La Compañía Barrio y Sordo, obra reciente de Daniel Gutiérrez Ardila y James Vladimir Torres, narra la historia de una casa mercantil de mediano giro, creada por dos “hombres de negocios”, entre 1796 y 1820, en la macrorregión andina y caribeña que abarca los actuales territorios de Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela y Guyana. A través de 626 cartas que constituyen el archivo privado de esos comerciantes, los autores reconstruyen lo más posible el “pequeño gran mundo” de la vida económica, social y política del ocaso del virreinato de Nueva Granada o virreinato del Nuevo Reino de Granada, entidad territorial del imperio hispánico creada por los Borbones.

En la introducción de su libro, los autores buscan contribuir a una reconstrucción sistemática de las comunidades mercantiles regionales del Nuevo Reino. De esta manera sugieren que “la relación entre negocios y política iba mucho más allá de la simple tenencia de la tierra y el control del cabildo. Los vínculos entre los comerciantes y la Real Hacienda […] constituyen un campo de observación privilegiado para entender las diversas variantes que asumía la política en el Reino” (p. 25). Por otra parte, Gutiérrez Ardila y James Vladimir Torres cuestionan varias tesis dominantes de la historia de los comerciantes, especialmente de Cartagena. En esas historias se les concibe como parte de un monopolio peninsular negativo más, cuyos miembros operaban como “los agentes de desmonetización de la economía colonial”. En síntesis, una clase de “extractores de rentas y ‘expoliadores’ de la riqueza creada por otros” (p. 26). Bajo esta perspectiva, una de las propuestas centrales de la Compañía Barrio y Sordo consiste en replantearse las nociones de “monopolio” y “oligopolio”. En contraste con la historiografía establecida, los autores conciben unos comerciantes que actuaban “como las bisagras que conectaban las provincias del virreinato entre sí y a éste con los flujos del comercio global”. Los “mayoristas eran también agentes de la innovación y creadores de riqueza” (p. 27).

El análisis realizado por Daniel Gutiérrez y James Torres del archivo epistolar de Juan Barrio y Tomás Sordo hace inteligible el microcosmos de un enclave de comerciantes poderosos y sus numerosas redes de contactos con familiares, agentes, funcionarios reales y proveedores, junto con otros hombres de negocios. Con cautela los autores nos aproximan a cierta forma de interpretar el mundo a través de las palabras de los negociantes indianos. La edificación de una empresa comercial resultaba una proeza en el contexto de las turbulencias que sufrieron los vínculos atlánticos de las posesiones ultramarinas de la monarquía en una era de revoluciones políticas y conflictos bélicos, como fueron la guerra de independencia norteamericana (1776-1783), seguida por el conflicto de la Monarquía Hispánica contra la Convención francesa (1793-1795), a la que le sucedieron las guerras navales contra Gran Bretaña (1796-1802 y 1804-1807) y las guerras napoleónicas (1808-1814). De aquí la importancia del estudio de esa coyuntura por medio de la Compañía Barrio y Sordo, cuyo ciclo va desde su bonanza minera, en 1796, hasta su derrumbe por la acción insurgente independentista de 1810-1820: “La Compañía […] nació y floreció en el mismo momento en que los viejos esquemas del tráfico español se resquebrajaban” (p. 18).

La obra se decanta en dos grandes partes: “La edificación comercial y política de la compañía” y “Redes, logística y portafolio”, distribuidas en 16 capítulos. Para los autores, el archivo epistolar y contable de la Compañía Barrio y Sordo se compone de cartas “breves, concisas y parcas” (p. 353). En la historicidad de las palabras de la abundante correspondencia los autores detectan el “desapego a la civilidad cortesana”, lo que sugiere un “código social laxo” en la esfera de los negocios. Estamos ante una correspondencia comercial con fines prácticos en la que encontramos alusiones mínimas al estado de los caminos. Se vislumbra, en cambio, un núcleo de personajes que sabían leer y escribir que mantenían estrechos lazos con la élite ilustrada del Reino. Para Daniel Gutiérrez y James Torres:

El terreno de los sentimientos y aun el de la vida cotidiana aparecen […] protegidos por una espesa barrera de silencio […]. Las quejas son mínimas, así como los transportes emotivos. Por regla general, esta correspondencia solo se permite alguna expansión en el encabezado y en las despedidas. Gracias a estos fragmentos mínimos entendemos que la relación entre esos hombres no era sólo de negocios, sino que muchas veces había entre ellos vínculos afectivos: de amistad y compadrazgo, por ejemplo, o de camaradería, paisanaje y política (p. 359).

A pesar de la llaneza de la correspondencia, los autores aprovecharon las esporádicas referencias a sucesos súbitos tales como la muerte de algún familiar, paisano o sacerdote, las enfermedades y epidemias, así como su férrea lealtad a la monarquía y al catolicismo. En escuetas palabras un mundo ido se trasluce entre tantas facturas, cuentas e informes de transacciones. La obra es un esfuerzo sólido por conocer no sólo la compañía Barrio y Sordo, sino a través de ella aproximarse a una biografía colectiva de la historia económica y social de Colombia mediante una sistematización esclarecedora.

Una de las aportaciones medulares de esta perspectiva historiográfica -que une lo micro y lo macroeconómico- es su alejamiento de cierta imagen simplificadora de un territorio incoherente o desestructurado, “compuesto por regiones enemistadas por la naturaleza y condenadas por la historia a una convivencia ingrata” (p. 205). Como es sabido, estamos ante un inmenso territorio cuya función principal consistía en trasladar la plata extraída del Potosí (hoy Bolivia) y el azogue de Huancavelica (Perú) hasta Tierra Firme y de ahí a La Habana, en donde se unía a la flota proveniente de Veracruz que se dirigía a España. A través de la costa de la cordillera occidental de Colombia corría la conexión Callao-Guayaquil-Acapulco, mientras que en la costa atlántica, específicamente en Cartagena, se concentró la exportación de oro, la importación de esclavos y el comercio de géneros y otros bienes de consumo. Cartagena también servía de cabeza de playa de una extensa redistribución de abasto de alimentos y diversos productos traídos en galeones con destino a Portobelo (Panamá) y que provenían de diferentes puntos del Caribe, como Puerto Rico y Maracaibo (Venezuela).¹ El único producto importante de exportación de la región occidental del actual territorio colombiano fue el oro, sobre el cual se erigieron la riqueza e influencia de Popayán en el valle del río Cauca y de Medellín y otras ciudades en Antioquia. Por su parte, la Cartagena colonial controló el comercio legal y gran parte del contrabando.

De acuerdo con Marco Palacios y Frank Safford, la colonización del actual territorio de Colombia perpetuó los asentamientos prehispánicos, debido a la fragmentación de su geografía en tres zonas: la costa del Caribe y el valle del Bajo Magdalena, las altiplanicies orientales y la región occidental, espacios en donde se daban variaciones significativas entre los diversos grupos asentados a lo largo de sus costas y cumbres.² A diferencia de lo ocurrido en Nueva España, que afianzó su centralidad económica y política por el camino México-Veracruz,³ los conquistadores incursionaron en el territorio colombiano por diferentes rutas atravesadas por tres cordilleras que impidieron el establecimiento de una región dominante, al menos durante la mayor parte del periodo virreinal. La minería del oro fue el motor de la economía del occidente de Colombia, en cambio, en el oriente predominaron la agricultura y la producción manufacturera artesanal.⁴ Sin embargo, Daniel Gutiérrez Ardila y James Torres Moreno demuestran cómo a fines del siglo XVIII, debido a la bonanza minera del oro, sólidos vínculos económicos ligaron entre sí a las diversas zonas económicas del Nuevo Reino:

Los intercambios provechosos de la plata peruana por el oro de las minas del occidente neogranadino daban entera coherencia a una geografía estructurada en torno a un espinazo que iba de Guayaquil a Cartagena. La exportación de metales permitía, así mismo, la introducción de mercancías europeas, lícitas o de contrabando, no sólo desde la mencionada plaza fuerte caribeña, sino también desde Santa Marta, Riohacha y Maracaibo (p. 206).

El estudio de la Compañía Barrio y Sordo plantea que la fuerza creciente de Maracaibo le otorgó a comienzos del siglo XIX una apariencia bífida al “esqueleto del Reino, de acuerdo con un segundo ramal estructural que partía de aquel puerto venezolano y concluía en Santa Fe” (p. 206). Y no fueron solamente los metales o las importaciones los factores que dieron coherencia económica al virreinato. El corpus documental de los autores permite observar la variopinta especialización regional, ya fuera por los flujos textiles o por los generados por la actividad ganadera y sus derivados, por diversas provisiones básicas o por la exportación de productos como las quinas y el algodón. El sistema hídrico que hacía posible muchos de los intercambios comerciales neogranadinos era la cuenca del río Magdalena, cuyo papel en los negocios de la Compañía Barrio y Sordo fue fundamental. Por ese río se sacaban productos destinados al mercado mundial y eran almacenados en Mompox, Tenerife o Barranca. En cada uno de esos lugares se contaba con delegados o agentes que recibían y despachaban las mercancías, arreglaban los fardos y cajones averiados y conseguían bodegas, embarcaciones o mulas para el transporte, así como fletes baratos. En esa geografía fluvial y comercial la villa de Mompox tuvo un lugar destacado pues por esa población transitaba 14% de los efectos importados a través de Cartagena y se legalizaba gran parte de las mercancías introducidas ilegalmente. Para los autores:

Mompox era […] un gigantesco almacén que facilitaba los intercambios […] entre las provincias andinas y las del Caribe. Las primeras remitían al puerto fluvial cacao, panela, azúcar y telas; las segundas, ganado, tasajos, quesos, velas, jabones y sal. Los intermediarios momposinos se encargaban de redistribuir estos productos, enviándolos principalmente a las minas del nordeste antioqueño, pero también a las poblaciones interiores de las provincias de Santa Marta y Cartagena, con la complicidad de una maraña de ríos y ciénagas que abarataban sensiblemente los costos de transporte (p. 209).

Otra aportación medular en el estudio del epistolario de Barrio y Sordo es el papel estratégico de esa villa, que fue un importante centro financiero del virreinato, desde donde se remitían con frecuencia doblones destinados a los negocios de importación y exportación. Además, el comercio ilícito llegaba hasta Quito y, en ocasiones, hasta la lejana Lima. El contrabando fue un fenómeno regular en Hispanoamérica; la mayor parte de las empresas mercantiles lo practicaban de manera subrepticia. La compañía Barrio y Sordo no fue la excepción. Unos años después de haberse constituido, la casa fue descubierta y procesada por su actividad en el contrabando de mercancías. Los autores muestran cómo el contrabando era “una actividad que requería de conocimientos y destrezas específicos, así como de una cantidad considerable de dinero y de un capital social muy particular”.

Sin duda, uno de los temas relevantes de la historiografía económica y social reciente es el contrabando. Por ejemplo, antes de las reformas borbónicas los tratantes de plata de la ciudad de México y los cargadores peninsulares se habían beneficiado del monopolio de la Carrera de Indias en que participaban de manera legal e ilícita. El contrabando permitía traficar con mercancías de bajos precios y evadir el pago de derechos reales. Los mercaderes de México abastecían los mercados del virreinato, las posesiones de las Antillas, Guatemala y Panamá, así como los puertos de la Mar del Sur. Participaban en el comercio intérlope de las Antillas y el tráfico de bienes orientales, por lo que estos espacios también quedaban abiertos a la circulación clandestina. Con el tejido de redes de negocios, complicidad y connivencia, la capital de Nueva España se transformó en el centro de la articulación mundial de los mercados del Atlántico y el Pacífico hasta las primeras décadas del siglo XVIII. Por otra parte, el comercio ilícito que practicaban los rivales de la corona y que se realizaba a gran escala a través de los convoyes y del comercio intérlope desde sus posesiones en las Antillas, ahondó la creciente sangría de plata de las arcas reales.

Muchas de estas prácticas fraudulentas pueden explicarse porque los cargos públicos eran venales. La mayor parte de los nombramientos de la administración real se ofrecían mediante el pago de fuertes sumas. Virreyes y gobernadores, al igual que los oficiales de la Real Hacienda, se esforzaban por recuperar las inversiones realizadas, pagar a sus acreedores y, sobre todo, lucrar mediante el ejercicio de sus cargos.

Éste es otro aspecto a destacar de la investigación de Gutiérrez y Torres. Debido a que el comercio ilegal constituía una operación costosa de alto riesgo, los contrabandistas cambiaron de estrategia: con el apoyo de los ministros reales, sacaban pasaportes y registros falsos que los autorizaban a comerciar con frutos del país en otros puertos hispanoamericanos. Luego llevaban su carga a Jamaica para venderla y comprar mercancías ilícitas que legalizaban con registros falsos.⁵ El contrabando mayorista requería de la complicidad sucesiva de los jefes de las provincias litorales y de los ministros de la Real Hacienda, tanto los que trabajaban en los puertos caribeños como los que residían en las poblaciones de tránsito y en las del interior, en donde se expendían los artículos. Los autores demuestran de manera contundente que la práctica del contrabando requería del beneplácito de las autoridades y los oficiales reales. Los riesgos y los gastos que implicaba dicho comercio eran compensados por las elevadas utilidades (p. 87). De acuerdo con un testimonio de la época, se ganaba 64% más que en el comercio legal.

El tráfico ilícito de la Compañía Barrio y Sordo fue descubierto en dos ocasiones, en 1799, y por ello sus dueños fueron encausados. El primer proceso se resolvió rápido y sin consecuencias, pero el segundo dilató mucho, puso en riesgo el porvenir de la sociedad y la libertad de uno de los socios (p. 89). La segunda causa, de febrero de 1799, se debió a que Barrio introdujo a Rionegro 13½ cargas de “efectos de castilla”: géneros diversos, vino, acero, tijeras, cuchillas, agujas. El problema se generó por la falta de guías, y cuando Barrio trató de resolverlo, los administradores de las aduanas de Mompox (por donde se habían introducido las telas) y Santa María (el acero) le mandaron guías con las mismas fechas, por lo que también quedaron involucrados los administradores de ambas aduanas.

En septiembre de 1803 Sordo le anunció a Barrio que el nuevo virrey, Antonio José Amar y Borbón (1802-1810), había tomado posesión de la administración y agregó que viviría descontento hasta que concluyera el mencionado asunto judicial. Sordo acudió directamente al virrey recién llegado, antes de que se formara “la nube de cortesanos que posteriormente resguardaría su acceso”. Barrio y Sordo volvieron a tener problemas con la justicia a finales de 1807, cuando Sordo estuvo preso 32 días, aunque consiguió su libertad y la restitución de “los pesos que le habían quitado”. Los autores atribuyen el cambio en la situación de la empresa al vínculo que establecieron con el nuevo virrey Amar y Borbón. Para que el comercio fluyera era imprescindible tener una buena relación con las autoridades locales, provinciales y virreinales. Con la llegada del nuevo virrey pudieron construir una densa red de relaciones que benefició notablemente sus operaciones y los protegió: “La capacidad de agotar expedientes y mover los resortes de la maquinaria del gobierno neogranadino era un prerrequisito del éxito en los negocios a mediana y gran escala”.

Los cambios que experimentó la Compañía, en el contexto mundial, y la volatilidad del comercio internacional, después de 1805, modificaron la estructura de costos e ingresos de los comerciantes que defraudaban al fisco. El cierre de Cartagena por la embestida de los británicos -que competía con Mompox, Santa Fe y Maracaibo porque sus agentes vendían la ropa muy barata-, la legalización definitiva del almojarifazgo en Mompox y Santa Fe, y la consolidación de la al ter nati va marabina incidieron en los negocios de Barrio y Sordo. La situación unas veces era favorable para un puerto y otras para otro. Con la guerra insurgente la compañía sólo pudo mantener sus operaciones mediante su traslado a Venezuela y sus miembros se dedicaron bá si camen te a negociar con las Antillas y en Europa.

En Santa Fe los flujos fiscales y comerciales articulaban el territorio. La ciudad redistribuía los excedentes textiles y agropecuarios que desde el oriente de los Andes se enviaban a los centros mineros del occidente (Chocó, Antioquía y Popayán). También era el principal distribuidor de los bienes europeos que entraban por los puertos del Caribe. Y era la sede de la burocracia fiscal (que tenía altos salarios en doblones), desde la que se distribuían los situados (p. 106). Estos flujos eran reforzados por la casa de moneda y una red de instituciones religiosas que manejaban parte importante de la oferta de crédito del reino (pp. 106-107).

De esta manera, los autores demuestran la articulación que se creó desde Guayaquil hasta Santa Fe y Maracaibo. Al constituirse Bogotá como la sede de los principales tribunales, dos universidades y las principales corporaciones eclesiásticas, ofrecía a la compañía ventajas como el movimiento acelerado de caudales y libranzas, además de incursionar en provechosas operaciones financieras. La residencia en la corte favoreció el trato y aun la familiaridad con escribanos, procuradores hábiles, abogados, oficiales reales, magistrados y empleados de los tribunales, secretarios de cámara y validos del virrey o de los oidores. La acumulación de este capital social tuvo poderosas implicaciones en los negocios (p. 108). Además, la concentración de actividades en Santa Fe tenía la ventaja de que controlaba las diferentes rutas del correo. Así, era más fluida la comunicación entre el socio itinerante y el oficinista, así como los vínculos y el flujo de información con los minoristas de las diversas provincias. Podían conocer las oscilaciones de los precios de los diferentes mercados.

Santa Fe era, junto con Quito, el mercado urbano más importante del virreinato. A la nutrida comunidad comercial la ciudad le ofrecía tres atractivos fundamentales: información, crédito/liquidez y centralidad burocrática. Su importancia también se pone de manifiesto por el oro que llevó a amonedar, aunque no todo el oro llegaba a la ceca. Una gran parte era extraída del virreinato: legalmente, en barras de la fundición de Mompox, e ilegalmente en polvo y a través del contrabando.

Finalmente, otra aportación del estudio de la Compañía Barrio y Sordo muestra cómo la política de la Corona en América se llevaba a cabo mediante consultas, negociaciones y transacciones. En las luchas internas los agentes del rey operaban como intermediarios y fuentes de poder sujetas a alianzas y cooptación. Su objetivo consiste en conocer el lugar que ocupaban los comerciantes mayoristas del Nuevo Reino en la política cortesana, hasta qué punto se involucraban en la pugna facciosa de sus asociados y cómo participaban en las competencias por el poder. Los autores sostienen que las compañías como las de Barrio y Sordo se comportaban, a la vez, como empresas de relaciones públicas y centros de tráfico de influencias.

En síntesis, esta obra puede considerarse una aportación genuina al estudio de la sociedad y la economía neogranadinas durante un periodo de auge, como lo fue especialmente la segunda mitad del siglo XVIII y la primera década del XIX. Se trata de un estudio de caso representativo del núcleo de los comerciantes de mediana envergadura que constituye “un tipo ideal de ciertos sectores realistas” (p. 382). Abre nuevas in terro gan tes, entre las que destaca el papel de la Compañía Barrio y Sordo como un pequeño banco por su “constante recurso a libranzas, vales y movimientos de caja que complementaban la circulación de metálico” (p. 379). Es deseable que nuevos estudios permitan conocer mejor el papel del crédito en la actividad minera, los lazos con las instituciones eclesiásticas y el impacto que tuvo la independencia de España en el mercado interno al momento de la creación de la República de la Gran Colombia (1821-1831).