En la obra se muestra el interés de David Eduardo Vázquez Salguero por la conformación del territorio, que para el caso de estudio denomina “territorio salinero”, así como por la cartografía como apoyo para su interpretación. Los hilos conductores del estudio son entonces el tipo de propiedad de la empresa de origen colonial Salinas de Santa María del Peñón Blanco o Salinas del Peñón Blanco, ubicada en el hoy estado de San Luis Potosí, la cual transitó durante el periodo de estudio, 1778-1846, de propiedad real a propiedad nacional y a propiedad privada, así como el espacio o territorio ocupado. El objetivo de la investigación era contrastar cómo los intereses públicos y privados fueron factores determinantes en la conformación del territorio y la propiedad de la mencionada empresa.
Para la elaboración del texto, el autor consultó varios archivos que le permitieron acceder a fuentes primarias relevantes, en especial las que integran el Archivo Histórico de Salinas del Peñón Blanco por ser fuentes muy poco consultadas y valiosas para la historiografía sobre la producción salinera en México. Entre esas fuentes resulta muy atractiva la correspondencia particular entre empresarios, así como con los administradores, lo que nos permite conocer la lógica con la que gestionaban sus negocios y su personalidad. Además, por supuesto, de la lectura que realizó el autor de un significativo número de fuentes secundarias que le posibilitaron contextualizar y enriquecer el estudio.
El libro, publicado por El Colegio de San Luis en 2014, corresponde a la colección Investigaciones. La obra está estructurada con una amplia introducción y cinco capítulos en los que se abordan los siguientes temas: I. Aspectos geográficos y tecnológicos en la obtención de sal; II. Jurisdicción y geografía de las Reales Salinas del Peñón Blanco (1778-1794); III. Las Salinas del Peñón Blanco y la minería durante el movimiento de insurgencia (1810-1823); IV. Privatización de las Salinas del Peñón Blanco (1836-1842); y V. Disputas por el control del territorio salinero ¿monopolio o libre explotación? (1845-1846), fechas que determinan la temporalidad que abarca el estudio. Por último cierra con unas puntuales conclusiones, un glosario de términos, equivalencias de medidas; transcripciones de tres documentos anexos; referencias de archivos y bibliografía consultada; así como un índice de 16 mapas. A lo largo del texto hay dos planos, tres cuadros, un esquema, una figura y cuatro gráficas, materiales que brindan un soporte medular para la comprensión del tema. Es de destacar la aportación del autor en la localización de mapas relativos al espacio y periodo de estudio, pero sobre todo la elaboración y reelaboración de mapas para delimitar el territorio estudiado.
Ahora bien, ¿a quién le corresponde la propiedad y la gestión de los recursos naturales en México?, ¿quién debe realizar esa función? Hasta la fecha el tema relacionado con la propiedad y gestión o administración de recursos naturales está siempre en la mesa de discusión en los distintos ámbitos -económico, político, social, académico, ambiental, etcétera-. Está claro que a lo largo de la historia mexicana se han registrado diversos momentos en los que ha sido necesario argumentar y determinar quién toma el acceso y control para la explotación de determinado recurso natural. Para el caso a comentar fue la sal la sustancia puesta en la mira, en especial la explotada en las Salinas del Peñón Blanco. Disyuntiva eterna, ¿iniciativa pública, iniciativa privada o participación mixta? De manera figurativa, parecería que a lo largo del tiempo los diferentes modelos de gobierno en nuestro país han utilizado los recursos naturales como un cheque al portador o como moneda de cambio, es decir, que los movilizan básicamente cuando necesitan obtener capital monetario o cuando muestran incapacidad para su gestión, sin dejar a un lado los intereses políticos.
A manera de síntesis el autor apunta que la demanda más importante de sal en nuestro territorio durante el siglo XVI provenía de la actividad minera, ya que el método conocido como amalgamación o “de patio” requería del compuesto químico, además de otros ingredientes, para la obtención de plata. Así, para 1562 las incursiones españolas localizan en el Altiplano mexicano las lagunas interiores de carácter temporal donde se iniciaría la instalación de la infraestructura que conformaría las Salinas del Peñón Blanco al pie del cerro del mismo nombre. A partir de entonces las Salinas se incorporaron a los bienes de la corona cobrando un impuesto por su explotación y permaneciendo bajo la jurisdicción del virrey hasta 1629, cuando se da el primer cambio cediéndolas en arrendamiento a particulares; así no se perdía la propiedad y se tenía un ingreso a la Real Hacienda -habría que determinar si este ingreso fue mayor o menor que durante la práctica anterior-. Para 1779, señala David Vázquez que los funcionarios de la Real Hacienda estimaron el éxito lucrativo de la empresa, por lo que retomaron el control de la administración de las Salinas.
Al terminar el movimiento de independencia de México, en la segunda década del siglo XIX, las Salinas del Peñón Blanco pasaron de propiedad real a propiedad nacional. A partir de entonces, refiere Vázquez, se presentaría una serie de modalidades en la gestión y propiedad de la salinera. Así, el gobierno federalista las daría nuevamente en arrendamiento, como había sucedido en buena parte del periodo virreinal. En tanto que el posterior gobierno de corte centralista autorizó en 1838 enajenar las Salinas del Peñón Blanco y otras propiedades -esto a dos años de haberse independizado Texas del territorio mexicano y frente a la necesidad del gobierno de obtener recursos económicos-, el entonces presidente, Antonio López de Santa Anna, inició negociaciones con posibles compradores -los que seguramente eran escasos. Recordemos que una década atrás se habían promulgado las leyes de expulsión de españoles de nuestro país y que con ellos habían salido los principales capitales.No obstante, un bajo porcentaje de hispanos lograron acogerse a algunas de las excepciones que marcaban dichas leyes; entre ellos, el empresario Cayetano Rubio Álvarez, nacido en 1791 en el Puerto de Santa María, en España, inmigrante que arribó a México en 1809 junto con dos de sus hermanos mayores instalándose en Veracruz e iniciando actividad en el comercio. Sin embargo, su participación en diversos negocios como: la arriería, el tabaco, la sal, el algodón, las harinas de trigo, los textiles y el agio, así como su movilidad en buena parte del territorio mexicano, representan un atractivo reto a investigar para los interesados en la historia económica empresarial.
El primer intento de vender las Salinas del Peñón Blanco no se realizó, entre otras cosas, porque la legislación de entonces impedía a los extranjeros adquirir propiedades rústicas en el país. Sería hasta 1842 cuando el gobierno enajenó las Salinas del Peñón Blanco a Cayetano Rubio Álvarez, pasando a ser entonces una empresa de propiedad privada. Cuatro años después Rubio se la vendió a su yerno Joaquín María Errazu Goicoechea, esposo de su primogénita, Guadalupe Rubio Primo. Errazu había tenido la empresa en arrendamiento, por lo que conocía bien su funcionamiento. David Vázquez muestra la oposición que hubo entonces a la transacción, tanto por la prensa como por productores de sal y por los gobiernos de San Luis Potosí y Zacatecas. Sin embargo, en todo lo que restaba del siglo XIX, e inicios del XX, la propiedad y gestión de la empresa salinera continuó en manos de la familia Errazu, quien introdujo innovaciones en el proceso para la obtención de sal. Por 1906, la salinera fue adquirida por una empresa inglesa.
La enajenación de bienes nacionales, como la salinera, abriría la brecha para que agentes involucrados en la explotación de sal iniciaran las denuncias por localización o posesión de cuerpos de agua salada en la región -como lagunas y pozos-, para determinar la propiedad y aprovechamiento de los mismos. El meollo del asunto, señala David Vázquez, estaba en la inexactitud del término anexas en las escrituras de venta de la Salinera del Peñón Blanco, es decir, no se habían fijado en el documento los límites de la propiedad, aunque sí se señalaba que estaba ubicada en San Luis Potosí; sin embargo, algunas lagunas filiales podían ubicarse en Zacatecas. De ahí surgiría la iniciativa del propietario, Joaquín Errazu, de mandar levantar en 1848 un plano topográfico de las Salinas del Peñón Blanco, así como documentarse en mapas y libros de cuentas anteriores para determinar cuál era la extensión de la propiedad y los registros históricos de producción, y así tener argumentos suficientes para proteger sus intereses patrimoniales.
El autor acude a conceptos teóricos como capitalidad y centralidad para sustentar la articulación política y administrativa característica de la época de estudio como parte de la concepción del territorio geográfico y administrativo. Asimismo, revisa algunas definiciones del concepto territorio, apuntando que él lo entiende “como un espacio geográfico definido, con características fisiográficas particulares, que implica la existencia de recursos renovables y no renovables explotados por el ser humano”. Hubiera sido útil que incluyera también la definición del concepto propiedad por ser la otra variable a contrastar. Así, David Vázquez coteja en el espacio geográfico los límites político administrativos de lo que hoy se conoce como estado de San Luis Potosí, porque si bien durante el periodo de estudio la división política presentó cambios, pues a fines del periodo colonial se crearon intendencias y posteriormente con el federalismo estados, con el centralismo departamentos y después nuevamente estados, el autor asegura que el territorio estudiado “siempre formó parte de una frontera cuyas características geográficas iban más allá de los límites político administrativos”. Una de las principales aportaciones de David Vázquez reside en la reconstrucción que hace del territorio salinero a partir de identificar y localizar las poblaciones sujetas a Peñón Blanco, al igual que las lagunas en las que se explotaba la sal.
Concluye el autor, entre otros asuntos, que el tema de la propiedad es un factor fundamental para el análisis territorial. En lo personal me cuestiono si la propiedad siempre coincide con el territorio específico; creo que el control de un territorio puede ir más allá de la propiedad y viceversa. Asimismo, señala Vázquez que es necesario poner en una balanza las políticas gubernamentales respecto a la venta de bienes nacionales, ya que si bien, para el caso de estudio, le permitió al gobierno obtener recursos monetarios, dejó de tener ingresos por concepto de arrendamiento e incluso de impuestos ya que trasladó el privilegio fiscal al comprador. Sin embargo, apunta que la política gubernamental de entonces cedió el dominio de la propiedad a particulares pero conservó el derecho de intervenir y regular la producción y distribución de la sal para cubrir el mercado principal, la industria minera, con un precio accesible. La reciente publicación de David Vázquez resulta interesante, en especial para promover cuestionamientos que generen nuevas investigaciones.