de toda categoría analítica y la contingencia de conceptos como “cartel”, “narco” o “violencia”. Sin embargo, es momento de ensayar propuestas alternativas. Una alternativa que tome distancia del lenguaje de primer orden y que entienda lo social -y, por tanto, lo criminal- como evento comunicativo.
La base epistemológica del lenguaje de segundo orden
La discusión sobre los problemas del lenguaje de primer orden y su utilidad en la investigación científica que nutre las políticas públicas tiene una larga historia. No sólo se ha hecho la crítica sobre la pretensión de pensar el lenguaje y la realidad a partir de una teoría de la correspondencia (Foucault, 2001, 2014), sino también se ha criticado la incapacidad del lenguaje científico de observarse a sí mismo como lenguaje de primer orden. Ha sido desde la cibernética (Von Foerster, 1991) en un primer momento, y desde la biología (Maturana, & Varela, 1991, 2009) más adelante, que la discusión ha dado un giro: el constructivismo radical. Un giro que implica despojarse de los fundamentos ontológicos anclados en el paradigma de la identidad, tan caro a las ciencias sociales. Un giro que significa partir de una epistemología distinta: la diferencia. Lo que trae consigo abandonar el concepto tradicional de observación y sus pretensiones empiristas y positivistas para sustituirlo por una epistemología sobre la observación de observaciones y, en especial, la observación de sistemas observantes.
El problema con las observaciones de primer grado, como ocurre en las ciencias sociales, es que no son capaces de observar sus observaciones como observaciones (Luhmann, 1992). El lenguaje natural -y el lenguaje formal de las disciplinas académicas- posibilitan una observación que ante el observador aparece, no como observación, sino como realidad. Sin embargo, desde la perspectiva del lenguaje natural y del lenguaje formalizado, a las observaciones les subyace una ontología: para el observador las observaciones son “hechos sociales” (Durkheim, 2019). Desde la perspectiva del lenguaje de segundo grado de la teoría de sistemas, las observaciones se observan como observaciones de sistemas observantes. Éste es, quizá, el principal objetivo programático de la teoría de los sistemas sociales: observar los puntos ciegos de las observaciones de los sistemas observantes. A esto, Luhmann le llama observación de segundo grado (Luhmann, 1992).
Hoy en día, el desarrollo teórico y el estado actual del conocimiento permite observar esas observaciones como operaciones de sistemas observantes. Así pues, la crítica a la observación sobre el fenómeno criminal no sólo es una propuesta de ruptura epistemológica, sino una propuesta de ruptura ontológica sobre el entendimiento clásico del fenómeno criminal, que rompe el paradigma clásico de la sociología: observar el fenómeno criminal ya no desde la distinción sujeto/objeto, sino como sistemas sociales. Lo que aquí propongo es, a partir de mis observaciones sobre los GCTC, observar a las organizaciones criminales no como objetos en el mundo, ni como sujetos, sino observarlos como eventos comunicativos. Este cambio de paradigma requiere romper con cuatro obstáculos epistemológicos (cfr. Bachelard, 2000; Luhmann, 2007, pp. 11-21).
Primero, romper con el supuesto antropológico de pensar que las organizaciones criminales están compuestas por individuos, para en su lugar, repensarlas como sistemas de comunicación operativamente clausurados, si bien estructural y ortogonalmente acoplados a su entorno. Segundo, romper con los supuestos morales y normativos que subyacen al fenómeno, para repensar lo criminal como sistemas de comunicación que generan un orden, pero que éste no debe observarse desde un punto de vista moral o normativo. En todo caso, la ciencia puede observar la moral implícita en lo criminal, pero no debiera permitirse hacer una observación moral de lo criminal. Tercero, romper con el supuesto de que las organizaciones criminales constituyen una singularidad (una desviación) social, para en su lugar, repensarlas como parte integrante de lo social y, por tanto, estructuralmente acopladas a distintos sistemas funcionales, a saber: el derecho, la economía, la política, la ciencia. Cuarto, romper con el supuesto de la realidad ontológica de las organizaciones criminales, y entenderlas como sistemas de comunicación que se diferencian de su entorno a partir de una distinción, y que mantienen sus operaciones a partir de la comunicación o de diferentes tipos de comunicación (como la comunicación de decisiones o la comunicación de temas), medios de comunicación simbólicamente generalizados (como los de poder, dinero, confianza, moral), así como medios simbióticos de comunicación (como la violencia y el miedo).
La tesis que propongo es que una de las formas de entender la emergencia del fenómeno criminal consiste en partir de la observación de sus rendimientos funcionales. Para ello es necesario acometer el análisis de lo criminal desde el punto de vista del teorema de la improbabilidad de la comunicación y de la constitución del orden social.
La improbabilidad del orden social criminal
El problema del orden social ha sido abundantemente tratado en la literatura sociológica (Slattery, 2003; Strasser, 2014). De hecho, la teoría social en general ha pensado en distintos elementos o componentes del mundo social que permiten entender y atender el problema de la constitución del orden (Alexander, 1982). Sin embargo, ha sido desde la sociología sistémica que el tema se convirtió en un problema teórico fundamental.
Si bien a lo largo de la teoría sociológica existen distintas imágenes, narrativas y teorías acerca del orden social, en la teoría de sistemas es justo alrededor de la construcción de la pregunta sobre el orden social que la disciplina ha construido su identidad (Luhmann, 2009). Es decir, la pregunta por la emergencia del orden es la pregunta toral de la sociología sistémica. Partir del teorema de la doble contingencia para observar la emergencia del orden es clave en toda comprensión del fenómeno criminal porque permite entender los mecanismos que sostienen las estructuras del orden criminal a pesar de sus condiciones de complejidad, riesgo y peligro. Para establecer las bases sociológicas del análisis sobre la improbabilidad del orden social, la tesis que empleo coloca el acento en los procesos de inclusión/exclusión en el contexto de las sociedades en proceso de diferenciación funcional (cfr. Luhmann, 1970). Mi tesis es que el orden social criminal emerge y se constituye como un equivalente funcional de múltiples mecanismos societales que permiten la inclusión y la exclusión de los individuos de los sistemas funcionales de las sociedades modernas. De tal forma, el orden social criminal se estructura a partir de distintos tipos de comunicación que, eventualmente, pueden configurarse en un sistema social del tipo organización, si bien adquiere distintas formas, como grupo, como redes o como familia.
En lo que sigue, expondré los principales instrumentos teóricos que permiten una observación de la organización de lo criminal por medio de sus acoplamientos con la sociedad y la posibilidad de constituirse como equivalente funcional de los rendimientos de los sistemas de la sociedad moderna (V).
El problema de la inclusión y exclusión y la emergencia del orden social criminal
Una de las dinámicas centrales de las sociedades modernas se estructura sobre la distinción inclusión/exclusión cuya función es establecer los criterios que permiten a un individuo formar parte o no de la comunicación de la sociedad (Luhmann, 2005c). Desde el punto de vista de TGSS, no se trata de la inclusión de la psiquis de los individuos, o de sus cuerpos, a la sociedad, sino de su inclusión comunicativa, lo que ocurre por medio de una estructura de expectativas: la forma persona (Luhmann, 2005a). En el tránsito desde un orden social tradicional, en el que prevalece la primacía de lo político y lo religioso, a un orden social moderno o funcionalmente diferenciado, el principio organizador de la sociedad es la mayor inclusión de los individuos en los distintos sistemas: la política, la economía, la educación, el derecho (Cadenas, 2012, 2016).
A diferencia de lo que ocurre en otras regiones de la sociedad mundial, en América Latina la inclusión social es mediada por “redes de estratificación” (Mascareño, 2010) que mediatizan la inclusión social por medio de marcadores como la clase, el género, la etnia. Esto coloca fuertes límites a los individuos, a veces infranqueables, para lograr su inclusión. Sin embargo, para hacer frente al problema de la inclusión, la sociedad desarrolla sus propios procesos de inclusión alternativos. Es decir, sobre la base de ciertas condiciones de estratificación, ocurre la emergencia generalizada de expectativas informales de inclusión. Una de éstas son los mercados ilícitos. De modo que estudiar el orden social criminal desde la perspectiva sistémica significa investigar qué procesos alternativos de inclusión/exclusión ocurren en el orden social, qué procesos de inclusión/exclusión ocurren en el orden social criminal y cómo los individuos, mediante distintas estructuras de expectativas, se benefician o no se benefician de sus rendimientos funcionales. Dada la generalización de la exclusión social en distintas dimensiones, en especial la económica y la política, el orden social criminal se estabiliza como segmento en que la inclusión es posible. La inclusión de personas en la comunicación ocurre en el orden social criminal porque se ha constituido como equivalente funcional que resuelve problemas como la distribución de recursos o la participación en tareas colectivas.
Un programa de investigación sistémico sobre el fenómeno del crimen deberá observar las dinámicas específicas y diferenciadas que el mecanismo de inclusión/exclusión genera tanto en los procesos de exclusión social de los individuos, como de los procesos de inclusión. Además, deberá ser un análisis que tome en cuenta los distintos rendimientos societales y las equivalencias funcionales que el orden social criminal ofrezca a su entorno en tres dimensiones: el problema de la desdiferenciación de la política, economía y derecho, el problema de la distribución de recursos y el problema de la identidad.
El problema de la desdiferenciación política, economía, derecho
El tránsito histórico en América Latina hacia la modernidad se ha visto atravesado por lo que Mascareño (2010, 2014) llama proceso de desdiferenciación funcional. Se trata de la jerarquización de funciones sistémicas en donde el sistema político mantiene la primacía de sus operaciones frente a las esferas de la economía y el derecho. Esta línea de investigación es sumamente fructífera en el campo académico que atiende el tema de organizaciones criminales y mercados ilícitos. De hecho, en la línea de estudios históricos sobre la construcción del Estado como forma de extorsión legalizada (Tilly, 2022), la literatura especializada en México ya ha demostrado cómo la constitución de mercados ilícitos, se ha constituido desde el Estado (Astorga, 2016; Serrano, 2007). La forma en que el Estado, la economía y la instrumentalización del sistema jurídico se ha articulado en la emergencia de lo criminal, ha sido estudiado desde distintas perspectivas: desde las tesis que apuntan a la captura del Estado (Vázquez Valencia, 2019), a los trabajos que señalan las zonas grises entre lo legal e ilegal (Das, & Poole, 2004), la emergencia de mercados ilícitos justamente ahí, en los márgenes del Estado (Maldonado Aranda, 2010), o la articulación de redes de poder hegemónicas constituidas por actores estatales, económicos, sociales y criminales (Flores Pérez, 2013; Pansters, 2018b).
La TGSS ofrece alternativas teóricas para observar el proceso en que lo estatal, lo económico y lo jurídico se entreveran y permiten el surgimiento de lo criminal. Ya Estrada Saavedra (2021) ha ensayado cómo, desde la TGSS se puede explicar la constitución de órdenes de impunidad estatalmente organizada para el caso de Michoacán, a partir de entender la poca diferenciación entre la política y lo jurídico. Desde el periodo revolucionario el proceso de construcción estatal se valió de distintas herramientas como el uso de militares y los planes de desarrollo con el fin de construir orden social e integrar a la región al discurso nacional. Sin embargo, como ha demostrado la literatura, el Estado no fue nunca un ente centralizado con capacidad para contener la violencia (Guerra Manzo, 2017). En todo caso, la dinámica de construcción estatal históricamente se vinculó con grupos de civiles armados y con el crimen organizado en la formación de soberanías paralelas (Pansters, 2012, 2018a). Por otra parte, mis propias observaciones etnográficas en TC sugieren las líneas de continuidad entre lo estatal, lo jurídico y lo criminal en distintos ámbitos societales, como en la articulación de organizaciones criminales (Guerra, 2018a), el surgimiento de grupos de autodefensas (Guerra, 2017) o la conexión entre organizaciones criminales, grupos armados e instituciones policiales (Guerra, 2019).
Enlazar las observaciones empíricas sobre la relación entre lo estatal y otros espacios de la sociedad en la construcción de la impunidad, los grupos criminales y las violencias permitiría, desde la TGSS, observar sistémicamente estos fenómenos, anclar el análisis en la tesis sobre el proceso de desdiferenciación funcional (Mascareño, 2010) y hacernos de más elementos para comparar con otros contextos en México y América Latina.
El problema de los recursos
El análisis de las redes de estratificación y el proceso de desdiferenciación funcional resultan recursos teóricos prometedores para el caso que nos ocupa. Como se ha escrito a propósito de la región, a lo largo del siglo pasado las políticas económicas estatales se tradujeron en condiciones sociales que favorecieron la informalidad, ilegalidad, delincuencia y violencia. En la década de 1990, la desregulación económica y los procesos de desmantelamiento institucional del Estado, sentaron las condiciones para el surgimiento de mercados ilícitos (Gledhill, 2016; Maldonado Aranda, 2010). Sin embargo, el proceso de precarización de la región ya se había presentado en otra época histórica. El modelo de desarrollo agroexportador que el Estado posrevolucionario impuso en la región en la década de 1950 para integrarla al desarrollo nacional, produjo una forma de neolatifundismo acompañada de una mayor desigualdad y pobreza. Peor aún, el abandono de este modelo en la década de los ochenta agrietó la de suyo polarizada estructura social (Guerra Manzo, 2017).
Los cambios en lo económico se observan en lo político y en lo social. Por un lado, en la región surge todo un sistema de poder clientelar y caciquil con grandes propietarios e intermediarios que instrumentalizan lo político y lo económico en un contexto de conflictividad agraria y violencia social (Guerra Manzo, 2017). Por otro lado, los procesos de militarización y de mayor control de los mercados de drogas fueron sumando hacia la consolidación de los mercados ilícitos de sustancias (Maldonado Aranda, 2009) -un proceso que había iniciado desde muy temprano en la región como lo ha documentado Astorga (2015). En efecto, se consolida el acoplamiento entre lo económico, lo jurídico, lo político: hacendados y empresarios, gobernantes, y grupos armados, así como figuras que intermedian entre todos estos sistemas funcionales -incluso la moral se convierte en un elemento indispensable en la definición de los intercambios dentro de los mercados ilícitos (Álvarez-Rodríguez, 2021).
A diferencia de los que marcan trabajos clásicos sobre las características empresariales de las organizaciones criminales y su capacidad para operar dentro de las reglas de los mercados ilegales (Reuter, 1983), los GCTC requieren las redes de poder económico, político y de ilegalidad para operar. Su función no es sólo producir riqueza por medio de vías alternativas, sino también distribuirla tanto entre los grupos de poder económico y político, como entre parte de la población. Más aún, parte de su función ha sido el padrinazgo y la distribución de opciones de generación de riqueza a través de contribuciones a la sociedad por medio de dineros o en especie o mediante el reclutamiento de individuos entre los mercados ilícitos (Guerra, 2018b). Desde la teoría de la diferenciación funcional es posible observar cómo el mercado y el Estado fallan en una de sus funciones que es la producción y distribución de la riqueza social. Cuando ambas instancias de intermediación fallan, los GCTC se constituyen en esos elementos de intermediación que cumplen como equivalentes funcionales.
El problema de la identidad
Desde la teoría de sistemas el individuo se excluye de lo social y sólo se permite la inclusión comunicativa de la forma persona (cfr. Luhmann, 2005b). La autosocialización de la conciencia se asegura a partir de su acoplamiento al orden social por medio de distintos artefactos comunicativos que cristalizan en el lenguaje y que constituyen culturas a nivel regional que permean el espacio de lo criminal.
Desde la teoría de la inclusión/exclusión es posible observar el proceso de constitución de identidades regionales y de formas culturales que permean lo criminal, y que permiten observar a los GCTC más allá de lo político, lo legal y lo económico, y observarlos en su orden simbólico. De hecho, el análisis de lo criminal se ha articulado a partir de la observación de los vínculos entre la construcción del Estado, la emergencia de soberanías paralelas y la constitución de órdenes sociales regidos por la violencia, en el contexto de identidades políticas, económicas y culturales (Pansters, 2015). Una de las características más notorias de los GCTC ha sido su discurso fincado en distinciones como la seguridad de la región, los valores de la familia tradicional y la vuelta al orden patriarcal. Ha sido Lomnitz (2019) quien ha estudiado cómo el discurso de Los Caballeros Templarios recogió muchos de los elementos culturales que daban sentido a la región y que se fincaron en la cultura patriarcal y el modelo de masculinidad. Al mismo tiempo, los elementos culturales adquieren su propia forma dentro de las organizaciones e impregnan la cultura interna, los discursos y los rituales dentro de los grupos armados, como en el caso de Los Caballeros Templarios (Guerra, 2022). Desde una perspectiva sistémica es posible observar las semánticas que dan sentido a lo social y que se cristalizan en formas como la cultura regional o la cultura organizativa dentro del espacio de lo criminal.
Sin duda, las organizaciones criminales como LCT son espacios de socialización y de construcción de expectativas a partir de esquemas generalizables. El lenguaje a disposición del orden social contiene el acervo semántico que posibilita la reproducción del sentido social y que se sedimenta y estabiliza en estructuras de expectativas (cfr. Luhmann, 2009). La semántica adquiere, así, la forma de cultura que se encarga de transmitir las ilusiones colectivas, los modelos de realización personal que dan sentido a la existencia y abren paso a la formación de los individuos. Esto permite desarrollar formas de autorreferencia como la reflexividad y la reflexión, es decir, construye una representación de la conciencia dentro de la conciencia y esta representación adquiere la forma de identidad, que no es más que una generalización simbólica (cfr. Luhmann, 1981a). En ese sentido, la TGSS se convierte en un instrumento invaluable para el análisis del orden simbólico de los grupos criminales de la región de Tierra Caliente.
Hasta aquí, el problema de la desdiferenciación de la política, la economía y el derecho, de la distribución de recursos y de construcción de identidad se resuelven por obra del orden social criminal, lo que permite rendimientos societales que resultan equivalentes funcionales del Estado, el mercado y la producción de complejidad social. Para los sistemas psíquicos, el orden criminal es el que hace posible la inclusión en la comunicación económica y en la comunicación política. Asimismo, se le posibilita la socialización en un acervo semántico, lo que significa una fuente de irrigación para los individuos y de construcción de identidad. Más aún, dado que en la sociedad funcionalmente diferenciada la inclusión en un sistema parcial a través de una organización no significa integración en la sociedad, la inclusión en el orden criminal sí que permite integración, no sólo porque resuelve el problema de los recursos y el problema de las decisiones colectivas, sino también porque brinda elementos para el problema de la identidad.
En los contextos de sociedades tradicionales, estos tres problemas son suficientes para asegurar la inclusión social. Así funcionaron, de hecho, las organizaciones delictivas durante varias décadas, de los años cincuenta a mediados del año 2000 (Guerra, 2018a). Sin embargo, en los contextos de las sociedades contemporáneas, los problemas que se le presentan al individuo y a la colectividad son mucho más diversos y complejos de suyo. Al problema de los recursos, de las decisiones colectivas y del sentido de vida, se suman los problemas de las situaciones justas o injustas, como las deudas entre particulares en una organización comunitaria, o los problemas de la elección de pareja, que en muchos de los contextos sociales aún se vinculan a distinciones económicas, políticas, y sociales. Un programa de investigación sistémico sobre el fenómeno del crimen no sólo deberá observar los distintos rendimientos societales y las equivalencias funcionales que el orden social criminal ofrezca a su entorno en la dimensión económica, política y cultural, sino también en la dimensión de la justicia y la moral.
Conclusiones
Pensar el fenómeno criminal como un orden social que se constituye como un equivalente funcional de los requerimientos societales de las sociedades modernas tiene varias consecuencias analíticas. Primero, implica integrar lo criminal a la sociedad. Es decir, implica despojarse de un tratamiento normativo sobre el crimen y observarlo como un fenómeno social más, entre todos los que constituyen lo social y que ofrece rendimientos funcionales a la sociedad y a los individuos en su entorno. Segundo, implica despojarse de los presupuestos ontológicos sobre los que se ha construido el análisis de lo criminal porque implica pensar el orden social criminal y las organizaciones criminales como sistemas de comunicación autorreferenciales y operativamente clausurados, si bien estructuralmente acoplados a su entorno.
Tercero, los sistemas sociales, como se ha indicado, surgen por autocatálisis frente al problema de la doble contingencia y se constituyen mediante un operador particular: las comunicaciones. Partir de este problema base, cambia el objetivo de toda investigación sociológica y sistémica porque ya no se trata de estudiar la estabilidad de las estructuras, como sucedía con el estructural-funcionalismo (Merton, 2002), sino de enfocar ahora el análisis a las dinámicas con que los sistemas sociales mantienen la autopoiesis del sistema y al tipo de comunicación con base en el cual se estructuran. Los componentes que constituyen los procesos y estructuras que permiten a los sistemas autopoiéticos producirse y reproducirse a lo largo del tiempo son las comunicaciones. De tal suerte, el objeto de estudio desde la teoría de sistemas sociales y el constructivismo que le subyace se desontologiza. Lo que ahora se observará como elemento de análisis sociológico será el tipo de comunicación que estabiliza al orden social criminal. En especial, interesará saber cómo las comunicaciones construyen un orden social que trata problemas sociales, se (re)produce sobre la base de ciertas formas simbólicamente generalizadas y aporta rendimientos societales.
Desde la perspectiva de la TGSS, las organizaciones son un sistema social cuya principal operación es la comunicación de decisiones. Es sobre la base de la comunicación de decisiones que las organizaciones mantienen su autopoiesis. Desde la perspectiva de la teoría de los sistemas sociales toda organización es, fundamentalmente, una máquina de decidir (Nassehi, 2005). De ahí que las organizaciones están constituidas por un plexo de expectativas que reduce, direcciona y estimula el proceso de toma de decisiones (Luhmann, 1981b). Toda organización se construye a partir de esas premisas decisionales o decisiones que le permitirán construir decisiones futuras. De tal suerte que las organizaciones criminales se constituyen recursivamente a través de la comunicación de decisiones, lo que detona la construcción de toda su arquitectura y de su diseño operativo, es decir, de una cadena de decisiones. Desde la TGSS lo anterior significa que es posible estudiar los GCTC a partir de cuatro tipos de premisas desde las cuales funciona la red comunicativa: el programa, la estructura de roles, los criterios de membresía para las personas y el acervo semántico de sentido o cultura organizacional. Esa línea de trabajo está pendiente.
