Introducción

Mi intención en el presente texto es hacer un recorrido por los diferentes momentos de la vida política, económica y social brasileña desde que el neoliberalismo fincó raíces en el país a principios de la década de los noventa. A partir del rescate y el análisis de las principales políticas públicas, mi objetivo es demostrar cómo, a pesar de ser posible identificar la obstinada persistencia del ideario neoliberal ―principalmente en la dimensión macroeconómica―, en los momentos en que la resistencia política fue lo suficientemente fuerte para llevar fuerzas progresistas al gobierno y garantizar apoyo institucional, el país fue al mismo tiempo palco de notables avances sociales.

Por sus particularidades históricas y políticas, Brasil fue alcanzado relativamente tarde por el neoliberalismo. Mientras que Chile, Argentina y México fueron, desde la transición de la década de los setenta hasta los años ochenta, los grandes laboratorios de experimentos neoliberales en América Latina, en Brasil la cronología fue diferente. En primer lugar, porque los mismos militares que gobernaban el país tenían poca simpatía por las tesis neoliberales y se orientaban hacia una perspectiva conservadora nacional desarrollista para conducir el país, en la cual el sector productivo estatal actuaba como pivote central.² En segundo lugar, porque la propia lucha de resistencia y las movilizaciones políticas y sociales que llevaron al fin de la dictadura militar en 1985 enarbolaban banderas progresistas ―en gran medida inspiradas en la experiencia de centro izquierda europea― que serían asimiladas por el proceso constituyente de 1987-1988, con el cual se inscribió en la Carta Constitucional de 1988 un diseño bastante ambicioso de un Estado social de carácter universalista y dirigente. Gracias a este conjunto de factores fue posible retrasar durante tal vez una década el aterrizaje completo del neoliberalismo en Brasil.

Es verdad que algunas medidas del libro de preceptos neoliberal ya se podían notar desde principios de la década de los ochenta ―principalmente en lo que respecta a las sucesivas vueltas de ajustes fiscales exigidos como contraparte de los planes de rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI)― y, más claramente, después del corto y tumultuoso mandato de Fernando Collor de Mello (1990-1992). Pero fue principalmente con los dos gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) cuando el neoliberalismo se instaló de manera más amplia y profunda en el país.

Después de una crisis inflacionaria crónica y prolongada que por más de una década mantuvo la tasa de inflación anual por arriba de los tres dígitos, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC) nació con el signo del Plan Real, un programa bastante osado de estabilización monetaria que se fundamentaba en el anclaje de la moneda brasileña con el dólar estadunidense. Con el Real la inflación crónica fue finalmente vencida, pero a costa de un acelerado desmantelamiento de la estructura productiva nacional. A fin de mantener los precios domésticos bajo control, la moneda brasileña fue artificialmente valorizada y anclada al dólar; los intereses de los títulos públicos se mantuvieron en niveles muy elevados;³ las tarifas aduanales fueron reducidas de forma abrupta y lineal; las cuentas de la balanza de pagos fueron liberalizadas, y diversas empresas estatales fueron privatizadas (^{Filgueiras, 2006}).

En consecuencia, pari passu a la implantación de los mandatos del Consenso de Washington en el país, la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) se estacionó en niveles límite demasiado bajos (promedio anual de 2.5%) y la participación de la industria de la transformación en el producto nacional se redujo casi a la mitad (de 26.8% en 1993 a 14.5% en 2002) (^{Ipeadata, 2022b}). En el ámbito del mercado de trabajo, mientras que el desempleo creció de forma acentuada, al registrar en las áreas metropolitanas un salto de 8.3% en 1995 a 13.5% en 2002 (^{Ipeadata, 2022a}), la precarización de los ocupados se expresó por medio de la expansión del trabajo por cuenta propia y la informalidad laboral, resultantes, en gran medida, de la combinación de los procesos de rápida contracción del tejido industrial y del avance de la tercerización viabilizada por reformas legales que flexibilizaron las normas laborales (^{Oliveira, 2017}; ^{Baltar, 2003}; ^{Cacciamali, 2003}).

Al final del gobierno de FHC, el fracaso del neoliberalismo era evidente y se manifestaba en varias dimensiones concretas de la vida nacional.⁴ No por otra razón, Lula da Silva, un líder sindical que representaba como nadie la lucha y la resistencia de los trabajadores desde el periodo militar y que ya había disputado y perdido tres elecciones presidenciales, en 2002 venció al candidato del gobierno José Sierra, que enarbolaba la bandera del neoliberalismo, con un cómodo margen de votos (61.27 contra 38.73 por ciento).

I. Los embates entre el social desarrollismo y el rentismo cosmopolita

No hay duda de que la inflexión política de 2002-2003 siempre será vista como un marco histórico de la bisiesta democracia brasileña. Mientras tanto, aunque el partido de FHC haya sido derrotado estruendosamente y las urnas hayan marcado, en aquel cuadro de la historia, la fuerte objeción de la población brasileña a las banderas neoliberales, es necesario considerar que los nódulos de poder real,⁵ la clase rentista y los intereses de las finanzas se mantuvieron activos y muy influyentes; así se restringieron de manera sensible los grados de libertad de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) que se avecinaban.⁶

Muy pronto, el primer mandato de Lula da Silva (2003-2006) fue bastante conservador en el ámbito económico, pues mantenía, y hasta se diría que profundizaba, algunas políticas económicas de corte neoliberal. Con ajustes fiscales recurrentes,⁷ valorización cambiaria y mantenimiento de intereses básicos elevados,⁸ aquel primer mandato del gobierno del PT puede considerarse como una cierta continuidad del neoliberalismo, sin embargo, atenuado por algunas políticas sociales progresistas.⁹ Mientras tanto, gracias al escenario externo favorable asociado con el boom de las commodities y, de manera interna, con la expansión del consumo de las clases pobres beneficiadas por las políticas redistributivas, la economía logró crecer a una tasa media de 3.5% anual, es decir, casi un punto porcentual por arriba de aquella que se había registrado durante los ocho años del gobierno neoliberal de FHC (véase el Cuadro 1).

Tan sólo en el segundo mandato de Lula da Silva (2007-2010) puede observarse más claramente una transición hacia una nueva agenda política en Brasil,¹⁰ donde el Estado asume mayor protagonismo, sea en el ámbito de producción y de las finanzas, sea en la implementación del Estado Social prometido por la Constitución Federal de 1988 (^{Manzano, 2017}; ^{Oliveira, 2017}; ^{Saad-Filho y Morais, 2011}). A pesar de la grave crisis internacional de 2008, gracias al efectivo liderazgo del sector público estatal y a un conjunto de medidas anticíclicas adoptadas por el gobierno central a fin de enfrentar la crisis externa,¹¹ el desempeño de la economía brasileña fue bastante exitoso, pues registró en aquel periodo una tasa media de crecimiento del PIB de 4.7% anual; con el empleo formal en crecimiento vigoroso (se generaron en promedio 1.66 millones de nuevos puestos de trabajo por año), el desempleo cayó a una tasa de 6.3%; la inflación anual media fue la más baja en décadas (5.1%), y el ingreso per cápita alcanzó su mayor nivel histórico al llegar a 11 286 dólares en 2010. Asimismo, a pesar de la crisis del subprime en los Estados Unidos y de su impacto contraccionista sobre la liquidez internacional, el país logró mantener el influjo positivo de divisas externas (crecimiento de 235.6% después de uno de 427.6% en el gobierno de Lula I), lo que permitió acumular un volumen muy sustantivo de reservas de moneda extranjera y con eso se logró alejar la amenaza crónica del colapso externo que con frecuencia hace abortar los ciclos de crecimiento de las economías de América Latina.

Asimismo, en la exuberancia de los resultados económicos y sociales observados al final del segundo mandato de Lula da Silva, a pesar de haber tenido una gran aprobación de su gobierno¹² y de haber hecho posible la elección de su sucesora (Dilma Rousseff), el gobierno de Lula escondía algunos problemas estructurales que se volvieron mayores y que eran difíciles de enfrentar. En primer lugar, el aumento de competitividad de las manufacturas chinas, combinado con un prolongado ciclo de apreciación cambiaria, agravó aún más la osteoporosis del sector industrial brasileño, al favorecer el aumento de las importaciones de bienes finales e intermedios y contribuir al proceso de especialización de la economía en productos primarios y semimanufacturados.¹³ En segundo lugar, los mismos méritos de los dos gobiernos de Lula en términos de aumentos de salarios y empleos llevaron a una agravación del conflicto distributivo, el cual se desdoblaba tanto en el campo económico (pues se reducía el apetito de los inversores privados) como en el político (cuando aumentó la oposición de las clases dominantes a la agenda del gobierno del PT). En tercer lugar, los instrumentos estatales movilizados con reconocida eficacia por el gobierno de Lula para estimular la economía ―en especial en su segundo mandato―¹⁴ no podían ya ser empleados con la misma intensidad, pues el sector público estatal se aproximaba a sus límites físicos financieros y gerenciales. En cuarto lugar, el ciclo de consumo de bienes duraderos que había dado impulso al crecimiento a partir de 2004 ya estaba perdiendo dinamismo, pues se debilitaba la demanda agregada y se dejaba a la mayoría de los consumidores con parte de su ingreso con deudas asumidas en los años anteriores (^{Mello y Rossi, 2017}). Por último, en quinto lugar, la suposición del llamado “tripié macroeconómico” como fundamento intocable de la gestión económica imponía claros límites a la continuidad del ciclo de crecimiento, y al mismo tiempo su eventual abandono representaría, muy probablemente, una ruptura de la base de sustento político del gobierno en el parlamento y en la sociedad, así como una crisis de confianza respecto al mercado financiero.¹⁵

De manera adicional, más allá de este intrincado conjunto de problemas que ya estaban puestos en la transición de gobierno, Dilma Rousseff, a lo largo de los cuatro años de su primer mandato, tuvo que lidiar también con dificultades adicionales que se superpusieron a las anteriores. En el escenario internacional, la crisis de la zona del euro (2011) y la consecuente caída acentuada de los precios de las principales commodities exportadas por Brasil impactaron la demanda agregada negativamente. Ya en el ámbito interno, se observó un creciente distanciamiento y oposición de fracciones importantes de la clase dominante (empresarios, financieros, productores rurales y medios corporativos); una amplia y duradera crisis energética derivada de la grave crisis hídrica; el estallido de manifestaciones en las calles en 2013, capturadas por grupos políticos de derecha que eran apoyados por think tanks de los Estados Unidos, y el avance de las estrategias de lawfare [guerra jurídica y judicial] en el ámbito de la llamada operación Lava Jato,¹⁶ la cual desarticuló buena parte de las cadenas de petróleo y gas y de construcción pesada, que eran los motores más relevantes del ciclo de crecimiento hasta aquel momento.¹⁷

Mientras tanto, a pesar de esa verdadera “tempestad perfecta” que se instaló a lo largo del primer gobierno de Dilma Rousseff y que resultó en la sensible desaceleración de la tasa de crecimiento del PIB (promedio de 2.4% anual), varios indicadores socioeconómicos, en especial aquellos relacionados con el mundo laboral, alcanzaron niveles bastante positivos a lo largo de aquellos cuatro años. Por ejemplo, la tasa de desempleo en las regiones metropolitanas,¹⁸ que ya venía en declive desde el inicio del gobierno Lula I, cayó todavía más, llegó a 4.5%. Por entonces el rendimiento medio del trabajo pasó de 2 648.26 reales en 2010 a 2 900.84 reales en el último año del gobierno de Dilma I; hubo un crecimiento real de 9.5% en cuatro años (^{Manzano, 2017: 134}). En consecuencia, con el auxilio de otras políticas distributivas, la trayectoria de caída de la tasa de pobreza, que también venía declinando rápidamente desde 2003, se profundizó todavía más, al alcanzar un promedio de 10.4% en los cuatro años del gobierno Dilma I y un mínimo histórico de 8.4% en 2014 (véase el Cuadro 1).

II. Crisis política, lawfare y retorno al neoliberalismo

Gracias al conjunto de avances sociales bastante significativos, la presidenta Dilma Rousseff logró reelegirse para un segundo mandato en las elecciones de 2014, a pesar de que la economía ya había entrado en recesión técnica en el segundo semestre de aquel mismo año. Sin embargo, sin disponer del capital político de Lula (que en aquella época ya estaba siendo investigado de manera ilegal por parte de la operación Lava Jato) y en ausencia del dinamismo económico de antaño, la victoria de Dilma fue bastante apretada (51.64 contra 48.36%) y abrió espacio hacia la inmediata disputa de los resultados de las urnas por parte del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del expresidente FHC, que en aquel tiempo era todavía el mayor gremio político de defensa de los ideales neoliberales en el Brasil.

Dilma Rousseff, bajo presión y con poco margen de maniobra, llamó entonces a una tregua: el nombramiento de Joaquim Levy, un economista formado en la Escuela de Chicago, director del segundo mayor banco privado del país y exfuncionario del FMI.

Fue así como, desde enero de 2015, da inicio el segundo mandato de Dilma y se adopta en el país un agenda económica claramente neoliberal, con la cual se pretendía, de forma velada, provocar un choque recesivo a fin de estabilizar los fundamentos macroeconómicos que ―desde la perspectiva ortodoxa de los influyentes analistas del mercado financiero― estarían fuera de lugar como consecuencia de los supuestos excesos cometidos a lo largo de la experiencia social desarrollista.

Asimismo, de modo simultáneo y con gran radicalidad, se adoptaron cuatro líneas de acción en el frente económico: 1) un violento ajuste fiscal que proponía para 2015 un corte en el presupuesto federal de 1.8% del PIB;¹⁹2) una liberalización de los precios administrados (especialmente de combustibles y de energía eléctrica); 3) una rápida desvalorización cambiaria de casi 50%, y, para compensar los efectos de las últimas líneas de acción sobre la tasa de inflación, 4) una elevación de tres puntos porcentuales de la tasa básica de intereses, al nivel de 14.25% anual ya en julio de 2015 (^{Rossi y Mello, 2017}).

Como no podría dejar de ser, el resultado de las medidas de choque fue una contracción inédita de la actividad económica (caída del PIB de 3.5% en 2015 y de 3.3% en 2016), que agravó la situación fiscal,²⁰ derrumbó las inversiones (la tasa cayó de 19.9% del PIB en 2014 a 14.6% en 2017) y engendró el más difícil y prolongado ciclo de recuperación posrecesión de la historia de Brasil (^{Pires, Borges y Borça Jr., 2019}).

Desde el primer momento, hubo una explosión del desempleo (saltó de 6.6% en el último trimestre de 2014 a 12.2% en el mismo trimestre de 2016),²¹ que fue acompañada de una caída de los rendimientos del trabajo,²² lo que contribuyó decisivamente a la reversión de la tendencia de la caída de la desigualdad de ingreso del trabajo que se había estado registrando a lo largo de los 10 años anteriores (véase el Cuadro 2 y la Gráfica 1 más adelante).

^aValores referentes al último trimestre de cada año.

Fuente: ^{Neri (2021)}.

Gráfica 1 Evolución del índice de Gini, ingreso per cápita del trabajo habitual^a 

En el camino de la grave crisis económica y social que se instaló, se superpuso una crisis política de enormes proporciones, la cual trajo a la luz la animosidad de las clases dominantes brasileñas en relación con los gobiernos del PT y las políticas sociales y económicas distributivas que venían siendo implantadas desde mitad de la primera década del siglo.

Desde entonces, diversos analistas de diferentes campos de las ciencias sociales se han dedicado a investigar y descifrar aquel momento dramático de la historia política brasileña y sus intrincados contornos.²³ Sin embargo, retomar los insights políticos de Michaeł Kalecki tal vez sea una buena manera de comprender lo que sucedió en Brasil cerca de siete décadas más tarde de la publicación de su famoso artículo “Aspectos políticos del pleno empleo” (^{Kalecki, 2020/1943}). El economista socialista ―que en sus textos macroeconómicos había demostrado que no necesariamente había una oposición funcional entre ganancias y salarios a nivel agregado― alertaba en el artículo que la clase capitalista tiende siempre a reaccionar políticamente al comprender que la economía se aproxima al nivel de pleno empleo. Aunque se beneficien económicamente y logren hasta ampliar la masa de ganancias, los capitalistas entienden que, en ausencia del desempleo involuntario, pierden parte importante del poder político que disfrutan en la sociedad. Por eso, argumentaba Kalecki, la clase capitalista acostumbra movilizarse y condenar con vehemencia la interferencia del Estado en los negocios privados, al alegar que 1) los principios y los parámetros de la competencia capitalista son desvirtuados por los gastos públicos discrecionales; 2) el carácter errático del gasto público perturba la confianza de los inversores privados, y 3) la condición del pleno empleo elimina el carácter disciplinador del desempleo, al disolver la ética meritocrática.

Pues fue justamente eso lo que se vivió en Brasil en aquel turbulento periodo de la reelección de Dilma Rousseff. La mera perspectiva de aproximación a un cuadro de pleno empleo -aunque frágil y marcado por muchas ocupaciones precarias e informales- movilizó a la clase capitalista brasileña a reaccionar políticamente, la cual vociferaba argumentos muy similares a los mencionados por Kalecki, que imponían una pauta económica antagónica a aquella aprobada en las urnas y promovían un cerco político de amplio espectro que culminaría con el golpe parlamentario de mayo de 2016, el cual derrumbó a Dilma Rousseff e implicó la prisión ilegal del expresidente Lula en abril de 2018.²⁴ Por todo esto, tal vez lo más correcto sea considerar que no cabe hablar de un “segundo gobierno de Dilma”, ya que las condiciones políticas de su mandato fueron profundamente solapadas,²⁵ pues se abría con fórceps el espacio hacia el avance del neoliberalismo ya en el primer día de enero de 2015.

De hecho, a partir de la adopción de las medidas recesivas del ministro Joaquim Levy, la agenda neoliberal avanzó de forma creciente en el país, al promover reformas en la legislación infraconstitucional, cambios constitucionales, desmantelamientos y privatizaciones de las empresas estatales, agotamiento de los bancos públicos, y al redefinir las prioridades de los gastos y de las inversiones del sector público. Tan sólo para destacar las principales, cabe mencionar: la revisión constitucional que congeló los gastos del gobierno central durante 20 años;²⁶ el cambio en el régimen de explotación de petróleo (^{Câmara dos Deputados, 2016});²⁷ la nueva política de precios de los combustibles;²⁸ la reforma del sistema de previsión social;²⁹ la reforma laboral y sindical;³⁰ la privatización de Electrobras (holding estatal de energía);³¹ las aprobaciones de la autonomía legal del Banco Central,³² y el nuevo marco (flexibilizador) del mercado de cambio.³³

III. Finalmente, los escombros

Pasados ya más de siete años del inicio de la referida aventura autoritaria y ultraliberal, las consecuencias sociales, económicas, políticas e institucionales despuntan por diversas dimensiones de la vida nacional, lo cual revela de forma inequívoca un desastre de grandes proporciones y un desmantelamiento precoz del Estado social que se venía construyendo a duras penas desde 1988.

Resulta obvio, pues basta caminar por las calles de las grandes ciudades brasileñas para notar la gravedad de la crisis de empleo, de habitación y de hambre. El número de habitantes en condición de calle creció vertiginosamente,³⁴ y el contingente de personas que en 2022 no tenían condiciones de alimentarse mínimamente correspondía a 33.1 millones de personas (uno de cada seis brasileños).³⁵

En el Cuadro 2 se presentan otros números bastante emblemáticos de la inflexión social y económica observada durante el primer gobierno de Dilma para los años siguientes.³⁶ Comienza por el impacto sobre el volumen total de empleados que dio marcha atrás a 6.8% entre 2014 y 2021, esto es, una eliminación líquida de 4.43 millones de puestos de trabajo. Más grave, sin embargo, es comprender que más allá de la destrucción de esos empleos, hubo un trade off negativo (relación costo-beneficio) en el seno del mercado de trabajo brasileño, o sea, hubo una retracción del total de ocupados en puestos de trabajo formales y de mayor calidad, lo que terminó por empujar a parte de los trabajadores en busca de medios para la supervivencia hacia actividades más precarias, con frecuencia informales y con peores rendimientos. Por ejemplo, mientras que en el periodo de análisis fueron eliminados 4.65 millones de puestos de trabajo asalariado formal del sector privado (-12.4%), se registró la expansión de 701 000 trabajadores asalariados informales (+6.6%) y otros 4 millones de trabajadores por cuenta propia (+19.3%), lo que probablemente representa el mayor cambio estructural del mercado de trabajo de Brasil observado en los últimos años. Conforme se observa en el Cuadro 2, en 2021 los trabajadores por cuenta propia componían un contingente de aproximadamente 27.2% del total de ocupados en el país (24.9 millones de personas); de ese total, tres de cada cuatro estaban en condiciones de informalidad y, de acuerdo con el estudio de ^{Arthur Welle (2022)}, con rendimientos medios en caída en relación con lo que percibían antes de 2014.³⁷

Por otro lado, es importante notar que las ocupaciones muy precarias, como las de trabajadores domésticos y trabajadores familiares auxiliares, cuyas inserciones laborales dependen fuertemente de la dinámica del ingreso de las familias, han estado perdiendo participación a lo largo del periodo de crisis, con la eliminación de aproximadamente 600 000 puestos de trabajo en cada una de esas ocupaciones.

Debido a este cuadro de retracción acentuado del mercado de trabajo brasileño, la tasa de desempleo abierto, que ya había subido rápidamente en los años de recesión (2015 y 2016), se mantuvo por arriba de los dos dígitos hasta 2019, pues pasó a 13.2% en 2021, tasa que se vio agravada por la crisis económica asociada con la pandemia de covid-19. Sin embargo, el indicador que tal vez denota más claramente el deterioro del mercado de trabajo brasileño en este periodo es la tasa de subutilización de la fuerza de trabajo. Entre 2015 y 2021 hubo un crecimiento de 80.1% de ese contingente de fuerza de trabajo, en trayectoria de crecimiento prácticamente ininterrumpida (con corta estabilización entre 2018 y 2019) y que mantuvo en 2021 más de un cuarto de los trabajadores brasileños en esta condición, esto es, con necesidad e interés de ampliar su actividad laboral sin, mientras tanto, encontrar actividades que demanden su fuerza de trabajo.

Acerca de la dinámica de los rendimientos de trabajo, lo que se comprende con nitidez en el Cuadro 2 es que en 2021 el promedio calculado todavía estaba en un nivel de 3% por debajo de aquel que se registraba en 2014 y tan sólo ligeramente más arriba (+0.2%) del rendimiento medio de 2016, el más bajo de la serie, asociado con el peor momento de la recesión. Por consiguiente, al sumar los dos factores ―aumento del desempleo y caída del ingreso del trabajo―, la masa salarial también se contrajo en el periodo (-1.3%), atenuada en parte por el aumento de la tasa de participación y el crecimiento vegetativo de la fuerza de trabajo en este lapso.

Asimismo, en lo que respecta a las transformaciones recientes del mercado de trabajo brasileño, cabe destacar algunos otros números presentados en el Cuadro 3, que se refieren a la distribución de los ocupados según las principales agrupaciones de actividad económica del país. De modo general, al comparar el primer trimestre de 2014 con el mismo trimestre de 2022, puede notarse una contracción de los empleos en las agrupaciones de actividad más tradicionales, como en la agropecuaria (-767 000), la industria en general (-896 000), la industria de transformación (-607 000) y la construcción civil (-1 000 000). Por otro lado, principalmente en las actividades relacionadas con los servicios, fueron registrados crecimientos sustantivos, sobre todo en actividades de alojamiento y alimentación (+24%), de transporte y almacenaje (+19%) y de servicios de información, comunicación y actividades financieras (+15%). O sea, se revela aquí también la fase precoz y acelerada de la desindustrialización brasileña y de la contracción del mercado de trabajo en sectores mejor estructurados, en los cuales, en general, se concentran oportunidades de empleo cualitativamente superiores (más estables, con mejores salarios y con mayor acceso a derechos sociales y laborales). Por otro lado, un crecimiento del número de puestos de trabajo se observa especialmente en las actividades de servicios vinculadas con el comercio de bienes de consumo no duraderos y la demanda de las familias (servicios personales), esto es, en sectores de actividad más volátiles, de baja productividad y reducida capacidad de valor agregado, en los cuales en general el trabajo es mal remunerado, los vínculos son frágiles y el acceso a derechos es escaso. Como ejemplo de este avance de los servicios precarios, cabe señalar la importancia creciente de las ocupaciones en las actividades de transporte y almacenamiento, entre las cuales se encuentran los repartidores de mercancías (rappitenderos) y los choferes de pasajeros (tipo Uber), dos categorías cuyo rubro aumentó de forma notable, impulsados por el avance y la diseminación de las plataformas digitales.³⁸

En virtud de este panorama de degradación prolongada de las condiciones de trabajo en Brasil ―al que se suma la reducción de los recursos fiscales para el mantenimiento de la oferta de bienes públicos, como salud, educación y vivienda―, la desigualdad social, que estaba reduciéndose con éxito ya hace más de una década, volvió a crecer durante los años de profundización de la agenda neoliberal, esto es, desde 2015. Como revela la trayectoria del índice de Gini, calculado sobre el ingreso per cápita del trabajo habitual (Gráfica 1), desde 2014 (el más bajo de la serie) hasta 2019 hubo un crecimiento expresivo de la desigualdad, lo cual volvió a acelerarse entre 2020 y 2021.

IV. Consideraciones finales

La ruptura de las trayectorias económica y social ocurrida a mediados de la década de 2010 en Brasil tuvo gran amplitud y es indiscutible. Aun cuando sus causas y consecuencias puedan ser todavía objeto de investigación y algunas divergencias, queda cada vez más evidente su relación con la radicalizada recuperación de la agenda neoliberal que algunas veces se mantuvo en hibernación en la historia reciente del país.

Otro aspecto preocupante que es evidente con el paso del tiempo tiene que ver con el carácter estructural de las transformaciones ocurridas. Ya sea en el tejido productivo, ya sea en el mercado de trabajo o hasta en la esfera institucional, hay un conjunto de elementos que llevan a la conclusión de que no será posible regresar a los marcos vigentes hasta 2014, esto es, el andamiaje erigido por la Constitución de 1988 que servía de lastre para el social desarrollismo de los gobiernos del PT. Por un lado, los sectores como el del petróleo y el gas o el de la construcción pesada, que desde el segundo gobierno de Lula se erigieron en la espina dorsal de la economía nacional, fueron severamente abatidos por el lawfare y la crisis. Por otro lado, en el camino del neoliberalismo y de la acelerada onda de desregulación que avanzó por diferentes esferas de la vida nacional, se observó la consolidación de hipertrofia del agronegocio y de las actividades financieras, las cuales no solamente ganaron importancia económica, sino que también se enraizaron en el campo de la política institucional y dentro de la burocracia estatal.

Desde una perspectiva de economía política, por lo tanto, lo que se presenció en Brasil a partir de la violencia política contra el esfuerzo de construcción del Estado social fue, de cierta manera, la abdicación de las clases dominantes de un proyecto de desarrollo del país y la rendición a los intereses de grupos económicos predatorios y rentistas, con frecuencia conectados a intereses extranjeros. De cierta manera, como muchos observadores han señalado, se trata de un regreso al Brasil de antes de 1930, al periodo de preindustrialización, cuando las oligarquías vinculadas con el rentismo o la producción de bienes primarios controlaban la política, la economía y la vida social.

Mientras tanto, la diferencia inexorable de los días actuales es que se trata ahora de un país con casi 210 millones de habitantes; 85% vive en áreas urbanas y, por lo tanto, depende de un dinamismo económico más robusto, virtuoso y articulado para garantizar la supervivencia y la mejora en las condiciones de vida. En otras palabras, esto significa que la aventura neoliberal de regreso a la economía primaria-exportadora es económica y políticamente inviable, pues no ofrece posibilidad para la recuperación del cuadro social que fue presentado antes y sujetó a más de la mitad de la población a la miseria y a la barbarie. La reciente victoria de Lula da Silva y el regreso de una coalición gubernamental que se opone a las ideas neoliberales es sin duda un aliento y un paso importante para estancar los procesos de destrucción institucional y desorganización económica que marcaron los últimos años. Los desafíos, sin embargo, son inmensos.