La conjuración que llevó a la deposición de José de Iturrigaray como virrey de Nueva España en septiembre de 1808 ha hecho correr ríos de tinta entre los historiadores que han tratado de descifrar el significado político de la exoneración del mandatario y que han aducido diversas razones conectadas con el clima de inestabilidad política de este momento de incertidumbre en todos los rincones de la Monarquía Hispánica a causa de la sucesión de acontecimientos que llevaría al exilio de la familia real, al levantamiento contra las tropas napoleónicas y a la creación de nuevas instancias de poder para llenar el vacío dejado por la ausencia de Fernando VII de tierras españolas. En este contexto, el intento de Iturrigaray de aceptar la propuesta autonomista del ayuntamiento de la ciudad de México, para así ponerse al frente del movimiento que propugnaba la constitución de juntas soberanas en las distintas provincias, fue visto como un peligroso camino hacia la independencia por algunos relevantes grupos de poder, entre los que se contaban la Audiencia, el arzobispo de la capital y buena parte del Consulado de México, los cuales actuaron con el respaldo de la Junta Suprema establecida en Sevilla.

Esta primacía de las motivaciones políticas en la estrategia explicativa de la conjura acaudillada por el mercader de origen vizcaíno Gabriel de Yermo ha hecho, sin embargo, olvidar en buena medida el papel decisivo que tuvieron las cuestiones de índole económica en el derrocamiento del virrey. Ya en su día el conocido independentista fray Servando Teresa de Mier consideró el desencadenamiento de los hechos como un verdadero golpe de estado guiado por la Audiencia y llevado a la práctica la noche del 15 de septiembre por el comerciante y sus amigos del Consulado de la capital, pero en el que podían aislarse una serie de razones de carácter económico como catalizadoras del movimiento: la enemiga contra la Caja de Consolidación de los vales reales, la oposición a pagar los derechos adeudados por la producción de aguardiente y el descontento por las limitaciones impuestas al abastecimiento de carne a la ciudad de México. Pues bien, esos son los capítulos fundamentales que conforman el estudio que nos ofrece con su consabida solvencia Guillermina del Valle.

El estudio se organiza de una forma perfectamente cartesiana, lo que genera un discurso diáfano que se sigue con extrema facilidad pese a la complejidad de su trama. El primer capítulo nos procura una descripción muy exacta del funcionamiento del original sistema crediticio de Nueva España, en el que los préstamos de las cofradías y obras pías adquirieron un papel protagonista. El segundo se acerca a la composición de los grupos que se movilizaron contra el virrey, tomando en cuenta tanto los intereses mercantiles comunes, como los lazos de parentesco y las afinidades emanadas del paisanaje, es decir del origen geográfico primero de las clases acomodadas, empleando tanto los instrumentos clásicos de análisis de las estructuras socioeconómicas como los más recientes de las redes de sociabilidad, que introducen importantes matices, aunque a veces la aproximación a las actuaciones de cada individuo en relación con su entorno nos parezcan más útiles para la comprensión de sus comportamientos empresariales que los sofisticados gráficos que con gran esfuerzo y despliegue técnico nos resumen los complejos haces de relaciones trabadas entre los distintos comerciantes, como ocurre por ejemplo en las deslumbrantes figuras de las páginas 102-103. El tercer capítulo recorre los motivos del descontento de una parte de la oligarquía mexicana contra las medidas económicas de Iturrigaray, con especial atención a las acciones de la Caja de Consolidación de los vales reales, que es el verdadero núcleo en torno del cual gira la argumentación de la obra. Finalmente, el cuarto y último capítulo se ocupa de la participación en el derrocamiento del virrey de un considerable sector del Consulado de México, apoyado de modo indirecto por algunos otros de sus integrantes, que adoptaron una postura menos manifiesta en el proceso de la conspiración.

Y toda esta investigación descansa en un conocimiento realmente exhaustivo de la bibliografía disponible y en una aportación masiva de documentación inédita, exhumada de diversos depósitos, especialmente del Archivo General de la Nación y del Archivo General de Notarías de la Ciudad de México. El primero de estos fondos ha permitido reconstruir de manera detallada el comportamiento de algunas cofradías que estaban implicadas de forma directa en el singular sistema crediticio eclesiástico, que transfería sus capitales en forma de préstamo a los labradores, ganaderos y mercaderes, quienes los utilizaban para sus negocios avalándolos con sus bienes raíces y pagando religiosamente (nunca mejor empleada la palabra) los intereses devengados a las instituciones eclesiásticas. El segundo de los fondos ha permitido la reconstrucción de los vínculos que mantenían entre sí los grupos acomodados de la sociedad que manejaban los distintos sectores de la economía (explotaciones agropecuarias, abastos de productos básicos, minería, comercio interior y exterior); unos vínculos establecidos en el mundo de los negocios pero basados en complejas relaciones de paisanaje y parentesco, ahora puestos en evidencia frente al solo rótulo de la actividad económica o del estatus social. Las dificultades de abrirse camino en el océano de las contabilidades eclesiásticas y de los protocolos notariales demuestran la profesionalidad y el rigor de un trabajo científico tan costoso en esfuerzo y tiempo como ejemplar en el rigor de la metodología y de la interpretación de los datos obtenidos.

Pues bien, este particular sistema de crédito eclesiástico (esas “finanzas piadosas” del título del libro), que llega a definirse como “la principal fuente de financiamiento de la economía colonial” y que adopta un funcionamiento de tipo circular (puesto que los comerciantes que fundaban capellanías y obras pías, muchas veces a favor de sus propios familiares, eran también los beneficiarios de los mismos fondos por medio de los préstamos de las cofradías), sufrió una formidable arremetida en 1804, cuando se dictó la real orden para la consolidación de los vales reales en los reinos de Indias, con el objetivo de pagar el subsidio prometido por Carlos IV a Napoleón y mediante el mecanismo de incautar los inmuebles y los efectos de las instituciones piadosas, lo que tenía como efecto la rápida y completa desorganización del aparato crediticio que sostenía la actividad económica en México.

La oposición radical a la Caja de Consolidación provino de los más diversos sectores, todos los cuales han sido analizados uno por uno y con todo lujo de detalles por la autora del libro. Primero vino la protesta del ayuntamiento de la ciudad de México y del Tribunal de Minería, luego siguió la “Representación de los labradores y principales de la ciudad de México” y la adhesión al memorial de los hacendados azucareros de los valles de Cuernavaca y Cuautla y, más tarde, llegó la oposición de las propias instituciones eclesiásticas, que veían mermado su patrimonio y que se quedaban sin fondos para las parroquias y para las obras pías que atendían a enfermos, presos, huérfanos y otros grupos de desvalidos. Todo un amplio espectro de perjudicados que podían formar un poderoso frente opositor, como de hecho sucedió.

Llama la atención la ambigua actitud inicial del Consulado de México, que contrasta con la decidida enemiga a la real orden por parte del Consulado de Veracruz, que llegó a solicitar en 1806 su total suspensión. Las hipótesis adelantadas para explicar este primer posicionamiento dubitativo hacen hincapié en la esperanza de un trato de favor que satisficiese algunas de sus aspiraciones, como la supresión de los nuevos consulados (en particular justamente el de Veracruz) y la derogación de los decretos favorables al comercio en barcos neutrales (probables contrabandistas y competidores seguros), así como la conciencia de que en la primera fila de los afectados se encontraban sobre todo los mercaderes hacendados, con los que no mantenían lazos estrechos en el mundo de los negocios. En todo caso, el proceso que conduce de esta tibia respuesta primeriza, incluso de esta marginación respecto de una protesta ampliamente generalizada, a la posterior adopción de una postura decididamente beligerante que lleva al Consulado a ponerse a la cabeza del movimiento, proporcionando la figura de su principal ejecutor y al menos otros setenta miembros igualmente determinados a acabar con la Caja de Consolidación, queda más claro cuando se analiza el conjunto de las piezas del rompecabezas económico, social y político que llevó a la destitución del virrey.

También queda muy bien definida la actuación de Iturrigaray como presidente de la Junta Superior de Consolidación. Respondió a lo que se esperaba de un celoso representante del poder y un fiel cumplidor de las disposiciones emanadas del rey. Su rigor en la aplicación de la real orden hizo que la recaudación total por dicho concepto ascendiera a 10 500 000 pesos en tres años -3 500 000 pesos anuales-, las dos terceras partes del total ingresado en las Indias, incluyendo las Islas Filipinas. Ahora bien, la ejecución de las disposiciones reales, que atentaban contra el sistema financiero privado mucho más que en España (dada la desequilibrada proporción entre la incautación de bienes inmuebles y capitales líquidos en México, 12% frente a 88%), fue incrementando el número de los descontentos, tal como son inventariados de manera pormenorizada por la autora. La consolidación se unió además a otra serie de agravios: el descontento de los tratantes de ganado por el nuevo impuesto sobre los animales sacrificados, la negativa de los fabricantes de aguardiente a la exigencia del pago de los derechos atrasados y el progresivo distanciamiento de los comerciantes del Consulado por la autorización del comercio de neutrales, por la decisión de abandonar la defensa del puerto de Veracruz frente a los ingleses con el consiguiente traslado de los efectos mercantiles a la ciudad de Jalapa, e incluso por el gravoso mantenimiento del llamado “regimiento de comercio”. Para colmo, la intervención autoritaria (y arbitraria) del virrey en el procedimiento electoral interno del Consulado intentando imponer sus propios candidatos contra toda razón, terminó de enajenarle la voluntad del estamento consular tras un radical enfrentamiento en el seno de la institución, que acabó resolviéndose a favor de los mercaderes gracias a la intervención de las autoridades metropolitanas. Si, además, la recaudación organizada por la Junta de Consolidación iba a parar al fondo de donde se pagaba el subsidio a Napoleón, la medida fiscal aparecía como mucho más injusta. De este modo, sólo faltaba el apoyo a los conspiradores por parte de la Junta Suprema de Sevilla para que todos los damnificados pasasen a la acción contra el virrey Iturrigaray.

En las conclusiones se recogen todos estos datos y se añaden algunos argumentos más. La conjuración triunfó gracias a las solidaridades establecidas en el interior de las redes mercantiles:

La colaboración de los miembros del cuerpo mercantil resultó fundamental porque reclutaron a sus parientes, empleados y a una numerosa clientela. En este sentido resultaron esenciales las redes que los mercaderes tejían para realizar sus negocios, las cuales operaban en gran medida con base en el crédito, recurso que generaba fuertes relaciones de fidelidad y dependencia.

Este triunfo significó de inmediato el fin de la recaudación determinada por la ley de consolidación y la cancelación de otros impuestos (entre ellos el que gravaba a las capellanías, como una demostración más del carácter circular del sistema crediticio eclesiástico), del mismo modo que el Grito de Dolores en 1810 favoreció la unión de la oligarquía política y económica frente a los riesgos de una revuelta popular.

No puede terminarse el balance de la obra sin dar cuenta de la copiosa documentación obtenida y organizada por la autora, como puede observarse en los espléndidos cuadros sobre los miembros de las cofradías mexicanas, los préstamos concedidos en Nueva España para las guerras en que se hallaba involucrada la Monarquía Hispánica, los ingresos brutos de la consolidación distribuidos por diócesis, los firmantes de la “Representación de los labradores y principales de la provincia de México”, los participantes en el golpe contra Iturrigaray, y así hasta un total de dieciocho, que constituyen un tesoro de información a disposición de todos los interesados en la materia. En conjunto, por tanto, nos hallamos ante una obra impecable por sus fuentes, sus métodos, sus argumentos y sus conclusiones. Una obra que resuelve los interrogantes suscitados por la aplicación de la Ley de Consolidación de Vales Reales en Nueva España, por las actitudes de los diversos grupos afectados por la medida, por el sentido del derrocamiento del virrey Iturragaray. Una obra, en definitiva, que iluminando una nueva parcela de la historia mexicana vuelve a confirmar la probada capacidad investigadora de esa gran historiadora que es Guillermina del Valle.