El sistema político

La revolución mexicana de 1910 produjo un sistema político caracterizado por el dominio de un partido único de facto, el Partido de la Revolución Institucional (PRI). Bajo diversas denominaciones, el PRI gobernó de forma interrumpida durante siete décadas (1929-2000), un lapso inusual para estándares mundiales, que permite poner en entredicho que el régimen fuera democrático, a pesar de que nunca se suspendieron las elecciones federales.⁷ El PRI construyó el que probablemente fuese el sistema político más estable de América Latina en el siglo XX, basado en una combinación de políticas populistas y de Estado benefactor con prácticas de corporativismo, clientelismo, cooptación y terror. Algunas de las características más duraderas del régimen, como el populismo y el corporativismo, fueron establecidas durante la administración del general Lázaro Cárdenas (1934-1940). Tras su mandato, sus sucesores tuvieron diferentes estilos políticos de gobernar, pero quien más se empeñó por emular -sin éxito- el estilo cardenista fue Luis Echeverría (1970-1976), quien llevó hasta límites insospechados la combinación de políticas progresitas-populistas y de terror estatal.⁸

A partir de 1946, con la administración de Miguel Alemán -el primer presidente civil-, el PRI forjó un equilibrio entre un poder ejecutivo fuerte, que seguía un modelo presidencialista, y las poderosas fuerzas armadas, impidiendo que estas últimas tuvieran motivos para siquiera añorar un golpe de Estado. Por otra parte, ninguna potencia estuvo interesada en desestabilizar a México o derrocar a sus presidentes en alianza con fuerzas locales.⁹

Se ha discutido largamente si el PRI ejerció una dictadura partidista o una dictablanda, si fue un partido de Estado, único o hegemónico, sin que a la fecha haya un consenso al respecto.¹⁰ Tampoco lo hay respecto al legado del PRI, ya que por años dominó la visión oficial que resaltaba la estabilidad política, la modernización, el progreso económico (el mal llamado “milagro mexicano” de las décadas de 1950 y 1960 en concreto), el desarrollo cultural, la urbanización del país, el crecimiento demográfico y la consolidación de la clase media. El espejismo de la pax priista, que dio credibilidad a México en el exterior, no reflejó la vida cotidiana de millones de mexicanos que experimentaron la falta de derechos civiles y políticos y las agudas contradicciones del capitalismo desarrollista. Sin embargo, a la luz de la evidencia, la idea de que el PRI pacificó al país en el periodo postrevolucionario fue ante todo un dispositivo retórico de legitimación política.¹¹

La Guerra Sucia (1964-1982) y la guerra contra las drogas (1969-presente) son dos ejemplos claros de conflictos propiciados y escalados por los gobiernos priistas, que muestran que el régimen gobernó con una combinación de medidas de Estado de excepción y Estado de derecho, al igual que las dictaduras sudamericanas, aunque, a diferencia de éstas, en México nunca se decretó públicamente el primero, que lo fue de facto, pero no de jure. En general, el gobierno mexicano no hizo ningún esfuerzo por modificar el marco legal para justificar la Guerra Sucia.

La propaganda oficial promovía el discurso de que el gobierno mexicano no tomaba partido por ninguna nación extranjera porque se encontraba en el centro del espectro político, con una ideología propia que era el nacionalismo revolucionario; no obstante, el país fue muy sensible a las transformaciones globales del periodo de la Guerra Fría. Por su propia historia y por el tipo de relación que mantenía con Estados Unidos, el gobierno mexicano no podía evadir su alineamiento con el bloque capitalista, lo cual incluyó la promoción oficial del anticomunismo y la adopción de la doctrina de seguridad nacional.¹²

Aunque el gobierno mexicano intentó proyectar públicamente una imagen de soberanía nacional y una política exterior autónoma, a nivel subterráneo hubo una colaboración estrecha de la Dirección Federal de Seguridad (DFS, el servicio secreto creado en 1947) con la Central de Inteligencia Americana (CIA) en relación con la política interior y exterior del país.¹³ La adopción de estrategias contrainsurgentes para combatir a movimientos tanto sociales como armados también tuvo un carácter trasnacional, pues el ejército y las policías mexicanas aprendieron tales métodos en escuelas de guerra o cursos especializados de países como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Corea del Sur, Japón e Israel.¹⁴

Respecto al sistema político de los países sudamericanos, se puede considerar que Brasil es el que tiene más similitudes con el caso mexicano debido a su legado de populismo, el autoritarismo blando conocido como dictablanda, la Guerra Sucia que también comenzó en 1964, la ideología desarrollista y un periodo de “milagro económico” que se produjo a finales de la década de los sesenta. Brasil carecía de una tradición de centralización política, por lo que el populismo surgió a nivel local en la década de 1920 y fue hasta los años cincuenta cuando alcanzó una expresión nacional.¹⁵ Por otra parte, las diferencias con el caso mexicano también son notables. Durante el siglo XX el sistema político brasileño fue autoritario e inestable -de 1889 a 1964 hubo ocho golpes militares- y Getulio Vargas ocupó el cargo cuatro veces entre 1930 y 1954. Vargas desarrolló un estilo populista de gobernar en su última administración (1950-1954), el cual incluyó leyes laborales, seguridad social, programas de bienestar y la nacionalización de la industria petrolera. Estas medidas produjeron algunos beneficios sociales y los sindicatos avanzaron en sus reivindicaciones, pero nada pudieron contra la recesión económica de 1952. En respuesta a la agitación social, los militares dieron un golpe de Estado en 1954 y Vargas se suicidó.

El populismo de Vargas no logró una consolidación hegemónica como en el caso de Cárdenas. Sin embargo, algunos de los sucesores de Vargas, como Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros y João Goulart, intentaron darle continuidad a las políticas populistas y desarrollistas.¹⁶ La administración izquierdista de Goulart (1961-1964) llevó a cabo reformas importantes en cuanto a la distribución de la tierra, el control de los alquileres y la nacionalización de los servicios públicos, y buscó una relación más estrecha con el bloque socialista. Sin embargo, Brasil siguió haciendo frente al estancamiento económico y a una creciente polarización sociopolítica.

Las fuerzas armadas temían que Goulart dirigiera el país hacia el socialismo y derrocaron al presidente en 1964, con el apoyo de los industriales y la oligarquía terrateniente. Además, el Departamento de Estado de los Estados Unidos jugó un papel crucial en el golpe militar. Los conspiradores denominaron “revolución” al cambio abrupto de régimen y establecieron una dictadura, primero militar y después cívico-militar, que gobernó Brasil hasta 1985, con una orientación que mezclaba las preocupaciones de seguridad nacional con el desarrollismo.¹⁷ Al igual que el PRI, el discurso oficial de los militares proclamaba que no estaban situados ni a la izquierda ni a la derecha, sino en el centro, como una fuerza de equilibrio. La dictadura llegó a su fin con el triunfo electoral del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que había sido la única oposición tolerada frente a la Alianza Renovadora Nacional (ARENA), el partido único de facto.

Al comparar el caso de Chile con el de México, destaca el hecho de que ambos países, pese a sus largas trayectorias de estabilidad política, entraran en un periodo de terror estatal. Hasta antes de 1973, Chile cultivaba el mito del excepcionalismo basado en su tradición de constitucionalismo y gobiernos democráticos. Durante la primera mitad del siglo XX, se produjeron cinco golpes de Estado en el país (el último en 1932), pero en lo sucesivo Chile desarrolló un sistema multipartidista competitivo y una interfaz entre los movimientos sociales y la política multipartidista.¹⁸ A finales de la década de 1950, el país inició un giro gradual hacia la política de centro-izquierda. Las elecciones presidenciales de 1958 demostraron la creciente popularidad del líder socialista Salvador Allende, quien promovía un reformismo social basado en una alianza entre las clases trabajadoras y los sectores progresistas de la clase media. Esto provocó que la derecha apoyara al Partido Demócrata Cristiano (PDC) de centro-derecha, cuyo candidato, Eduardo Frei, ganó las elecciones presidenciales de 1964.¹⁹

Dado el fortalecimiento de la izquierda, las administraciones de J. F. Kennedy y L. B. Johnson eligieron a los demócratas cristianos como sus soldados de primera línea y transformaron a Chile en un escaparate para su programa de desarrollo y seguridad en América Latina, la Alianza para el Progreso, que pretendía acelerar “la revolución de la clase media” para frenar el comunismo.²⁰ Frei promovió “la revolución en libertad”, que incluyó la nacionalización parcial de la industria del cobre, una reforma agraria y programas de bienestar social. A pesar de este reformismo moderado, de las operaciones encubiertas de la CIA y del apoyo financiero de Estados Unidos al PDC, la coalición de la Unidad Popular (UP) de Allende ganó las elecciones presidenciales de 1970 proponiendo la vía pacífica hacia el socialismo.²¹ La UP promovió el nacionalismo económico y promulgó una serie de reformas políticas y sociales profundas para empoderar a la clase trabajadora urbana y rural.²²

La oligarquía terrateniente, el sector privado, el PDC y la extrema derecha -en particular el grupo de corte fascista Patria y Libertad- se opusieron a estas políticas e intentaron organizar a las clases medias y altas para sabotear al gobierno. Estados Unidos contribuyó a desestabilizar el país y a polarizar a la sociedad con un bloqueo económico de facto, presiones políticas, chantajes diplomáticos y guerra psicológica.²³ Aunque estos factores crearon un clima golpista, los militares desempeñaron un papel protagónico en la planeación del golpe que derrocó a Allende el 11 de septiembre de 1973, imponiendo una junta dirigida por el general Augusto Pinochet, que gobernaría con medidas de Estado de excepción. Un aspecto que la Junta cuidó desde el principio fue el promover medidas legislativas para intentar legitimar el golpe.²⁴ La dictadura llegó a su fin con el plebiscito de 1988 que posibilitó el retorno a las elecciones democráticas. La Concertación de Partidos por la Democracia (una alianza de partidos de centro, derecha e izquierda) ganó las elecciones en Chile entre 1990 y 2010.

El caso argentino fue muy distinto al mexicano en casi todos los aspectos, excepto en la tradición populista-caudillista y en los métodos contrainsurgentes para aplastar a la oposición. Argentina ha sido uno de los países políticamente más inestables de América Latina, pese a haber sido uno de los más ricos en las primeras décadas del siglo XX.²⁵ Entre 1930 y 1983, los argentinos experimentaron seis golpes militares y 21 administraciones presidenciales, entre ellas cinco dictaduras militares de derecha y el gobierno del general Juan Domingo Perón (1946-1955).²⁶ Ninguno de estos gobiernos fue capaz de consolidar un Estado hegemónico con instituciones fuertes o de seguir un modelo económico consistente, aunque Perón estuvo cerca de conseguir lo primero en virtud de un programa populista que logró interpelar a las masas.

Perón se alió con la clase obrera sindicalizada para promover el desarrollo industrial, el nacionalismo económico (una agenda de nacionalizaciones y sustitución de importaciones), el incremento del empleo y los salarios y el bienestar social.²⁷ Sin embargo, estas medidas no activaron la economía como se esperaba y Perón no pudo equilibrar las demandas de los trabajadores con la oposición de los terratenientes y los militares a su programa político.²⁸ En 1955 Perón fue derrocado por un golpe militar y la dictadura cívico-militar proscribió al Partido Peronista (posteriormente llamado Justicialista). Los 18 años de inestabilidad que siguieron al exilio de Perón pusieron de manifiesto los límites de la desperonización, así como lo duradero de su legado en la clase obrera.²⁹

A partir del golpe, la nación atravesó por naufragios económicos recurrentes, agitación social aguda y violencia política extrema. La polarización política fue atizada, por un lado, por la oligarquía terrateniente, el sector privado, los militares, la Iglesia católica y los sindicatos de derecha, y por el otro, por los movimientos socialistas y populares y los sindicatos de izquierda. Además, Argentina contaba con una tradición ideológica de tipo fascista anterior a la Guerra Fría.³⁰ Tanto la derecha religiosa como la derecha fascista tuvieron una gran influencia política, apuntando sus baterías contra socialistas y judíos. El gobierno de la llamada “revolución argentina” (1966-1973) fue el primero que adoptó la Doctrina de la Seguridad Nacional, cerró los canales institucionales y civiles para la participación política y aplicó tácticas de terror contra la oposición. Las medidas represivas del gobierno del general Juan Carlos Onganía (1966-1970) desencadenaron movilizaciones de masas (por ejemplo, el Cordobazo de 1969), radicalizaron a la juventud y propiciaron la formación de organizaciones guerrilleras socialistas como los Montoneros, el ala de extrema izquierda del peronismo.

Las presiones de la derecha y la izquierda peronistas consiguieron el regreso de Perón y su elección como presidente en 1974. Sin embargo, Perón no sólo no cumplió con sus promesas a sus antiguos aliados Montoneros, sino que autorizó su persecución y se puso del lado de la extrema derecha del Partido Justicialista. Perón murió poco después de asumir la presidencia y heredó su cargo a su segunda esposa, Isabel Perón. Aunque la “revolución argentina” y las administraciones tanto de Juan como de Isabel Perón emplearon tácticas de contrainsurgencia y comenzaron la “Guerra Sucia”, convencionalmente se considera el golpe militar de 1976 como el inicio del terrorismo de Estado.³¹ La Junta Militar instauró el llamado Proceso de Reorganización Nacional (PRN), un programa de cambio de régimen basado en medidas de estado de excepción.³²

La Junta no sólo no consiguió mejorar la situación económica del país, sino que se embarcó en una aventura suicida al reclamar la posesión de las islas Malvinas, disputadas con Gran Bretaña, en 1982. La guerra entre ambas naciones, que duró tan sólo 74 días, marcó una derrota aplastante para Argentina y propició la implosión de la dictadura. La movilización popular fue determinante para que la segunda Junta Militar (creada en 1982) llamara a elecciones en 1983, las cuales fueron ganadas por la Unión Cívica Radical. Al ser la transición a la democracia un proceso impulsado de abajo hacia arriba, Argentina se convirtió en el único país de la región que pudo iniciar un juicio penal contra las Juntas en una fecha tan temprana como 1985.

Las organizaciones armadas clandestinas

Miles de mexicanos, tanto de zonas urbanas como rurales, se vieron profundamente impactados por las ideologías que circularon globalmente durante la Guerra Fría, ya fuesen de derecha o de izquierda. A la derecha del PRI, hubo grupos que se adhirieron a la lucha internacional contra el aggiornamento de la Iglesia católica y que ejercieron un anticomunismo militante.³³ La extrema derecha fue proscrita por el gobierno, aunque sus actividades clandestinas fueron hasta cierto punto toleradas por los servicios de inteligencia. Es importante destacar que grupos violentos de ultraderecha, como el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO) y el yunque, no se destacaron en la “lucha antisubversiva,” a diferencia de lo ocurrido con los grupos paramilitares y los escuadrones de la muerte del Cono Sur.

Dentro de la constelación de individuos y grupos seducidos por el triunfo de la Revolución cubana, muchos optaron por la lucha armada socialista, mas no lo hicieron ni como un acto reflejo ni por imitación, sino en respuesta a los actos de terror de Estado (la represión de los movimientos sociales y las masacres de civiles en diferentes puntos del país), que generó la percepción de que los canales de participación política estaban cerrados, como si se tratase de una dictadura. La izquierda armada fue la expresión más extrema de lo que se conoce como “nueva izquierda” para contrastarla con la vieja izquierda comunista prosoviética y burocrática, a pesar de que algunas organizaciones armadas clandestinas no lograran romper con las prácticas autoritarias heredadas del estalinismo.³⁴ Jóvenes activistas de entre 15 y 25 años fueron los principales actores de la “nueva izquierda”.

Algunos autores han explicado el surgimiento de la izquierda armada como resultado de la sangrienta represión al movimiento estudiantil de 1968 en Tlatelolco y el llamado “halconazo” de 1971; sin embargo, la actividad guerrillera había comenzado años atrás. Entre 1960 y 1983, grupos de estudiantes, maestros, profesionistas, trabajadores, campesinos y amas de casa conformaron más de 40 organizaciones y comandos armados clandestinos a lo largo del país. Entre ellos, los más importantes por su tamaño y capacidad operativa, destacan el Partido de los Pobres-Brigada Campesina de Ajusticiamiento en la Sierra de Atoyac, Guerrero (1967-1974) y la Liga Comunista 23 de Septiembre, una organización urbana y rural con presencia en varios estados de la República (1973-1981).³⁵

No todos los grupos armados se inclinaron por el foquismo guevarista, pues recibieron la influencia del maoísmo, el marxismo vietnamita, los Tupamaros de Uruguay y las luchas anticoloniales en lo relativo a las estrategias de la guerra popular prolongada, la guerra de liberación nacional y la guerrilla urbana, respectivamente, y en muchas ocasiones buscaron combinarlas de forma creativa.³⁶ Aunque estos grupos eran relativamente pequeños, estaban fuertemente ideologizados y motivados y llevaron acciones de alto impacto, consideradas como ataques a la burguesía y el Estado capitalista, como los asaltos (llamados expropiaciones) a bancos y oficinas de pagaduría y los secuestros de diplomáticos, empresarios, funcionarios públicos y caciques, o en su defecto, de sus familiares. En el medio rural, algunos comandos participaron en emboscadas y enfrentamientos con el ejército.

Contrario a lo que esperaban, las organizaciones armadas no lograron despertar la simpatía del grueso de la población. En términos propagandísticos fracasaron estrepitosamente y estuvieron muy lejos de contrarrestar la exitosa guerra psicológica del gobierno, que difundía ante los medios que no se trataba de grupos revolucionarios, sino de terroristas, abigeos, inadaptados sociales, delincuentes comunes, infiltrados de la CIA y demás.³⁷ Aunque en algunas regiones los guerrilleros contaron con una base social, como en la Sierra de Atoyac, Guerrero, y la Sierra Tarahumara, por lo general estuvieron desvinculados de las masas, los movimientos sociales y las izquierdas no armadas.

Otra característica del caso mexicano es el aislamiento de las organizaciones armadas respecto a los gobiernos comunistas y a sus contrapartes en la región. La URSS brilló por su ausencia y Cuba priorizó su relación con el gobierno mexicano, por lo que se mantuvo al margen de sus conflictos con la oposición. Por razones que parecen haber estado más cerca de la autopromoción y la propaganda que del internacionalismo proletario, los gobiernos de Corea del Norte y China aceptaron entrenar a unas cuantas decenas de guerrilleros mexicanos, sin ofrecerles ningún apoyo posterior. Pese a dicho aislamiento, en la década de los ochenta hubo organizaciones armadas que llevaron a cabo un repliegue estratégico y que, tras construir ejércitos campesinos populares, volvieron a reaparecer en los noventa, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Ambos persisten hasta la actualidad, aunque más en estado latente que visiblemente activos política o militarmente.

El terror estatal de la dictadura militar en Brasil provocó la formación de organizaciones guerrilleras tanto urbanas como rurales, como el Movimiento Revolucionario 8 de Octubre, la Acción de Liberación Nacional (ALN, dirigida por el famoso teórico de la guerrilla urbana Carlos Marighella) y la Vanguardia Popular Revolucionaria (VPR). Éstas intentaron derrocar al régimen, pero adolecieron de apoyo popular y nunca supusieron una amenaza importante a la seguridad nacional. El desafío más visible vino del movimiento de 1968, que movilizó a miles de estudiantes en las principales ciudades del país.³⁸ La dictadura intensificó la represión -un periodo conocido como anos de chumbo o años de plomo- por medio de redadas masivas y el incremento de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, con el objetivo de exterminar a los guerrilleros, frustrar el activismo estudiantil y aterrorizar a toda la sociedad para controlarla mejor.³⁹ Hacia 1975 la mayoría de los guerrilleros estaban muertos, presos, desaparecidos o exiliados, algunos de ellos en México, país considerado como refugio seguro. Aunque las izquierdas no armadas no fueron erradicadas, tuvieron que mantener un perfil bajo.

En Chile, a pesar de la democracia formal, también surgieron organizaciones de extrema izquierda de carácter vanguardista, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR, 1965), que defendía la lucha armada como único medio eficaz para crear un Estado socialista. Otros grupos izquierdistas, como la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP, activo entre 1968 y 1971), fueron mucho más radicales, llevando a cabo acciones de alto impacto. La administración de Allende tuvo que hacer frente a las consecuencias de la actividad de estos grupos que mostraban un gran escepticismo respecto a la efectividad de sus políticas para provocar el cambio social,⁴⁰ aunque tras el golpe estas diferencias políticas fueron intrascendentes para los militares, quienes persiguieron por igual a guerrilleros y miembros de la Unidad Popular. En esta espiral de violencia apareció el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR, 1983), una organización guerrillera que llevó a cabo ataques recurrentes contra objetivos estratégicos. Algunas escisiones del MIR y el FPMR se mantuvieron en una militancia ultraclandestina después de la transición a la democracia, aunque con el tiempo se diluyeron.

En los países analizados, la izquierda armada era pequeña en comparación con el resto de las izquierdas y tuvo un carácter hasta cierto punto marginal. En Argentina, en cambio, las organizaciones armadas fueron mucho más grandes y contaron con una base social significativa, pero no por ello tuvieron la capacidad política o de fuego para tomar el poder del Estado. La izquierda armada fue producto de una combinación de inestabilidad política -la cual mantenía abierta la perspectiva de la toma del poder-, la represión contra los movimientos sociales y la proscripción del peronismo. Al igual que sus contrapartes latinoamericanas, las organizaciones armadas se vieron influidas por las corrientes globales del comunismo, a las que se sumaron el trotskismo, el peronismo, el nacionalismo revolucionario y la doctrina social de la Iglesia.

En Argentina las organizaciones que optaron por la vía armada aparecieron desde 1959 en el medio rural, como los Uturuncos. Posteriormente, surgieron grupos más destacados, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP, 1970-1977) y los Montoneros (1970-1980). Ambos contaron con miles de militantes y simpatizantes en diversas partes del país. No sólo movilizaron a estudiantes, profesionistas y campesinos, sino también a trabajadores sindicalizados, intelectuales, artistas y personal religioso.⁴¹ La emergencia de estos grupos altamente motivados para atacar objetivos políticos, policiacos, militares y empresariales, alertó a las élites del país y las predispuso a promover y tolerar su exterminio a cualquier costo. Tras el giro de Perón a la extrema derecha en 1974, el ERP y Montoneros incrementaron su actividad armada. Ambas organizaciones fueron severamente golpeadas a partir del establecimiento de la dictadura militar, por lo que algunos de sus cuadros se exiliaron e intentaron construir redes de solidaridad en los países receptores, pero no lograron rearticularse.

En contraste con el caso mexicano, las organizaciones armadas de Argentina y Chile tuvieron una considerable actividad trasnacional e internacional. Algunas recibieron apoyo del gobierno cubano y también buscaron coordinarse con sus pares regionales. En 1972, por ejemplo, se fundó la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR), integrada por el ERP, el MIR, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Bolivia.⁴² La JCR se convirtió en uno de los principales objetivos militares de la Operación Cóndor, que se abordará más adelante. En los cuatro países analizados, en el periodo de retorno a la democracia ninguna organización armada clandestina sobrevivió para reintegrarse al sistema de partidos, por lo que se puede considerar que los proyectos politicidas lograron la eliminación de estos grupos.

La contrainsurgencia y sus saldos

Las campañas contrainsurgentes que se llevaron a cabo de forma sistemática entre 1964 y 1982 en México incluyeron el uso extensivo del arresto ilegal, la tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, el desplazamiento de población, la política de tierra arrasada, la formación de aldeas estratégicas y las fumigaciones aéreas con herbicidas. Además, México fue el segundo país de la región, después de Guatemala, en donde se empezaron a realizar los llamados “vuelos de la muerte”, esto es, la práctica de arrojar a los detenidos-desaparecidos en mar abierto, vivos o muertos.⁴³ A diferencia de lo ocurrido en Chile y especialmente en Argentina, en donde los “vuelos de la muerte” se convirtieron en uno de los peores emblemas de las dictaduras, en México a este tema se le dio un perfil muy bajo, a pesar de que fue denunciado por Simón Hipólito en su obra Guerrero, amnistía y represión, publicada en 1982.

La contrainsurgencia también tuvo componentes no letales, como los llamados programas de acción cívica, consistentes en medidas de asistencia social para desalentar el apoyo popular a los insurgentes.⁴⁴ Los objetivos militares no sólo fueron los guerrilleros sino también sus redes familiares y sociales, pues se partía del precepto de que el enemigo interno estaba escondido entre la población y había que quitarle el agua al pez. Aunque nadie ha hecho un análisis cuantitativo al respecto, es altamente probable que la mayoría de las víctimas de la guerra sucia fueran civiles ajenos a la lucha armada.

Es difícil comprender la lógica que el gobierno mexicano empleó para llevar a cabo campañas de violencia extrema contra grupos pequeños y divididos, que adolecían de un poder de fuego real y que, al no gozar de amplia popularidad entre la población, no tenían ninguna posibilidad real de tomar el poder del Estado. Sergio Aguayo sostiene que en el sexenio de Díaz Ordaz la DFS promovió la idea de que los guerrilleros eran una amenaza a la seguridad nacional como una estrategia para agrandar la importancia de su misión y demandar más presupuesto.⁴⁵ Sin embargo, reportes posteriores de la DFS demuestran que la agencia sí intentó hacer una evaluación más objetiva de las organizaciones armadas, calificándolas como un peligro político o social.⁴⁶

En su obra Movimiento subversivo en México (1990), el general contrainsurgente Mario Acosta Chaparro también magnificó la peligrosidad de los grupos armados e incluso mantuvo la versión infundada de que éstos estaban respaldados por países como Cuba, la URSS y China. Más que un manual de entrenamiento contrainsurgente, esta obra parece un panfleto propagandístico, cuyo contenido estaba claramente orientado a exaltar la labor del ejército en el exterminio de los grupos subversivos, a la par que alertaba sobre el posible surgimiento de otros focos de insurrección. Esto, por supuesto, ameritaría la canalización de más recursos al ejército.

Cabe la posibilidad, como lo sugirió Carlos Montemayor, de que el gobierno hubiese sucumbido al mito de la revolución cubana, según el cual un grupo pequeño de hombres puede iniciar una revolución que se puede expandir de la periferia al centro, hasta tomar el poder.⁴⁷ Suponiendo que la DFS y el ejército realmente consideraran que la aparición de grupos clandestinos era una amenaza a la seguridad nacional, no tanto por su calidad sino por su cantidad y dispersión, esto no justifica la letalidad e ilegalidad de su actuación. El gobierno debió percibir que había motivos poderosos para ejercer el terror de forma sistemática, quebrantando en su totalidad el estado de derecho y el ethos social. Uno de ellos era reafirmar ante su contraparte estadounidense su compromiso con la lucha anticomunista para impedir otra Cuba. En este sentido, el terror estatal pudo haber tenido un carácter principalmente performático.

Según G. Joseph, México es un caso único en el que tanto el Estado como la oposición se basaron en las tradiciones y los símbolos de la revolución de 1910 para legitimar y negociar sus luchas.⁴⁸ Sin embargo, los movimientos guerrilleros de los años sesenta y setenta no intentaron revitalizar o corregir el rumbo de la revolución, a la que consideraban un fracaso, sino que buscaron hacer una revolución socialista que inaugurara una nueva era. Lo único que algunos rescataron de aquella gesta fue a sus héroes y mártires populares, Zapata, Flores Magón y Villa, de quienes se sentían los legítimos herederos. Aunque los jóvenes guerrilleros se criaron bajo el discurso triunfalista de la revolución institucionalizada, se convirtieron en la primera fuerza de izquierda que rechazó la forma en que ésta se había materializado, fallando a sus promesas originales. Dado que otras organizaciones de izquierda y movimientos sociales no compartían la valoración de que la Revolución mexicana estuviera muerta o que las condiciones para una nueva revolución estuvieran maduras, les dieron la espalda a los partidarios de la lucha armada. El gobierno procedió a eliminar a aquellos que rechazaban el consenso de la revolución de 1910 como única fuente de legitimidad política e intentó mantener el monopolio sobre la definición de lo revolucionario.⁴⁹

Aunque la Secretaría de Gobernación y la temida DFS se convirtieron en los emblemas del terror de Estado, la mayoría de las violaciones graves a los derechos humanos fueron cometidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).⁵⁰ A diferencia de las fuerzas armadas del Cono Sur, los militares mexicanos tenían una ideología laica, pero al igual que ellos decían defender a la patria de una supuesta conspiración comunista internacional que intentaba derrocar el orden establecido.⁵¹

En el caso brasileño, a pesar de que la izquierda comunista y las fuerzas progresistas en su mayoría no optaron por la resistencia armada, a partir del golpe los militares iniciaron una campaña de terror denominada Operação Limpeza, deteniendo y torturando a miles de “sospechosos” en todo Brasil, entre ellos miembros de la Iglesia católica, organizaciones progresistas y oficiales descontentos.⁵² En 1964 se creó el Servicio Nacional de Informaciones (SNI), la policía política del régimen que cumplía un papel semejante al de la DFS. No tenía las funciones operativas de ésta, ya que sólo recogía y sistematizaba información sobre los opositores políticos reales y potenciales, pero tenía su misma capilaridad institucional.⁵³ Una diferencia fundamental en el caso brasileño respecto al mexicano es que los militares buscaron legalizar el Estado de excepción por medio de múltiples decretos conocidos como “actos institucionales”.

Brasil se convirtió en un difusor regional en la enseñanza de las tácticas contrainsurgentes, especialmente en lo relativo a su programa de tortura. Aunque las detenciones arbitrarias y la tortura fueron los medios represivos predominantes en lugar de los asesinatos y las desapariciones, los militares tenían un claro proyecto de reorganización de toda la sociedad, lo que Steve J. Stern definió como policidio: “una permanente erradicación de las formas previas de vivir, entender y organizar la política en una sociedad altamente movilizada”, para ser sustituida por una cultura de gobierno autoritaria y tecnocrática.⁵⁴ A diferencia del politicidio, enfocado en el exterminio físico y moral de un grupo con una identidad política definida, el policidio alude a la erradicación de la polis en su acepción más integral, lo que resulta en una sociedad despolitizada, dominada por el miedo y el control biopolítico.

En el caso chileno, pese a la incapacidad de las izquierdas para organizarse, defenderse y contrarrestar el golpe, el régimen militar se embarcó en un proyecto tanto de policidio como de politicidio. Los ideólogos de la dictadura justificaron el exterminio de las izquierdas alegando que los militares habían salvado a una sociedad en ruinas y al borde de un baño de sangre por parte de fuerzas extranjeras, comunistas y totalitarias, aliadas de la Unidad Popular, un discurso mesiánico semejante al que ya se había ensayado en Brasil y México.⁵⁵ Entre 1973 y 1977, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) se convirtió en el brazo ejecutor del Estado, tanto en cuestiones de inteligencia como en la materialización del exterminio, enfocando sus baterías contra los grupos armados y contra quienes apoyaron a la Unidad Popular. Aunque en la década de los ochenta disminuyó la actividad contrainsurgente, la dictadura mantuvo un clima represivo hasta su fin. Uno de los métodos de la dictadura para “limpiar a la sociedad de subversivos” fue permitir el exilio de miles de ciudadanos, lo cual dio origen a la diáspora chilena global.

En Argentina, el Proceso de Reorganización Nacional (PRN) se convirtió en la dictadura más ideológica de la región, adoptando un discurso que prometía salvar a la civilización cristiana occidental de la subversión comunista.⁵⁶ Las tácticas de exterminio (espionaje, arrestos ilegales, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada) se emplearon no sólo contra la izquierda armada sino contra cualquier expresión civil de disidencia política o social, pues el objetivo era la limpieza ideológica de la sociedad y su readoctrinamiento. Debido a que la dictadura promovió el catolicismo como religión de Estado, los judíos en general fueron objeto de discriminación y los de izquierda fueron perseguidos con denuedo. A diferencia de México, Brasil y Chile, donde los católicos progresistas (o inspirados por la teología de la liberación) se convirtieron en activistas de los derechos humanos y crearon redes de solidaridad para apoyar a miles de víctimas, la Iglesia católica argentina fue uno de los principales aliados de la Junta y contribuyó a promover el anticomunismo y el antisemitismo.

El método principal de la Junta para eliminar disidentes fue la desaparición forzada en centros de detención clandestina, que por lo general iba seguida de ejecuciones masivas clandestinas o de los “vuelos de la muerte”. Al parecer, miles de víctimas fueron arrojadas al mar en aviones de la fuerza aérea, por lo que Argentina se convirtió en un símbolo regional de esta infame práctica, pese a ser el último país que empleó tal recurso en la década de los setenta.⁵⁷ Argentina también se convirtió en un símbolo de la “apropiación” de bebés secuestrados junto con sus padres o nacidos en cautiverio. Se considera que más de 400 infantes fueron dados en adopción a las familias de los mismos represores o de gente afín a ellos. La “apropiación” de bebés también ocurrió en México y en Chile, aunque a escala mucho menor, ya que no fue parte de un plan sistemático para educar a los bebés en las “familias correctas”.

Como puede advertirse, tanto la ideología como los métodos de las fuerzas represivas en todos los casos fueron casi los mismos, aunque con diferente magnitud, y esto no se debe a ninguna coincidencia, sino al hecho de que los ejércitos y policías de la región se entrenaron en las mismas escuelas de guerra, principalmente de Estados Unidos y Francia. La Escuela de las Américas establecida por Estados Unidos en el Canal de Panamá se destacó en la opinión pública como una escuela para “dictadores y asesinos latinoamericanos”, aunque en sus funciones no fue distinta a las otras academias de guerra del norte global.⁵⁸

El hecho de que cada país adoptara una táctica contrainsurgente distintiva fue producto tanto de la coyuntura doméstica como del contexto internacional. El aparato de seguridad nacional brasileño dominó las técnicas de tortura, el chileno optó por permitir el exilio de los “indeseables” y el argentino llevó a cabo la desaparición forzada a escala masiva. El gobierno mexicano, por su parte, se destacó en la guerra psicológica, ya que logró ocultar una guerra interna y desaparecerla de la memoria colectiva.

Las operaciones Cóndor: dos proyectos contrainsurgentes con un origen distinto

A principios de 1974, a iniciativa de Pinochet, las fuerzas de seguridad de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil comenzaron a reunirse periódicamente para preparar acciones coordinadas contra objetivos subversivos. Posteriormente Perú y Ecuador se unieron a esta coordinadora trasnacional contrainsurgente. En 1975 se puso en marcha oficialmente la Operación Cóndor con el fin de crear una “capacidad extraterritorial” para rastrear y aniquilar a los miembros de organizaciones armadas clandestinas e incluso a opositores no armados pero considerados como potencialmente peligrosos por su resistencia a las dictaduras. La operación, que recibió el nombre del ave emblemática de los Andes, creó una infraestructura de inteligencia multilateral con una oficina central en Chile y sucursales en cada país. El FBI y la CIA participaron en el banco de información, además de proporcionar recursos financieros, sistemas informáticos, dispositivos de comunicación y asistencia organizativa y técnica. McSherry denomina a esta parte oculta del Estado “Estado paralelo” y señala que:

La formación y utilización de estructuras paralelas secretas era parte integral de la guerra contrainsurgente, y el concepto de Estado paralelo proporciona un marco de referencia con el que entender el aparato oculto de terror y control social utilizado por los Estados militares, con la ayuda, financiación y dirección de un poderoso aliado extranjero, el gobierno de Estados Unidos. La Operación Cóndor era el brazo transnacional del Estado paralelo y se ajustaba perfectamente a la doctrina de la contrainsurgencia.⁵⁹

La Operación Cóndor también se valió de grupos de mercenarios y terroristas de extrema derecha para llevar a cabo su labor. Puesto que existen numerosos estudios que detallan las actividades de la coordinadora trasnacional contrainsurgente, no me extenderé en este punto, pero cabe recordar que, a raíz de que en 1992 el abogado Martín Almada descubrió los llamados “archivos del terror” en una comisaría de Paraguay, quedó al descubierto la magnitud de Cóndor.⁶⁰ Aunque no existe un recuento pormenorizado de víctimas, se ha calculado que, en virtud de la información y los recursos compartidos, fueron ejecutadas aproximadamente 50 000 personas, 30 000 fueron detenidas-desaparecidas y al menos 400 000 fueron perseguidas, detenidas, torturadas y encarceladas.⁶¹ Entre las víctimas hubo también ciudadanos europeos, lo que permitió judicializar algunos casos en tribunales internacionales.

Una singularidad notable del caso mexicano es que el concepto de enemigo interno y las estructuras paralelas secretas no sólo se utilizaron contra guerrilleros socialistas sino también contra los cultivadores de droga y los narcotraficantes, aunque de forma más selectiva, en función del nivel de colusión que éstos tuvieran con las corporaciones policiacas y militares. Las campañas antinarcóticas siguieron el mismo guion de las campañas contrainsurgentes, convirtiéndose en una auténtica guerra contra la población campesina pobre.⁶² Otra excepcionalidad es que a los miembros del aparato de seguridad nacional encargado de la contrainsurgencia (DFS, SEDENA y PJF) se les dio un permiso tácito para extorsionar a los narcotraficantes y coludirse con ellos en el cultivo y trasiego de drogas, como una especie de recompensa por su lealtad al régimen y su contribución a la lucha antisubversiva.⁶³ Mario Acosta Chaparro, Francisco Quirós Hermosillo y Francisco Barquín Alonso, tres de los generales más emblemáticos de la Guerra Sucia, a los que se les atribuye haber cometido algunos de los peores crímenes de guerra y de lesa humanidad, como los “vuelos de la muerte,” fueron procesados en 2003 por sus actividades relacionadas con el narcotráfico, las cuales llevaban a cabo desde los años setenta.⁶⁴

Tanto el noroeste mexicano, en particular el área conocida como el Triángulo Dorado o Cuadrilátero de Oro de la Sierra Madre Occidental, como la Sierra del Sur de Guerrero, se convirtieron en casos paradigmáticos del entrecruce de la guerra sucia y la guerra contra las drogas, especialmente a partir de 1969, tras la controversial Operación Interceptación con la que la administración de Nixon cerró la frontera con México para forzar al gobierno de Díaz Ordaz a adoptar la “guerra contra las drogas” un enfoque militarista para abordar un problema que atañía fundamentalmente a la esfera de la salud pública. Entre 1969 y 1988 se llevaron a cabo la Operación Canador (cannabis-adormidera), el Plan Tecpan, la Operación Trizo y, la más violenta de todas, la Operación Cóndor, que entrañó la adopción de un enfoque plenamente contrainsurgente para atacar a las comunidades campesinas de productores de amapola y marihuana. De hecho, la mayoría de los comandantes de la llamada Fuerza de Tarea Cóndor (FTC) eran generales con una amplia experiencia en la “lucha antisubversiva”, principalmente en Guerrero.⁶⁵

La Operación Cóndor comenzó con la administración de López Portillo en 1977 y, aunque abarcó varios estados de la República, se concentró principalmente en el Triángulo Dorado. No hay ningún indicio de que el nombre, las fechas o la ejecución tuvieran alguna correspondencia o vínculo con la Operación Cóndor que por entonces ya se había implementado firmemente en Sudamérica. Al parecer, el nombre de “cóndor” fue usado por ejércitos de diferentes partes del mundo para referirse a operaciones llevadas a cabo en zonas montañosas. No existe a la fecha ninguna investigación que compare México y Sudamérica, pero no deja de ser llamativo el hecho de que los métodos en ambos casos hayan sido prácticamente idénticos y que hubiera habido una coordinación estrecha con el aparato de seguridad nacional de Estados Unidos, en México con la DEA y la CIA, y en Sudamérica con la CIA y el FBI.

El estado de Sinaloa es el que mejor ilustra las similitudes entre lo ocurrido en México y Sudamérica. El periodista Francisco Ortiz Pinchetti, uno de los primeros en realizar periodismo de investigación sobre la Operación Cóndor, definió a Sinaloa como un “trasplante de Sudamérica”.⁶⁶ Ortiz Pinchetti pasaba por alto el hecho de que las campañas contrainsurgentes habían asolado el noroeste desde los años sesenta, en la doble persecución de guerrilleros y narcotraficantes. Aunque los peores abusos contra los derechos humanos de la guerra contra las drogas se produjeron, sin duda, durante la administración de Carter, quien expresó su preocupación por las atrocidades cometidas por la dictadura argentina, pero mostró escaso interés por el caso mexicano.

El politólogo Richard B. Craig resumió las acusaciones más importantes en materia de derechos humanos contra la Operación Cóndor: 1) el uso de herbicidas peligrosos; 2) la incapacidad para proteger a quienes habían atacado la corrupción relacionada con el narcotráfico; 3) la violación de los derechos fundamentales durante el arresto, la detención y el encarcelamiento por delitos relacionados con el narcotráfico, y 4) el desdén de los derechos de los campesinos durante las campañas antinarcóticas en el medio rural.⁶⁷

Los militares contaban con suficiente inteligencia para dirigir sus asaltos sólo contra los clanes del narcotráfico, pero en vez de ello atacaron a la población civil indiscriminadamente. La FTC perpetró de forma sistemática la detención ilegal, la tortura, la violencia sexual, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, el pillaje y la extorsión. Siguiendo una política de tierra arrasada, las tropas destruyeron tanto los cultivos ilícitos como los de subsistencia, saquearon las cosechas almacenadas y quemaron las casas de los campesinos, que constituían su único patrimonio. Como consecuencia, la economía regional quedó devastada y miles de serranos tuvieron que huir de la región.⁶⁸ Por otra parte, existe evidencia de que algunos de los presuntos cultivadores y narcotraficantes fueron arrojados al mar por la DFS y la PJF, sin que se haya hecho jamás una investigación sobre estos “vuelos de la muerte”.⁶⁹

En sus testimonios, los serranos describen cómo los soldados ponían marihuana en sus camiones para que hubiera pruebas falsas para detenerlos y robarles el dinero y los vehículos. Todos los detenidos fueron enviados al Instituto de Rehabilitación Social de Sinaloa (IRSS), donde recibieron condenas de hasta cinco años.⁷⁰ Hubo un uso extensivo de la tortura, a pesar de que la mayoría de los detenidos carecían de información relevante para confesar. Ni siquiera los narcotraficantes tenían información que las autoridades no hubieran podido descubrir empleando métodos profesionales. En otras palabras, la tortura no se empleó como método de investigación, sino como táctica para sembrar el terror entre la población. Las autoridades detuvieron y torturaron a cientos de campesinos inocentes para fingir que la Operación Cóndor era un gran éxito.

En 1978, el Colegio de Abogados Eustaquio Buelna (CAEB) realizó una encuesta a 457 de los 1 300 detenidos en el IRSS: 85% de ellos eran campesinos y obreros pobres, y el 15% restante eran predominantemente jóvenes urbanos. El informe muestra que la PJF y las tropas basadas en Sinaloa, responsables de todas las detenciones, incurrieron en la privación ilegal de la libertad en el 90% de los casos porque los detenidos no fueron capturados en flagrancia y los agentes que los detuvieron no tenían órdenes de aprehensión ni de búsqueda. En todos los casos, las detenciones se llevaron a cabo con una violencia excesiva y fueron seguidas de intensas sesiones de tortura, a pesar de que los detenidos estaban desarmados y no oponían resistencia. Los agentes también saquearon las pertenencias de las víctimas como botín de guerra.⁷¹ Las familias no recibían notificación alguna sobre el paradero de sus seres queridos y tenían que desplazarse a ciudades lejanas para buscarlos.⁷²

El informe del CAEB detalló las diferentes técnicas de tortura que padecieron los campesinos, tales como golpes en todo el cuerpo, vendaje permanente de los ojos, descargas eléctricas en los genitales, asfixia, ahogamiento, ahorcamiento inverso, deshidratación e inanición inducidas, quemaduras y aislamiento. Las mujeres fueron violadas “de forma normal y anormal”, y bebés y niños también fueron torturados delante de sus padres. Algunas prisioneras fueron sometidas a abortos forzados. Muchas víctimas murieron por falta de atención médica tras ser torturadas, mientras que otras sufrieron mutilaciones, fracturas, tumores, pérdida de audición, pérdida de dientes y trastorno de estrés postraumático.⁷³

Los detenidos permanecían aislados de 20 a 40 días en el cuartel de Badiraguato, Sinaloa, o en las celdas de la PJF en Culiacán. Después de firmar confesiones autoinculpatorias, eran trasladados al IRSS, sin tener una defensa adecuada ni un juicio justo. En resumen, las autoridades violaron el debido proceso a cada paso. No hay reportes oficiales de estos abusos porque la mayoría de las víctimas guardaron silencio, se exiliaron o denunciaron sus casos ante la PGR, la misma institución que había violado sus derechos. La única ONG que recibió denuncias por la Operación Cóndor fue Amnistía Internacional, pero ninguna organización nacional o internacional tuvo suficiente peso para denunciar al gobierno mexicano por sus atrocidades.

La política de terror estatal provocó un éxodo masivo en la Sierra Madre Occidental, que de suyo tenía una baja densidad de población antes de la Operación Cóndor, con caseríos o rancherías de 20 a 100 habitantes. Óscar Loza Ochoa, uno de los activistas de derechos humanos más antiguos de Sinaloa, calcula que durante la campaña fueron abandonados hasta 2 000 caseríos en el Triángulo Dorado.⁷⁴ El activista José Luis López Duarte asegura que el número de caseríos despoblados ascendió a 8 000.⁷⁵ Aunque son datos imposibles de verificar, se puede observar que las estadísticas demográficas de los municipios del Triángulo Dorado no mostraron el crecimiento demográfico exponencial del resto del país durante la década de los setenta.⁷⁶ Seguramente no hubo un plan deliberado para despoblar el Triángulo Dorado, pero es evidente que el gobierno no se preocupó en lo más mínimo por el desplazamiento forzado de miles de campesinos de la región.

Mi investigación sobre la Operación Cóndor fue la primera en revelar que ésta amplificó y usó la infraestructura contrainsurgente no sólo contra el narcotráfico sino también contra los grupos guerrilleros.⁷⁷ Por ejemplo, de 1972 a 1975, las fuerzas de seguridad de Sinaloa enviaron a los guerrilleros a las cárceles públicas y el índice de desapariciones forzadas fue aparentemente bajo. En 1976, sin embargo, este patrón cambió. De las 42 desapariciones forzadas que las organizaciones de derechos humanos registraron entre 1976 y 1979, 25 eran de guerrilleros.⁷⁸ Los 17 casos restantes, de policías, soldados y civiles, estaban relacionados con la Operación Cóndor. No es que los grupos guerrilleros se hubieran vuelto más numerosos o activos en esos años, sino que las fuerzas de seguridad tuvieron más recursos a su disposición para invertirlos en el circuito de la desaparición forzada.

En el siglo XXI, las administraciones del PAN y MORENA han reconocido en cierta medida los abusos en materia de derechos humanos de la guerra sucia, pero han soslayado por completo los de la guerra contra el narcotráfico de los años setenta y ochenta. Política y socialmente, ha triunfado la versión oficial que criminalizó a todos los habitantes de la Sierra Madre Occidental y que justificó los excesos contra ellos bajo la idea de que se estaba combatiendo un mal mayor. Sin embargo, al no seguirse en ningún caso el debido proceso, nunca se demostró la culpabilidad de las víctimas. No ha habido una comisión de la verdad, ni institucional ni ciudadana, que investigue los costos sociales de las campañas antidrogas, ni el número de civiles que fueron víctimas de crímenes atroces. El castigo a los responsables de las campañas antidrogas, que fueron a grandes rasgos los mismos de la Guerra Sucia, es uno de los pendientes más grandes de la justicia mexicana.

Derechos humanos y memoria

La Guerra Sucia mexicana, con su correlato de la guerra contra las drogas, fue el único caso en América Latina que pasó desapercibido durante décadas, tanto en la esfera pública doméstica como a nivel internacional.⁷⁹ El memoricidio, definido como la supresión de la memoria colectiva de un grupo exterminado, fue cuidadosamente planeado y orquestado por la SEGOB y tuvo un enorme éxito social, pues logró que las nuevas generaciones ignoraran por completo la existencia de este episodio.⁸⁰ Incluso, durante los años del conflicto, éste no recibió un nombre en particular. Fue en el medio periodístico, en concreto en revistas como Proceso, que se empezó a hablar de la Guerra Sucia para equipararla con las experiencias de terror estatal del Cono Sur.

El concepto de “guerra sucia”, a pesar de haberse convertido en una convención para nombrar a la violencia política de los sesenta y setenta, sigue siendo controversial. Este concepto, originado en el periodismo para describir los métodos del ejército francés contra el Viet Minh, que luchaba por la liberación nacional de Indochina, ha sido utilizado tanto por los ejércitos contrainsurgentes como por los insurgentes para resaltar el carácter excepcional o ilegal de la guerra. En Argentina la Junta adoptó el término para referirse a la lucha antisubversiva, por lo que los activistas de la memoria lo rechazaron denodadamente y lograron impulsar la idea de que no hubo una guerra sino terrorismo de Estado con prácticas genocidas.⁸¹ El problema de este enfoque es que desconoce la importancia de las acciones militares perpetradas por las organizaciones armadas, hasta casi diluirlas. Desde una pretendida neutralidad política, otro marco de memoria trató de impulsar la “teoría de los dos demonios”, que equiparaba la violencia de los grupos insurrectos con la del Estado, desconociendo la profunda asimetría de fuerzas y de marcos ideológicos y morales entre ambos bandos. Conceptos como conflicto armado interno, guerra irregular, asimétrica o de baja intensidad, no han sido socialmente acogidos para reemplazar el de “terrorismo de Estado”.

Al margen de cuestiones semánticas, no se puede pasar por alto que en Argentina hubo una política sistemática de terror de Estado contra civiles desarmados y combatientes derrotados, así como una guerra asimétrica que terminó hacia 1979-1980, con el aplastamiento de la contraofensiva Montonera. Para el caso brasileño es más común encontrar el concepto de los “años de plomo” que el de “guerra sucia,” mientras que en Chile la violencia política parece haber quedado implicada en la categoría de “dictadura militar”. En México, los exguerrilleros han defendido el concepto de guerra sucia para subrayar que le declararon la guerra al Estado y que ésta optó por violar las Convenciones de Ginebra relativas al tratamiento a los prisioneros y heridos de guerra.

Tras la alternancia partidista del año 2000, que llevó al poder al Partido Acción Nacional (PAN, uno de los pocos partidos tolerados durante la era priista), la guerra sucia fue reconocida oficialmente y se convirtió en un tema de interés académico. También se creó la FEMOSPP para judicializar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos. Como puede advertirse, México siguió una pauta muy diferente al resto de los países, no sólo por haber tenido una transición tan tardía a la democracia sino también porque las demandas de memoria, verdad y justicia carecieron de tracción social y todo lo relacionado con la guerra sucia quedó en una especie de limbo, a donde también fueron confinadas las víctimas y los sobrevivientes de las atrocidades.

Está fuera del alcance de este artículo describir las múltiples razones por las que la FEMOSPP fracasó, especialmente en su misión de judicializar los casos denunciados. El 100% de los crímenes de la Guerra Sucia se mantiene en la impunidad hasta la actualidad. Colectivos de víctimas y sobrevivientes han mantenido vivas sus demandas hasta el presente y en 2021 lograron que la administración de Andrés Manuel López Obrador formara la “Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”. Se trata de una especie de comisión mixta, con expertos ciudadanos pero dependiente del gobierno en lo fundamental, a diferencia de otras comisiones que han gozado de autonomía y controles civiles. La mexicana, además, es la última comisión de la verdad que se forma en América Latina para atender esa etapa y su mandato terminará en 2024.

No existe a la fecha ningún censo o investigación demográfica sobre las víctimas de la guerra sucia a nivel nacional, con excepción de los datos que aparecen en el Informe especial sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2001),⁸² y el Informe histórico a la sociedad mexicana ¡Que no vuelva a suceder! elaborado por el equipo de investigación histórica de la FEMOSPP (2006), aunque en ambos casos la información es muy parcial. Debido a estos informes incompletos, ha prevalecido la idea de que la guerra sucia tuvo un saldo final de unos cuantos cientos de víctimas, cuando en la realidad podría tratarse de decenas de miles, como se puede entrever en los archivos desclasificados de la SEGOB y la SEDENA. Las estimaciones de que hubo alrededor de 3 000 víctimas, entre desaparecidos y ejecutados, sólo toman en cuenta los casos denunciados o que trascendieron a la prensa y de ninguna manera incluyen a las víctimas de la guerra contra las drogas de los setenta y ochenta.⁸³ La academia se sumó muy tardíamente a la investigación del tema y, aunque en lo que va del siglo XXI se ha producido una historiografía considerable, no se equipara con el progreso hecho por otros países respecto a sus propios conflictos armados internos.⁸⁴

Es importante remarcar que la larga ausencia de políticas adecuadas de memoria, verdad, justicia y reparación del daño obedece no sólo a las graves omisiones del Estado mexicano sino también a un déficit de interés ciudadano en la materia. La sociedad civil nunca se ha movilizado de forma estratégica para obligar al Estado a hacer un ajuste de cuentas con ese pasado. Puesto que el memoricidio nunca se ha revertido, no se ha hecho algo por memorializar adecuadamente a las víctimas. Las escasas iniciativas al respecto han provenido del activismo de los colectivos de derechos humanos, pero algunas de éstas se han centrado en los líderes o en casos emblemáticos y no en el conjunto de agraviados, por ejemplo, las estatuas erigidas a Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en sus lugares de origen en Guerrero.

El caso de Brasil se asemeja al mexicano en cuanto a que las estimaciones del número total de víctimas han sido bajas, los reclamos de víctimas y sobrevivientes no han contado con un amplio respaldo social y persiste una impunidad total respecto a los crímenes del pasado, debido a la amnistía que se les otorgó a los represores en 1979. Además, la Comisión Nacional de la Verdad (CNV, 2012-2014) se instituyó tardíamente y quizá no hubiera existido de no haber sido por la iniciativa de la presidenta Dilma Rousseff, expresa política y víctima de tortura. La CNV entregó un informe del periodo de 1946 a 1988 muy amplio pero parcial, debido a la falta de cooperación de las fuerzas armadas.⁸⁵ Con motivo del aniversario de los 50 años del golpe militar en 2014, el legado de esa época fue materia de discusión en la esfera pública, dejando entrever que la sociedad sigue dividida al respecto. La comisión comprobó 1 834 casos de tortura, de un estimado de 20 000, así como 434 casos de víctimas de ejecución extrajudicial o desaparición forzada. ⁸⁶

En el caso de Chile, el primer presidente en democracia, Patricio Aylwin, en 1990 decretó la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, presidida por el jurista Raúl Rettig, por lo que al informe final presentado se le conoce como “Informe Rettig” (1991). La CNVR señaló a la DINA como responsable de la mayoría de los más de 2 000 casos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada.⁸⁷ El trabajo de la CNVR dio lugar a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (1992). En 2003, el presidente Ricardo Lagos estableció la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura presidida por monseñor Sergio Valech, la cual trabajó en dos periodos, de 2003 a 2010 y de 2010 a 2011. Sus informes finales -conocidos como “Informes Valech”- contabilizaron un total de 40 018 víctimas, entre ellas 3 065 muertos o desaparecidos y cerca de 37 000 presos y torturados por motivos políticos. A esto hay que sumar la estimación de aproximadamente 200 000 exiliados durante la dictadura.

En Chile, aunque a escala menor, se han llevado a cabo juicios contra agentes de la DINA, el ejército, la fuerza aérea, los carabineros, la policía de investigación y civiles que colaboraron con las labores represivas. El movimiento por los derechos humanos en Chile no tuvo el carácter masivo del argentino y la sociedad chilena por mucho tiempo estuvo polarizada respecto al legado del pinochetismo; no obstante, las políticas de la memoria, tanto oficiales como ciudadanas, han sensibilizado a una parte de la sociedad, al grado de haber posibilitado ciertos avances en el ajuste de cuentas con el pasado represivo.

El caso argentino es el más exitoso de la región en términos de justicia transicional. En 1983, el primer presidente en democracia, Raúl Alfonsín, instituyó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), la cual fue presidida por el escritor Ernesto Sábato y entregó su reporte conocido como ¡Nunca más! o “Informe Sábato” al año siguiente de su creación. La CONADEP recogió evidencia de casi 9 000 casos de desaparición forzada. En lo sucesivo, ha habido una agria disputa en torno a los números, ya que las estimaciones varían de 9 000 a 30 000 víctimas de tortura, ejecuciones y desapariciones.⁸⁸ El “Informe Sábato” también fue fuente de controversia, ya que originalmente parecía haberse inclinado por la “teoría de los dos demonios”. Las organizaciones de derechos humanos lograron revertir ese planteamiento para poner en el centro los derechos de las víctimas. Por la misma razón, consiguieron que el periodo fuese oficialmente denominado “terrorismo de Estado”.

El respaldo social hacia las demandas de las víctimas ha sido el más grande de la región, pues existe una conciencia pública de que el PRN agravió a la sociedad en su conjunto, no sólo a los directamente afectados. Desde el Juicio a las Juntas de 1985, pese a altibajos y retrocesos, Argentina se ha consolidado como el país que ha llevado al banquillo de los acusados a más perpetradores de atrocidades que ningún otro.⁸⁹ Además de las múltiples iniciativas de Estado para memorializar a las víctimas a través de museos, parques, esculturas y placas, también ha persistido un vibrante activismo ciudadano por la memoria y se ha desarrollado una industria cultural del tema, misma que ha producido una cantidad considerable de películas, obras de teatro, libros, pinturas, cómics y otras expresiones artísticas. A pesar de que la sociedad argentina está políticamente dividida, estas iniciativas han logrado generalizar un entendimiento común respecto a los derechos humanos, desde el cual resulta social y moralmente indefendible cualquier justificación de los crímenes de la dictadura.