El surgimiento e impulso de los protocolos

El año 2007 podría considerarse clave en la formulación de los protocolos como mandato internac ional. La firma de convenios desde los años de 1990 en la Cuarta Conferencia de Beijing o Belém Do Pará, así como lo establecido por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) (1981), incluían los compromisos de promover acciones penales frente a las violencias de género, diseñar programas educativos, establecer mecanismos judiciales y administrativos, generar acciones de los medios de comunicación para erradicar dichas violencias, entre otros. En 2007 se promulgó en Mé xico la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). Pero, además del mandato internacional, la ley derivó de la presión de los movimientos sociales, de las madres de víctimas de feminicidio y de organizaciones feministas, así como del trabajo de la académica feminista Marcela Lagarde, cuya labor coadyuvó al impulso de la LGAMVLV y a la tipificación del feminicidio (^{Lagarde, 2007}).

En tal contexto no se puede soslayar el hecho de que las autoridades universitarias se vieron obligadas a sentar las directrices para la obtención de protocolos, que muchas veces ellas mismas retrasaron. Fue alrededor de 2007 cuando la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) firmó acuerdos con el INMujeres (^{Martín, 2021}). A partir de entonces tuvieron que acreditarse en el Modelo de Equidad de Género (MEG), crear comités y recibir capacitaciones para ello. En algunos casos, como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), eso redundó en el primer protocolo de 2012. Sin embargo, el problema consistía en que “este Modelo de Equidad de Género era un modelo que únicamente estaba muy orientado a lo laboral y administrativo” (MEX.1.3_entr). En otros casos, como la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH): “la universidad se certifica en el Modelo de Equidad de Género. Crea un comité y subcomités en todos los institutos con representantes. Sin embargo, solamente es de dicho y algunas actividades emblemáticas” (MEX_.1.1_entr). Pero aquí -hasta el momento de la investigación- no se hizo un protocolo.⁷

Entre 2014 y 2016, vimos una nueva generación de activistas feministas tomar las calles en México y otros países. Fue en 2015 cuando las feministas argentinas ocuparon el espacio público con la consigna #NiUnaMenos. En 2016, en Ecatepec -uno de los municipios con mayores índices de feminicidios en México- las feministas salieron a gritar “¡Vivas nos queremos!” En esos años se aprobaron formalmente gran parte de los primeros protocolos de intervención frente a las VSdG en las universidades. En 2016 se publicó el de la UNAM, aunque se reformuló en 2019 tras los movimientos estudiantiles feministas. El protocolo de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) se publicó en 2017. Si bien revisamos el actual protocolo de la BUAP de 2019, sabemos que su primera versión es de 2012, mientras que los protocolos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y de las diferentes sedes de la UAM se publicaron entre 2018 y 2020. Y es el mismo periodo en que se publicó un gran número de protocolos de otras partes del país. ¿Por qué justo en este periodo?

Contrariamente a lo que habíamos encontrado en el caso catalán -donde los protocolos fueron la respuesta institucional a una obligación legal (^{Cagliero, & Biglia, 2019})- en México se han impulsado y reivindicado por el movimiento feminista estudiantil y académico. Es muy importante recoger la relación entre el movimiento feminista y el impulso de los protocolos (^{Ortiz; Góngora, & Aguilar, 2022}), la mayoría de los cuales finalmente vio la luz entre 2018 y 2020, después de un periodo de grandes movilizaciones feministas. Por ejemplo, en la UAM-Xochimilco se hizo el Muro de Denuncia al Acoso Escolar entre mayo y junio de 2016, así como otras denuncias masivas en redes sociales (^{Almazán, & Cassab, 2020}). Posteriormente, hubo un paro estudiantil por distintas demandas, entre las que se sumó la exigencia de atención por parte de la institución al problema de las VSdG. Además, hay una relación entre estudiantes activistas y el grupo Cuerpos que Importan, un grupo integrado por diferentes académicas expertas en género, pionero en abrir foros para debatir y visibilizar las VSdG y que ha organizado diferentes encuentros en universidades del país para intercambiar experiencias con otras expertas que trabajasen el tema (Salinas; Garduño; Rodríguez, & ^{García, 2020}). Su actividad es altamente relevante para la confección del protocolo de la UAM-X. He aquí un testimonio:

[…] otro momento muy importante que tiene que ver con el paro, con los alumnos; éste es un momento fundamental porque, bueno, el que estuviésemos cerca de los consejeros alumnos, que conocieran nuestro trabajo, que nos han visto tallereando. […] Y por eso es que ellos mismos proponen finalmente que seamos nosotras de Cuerpos que Importan quienes atiendan el tema, entonces eso es reconocimiento al trabajo […] (Adriana, promotora cultural, en ^{García; Martín, & Rodríguez, 2020, p. 155}).

En el caso de la UNAM, dice una académica: “Hay una demanda para que nosotras expliquemos, hagamos sensibilizaciones o hagamos cosas con la violencia de género” (MEX.1.2_entr). Después de fuertes movilizaciones feministas (incluidos paros estudiantiles separatistas), se obtuvo -dice otra académica- “un protocolo participativo en el sentido de que nos hicieron una serie de entrevistas y luego estuvimos trabajando durante varios meses todos los viernes en la unidad de seminarios para lograr un buen protocolo” (MEX.1.4_entr). Con el impulso de este protocolo incluso se consiguió que se reformara el artículo 95 del Estatuto General de la UNAM “que establece las faltas que la universidad considera especialmente graves, y -por primera vez- se ha admitido que la violencia de género es una falta especialmente grave” (MEX.1.2_entr).

Las violencias que se reconocen

Todos los protocolos hablan de violencia de género y siete específicamente de violencia sexual, aunque no ahondan de la misma forma en su conceptualización. Tres protocolos hacen referencia al machismo o los micromachismos como parte de la violencia. Dos protocolos de unidades de la UAM, así como los de la BUAP y la UNAM, recogen las tipologías de la Organización Muncial de la Salud (OMS), en particular violencia física, violencia psicológica y violencia económica. Todos los protocolos hablan de acoso u hostigamiento sexual; tres de ellos, de acoso laboral, y tres, de acoso. Cuatro protocolos de unidades de la UAM, así como los de la BUAP y la UAEMex hablan de violencia cibernética o similares. Sólo los protocolos de tres unidades de la UAM hablan de feminicidio (Cuajimalpa, Azcapotzalco y Lerma). Todos los protocolos reconocen la discriminación hacia la orientación de género o hacia la población LGTBIQ+. Todos los protocolos de la UAM hablan de violencia institucional, aunque el único que no la define como en la LGAMVLV es el de la unidad Azcapotzalco, que sólo lo menciona con relación al reconocimiento de los derechos de la población LGTBIQ+. Por su parte la BUAP también la define como en la LGAMVLV (actos u omisiones de servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres), mientras que la UAEMex sólo habla de cultura institucional violenta y no la define. Y, finalmente, llama la atención que sólo la BUAP (Puebla) y el IPN (Ciudad de México) mencionan la discriminación en razón de etnia, cuando la presencia de población indígena del Altiplano Central mexicano incluye las etnias náhuatl, mazahua y hñañú (véase ^{tabla 6}).

Parece haber una cierta heterogeneidad en la tipología de las violencias. Sin embargo, cuanto más impregnado esté el proceso en la formulación del protocolo por los debates feministas, más alusión se hace a los conceptos de violencia de género propios de las convenciones internacionales e, incluso, se intenta incluir una perspectiva interseccional.

Por ejemplo, el experto de la BUAP dijo que en el sector estudiantil se puso atención no sólo a las mujeres sino también: “a las personas con discapacidad, las personas provenientes de pueblos originarios, las personas de la comunidad LGTB+, las personas que son padres y madres en soltería, las personas que están en estatus migratorios diferentes en nuestro estado” (MEX.1.3_entr).

En realidad, hablar de múltiples formas de VSdG es algo complejo: “[…] ciertamente muchas chicas soólo comprenden el término acoso, pero lo importante es que podamos entender todas las violencias de género que existen” (S2, MEX.3.1_fg). Una sobreviviente, agredida por un profesor, dijo: “[…] mi situación no llegó a una violencia sexual. Pero sí hubo mucho acoso y hostigamiento” (S5, MEX.3.2_fg). En el mismo grupo, otra participante comentó que sería fundamental en el protocolo: “[…] desde el principio decir es hostigamiento o es acoso y pues saber la diferencia también” (S5, MEX.3.2_fg). Ya sabíamos -por el caso de Cataluña- que la mayoría de los protocolos había ampliado las dimensiones de las violencias, yendo más allá de la idea de acoso como había sido en la etapa precedente (^{Cagliero, & Biglia, 2019}). Para el caso de la UNAM, en México, esta insistencia vino por parte de las estudiantes en huelga. Esto es lo que comentó una experta en entrevista:

Las chicas pedían […] una tipificación respecto a las violencias y [eso] depende mucho del tipo de delito. Tú no puedes […] sancionar una mirada lasciva de la misma manera que un hostigamiento o que una violación o que un feminicidio, o sea, […] es muy difícil taxonomizarlas (MEX.1.4_entr).

Por eso insistimos tanto en complejizarlas, aunque no necesariamente en tipificarlas, pero sí en el debate amplio al interior de la universidad para trabajar en pro de la prevención -como insisten ^{Ortiz; Góngora, & Aguilar (2022)}). Muchas veces, las estudiantes necesitan visibilizar violencias que antes no se habían pensado. Por ejemplo, difundir imágenes con contenido sexual sin consentimiento es una forma de violencia. Así lo comentó la participante de un grupo: “en los últimos días empezaron a hablar también de compañeros que, pues amenazaban con subir fotos de nosotras […] Pero realmente nadie quería hablar sobre nuestras parejas, incluyéndome” (S7, MEX.3.2_fg).

Otras situaciones, hablando de violencias sexuales con las que podemos encontrarnos son las fiestas o espacios dentro/fuera del campus, tal como explicó una participante: “en mi caso, el de mi universidad, es que no hubo protocolo de chequeo de violación. No hubo protocolo psicológico, no hubo referencia hacia otra cosa. Y los casos de intoxicación por drogas y por alcohol son bien fuertes donde vivo” (S5, MEX.3.1_fg). No vemos un patrón a la hora de nombrarlas, pero sí una diversidad de VSdG reconocidas en los distintos protocolos, que luego queda desbordada por las experiencias concretas.

Por otra parte, están las violencias específicas hacia la población LGTBIQ+. Incluso, uno de los participantes de un grupo vislumbró la necesidad de:

[…] que haya un área de atención, específicamente para la población LGBT. Eso sería lo primero, tanto de atención psicológica como un área de denuncia […] Un tipo de sensibilización o digamos capacitación a todo el personal docente y administrativo para que entienda el tema LGBT, el tema de la identidad de género, de la diversidad sexual, etcétera, porque no lo conocen (S3, MEX.3.3_fg).

Finalmente, está el tema de la violencia institucional, que muchos protocolos contemplan, pero que cuesta tanto combatir. Una de las participantes de un grupo de discusión narró que en su experiencia de denuncia ante la Unidad de Igualdad hubo: “[…] como esta coerción de las abogadas para que yo desistiera de esa denuncia. De ahí en fuera, igual han sido chistes, comentarios, sobre todo eso. No ha habido una agresión física que tuviera que ver con ser LGBT” (S2, MEX.3.3_fg). El avance de los protocolos es innegable, pero aún se necesita luchar contra las violencias implícitas y estructurales al interior de las instituciones. Son constantes las experiencias de violencia normalizada en la universidad: “Yo creo que es donde oí los comentarios más misóginos de parte de un profesor, el acoso más fuerte de parte de un profesor a alguna alumna” (S3, MEX.3.2_fg). Ello da cuenta de la violencia simbólica que impera en estos espacios.

Los sujetos involucrados

Del análisis nos interesaba resaltar la forma en que los protocolos se referían a las personas que cometían o recibían la agresión, así como el hecho de saber quién podía activar el protocolo. Según ^{Ortiz; Góngora, & Aguilar (2022)} es muy importante saber si los protocolos universitarios siguen los criterios y preceptos para juzgar con perspectiva de género. Analizar el lenguaje que usan para hablar de los sujetos involucrados da cuenta de ello.

Así, encontramos que la mayoría de los protocolos usa la palabra persona, lo cual deja el género más o menos neutro. El protocolo del IPN habla de denunciante/denunciado. Algunos protocolos mantienen el masculino para quien agrede (UAEMex, UAEM), y sólo uno usa también el femenino (BUAP): agresor/agresora. Otros usan formas más creativas y menos esencializantes como persona en situación de violencia (UNAM, UAM-I, UAM-X, UAM-L) o sujeto que cometió discriminación por género, acoso, hostigamiento y/o agresiones sexuales en contra de miembros de la comunidad universitaria (UAM- Cuajimalpa). Nos interesaban particularmente estas maneras de nombrar a los sujetos, pues se salen de la lógica víctima/agresor y no anulan la capacidad de agencia de las personas. Estos casos denotan la presencia de la perspectiva de género.

No obstante, encontramos que cinco protocolos hablan de “víctima” (BUAP, UAM-Iztapalapa, UAEMex, UAM-C, UNAM) para referirse a la persona violentada. El problema de denominarles así, y no personas sobrevivientes es que se les presenta a todas como iguales, indefensas y pasivas: privadas de su capacidad de defensa (^{Velázquez, 2003}). Cinco protocolos usan la forma “presunto” o “supuesto” agresor o persona agresora (UAEMex, UAM-Azcapotzalco, UAMX, UAM-Lerma, UNAM). Cabe señalar que el protocolo actual de la BUAP ya no contine tal adjetivo, pero el de 2012 incluso usaba la forma “presunta víctima”. Aunque la presunción de inocencia sea un principio propersona, esto último deja ver la violencia simbólica sobre la cual se suele culpabilizar o revictimizar a las personas sobrevivientes. He aquí una experiencia:

Yo grabé con voz todas las pláticas que tuve con el agresor, con la coordinadora, con la UNAD, con la psicóloga de UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia), con la abogada […] fui anotando qué día pasó tal cosa y es horrible, es muy pesado, pero […] nos piden coherencia en nuestro relato, porque si no estamos mintiendo, aunque se sabe que el relato siempre va a cambiar por el estrés que provoca (S1, MEX.3.2_fg).

En ese sentido es muy importante reconocer que los principios propersona no deben vulnerar los derechos de género ni los derechos humanos. Desafortunadamente, la estructura social heteropatriarcal sigue considerando que las mujeres o las subjetividades que encarnan la feminidad son las responsables de las violencias que reciben. Por el contrario, se debe “establecer el respeto a los derechos humanos de los presuntos acosadores y hostigadores, al mismo tiempo que exigirles que sean ellos quienes demuestren su inocencia” (^{Ortiz; Góngora, & Aguilar, 2022, p. 246}).

Por otra parte, era necesario ver cómo presuponían los protocolos que debía hacerse esta intervención. Así, encontramos que la mayoría de los protocolos analizados considera que es quien recibió la agresión la persona que debe hacer la queja. Sólo tres protocolos (UAM-L, UAM-A, BUAP) reconocen que una tercera persona puede activar el protocolo. Finalmente, algunas universidades en México tienen bajo su potestad centros de educación de nivel bachillerato (15-18 años), como es el caso de la UNAM y el IPN, cuyos protocolos dejan claro que madres, padres o tutores/as deben acompañar si quien denuncia es una persona menor de edad.

Estructura responsable del procedimiento

Tanto la UNAM como la UAM-X cuentan con un Centro de Estudios de Género impulsado por académicas feministas, cuyos conocimientos han sido de gran utilidad para el diseño de los protocolos, y su labor ha tenido eco en otras universidades. La mayoría de los protocolos analizados prevén Unidades de Igualdad o instancias semejantes. Por otra parte, es curioso que las cinco unidades de la UAM (cuatro de las cuales están en la ciudad de México) tienen un protocolo distinto. Sólo tres de ellas mencionan la figura de Unidad de Igualdad. La unidad Azcapotzalco involucra en el proceso a una Coordinación de Orientación Educativa y Servicios Psico pedagógicos. Y, finalmente, la unidad Xochimilco menciona que el programa Cuerpos que Importan, liderado por académicas expertas en género -y, específicamente, en violencias de género-, dará acompañamiento y podrá hacer seguimiento de las denuncias. Cabe mencionar que desde 2020, la UAM-X cuenta con la Unidad de Prevención y Atención a la Violencia de Género (UPAVIG), encargada de dar el acompañamiento una vez activado el protocolo y que sigue vinculada al trabajo de Cuerpos que Importan.

Ahora bien, la UNAM y el IPN (las más grandes instituciones de educación superior de Ciudad de México) también prevén una Unidad de Igualdad. Pero muchas veces, entre pautado y las prácticas hay una brecha, como en el caso de la UNAM: “está el protocolo, está la UNAD y está todo reglamentado, que te tiene que recibir la psicóloga y es todo este rollo. Pero no hay disposición” (S3, MEX.3.2_fg). En los grupos de discusión salieron voces discordantes, a veces con experiencias de un buen trato en la activación del protocolo: “[…] la trabajadora de la UNAD sí fue muy amable, me trató humanamente, la verdad” (S2, MEX.3.3_fg). Pero también hay experiencias que revelan un problema estructural. Es decir, aunque haya unidades de igualdad y un trabajo con perspectiva de género en la elaboración del protocolo -como es el caso de la UNAM-, si quien atiende a la persona que denuncia no está sensibilizada ni capacitada para hacer el acompañamiento adecuado, pasan cosas como ésta:

[…] se levantan las actas en las entidades, y pues muchas veces es enfrentarse no sólo a ese aparato burocrático que se ha creado a partir de la implementación de los protocolos, sino también enfrentarse a la torpeza y a la ignorancia en esta materia. O sea, a recibir tratos déspotas, poco sensibles […] porque, aunque la universidad no lo ha querido reconocer como tal, pues hay o debería haber un trato hacia quienes denuncian estas acciones como víctimas; no, no en el sentido de victimizarnos, sino en el sentido de que somos personas que hemos pasado por experiencias traumá ticas en un espacio que todos considerábamos seguro […] en algún momento y nos hemos dado cuenta de que eso no es así (S4, MEX.3.1_fg).

Ahora bien, de los tres protocolos de provincia, dos hablan de una Unidad de Igualdad (UAEM y BUAP), mientras que la UAEMex habla de una Coordinación Institucional de Equidad de Género. Si bien se menciona la existencia de espacios especializados en género en estas universidades, las tres dejan más claro que la primera instancia de atención debe ser parte de la jerarquía universitaria, quienes podrían canalizar a una siguiente instancia. En México no hay requerimiento legal específico que obligue a las universidades a externalizar los casos: Defensoría de Derechos y Abogado/a General son las instancias encargadas de resolver los casos de VSdG al interior de las universidades. En general, la estructura universitaria es muy jerárquica, además de heteropatriarcal, y muchas veces hay trabas por el camino cuando se activa un protocolo:

[...] cuando una denuncia y son profesores, es el abogado (abogados de la UNAM) quien interviene, pero en el caso de esta persona, como también estaba sindicalizado por el STUNAM, el STUNAM le proporcionó asesoría legal. Y, aun cuando yo también era sindicalizada, a mí jamás se me presentó ningún apoyo (S4, MEX.3.1_fg).

En términos generales, el rol y la responsabilidad que han asumido las personas en la estructura universitaria, así como la cantidad y calidad de recursos económicos y de personal con los que han contado, varían mucho en función de las dimensiones de las universidades y de su localización geográfica. Asimismo, la autonomía universitaria ha conllevado que los procedimientos y las personas encargadas de dar una primera respuesta o de activar los protocolos sean muy diferentes y heterogéneos. El gran problema es que esto -desde nuestro punto de vista- no garantiza una protección equitativa a todas las personas que pisan las diferentes universidades en el Altiplano Central mexicano. Ésta es la experiencia de la BUAP:

La mayoría de las cosas que se han propuesto junto con el equipo de acompañamiento universitario y las mujeres académicas del centro de estudios de género, compañeras y compañeros del Colegio de Antropología Social, entre otras áreas […], es realmente no con un presupuesto como el que esas actividades merecen o necesitan, pero lo hemos podido sacar adelante (MEX.1.3_ entr).

Así, mucho tiene que ver la predisposición y formación del personal que trabaja en estos servicios y no necesariamente con las instancias que las universidades destinan para ello. Si las instituciones no abordan el tema de las VSdG desde una perspectiva interseccional, tomando en consideración los vastos conocimientos generados sobre el tema, seguirán sin poder resolver el problema no sólo en términos de detección, sino también de prevención y erradicación.

Vislumbrar buenas prácticas

Entendemos por buenas prácticas aquellas acciones encaminadas a resolver el problema de las VSdG que, como es multifactorial, requiere distintos tipos de respuestas. Presentaremos algunos ejemplos. En primer lugar, está el punto de partida de los protocolos, ¿quiénes lo han impulsado?, ¿han sido participativos?, ¿contemplan la perspectiva de género? Pensamos que es muy relevante que “los protocolos eviten ser ejercicios de simulación y sean un espacio de construcción y fortalecimiento de las reglas del juego democrático y democratizador” (^{Ortiz, Góngora, & Aguilar (2022), p. 242}).

En general, encontramos que desde la institución “[…] hay una apatía, hay un desinterés por participar de no ser por las colectivas feministas que hay al interior de la universidad, que han aportado una actitud ya no de tolerancia ni de consentimiento, sino de exigencia y de presión” (MEX.1.3_entr). Sobresalen el caso de los paros estudiantiles separatistas de la UNAM y el protocolo de 2019, así como el trabajo tanto de las estudiantes como del grupo Cuerpos que Importan para el protocolo del 2018 de la UAM-X (^{García; Martín, & Rodríguez, 2020}). Pero, incluso, en universidades con poca movilización y falta de protocolos, se impulsaba su necesidad:

Por eso el año pasado, cuando se insiste y se pide expulsión y cuando hay separación de profesores de su cargo, a raíz de una serie de eventos de hostigamiento sexual, bueno pues tenemos una gran ganancia. Un momento clave para empujar un protocolo que te diga el ABC y que sea transversal (MEX.1.1_entr).

En segundo lugar, los protocolos deben definir no sólo los niveles de intervención, sino también las acciones de capacitación y prevención (^{Ortiz; Góngora, & Aguilar, 2022}). En ese sentido, nos parece particularmente destacable el trabajo del grupo Cuerpos que Importan de la UAM-X, pues han hecho acciones para la formación en perspectiva de género, han trabajado mucho en la prevención y también en la visibilización y diagnóstico de la problemática (^{Salinas; Garduño, Rodríguez, & García, 2020}).

Hay que considerar que “la amplitud de los protocolos es tal, que al no definir acciones para la prevención, instancias responsables, facultades ni recursos, éstos asumen de facto un enfoque punitivo” (^{Ortiz; Góngora, & Aguilar, 2022, p. 237}). Por eso es tan importante la prevención, que puede venir de las colectivas estudiantiles. Ése es el caso del Comité Feminista UAM-X. Otro ejemplo de buena práctica, pues usa las redes sociales como Facebook para hacer difusión encaminadas a la atención y prevención de las VSdG tanto dentro como fuera de las instalaciones (^{Almazán, & Cassab, 2020}).

En tercer lugar, y en contraposición al punitivismo, destacaría la reparación de daños, que sólo encontramos mencionada en el protocolo de la UAM-X y ampliamente explicada desde el marco internacional de los derechos humanos. La reparación en este protocolo se entiende como el restablecimiento de la situación de la persona, en la medida de lo posible, al momento anterior del hecho ilícito.

Consideramos que la visibilización y la movilización feministas a veces hacen más efectiva la reparación. Alrededor de 2019 y 2020, el #MeToo cobró una gran fuerza en las movilizaciones feministas en México (^{Rovira-Sancho, & Morales-i-Gras, 2022}). Independientemente de que hubiera o no protocolos, a través de tendederos y escraches presenciales o virtuales, las jóvenes activistas evidenciaban a aquellas personas que perpetraban acciones de VSdG en el ámbito universitario. Así lo relatan algunas experiencias: “yo en ese momento no decido denunciar, sino hacer más bien actos no institucionales como un escrache y cosas así. Y de ahí surge también el grupo de mujeres organizadas de la Facultad de Psicología” (S1, MEX.3.2_fg). “No había respuesta de la institución, o sea, la institución nos decía ‘ay sí, están estas actividades’, sus medidas de seguridad, […] el protocolo (versión 2016), ‘tú no te preocupes’, […] pero nada en mi vida cambió” (S3, MEX.3.2_fg).

En los diferentes grupos, las participantes relatan cómo impactó a las personas sobrevivientes encontrar denuncias similares y cómo ese acto las empoderaba: “hasta que escuchas de otros casos o, pues si sabes que no eres la única y no es un caso aislado, empiezas a hablarlo” (S1, MEX.3.2_fg). Tras participar en la organización los tendederos en su universidad, una estudiante comenta: “empezamos a dar acompañamiento a nuestras compañeras […] y entonces te vas dando cuenta que, incluso, tu compañera, la que se sienta a lado de ti, está sufriendo un tipo de acoso” (S1, MEX.3.2_fg). Ellas denotan un sentimiento de mejor acompañamiento en el escrache que el recibido en las Unidades de Igualdad o Defensoría Universitaria.

La visibilización es, sin duda, el primer paso para erradicar y prevenir las VSdG. Otra cuestión que parece no tener en cuenta la mayoría de las instituciones es el asunto de la credibilidad. Por eso, el movimiento #MeToo viene acompañado de una respuesta sórica y colectiva muy empoderadora que es el #YoSíTeCreo. ^{Rovira-Sancho, & Morales-i-Gras (2022)} destacan una complicidad activa delante de un sesgo cultural que tiende a desacreditar a las sobrevivientes de violencia sexual. “Cuando una morra [chica] iba a publicar una denuncia, nos organizábamos para que saliera una respuesta masiva de otras 70, 80 morras diciendo #YoSíTeCreo” (Testimonio en la Asamblea UAM en ^{Rovira-Sancho, & Morales-i-Gras, 2022, p. 4}). Las VSdG no son un problema individual y aislado.

Además de las buenas prácticas desde la movilización, encontramos acciones desde la propia institución impulsadas por académicas feministas, en las que nuevamente destaca el caso de la UAM-X y el grupo Cuerpos que Importan con un análisis de los datos recogidos de las denuncias entre 2015 y 2019 (^{Salinas; Garduño; Rodríguez, & García, 2020}). Éste es un buen ejercicio no sólo en términos de transparencia, sino porque además incide en lo que falta reforzar: capacitación y prevención con perspectiva de género.

Finalmente, también fue común que las participantes de los grupos consideran algo muy positivo en su proceso de denuncia la ayuda de profesoras feministas, aun cuando sus instituciones no contasen con un protocolo. Por ejemplo: “la doctora X tuvo que fingir que yo estaba haciendo un trabajo de investigación con ella, para que me sacaran de las clases y ya no seguir compartiendo espacio con este profesor” (S2, MEX.3.1_fg).