La obra en cuestión forma parte de la colección Ultramar de la editorial Sílex, compuesta por otras cinco obras colectivas.¹ Particularmente, Después de la guerra, el comienzo… trata la independencia mexicana desde el proceso de reconstrucción y pacificación que se intenta tras la consumación de la independencia. El texto cuenta con una amplia perspectiva pues se conforma por nueve ensayos escritos por especialistas en historia militar, política, social e institucional; hará notar las continuidades de elementos, tradiciones, formas de organización, mecanismos electorales, sociabilidades, jerarquías y costumbres de Antiguo Régimen en el proceso de construcción del Estado nacional mexicano.

Los autores de los nueve ensayos que forman esta obra compilatoria discuten y analizan diferentes realidades locales del México posindependiente con la intención de ofrecerle al lector explicaciones respecto a dos ejes temáticos:

Consideramos por lo tanto que la idea central de la obra es invitar al lector a reflexionar sobre la construcción del Estado nacional a partir de las regiones. Porque al organizarse éstas, sus gobiernos buscaron la pacificación interna y la reorganización de los espacios políticos locales, estatales y nacionales.

En general, los textos compilados en esta obra coinciden en que la independencia se ofreció como una alternativa para la resolución de problemas añejos, tales como las constantes cargas fiscales, además de lograr una representación política en beneficio de sectores económicos, propietarios y notables locales.

La participación de estos últimos se consolidó con el establecimiento del régimen de intendencias, posteriormente de ayuntamientos constitucionales y diputaciones provinciales, instituciones que trajeron consigo nuevas prácticas políticas. De manera que, ante el panorama del siglo XIX mexicano, el reto de los nuevos actores políticos fue intentar construir un Estado nacional con instituciones fuertes, reconocidas dentro y fuera del país.

En Después de la guerra… se escribieron dos textos dedicados a Guanajuato. El primero, de Joaquín Espinosa, donde se explica detalla da men te cómo las milicias urbanas contrainsurgentes de la región llegaron a convertirse en un problema para la pacificación mexicana al inicio de la década de 1820. Los cuerpos civiles de milicia tuvieron un papel protagónico en la contrainsurgencia y en el resguardo de caminos, caudales y centros productivos, motivos por los cuales hacia 1815 proliferaron y estuvieron estos grupos presentes en la cotidianeidad.

A partir de 1816, con la insurgencia virtualmente controlada, el virrey Apodaca buscó establecer medidas de pacificación y reconciliación para con los bandos en pugna. Dichas medidas beneficiaron a los sectores productivos, en quienes recayó el costo de los cuerpos armados. Sin embargo, los efectos del retorno de la Constitución, el Plan de Iguala, el Tratado de Córdoba y el Plan de Casa Mata, hicieron imposible aplacar la formación y pacificación política de estos grupos armados, que sin embargo, contribuyeron a la formación de las entidades independientes mientras atendieron sus móviles a intereses particulares y regionales.

Los milicianos representaron un gasto para la administración pública y al mismo tiempo sus actos contribuyeron al desorden fiscal y político de la época. Espinosa Aguirre, así, expresa que el fin de la lucha armada no necesariamente desembocó en la resolución de los conflictos tras la consumación de la independencia nacional.²

En ese mismo sentido, la aportación a esta obra por parte de Graciela Bernal nos ayuda a comprender atinadamente el proceso de reconstrucción institucional y económico de esta región durante la década de 1820. La autora señala que la producción platera y agropecuaria posicionó al Bajío como una región productiva y estratégica importante tanto para las autoridades virreinales como para los insurrectos. Motivos que obligaron a que desde la esfera local en la posguerra se trabajara en diversas propuestas de fomento productivo, minero, agropecuario y manufacturero, con los que se buscaría revertir el impacto bélico, el estancamiento económico y que ayudaran además a robustecer las arcas estatales.³

Para el caso de Zacatecas, Mariana Terán dio seguimiento al eclesiástico fray Antonio de la Luz Gálvez a fin de analizar las posturas en torno a las formas de gobierno con las que se buscó enfrentar y resolver las crisis del mundo hispano. En un primer momento, la autora expresa que el franciscano promovió el orden público y la tranquilidad frente al movimiento insurgente. En dichos tiempos, se buscó promover entre la población el mantenimiento de la calma, al mismo tiempo que se valoró la labor de las juntas y la Constitución de 1812 porque unían al Imperio con sus disposiciones legales; definían al ciudadano hispano; se otorgaban igualdad jurídica y organismos de representación a las Españas. Por ello, desde el púlpito se incitó a los zacatecanos a mantener la fidelidad al rey y a la Iglesia católica romana, pilar del orden social hispano y, por ende, con derechos y fueros corporativos.

En contraparte, el discurso proinsurgente, que contó con sus impulsores y del que también participó fray Antonio de la Luz Gálvez en respuesta al retorno del liberalismo metropolitano en 1820, proponía que con el acta de independencia insurgente de 1813 se rompieron los lazos con la metrópoli. La América septentrional ejercía su soberanía para formar sus leyes y gobiernos propios en ausencia real. Se manifestaron valores y símbolos criollos con la intención de marcar la singularidad e identidad americanas. Si bien la insurgencia fue sofocada a fines de 1815, su discurso prevaleció y se extendió con la formación del imperio y la primera república.

La autora señaló que en el periodo investigado en el mundo hispano se veía con recelo al liberalismo porque modificó la cultura política novohispana con cambios administrativos, territoriales y fiscales. Fue por ello que, ante los abruptos acontecimientos ocurridos en Madrid en marzo de 1820 y ante el temor de enfrentar un nuevo levantamiento popular en el futuro cercano, se consideró idóneo independizarse y comenzar de cero. Fincar un gobierno, instituciones y leyes propias que respetaran la tradición política local, trastocada desde 1808 tras la invasión francesa en España.⁴

En cuanto a Yucatán, el trabajo de Laura Machuca aborda la construcción de la entidad a partir de los trabajos del Congreso Constituyente local entre 1823 y 1825. En dicha región, que fue un punto importante del Golfo, con comunicación marítima con Cuba, Nueva Orleans, y más cercano a Guatemala con respecto del altiplano mexicano, la autora señala la influencia significativa de la Constitución de Cádiz en la formación de la entidad y sus municipalidades.

Los motivos enunciados por la autora expresan la nulidad de la influencia insurgente en la región, de tal forma que las élites técnicamente acordaron sumarse a los proyectos independentistas en 1821 para mejor satisfacer sus intereses, entre los que destacó la búsqueda por el establecimiento de un respeto inviolable sobre la propiedad privada. Acto seguido organizaron su diputación provincial con la intención de organizar y tomar el control político de la región adaptando, retomando y adecuando la tradición jurídica e instituciones hispanas que no sentían ajenas, mucho menos desconocidas.⁵

En cuanto a Veracruz, Luis Juventino García estipula que la élite económica veracruzana aposentada en los ayuntamientos, consulados comerciales y diputación provincial construyeron la entidad. De manera contigua al establecimiento del entramado institucional, se buscó alentar los ramos económicos, como los sectores tabacalero, cañero, algodonero, ganadero, las aduanas y el comercio local. Todo ello a fin de incrementar las arcas públicas y la prosperidad de la región.

A decir del autor, el fomento productivo deseado requería activar a la población en estos rubros, facilitar el acceso a la tenencia individual de la tierra y desarticular la propiedad en usufructo colectivo. Construir el estado y devolver la prosperidad a Veracruz eran cuestiones que se buscó promover en la posindependencia a partir del uso de postulados utilitaristas, liberales y modernos.⁶

José Luis Alcauter, por su parte, explica detalladamente el proceso de construcción institucional de Michoacán por medio de la diputación provincial entre 1822 y 1825. La entidad, culturalmente se formó a partir de la intendencia, operante desde 1786. Los funcionarios de la nueva demarcación territorial asumieron funciones de justicia, hacienda, guerra y policía; también desarrolló diversas relaciones clientelares con elites y funcionarios de la intendencia con capital en Valladolid.

El autor comenta que la creación de las diputaciones provinciales tras la promulgación de la Constitución de Cádiz generó la preparación de seis diputaciones, entre ellas Michoacán, que quedó adscrita a la de Nueva España. Fue hasta la reinstalación del orden constitucional cuando, al poco tiempo, se autorizaron nuevos organismos de representación provincial. La diputación de Michoacán fue autorizada en febrero de 1821 y se postergó su instalación ante la consumación de la independencia. Hasta febrero de 1822 inició funciones el nuevo organismo, que sirvió de antecedente a la construcción de la entidad federativa a partir de los poderes divididos y la división administrativa del territorio en departamentos, partidos y municipios.⁷

Martín Escobedo aborda el proceso de construcción de Jalisco y su injerencia en la elección del federalismo como forma de gobierno. En el aporte que hizo a esta compilación, señala que la consumación de la independencia auguró resultados optimistas a la joven nación gracias a que se contó con vastos territorios, recursos naturales, posición geográfica y climas benignos para la producción agrícola. No obstante, la aparición de serias diferencias entre los miembros de la sociedad política mexicana obstaculizó severamente las proyecciones realizadas con respecto a la bonanza nacional.

Jalisco, a decir del autor, tuvo un amplio protagonismo desde el proceso de conquista emprendido por Nuño de Guzmán, quien partió rumbo al occidente con la encomienda de fundar un reino distinto al de México. Nueva Galicia, fundada en 1531, rivalizó con la Nueva España desde su génesis. Para el siglo XVIII la región ya contaba con un terri to rio articulado con población y economía florecientes, creando una región con identidad propia. En la posindependencia, jugó un papel relevante en favor del establecimiento del federalismo, cristalizado en el Acta Constitutiva de la Federación y en la Constitución de 1824. Aunque apoyaron al Imperio inicialmente, cambiaron a la otra opción de gobierno cuando Iturbide derogó al Congreso Constituyente. Posteriormente se pronunciaron en favor del Plan de Casa Mata y señalaron que la realidad pluricultural hacía idóneo el federalismo en México.

Fue por ello que en abril de 1823 los notables jaliscienses a cargo de la diputación se declararon federalistas, libres, independientes y soberanos como entidad. El federalismo fue entendido como la oportunidad para sacarse el control ejercido desde la ciudad de México y defender intereses territoriales. Presionaron para imponer este modelo de gobierno o separarse de México y formar su propia república. Fueron también promotores de la república confederada y contrapeso para el gobierno central y sus leyes.⁸

En cuanto a San Luis Potosí, Juan Carlos Sánchez Montiel argumenta que con el federalismo se modificaron ligeramente las demarcaciones territoriales de ocho a diez partidos. La representación política quedó sujeta a través de los ayuntamientos de acuerdo con la Constitución de 1826. El autor expone que en esta demarcación territorial se buscó una mejor administración de justicia, control fiscal y un gobierno eficiente que trató de establecerse con base en una cadena jerárquica fundada, como en el resto de las entidades, a partir de un gobernador, prefectos, subprefectos y ediles que centralizaron el control del gobierno y la administración estatal.⁹

Por otra parte, Lidia Gómez y Abisaí Pérez analizan en su texto a las parroquias como creadoras de capital social y político en Puebla durante las primeras décadas del siglo XIX. En dichos espacios se organizaron las elecciones, pues se les consideró comunidades políticas y morales donde se participó y contribuyó en la construcción del bien común.

En el texto, los autores señalan que en los comicios se practicó el voto de Antiguo Régimen, en diversas modalidades, cantado o por medio de papeletas, pero que regularmente la población en general elegía a los electores que resolverían en una tercera instancia quién sería el sujeto que ostentaría el cargo público en cuestión.¹⁰

Finalmente, nos resta solamente invitar al público a la lectura, análisis y discusión de las propuestas presentadas por los autores de Después de la guerra, el comienzo. Independencia, pacificación y reconstrucción en México, obra que fue publicada en el marco del bicentenario de la consumación de la Independencia. En ella se compilan trabajos que se desprenden de planteamientos e investigaciones fruto de años de arduo trabajo.

En ellos se exponen desde el plano regional muchas de las problemáticas por resolver durante la posindependencia: presencia militar en exceso dentro de los diversos espacios públicos y políticos; privilegios, fueros, jerarquías, usos y costumbres de Antiguo Régimen aún latentes y presentes; problemas de reconocimiento de las instituciones establecidas, y diversos grupos locales que buscaron consolidarse en sus zonas de influencia, por mencionar algunas de las cuestiones que las entidades y el gobierno nacional debieron enfrentar para reorganizar el territorio bajo nuevas autoridades. El libro, además de invitarnos a la discusión y reflexión, contribuye a revalorar las historias locales en favor de la reinterpretación del pasado posindependiente.