Agustín de Iturbide siempre ha sido una figura controvertida en la historiografía. En general, los historiadores adoptan una posición ambivalente hacia él; pocos aprueban su conducta o juzgan su desempeño en la historia mexicana sin reservas. Nunca ha sido elevado a la estatura de Simón Bolívar o José de San Martín: casi nadie lo ha visto como el Libertador de México. Cuando el presidente Calles, en 1925, trasladó los restos de los héroes de la Independencia al mausoleo debajo del monumento de la Columna de la Independencia, no incluyó los de Iturbide. Al contrario, los forjadores de la patria y los creadores del nacionalismo mexicano nombraron a Hidalgo, Allende y Morelos padres de la nación, identificando la insurrección de 1810 como el nacimiento del Estado moderno. De esta manera, dejaron a Iturbide y el Plan de Iguala de 1821 en el aire. Esto no fue, sin embargo, sobrepuesto por motivos ideológicos arbitrarios, sino que representó una inquietud profunda acerca de la verdadera naturaleza del movimiento iturbidista de 1821, que los historiadores han compartido.

Aun así, la rapidez de la expansión de este movimiento, entre los meses de febrero y septiembre, no deja de asombrar. Este valioso libro nos proporciona una explicación detallada de cómo fue posible eso. Construyendo su argumento con base en documentación primaria y un conocimiento amplio de las fuentes segundarias, Rodrigo Moreno Gutiérrez lo ilustra con una serie de tablas y mapas que muestran la composición y progreso del movimiento. Las circunstancias del éxito político y militar resultan más claras. Este trabajo es mucho más que una historia militar, porque el crecimiento del apoyo militar al proyecto concebido en Iguala dependió de circunstancias históricas, políticas y sociales específicas. Podemos identificar tres de éstas: el fracaso de la insurgencia para logar la independencia de Nueva España; la larga duración de la contrainsurgencia, pero su fracaso en anular totalmente la causa separatista; la restauración del sistema constitucional en la España metropolitana en marzo de 1820 y en el resto de la Monarquía Hispánica en los meses siguientes. El autor comparte con otros historiadores del periodo, la importancia de relacionar los acontecimientos en España con los de México como aspectos de un proceso hispánico común.

El centro del problema de interpretación es: ¿el iturbidismo fue reaccionario o un movimiento de liberación?, ¿intentaba conservar lo más posible del sistema virreinal, o fue esencialmente un movimiento constitucionalista? Está claro, en estos dos casos que, el iturbidismo no era ni lo uno ni lo otro, sino ambos. Su naturaleza contradictoria explica su inestabilidad intrínseca, desintegración rápida, y caída instantánea en 1822-1823. De las tres garantías que dieron al ejército de Iturbide su nombre -unión, independencia, religión-, las dos primeras fueron, como Romeo Flores Caballero escribió en 1968, incompatibles.

Dejando a un lado el carácter moral de Iturbide, tema de intenso debate en la época, fue innegable que el país se encontraba harto de conflictos civiles y la destrucción que éstos acarreaban. Iturbide intentaba canalizar este sentimiento en su movimiento, aunque sus propios objetivos pudieron haber sido distintos. Como explica el autor, el proyecto iturbidista presentaba: “por una parte, el de un oficial que, como otros pares suyos habían hecho en días pasados, volvía a acercarse al rebelde en busca de negociaciones convenientes para que ambas partes evitaran más sangre y, por otra, el de un conspirador que pretendía nuevos cómplices” (p. 167).

No debe sorprendernos el hecho de que Iturbide estuviera haciendo un doble juego. Por un lado, se mostraba como beneficiario del privilegio eclesiástico, aliado de los obispos apenados por la legislación de las Cortes de Madrid, listos, como los de Guadalajara y Puebla, en asistirlo para obtener el poder en la ciudad de México. No confiaban en la capacidad del artículo 12 de la Constitución de 1812 para garantizar la exclusividad de la religión católica; ellos soñaban con crear un Estado católico mexicano. Por el otro lado, resulta dudoso que Iturbide compartiera esa perspectiva. Sin embargo, esta disponibilidad de colaboración con los obispos sugiere un corporativismo y poca afición al liberalismo por parte de Iturbide.

El apoyo prestado por el clero distingue el movimiento de Iturbide de la revolución encabezada por Rafael de Riego, que en marzo de 1820 llevó al poder en España a los constitucionalistas liberales. Sería erróneo e ingenuo considerar equivalentes estos dos procesos esencialmente distintos y opuestos. En México, en febrero de 1821, el sistema constitucional ya había sido restablecido por el virrey Conde del Venadito. Cualquier intento de destituir al gobierno en ese momento era anticonstitucional. Aunque el Plan de Iguala aceptó las provisiones de la Constitución de 1812 para no crear conflicto con la idea de establecer en México un gobierno distinto al de España, al mismo tiempo reservó su forma definitiva a unas futuras cortes mexicanas que formularían una constitución de acuerdo a las condiciones del país. Cuando el nuevo régimen comenzó a debatir el tema (17 de noviembre de 1821), la Regencia propuso un sistema bicameral, con una cámara alta elegida según la profesión o el estado jurídico. Ambas propuestas representaron una partida significativa de los principios liberales de 1812.

Moreno Gutiérrez muestra que Iturbide siempre distinguió su movimiento de la insurrección de 1810. Este último fue la fuente de desorden y desgobierno. En contraste con “las hordas de 1810”, el de 1821 representó, como Iturbide escribió al virrey el 24 de febrero, la disciplina, la unidad, y la defensa de la religión, como también de la propiedad. De esta manera, significaba continuidad (pp. 275, 277-278, 343-345). Sólo faltaba la legitimidad.

La estrategia militar de Iturbide, que el autor subraya detalladamente, suena algo familiar para los estudiosos de la insurgencia de la década de 1810. Previendo un golpe repentino en la ciudad de México, Iturbide puso en marcha la estrategia de rodear la capital y los valles centrales, avanzando contra ellos desde las provincias. Ésta era la estrategia de Morelos, su antiguo enemigo, en 1811-1813, pero este último sucumbió ante una fuerte oposición realista, que terminó siendo exitosa. En contraste, Iturbide obtuvo su cometido en unos meses, como describe Moreno Gutiérrez. Lo primero que logró fue, por medio de una traición descarada, la división del ejército real, debilitado después de diez años de lucha, y la neutralización de una parte significativa de los restos de la insurgencia, que en adelante cooperaron con él. Pero, ¿qué esperaban ganar con el movimiento de Iturbide? Posiblemente la oportunidad de presionar para lograr una independencia total -o quizá fueron seducidos por la promesa, en el Plan de Iguala, de abrir los empleos a todos los talentos, sin importar la casta. De todos modos, resultó irresistible la tentación de explotar la división de las fuerzas realistas.

Mientras tanto, se puso en contacto con comandantes militares de provincia -generalmente de segundo mando, varios antiguos colegas suyos en la contrainsurgencia. Resulta que el personaje clave fue el brigadier Pedro Celestino Negrete, español de Vizcaya y antiguo compañero de lucha: otros de segundo rango, como Anastasio Bustamante, José Joaquín Herrera y Antonio López de Santa Anna, los tres futuros presidentes de la República, y el capitán Antonio de León en Oaxaca, también se adhirieron. Sin embargo, los comandantes principales, como el mariscal de campo José de la Cruz en Guadalajara, el brigadier Ciriaco de Llano en Puebla, y el mariscal de campo José Dávila en Veracruz, guardaron distancia.

Es evidente que la experiencia de la contrainsurgencia fue la clave de la interpretación del éxito de Iturbide. En nuestros estudios sobre ese fenómeno, los historiadores han apuntado la importancia de la formación de fuerzas irregulares de defensa y resistencia en las localidades asociadas o patrocinadas por los propietarios o cabildos de provincia. Moreno Gutiérrez describe el México de 1820-1821 como un campamento armado, en el que había 44 000 cuerpos de patriotas o realistas rurales. Plantea el problema de la relación entre ellos y el Ejército Trigarante, que intentaba convertirlos en sus colaboradores. Por eso, la relación entre los comandantes y los ayuntamientos constitucionales fue crucial. Debido a la presión constante para tener recursos, especialmente financieros, los cabildos a menudo reaccionaron de manera recalcitrante o negativa. La situación no dejó de ser precaria porque al mismo tiempo el gobierno constitucional estaba tratando de formar milicias civiles, es decir, cuerpos distintos de los derivados de la contrainsurgencia. El autor destaca que el Trigarante, desde el inicio, se encontraba preocupado por el problema del reclutamiento. Iturbide tenía que recurrir a donaciones, préstamos, imposiciones, apropiaciones de ingresos del Estanco del Tabaco y aumentos de alcabalas para financiar su movimiento.

El autor llama la atención del golpe de Estado del subinspector de Artillería Francisco Novella, en la ciudad de México, el 5 de julio de 1821. Fue un intento desesperado por parte de un grupo de oficiales peninsulares para rescatar al régimen del deterioro de la situación militar en mayo y junio. Ese golpe, que destituyó al Conde Venadito, destruyó definitivamente la legitimidad del régimen español, lo que fue debidamente reclamado por los iturbidistas. Sin embargo, una vez que ellos tomaron el poder en México, la nueva cuestión subió del equilibrio de los poderes en el nuevo Imperio Mexicano.

De la historiografía reciente de los acontecimientos de 1820 -del que este libro ahora forma parte significativa-, podemos plantear dos propuestas a considerar: 1) que el iturbidismo representó un experimento fallido para perpetuar el sistema heredado del virreinato, aunque precipitó, quizá sin querer, la separación de Nueva España de la Monarquía Hispánica. De todos modos, no resolvió (ni intentaba hacerlo) el problema, ya existente, de la distribución del poder en el país; 2) que los verdaderos fundadores del Estado mexicano fueron los constituyentes de 1824 quienes, a excepción del federalismo radical de 1823, respondieron al sentimiento regional y crearon, aunque todavía imperfectamente, un sistema federal que absorbió el constitucionalismo liberal de la época, pero en un sistema bicameral.