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Clasificación JEL: A12, C70.
Introducción
Con la publicación de los primeros estudios fundamentados en la hipótesis de la claridad en la responsabilidad del gobierno se puso fin a un periodo en el que el análisis del voto económico se había caracterizado por suponer que los votantes, con independencia de cuál sea la orientación de su decisión electoral, siempre responsabilizan al Ejecutivo de la circunstancia económica del país. La hipótesis de la claridad de la responsabilidad supone que existen factores de índole institucional que dificultan la capacidad de discernimiento de los votantes, incluso pueden llegar a inhabilitarlo para responsabilizar al gobierno de la situación económica del país y de los cambios que ha experimentado la economía particular o familiar.
En este artículo presentamos un modelo que explica la decisión de voto económico de un elector racional, neutral ante el riesgo y que posee incertidumbre al momento de responsabilizar al Ejecutivo. Este individuo votará al partido del gobierno, siempre y cuando la utilidad esperada sea superior a la que le representa el optar por otra fuerza política, y viceversa.
Para analizar si la atribución o no de la responsabilidad al gobierno condiciona la orientación del voto económico de los españoles procedemos, en primer lugar, a realizar cinco contrastes de diferencias por grupos de electores (dos contrastes de estabilidad y tres de heteroscedasticidad). Si aceptamos que podemos segmentar la muestra, a continuación, estimamos un modelo logit binomial, tanto para el colectivo de electores que atribuyen la responsabilidad al gobierno, como para quienes no responsabilizan al Ejecutivo. En la función logística incluimos seis variables exógenas que reflejan el carácter sociotrópico y egotrópico del voto económico, la refinación de los votantes y la influencia de la heterogeneidad de los electores y otros factores contextuales.
Este artículo se estructura en cuatro secciones. En la sección I revisamos las principales aportaciones de la teoría del voto económico. A continuación planteamos un modelo formal de las preferencias del elector y su especificación econométrica. Posteriormente, presentamos los datos y las variables utilizadas en este estudio (sección III). En la sección IV realizamos un conjunto de contrastes y estimaciones que nos permiten analizar si la atribución o no de la responsabilidad al gobierno condiciona el comportamiento electoral de los españoles. El artículo finaliza con las conclusiones que recogen las aportaciones más relevantes de este estudio.
I. Atribución de la responsabilidad y voto económico: revisión
Desde que en 1966 Key formulara la hipótesis de la regla premio castigo, el análisis del voto económico se ha caracterizado por asumir el supuesto de la atribución de la responsabilidad; es decir, los electores, cuando tienen que votar, implícitamente atribuyen la responsabilidad de la situación económica al gobierno. En el decenio de los noventa este programa de investigación experimentó un cambio radical, cuando comenzaron a publicarse los primeros estudios respecto a la claridad en la atribución de la responsabilidad, que asumían que los votantes no siempre perciben que el Ejecutivo es responsable de la situación económica del país y, por tanto, ello puede condicionar la orientación de su voto.
Con independencia de que los electores sean o no capaces de discernir si el Ejecutivo de la nación es responsable, la teoría de voto económico siempre ha defendido que los individuos son racionales y, por tanto, tienen capacidad para responsabilizar (accountability) a los gobiernos; es decir, una vez que han evaluado la actuación gubernamental, si aprueban la gestión realizada por el Ejecutivo terminarán premiando al responsable; por lo contrario, si desaprueban la acción desarrollada por el gobierno optarán por el castigo (Manin, Przeworski y Stokes, 1990, p. 40).
Otra de las características de la teoría de la atribución de la responsabilidad y el voto económico es la pluralidad de paradigmas que cohabitan en el mismo ámbito científico: el voto retrospectivo y prospectivo, egotrópico y sociotrópico, y las teorías de la refinación política, la heterogeneidad del votante y la claridad en la atribución de la responsabilidad. La formulación inicial de la hipótesis de la responsabilidad y la regla premio-castigo es compatible con la teoría del voto retrospectivo. Según Fiorina (1981), “para determinar si los responsables (incumbents) han tenido buenos o malos resultados (economía del país), los ciudadanos solamente necesitan calcular los cambios en su propio bienestar [...]”. Posteriormente, Lewis-Beck (1998) integra la hipótesis de la responsabilidad y la evaluación retrospectiva de la economía del país, reformulando la teoría del voto económico retrospectivo: los electores atribuyen la responsabilidad de la situación económica al Ejecutivo, porque juzgan su acción de gobierno con una visión retrospectiva.
¿Qué sucede cuando los electores racionales no sólo evalúan el pasado sino que también se forman expectativas del futuro económico? Fearon (1998), Kuklinski y West (1981) y Lewis-Beck y Skalaban (1989) se apoyaron en el modelode las expectativas racionales para explicar la decisión final de este votante refinado. Plantean que el voto económico tiene también un carácter prospectivo y que las elecciones no sólo producen responsabilidad, sino que también son un instrumento para seleccionar al mejor de los candidatos (incumbent o challenger). Más allá de que el votante prospectivo sea un individuo refinado, este planteamiento de la teoría del comportamiento electoral postula que sólo existe una élite (minoritaria) de electores que están muy informados y poseen un conocimiento avanzado de la situación económica y política del país; de ahí que Luskin (1987), Sniderman (1993) y Sniderman, Brody y Tetlock (1991) consideren que existen diferentes niveles de refinación en la decisión del votante, que oscilan entre los valores extremos de la alta refinación y la ignorancia absoluta. En lo empírico, Gómez y Wilson (2001) hallan una actitud heterogénea en el carácter refinado del voto: los electores egotrópicos son más refinados que los sociotrópicos, ya que estos últimos suponen que el gobierno es el único responsable, mientras que los primeros consideran que la economía está afectada por la acción de otros actores y fuerzas económicas que escapan del control del Ejecutivo.
El voto económico ¿es retrospectivo o prospectivo?1 Para Downs (1957) la acción de votar es ante todo y principalmente prospectiva, ya que el objetivo de cualquier votante racional es maximizar la utilidad esperada, eligiendo al mejor candidato (incumbent o challenger). Sin embargo, cuando la información disponible es imperfecta, el votan te racional utilizará la información del pasado para formular sus expectativas, con el fin de minimizar el riesgo de su elección. A diferencia de Downs, Lewis-Beck (1998) no constata empíricamente este vínculo entre el voto retrospectivo y prospectivo.
Makuen, Erikson y Stimson (1992) distinguieron dos tipos de votantes que conviven en todo sistema político: los “campesinos”, que se distinguen por ser miopes y retrospectivos a la hora de adoptar su decisión electoral, y los “banqueros”, que siguen el guión marcado por el modelo de las expectativas racionales y, por tanto, son prospectivos. Por lo contrario, Dorussen y Palmer (2002) diferencian entre electores poco y muy refinados: los primeros muestran un escaso interés por las cuestiones relativas a la política económica, poco conocimiento de la economía nacional (Suzuki, 1991) y utilizan la evaluación retrospectiva como un “atajo” informativo que le ayuda a decidir su voto; sin embargo, los muy refinados no utilizan la evaluación retrospectiva como un mecanismo que les permite minimizar el costo en términos de la información que es necesaria adquirir para adoptar una decisión electoral, sino que la incorporan para formar sus expectativas acerca del futuro de la economía del país.
Hay quienes postulan que la atribución de la responsabilidad es el resultado final de un proceso cognitivo, que puede tener una doble motivación: sociotrópica o egotrópica. Kinder y Kieweit (1981) defienden que el voto económico es sociotrópico, es decir, que los electores premian o castigan al gobierno en función de las condiciones generales de la economía. La principal crítica que se hace a este planteamiento es que supone que los votantes tienen información perfecta y completa, lo cual es un supuesto difícil de confirmar empíricamente; de ahí que la hipótesis del voto económico egotrópico (pocket book) se convirtiera en el paradigma de referencia: son las condiciones económicas personales o familiares las que orientan la regla premio-castigo (Nannestad y Paldam, 1997). Abramovitz, Lanoue y Ramesh (1988) han mostrado que la escolaridad es un factor contextual del voto egotrópico, que condiciona la forma y el modo como los electores responsabilizan a las fuerzas políticas y sociales de su situación económica personal o familiar: a medida que los individuos poseen una mayor formación, éstos están más capacitados para percibir la influencia de las políticas articuladas por el gobierno y los cambios que experimenta su fortuna personal.
En los últimos años del siglo XX y primeros del XXI la teoría de la heterogeneidad se ha revitalizado y está adquiriendo una gran relevancia dentro de este programa de investigación. A comienzos del decenio de los ochenta, cuando aún no se había formalizado conceptualmente esta línea de trabajo, Weatherford (1983) concluye que los electores con baja cualificación reaccionan de una manera más severa ante los cambios que se producen en la circunstancia económica de un país. Desde otra perspectiva científica, Hibbs (1977 y 1987) también analiza la actitud asimétrica de los diferentes grupos: los electores de centro-izquierda están más preocupados por el desempleo, mientras que los de centro-derecha tienen una mayor aversión a la inflación; algo similar se observa cuando se compara el comportamiento de los votantes con ingresos medios-bajos, frente a aquellos que poseen una renta media-alta. Krause (1997) atribuye esta asimetría en la atribución de la responsabilidad a que los electores no disponen de una información homogénea y muestran un interés desigual por las cuestiones económicas y la política en general. Por otra parte, Lin (1999) subraya que el voto económico varía de un país a otro (incluso de una región a otra), de una persona a otra y también a lo largo del tiempo. Duch, Palmer y Anderson (2000) y Duch y Palmer (2002) plantean formalmente que las diferencias entre los grupos de electores, sobre todo en lo que respecta a la búsqueda y procesamiento de la información, genera posiciones sistemáticas al momento de evaluar la economía.
En el decenio de los noventa aparecieron los primeros estudios del voto económico en los que se suponía que los electores no siempre atribuyen correctamente la responsabilidad (hipótesis de la claridad en la responsabilidad).2 Powell y Whitten (1993), sin abandonar los modelos de la elección racional y las expectativas racionales, plantean que el voto económico, como mecanismo efectivo que atribuye responsabilidad al (los) partido(s) que respalda(n) la acción de gobierno, está condicionado por el contexto institucional en el que se desenvuelve el elector: si la responsabilidad del Ejecutivo es clara, el voto económico favorecerá las expectativas electorales del partido del gobierno; por lo contrario, cuando el individuo no percibe con claridad dicha responsabilidad, la fuerza política que respalda al Ejecutivo no se verá beneficiada por esta circunstancia. Con base en todo lo anterior, estos autores clasifican los sistemas políticos en dos grupos: para los que la responsabilidad del (los) partido(s) que respalda(n) al gobierno es evidente (el caso de los gobiernos de un solo partido) y para los que no existe tal claridad (ejemplo, gobiernos de coalición).
A diferencia de Powell y Whitten, Samuels (2004) considera que en los regímenes presidencialistas hay que distinguir si se está analizando la atribución de la responsabilidad en las elecciones presidenciales o legislativas. Linz (1990 y 1994), en su análisis de la legitimidad de los sistemas presidencialistas, concluye que este régimen de organización política tiende a confundir a los votantes a la hora de atribuir la responsabilidad, ya que la autonomía que aparenta el Presidente respecto al Poder Legislativo lo inhibe de casi toda responsabilidad. Persson, Rolan y Tabellini (1997), Samuels y Shugart (2003) y Shugart y Carey (1992) cuestionan las conclusiones de Linz, afirmando que los regímenes presidencialistas facilitan la atribución de la responsabilidad, en la medida en que los electores pueden imputársela tanto al Presidente como a los legisladores.
¿Qué puede inducir al votante a no discernir correctamente la responsabilidad del gobierno? Para Samuels (2004) existen tres factores que explican este fenómeno: i) la falta de una opción política capaz de competir electoralmente con el (los) partido(s) que apoya(n) en el Parlamentoal Ejecutivo; ii) las estrategias que aplican los gobiernos para ocultar información acerca de su responsabilidad, y iii) que el Presidente no se presente a la reelección o no mantenga una vinculación política con alguno(s) de los candidatos que le van a suceder en el poder, impidiendo así que los electores puedan sancionarlo. Otros estudios empíricos destacan la importancia de otros factores contextuales, además de los estrictamente institucionales. Dorussen y Palmer (2002) reclaman la necesidad de incluir las circunstancias electorales como una variable más que condiciona la decisión individual de los electores racionales. Norpoth (2002), por su parte, analizó cómo las circunstancias institucionales específicas de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos influyen en la decisión del voto.
La teoría del voto económico ha sido contrapuesta tradicionalmente a la teoría espacial del voto, según la cual los electores votan en función de la posición ideológica de los partidos y la suya propia. En el marco de esta teoría, electores y partidos aparecen caracterizados por sus respectivas preferencias ideológicas (o programas políticos preferidos) y el problema de decisión del elector se concibe como la minimización de una función de distancia respecto a la opción política votada. Así pues, los electores votarán por los partidos o candidatos que se encuentran a menor distancia de su posición ideológica, en términos de los programas políticos que proponen (Enelow y Hinich, 1984).
II. Atribución de la responsabilidad, percepción de las condiciones de la economía e incertidumbre: marco teórico y econométrico
Con carácter general, cualquier decisión electoral que adopta un elector racional se produce en condiciones de incertidumbre, ya que no conoce a priori las consecuencias de las diferentes acciones que puede adoptar. En ese sentido, cuando un individuo manifiesta su intención de voto suele enfrentar dos tipos de incertidumbre: la que proviene de las condiciones económicas del país (pasado, presente o futuro) y la que procede de tener que valorar la responsabilidad del gobierno. La incertidumbre respecto al estado de la economía es producto de que la información disponible es incompleta, pues como puso de manifiesto Downs (1957), el proceso óptimo de búsqueda de información finaliza cuando la utilidad marginal de una unidad adicional es igual al costo marginal de adquirir y procesar esa información. La incertidumbre en la atribución de la responsabilidad proviene de los mecanismos institucionales que hacen que los electores no tengan claro quién es el responsable de la situación económica,3 ya que pueden existir múltiples factores causales en la determinación de las condiciones económicas que observa el elector (Aidt, 2000; Whitten y Palmer, 1999).
Dadas ambas fuentes de incertidumbre, suponemos que los electores tienen una información forzosamente parcial de la economía del país y de otras variables relevantes (Iyengar, 1990) y que enfrentan un problema de decisión en el que la utilidad esperada depende de dos parámetros inciertos (la coyuntura económica del país y la atribución de la responsabilidad al gobierno), de los cuales no tienen información a priori, pero que ha de incorporar de manera explícita en su función de utilidad. Por otra par te, los electores y los partidos políticos tienen preferencias ideológicas, por lo que la utilidad de la elección dependerá igualmente de la distancia ideológica respecto al partido que resulta elegido.
1. Incertidumbre en el estado de la economía con atribución implícita de la responsabilidad
Suponemos, para simplificar, que en cada momento del tiempo existen dos estados posibles de la economía del país, mutuamente excluyentes y extensos, que el elector percibe:
En este planteamiento suponemos que, de acuerdo con el modelo de Downs (1957), los electores emplean la información de que disponen acerca de la gestión del partido en el gobierno para formar sus probabilidades subjetivas de los diferentes estados de la economía. De otro lado, a pesar de que los electores no disponen de información directa de la competencia de los partidos de la oposición en la gestión económica, todavía pueden formar sus probabilidades subjetivas del estado de la economía a partir de experiencias de gobierno en periodos anteriores y del estudio de los programas políticos de cada partido. Este supuesto garantiza que
Dado que todo elector posee información del programa político propuesto por cada uno de los partidos, así como de sus preferencias ideológicas, los electores ubican a los partidos en el espectro ideológico y calculan la distancia ideológica entre ellos mismos y los partidos. Para el caso de un partido
En el supuesto adicional de utilidades aditivamente separables y una función de utilidad homogénea de grado 1 en
Simétricamente, con los mismos supuestos, la utilidad en el caso de que el partido
Proposición 1: En el supuesto de atribución implícita de la responsabilidad al gobierno, un elector
Cuando hay una atribución implícita de la responsabilidad al partido en el gobierno, la decisión del elector
2. Incertidumbre en el estado de la economía con atribución incierta de la responsabilidad
Hasta ahora hemos supuesto que el elector atribuye implícitamente la responsabilidad al gobierno, tal y como supone la teoría del voto económico (Whitten y Palmer, 1999). Pero ¿qué sucederá cuando el votante considera que la situación económica es producto de numerosos factores que no pueden observarse directamente? En este punto introducimos el supuesto adicional de que el elector racional
Cuando el partido en el gobierno no es responsable de la situación económica, la utilidad que obtiene el elector de que dicho partido se mantenga en el poder depende exclusivamente de la distancia ideológica, puesto que la probabilidad
Simétricamente, según los supuestos anteriores, la utilidad que obtiene el elector
Proposición 2: En el supuesto de incertidumbre en la atribución de la responsabilidad por la situación económica al partido en el gobierno, un elector
El resultado anterior implica que, conforme la atribución subjetiva de la responsabilidad al gobierno
En nuestro planteamiento la decisión de voto del elector consta de dos etapas. En la primera de ellas el elector estima las probabilidades subjetivas de que el partido en el gobierno sea efectivamente responsable por la situación económica. En la segunda el elector evalúa las probabilidades de cada estado de la economía con otros gobiernos y se posiciona ideológicamente, calculando la distancia que lo separa respecto a cada opción política. A partir de ahí, decide votar por aquel partido que le proporciona la mayor utilidad esperada.
Al momento de contrastar el modelo de atribución incierta de la responsabilidad con el modelo de atribución implícita analizamos dos situaciones extremas: el caso de la atribución cierta de la responsabilidad
Como corolario de todo lo relatado en este epígrafe se extrae que la decisión de voto de los electores que atribuyen la responsabilidad con certeza difiere respecto a quienes no responsabilizan al gobierno. Una vez que los electores atribuyen de manera consciente la responsabilidad al partido en el gobierno, con una probabilidad subjetiva
3. Especificación econométrica del modelo
La utilidad que un elector
en el que
A partir de la expresión (3) calculamos la probabilidad de que el elector decida votar al partido del gobierno
en la que
Si suponemos que la distribución acumulada de
La interpretación de los coeficientes
III. Variables y datos
Las variables y los datos utilizados para estimar el modelo logit binomial (5) proceden del estudio 2307 del Banco de Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). A partir de esta base de datos se han generado dos submuestras de electores: los que atribuyen la responsabilidad al gobierno y quienes no responsabilizan al Ejecutivo. La variable endógena
También hemos incluido seis variables exógenas que reflejan el carácter sociotrópico y egotrópico del voto económico, la refinación de los votantes españoles y el efecto de la heterogeneidad de los electores y otros factores contextuales en el comportamiento electoral. Para analizar el carácter sociotrópico del voto económico hemos considerado dos variables explicativas: la evaluación retrospectiva y prospectiva de la situación económica del país. La primera variable toma el valor −1 cuando el elector opina que la situación actual es peor, si se compara con la coyuntura económica del año anterior, adopta el valor 0 si afirma que la situación sigue igual y toma el valor 1 cuando opina que la situación actual es mejor que la pasada. La evaluación prospectiva de la situación económica del país adopta el valor −1 si el elector opina que dentro de un año la economía del país estará peor que en la actualidad, 0 cuando afirma que no experimentará cambios y 1 si opina que mejorará.
Respecto al voto económico egotrópico también diferenciamos entre la evaluación retrospectiva y prospectiva. La primera variable adopta el valor −1 cuando el elector opina que la situación económica particular o familiar ha empeorado, si se compara con la de un año antes, 0 si percibe que nada ha cambiado y 1 si considera que su situación económica familiar ha mejorado a lo largo del pasado año. La evaluación prospectiva de la situación familiar adopta el valor −1 cuando el elector percibe que la economía familiar va a empeorar en el próximo año, 0 si opina que la coyuntura económica particular no experimentará cambios y 1 si considera que la coyuntura económica familiar va a mejorar.
Además de las variables sociotrópicas y egotrópicas también incluimos dos variables explicativas que reflejan la heterogeneidad del elector: la escolaridad y la ideología. En la primera variable se han diferenciado cuatro niveles: estudios básicos, primarios,... (0), bachiller elemental, superior y formación profesional (1), estudios diplomados, arquitectura e ingeniería técnica (2) y licenciados, posgrado y doctores (4). La ideología es una variable discreta que varía entre −4 (es la posición que ocupa el votante de extrema izquierda) y el valor 4 (es el punto del espectro ideológico en el que se ubica el elector de extrema derecha).7 Además de la educación y la ideología también especificamos otros factores explicativos que reflejan la heterogeneidad de los votantes españoles: la edad8 y la actividad.9 Al final, fueron eliminados por razones estrictamente estadísticas, ya que no eran significativas a nivel individual.
Junto a las variables explicativas anteriores también incluimos tres factores contextuales del entorno político: la evaluación retrospectiva y prospectiva de la situación política del país y el liderazgo del Presidente del gobierno. La primera variable toma el valor −1 cuando el elector opina que la situación actual es peor, si se compara con la coyuntura política del año anterior, adopta el valor 0 si afirma que la situación sigue igual y toma el valor 1 cuando opina que la situación actual es mejor que la pasada. La evaluación prospectiva de la situación política del país adopta el valor −1 si el elector opina que dentro de un año el entorno político del país estará peor que en la actualidad, 0 cuando afirma que no experimentará cambios y 1 si opina que mejorará. El liderazgo del Presidente del gobierno es una variable discreta que varía entre 0 (valor mínimo) y 10 (valor máximo). Estas tres variables del entorno político también fueron eliminadas por razones estrictamente estadísticas, ya que no eran significativas a nivel individual y, además, generaban un problema de sobreparametrización del modelo.
No podemos concluir este apartado sin hacer una breve referencia a los datos utilizados. Como se dijo al inicio de este apartado, los 947 individuos que conforman la muestra seleccionada (841 electores atribuyen la responsabilidad al gobierno y 106 votantes no responsabilizan al Ejecutivo) se han seleccionado del estudio 2307 del CIS. Se trata de una encuesta de ámbito nacional realizada en octubre de 1998, con un tamaño de 2 490 entrevistas. El procedimiento de muestreo utilizado por el CIS es polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades muestrales finales por vías aleatorias.
IV. Atribución de la responsabilidad y voto económico
El objetivo en esta sección es analizar si la atribución o no de la responsabilidad al gobierno de la nación condiciona la orientación del voto económico, adoptando como referencia empírica el caso de España. Ello nos obliga a realizar, en primer lugar, algunos contrastes con el fin de diagnosticar si existen diferencias significativas entre aquellos que responsabilizan al Ejecutivo de la situación económica y quienes no lo hacen. Si aceptamos la hipótesis de que ambos grupos presentan un comportamiento electoral diferenciado, entonces procederemos a estimar por separado el modelo logit binomial (5) de ambos colectivos.
Como se dijo en la sección anterior, los datos utilizados proceden de una encuesta realizada en octubre de 1998. Ese año tuvo una importancia singular para la economía española, ya que en mayo se aprobó la participación de España (junto con otros diez países europeos) en la Unión Económica y Monetaria (UEM). La incorporación al núcleo de fundadores de la UEM, tras haber cumplido satisfactoriamente los criterios de convergencia establecidos, fue un éxito muy importante. Transcurridos los dos primeros años de la legislatura la economía estaba en una fase expansiva: desde 1996 el PIB crecía a tasas interanuales superiores a 3%, el desempleo había descendido a un ritmo interanual de casi 3%, el déficit público en términos del PIB se situó por debajo de −2% y la tasa de interés practicada por la autoridad monetaria era inferior a 3%. El Fondo Monetario Internacional (1996) certificaba en su informe anual la capacidad del gobierno de España para consolidar el proceso de recuperación que comenzó en la segunda mitad de 1996, distanciándose y diferenciándose así de otros países de su entorno.
1. Contrastes de diferencias por grupos de electores: Votantes que atribuyen la responsabilidad al gobierno y quienes no lo hacen
Para diagnosticar si existen diferencias entre las submuestras de electores que atribuyen la responsabilidad al gobierno y quienes no responsabilizan al Ejecutivo, planteamos dos contrastes de estabilidad: el de la distribución F, cuando el vector de parámetros de los dos grupos son diferentes (Chow, 1960),10 y el de la distribución F predictivo, cuando el número de observaciones es insuficiente para estimar las regresiones de ambos grupos por separado (Fisher, 1970).11 Para realizar este último contraste suponemos que la varianza es la misma en las regresiones estimadas con las dos submuestras de electores; pero si este supuesto no se verifica, entonces el modelo restringido será heteroscedástico y es muy probable que sobreestimenos el nivel de significación del contraste F predictivo (Schmidt y Sic kles, 1977; Ohtani y Toyoda, 1985, y Toyoda y Ohtani, 1986). Si la muestra es grande, una manera de resolver el problema es realizar el contraste de heteroscedasticidad por grupos de Davidson y MacKinnon (1985),12 a partir de los estadísticos cociente de verosimilitud, multiplicador de Lagrange y Wald (Greene, 1999).
El contraste F pone de manifiesto que no existen diferencias significativas entre los electores que atribuyen la responsabilidad al gobierno y quienes no lo hacen (cuadro 1). Por lo contrario, la prueba F predictiva concluye todo lo contrario, es decir, que el comportamiento electoral de ambos grupos sí es diferente. Al igual que los contrastes de estabilidad, las pruebas de heteroscedasticidad por grupos tampoco son unánimes en la diagnosis: el estadístico multiplicador de Lagrange nos lleva a aceptar la hipótesis de homoscedasticidad, mientras que las pruebas cociente de verosimilitud y Wald evidencian todo lo contrario, es decir, que existe heteroscedasticidad por grupos de electores.
Cuadro 1 Contrastes de diferencias por grupos de electores: Votantes que atribuyen la responsabilidad al gobierno y quienes no responsabilizan al Ejecutivo
| Contrastes de estabilidad |
| Contraste F: F(8, 935) = 0.20339267 |
| Contraste F Predictivo: F(106, 835) = 7.99807889 |
| Contrastes de heteroscedasticidada |
| Cociente de verosimilitud = 25.2914 |
| Multiplicador de Lagrange = 0.34264273D-17 |
| Wald: 90.511738 |
a El valor de estos estadísticos se calcula a partir de la estimación del modelo probit homoscedástico y heteroscedástico (por grupos) del voto económico en España (cuadro A1).
2. Análisis del voto económico
A partir de los contrastes realizados en la subsección anterior hemos procedido a dividir la muestra en dos grupos: los electores que atribuyen la responsabilidad de la situación económica al gobierno y quienes no lo hacen. Ambas submuestras son homogéneas, si bien es cierto que entre quienes atribuyen la responsabilidad hay más electores que manifiestan su predisposición a votar al partido en el gobierno (44.8%); mientras que en el otro grupo las expectativas de voto del PP no superan 40.6 por ciento.
Por otro lado, quienes atribuyen responsabilidad al gobierno también tienden a tener una mejor opinión de la situación económica familiar y nacional, tanto retrospectiva como prospectiva. El 52.7% de los que atribuyen la responsabilidad al Ejecutivo piensan que su situación económica familiar futura será mejor, sin embargo, este porcentaje desciende hasta 44.3 en el colectivo que no responsabiliza al gobierno. Del mismo modo, 40.8% de los que atribuyen la responsabilidad al Ejecutivo manifiestan que la situación económica del país será mejor dentro de un año; por lo contrario, entre quienes no responsabilizan al gobierno sólo 26.4% de los encuestados opina lo mismo. Los grupos de electores que atribuyen la responsabilidad al gobierno y quienes no lo hacen también son homogéneos en cuanto a la distribución por escolaridad y su posición ideológica, siendo el valor modal de ambas variables el colectivo que posee estudios secundarios y se autocalifica de centro (valor 0 de la escala del espectro ideológico).
Para la estimación del modelo logit binomial (5) utilizamos el método de máxima verosimilitud. Optamos por aplicar el algoritmo de Newton para resolver el problema de maximización de la función de verosimilitud, dado que ésta es cóncava. En el grupo que atribuye la responsabilidad al gobierno se necesitaron 11 interacciones para alcanzar el óptimo, mientras que en el caso de quienes no lo responsabilizan fueron necesarias 14 interacciones (cuadro 2).
Cuadro 2 Modelo logit del voto económicoa
| Variables exógenas | Variable dependiente: votar o no al gobierno | |
|
Submuestra: atribuye responsabilidad al gobierno Coeficientes |
Submuestra: no atribuye responsabilidad al gobierno Coeficientes |
|
| Situación económica país retrospectiva | .3900** (.1908) |
.8320 (.5141) |
| Situación económica país prospectiva | .4746** (.2292) |
.9985 (.7748) |
| Situación económica familiar retrospectiva | −.03191 (.1758) |
.3171 (.5257) |
| Situación económica familiar prospectiva | .1285 (.2270) |
.1732 (.7249) |
| Escolaridad | .1525*** (.08840) |
−.5892* (.2285) |
| Ideología | 2.3741* (.2564) |
1.2241* (.2875) |
| Tamaño muestral | 841 | 106 |
| Logaritmo función verosimilitud | −277.5537 | −39.38548 |
| Logaritmo función verosimilitud restringido | −578.4287 | −71.57545 |
| χ2 | 601.7501 | 64.37995 |
| Grados libertad | 5 | 5 |
| Número de condición Belsley | 17.4356 | 18.9965 |
| Índice cociente de verosimilitud | 0.52 | 0.44 |
| Predicciones correctas | 85.25% | 83.96% |
| Índice predicción intuitivo | 50.41% | 60.37% |
a Entre paréntesis aparece el error estándar de los coeficientes estimados. *, ** y *** denotan el nivel de significación (ρ−value) de 1, 5 y 10%, respectivamente.
Los resultados de las estimaciones muestran que las valoraciones de la situación económica familiar retrospectiva y prospectiva no son significativas en ninguna de las submuestras (cuadro 2). A diferencia de la valoración egotrópica, los coeficientes estimados de las demás variables explicativas corroboran que existen diferencias en el comportamiento electoral de ambos grupos de electores, como se infiere del análisis de los niveles de significación individual de los coeficientes estimados: en el caso de quienes atribuyen la responsabilidad todas las variables explicativas son significativas, excepto la valoración egotrópica (retrospectiva y prospectiva); sin embargo, entre quienes no atribuyen la responsabilidad al gobierno las únicas variables que afectan significativamente la decisión de los electores son la escolaridad y la ideología. Las diferencias en el comportamiento electoral de los dos colectivos también se manifiestan en el signo del coeficiente estimado de la valoración retrospectiva de la situación económica familiar y la escolaridad: en el caso de quienes atribuyen la responsabilidad al gobierno la probabilidad de votar al partido en el gobierno aumenta a medida que los electores poseen una mayor escolaridad; por lo contrario, entre los que no responsabilizan al Ejecutivo, las expectativas electorales del PP disminuyen.
Al margen de las pruebas de significación individual hemos realizado tres contrastes de especificación: i) omisión de variables relevantes, ii) significación de un subconjunto de coeficientes y iii) heteroscedasticidad subyacente por grupos de electores. Para el contraste de omisión de variables calculamos los estadísticos del multiplicador de Lagrange, Wald y cociente de verosimilitud, incluyendo en el modelo logit binomial otros factores explicativos del entorno político (la valoración retrospectiva y prospectiva de la situación política del país y el liderazgo del Presidente del gobierno) y una variable adicional que refleja la heterogeneidad del votante (la actividad del elector). De este contraste se infiere que no incurrimos en ningún error de especificación al no incluir estos factores explicativos en las estimaciones realizadas para ambas submuestras de electores.13
Para contrastar la significación conjunta de las variables explicativas utilizamos la prueba de Wald. A la luz de este contraste se concluye que no podemos omitir, en bloque, las variables explicativas relativas al voto sociotrópico (retrospectivo y prospectivo), la refinación del elector, la heterogeneidad del votante y el efecto del entorno político en la orientación del comportamiento electoral.14
Como reseñamos líneas arriba, el análisis de la especificación del modelo estimado culmina con el contraste de heteroscedasticidad subyacente por grupos.15 Calculamos la prueba del multiplicador de Lagrange para los 25 grupos de electores que se pueden configurar a partir de las variables explicativas especificadas. En ninguno de los casos podemos aceptar la hipótesis de heteroscedasticidad.16 Además de los contrastes de especificación, también realizamos una prueba de multicolinealidad, basado en el número de condición Belsley (cuadro 2). El valor de este estadístico pone de manifiesto que no existe multicolinealidad entre las variables explicativas de los modelos logit estimados.
También contrastamos la solidez de las estimaciones realizadas, adoptando como referencia otro modelo paramétrico de elección discreta binaria: el probit. En el caso de quienes atribuyen la responsabilidad al gobierno el signo de los coeficientes individuales estimados coincide, excepto en el caso de la valoración egotrópica retrospectiva, aunque la magnitud de los mismos difiere (cuadro A2 del apéndice). Sin embargo, en la submuestra de los que no responsabilizan al Ejecutivo, el signo de los coeficientes individuales coincide, pero al igual que en el caso anterior la magnitud también es diferente.
No podemos finalizar la evaluación de las estimaciones realizadas sin analizar la bondad de los ajustes. En la submuestra de quienes atribuyen la responsabilidad el índice del cociente de verosimilitud es igual a 0.52, la función estimada predice correctamente 85.25% de las observaciones y el índice de predicción intuitivo, para el valor 0 de la variable endógena,17 es igual a 44.77% (cuadro 2). En el caso de quienes no responsabilizan al Ejecutivo, estos tres indicadores de bondad del ajuste alcanzan los valores de 0.44, 83.96 y 60.37%, respectivamente.
De los contrastes analizados en la subsección IV.1 se concluye que existen diferencias entre la submuestra de votantes que atribuye la responsabilidad al gobierno y quienes no responsabilizan al Ejecutivo de la nación, evidenciándose así la primera hipótesis que planteamos en la sección II de este artículo: no debemos asumir que el elector, cuando aplica la regla premio-castigo, atribuye de manera implícita la responsabilidad de la situación económica al gobierno; por tanto, existe una probabilidad
Las estimaciones realizadas para el caso de España también confirman la segunda hipótesis pertinente que planteamos en la sección II: la atribución consciente de la responsabilidad afecta la probabilidad de votar (o no) al partido en el gobierno y, por tanto, condiciona la orientación del voto económico. Una vez aceptada la hipótesis de que existen diferencias significativas entre los que responsabilizan al Ejecutivo y quienes no lo hacen, estimamos un modelo logit binomial (5) para cada una de las submuestras de electores y simulamos las expectativas de voto del partido en el gobierno, en relación con el resto de las opciones políticas que compiten con él, con diferencias significativas entre ambos grupos: en el caso de quienes atribuyen la responsabilidad al gobierno de la nación, la probabilidad de que un elector i-ésimo vote al PP supera el 46%, mientras que entre el colectivoque no responsabiliza al Ejecutivo, este porcentaje desciende hasta 38.20.
El hecho de que en España el elector i-ésimo atribuya de manera consciente, con una probabilidad
Cuadro 3 Efectos marginales del voto económicoa
| Variables exógenas | Variable dependiente: votar o no al gobierno | Valor medio de la muestra | |
|
Submuestra: atribuye responsabilidad al gobierno Efecto marginal |
Submuestra: no atribuye responsabilidad al gobierno Efecto marginal |
||
| Situación económica país retrospectiva | .0877** (.0443) |
.1920 (.1328) |
.2482 |
| Situación económica país prospectiva | .1067** (.0543) |
.2304 (.16704) |
.2788 |
| Situación económica familiar retrospectiva | −.0072 (.0415) |
.07317 (.1137) |
.0866 |
| Situación económica familiar prospectiva | .0289 (.0521) |
.03996 (.1362) |
.4329 |
| Educación | .0343 (.0210) |
−.1360** (.0649) |
1.0074 |
| Ideología | .5338* (.0353) |
.2825* (.0592) |
−.4604 |
a Entre paréntesis aparece el error estándar de los efectos marginales estimados. *, ** y *** denotan el nivel de significación (ρ−value) de 1, 5 y 10%, respectivamente.
Desde la perspectiva de la teoría del voto económico, el votante español que atribuye la responsabilidad al gobierno es racional, ya que maximiza su utilidad responsabilizando (accountability) al gobierno: lo premia, en la medida que aprueba la gestión realizada y lo castiga votando al competidor, si desaprueba la acción desarrollada. Como dijimos líneas arriba, el elector español que atribuye la responsabilidad al gobierno también tiene un comportamiento heterogéneo, que viene determinado por dos factores explicativos: la escolaridad y la ideología. La probabilidad de voto del PP aumenta 0.0343, a medida que los votantes poseen una mayor escolaridad (cuadro 3).
La ideología es la variable explicativa que más condiciona la orientación individual del voto económico de los españoles: a medida que los votantes que responsabilizan al Ejecutivo se ubican infinitesimalmente más hacia la derecha del espectro ideológico, las expectativas de voto del PP aumentan 0.5338; y viceversa, cuando el individuo se sitúa más hacia la izquierda (cuadro 3). A diferencia de Kinder y Kieweit (1981), podemos concluir que la aplicación de la regla premio-castigo que realizan los electores españoles que atribuyen la responsabilidad al gobierno es el resultado final de un proceso que se basa en un factor que refleja la heterogeneidad de los votantes (la ideología) y tiene una motivación objetiva (valoración sociotrópica de la economía). También hemos descubierto que la evaluación egotrópica retrospectiva y prospectiva no es significativa al explicar el voto económico de los que responsabilizan al Ejecutivo.
Las estimaciones del modelo logit binomial (5) prueban que los electores que no responsabilizan al Ejecutivo de la situación económica del país, contrariamente a lo que podría inferirse del axioma de sustitución, tienen un comportamiento electoral muy diferente, si se compara con la actitud política de quienes atribuyen la responsabilidad al gobierno. No son votantes sociotrópicos ni egotrópicos y, por extensión, tampoco podemos afirmar que sean electores refinados, en tanto que su decisión electoral no se fundamenta en la evaluación retrospectiva y prospectiva de la economía del país. Sólo podemos inferir que se trata de un votante heterogéneo, cuya decisión está determinada fundamentalmente por la ideología y, en menor medida, por la escolaridad (cuadro 2). A medida que el elector se ubica, infinitesimalmente, más a la derecha del espectro ideológico la probabilidad de voto del partido PP sólo aumenta 0.2825, y viceversa, cuando se sitúa más hacia la izquierda (cuadro 3).
A diferencia de lo que sucedía en el caso de quienes atribuyen la responsabilidad al gobierno, la escolaridad es una variable explicativa que perjudica la esperanza electoral del partido en el gobierno, cuando los electores no responsabilizan al Ejecutivo de la situación económica del país: la probabilidad de voto del PP disminuye -0.1360 a medida que el votante posee una mayor formación (cuadro 3).
Conclusiones
La teoría del voto económico ha ido decantando un modelo complejo que explica la decisión de un elector racional, basado en el supuesto de que éste atribuye de manera implícita la responsabilidad de la situación económica al gobierno. Si bien dicho modelo ha funcionado de manera aceptable en muy diferentes contextos económicos, políticos e institucionales, como muestra el gran volumen que representa la bibliografía del tema, lo cierto es que existe un déficit de formalización teórica en este planteamiento que afecta algunos de sus supuestos esenciales. En este trabajo nos hemos centrado en la cuestión de la atribución de la responsabilidad al gobierno como una variable implícita, con el objetivo demostrar que dicha variable no puede darse por supuesta.
Teóricamente hemos mostrado que el grado de atribución de la responsabilidad al gobierno condiciona la influencia de la situación económica prospectiva en la decisión de voto. Sólo cuando los electores atribuyen la responsabilidad al Ejecutivo, ésta puede condicionar su decisión de voto. Si los electores piensan que el gobierno no es responsable, entonces su decisión de voto no estará condicionada por las expectativas acerca de la situación económica, pero sí se verá influenciada por la distancia ideológica con el programa político propuesto por los diferentes partidos. Esta conclusión es incompatible con la premisa básica de la teoría del voto económico, según la cual la percepción de la situación económica condiciona la decisión de voto porque los electores están atribuyendo implícitamente la responsabilidad al partido en el gobierno. Como ha quedado probado, esta hipótesis sólo es válida para los electores que tienen certeza de la responsabilidad de la situación económica, siendo éste un caso particular de una teoría general en la atribución incierta de la responsabilidad, cuyas consecuencias es necesario seguir estudiando teórica y empíricamente.
Como se infiere de la proposición 2, los electores que atribuyen con certeza la responsabilidad al partido en el gobierno fundamentan su decisión de voto en la valoración prospectiva y retrospectiva de la situación económica, a la vez que tienen en cuenta la distancia ideológica con el partido en el gobierno. Estos electores consideran tanto la situación prospectiva como retrospectiva de la economía, dado que la información retrospectiva es también un indicador de la competencia del partido en la gestión económica (Downs, 1957). Por lo contrario, los que no atribuyen la responsabilidad al partido en el gobierno no tienen en cuenta la evaluación de la situación económica futura a la hora de votar, ni tampoco la percepción de la situación económica en el pasado condiciona sus preferencias electorales. Para estos electores, la decisión de votar o no por el partido en el gobierno depende, sobre todo, de la distancia ideológica relativa respecto a las diferentes opciones políticas. Por este motivo, es preciso diferenciar entre los electores que atribuyen o no la responsabilidad al gobierno, puesto que sus pautas de decisión electoral difieren considerablemente. En esencia, sólo podremos hablar de voto económico entre el grupo de los que atribuyen la responsabilidad, dado que es la única porción del electorado que tiene en cuenta las variables económicas al momento de adoptar su decisión. En el grupo que no atribuye la responsabilidad no se produce voto económico, puesto que la percepción de la situación económica no influye en su comportamiento electoral.
Los resultados empíricos de este estudio muestran que los electores responsabilizan al Ejecutivo conscientemente y, por tanto, no se puede seguir manteniendo que se trata de una acción implícita que no influye en la decisión de los votantes, como defiende la teoría tradicional del voto económico. Es obvio que la atribución o no de la responsabilidad no genera una utilidad directa para el elector, pero sí es necesario incorporarla como un efecto indirecto que influye en la función de utilidad del votante, como se infiere de los resultados empíricos relatados en la sección anterior. Así pues, consideramos que es necesario replantear la regla premio-castigo incorporando la atribución de la responsabilidad como un factor que condiciona la decisión de voto económico.
En segundo lugar hemos constatado que la atribución de la responsabilidad no sólo afecta a la decisión del votante sino que también condiciona el efecto de los factores que explican el comportamiento electoral. Por último, hemos probado que la ideología es un argumento de la función de utilidad del votante que la teoría tradicional del voto económico había obviado y que nosotros hemos comprobado que es clave para explicar el comportamiento electoral de los que no responsabilizan al Ejecutivo de la situación económica del país.
Del marco teórico planteado en la sección II y de los resultados empíricos relatados en la IV se infiere que la teoría del voto económico ha de derivar hacia el conocimiento de los mecanismos cognitivos que operan en el elector y en los procesos mentales que intervienen en su decisión. Dado el carácter selectivo y restringido de la información que poseen y utilizan los individuos a la hora de decidir su voto (Iyengar, 1990), no parece apropiado continuar planteando modelos basados sólo en el supuesto de racionalidad perfecta del elector (Brennan y Hamlin, 1998), es decir, suponiendo que el votante adopta la decisión que le permite maximizar su utilidad. En esta necesidad de conocer los mecanismos cognitivos del elector pueden ser más útiles modelos que no exigen al elector una racionalidad perfecta y le permiten desarrollar un juicio de manera secuencial, al estilo de los modelos de la racionalidad limitada.
