Introducción

El artículo tiene como objetivo analizar la administración y liquidación de temporalidades de los colegios jesuitas por parte de la Corona española.² Las temporalidades refieren a los bienes muebles, inmuebles y rentas que dejó la Compañía de Jesús después de su expulsión de la Monarquía Hispánica. El trabajo se sitúa en el periodo comprendido entre 1764, cuando los jesuitas enviaron a Roma su último catálogo trienal, y 1792, cuando desapareció el Consejo Extraordinario de Temporalidades, la instancia más importante después del monarca en los asuntos concernientes a los bienes materiales que pertenecieron a los jesuitas.

El estudio se divide en dos partes. La primera examina la situación económica de los colegios antes de la expulsión, cuando sus rentas -en su mayoría haciendas y casas de alquiler- servían para mantenerlos. La segunda estudia la desvinculación de las rentas de los antiguos colegios, la administración de sus temporalidades y su posterior liquidación para financiar las nuevas necesidades del Estado. Para entender mejor el proceso, dividimos esta parte en tres etapas de acuerdo con la función que la metrópoli dio a las antiguas haciendas y casas de alquiler que pertenecieron a la Compañía de Jesús: una de inventario y avalúo de temporalidades, una posterior de su administración e inicio de sus ventas, y la última de su liquidación masiva para sufragar los gastos de la guerra anglo-española (1779-1783).³

En el año de 1767 la Compañía de Jesús vivía su momento de mayor esplendor en la Nueva España, al contar con 678 miembros, repartidos en 40 colegios y 114 misiones.⁴ Dos años antes, por órdenes de Carlos III, el visitador José de Gálvez (1765-1771) comenzó un revolucionario plan de reforma de gobierno que buscaba atacar los excesos del clero y la ineficiencia económica del virreinato. Una de las acciones más trascendentales de este plan fue gestionar la expulsión de los jesuitas con el objetivo de quitarle poder al clero regular y pasarlo al secular para así aumentar el poder político y económico de la Corona española. A partir de ese momento, comenzó un punto de no retorno dentro de la historia de la educación del virreinato, con una mayor injerencia por parte del Estado.⁵

Como parte de las reformas borbónicas, en un nuevo contexto imperial de grandes transformaciones, Carlos III debilitó las antiguas corporaciones y eliminó la intervención de las órdenes religiosas en la educación. Desde entonces, comenzaba una nueva etapa en su historia, pues los colegios que pertenecieron a los jesuitas pasaron ahora a ser propiedad de la Corona. Para tener mayor control, el rey dispuso que todos debían ser administrados por el clero secular, tenían que impartir enseñanza y debían tener saberes reformados según las nuevas tendencias pedagógicas de la época. También dispuso que sólo las rentas que pertenecieron a la antigua orden religiosa se podían vender.⁶

Basados en dichas disposiciones, la mayoría de las investigaciones sobre la transición de los colegios jesuitas se han enfocado en sus cambios pedagógicos, su nueva función en caso de que dejaran de ser colegios y sus nuevos administradores. Menos conocidas por la historiografía son las disposiciones que existieron en torno de sus antiguas fuentes de financiamiento y cómo se desvincularon de los antiguos colegios a los que pertenecieron.⁷

Por consiguiente, para saldar este vacío historiográfico, el objetivo del artículo es dar cuenta de esta transformación a partir de la administración y liquidación de temporalidades por parte de la Corona, y de cómo los colegios comenzaban a dejar atrás su carácter corporativo al perder sus fuentes de financiamiento originales. De esta forma, se demostrará que si bien en un inicio las rentas servían para sostener a los colegios jesuitas, después del extrañamiento sirvieron para solventar los gastos de la metrópoli en sus ambiciones imperiales. Con el propósito de descentralizar los estudios de la educación de la ciudad de México y Puebla, nos propusimos analizar este problema a partir de la liquidación y venta de las temporalidades de los colegios jesuitas de Valladolid, Zacatecas, Guanajuato y Guadalajara.⁸

La provincia mexicana de la compañía de Jesús y los colegios de Guadalajara, Valladolid, Zacatecas y Guanajuato (1764-1767)

Desde su llegada a la Nueva España en 1572, la Compañía de Jesús se dedicó a abrir misiones y colegios a lo largo del territorio. La mayoría de los colegios se encontraban en ciudades españolas, las cuales eran centros económicos y culturales con influencia en otras regiones, y algunos también fueron espacios desde donde se preparaba a los misioneros que después partirían a las misiones del norte del virreinato. La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús tuvo su mayor esplendor en el siglo XVIII, y era tan grande que en 1754 algunos de sus miembros le propusieron al prepósito general dividirla en dos, en donde el terri to rio del centro y del sur fuera una provincia de colegios y el del noroeste una provincia de misiones, lo cual nunca sucedió. Asimismo, en la primera mitad del siglo XVIII, los jesuitas no sólo fortalecieron los colegios que crearon en siglos anteriores en el centro y norte del virreinato, sino que también abrieron muchos nuevos que alcanzaron su mayor apogeo en número de alumnos antes de 1767.⁹

El financiamiento de los colegios, característico de su orden corporativo, provenía principalmente de las rentas que las “Constituciones” de la orden les permitían poseer, ya que al no cobrar colegiaturas las necesitaban para mantenerse.¹⁰ En los últimos años de la Compañía, los colegios tenían tres fuentes de financiamiento principales, que en conjunto representaban un patrimonio bastante considerable: en primer y segundo lugar poseían propiedades de alquiler en las ciudades y pagarés que les daban intereses, aunque les generaban muy pocas ganancias. Sin embargo, las más importantes procedían de otros emprendimientos comerciales y rurales como haciendas, minas y obrajes. Por último, los colegios más pobres se mantenían de limosnas y donaciones.¹¹ Estos bienes raíces formaban parte de la misma unidad de los colegios, ya que se encontraban bajo la misma jurisdicción y el mando del rector principal.¹²

A continuación se presenta una breve semblanza de cada uno de los colegios jesuitas de las cuatro ciudades a estudiar, para entender qué lugar tenían dentro de la antigua provincia de México:

El primer colegio en fundarse fue el de San Francisco Xavier de Valladolid (1578), donde llegó a funcionar una escuela de primeras letras, se impartieron cursos de gramática, un curso de lengua tarasca, cursos de artes y teología moral. Sin embargo, tuvo su apogeo poco antes de la expulsión, cuando se hicieron las grandes obras que pueden observarse hoy en día, en un momento en que la ciudad era uno de los centros culturales más importantes del virreinato y lugar crucial para la implementación de las Reformas Borbónicas de corte eclesiástico.¹³

El segundo en crearse fue el Colegio de Guadalajara (1586), que impartió cursos de primeras letras y gramática. Bajo el patrocinio de Santo Tomás, fungió como paso obligado para las misiones del noroeste de Nueva España, además de atender a los indios en las misiones circulares de la ciudad. Tiempo después, en 1696, los jesuitas abrieron el colegio seminario de San Juan Bautista, también en Guadalajara, que serviría como convictorio, en donde impartieron cátedras de artes y teología.¹⁴

Al poco tiempo se fundó la misión de Zacatecas, en 1590, que adquirió la categoría de Colegio de la Purísima Concepción hasta 1616, después de recibir una fuerte dotación de recursos. Posteriormente adquirió la hacienda de la Cieneguilla, que lo convirtió en un colegio de gran riqueza. Además de ser un lugar estratégico como punto de partida para otras misiones del norte, en un principio sólo impartió primeras letras, y ya en el siglo XVII también gramática y artes. Por último, en 1759, los jesuitas abrieron un colegio-seminario incoado, también en Zacatecas, el cual no les pertenecía y sólo lo administraban, con el objetivo de que los alumnos no emigraran a estudiar a otras ciudades como Guadalajara o la ciudad de México. En él los alumnos aprendían gramática, artes, teología moral y escolástica.¹⁵

Finalmente, el Colegio de Guanajuato fue el último en instaurarse (1744), justo en el momento en que el Bajío vivía un auge económico sin precedentes a causa de la explotación minera. Poco antes de su apertura, los jesuitas ya habían inaugurado en la región los colegios de Celaya (1720) y León (1731), por lo que el de Guanajuato fue el que tuvo una vida más corta. De hecho, es posible que los padres sólo hayan impartido en él cuatro años de lecciones de primeras letras, gramática y artes.¹⁶

Es muy poca la información que tenemos sobre los últimos años de la Compañía en Nueva España, y los jesuitas apenas dejaron noticias al respecto en sus historias.¹⁷ Sin embargo, una fuente de gran valía que da cuenta de la situación de todas sus instituciones, entre ellas los colegios, en los albores de la expulsión, son los catálogos trienales, que servían al gobierno central de la orden para tener un mejor control en la administración de sus provincias en todo el mundo. La información más importante que proporcionan es el estado económico y el personal que habitaba en cada una de ellas.

En 1764 llegó a Roma el último catálogo trienal proveniente de la Nueva España, que además de informar del personal que habitaba en cada una de las casas jesuitas, muestra las grandes disimilitudes en el nivel de riqueza y deudas entre ellos, como se evidencia en la tabla 1 con los colegios estudiados.¹⁸

Los datos económicos de la tabla demuestran que la mayoría de los colegios no tenían buena salud económica. A pesar del mito de la riqueza de los jesuitas que existía en la época, el historiador James D. Riley demostró que en 1750 tan sólo los colegios de Zacatecas, Tepotzotlán, Espíritu Santo en Puebla, el Colegio Máximo de la ciudad de México y la oficina de misiones de Filipinas obtenían el 70% de las ganancias en la provincia. En cambio, de los 26 restantes, 10 tenían déficits, lo que evidencia que la mayoría de ellos no eran ricos y sufrían de problemas para mantenerse.¹⁹

Así, la conclusión de Riley se aplica a los colegios de las cuatro ciudades estudiadas. En la tabla número 1 se observa que el de Zacatecas es el que obtenía más ganancias y al que más le debían. Por su parte, el seminario incoado de la ciudad, que después de la expulsión adquirió el nombre de San Luis Gonzaga, aunque mucho menor, gozaba de buena salud económica, como se puede observar en sus réditos y ganancias, a pesar de que sus deudas eran un poco más altas en comparación con lo que le debían.²⁰ En cambio, los colegios y el seminario de las otras tres ciudades tenían una situación mucho más desventajosa. Si bien el colegio de Valladolid era el segundo con las ganancias más cuantiosas, tenía los mismos gastos; también es el colegio que ofrece menos información económica -junto con el de Guanajuato-, posiblemente porque sus bienes materiales no le pertenecían a la Compañía, como se demostrará en el siguiente apartado. De igual forma, las ganancias del colegio y seminario de Guadalajara eran un poco más bajas que las del Colegio de Valladolid, con la diferencia de que sus gastos eran mayores y que tenía una deuda bastante considerable.²¹ Finalmente, el Colegio de Guanajuato, al ser el más nuevo, es el que menos ganancias recibía; sin embargo, sus réditos eran muy altos en comparación con los de otros colegios.

Al momento que se envió el último catálogo trienal a Roma, durante el generalato de Lorenzo Ricci (1758-1773), la Compañía de Jesús tenía sus años contados en todo el mundo. En virtud del despotismo ilustrado de las monarquías europeas, que eran adversas a la influencia y poder de la orden religiosa en sus territorios, el prepósito general tuvo que lidiar contra sus ataques. Los jesuitas novohispanos estaban conscientes de dichas hostilidades en lugares tan lejanos como Francia, Portugal y Paraguay.²²

Los esfuerzos de Ricci fueron en vano. Durante su gobierno los jesuitas fueron expulsados de Portugal (1759) y de España (1767), y suprimidos en Francia (1763).²³ Finalmente la orden religiosa se disolvió en 1773 y dio lugar a una nueva etapa histórica para los miembros de la Compañía exiliados en varios países de Europa. A partir de ese momento, su historia terminaría en Nueva España y los que fueron sus colegios pasaron a manos de la Corona, que decidiría su nuevo destino.²⁴

Las temporalidades jesuitas después de la expulsión

El destino de los colegios sufrió un cambio importante en 1767, tanto en su función como en sus fuentes de financiamiento. Después del motín de Esquilache de 1766 y otras acusaciones que señalaban a los jesuitas como culpables de atentar contra el Estado español, el rey y sus ministros planearon la expulsión de la Compañía de Jesús de toda la Monarquía Hispánica. En consecuencia, instituyeron los organismos encargados de llevar a cabo el proceso de extrañamiento y la incautación de sus temporalidades. Así, el 2 de abril de 1767, Carlos III elaboró la Pragmática Sanción, donde ordenaba la expulsión de los jesuitas de toda la Monarquía y la ocupación de sus bienes muebles e inmuebles. A los pocos meses creó el Consejo Extraordinario como la instancia más importante después del rey para su administración.²⁵

La expulsión de la Compañía de Jesús se llevó a cabo en la Nueva España durante el gobierno del virrey Marqués de Croix, la madrugada del 25 de junio de 1767, con excepción de las misiones del norte y la Baja California, donde fueron más tarde expulsados. En ese momento se envió a los jesuitas al puerto de Veracruz para que después partieran en su mayoría rumbo al exilio en Italia. Desde entonces, comenzó el embargo de sus bienes raíces por parte de la Corona, que dio lugar a diversas discusiones respecto al destino y función que debían tener.²⁶Al mismo tiempo, se creó la Depositaría General en Madrid, un fondo separado de la Real Hacienda, cuya finalidad fue administrar el dinero que produjeran los bienes incautados con el objetivo de pagar los gastos de la expulsión y la pensión vitalicia anual de los padres exiliados en Italia.²⁷ A partir de ese momento, el dinero que produjeran las rentas de los antiguos colegios dejarían de ser para mantenerlos y se destinarían para el nuevo fin que decidiera la Corona.

Primera etapa: (1767-1770)

La primera etapa de administración de temporalidades comenzó justo después de la expulsión e incautación de todas las propiedades jesuitas. Consistió en el avalúo e inventario de los colegios, que después de haber pertenecido a una corporación religiosa, ahora pasaban a manos de la Corona. En este sentido, una real cédula estableció que “el rey tiene dominio de los bienes ocupados por ser el rey y suprema cabeza del Estado”.²⁸

En un primer momento, los comisionados del rey -hombres encargados de recaudar toda su información- se dedicaron a hacer el inventario de los bienes materiales y estado económico de los colegios. Por consiguiente, durante los tres primeros años posteriores al extrañamiento, los comisionados describieron y clasificaron todo lo que encontraron en ellos con el fin de analizar su destino posterior: su iglesia, su edificio principal, sus casas de alquiler y haciendas, así como sus caudales, créditos, deudas, número de casas y alhajas.

Igualmente, además de describir las temporalidades, los hombres del rey realizaron su avalúo total para su posterior liquidación, que demostró tener una situación económica muy similar a la de antes del extrañamiento. En primer lugar, el comisionado de Zacatecas Felipe Neve dio testimonio desde el 25 de junio de 1767 del valor de las propiedades del Colegio Grande y del seminario de San Luis Gonzaga con amplio detalle.²⁹ En su inventario evidenció la buena salud económica que tenían a causa de sus rentas: 18 casas de alquiler, todas ellas libres de censo y gravamen, salvo una que tenía deudas; 40 casas más de las congregaciones de la Anunciata y Dolores, así como las haciendas de Cieneguilla y Santa Rita de Tetillas. Por su parte, el seminario de San Luis Gonzaga contaba con la hacienda de San Josef de Linares.³⁰

En la tabla número 2 se puede observar el caudal del colegio y del seminario en 1767, así como su valor total en conjunto -que incluía sus iglesias, edificios principales, casas de alquiler y haciendas-, al que no logró acercarse ningún otro de los colegios estudiados. De hecho, un año después de la expulsión las propiedades del colegio y del seminario subieron de valor y aumentaron sus ganancias, lo que demuestra que su situación económica mejoró después del extrañamiento. Asimismo, Neve informó que en 1768 los dominicos empezaron a impartir lecciones de gramática y filosofía donde antes lo hacían los jesuitas, un cambio muy temprano en comparación con otros colegios a los que todavía no se les asignaba una nueva función.³¹

En cuanto a los colegios de las otras tres ciudades, su valor total fue mucho menor en comparación con el de Zacatecas, como lo demuestra la tabla número 3, y la información que otorgaron los comisionados fue mucho más escasa.

En la tabla 3 se puede observar que el colegio y seminario de Zacatecas eran con creces los más ricos de todos. Por su parte, no hay información de los valores totales del colegio y seminario de Guadalajara, posiblemente por los fuertes problemas económicos que sufría desde antes de 1767. De los dos, la mayoría de la información que ofreció el comisionado Eusebio Beleña proviene del Colegio de Santo Tomás, el más importante.³⁸ Beleña proporcionó información de sus haciendas y casas de alquiler: la hacienda de Toluquilla, la accesoria que tenía un valor de 5 000 pesos y las 15 casas que alquilaban, cuyos réditos eran bajos, pues tan sólo 2 les ofrecían 7 y 5 pesos respectivamente al año.⁴²

En cuanto al Colegio de Valladolid, el comisionado Fernando Josef Mangino ofreció información muy abundante desde su fundación en el siglo XVI hasta su ocupación después de la expulsión, sobre todo del manejo de sus finanzas después de dicho suceso.⁴³ En la tabla 3 se puede observar que el valor total del colegio en 1767 era mucho menor al de Zacatecas, aunque mayor al de Guanajuato y seguramente al de Guadalajara, y que su valor también aumentó en 1769.⁴⁴

De igual manera, el análisis de la información económica de Valladolid muestra que, a diferencia de los demás y con la única excepción del seminario de San Luis Gonzaga, probablemente sus bienes materiales no habían pertenecido a la Compañía de Jesús y sólo los administraba. Esto se evidenció en la información que encontró el comisionado referente a la situación económica del colegio poco antes de la expulsión. En primer lugar menciona que un vecino de Valladolid, Joaquín Gómez de Tagle, quien tenía su casa en favor de los jesuitas, “tiene otorgada escritura de reconocimiento a favor de este colegio por la cantidad de quatrocientos sesenta y ocho pesos los máximos de antes del ofertamiento”.⁴⁵ También notificó que el 24 de abril de 1767, dos meses antes de la expulsión, se dio cuenta que el regidor real del cabildo de Valladolid, Alejandro Tubera, tenía escritura a favor del colegio

[…] por la cantidad de ocho mil veintisiete pesos un real, y medio de la hacienda de la Pantoxa que es dueño, por compra que de ella hizo del bachiller don Joaquim Ortiz Camargo, con dicho gravamen, para lo que hipotecó dicha hazienda, y se obligó en toda forma declarando por dueño de este principal a este dicho colegio, a quien asentó y contrató el pagarle quatrocientos un pesos dos reales diez granos y cincuenta centavos.⁴⁶

Es posible que, al no haber pertenecido los bienes inmuebles del Colegio de Valladolid a los jesuitas, la información sobre su situación económica haya sido tan escasa antes de la expulsión como se vio en la tabla 1 con los catálogos trienales. Por ello, después de realizar todo el avalúo e inventario del colegio, el comisionado ofreció información mínima del mismo debido a que sus bienes raíces eran propiedad de particulares. A partir de ese momento, existe un gran silencio sobre el destino que se dio a sus propiedades.

Por último, el comisionado de Guanajuato, Fernando Torija y Leri, es el que ofreció menos información de los cuatro debido al poco tiempo de vida que tenía el colegio al momento de la expulsión. Las referencias que dejó son una copia del estado y autos generales del Colegio de la Santísima Trinidad poco antes del extrañamiento, así como información de los levantamientos de la población de la ciudad contra la expulsión de los padres de la Compañía.⁴⁷ Igualmente, su inventario es breve. En él notificó que el colegio poseía dos casas, unas “casitas y jacales”, así como libros hallados en los aposentos de los padres, la hacienda de Parangueo, ubicada en Valle de Santiago, y una esclava, entre otras posesiones. También hizo una relación de sus muebles y efectos de escaso valor, a causa de que en 1767 el edificio principal se encontraba en construcción. De hecho, en las casas donde vivían los regulares impartieron enseñanza el poco tiempo que pudieron.⁴⁸ Es por ello que no existe un avalúo total del colegio, aunque sí de sus haciendas y casas, el cual fue mucho menor al de los otros, como se puede observar en la tabla número 3.

Una vez que los comisionados terminaron el inventario y avalúo de los colegios, procedieron a analizar el destino de sus propiedades. Ese momento es crucial en la administración de temporalidades, pues comenzaría la fragmentación de los colegios. En 1769, una real cédula estableció que los edificios materiales de las iglesias y capillas no se debían tasar, pues al ser lugares de culto estaban fuera del comercio, al igual que las viviendas de los regulares, sus aulas y casas de estudio. En suma, prohibía que dichas propiedades pasaran a manos muertas y sólo se permitió vender sus antiguas rentas, es decir, casas, molinos, ingenios y haciendas.⁴⁹ Ese mismo año, otra real cédula estipuló la creación de 10 juntas superiores de temporalidades en toda América, con el fin de proceder a dar un fin útil a las casas, colegios, residencias y misiones que pertenecieron a la Compañía. En Nueva España quedaron a cargo de las Reales Audiencias de México y Guadalajara, presididas por el virrey.⁵⁰

Las juntas introdujeron el inicio de una nueva etapa en la gestión de las temporalidades. Los edificios principales de los colegios comenzaron a tener un destino distinto al de sus antiguas fuentes de financiamiento. De esta forma, los caudales que produjeran las rentas, ahora administrados por el Estado, cambiarían de rumbo al dejar de mantener a las antiguas corporaciones, y pasarían a España para financiar las necesidades de la Corona.

Al no poder vender los edificios principales ni iglesias, desde 1770 los comisionados ya no ofrecieron más valores totales de los colegios. Por lo tanto, a partir de ese momento, inició la fragmentación de los colegios, ya que las iglesias y edificios principales de los colegios iniciaron un destino distinto al de sus antiguas propiedades que los mantenían.

Segunda etapa (1770-1783)

La segunda etapa de la administración de temporalidades se caracterizó por su lento proceso de enajenación y las primeras ganancias económicas que generaron a la Corona. También por el nuevo destino que comenzó a fraguarse en los colegios después de la Real Junta de Aplicaciones en 1770 -integrada por el virrey, el arzobispo y autoridades de la Real Audiencia- y la creación de cinco juntas subalternas en Guadalajara, Puebla, Valladolid, Oaxaca y Durango, donde se discutió su nueva función.⁵¹

Así, entre 1770 y 1783 se decidió el destino de los colegios de tres ciudades, algunos con funciones similares a la que tenían antes y otros con diferentes: la junta subalterna de 1772 declaró que el Colegio de Valladolid estaba arruinado, y un año después su edificio se destinó como colegio correccional de clérigos, ya que determinó que la ciudad no necesitaba más establecimientos educativos.⁵² Por su parte, el 11 de diciembre de 1776, el Colegio de Guanajuato pasó, bajo el nombre de Real Colegio de la Purísima Concepción, a los filipenses, quienes lo administraron hasta 1807.⁵³ En cuanto a la ciudad de Zacatecas, en 1778 el ayuntamiento decidió el destino del ahora Colegio de la Purísima Concepción; su gobierno interno estuvo a cargo de un religioso dominico y el Colegio de San Luis Gonzaga entró en funciones de forma secular.⁵⁴ Por último, si bien la Junta de Guadalajara examinó cuál debía ser la nueva función del Colegio de Santo Tomás y del seminario de San Juan, todavía no les otorgó un destino final. No obstante, comenzó a fraguarse la idea de abrir una universidad en la ciudad, la primera que le haría competencia a la Real Universidad de México, que finalmente se fundó hasta la tercera etapa aquí propuesta, en 1791.⁵⁵

Como ya se dijo, la discusión en torno del destino que debía darse a los nuevos colegios tomó un rumbo diferente al que existió con la aplicación de sus antiguas rentas. Las reales cédulas determinaron que la venta de fincas y casas de alquiler se efectuaría en subastas públicas. Los caudales de las rentas debían pasar a una pieza del tesoro general, las cajas reales o de temporalidades, separada de la Real Hacienda, para después pasar a la Depositaría General de Madrid.⁵⁶

El inicio de enajenación de temporalidades no comenzó al mismo tiempo en todas las ciudades por diversos motivos, uno de ellos, el precio de los bienes raíces. La primera ciudad en iniciar la subasta de temporalidades fue Guadalajara, que dio lugar a las primeras entradas de efectivo a las cajas reales, cuya cantidad en 1778 se muestra en la tabla número 4. Al tener las rentas de los antiguos colegios una situación precaria y ser de bajo costo, su venta fue más fácil que las del resto. Por ello, a causa de su situación, las primeras ganancias fueron bajas. De este modo, en 1773 inició el remate de la hacienda de Toluquilla y de 2 de sus 15 casas, por un precio de 1 420 y 1 210 pesos cada una. Por su parte la hacienda de Toluquilla se vendió por 31 700 pesos entre 1771 y 1775.⁵⁷ Más adelante, en 1777, un vecino de Guadalajara pagó 2 500 pesos por tres casas debido a que se encontraban maltratadas, y por otra pagó 800 pesos.⁵⁸

Por su parte, el caso de Valladolid es llamativo. Como seguramente la mayoría de sus bienes raíces no le pertenecieron a la Compañía, la información sobre su liquidación es casi nula. En 1771 el comisionado dio a conocer el total de sus fondos que, junto con la renta anual y pensiones, era mayor al de Guadalajara.⁵⁹ En 1771 se terminaron los autos de ocupación de sus temporalidades, y de acuerdo con un informe, todas sus fincas se vendieron en 1773, a diferencia de las rentas de los otros colegios, que tardaron años en venderse. Sin embargo, no encontramos ninguna noticia en las fuentes de algún tipo de transacción, lo que sustenta la hipótesis de que no le pertenecieron a la orden religiosa.⁶³

El remate de las rentas de Guanajuato y Zacatecas comenzó más tardíamente. En cuanto a Guanajuato, en esta etapa no hay noticias de venta alguna de los bienes raíces del antiguo colegio, seguramente por el poco tiempo que tuvo la Compañía con ellos. De la poca información que proporcionó el comisionado fue un avalúo total de sus capitales y rentas el 20 de enero de 1778, los cuales eran menores a los de Guadalajara y Valladolid.⁶⁴

Por último, las propiedades del colegio y seminario de Zacatecas todavía eran las que tenían mejor situación económica y las que mayores ganancias aportaban a las cajas de temporalidades. No obstante, no hay noticia de que en la década de 1770 haya comenzado su venta, pues al parecer el comisionado se centró en la administración y ganancias que generaban sus rentas, que aumentaron de forma considerable entre 1767 y 1773, como se puede observar en la tabla número 5.

De las cuatro ciudades analizadas, el comisionado de Zacatecas fue el que dio la información más cuantiosa y detallada a causa de la riqueza del colegio y seminario. De hecho, sólo se volvió a hacer un avalúo total de los dos en 1770. Su valor fue un poco menor al de 1767, a pesar de que las 18 casas del colegio y las 41 de las congregaciones de los Dolores y la Anunciata aumentaron su valor casi al triple y el dinero que produjeron aumentó considerablemente. Por otra parte, al ser el colegio grande el más rico, los caudales que remitió a la Caja de Temporalidades en 1772 fueron sumamente cuantiosos, casi el doble que las entradas y salidas que presentó Guadalajara, que ya había iniciado la venta de sus temporalidades, como se puede ver en la tabla 4.

La situación económica de las temporalidades del colegio grande de Zacatecas era tan buena que en 1779 un informe de la Contaduría General de Temporalidades resalta su buen estado económico y subraya lo siguiente:

Apenas se encontrará en América otro colegio con menos gravámenes y más desempeñado que el grande de Zacatecas, pues los gastos que tiene, en consideración a sus fondos, se encuentran dotados, la mayor parte, con principales que reconocen varios sujetos sin que tengan necesidad de sufrirlos las haciendas del colegio estas enteramente se hallan libres de toda carga.⁶⁵

El informe también afirma que, a pesar de que las fincas del seminario de San Luis Gonzaga no fueran tan vastas como las del colegio grande, estaban libres de contingencia.⁶⁶ En suma, es evidente que hasta ese momento la administración de las temporalidades que pertenecieron al colegio y seminario de Zacatecas continuaron con la buena salud económica que tenían antes de 1767, lo que se manifestó en las aportaciones que hicieron a las cajas reales.

Por último, a finales de la década de 1770, la administración de temporalidades sufrió un cambio de rumbo. Hasta entonces, los caudales que se enviaban a España habían sido esporádicos, situación que dio un giro radical en esta década. Su venta se aceleró en todas las ciudades debido a las necesidades financieras de la Corona por su participación en la guerra anglo-española (1779-1783). Desde entonces, la Corona presionó para que se liquidaran todas las temporalidades, ya no para financiar el mantenimiento de los padres exiliados, sino para pagar los costos del conflicto bélico. Su venta ocasionó un mayor flujo de dinero a la metrópoli.

Así, para aumentar los ingresos de la Corona, en 1782 se inauguró el Banco de San Carlos, cuyo objetivo fue crear una nueva deuda interna con la implementación de los vales reales y la venta de manos muertas, es decir, los bienes de las corporaciones religiosas.

En este sentido, con el fin de liberar al Consejo Extraordinario de sus cargas económicas y que fluyera mejor el dinero de América a Europa, el rey instruyó en 1782 la formación de la Dirección de Temporalidades para España e islas adyacentes. También ordenó que el secretario del Despacho Universal de Indias y del Consejo debía encargarse de todos los asuntos concernientes a las temporalidades de ultramar para aminorar los problemas de envío de dinero de América a la metrópoli.⁷⁴ Estas medidas se exacerbaron todavía más cuando culminó la guerra, lo que dio lugar a la tercera etapa.

Tercera etapa (1783-1792)

La tercera etapa de la administración de temporalidades aborda un golpe de timón en su enajenación, ante la urgencia de la metrópoli por liquidarlas, con el fin de obtener recursos para pagar los gastos de la guerra anglo-española que había terminado. En un contexto de fuerte competencia imperial que existía desde la guerra de los siete años (1756-1763), el gobierno de Carlos III se involucró directamente en el conflicto bélico en torno de la independencia de las trece colonias para ajustar cuentas con el gobierno británico. Por ello, junto con Francia, el monarca español envió recursos, armas y hombres a los insurgentes americanos y recuperó territorios que había perdido anteriormente en América. La nueva política imperial española veía ahora en sus virreinatos americanos unos territorios coloniales de donde extraer recursos para pagar los conflictos internacionales de la Corona.⁷⁵

Para tener la Corona mayor control de los gastos de guerra, los caudales de las ventas de temporalidades dejaron de pasar a las Cajas Reales y Depositaría General, como ocurrió en las dos etapas anteriores, y desde 1784, Temporalidades se empezó a tratar como parte del real erario, en un momento en que la Real Hacienda vivía una fuerte centralización.⁷⁶

Los nuevos gastos ocasionaron que los roces entre las órdenes religiosas y el gobierno central de Madrid se exacerbaran. El cambio en la administración de ingresos comenzó cuando Carlos III publicó el real bando de donativo y préstamo en que se instó a las instituciones eclesiásticas a colaborar con el gobierno y a liquidar los bienes materiales que pertenecieron a los jesuitas con motivo de la urgencia de la “Real Hacienda para las atenciones de la última guerra”.⁷⁷

De esta forma, una nueva maquinaria para el envío de recursos a España se encontraba en marcha, la cual buscó evitar a toda costa que se remitiera dinero con otros fines que no fueran sufragar los gastos de la guerra. Fue en este contexto que en 1783 Pedro Rodríguez Campomanes, gobernador interino del Consejo de Castilla, dio instrucción a los comisionados y juntas municipales de cobrar débitos atrasados de las temporalidades para pagar las pensiones vitalicias de los miembros de la antigua Compañía que se encontraban en Italia. Sin embargo, su decisión seguramente iba en otro sentido, ya que ese mismo año tomó medidas para que el dinero no se dirigiera a otros asuntos que no fueran costear los conflictos bélicos. Así, el 25 de noviembre de 1783, una real cédula instruyó que los exjesuitas residentes en Italia podían recibir herencias, lo cual tenían prohibido desde la existencia de la Compañía. Esto seguramente con el objeto de reducir los costos de su mantenimiento y quitarle una carga económica a la Corona ante los nuevos problemas en los que estaba inmersa.⁷⁸

Con todas las medidas anteriores, el flujo de dinero a España aumentó. Si bien no se sabe con exactitud qué cantidad se envió a la metrópoli para cubrir los gastos militares y financieros de la Corona provenientes del ramo de temporalidades, el historiador Carlos Marichal estima que fue una suma significativa. De acuerdo con sus cálculos, tan sólo en 1783 el virrey tomó prestados 2.7 millones de pesos de las rentas acumuladas de dicho ramo, y prometió devolverlas con un interés anual de 5 por ciento.⁷⁹

El 12 de mayo de 1784, un informe de la contaduría general de temporalidades dio a conocer la cantidad que cada ciudad aportó a la Real Hacienda con la liquidación de sus temporalidades, como se observa en la tabla número 6.

En ella se puede ver que las temporalidades de Zacatecas fueron las que más aportaron a la Real Hacienda, cuyas casas, obras pías y haciendas adquirió en 1781 Pedro Romero de Terreros, uno de los hombres más ricos de la Nueva España.⁸¹ Mucho más abajo se encontraba la aportación que ocasionó la enajenación de los bienes raíces de Guadalajara debido a que sus fincas rústicas y urbanas tenían un valor más modesto. Por su parte, lo que aportó Valladolid aparentemente provenía del remate de sus fincas, lo cual deja varias incógnitas, pues como vimos anteriormente, un informe mencionó que todas sus propiedades se habían vendido en 1773. Finalmente, el colegio de Guanajuato todavía no comenzaba la enajenación de sus propiedades.

Sin embargo, esta situación cambiaría, pues el 3 de diciembre de 1784 la Real Hacienda buscó incrementar a toda costa sus ingresos y una real instrucción ordenó la liquidación general de las temporalidades jesuitas.⁸² Así, la Real Hacienda adquirió recursos en gran medida de la enajenación y circulación de bienes de producción, que alcanzó en la década de 1780 casi 60% del total que recaudaba.⁸³

De esta forma, en 1785 el comisionado de Zacatecas dio la orden de subastar el resto de las temporalidades que no se habían vendido, aunque éstas continuaron su liquidación hasta el siglo XIX.⁸⁴ Por su parte, al fin empezaron a venderse las temporalidades de Guanajuato, después de que la Real Orden del 24 de octubre de 1785 aprobara la transacción de venta de la Hacienda de Parangueo y una casa al conde de Rábago por la cantidad de 120 925 pesos. También, en 1786 se hizo el testimonio de la escritura de venta de las haciendas de San Isidro, San Francisco Camargo, así como dos huertas, dos olivares y un molino.⁸⁵ Por último, no hay más noticias de las temporalidades de Valladolid y tampoco información de las de Guadalajara, aunque todavía le faltaran liquidar 8 casas de las 15 que tuvo.⁸⁶

A finales de la década, el remate de temporalidades se mostraba muy avanzado, aunque es posible, como sucedió en otras partes de América, que frente a los pobres resultados de su administración en la etapa anterior, los comisionados se vieran obligados a venderlas a precios más bajos.⁸⁷ En 1789, las únicas cuentas a liquidar eran las de los comisionados de Puebla, Veracruz, Guadalajara y Zacatecas. El proceso fue lento y lleno de trabas debido a que muchos funcionarios se aprovecharon de la situación para sacar provecho personal, como lo muestran varios casos de malversación de fondos con las fincas de los antiguos colegios. Además, en algunos casos, como en Zacatecas, el alto valor de los bienes raíces seguramente hacía más difícil hallar compradores idóneos.⁸⁸

Así, las nuevas medidas llevadas a cabo por la Corona ocasionaron que la liquidación de temporalidades tuviera cierto éxito, aunque su administración y enajenación continuaría hasta la Guerra de Independencia de México. Si bien el gobierno metropolitano se valió de otros medios para pagar los gastos de la guerra, la venta de temporalidades fue la que más aportó de los ramos ajenos a la Real Hacienda, con 495 081.3 pesos, de un total de 774 732.40 en el año de 1789.⁸⁹

Por otra parte, la fuerte necesidad de recursos de la metrópoli les ocasionó injusticias a los trabajadores que habían ayudado en el proceso de administración de temporalidades en la Nueva España. Una de ellas es la cancelación del pago a los escribanos que hicieron los avalúos de los colegios y sus propiedades.⁹⁰ Así, el 14 de mayo de 1785, el director general de Temporalidades, don Luis Parrilla, ordenó que se suspendieran de inmediato sus salarios y regresaran el caudal. Poco más adelante, el 6 de julio de 1785, el rey ordenó que inmediatamente se suspendiera el sueldo a quien todavía lo recibiera.⁹¹ Ante la situación, ese mismo año, Parrilla pidió que se diera cumplimiento a la real orden y que los escribanos “devuelvan los salarios que indebidamente han percibido”.⁹²

El resentimiento de los escribanos no tardó en llegar a la metrópoli. El caso de don Luis Parrilla es esclarecedor, pues pidió se le satisficiera lo justo por el trabajo que había hecho.⁹³ Otro testimonio es el de don Domingo de Aguirre, a quien se le exigían 2 066 pesos 5 reales por razón de sueldos que había cobrado del ramo de temporalidades por haber servido de escribano en la ciudad de Guanajuato desde 1773 hasta 1781.⁹⁴ En suma, los dos casos demuestran que la centralización de recursos para los pagos del conflicto bélico comenzaba a tener efectos nocivos y generar malestar en algunos sectores de la población.

Por último, en 1786 se instauraron las intendencias en la Nueva España, con el objetivo de implantar un nuevo plan administrativo en el virreinato. Entre sus tareas se encontraba quitarle poder al virrey en el cobro de impuestos. Desde ahora los intendentes también se encargarían de la administración de los caudales que dejara la liquidación de temporalidades, lo que dio lugar a una competencia con los comisionados.⁹⁵ Esta medida se ilustra en casos como el siguiente, en donde “el virrey de Nueva España dio cuenta con testimonio de la competencia suscitada entre el intendente y oidor comisionado de temporalidades de Guadalaxara en los autos de inventarios de D Manuel Puchal”.⁹⁶ En resumen, el caso trata sobre el dinero que debía Puchal al ramo, que al morir dejó una deuda de 4 200 pesos, un asunto que ya no sólo competía al comisionado sino también al intendente, por lo que los dos se vieron en la necesidad de negociar en la administración de recursos.⁹⁷

Finalmente, en 1792, desaparecería el Consejo Extraordinario, que ya tenía mucho menos fuerza desde la aparición de la Dirección de Temporalidades en 1783. Por consiguiente, en ese momento iniciaba una nueva etapa en la administración de Temporalidades, que continuó con su centralización hasta que se incorporó como un ramo de la Real Hacienda en 1798.⁹⁸

Conclusiones

Hasta el momento, la administración y enajenación de temporalidades de la Compañía de Jesús ha sido muy pobremente estudiada. Para saldar este vacío, el artículo demostró cómo las rentas que mantenían a los colegios jesuitas tomaron un rumbo diferente al de éstos después de la expulsión, con el objetivo de financiar nuevas necesidades de la Corona. Su objetivo en un inicio era pagar los gastos de la expulsión y el sostenimiento de los jesuitas en Italia, el cual cambió después para sufragar el coste de la guerra anglo-española. Asimismo, sus caudales pasaron de remitirse a las cajas locales de temporalidades a convertirse en un ramo ajeno de la Real Hacienda que vivía una importante centralización.

El nuevo destino que tomaron las rentas de los colegios jesuitas da cuenta de una transición que iniciaba en las antiguas corporaciones y sus fuentes de financiamiento, ahora con mayor injerencia por parte del Estado. Su liquidación marcó el inicio de la desamortización de bienes de la Iglesia y de cambios de financiamiento de la educación que continuaría hasta bien entrado el siglo XIX.⁹⁹

Para analizar dicha transición, en el artículo nos centramos en la administración y liquidación de las haciendas y casas de alquiler en cuatro ciudades novohispanas. Se dilucidaron tres etapas diferentes del proceso: Una primera de inventario y avalúo por parte de la Corona de todos los bienes materiales que dejó la orden religiosa, una segunda de administración e inicio de su liquidación, y una tercera de su remate masivo para pagar los gastos de la guerra anglo-española.

De igual forma, la situación económica de los colegios previa a 1767 influyó en su administración y liquidación posterior. Si bien la enajenación de temporalidades fue lenta en todas las ciudades, las primeras tuvieron lugar en Guadalajara puesto que sus bienes eran los de menor valor y fue más sencillo encontrar compradores que las adquirieran. Por su parte, el Colegio de Valladolid, a pesar de ser el más antiguo de todos, es el que menos información ofrece de sus transacciones, ya que muy probablemente los bienes raíces no pertenecían a los jesuitas. Igualmente, las aportaciones más considerables a las cajas de Temporalidades y a la Real Hacienda fueron del colegio y seminario de Zacatecas, pues eran los más ricos desde antes de la expulsión, aunque por lo mismo presentaron importantes dificultades en venderse. Por último, las fuentes que dan cuenta del colegio de Guanajuato son muy pobres a causa de su corta duración, pues sólo llevaba unos cuantos años en funciones cuando se llevó a cabo el extrañamiento. Es posible que ello influyera también en su remate tardío.

Todavía falta mucho por estudiar sobre este tema y quedan varias preguntas por responder: ¿Existieron diferencias en el remate y la administración de temporalidades entre la ciudad de México y el resto de la provincia? ¿O realmente su liquidación no respetó divergencias geográficas? En cuanto a los colegios reabiertos ¿de dónde provenían sus fuentes de financiamiento? Son cuestionamientos que esperan resolverse en investigaciones futuras.