Participación. Una mirada teórica y semántica

El termino participación se remonta a la Grecia antigua. Los primeros registros de la práctica de la reunión o asamblea de los ciudadanos se encuentran en Heródoto (485/490-413 a.C.). Gracias a sus Historias, sabemos que en el siglo VI a.C. se desarrolla un ideal político llamado isonomía, que posteriormente adoptaría el nombre de democracia. La isonomía es el concepto de igualdad de derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Se dan muchas formas de participación, sin embargo la principal forma es la participación en la toma de decisiones que le afecten e involucren a otros y en el control de la ejecución y mantenimiento en el tiempo de las medidas adoptadas. Aristóteles (384-322 a.C.) afirmaba que la ciudadanía, en grado pleno, es una característica de la democracia, porque en ella los ciudadanos deliberan y participan en las instituciones establecidas por la constitución (politeía), especialmente en aquella que es la soberana.

La participación siempre ha sido considerada como una forma de expresión por parte de los ciudadanos para elegir gobernantes o funcionarios que decidirán sobre los destinos de una nación, región o localidad, en ocasiones supeditada a lo electoral; la misma siempre ha sido abordada desde diferentes teorías o metodologías. El tema de la participación debe ser cuidadosamente revisado en virtud de que en muchas ocasiones es vinculada a lo exclusivamente electoral, o en situaciones de conflicto contra la estructura gubernamental o de sus instancias, por ello acudimos a la descripción que le dieran ^{Barnes y Kaase (1979)} en la que la definen como “toda actividad voluntaria realizada por ciudadanos individuales tendentes a influir, directamente o indirectamente, en las elecciones políticas en varios niveles del sistema político” (p. 42); evidentemente es un acercamiento que hace este autor en relación al elemento político, entendiéndose su vinculación con este. Por otro lado, es importante observar lo manifestado por ^{Nelsson (1979)}, en la que de alguna manera sectoriza o clasifica el sentido de la participación al expresar que es toda “acción desarrollada por ciudadanos privados dirigida a influir en las acciones o en la composición de los gobiernos nacionales o locales” (p. 9), incluso de hasta una participación contra el orden establecido. ^{Seligson y Booth (1978)} también hacen un aporte si se quiere un poco más preciso y con sentido distributivo de lo que debe ser la participación, al considerar que “comportamiento que influye o pretende influir en la distribución de los bienes públicos” (p.6).

Una definición mucho más elaborada y vinculada a la acción política del gobierno a través de su estructura administrativa, es la que expresa ^{Verba (1996}) al comentar que “la participación es un mecanismo para la representación, un medio por el cual los gobernantes son informados de las preferencias y necesidades del público y son inducidos a responder a esas preferencias y necesidades” (p.1). Para ^{Borje (1987)} la “participación es, ante todo y sobre todo, un conjunto de instrumentos y procedimientos que las instituciones democráticas ponen a disposición de los grupos sociales más desfavorecidos para facilitar su intervención en la vida política y para estimular su desarrollo colectivo” (p.186).

Al observar las anteriores definiciones y propuestas referenciales, se puede llegar a decir que la participación no es un concepto único, estable y referido sólo a lo político; es una dinámica mediante la cual los ciudadanos se involucran en forma consciente y voluntaria en todos los procesos que les afecta directa o indirectamente. La participación de los ciudadanos en las diferentes fases del proceso de formulación de políticas públicas es, en principio, deseable y conveniente. Como regla general, esta parece bastante razonable. No obstante, puede demostrarse que incluso esta regla de inspiración democrática no es aplicable a todos los niveles de la acción pública dado el nivel de formación y preparación que tiene la mayoría del conglomerado social, así como el no contar con la estructura organizativa y voluntad política necesaria para garantizar ciudadanos en cada instancia o fase del proceso de formulación de políticas públicas, sin perjuicio de la representación popular.

Hay avances significativos que comprueban la importancia que tiene el hecho de que el ciudadano asuma con responsabilidad los asuntos que le competen como miembro de una colectividad, o ser parte misma de una sociedad. Entre las definiciones más clásicas sobre participación esta la dada por ^{Verba y Nie (1972)}, al manifestar que esta “se refiere a las actividades de los ciudadanos privados que tienen como objetivo más o menos directamente a que influyan en la selección de personal gubernamental y, o a las acciones que realizan” (p.2).

^{Verba (1996)}, agrega posteriormente “la participación es un mecanismo para la representación, un medio por el cual los gobernantes son informados de las preferencias y necesidades del público y son inducidos a responder a esas preferencias y necesidades” (p.1), lo que indica que este mecanismo es una herramienta para que el individuo exprese su conformidad o controversia para con el gobierno de turno más allá de lo electoral, es decir un ejercicio de ciudadanía. Po su parte, ^{Giner (1999)} considera que “cuando hay participación, hay autonomía. Hay que fomentar reivindicaciones locales, de los barrios, de colectivos, las demandas que hacen, las reacciones…esto es reactivo, al igual que fomentar las actividades proactivas de defensa, aunque tengan algunos costos” (p.48-49); esto no es más que la búsqueda constante de la bien entendida confrontación entre ciudadanía y localidad.

La participación de la ciudadanía en términos de democracia, el aporte de Dahl (1989) es significativo al reflexionar que esta “es la libertad de expresión de los ciudadanos, imprescindible para que exista participación efectiva, control de la agenda pública y comprensión ilustrada” (p.221-222), lo cual se refiere a la importancia que tiene el hecho de que los ciudadanos se involucren en los asuntos públicos, pero con ciertos elementos que le permitan entender no sólo su rol dentro del proceso participativo sino también de lo imprescindible que es el estar preparado y consiente de las decisiones que se deben tomar, o de los proyectos que se deben impulsar y promocionar.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (^{CEPAL, 2000}), la ciudadanía debe ser entendida como “una comunidad de personas que no se restringen a sus actividades privadas, sino que además concurren en el espacio y el debate públicos para participar en proyectos y en decisiones compartidas” (p.42), y que para construir una sociedad más participativa y solidaria, el Estado y sus actores sociales deben hacer esfuerzos conjuntos para que los espacios deliberativos y de toma de decisiones, sean cada vez más amplios y garantes de la opinión de todos. En este sentido, es importante considerar que la relación entre el poder institucional y el ciudadano es de un compromiso mutuo; el primero debe brindar los espacios para el ejercicio de la participación política en las que el segundo bien considere hacerlo, así como este último presionar para que el poder cumpla con su parte. Para ello, los acuerdos que se deben generar en esta materia deben ser realmente claros, transparentes y equilibrados.

Para que la ciudadanía se organice y participe en los asuntos públicos es importante que ésta tenga una serie de motivos presente, así como de aspiraciones que intenten reflejar su interés en una mejor calidad de vida, además de la necesaria percepción de que la gestión pública es realmente eficiente en la administración de los recursos del contribuyente y los proveniente del fisco nacional, esta última se expresa por la vía de la llamada contraloría social.

Según ^{Schneider (2007)}, existen una serie de elementos que motivan la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, estableciendo cinco tesis al respecto; veamos:

Primera Tesis: La participación, movilización y organización de los individuos ocurre cuando se da la disparidad entre las expectativas de ciertos sectores de la población y la capacidad para satisfacerlas. Toda vez que se producen situaciones de privación relativa se dan las condiciones para que los individuos participen.

Segunda Tesis: La participación ocurre cuando las personas poseen los recursos necesarios para poder embarcarse en acciones colectivas. Es así que los individuos con altos niveles de ingreso, status laboral y calificación educacional son más activos en política y más propensos a la participación en asuntos públicos. Por ende, las sociedades con mayores niveles de desarrollo socioeconómico serán las que presenten mayores niveles de participación.

Tercera Tesis: La participación ocurre cuando además de los recursos, las personas tienen el deseo, la motivación y la predisposición de tomar parte: quieren participar y creen que deben hacerlo.

Cuarta Tesis: La participación sólo es posible cuando además de los recursos individuales y la predisposición psicológica, se movilizan, fundamentalmente, recursos organizativos sean de carácter formal o informal. La acción se canaliza hacia fines colectivos por medio de las funciones coordinadoras y dirigentes de una organización o de sus líderes.

Quinta Tesis: El capital social puede ser un elemento clave para explicar la participación. Allí donde existan altos niveles de capital social habrá mayores probabilidades de contar con ciudadanos participativos. (p.46-53)

Tal como se observa, en las consideraciones de ^{Schneider (2007)}, no solo deben existir mecanismos (leyes, normas, acuerdos) e instancias (entes, órganos, unidades administrativas de apoyo) para que la ciudadanía participe activamente, sino también es necesaria que la sociedad mantenga la cultura de la participación orientada hacia la acción colectiva y comunitaria; donde el impulso de programas sobre el control social no sólo abarque a un sector o estrato de la sociedad, sino que sea ampliado hacia los sectores más vulnerables de la misma, dado que siempre está desinformada, con pocos instrumentos para ejercer sus reclamos, y menos aún cuentan con la formación necesaria para el ejercicio pleno de sus derechos para una mejor condición de vida local.

Ahora bien, en el caso de Venezuela la participación en los años previos a 1999, siempre tuvo un alto contenido político en la que únicamente se consultaba a la sociedad sobre temas electorales, es decir, elegir sus autoridades, o al menos era la costumbre de que se le convocaba para cambiar el gobierno. A partir de 1999, y tomando buena parte de lo considerado por la Comisión para la Reforma del Estado (^{COPRE, 1986}) en años anteriores, y que buscaba mayor eficiencia y eficacia en manejo de los recursos públicos, se le da un impulso constitucional al ser incluida dentro de la carta magna dedicándosele diversos apartados en la que se destacan la importancia que representa el hecho de formar parte de las decisiones públicas, además de también de validar diferentes instancias y opciones que tiene la ciudadanía para incorporarse en la formulación de políticas públicas dentro su ecosistema natural.

Por ello, ^{Pereira y Urdaneta (2010)} aseguran que la participación es “el acceso y uso de los ciudadanos de mecanismos e instancias disponibles en la sociedad o generados por ellos que le permiten influir en la toma de decisiones políticas y públicas” (p.27). Por su parte, Martínez (2011) considera que la participación por parte de la sociedad en los asuntos diversos de lo público, bien sea desde lo individual o lo colectivo genera lo siguiente:

1) Se ponen en juego relaciones de poder y habilidades de quienes no gobiernan para influir en la distribución de los recursos y los procedimientos de gobierno; 2) se producen debates acerca de los derechos y deberes de todos los grupos sociales; y 3) se promueve el acceso a las instituciones donde se negocian y regulan conflictos sociales (p.22).

Esta situación de siempre presionar a las instancias gubernamentales a fin de garantizar los espacios de participación, permite procurar que la agenda pública sea abierta al contexto ciudadano, es una forma cotidiana dentro del marco democrático de cualquier país, donde la sociedad civil debe asumir un rol de posición crítica constante en la fiscalización de los procesos administrativos con incidencia presupuestaria y financiera, midiéndolos a través de los servicios públicos y de políticas de bienestar colectivo.

Los gobernantes y funcionarios públicos venezolanos coinciden en el discurso de la participación protagónica, incluyente y democrática en la que el empoderamiento en la toma de decisiones por parte del ciudadano, ayuda al buen desempeño de la gestión pública; sin embargo, nos encontramos muchas veces con una ciudadanía que al parecer, en ocasiones, no entiende dicho rol y no lo asume con el compromiso del caso, dejando de lado la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, o simplemente desvirtúan la esencia propia de la participación; existen, en el caso venezolano, instancias de participación diseñadas en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (^CRBV-1999), tal como se señalaron anteriormente los Consejo Federal de Gobierno y el Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas; así como los Consejos Locales de Planificación Pública, Consejos Comunales, Asambleas de Ciudadanos; incluso desde el gobierno central se establece la figura del llamado Estado Comunal, el cual rompe con el esquema tradicional y constitucionalmente establecido en materia de formulación de propuestas y de vinculación con el presupuesto desde la base de lo participativo, proponiéndose en igualdad con la estructura formal de gobierno, sobre todo al nivel de lo local, al momento de dichas formulaciones.

Sin embargo, aun cuando algunas de estas instancias de participación no se encuentran explicitas en la CRBV-99, y por ende ha generado debates intensos sobre legalidad en su proceder, también no es menos cierto que la misma CRBV-99 manifiesta en su exposición de motivos “Se incorpora una declaración general sobre la participación como elemento consustancial con la naturaleza del gobierno y la administración municipal” (p.4), en la que se estimula la posibilidad de crear nuevas instancias de participación partiendo desde el nivel comunitario; buena parte del debate espera que la mayoría de estas normas puedan ser elaboradas dese el seno de lo Estadal y Municipal, a través de sus cuerpos legisladores, y no desde instancias como la Asamblea Nacional, a fin e vitar este tipo de controversias jurídicas y políticas.

Acercamiento al poder desde la participación

El mejor caso de acercamiento de la ciudadanía al poder es a través de la descentralización político-administrativa, reflejado operativamente en la transferencia de competencias, planes, proyectos y servicios desde el poder nacional al regional-local; la experiencia en varios países latinoamericanos es muy enriquecedora, y por demás de gran aprendizaje para aquellas naciones que aún piensan que la centralización del poder es la mejor garantía del control del Estado, obviando que mientras más descentralizado se encuentre el Estado, éste puede brindar una mayor respuesta a las necesidades del colectivo, específicamente en el ámbito local; y como bien es conocido la descentralización es una propuesta que enfrenta a la organización burocrática. Sin embargo, como todo proceso que necesita un estado de maduración, Borja (1994), citado por ^{Moura (1999)}, observa que:

Los procesos de descentralización y democratización de los años 80, aunque hayan conducido a una revalorización de los gobiernos locales, no implicaron, de inmediato, un avance en relación al "protagonismo", que sólo aconteció a partir de los 90 a través de iniciativas de implementación de planes estratégicos, tal como sucedió en Río de Janeiro, Bogotá y Córdoba (p.2).

La experiencia de elaboración del llamado presupuesto participativo (PP) en estas localidades, en las que se involucró a la ciudadanía, tuvo su éxito en la continuidad de la propuesta por décadas, desencadenando un proceso de democratización de decisiones públicas; representando hoy día una referencia obligada para cada estudio que se desarrolle en esta temática del PP. En cuanto a la propuesta del paradigma de la participación ciudadana en los asuntos públicos, los mismos ejemplos del PP en Latinoamérica (Brasil, Colombia y Argentina) son un modelo de la eficacia que puede tener el hecho de incorporar en la agenda de gobierno a los principales afectados de las decisiones públicas, en la formulación de políticas sociales, económicas y culturales; por ejemplo, como destaca Moura (1990) “…la participación popular en la gestión municipal asume, también, un enfoque de negociación y de búsqueda de cooperación entre lo público y lo privado, entre el gobierno y la sociedad civil” (p.29), Moura (1990) intenta dejar claro lo importante que es la participación de todos los sectores/actores en la construcción de políticas y decisiones, buscando la consolidación de espacios de gobernanza local.

En el actual contexto venezolano, la participación encuentra todo tiempo de espacio posible en el ámbito de la gestión pública local en virtud de que la mayoría de las instituciones públicas se asume como un condicionante de gestión viable; gobernantes y funcionarios coinciden en el discurso de la “participación protagónica y directa” sobre los asuntos públicos y de aquellos que le competen como ciudadano, muy bien resaltada en la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (^CRBV-99) al manifestar la consagración amplia del “derecho a la participación en los asuntos públicos de todos los ciudadanos y ciudadanas, ejercido de manera directa, semidirecta o indirecta”, agregando más adelante: “abarcando la participación en el proceso de formación, ejecución y control de la gestión pública” (p.4), para luego apuntalar la misma exposición de motivos:

La participación no queda limitada a los procesos electorales, ya que se reconoce la necesidad de la intervención del pueblo en los procesos de formación, formulación y ejecución de las políticas públicas, lo cual redundaría en la superación de los déficits de gobernabilidad que han afectado nuestro sistema político debido a la carencia de sintonía entre el Estado y la sociedad (p.5).

La norma constitucional es muy clara al dar al ciudadano herramientas para hacer valer su opinión y sus propuestas, para ello estas iniciativas deben venir acompañadas de más descentralización de competencias para las localidades, a fin de que dicha participación sea más efectiva y por ende con mayor sentido de compromiso ciudadano; en ese sentido, es importante traer a colación lo que establece la CRBV-99 en su artículo 158, el cual dicta en relación a la descentralización como una “política nacional, que debe profundizar la democracia, acercando al poder a la población, creando mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales” (p.32).

Esta invitación que hace la CRBV-99 de llevar la participación de los ciudadanos hasta el más bajo nivel en términos de cercanía al poder, conlleva también en una descentralización efectiva de competencias en materia de servicios, para lo cual la administración central debe articular mecanismos de transferencias de competencias de arriba hacia abajo.

Por ejemplo, la misma CRBV-99 en su artículo 165 establece: “Los Estados descentralizarán y transferirán a los Municipios los servicios y competencias que gestionen y que éstos estén en capacidad de prestar, así como la administración de los respectivos recursos...” (p.44), además el artículo 184 de la referenciada CRBV-99 precisa: “La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos” (p.47); tal como lo establece la carta constitucional, la mejor forma de promover la participación es por la vía de profundizar la descentralización con verdadero sentido de gestión pública local, evitando la politización del proceso, lo cual en muchas ocasiones genera desviaciones en relación al sentido real del propósito constitucional; una verdadera oportunidad de participación directa por parte de la ciudadanía, son los instrumentos: presupuesto participativo y la contraloría social.

Ambos representan mecanismos idóneos para la construcción de políticas públicas locales y del manejo transparente de los recursos públicos que se utilizan no solo para la administración de la localidad, sino también para el buen trato del ciudadano a través de los servicios básicos con los que se debe contar en cada sector o comunidad de la localidad.

A fin de darle estructura orgánica a esta propuesta se crean las siguientes instancias, las cuales a su vez dan forma a una estructura de gobernanza en la cual el Estado, conjuntamente con la sociedad civil (expresada en diferentes sectores), la sociedad política y la sociedad influyente (académica, empresarial, eclesiástica, etc) acuerdan espacios para la construcción de decisiones y de políticas públicas cónsonas con las necesidades y problemas expuestos. Estas instancias son el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, Consejos Locales de Planificación Pública (considerada la más técnica de todas), así como otra instancia que ha sido creada para que la ciudadanía participe de una forma más directa y protagónica son los Consejos Comunales, de estos últimos podemos observar que pueden ser entendidas como organizaciones de base en espacios comunitarios reducidos cuya tarea es elaborar planes de desarrollo comunitario, con la participación directa de los vecinos que activan en cada comunidad.

Sin embargo, tal como se señalo anteriormente, se presenta una controversia en lo socio-político, en la que la participación ciudadana en Venezuela este supeditada a la propuesta formulada desde el poder ejecutivo nacional (hoy un poco “dormida” ante el triunfo de la oposición en la Asamblea Nacional en Diciembre de 2015) en la que se incorpora la estructura del Estado Comunal cuya base constitucional está dada bajo la siguiente declaración expuesta en la CRBV-1999 en su artículo 5 el cual expresa “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público” (p.2), situación que a juicio de Brewer-Carías (2010) el Estado comunal no representa lo expresado en este articulo 5 de la CRBV-99, manifestando que:

…todo ello es inconstitucional, particularmente porque en la estructura del Estado Comunal que se monta, el ejercicio de la soberanía en definitiva es indirecta mediante “representantes” que se “eligen” para ejercer el Poder Popular en nombre del pueblo, y que son denominados “voceros” o “vocerías,” pero no son electos mediante sufragio (p. 5).

La estructura de Estado Comunal propuesto involucra una red conformada por consejos comunales, la comuna, la ciudad comunal y los sistemas de agregación comunal; cuya direccionalidad pareciera estar abocada a la eliminación o supresión de los gobiernos regionales y locales, buscándose establecer un paralelismo institucional que puede desembocar en la futura eliminación o no reconocimiento de la actual estructura política constitucional. El mismo autor ^{Brewer-Carías (2010)}, advierte:

…se busca establecer así, un Estado Comunal en paralelo al Estado Constitucional: el primero basado en el ejercicio de la soberanía directamente por el pueblo; y el segundo, basado en el ejercicio de la soberanía indirectamente por el pueblo, mediante representantes electos por sufragio universal; en un sistema, en el cual el primero irá vaciando progresivamente de competencias al segundo (p. 5).

Por su parte López (2015) sentencia lo siguiente: “el Estado Comunal no tiene visos de modernidad y está inspirado en la utopía de las comunas. Muchas veces, cuando se procura concretar un modelo de esa naturaleza, se puede crear un monstruo” (p. 80).

Este intento de desplazamiento de la estructura formal -gobernaciones y alcaldías- por otra auspiciada desde el discurso oficial en la que se ofrece mayor poder y protagonismo al pueblo en materia de administración de recursos, ha generado un controversial debate entre los sectores que lo apoyan y quienes se resisten a tal modalidad de gestión pública; de concretarse esta propuesta de desplazamiento, podría generar una situación poco favorable para la sociedad en términos de respuestas efectivas y eficientes en materia de gestión pública, dado que el municipio representa la unidad primaria del poder político y de acercamiento al ciudadano común en una localidad determinada.

Tal como lo refrenda ^{Tocqueville (2007)}: “en el seno del municipio se ve reinar una vida política real, activa, democrática y republicana en todo” (p.73), es decir, el municipio es un espacio para el debate de la política y de la acción social, el cual debe ser administrado bajo la doctrina de la libertad y la descentralización del poder. Y si bien es cierto que estas instancias de participación (consejos comunales) asumen un rol deliberante en términos de soluciones y propuestas dentro del contexto comunitario, las mismas deben considerar la estructura formal propuesta desde la CRBV-99 en las que los Consejos Locales de Planificación de Políticas Públicas (CLPPP) son receptoras de sus demandas, dando cumplimiento formal al esquema natural de gobernanza local; por ello se considera, desde el punto de vista de esta investigación, que el protagonismo de la participación protagónica y representativa está dada en el debate de las políticas públicas locales de desarrollo desde esta instancia, y que los consejos comunales -sin desmeritar sus funciones y contribuciones- son expresiones que permiten visualizar necesidades y demandas inmediatas como focos de perturbación en materia de servicios básicos, así como de cualquier otro situación de orden comunitario.

Por ello, el discurso de un actor social (un alcalde en ejercicio, por ejemplo) y su accionar en la ejecución, deben representar el espíritu y sentir de la localidad en términos de trascendencia, lo cual conlleva a la necesidad de validar la gobernanza local como instrumento de participación que garantiza una visión local integral y con perspectivas de un desarrollo cónsono consultado, generando con ello una gestión pública local proyectada en el futuro de las nuevas generaciones, con directrices enmarcadas en lo autóctono, y por supuesto asumiendo las problemáticas que requieren de su respuesta inmediata.

El sector oficial aborda este tema (incorporación de instancias no consideradas en la CRBV-99) con la premisa de que esto representa una mayor democracia dentro del actual sistema político venezolano; sin embargo, cuando se revisan los valores intrínsecos de la democracia nos encontramos con los postulados que ofrece ^{Rawls (1971)} quien considera que cuando el principio de participación se cumple, “todos tienen el mismo estatus de ciudadanía” (p.226); y el mismo ^{Rawls (1971)} aporta lo siguiente en relación a los valores que sustentan a la democracia: “la libertad de conciencia y de asociación, la integridad y libertad personal, los derechos y libertades protegidas por el imperio de la ley y las libertades políticas” (p.233); en esto está reflejado el derecho de voto y participación política, el derecho de expresión y manifestación política, el derecho de asamblea y reunión política, el derecho de crítica al gobierno y el derecho de formación y militancia en organizaciones políticas; situación que no se deja muy en claro con la propuesta del Estado Comunal y de su estructura.

Para que realmente exista una consolidación de la democracia en Venezuela debe existir una mayor profundización del proceso participativo a través de las instancias ya existentes, cuyo rango constitucional diseminan una estructura de gobernanza muy bien definida; una gestión moderna que brinde respuestas oportunas a todas las demandas que genera el sistema y; por supuesto, acercar el poder a la ciudadanía mediante la descentralización del poder ejecutivo y funcional, fortaleciendo la institucionalidad de sus principales expresiones del poder descentralizado: gobernaciones y alcaldías.

Visiones y reflexiones sobre la gestión pública local

El término gestión pública hoy día es más llamativo que el de administración pública cuando se trata de este tipo de trabajo, claro está dejando presente que existen diferencias marcadas entre una y otra, donde la primera marca tendencias vinculadas a la gerencia estratégica y estilos particulares de abordaje para el logro de planes y proyectos; la segunda basa su accionar en normas y principios legales para su rígido accionar, cuya estructura burocrática representa en sí misma los niveles de autoridad, legitimidad y legalidad. Ambas son dignas de estudio gracias a su constante evolución y aportes a las mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos.

Antes de revisar diferentes visiones y reflexiones sobre la gestión pública desde el ámbito local, podemos adelantar lo expresado ^{López-Casanova (1995)} en relación la gestión pública quien la considera como “la aplicación de los recursos adecuados para alcanzar los objetivos públicos socialmente deseados; es decir, la obtención de los fines que la sociedad valora con el menor sacrificio de recursos posible” (p.61); por su parte ^{Vegas (2009)} afirma que ‘la gestión pública representa el alcance sistematizado de metas y objetivos gerenciales concretos, mediante la utilización de recursos y bienes públicos, además de técnicas y procedimientos validados en pro de la sociedad a la que sirve” (p.27); una forma de intentar interpretar la gestión pública, especialmente la local, es conociendo cuáles son sus principios y alcance. Siguiendo a ^{Vegas (2009)} la gestión pública local “tiene por finalidad gestionar exitosamente los recursos públicos, así como procurar su distribución con criterios de racionalidad, economicidad y equidad” (p. 23). En diferentes visiones se observa un acercamiento al término “recursos”, el cual para ^{Vegas (2009)} “debe ser administrado o gerenciado de forma adecuada y equilibrada, a fin de que la población con menos recursos pueda disfrutar de mejores condiciones de vida, y procurar acceder a mejores oportunidades para su desarrollo individual” (p.28).

Para ello, la gestión de gobierno descentralizado debe estar focalizada en la solución de problemas estructurales, lo cual permite que sean resueltos con políticas públicas que garanticen un equilibrio armonioso entre lo humano y el medio ambiente; para ello, la generación de puestos de trabajo, el urbanismo ponderado y la educación de una sociedad en materia de consumo y medio ambiente pueden generar resultados satisfactorios, no solo para la respectiva localidad, sino que redundaría en un desarrollo sustentable en todo su ámbito. Es importante que la gestión pública local asuma con verdadera responsabilidad el papel que le corresponde, que es el de generar los espacios necesarios para que las condiciones de una mejor calidad de vida se den sin mayores contratiempos.

Claro está, existen posiciones, como la de ^{Aguilar (2007)}, quien considera que las políticas que se orientan hacia un verdadero desarrollo sustentable por parte de los gobiernos locales son cuesta arriba poderlas concretar, dado que existen múltiples factores, pudiendo destacar “En las actuales condiciones el gobierno es un agente legítimo y necesario de dirección de la sociedad, pero sus ideas, acciones y recursos son insuficientes para definir por sí mismo los futuros de interés social y sobre todo para realizarlos” (p.8). Por su parte, Catalá Prats (2005) reflexiona sobre el mismo punto, resaltando sobre las responsabilidades de los gobiernos locales en materia de desarrollo sustentable, que estos sí están en capacidad de “crear un clima adecuado para los negocios con servicios atractivos, infraestructuras urbanas y calidad de vida en general; y especialmente si se esfuerzan en buscar la colaboración entre el sector público, el privado y las asociaciones y grupos comunitarios” (p.7).

Diversas visiones y reflexiones existen desde la opinión, lo teórico y la praxis sobre la gestión pública local, más aun cuando los referentes son acuciosos investigadores y actores (alcaldes en ejercicio) protagonistas de cambios sociales cuyos aportes siempre es la de brindar nuevos esquemas de discusión sobre la efectividad de la acción pública del gobierno desde esta instancia. Estos aportes están refrendados en la Tesis Doctoral de ^{Vegas (2015)} en las que se muestran las posturas de reconocidos teóricos (método Delpho) y líderes (entrevista en profundidad) en ejercicio de gobierno (burgomaestres) en cuanto al tema de la gestión pública local.

En cuanto a los teóricos e investigadores que se les aplicó el método Delpho en primera instancia destaca ^{Guerrero (2015)} quien manifiesta que “lo más relevante de la gerencia pública contemporánea radica no sólo en su expresión técnica, sino así mismo en su perspectiva de servicio, responder estratégicamente a demandas ciudadanas - resolver problemas/necesidades y crear oportunidades” (p.243).

También se encuentra ^{Yaber (2015)} quien agrega que “el trabajo en red y colaborativo con otros gobiernos locales fortalece, agrega valor, productividad y resultados a la gestión pública local” (p.243). Luego esta ^{Pulido (2015)} quien considera que la “gestión pública implica modificación de hábitat y de costumbres por lo tanto es imprescindible reconocer los procesos de identificación y pertenencia que se pretenden modificar o reforzar” (p.243).

Por su parte ^{Arellano (2015)} resalta que

La gestión pública es una actividad primordialmente política, afectada por ella y modificada por ella de manera sustantiva e ineludible. El sueño de una administración neutral y apolítica es ya obsoleto y está destinado a generar distorsiones en el comportamiento de la administración pública. (p.243).

^{Contreras (2015)} destaca lo siguiente:

La gestión pública moderna debe tener en cuenta que actualmente no podemos hablar de lo local, sino de lo “glocal”, entendiendo que vivimos en mundo globalizado. Es así que toda gestión pública moderna debe planificar dentro del contexto de la interconexión tanto interna como externa (p.243).

El ex Alcalde(e) ^{Urriola (2015)} considera que “una nueva concepción debe partir del reconocimiento y práctica de los principios democráticos en la gestión local, incorporando a todos, en especial a las minorías” (p.243); ^{Osto (2015)} asume que “una nueva concepción debe partir del reconocimiento y practica de los principios democráticos en la gestión local, incorporando a todos, en especial a las minorías” (p.243); y ^{Ferrer (2015)} hace un llamado a que “se debe responder estratégicamente a las demandas ciudadanas -resolver problemas/necesidades- y crear oportunidades” (p.243[L1]).

Entre los actores entrevistados en profundidad se encuentran cuatro alcaldes en ejercicio de posturas políticas diferentes (dos oficialistas y dos opositores) a fin de generar el equilibrio necesario y sin sesgo en la investigación de campo, en primer lugar está el Alcalde del municipio Michelena (Estado Táchira, estado con mas municipios de Venezuela: 29), Fernando Andrade, quien dentro de sus reflexiones sobre el papel de la gestión pública local considera que:

La autonomía de las instancias es importante para que desarrollen sus proyectos y donde nuestro aporte es de cooperación y asesoría en caso de que así se requiera; sembrar conciencia en el equipo de directores y el resto de los trabajadores, donde la responsabilidad es un valor importante dentro de la administración de recursos, cuyo niveles de trasparencia siempre deben ser óptimos; comunicando todo lo que se hace y cuánto cuesta todo; pensando siempre en trabajar en equipo; conformamos una estructura de diseño de políticas públicas locales basada en la participación ciudadana (p.235).

La Alcaldesa del municipio fronterizo Lobatera (Estado Táchira), Natalia Chacón manifiesta que dentro de su gestión pública es muy importante:

La constante revisión nuestra de los proyectos, busco a los críticos para que me digan por donde voy, si se amerita un cambio en el trayecto. Más que en funcionarios públicos, yo he formado funcionarios que tengan visión social, que les duela la alcaldía, conexión verdadera con la comunidad, de identidad no solo política, demostrar ser diferentes. El seguimiento interno de la gestión es constante. Cuando no hay críticas por parte de mi propio equipo, propicio reuniones con personas diferentes a mi posición política para ver que se dice o que aprendo de lo que no se está haciendo bien. Es importante fortalecer al equipo mediante la delegación. Combatir la burocracia es otra de nuestras prioridades, minimizar los trámites es una prioridad para la gestión. Dar la cara, así el problema deba resolverlo otro ente diferente a nosotros y explicárselo a la gente, acompañarlos en su reclamo colectivo (p. 241).

Por otro lado, el Alcalde del municipio Independencia (Estado Miranda, considerado por muchos un municipio dormitorio), Carlos Rodríguez, resalta en su visión de gestión pública local la necesidad de incorporar:

Un sistema administrativo tecnificado, automatizado, eficiente, de menos impacto a nivel de tributos y más equilibrado para el ciudadano. Trabajar para la ciudad no para lo interno. Cambiando los procesos administrativos a lo interno. El burócrata o se convierte en un sujeto eficiente o se tiene que ir. El servidor público debe estar a la orden de la ciudad cuando ella lo requiera. Ese es un nuevo concepto que estamos introduciendo en el sistema administrativo de la alcaldía de nuestro municipio. La administración debe responder perce (p. 249).

Carlos García, Alcalde del municipio Libertador, Mérida (Estado Mérida, municipio turístico), destaca en el contexto de sus palabras que:

El elemento innovador para nosotros es vital, porque con ello logramos en buena parte resolver situaciones ante la falta de presupuesto. Lo educativo, por estar la Universidad de los Andes (ULA) en la ciudad nos ayuda el conocimiento generado en las cátedras; por primera vez en mucho tiempo siente a la alcaldía y a la universidad trabajando de la mano, con frecuencia tenemos mesas de trabajo con decanos y directores de la gestión rectoral para mantener esa simbiosis en perfecto estado. Involucrar sin distingo a los habitantes en las ideas para la ciudad; que sientan que el proyecto de ciudad es de los merideños y no de una imposición personal o partidista, por sí misma (p. 257).

Veamos una síntesis hermenéutica producto de las reflexiones de los investigadores y actores sociales, así como la postura del investigador ^{Vegas (2015)} referidos a la gestión pública local:

Visión de los investigadores. Los expertos ven la gestión pública como un instrumento de gobierno que permite acortar espacios entre el ciudadano y la autoridad gubernamental, siendo el puente conductor, en ambos sentidos, de demandas sociales y ofertas de políticas públicas en la que las estrategias que se utilizan para abordar y dar respuestas a las peticiones juegan un papel importante al momento del ejercicio de la administración de los recursos.

Discurso de los actores sociales (alcaldes). La gestión pública para los actores sociales es una estructura diseñada para resolver situaciones complejas que afectan a la ciudadanía, y que por sus propios medios no puede hacer. Su conducta está basada bajo dos vertientes: lo político y lo gerencial; en el primer caso asumir posiciones de liderazgo social, y en el segundo como instrumento de buen gobierno como proyección de lo local.

Para ^{Vegas (2015)} la gestión pública local es la acción política y gerencial del gobierno municipal, soportada por técnicas modernas de administración, cuyo objetivo es procurar espacios de conciencia social entre la ciudadanía y el gobierno para el diseño conjunto de la localidad, así como orientar sus capacidades y estrategias en pro de una calidad de vida en armonía con el ecosistema local (p.245).

^{Vegas (2015)} en cuanto a papel de la gestión pública local y su interacción con el entorno, reflexiona lo siguiente:

La gestión pública local siempre ha requerido mayor atención por parte del Estado, incluso más grado de autonomía; no solo para ejecutar su presupuesto, sino para pensar y crear nuevos espacios alternativos vinculados a un desarrollo cónsono, ordenado y sustentable. Esta atención no es por el solo hecho de ser la instancia más cercana al ciudadano, sino por lo que representa en términos de localidad; desde allí nacen los grandes problemas, producto del deterioro creciente del núcleo que sustenta a la sociedad misma, como lo es la familia y todo lo que significa la ausencia de políticas integrales para su desarrollo y aporte a su propio contexto (p.248).

Por ello, es imperante focalizar las dificultades de la comunidad, preguntarse siempre: por qué y cómo nacen los problemas? Debe ser una prioridad enseñar a las comunidades a evitar que los problemas sociales se presenten por falta de información o formación ciudadana, así como de gestionar sus inquietudes y participar en el diseño de la agenda pública; además, procurar concientizar, por la vía de la colaboración y la contribución, el respeto por el ecosistema local que se comparte.

Participación en el contexto de la gestión pública local

Según el profesor e investigador ^{Urdaneta (2015)}

Para el buen ejercicio de la participación es importante afianzar valores esenciales de la ciudadanía en la vida social están vinculados con su pertenencia a la comunidad, la participación social, la autoayuda y la solidaridad; por ello es importante el respeto por la pluralidad y la negociación y deliberación de los objetivos colectivos o públicos (p.264).

Por su parte el ex Alcalde (e) ^{Urriola (2015)} comenta que:

Este proceso involucra a la comunidad con los más altos niveles de planificación y de visión de la ciudad. Este proceso construye ciudadanía responsable, involucra a las comunidades, desarrolla sentido de pertenencia, crea cultura de cambio. Este proceso compromete a los ciudadanos con lo local (p.264).

Para la profesora e investigadora ^{Ferrer (2015)}:

Es significativo tener capacidad para escuchar, comprender la realidad y formular/ejecutar políticas inteligentes, enmarcadas en la visión de empresa o ciudad/país, de involucrar el sentir y pensar de los ciudadanos y la necesidad de articulación continua entre respuestas y necesidades (p.264).

La profesora e investigadora ^{Osto (2015)}, por su parte, considera que:

Es muy importante tener en cuenta la participación ciudadana, pues el municipio es la organización del Estado que se encuentra más cerca del ciudadano, lo que permite un mejor conocimiento de la problemática local; corresponde al ente local valorar los medios, instrumentos, fórmulas de participación ciudadana, considerando el rol de la familia y de la sociedad en la solución de problemas (p.264).

Los actores sociales (alcaldes en ejercicio) también dieron sus reflexiones -en entrevista en profundidad- sobre lo simbólico y necesario de la participación en la gestión pública local; para Fernando ^{Andrade (Alcalde del municipio Michelena, Estado Táchira, 2015)} en cuanto al tema de la participación consideran que:

Al involucrar a la gente en la toma de decisiones, nuestra fortaleza política es que nuestros vecinos, nuestros campesinos, nuestros sectores organizados, los gremios forman parte de lo que son las políticas públicas del municipio. El principio de la alternabilidad política debe ser uno de los que prive en los cuadros de la sociedad local, porque si no hay alternabilidad no hay posibilidades de surgir nuevas generaciones, porque yo hoy no puedo practicar lo que he criticado. La sociedad política debe proponer soluciones más allá de lo simple, debe mirar hacia el futuro, proyectar y vender sus ideas de progreso con datos y resultados factibles”. (p.264-265).

Según ^{Natalia Chacón (Alcaldesa del municipio Lobatera, Estado Táchira, 2015)}:

Primero, decirle la verdad a la gente, segundo a la hora de explotar los problemas dar la cara, yo siento que evadir o enviar un representante no es la idea, estar con las comunidades y aceptar sus críticas por muy fuertes que sean, a muchos alcaldes no les gustan las críticas. En las asambleas públicas el pueblo expone sus reclamos y uno debe saber entender que no es algo personal sino la expresión de un dolor de la comunidad por los asuntos de carácter público. Recibir estos reclamos de manera inteligente ha sido una forma de alimentarse. Una cosa que también nos ha servido es el ser incluyente (p.265).

Por su parte, Carlos ^{Rodríguez (Alcalde del municipio Independencia, Estado Miranda; 2015)} reflexiona y manifiesta:

La ciudad es un espacio donde participamos todos, hay una vida, un espacio, una cultura propia en la que conglomerados humanos se hacen participes en lo común y cotidiano. Pero que muchas veces tienen un crecimiento sin ningún tipo de planificación, un crecimiento sin tomar en cuenta variables urbanas bien predeterminadas por la ley, comenzando un desarrollo que al final no lo es, donde se perjudica a la misma ciudadanía (p.265).

Sobre la experiencia en participación en el contexto de su gestión, Carlos García (Alcalde del municipio Libertador/Mérida, Estado Mérida), expone:

Desde la dirección de participación ciudadana tenemos una dinámica de calle. Todos los días tenemos visitas casa por casa en diferentes parroquias. El alcalde con los concejales, y su equipo de trabajo hacen este trabajo en conjunto. Y eso también va acompañado de asambleas de vecinos en las diferentes comunidades, tenemos un promedio de 4 asambleas por semana. Eso le permite a la gente exponer directamente desde su comunidad sus necesidades y reclamos, y a nosotros tener mayor detalles de los problemas más importantes que pueden tener las comunidades (p.266).

Nuevamente la síntesis hermenéutica se hace presente producto de las reflexiones de los investigadores y actores sociales, así como la postura del investigador ^{Vegas (2015)} referidos a la participación:

Visión de los investigadores: Los expertos consideran que hoy día la participación de la ciudadanía es indispensable en la formulación de políticas públicas, más aun por la calificación que la misma sociedad puede considerar al buen manejo de los recursos públicos, así como fiscalizador de calidad de los servicios y espacios públicos.

Discurso de los actores sociales (alcaldes): La participación ciudadana en los asuntos competentes de la gestión pública, es una constante en el discurso de los actores sociales dado su grado de “asesoría permanente”, donde se cataloga como protagónica e irrenunciable, identificadora de necesidades y soluciones colectivas en la medida que el ciudadano ejerce su deber de contribuir con su espacio natural.

Para ^{Vegas (2015)} la participación representa un ejercicio de asociación que involucra acciones ciudadanas coherentes, identificadas con valores sociales y democráticos, que permite exponer diversidad de opiniones, criterios y propuestas relacionados con los asuntos públicos; su práctica contribuye con la gestión de gobierno asumiendo espacios y compromisos que garanticen la viabilidad de las políticas públicas locales, así como el de ayudar a comprender las necesidades del ciudadano. (p.246).

Se entiende que el proceso de cambio en la localidad carece de éxito si no se cuenta con el concurso de sus ciudadanos, y más aún si no existe un compromiso sellado por la misma sociedad que conforma el espacio local debido a múltiples factores que inciden en “dejar a otros” la posibilidad de un crecimiento adecuado y con visos de sustentabilidad. Es necesario integrar a las comunidades de forma sistémica, con la posibilidad de sumar actores influyentes que ayuden a pensar la localidad, y que no solo quede bajo la responsabilidad del gobierno local el solo administrar.

Es necesario asumir un comportamiento de integración e interacción entre quienes hacen la vida local, para ello se debe impulsar una política que permita profundizar la afiliación -y reafiliar- al ciudadano excluido y autoexcluido, con los compromisos y deberes dentro de su contexto, incorporándolo a la acción social con verdadero sentido de pertenencia hacia la localidad en la cual hace vida y construye el camino de su posterior generación. Es ineludible reencontrar al ciudadano con su historia, sus costumbres, y con el concepto mismo de ciudadano.

Esto pasa por una revisión de lo político, social y económico vinculado a las fuentes de empleo dentro del mismo ámbito, con servicios públicos básicos sintonizados con la eficiencia, con estrategias de inserción en la escolaridad en todos sus niveles dentro del sistema educativo, reactivando la formación ciudadana en términos de conducta y co-responsabilidades, proceder a incluir a quienes no se hacen participe de la localidad al sentir que son excluidos por la autoridad, y lo que es aún más grave, sentirse menospreciados por quienes se consideran con más derechos dentro del espacio local.

Existen localidades que pueden ser consideradas “dormitorios” debido que buena parte de su población activa y de capacidad productiva se dirige a los principales centros urbanos a trabajar, pasando buena parte de su vida útil en estos centros urbanos, regresando al final de la tarde o avanzada la noche a sus lugares de origen, repitiendo la rutina durante días, semanas y meses abandonando prácticamente el hogar y la formación integral de sus seres más cercanos, generando en muchos casos, situaciones no deseadas en el núcleo familiar; esta situación también se repite en otras facetas como es lo escolar en cualquiera de sus niveles, afectando a su vez la identidad ciudadana.

La localidad dormitorio provoca desapego e indolencia por lo local, dejando en indefensión la lógica del crecimiento armónico y cónsono con las necesidades desarrollo de lo local. Para evitar esto se hace necesario elaborar y consolidar un plan con sello integral que contenga una visión sustentable, cuyo norte esté vinculado principalmente a la generación de empleo, aprovechando las virtudes (geográficas, agrícolas, pesqueras, culturales, históricas) propias de la localidad en la que se pueda pensar en parques (agrícola, industrial, turístico, entre otras), en las que los sectores que conforman la sociedad participen directamente en su elaboración, creando una red de interconexión que indique quienes son los responsables sectoriales y su grado de acompañamiento en la red; luego vendrían otras áreas como la escolar, la seguridad, salud, transporte que bien pudieran consolidarse en la medida que la generación de empleo en la localidad facilite el sustento de las demás.

El municipio debe pensar en lo local, no basta con las ordenanzas, debe crear su propia legislación y dinámicas de gestión en el diseño de las políticas públicas locales; solo así podrá ser incluida entre sociedades de avanzada, y en vías de representar verdaderamente el poder más cercano al ciudadano, ese sería un primer gran paso de inicio hacia los nuevos paradigmas en la gestión pública local.

Escuchar las voces de los mudos o de los que no se expresan

Es importante que la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos sea de carácter desinteresado en términos de política, o al menos alejadas de ella. Las decisiones que afectan a la mayoría no deben estar condicionada por un espíritu diferente al de la cooperación y mancomunidad, solidaridad e inclusión, pluralidad y respeto, así como de un sentido de pertenencia y defensa de la localidad; donde el ejercicio del diálogo permita reafiliar al propio ciudadano en términos de compromiso ciudadano, asumiendo espacios para el encuentro y el ejercicio constante de prácticas democráticas desde el ámbito local.

El protagonismo de la base social es un producto que da sustento a la generación de nuevos esquemas vinculados a la democratización de espacios y la humanización de los mismos, donde la conciencia social se expresa a través de mecanismos validos de participación garantes de la pluralidad y la no discriminación, asociados estos a las instancias de expresión ciudadana; escuchar las voces de los mudos o de los que no se expresan es una metáfora que busca dejar entender lo significativo que es llegar hasta los más desposeídos y cuya esperanza de ser escuchados pasa por entender sus realidades, oliendo su sudor y necesidades. Acercarse a las voces, y hacer que estas se encuentren entre sí, es una forma de búsqueda de “asesores gratuitos” bien representativo para la gestión pública y la gobernanza en la medida que se canalicen todas las observaciones y propuestas desde la base de lo local; sin dudas la participación es un instrumento gerencial que ayuda a visualizar la gestión pública hasta el último rincón de la localidad.

No puede pasarse por alto que la participación representa un ejercicio de asociación que involucra acciones ciudadanas coherentes, identificadas con valores sociales y democráticos. Revelar estas y otras situaciones es el norte de la participación. Su instrumentación es un requisito indispensable para el éxito de la administración pública en el ámbito local; sin embargo, la misma debe ser tomada con la seriedad requerida en el reconocimiento de espacios no conquistados por parte de la gestión pública local, y que es necesario para que quienes allí hacen vida comunitaria se sienta identificadas y participes de la localidad. Es necesario que la gestión pública local no solo garantice espacios e instancias de participación; es necesario conectarse, ir a hasta donde no le esperan, abrir la brecha que conduce a la necesidad latente y no esperar a que los problemas no tengan solución en lo inmediato, es prudente anticiparse.

La administración pública local y su adecuado funcionamiento, permite que quienes se sirven de ella reconozcan la validez de sus acciones mediante la medición constante de la calidad de los servicios públicos y de las políticas públicas que se ejecutan, en nombre de la gestión gubernamental.

El término gestión pública brinda una connotación que va más allá de los principios administrativos por la cual se supedita la administración desde su concepción general. Invita asumir el espacio administrado con visión gerenciar; estimula la inclusión de factores más allá de los tradicionales, como los ciudadanos en la toma de decisiones sobre acciones trascendentales y que pueden cambiar el ecosistema donde se desenvuelve; desde la perspectiva local genera necesarias coincidencias y contradicciones que ayudan a debatir sobre las condiciones de los servicios públicos, así como medir la efectividad de sus acciones en la materialización de políticas públicas incluyentes y de carácter progresivo; la fiscalización de sus actos es mucho más viable y confiable en sus resultados; ser el epicentro ejecutivo de la localidad le permite coadyuvar en las necesidades básicas de la comunidad cuando esta no pueden por sí solas resolver situaciones de apremio; la gestión pública local interviene como coordinador en el diseño de la localidad, cuya capacidad para el encuentro y la búsqueda constante de intermediación, permite visualizar el futuro de la localidad de manera mancomunada y sistémica.

El accionar de la gestión pública local debe estar soportado por técnicas modernas de administración, cuyo objetivo debe ser procurar espacios de conciencia social entre la ciudadanía y el gobierno para el diseño conjunto de la localidad. Develar posiciones y que estas estén en consonancia con la realidad local es una de las tareas de la gestión pública local, cuyo accionar debe generar la posibilidad de transformar los espacios que están bajo su responsabilidad bajo la orientación de la mejoría constante de los procesos con incidencia en los servicios públicos, además de involucrar a la sociedad en la cimentación de plazas deliberativas para la co-gestión y de una arquitectura para la localidad basada en la armonía que debe existir entre gobernanza, participación y gestión pública local.