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Foto: Sergio Hernández Vázquez.
En la foto se observa a una mujer migrante preparando comida rápida en una de las calles más populares de Bogotá.
El malestar político, la crisis económica y las violaciones de derechos humanos en Venezuela han obligado a más de seis millones de personas a salir del país, provocando uno de los fenómenos migratorios más inusitados de la historia reciente de América Latina (Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V, 2022). Colombia, su vecino, hoy acoge a 1.8 millones de migrantes, el 56% en condición irregular, o sea sin Permiso Especial de Permanencia-PEP (Migración Colombia, 2021). Esta condición les impide el acceso a derechos como empleo formal, vivienda digna y servicios de salud (Bonilla, & Hernández, 2022).
Bogotá concentra el 21.4% de dicha población. La mitad reside en sectores pobres del occidente de la ciudad, en barrios estrato 1 y 2,2 y el 29.8%, en barrios estrato 3 (Personería de Bogotá, 2020). En cuanto al sexo, se observa que el 47% son mujeres y niñas, lo cual es relevante ya que la migración de las mujeres posee características muy distintas y riesgos mayores a la migración masculina en materia de seguridad, protección de derechos humanos e integración en la sociedad de acogida. Al respecto el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes (2014) menciona que las mujeres “se ven afectadas desproporcionadamente por la discriminación por razón de género, los abusos y las violaciones de sus derechos durante la migración” (p. 20).
A raíz de la pandemia de la covid 19 y la implementación de medidas restrictivas por parte del gobierno de Iván Duque, las condiciones de vida de la población en general se vieron gravemente afectadas. Datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2021a) muestran que en junio de 2021 el 32.3% de las migrantes venezolanas en Bogotá no tenían empleo, porcentaje muy superior al de sus connacionales masculinos (17%), hombres (7%) y mujeres colombianas (10%). Ante tal situación, muchas mujeres migrantes han optado como medida de supervivencia por el trabajo informal en la calle pese a las reprimendas de la policía, mientras que otras tomaron la decisión de retornar a Venezuela.
En el presente artículo analizo desde una perspectiva interseccional y feminista descolonial la situación de vulnerabilidad socioeconómica de las mujeres migrantes venezolanas3 residentes en Bogotá en el marco de la crisis sanitaria por la covid-19 y sus estrategias de supervivencia, entre los meses de marzo de 2020 y agosto de 2021. La interseccionalidad es una perspectiva metodológica y de análisis que “pone en tensión la aparente homogeneidad de la categoría ‘mujer migrante’ y que persigue entender y profundizar mejor las diversas desigualdades y formas de subordinación que las afectan” (Pinto, & Cisternas, 2020, p. 50). Igualmente, al examinar críticamente el imaginario de la mujer pasiva y víctima en el proceso migratorio, se puede explorar más sus agencias o resistencias. Por su parte, el feminismo descolonial busca desmontar las desigualdades basadas en criterios raciales que se establecieron a partir de la colonización y visibilizar a las personas históricamente ignoradas por la hegemonía del pensamiento occidental (Villarroel, 2018).
La metodología del estudio es mixta. Por un lado analizo datos de mercado laboral y vivienda de la Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH del DANE (2021a); datos de la encuesta GIFMM, & R4V (2020) sobre necesidades de la población migrante durante la pandemia, y la encuesta Equilibrium del Centro para el Desarrollo Económico (2021) sobre xenofobia en Colombia hacia dicha población. Por otro lado, estudio las experiencias de diez mujeres que residen en la ciudad y tienen diferentes procesos migratorios.
El artículo está dividido en siete apartados: el primero es la introducción; el segundo, un panorama general sobre la incorporación del enfoque de género en los estudios migratorios; el tercero, el marco conceptual de la interseccionalidad en el contexto de las migraciones Sur-Sur y el feminismo descolonial, así como el concepto de agencia; en el cuarto planteo la metodología de la investigación; en el quinto expongo un contexto general de las afectaciones socioeconómicas generadas por la pandemia y las medidas de restricción de movilidad en Bogotá; en el sexto detallo los resultados en tres secciones: 1) informalidad y precariedad laboral en la pandemia; 2) alimentación y acceso a vivienda, y 3) atención en salud y problemas de salud mental. Por último expongo las conclusiones.
Feminización de las migraciones
Los estudios migratorios clásicos que predominaron a lo largo del siglo XX basaron sus interpretaciones del fenómeno migratorio transnacional en estereotipos de género y en una visión economicista. Estos estudios “concibieron a los emigrantes básicamente como varones en el contexto del modelo de modernización de la sociedad patriarcal, especialmente bajo el influjo de las teorías económicas neoclásicas y los paradigmas histórico-estructural” (Tapia, 2011, p. 123).
De acuerdo con estas teorías, el hombre era quien emprendía el proyecto migratorio por su rol de jefe y proveedor del hogar y su capacidad de asumir los riesgos que conlleva abandonar el país de origen. Mientras que la mujer migraba por motivos de reagrupación familiar y para asumir las tareas de reproducción social, las cuales según tales teorías consideraban subsidiarias (Gissi, & Martínez, 2018). La mirada economicista y androcéntrica invisibilizó las distintas experiencias migratorias femeninas, las desigualdades de género y los cambios de roles producto del proceso migratorio. Sin embargo, en las décadas de 1980 y 1990 varias feministas del Norte global, entre ellas, Mirjana Morokvásic (1984) y Pierrette Hondagneu-Sotelo (1994) criticaron la visión patriarcal de dichas teorías y pusieron la lupa en la creciente participación de las migrantes del Sur en el mercado laboral de los países del Norte, fenómeno más tarde denominado la feminización de las migraciones (Rebolledo, & Rodríguez, 2014).
El aumento de la participación laboral femenina migrante en países del Norte se debió a la globalización económica y cultural, y la implantación de modelos extractivistas neoliberales en países en vía de desarrollo del Sur Global que empujaron tanto a hombres como a mujeres a cruzar las fronteras en busca de bienestar personal y familiar (Cares, & Themmes, 2020). Asimismo, al envejecimiento de la población de los países del Norte y al fracaso de algunos Estados en su labor de garantizar servicios públicos de cuidados para las personas más adultas se sumó el crecimiento de la demanda de mano de obra barata femenina. En tal sentido, la incorporación de la perspectiva de género en los estudios migratorios Sur-Norte, la inserción de las mujeres migrantes en el mercado laboral y su impacto cada vez mayor en las remesas internacionales dieron lugar al estudio de las experiencias migratorias de las mujeres.
En la actualidad, el campo de género y migración ha identificado algunos patrones respecto a porqué las mujeres migran, entre éstos destaca la migración como estrategia económica familiar; la reunificación con cónyuges y familiares; la huida de escenarios de violencia intrafamiliar y violencia comunitaria (Asakura, 2016), y la búsqueda de un mejor futuro en términos educativos y económicos (Contreras, & Alcaide, 2021). De esta manera, el enfoque de género ha permitido entender que la migración no es producto de una decisión racional individual condicionada por las circunstancias estructurales del país de origen y del país destino, como suponían las teorías clásicas, sino que también depende de los contextos familiares y comunitarios de las personas que migran y de las redes en la sociedad de acogida.
En cuanto a las líneas de investigación en los estudios sobre género y migración, Contreras, & Alcaide (2021) distinguen siete que predominan en los procesos migratorios Sur-Norte: la inserción de las mujeres en el mercado laboral, especialmente en labores de cuidado (Herrera, 2008); la maternidad transnacional y las cadenas globales de cuidado (Gregorio, & Gonzálvez, 2012); la violencia de género en las trayectorias migratorias (Moriana, 2018); la sexualización de las mujeres, la prostitución y la trata de personas (Hurtado, 2018); las redes de apoyo y parentesco (Ruiz, 2020); las dinámicas de integración social (Bruquetas, & Moreno, 2015), y sus prácticas asociativas y agencias (Sipi, 2000). En tal sentido, los estudios sobre género y migración han visibilizado distintas efectuaciones de las desigualdades de género en las experiencias migratorias más allá del ámbito laboral, asimismo, las agencias y resistencias de las mujeres, es decir, las que han hecho frente a la idea de la mujer migrante pasiva.
Ahora bien, al observar los estudios sobre género y migración en contextos Sur-Sur de América Latina y el Caribe, se advierte que la producción es notable, pero reciente. En la última década, la progresiva emigración de mujeres hacia destinos como México, Brasil, Chile y Argentina, como consecuencia de crisis económicas, sociales y/o políticas en sus países de origen, ha acelerado las investigaciones en dicho campo. La producción chilena es una de las más prolijas en la que sobresalen estudios en torno a las experiencias laborales, la discriminación racial y la xenofobia hacia mujeres haitianas, colombianas y venezolanas (Bustamante, 2017; Cavallo, 2019); en el caso de Argentina destacan los estudios de trayectorias laborales y estigmatización de mujeres bolivianas y paraguayas (Magliano, 2009; Mallimaci, 2011); y en México, las investigaciones sobre el trabajo precario, la violencia y la discriminación hacia mujeres centroamericanas (Tobar, 2013; Fernández-Casanueva, 2017).
En el caso del presente estudio, la migración de mujeres venezolanas hacia Colombia, las investigaciones aún son incipientes. Destacan el estudio de Palacios, & Torres (2020) sobre trayectorias migrantes femeninas y sus condiciones precarias de vida en distintas ciudades y pueblos del país; igualmente, el de Battistessa (2020) sobre la violencia de género que sufren las venezolanas en el contexto familiar y en la vida cotidiana, y el de Cordaro (2020) respecto a las necesidades en salud antes de la pandemia.
Interseccionalidad, colonialidad del poder y agencia
La incorporación del enfoque de género en los estudios migratorios ha sido clave para evidenciar las distintas desigualdades que experimentan las mujeres migrantes por razón de su género; empero, en las últimas décadas dicho enfoque se ha complejizado debido a la perspectiva interseccional (Contreras, 2019). La interseccionalidad plantea que el género no es el único sistema de opresión que afecta a las mujeres y a las personas en general, existen otros, tales como la raza, la orientación sexual, la edad, el país de origen, el estatus migratorio, entre otros, que operan de manera imbricada y configuran experiencias concretas y diferenciadas de opresión. También manifiesta que existen “posiciones sociales que no padecen ni la marginación ni la discriminación, porque encarnan la norma misma, como la masculinidad, la heteronormatividad o la blanquitud” (Viveros, 2016, p.8).
El término fue acuñado en 1989 por la abogada afroestadounidense Kimberly Crenshaw, para evidenciar cómo un grupo de trabajadoras negras de la compañía General Motors era víctima a la vez de racismo y violencias de género en el espacio laboral y doméstico. Sin embargo, dicho análisis no era novedoso, pues desde la década de 1970 varias feministas como Angela Davis, Audre Lorde, bell hooks y Patricia Hill Collins y la colectiva Río Combahee ya habían expresado múltiples críticas al feminismo blanco hegemónico por desconocer otras relaciones de dominación que sufrían las mujeres negras (Viveros, 2016).
De acuerdo con el feminismo blanco, la mujer ha sido históricamente categorizada como frágil, vulnerable, sumisa y anclada al espacio privado. Empero, tal definición incluye únicamente a las mujeres blancas y burguesas, mas no contempla las experiencias de las mujeres negras -e indígenas- que desde la colonización han ejercido labores productivas, ya sea como esclavizadas u obreras, y han sido víctimas de estereotipos racistas que las asocia al trabajo doméstico o como putas o matriarcas (hooks, 2004). Esto devela que las feministas blancas definieron la categoría mujer desde su privilegio de raza y clase (Viveros, 2016).
En este orden de ideas, la interseccionalidad significa un cambio en la forma de analizar las opresiones de género al evidenciar sus articulaciones con otras relaciones de dominación como el racismo impuesto en el proceso de colonización y continuado de manera soterrada en la construcción de Estados-nación en Estados Unidos y países del Sur Global. Lo anterior, en el marco de las migraciones Sur-Sur ayuda a comprender que las violencias racistas, clasistas y xenófobas que sufren las personas migrantes operan en distintas esferas: legal, económica, política y psicológica, entre otras (Martínez, García, & Maya, 1999).
Las migraciones Sur-Sur, a diferencia de las migraciones Sur-Norte, exigen “una reinterpretación específica de las herencias de los periodos coloniales, que profundice, entre otros ámbitos, en el eurocentrismo, el machismo, la heterosexualidad y los repertorios de resistencia desde otras epistemologías” (Pinto, & Cisternas, 2020, p. 51). Por tal motivo, el análisis de estas migraciones requiere el diálogo con las teorías descoloniales y los feminismos latinoamericanos y caribeños. Las teorías descoloniales proponen desmontar el universalismo occidental y las desigualdades basadas en criterios raciales que se establecieron a partir de la colonización. En tal sentido, se oponen a “las relaciones sociales asimétricas (colonialidad del poder), el eurocentrismo epistémico (colonialidad del saber) y la infravaloración y el sometimiento de la vida humana del Sur Global (colonialidad del ser)” (Mujica, & Fabelo, 2019, p. 3).
Por su parte, los feminismos latinoamericanos y caribeños, en particular los feminismos descoloniales cuyas exponentes son María Lugones, Yuderkys Espinosa, Ochy Curiel, Mara Viveros, entre otras académicas y activistas, plantean una relectura de la historia de Abya Yala o el continente americano propuesta por la historiografía occidental, la cual extendió la idea de que el colonizador europeo descubrió la región y la civilizó. Por consiguiente, proponen redefinir la historia a partir de las voces de las personas colonizadas y silenciadas, en particular de las mujeres, quienes aún viven las secuelas de la colonialidad del poder y el saber. De igual forma, tales feminismos invitan a desmontar la hegemonía del pensamiento occidental presente en lo político y en el espacio académico, ya que limita el análisis de las realidades particulares de la región y desprecia lo propio; también invita a ejercer prácticas políticas acordes con las condiciones materiales y simbólicas de tal contexto (Villarroel, 2018).
Así, el feminismo descolonial considera el género y la raza como dos categorías inseparables para entender las desigualdades y violencias heredadas de la colonialidad que viven las mujeres latinoamericanas y caribeñas; sin embargo, demanda realizar análisis situados que no caigan en universalismos.
Ahora bien, el enfoque interseccional y el feminismo descolonial no sólo aportan a las migraciones Sur-Sur el análisis situado de las diferentes relaciones de opresión que afectan a las mujeres migrantes, también permiten desmitificar “la construcción homogénea que se ha hecho de la mujer migrante, un arquetipo que se define desde la fragilidad, vulnerabilidad e indefensión y que funda estereotipos y estigmatizaciones que invisibilizan su heterogeneidad y niegan su capacidad agencial” (Domínguez, & Contreras, 2017, p. 80).
La agencia ha sido definida como la capacidad de actuar de las personas para alcanzar propósitos individuales y colectivos, de acuerdo con sus valores, deseos y necesidades, así como la capacidad de transformar las normas sociales (Contreras, & Alcaide, 2021). No obstante, esta definición no contempla la existencia de estructuras objetivas y sistemas de opresión que condicionan las formas de interpretar y percibir el mundo y la toma de decisiones de las personas, por ende, la agencia no siempre implica cuestionar o querer transformar el status quo, pues se puede ser aliado, ambivalente o indiferente frente a las relaciones de dominación, según el lugar de enunciación (Güell; Arrasate, & Solé, 2020).
En el caso de las experiencias de las mujeres migrantes venezolanas esta concepción de la agencia ayuda a comprender que en ciertos escenarios ellas ejecutan acciones para transformar su situación de dominación, por ejemplo, cuando logran acceder de manera informal a derechos sociales como el trabajo, la vivienda y los servicios de salud, o cuando responden a los abusos en su lugar de trabajo y se organizarse para exigir sus derechos (McIlwaine, & Ryburn, 2019). Empero, en otras ocasiones la agencia se manifiesta en la pasividad debido al poco margen de acción.
Bogotá: crisis sanitaria y crisis económica
El 6 de marzo de 2020, Colombia registró el primer caso de covid 19. Una semana después, el presidente Iván Duque decretó la emergencia sanitaria y cuarentena por 15 días, pero dado el rápido aumento de contagios y muertes, extendió la emergencia hasta el 31 de mayo y posteriormente hasta agosto. Sin embargo, las medidas no se aplicaron de manera homogénea a nivel nacional, pues en las ciudades, en particular en Bogotá, fueron las más restrictivas.
Bogotá implementó durante más de un año diversas medidas restrictivas tales como “pico y género”4 y “pico y cédula” que afectaron duramente el acceso y la permanencia en el empleo y la libre circulación en el espacio público, sin los efectos deseados en términos epidemiológicos. La ciudad tuvo de “manera proporcional, un mayor número de contagios y de personas fallecidas por cada 100 mil habitantes que el promedio nacional, la más grande contracción en la producción industrial y una de las pérdidas más grandes en el número de ocupados” (Andi et al., 2021, p. 1).
Por otra parte, se estima que entre enero de 2020 y enero de 2021 la ciudad perdió alrededor de 512 mil empleos. La tasa de desempleo que en enero-marzo de 2020 era del 11.8%, pasó en mayo-julio del mismo año al 25.1%, como consecuencia de los despidos masivos que ocurrieron en el primer semestre de 2020 (Andi et al., 2021, p.1). De acuerdo con Andi et al. (2021), “gran parte de la pérdida de empleo se ha dado en actividades con alto nivel de informalidad y en micro establecimientos que son las empresas más pequeñas” (p. 1). Como mencioné en la introducción, los despidos afectaron a toda la población, pero en mayor medida a las mujeres migrantes venezolanas, quienes antes de la pandemia ya estaban en una situación de alta vulnerabilidad.
Ahora bien, cabe mencionar que el gobierno nacional creó un apoyo económico mensual denominado Ingreso Solidario de $160 000 pesos (40 dólares), para ayudar a más de 3 millones de hogares en situación de pobreza y miseria en todo el país. El subsidio no cubre únicamente a los hogares nacionales, también a hogares de origen venezolano, aunque sólo beneficia a 40 mil familias que cuentan con PEP y están inscritas en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN (Proyecto Migración Venezuela, 2020), es decir, que no favorece a la población en situación irregular.
Metodología
La presente investigación es de carácter mixto. Por una parte, analizo algunos datos del Módulo de Migración de la GEIH aplicada en junio de 2021 en Bogotá (DANE, 2021a). Esta encuesta presenta información sobre condiciones de vivienda, acceso a empleo y servicios de salud en el marco de la pandemia. También analizo datos de la encuesta GIFMM, & R4V (2020) en relación con necesidades de la población migrante en el primer año de emergencia sanitaria, y de la encuesta Equilibrium-CenDE (2021), respecto a xenofobia en Colombia hacia esta población.
Por otra parte, estudio las experiencias migratorias de diez mujeres de origen venezolano que arribaron a la ciudad entre 2017 y 2020. Tales experiencias fueron recogidas mediante entrevistas semiestructuradas y a profundidad aplicadas de manera presencial o mediante llamadas y videollamadas entre agosto y septiembre de 2021. Las entrevistadas nacieron y crecieron en Venezuela, tienen entre 24 y 49 años de edad, viven en estratos socioeconómicos 1 a 3, con distintos niveles educativos, estatus migratorios y redes de apoyo en Bogotá (véase cuadro 1).
Cuadro 1 Perfiles de las mujeres migrantes entrevistadas
| Seudónimo | Año de llegada | Lugar de origen | Edad | Estrato | Etnia/ raza | Nivel educativo | Estatus migratorio | Hijos |
| Deisy | 2018 | Cabimas, Zulia | 49 años | 3 | Blanca | Bachiller | PEP | Una adoles- cente de 15 años |
| Lina | 2018 | Caracas | 24 años | 3 | Negra | Bachiller | Doble nacio- nalidad colom- bo-venezolana | Embarazada. Séptimo mes |
| Emily | 2018 | Maracaibo, Zulia | 30 años | 3 | Mestiza | Técnico en educación pri- maria. Título no homologado | Estatus irregular | Dos hijos: un niño de 10 años y una niña de 1 año |
| Johanna | 2020 | Maracaibo, Zulia | 29 años | 2 | Indígena | Bachiller | Estatus irregular | Dos hijos: una niña de 12 años y un niño de 5 años |
| Rosa | 2018 | Maracay, Aragua | 38 años | 3 | Negra | Técnico en pub- licidad y mer- cadeo. Título no homologado | PEP | Dos hijos: una adolescente de 15 años y un niño de 4 años |
| Leidy | 2020 | Betijoque, Trujillo | 34 años | 1 | Blanca | Técnico en trabajo social. Título no homologado | Estatus irregular | Tres hijos: 11 años, 6 años y 2 años |
| Sara | 2017 | Caracas | 27 años | 3 | Mestiza | Licenciada en comunicación social. Título no homologado | PEP | Sin hijos |
| Milena | 2017 | Caracas | 25 años | 3 | Blanca | Estudios in- completos en Derecho | Doble nacionalidad | Sin hijos |
| Angie | 2018 | Caracas | 26 años | 2 | Mestiza | Publicista | Doble nacionalidad | Sin hijos |
| Yasmín | 2018 | Caracas | 29 años | 2 | Mestiza | Técnico en Educación Preescolar. Título no homologado | PEP | Sin hijos |
Fuente: Elaboración propia.
La selección de las participantes estuvo mediada por mis redes de contacto y los lugares que frecuento. En primer lugar, me comuniqué con amigos y amigas quienes podían conocer a mujeres venezolanas en la ciudad (no incluí ningún otro criterio); así contacté a Sara, Milena, Angie, Yasmín, Johanna y Leidy; y, en segundo lugar, las abordé directamente en la calle o en establecimientos comerciales de mi barrio, una zona clase media baja de Bogotá; a Lina y a Emily las conocí en sus puestos de venta de ropa; Deisy es la mesera de uno de los restaurantes de mi barrio, y a Rosa le hablé un día que la vi sentada con su maleta de Rappi afuera de un centro comercial. Les conté sobre mi investigación y les pedí su número telefónico para conversar posteriormente.
Antes de las entrevistas, las participantes recibieron y firmaron un formato de consentimiento informado en el que expliqué los objetivos de la investigación, los aspectos a tratar en la entrevista, los posibles beneficios o riesgos, la participación voluntaria y solicité permiso para grabar. Igualmente, expresé que la información sería anonimizada, por tanto, en el artículo no uso sus nombres reales sino seudónimos. En promedio, las entrevistas duraron entre una hora y media, y dos horas.
En la mayoría de los casos establecí vínculos con las participantes que no se han limitado a la labor investigativa, no sólo porque soy crítica al extractivismo académico, sino también porque su situación es una realidad dolorosa que como ciudadana me afecta. Por tanto, he seguido en contacto con ellas, ya sea para saber cómo se encuentran u ofrecerles información o apoyo en la medida de mis posibilidades. Este artículo es una forma de visibilizar su experiencia y reconocer su entereza, pero también sus incertidumbres.
Por último, me gustaría precisar que los datos recogidos no demuestran explícitamente que la raza es un sistema de opresión que afecta a las entrevistadas, ninguna expresó sentirse discriminada por tal motivo, independientemente de su autorreconocimiento étnico-racial (blanca, mestiza, indígena o negra); además, las encuestas no dieron relevancia a dicha variable. Sin embargo, como expresan las feministas negras y descoloniales antes citadas, es parte del racismo la invisibilización y normalización de los criterios raciales; el entrecruzamiento con otros sistemas de opresión hace imperceptible su expresión. En suma, aunque el racismo no aparece como una discriminación explícita en los testimonios, se encuentra de forma imbricada con otras categorías como el género, la clase, la edad y la nacionalidad.
Resultados y análisis
El aumento de la pobreza en los últimos años en Venezuela ha acelerado la migración de la desesperanza, es decir, la huida de miles de personas a distintos países de la región, entre ellos Colombia, en busca de empleo, alimentos, seguridad, atención médica y servicios básicos (Páez, & Vivas, 2017).
Salí por la situación del país. En el momento en el que yo estaba, fue el hambre, el hambre era el fuerte, conseguir la comida… también había mucha violencia, robos… todo afectaba, todo se volvió en contra. (Lina, 21 de agosto de 2021.)
Lina y las otras entrevistadas emigraron en el marco de dicha crisis. Todas llegaron a Bogotá porque es una metrópolis relativamente cercana a Venezuela y el viaje no es tan costoso; además, porque tenían redes de apoyo en ese lugar: familiares o amigos/as que habían emigrado antes. Bogotá es un destino bastante apetecido para las personas migrantes de ese país, tanto que es hoy la ciudad de Colombia y América Latina que más alberga a población venezolana. En 2015, la cantidad de migrantes de origen venezolano en Bogotá era 14 526; en 2018, la cifra ascendió a 222 010 (Ramírez, 2019), y en 2021, a 393 716 (DANE, 2021a).
La mayor parte de la población migrante en la ciudad tiene educación: el 40.5% de los hombres y el 39.1% de las mujeres cuentan con títulos técnicos, tecnológicos y/o universitarios, y el 31% de los hombres y el 39.1% de las mujeres cursaron la media vocacional o preparatoria (véase figura 2).
Fuente: Cálculos propios con base en los microdatos de la GEIH (DANE, 2021a).
Figura 2 Tasa de informalidad de personas migrantes venezolanas en Bogotá, según pensiones, tamaño de la empresa y sexo
Sin embargo, la formación académica no ha sido suficiente para insertarse en el mercado laboral formal. Una de las razones es el ingreso irregular al país por falta de pasaporte:
En Venezuela, sacar el pasaporte cuesta mil dólares. Debes pagar a funcionarios corruptos para que te agilicen el proceso, de lo contrario, te quedas esperando meses. (Sara, 1 de agosto de 2021.)
El ingreso irregular tiene como consecuencia la imposibilidad de solicitar el PEP, requisito indispensable para acceder a un empleo formal, servicios de salud y educación. Aunque cabe señalar que este documento no garantiza el acceso efectivo a estos derechos, en particular, al trabajo, por cuestiones de xenofobia y aporofobia, como lo explicaré más adelante. Aparte de la condición irregular, las migrantes se enfrentan a la dificultad de homologar sus títulos universitarios. El 92% de las venezolanas en el país no lo ha homologado (DANE, 2021b). Esto se debe principalmente a que no emigraron con los diplomas y certificados, desconocen el procedimiento o no cuentan con el dinero para realizar el trámite. Al respecto, Sara manifiesta lo siguiente:
Yo me traje mi título, pero no lo validé en Venezuela porque es un proceso muy burocrático. Hay una figura que llaman los gestores y es básicamente corrupción. En el proceso regular, tú llenas la planilla, mandas tu correo, pero no pasa nada. Los gestores te piden una cantidad exorbitante de dinero; te pueden pedir 500 dólares por un trámite que es gratuito. (Sara, 1 de agosto de 2021.)
Debido al ingreso irregular y la no homologación de títulos, miles de migrantes han optado por el trabajo informal y los empleos precarios, los cuales aumentaron durante la pandemia. De acuerdo con la GEIH, fecha de corte junio de 2021, la tasa de informalidad en Bogotá según la no cotización de pensiones,5 es del 95.7% para las mujeres migrantes venezolanas, y el 90.5% para los hombres. De acuerdo con el tamaño de la empresa o negocio donde trabajan,6 la tasa es del 82.6% y el 73.8%, respectivamente como se puede observar en el cuadro 2.
Cuadro 2 Tasa de informalidad de personas migrantes venezolanas en Bogotá, según pensiones, tamaño de la empresa y sexo
| Tasa de informalidad | Hombres migrantes | Mujeres migrantes |
| Según no cotización de pensión | 90.5% | 95.7% |
| Según tamaño empresa donde trabaja | 73.8% | 82.6% |
Fuente: Cálculos propios con base en los microdatos de la GEIH (DANE, 2021a).
En otras palabras, la mayoría de mujeres venezolanas en la ciudad -aunque también los hombres, pero en menor medida- laboran por fuera de los marcos legales y no gozan de prestaciones sociales como salud contributiva,7 cotización a pensión, primas ni vacaciones pagadas.
Al revisar las principales ramas de actividad, se observa que el comercio al por mayor y menor (30.4%), el alojamiento y los servicios de comida (26.1%), los servicios personales (21.7%) y los servicios domésticos (17.4%) son las ramas con mayor participación femenina, mientras que, en el caso de los hombres, sobresale el alojamiento y servicios de comida, el comercio (23.8%) y la construcción (11.9%) (DANE, 2021a) (véase cuadro 3).
Cuadro 3 Ramas de actividad de la empresa o negocio donde trabaja, por sexo
| Rama de actividad | Hombres (%) | Mujeres (%) | Total (%) |
| Industrias manufactureras | 4.8 | 0.0 | 3.1 |
| Construcción | 11.9 | 0.0 | 7.7 |
| Comercio al por mayor y al por menor | 23.8 | 30.4 | 26.2 |
| Transporte y almacenamiento | 9.5 | 0.0 | 6.2 |
| Alojamiento y servicios de comida | 28.6 | 26.1 | 27.7 |
| Actividades inmobiliarias | 2.4 | 0.0 | 1.5 |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas | 4.8 | 0.0 | 3.1 |
| Servicios administrativos y de apoyo | 2.4 | 0.0 | 1.5 |
| Atención de la salud humana y de asistencia social | 0.0 | 4.3 | 1.5 |
| Servicios personales (lavandería, peluquería, funerarias, otros) | 11.9 | 21.7 | 15.4 |
| Servicio doméstico | 0.0 | 17.4 | 6.2 |
Fuente: Cálculos propios con base en los microdatos de la GEIH (DANE, 2021a).
La precariedad laboral también se evidencia en los ingresos y horarios de trabajo. La figura 3 muestra que el 50% de las mujeres migrantes en Bogotá percibe salarios entre 600 mil y 1 millón de pesos colombianos (entre 150 y 250 dólares), mientras que el 36.3%, recibe menos de tal rango. Esto significa que cerca del 90% de las mujeres migrantes ganan el salario mínimo legal vigente en Colombia (250 dólares) o menos. Los hombres también reciben ingresos precarios -70% gana menos del salario mínimo-, pero tienen mayor participación en rangos salariales superiores (DANE, 2021a). En cuanto a los horarios, la encuesta GIFMM, & R4V (2020) expone que el 45% de las personas venezolanas en las ciudades de Colombia laboran más de 9 horas diarias, y el 32%, entre 7 y 8 horas.
Fuente: Cálculos propios con base en los microdatos de la GEIH (DANE, 2021a).
Figura 2 Ingresos laborales de migrantes de origen venezolano en Bogotá por sexo
En síntesis, la mayoría de personas venezolanas en Bogotá, en particular las mujeres, tienen condiciones de vida precarias debido a que no están insertas en el mercado laboral formal por su estatus migratorio, no han homologado sus títulos o carecen de estudios superiores. Sus empleos se concentran en la informalidad, lo que implica ingresos bajos, horarios extenuantes y el no acceso a prestaciones sociales, y, como mostraré más adelante, esto tiene consecuencias en el acceso a vivienda, alimentación, salud y otros derechos sociales.
Experiencias de precariedad laboral, informalidad clandestina y agencias en tiempos de pandemia
La informalidad y la precariedad laboral se perciben, por un lado, en negocios o empresas de terceros; por otro lado, en emprendimientos propios de las mujeres migrantes. La experiencia de Rosa ilustra ambos casos.
Rosa es una mujer negra de 38 años, madre soltera, técnico en publicidad, aunque su título no está homologado, y tiene PEP. En 2019 trabajó todos los días en un negocio callejero de comida rápida y venta de café de 8 p.m. a 4 a.m. La dueña le pagaba cada domingo entre 30 y 50 dólares dependiendo su desempeño semanal en ventas. En enero de 2020 decidió renunciar y crear su propio negocio de comida rápida. Compró seis termos, un parasol, una mesa y un carrito de supermercado con 62.5 dólares que había ahorrado durante meses. En su nuevo “puesto” o negocio, ganaba 12.5 dólares diarios, es decir, cerca de 90 dólares a la semana, el doble de los ingresos que tenía en su anterior empleo. Sin embargo, en marzo llegó la pandemia:
Me tocó duro, fueron dos meses sin salir a trabajar. Cuando regresé al puesto, ya era más temprano, de 5 de la tarde hasta las 11 de la noche; ése era el horario que nos dejaban. Y si pasaba un policía que no estaba de acuerdo, nos mandaba a recoger a todas las tinteras.8 Ya en enero de 2021, cuando volvieron con lo de la cuarentena, decidí entrar a Rappi.9 Al principio fue duro, pero luego mejoró. Un domingo, que era el día que más trabajaba, me hacía 52 mil pesos (13 dólares) más o menos de 10 de la mañana a 8 de la noche. (23 de agosto de 2021.)
El caso de Rosa tiene algunas similitudes con el de Emily. Emily es una mujer mestiza de 30 años, bachiller, vive con su esposo y sus dos hijos, y su estatus es irregular. En 2019 trabajó en un puesto de venta de ropa callejero. Al principio, la dueña le pagaba 5 dólares diarios, pero al disminuir las ventas, empezó a pagarle la mitad. Dada esa situación y a que en ese momento estaba embarazada, decidió renunciar y crear, en compañía de su esposo, su propio negocio de venta de ropa. Ganaban 12.5 dólares diarios, pero empezaron las cuarentenas:
Fue muy duro. Yo le decía a mi esposo: “Vamos a salir hoy, por ahí a las 11 de la mañana que los policías no molestan tanto, porque es hora de almuerzo”. En dos o tres horas nos hacíamos 30 mil pesos [7.5 dólares], entonces yo le decía: “Bueno, si ya viene la policía, nosotros nos vamos, porque ya por lo menos tenemos el diario”. (21 de agosto de 2021.)
Las experiencias de Rosa y Emily evidencian la precariedad laboral que enfrentan las migrantes venezolanas, independientemente de su estatus migratorio, como consecuencia de la xenofobia y aporofobia; a la vez, cómo después de un tiempo de explotación laboral, ahorros y aprendizajes, deciden emprender su propio negocio para lograr independencia y mejores condiciones laborales, aunque también en la informalidad. A la par, sus testimonios visibilizan la manera en la que la pandemia afectó sus emprendimientos, y las colocó en una situación de alta vulnerabilidad socioeconómica. Las medidas de aislamiento impuestas por el gobierno nacional y la alcaldía distrital las obligó a la informalidad clandestina, a enfrentamientos con la policía y a buscar otras opciones laborales, como es el caso de Rosa, quien optó por los domicilios, una salida laboral que mayoritariamente asumen los hombres migrantes, pero que ella eligió por extrema necesidad.
Por otra parte, la experiencia laboral de Deisy visibiliza la precariedad laboral en un sector que no fue afectado por las cuarentenas por ser considerado esencial: los restaurantes, y, a la vez, las barreras que encuentran las mujeres migrantes de mayor edad para acceder al mercado laboral y cómo algunas personas se aprovechan de tal situación. Deisy es madre soltera, tiene PEP, pero debido a su nacionalidad, edad -49 años- y nivel educativo -bachiller- no ha podido encontrar un empleo formal. Ella es mesera de restaurante en un barrio popular del occidente de Bogotá:
La dueña me paga 25 mil diarios [6 dólares] y con eso hago magia. Desde que llegué me paga lo mismo, ya llevo tres años. A veces me quiero comer un chocolate, y, ay, no, o como chocolate o pago arriendo. Me toca fuerte. Tú sabes que aquí a las venezolanas sólo las contratan si son recomendadas y jóvenes. Donde estoy llegué por mi sobrino; él me recomendó. (17 de agosto de 2021.)
El caso de Deisy, al igual que los de Rosa y Emily, da cuenta de cómo opera la discriminación cruzada por género, raza, nacionalidad, clase, nivel educativo y edad, y la maternidad en el ámbito laboral. Las personas empleadoras aprovechan la vulnerabilidad debido a la imbricación de todos esos sistemas de opresión para ofrecerles sueldos más bajos que a las personas nacionales y someterlas a condiciones laborales precarias, que incluye malos tratos y acoso. En los siguientes testimonios se evidencian abusos, pero también distintas expresiones de agencia según el contexto (McIlwaine, & Ryburn, 2019):
Mi antigua jefe (dueña de una cafetería) tenía un humor muy negro y hacía chistes malos sobre Venezuela. Cuando a uno le preguntan cómo es la situación, si de verdad pasan hambre, uno se siente muy incómodo. Cuando eso pasa, yo no digo nada, lo que hago es llorar sola; si respondo, me echan. (Angie, 13 de agosto de 2021.)
Tengo compañeros que me han tratado de veneca para abajo, lo agarran como un chiste. Yo soy muy seria con eso, porque en mi pasaporte no dice veneca, dice venezolana. Una vez, uno me dijo: “Es que a mí los venezolanos me caen horrible; vinieron aquí a hacer daño y a destruir Bogotá”. Él no sabía que yo era venezolana, y le dije: “Mucho gusto, yo soy nacida en Caracas, Venezuela, y no soy como tú me pintas”. (Milena, 1 de agosto de 2021.)
La xenofobia y aporofobia son sistemas de opresión que las mujeres migrantes experimentan a diario no sólo en el trabajo, sino en otros escenarios. La encuesta Equilibrium-CenDE (2021) muestra que el 22% de las personas venezolanas en el país percibe que la población de acogida “le hacen sentir o le miran de manera incómoda en su vida diaria, siempre o casi siempre, y el 18% recibe insultos, burlas o comentarios molestos siempre o casi siempre” (p. 49). Más del 90% considera que la discriminación es motivada por su nacionalidad venezolana, y el 22%, por su condición económica, en donde los espacios públicos (70%), el trabajo (41%), los establecimientos de salud (23%) y la vivienda son los principales lugares de discriminación. “La pandemia ha generado que las tensiones entre algunas comunidades receptoras, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, y la población migrante aumenten como consecuencia de la grave situación económica” (Ramírez, & Arroyave, 2021, p. 17).
Por otra parte, las experiencias de estas mujeres visibilizan distintas manifestaciones de la agencia en contextos donde las estructuras objetivas son limitantes: por un lado, Rosa y Emily renuncian a empleos precarios y abusivos y deciden independizarse gracias a sus ahorros o el apoyo de familiares; por otro lado, Deisy opta por permanecer en su empleo, aunque eso signifique sacrificios. Ella conoce sus limitaciones en términos de edad, clase, nacionalidad, capacidad de ahorro y redes de apoyo, y decide “aguantar”, pues es la forma que encuentra para satisfacer sus necesidades básicas.
Trapos rojos y hacinamiento
El GIFMM, & R4V (2020) expone que las principales necesidades de la población migrante en Bogotá en el primer año de pandemia fueron la alimentación, la vivienda, la atención médica y el empleo. Durante tal periodo, el 49% de los hogares de personas venezolanas consumieron sólo dos comidas al día; el 45% consumió tres, y el 6%, sólo una comida. Esto es alarmante debido a que en muchos de estos hogares viven niños, niñas, madres gestantes y lactantes, y una deficiente nutrición genera consecuencias negativas en el desarrollo cognitivo y físico de las infancias. El hogar de Emily fue uno de ellos:
Los primeros meses, como no podíamos trabajar, yo le decía a mi esposo: “Compremos un solo almuerzo, porque no nos alcanza para más”. Entonces, le dábamos el almuerzo al niño, y nosotros nos tomábamos la sopa. Yo estaba en embarazo, pero yo decía: “Estoy con la bebé adentro; sé que ella me está agarrando mis nutrientes, pero el niño no”. (21 de agosto de 2021.)
Sin embargo, es menester mencionar que algunos hogares venezolanos recibieron ayudas económicas o alimentos de amigos/as, vecinos/as, iglesias, la alcaldía y/u ONG. Durante los primeros meses de la pandemia, miles de familias colombianas y venezolanas en todo el país pusieron en sus ventanas y puertas trapos rojos para indicar que requerían ayuda económica y alimentos. Tal es el caso del hogar de Leidy:
Mi esposo estaba sin trabajo, yo también, y con tres niños es muy duro. Unos amigos nos dijeron que pusiéramos un trapito rojo en la puerta y muchos vecinos nos ayudaron con comida. Una vez nos trajo mercado la alcaldía; le dio a todos los que tenían trapo rojo en la cuadra. También una fundación de venezolanos. Yo la contacté por internet, y unos días después nos llamaron y fuimos a recoger el mercado. (7 de septiembre de 2021.)
En cuanto al acceso a la vivienda, datos de la GEIH muestran que el 100% de los hogares de personas migrantes en la ciudad arriendan o subarriendan la vivienda que ocupan (DANE, 2021a), por consiguiente, las cuarentenas y las restricciones al empleo afectaron severamente tal derecho. Equilibrium-CenDe (2021) expresa que el 40% de las personas migrantes en Colombia abandonaron sus viviendas en el primer semestre de 2021; el 61% lo hizo por motivos económicos; y el 30%, por desalojos.
Las viviendas que estas personas ocupan no son precisamente casas o apartamentos, muchas veces se refieren a habitaciones. Al respecto, Lina, quien vive con su esposo, expresa lo siguiente:
Nosotros no alquilamos un apartamento, por el tema de ahorrarnos dinero, para no pagar agua, gas, pagamos una pieza. (21 de agosto de 2021.)
Esta situación se evidencia en la tasa de hacinamiento. De acuerdo con la GEIH, el 19.2% de hogares venezolanos con jefatura femenina en Bogotá vive en hacinamiento, es decir, en una habitación duermen más de tres personas (DANE, 2021a). Esto puede deberse a que las mujeres, muchas de ellas madres solteras, conviven en una misma habitación con sus hijos e hijas y familiares o amigos/as quienes les ayudan a completar el gasto del arriendo, como es el caso de Leidy y Johanna. Leidy vive en un espacio de dos ambientes -sala y habitación- con su esposo, tres niños y una prima, y Johanna vive en un lugar con las mismas características, con sus dos hijos y dos amigos.
Salud e incertidumbre
La atención en salud es otra de las grandes preocupaciones de las personas migrantes en Bogotá y el país. En Colombia, tal población puede acceder a servicios de salud de dos formas: la primera, a través del régimen contributivo, el cual implica el pago mensual del servicio. Las personas afiliadas a tal régimen cuentan con un empleo formal que garantiza cotización a salud o son trabajadoras independientes que cubren por sí mismas la cotización. La segunda opción es la afiliación al régimen subsidiado por el Estado o SISBEN. Al SISBEN acceden las personas migrantes con estatus migratorio regular y que han sido censadas, en el caso de Bogotá, por la Secretaría Distrital de Planeación. El SISBEN garantiza la atención en salud y el acceso a medicinas de manera gratuita o a muy bajo costo.
Según la GEIH, el 14.3% de los hombres y el 4.3% de las mujeres migrantes en Bogotá acceden al régimen de salud contributivo para aliviar los gastos médicos en caso de enfermedad. En cambio, el 7.1% de los hombres migrantes y el 17.4% de las mujeres acuden al SISBEN para cubrir estos gastos (véase cuadro 4). Esto significa que aproximadamente el 75% de las personas migrantes venezolanas en la ciudad no tienen acceso a salud, lo cual se debe a distintos factores: los empleos precarios no brindan prestaciones sociales ni ingresos suficientes para cotizar salud de manera independiente; la condición migratoria irregular impide la afiliación al régimen subsidiado; los esfuerzos institucionales locales y nacionales para informar sobre trámites de salud han sido insuficientes, así como las recursos para la atención a dicha población; las migrantes han encontrado trabas en el proceso de afiliación, entre otros.
Cuadro 4 Pago de arriendo hogares migrantes venezolanos según jefatura masculina y jefatura femenina
| Pago de arriendo | Jefatura masculina (%) | Jefatura femenina (%) | Total de hogares (%) |
| 0 a 300 000 | 23.08 | 19.23 | 21.15 |
| 301 000 a 600 000 | 57.69 | 65.39 | 61.54 |
| 601 000 a 900 000 | 15.38 | 11.53 | 13.46 |
| Más de 900 000 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
Fuente: Cálculos propios con base en los microdatos de la GEIH (DANE, 2021a).
El caso de Lina ilustra el último motivo. Ella es colombo-venezolana, pero no está afiliada al SISBEN porque las veces que ha intentado realizar el trámite le han manifestado que “hay represamiento de solicitudes y debo esperar”. En el momento de la entrevista, estaba en el séptimo mes de embarazo y nunca había tenido controles médicos, sólo una ecografía:
No tengo SISBEN por eso me cobran en el hospital, y tampoco tengo para pagar mensualmente una EPS.10 Cuando me toque tener el bebé iré por urgencias al hospital de Suba. Ellos me atienden gratis, porque van a ayudar a una vida, es una labor humanitaria. (21 de agosto de 2021.)
El caso de Lina no es aislado; otras migrantes como Emily tampoco han recibido chequeos médicos durante el embarazo por falta de recursos económicos, lo cual es preocupante porque tienen derecho a la salud por su condición de madres gestantes, independientemente de su estatus migratorio. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, las madres gestantes son sujetos de especial protección. En tal sentido, es urgente que la alcaldía y el gobierno nacional tomen medidas ante la vulneración de derechos y mejoren la cobertura en salud no sólo para las gestantes, sino para la población migrante venezolana en general.
Ahora bien, ¿cuáles son las opciones de las personas venezolanas cuyo estatus es irregular? Las personas sin PEP pueden acceder a servicios de salud sólo en caso de urgencias médicas, pero deben pagar por el servicio. La GEIH muestra que las mujeres migrantes sin afiliación a salud acuden a ahorros personales (17.4%), ayudas económicas de familiares (13%) o dinero prestado (4.3%) para pagar medicinas o atención médica. Aunque el 34.8% manifiesta que no cuenta con recursos económicos (véase cuadro 5).
Cuadro 5 ¿Cómo cubriría gastos médicos de salud y medicinas en caso de enfermedad?
| Opciones pago gastos médicos y medicinas en caso de enfermedad | Hombre (%) | Mujer (%) | Total (%) |
| Es afiliado como cotizante | 14.3 | 4.3 | 10.8 |
| Es afiliado a un régimen subsidiario | 7.1 | 17.4 | 10.8 |
| Es beneficiario de un afiliado | 0.0 | 8.7 | 3.1 |
| Con ahorros personales | 14.3 | 17.4 | 15.4 |
| Con ayudas de los hijos o familiares | 4.8 | 13.0 | 7.7 |
| Pidiendo dinero prestado | 0.0 | 4.3 | 1.5 |
| No lo ha considerado | 19.0 | 0.0 | 12.3 |
| No tiene recursos | 40.5 | 34.8 | 38.5 |
Fuente: Cálculos propios con base en los microdatos de la GEIH (DANE, 2021a).
El problema de la no afiliación a salud es grave no sólo para las madres gestantes, sino también para migrantes con enfermedades crónicas que requieren atención médica especializada y medicación, o que, en el caso de la pandemia, han sufrido complicaciones a causa del coronavirus. La encuesta GIFMM, & R4V (2020) reporta que el 26% de los hogares venezolanos en el país tienen al menos una persona en el hogar que “ha sido diagnosticada con alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, enfermedad renal, cáncer o infección por VIH” (p. 32). A esto se suman las enfermedades de salud mental las cuales exacerbaron durante las cuarentenas.
Varias entrevistadas manifestaron problemas de salud mental durante el encierro. Una de ellas es Milena, quien trabajaba antes de la pandemia en un call center y debido a la cuarentena inició trabajo desde casa. Tal modalidad laboral le generó estrés y ansiedad:
Vivo literalmente de la sala al cuarto, del cuarto al baño, del baño a la cocina y de la cocina a la sala otra vez. A veces uno no desayuna, porque creen que si desayunas te estás tomando 200 breaks. A veces son las 3 de la tarde y apenas estoy desayunando, cuando tengo la arepa ahí desde las 9 de la mañana. El estrés me ha generado ansiedad, palpitaciones, tensiones en el cuello y la mano. (1 de agosto de 2021.)
Por el contrario, Leidy ha experimentado depresión y tristeza. Desde antes de iniciar la pandemia, ella ha estado desempleada y se ha dedicado al cuidado de sus tres hijos:
Yo he caído hasta en depresión por el encierro. Yo me la paso pensando. Pienso mucho en mi mamá y en mi papá y me pongo triste, a veces me amargo por no poder estar con ellos. En la pandemia los he llamado mucho. No tengo amigas; mis amigos son mis tres hijos. (7 de septiembre de 2021.)
Consideraciones finales
Las mujeres migrantes venezolanas en Bogotá experimentan violencias y desigualdades producto de la imbricación de distintos sistemas de opresión: el género, la clase, la nacionalidad, la condición migratoria, la edad, la maternidad, entre otros. Antes de la emergencia sanitaria, las mujeres de origen venezolano en dicha ciudad ya vivían en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica, la cual afectaba su acceso efectivo a derechos sociales como el empleo, la alimentación, la vivienda y la salud, es decir, necesidades básicas que motivaron su salida de Venezuela. Empero, con la llegada de la pandemia y las medidas restrictivas de circulación en el espacio público, el acceso restringido al empleo, la desprotección estatal y el aumento de la xenofobia/aporofobia sus condiciones de vida desmejoraron aún más.
Lo anterior no sólo afectó a quienes tenían estatus migratorio irregular, sino también a aquellas con doble nacionalidad como Lina, y con PEP, como Rosa. Esto se debe a que varias características como el género, la raza, la clase social, entre otras, se intersectan y las hacen más vulnerables. Tal imbricación de opresiones y sus posibilidades de agencia también permiten entender porqué pese a la discriminación aún quieren seguir en Bogotá. Al respecto, algunas entrevistadas expresan que en esta ciudad tienen ingresos que, aunque precarios, les permiten acceder a alimentos y servicios públicos; igualmente, sus hijos e hijas pueden estudiar de manera gratuita. Otras expresaron que no retornaban porque en sus ciudades de origen ya no están sus seres queridos, que también migraron, además, cuentan con nuevas redes de apoyo en Bogotá.
En suma, la migración femenina en situación de alta vulnerabilidad en contextos Sur-Sur como el del flujo migratorio de Venezuela a Colombia, tiene algunas similitudes con los contextos Norte-Sur en cuanto a discriminaciones por xenofobia/aporofobia, pero implica mayores retos en relación con el acceso a derechos sociales, ya que en países emergentes como Colombia, con profundas desigualdades sociales, la migración creciente ahonda mucho más las condiciones precarias de vida de la población de acogida dados los escasos recursos, y las mujeres pueden no superar la vulnerabilidad socioeconómica que las motivó a migrar. Por tanto, es necesario que los gobiernos de acogida diseñen e implementen políticas públicas que garanticen los derechos sociales de tal población desde un enfoque interseccional y descolonial, pues buena parte de la inacción o acción insuficiente se debe al racismo y clasismo heredados de la colonia. Igualmente, resulta relevante establecer alianzas con gremios empresariales, países de la región que también son receptores de migrantes y países ricos que puedan aportar recursos y experiencia.
