Introducción

En la década de 1990, en el contexto del álgido debate sobre derechos etnoculturales en México, se llegó a plantear como valores políticos irreconciliables los de la democracia liberal electoral (delegación de mandato, representación indirecta, procesos electorales) y los de los pueblos y comunidades indígenas en lucha por sus derechos (participación directa, horizontalidad, revocación de mandato, deliberación).

Por un lado se sostenía que la democracia electoral, al estar ligada al proyecto liberal individualista, negaba la participación real y directa de sujetos políticos colectivos como las comunidades indígenas; reducía el espacio público a las urnas y coartaba prácticas de gran arraigo como las deliberaciones comunitarias, la revocación de mandato y la construcción de consensos. Por otro lado, había los apoyados en casos ilustrativos de integración del sistema electoral y el político comunitario, como algunos municipios en Oaxaca; o basados en la observación de experiencias de municipios indígenas que tempranamente conciliaban con el sistema electoral y arraigado con mayor fuerza en los últimos procesos comiciales, sostenían no sólo la compatibilidad de ambos modelos sino que vaticinaban el gradual avance de los valores de la democracia electoral en los pueblos indígenas [^{Viqueira y Sonnleitner 2000}].

Ambas posiciones, trabajando con modelos ideales de democracia, derivaban en comparaciones naturales y posturas en ciertos puntos irreductibles. Reproducían lo que ha sido un error frecuente en los estudios de la democracia: tomar como real lo que no ha sido más que una promesa o un ideal.

Este artículo toma distancia de este asunto. Se plantea reconstruir y examinar la formación de un campo político, tomando como referente empírico el caso de una comunidad indígena en Michoacán. Aunque la reflexión aquí planteada trabaja sobre los ejes de la democracia electoral y la política comunitaria, los mismos sobre los que gravita el debate antes aludido, lo que se propone es situar como problema el campo mismo de lo político.¹ Es decir, más que centrarse en la dimensión institucional de la política, aunque no deja de ser relevante, lo que interesa es ver cómo se construye y habilita la experiencia política. En tal sentido, es objeto central de este artículo comprender cómo lo político se vuelve constituyente de lo social mismo.

Para desarrollar este objetivo exploro en dos vías: 1) la historia de la institucionalidad política (democracia liberal parlamentaria) en su expresión nacional y regional y 2) el proceso de construcción de actores políticos locales con sus diversas formas de organización, participación y prácticas políticas. Metodológicamente y sin pretensión exhaustiva, me apoyo en la historia de la institucionalidad ya señalada, al igual que en datos de elecciones en el municipio al que pertenece la comunidad indígena, tomada como caso. Junto a lo anterior y desde un ejercicio etnográfico se registran ciertas formas de participación política comunitaria. Aquí me centro en el caso de la comunidad de Nurío, ubicada en la Sierra de Michoacán. Como se describe adelante, la selección de esta comunidad obedece a que ilustra el tema de la gobernabilidad en la región y refleja la compleja imbricación de valores y reglas de la democracia electoral (tituladas en el individuo) con prácticas políticas locales (de colectivos sociales).

Temporalmente el análisis parte de la década de 1970, momento en que se registra una creciente actividad política local relacionada con experiencias de movilización y participación en organizaciones sociales, así como incipiente presencia partidista en la comunidad. Es también un momento relevante en el desarrollo institucional de la democracia en México en tanto que a finales de esta década se realizó la reforma política que permitió, entre otros cambios, el tránsito de un sistema de partido hegemónico a otro pluripartidista y competitivo.

En la parte conclusiva del artículo y para efectos de destacar la compleja interrelación de prácticas políticas locales y la democracia formal hallada en Nurío, aludo al caso reciente de autogobierno de Cherán que comparte características y está situado en la misma microrregión.

El pasado lejano y el reciente de la vida política electoral nacional y regional

En México, durante el periodo revolucionario como en la etapa inmediata posterior, la pugna por el poder político buscaron, los diversos actores políticos, situarla en el campo de la democracia electoral. No obstante, el ejercicio del poder y la asunción del mismo en aquella etapa se definieron más que en el marco de la democracia electoral, en la lucha interna de los grupos dominantes en el poder.

Entre 1911 y 1940 el sufragio y el proceso electoral, más que atender y representar la voluntad y preferencia política de los ciudadanos, eran un mecanismo legitimador de las fuerzas militares dominantes en turno. La notable excepción fue sin duda la elección de Francisco I. Madero, ocurrida después de la rebelión que él mismo impulsó en contra de la dictadura porfirista.

Ya como gobierno (diciembre de 1911 a febrero de 1913) una de las primeras acciones legislativas de Madero fue reformar la ley electoral que regía en el país desde 1901. En diciembre de 1911 se decretó la nueva ley en la que por vez primera se reconoció a los partidos políticos y se les definió como organizaciones que habrían de dar sentido al voto. De igual modo, se establecieron los requisitos para envestirlos de personalidad legal, entre los que se exigían contar por lo menos con 100 miembros y publicar como mínimo 16 números de un periódico de propaganda en los meses previos a las elecciones primarias. En este marco se dio a los partidos representación en los colegios electorales y distritales [^{Meyer 1989}: 74].

Pero el proceso de participación popular que mediante el voto llevó a la presidencia a Madero, al igual que sus iniciativas dirigidas a fortalecer la democracia electoral, representan un interregno en un contexto de inestabilidad política significado por las constantes asonadas, rebeliones y alzamientos armados.

En 1913 ocurrió el derrocamiento del gobierno de Madero y su asesinato a causa del golpe militar encabezado por Victoriano Huerta. Después de cubrir y ajustar a sus intereses los formalismos constitucionales, Huerta asumió interinamente la presidencia. La oposición armada de los zapatistas, de los villistas y los llamados constitucionalistas, al igual que la oposición legal, en particular la de algunos miembros del Congreso (Belisario Domínguez y Serapio Rendón) impulsada en contra con dictadura militar de Huerta, dio como resultado el derrocamiento de la misma en 1914. Depuesto Huerta, las facciones revolucionarias se enfrascaron en una nueva lucha. Fue entonces que la coalición constitucionalista, encabezada por Venustiano Carranza, protagonizó un nuevo episodio en la disputa por el poder político nacional. De nueva cuenta, la forma en que hubo de dirimirse la asunción del poder fue mediante las armas y no los votos. Aquí resultaron triunfantes los carrancistas, y el llamado fue a elecciones para un congreso que diera origen a una nueva constituyente; como parte de este proyecto se buscó la promulgación de una nueva ley electoral [^{Meyer 1989}; ^{Aguilar y Meyer 1997}].

Entre la derrota de Huerta en 1914 y la creación de la nueva constitución en 1917, ocurrió una serie de pugnas entre facciones revolucionarias “convencionistas”. El grupo encabezado por Venustiano Carranza resultó victorioso y éste se postuló para la presidencia federal apoyado por una amplia gama de organizaciones y partidos políticos entre los que destacaba el Partido Liberal Constitucionalista, dirigido por los militares Benjamín Hill y Pablo González. Las elecciones ocurrieron sin mayores imprevistos el 11 de marzo de 1917. Carranza resultó electo dando con ello una importante carga de legitimidad a su gobierno e iniciando el proceso de institucionalización política del Estado mexicano posrevolucionario.

Dos rebeliones habrían de sucederse antes de trazarse de manera clara el proceso institucional: la de 1920 y la de 1924. Ambas dirigidas por Adolfo de la Huerta. Con la primera se dio fin al gobierno y vida de Carranza. De la Huerta ocupó de manera provisional la presidencia y preparó el terreno para ser relevado mediante la vía electoral por Álvaro Obregón, quién, en un relativo ambiente de paz, ejerció la presidencia por cuatro años.

La segunda rebelión ocurrió en las vísperas del renuevo del gobierno obregonista. En el rejuego político previo al renuevo de la Huerta, quien se veía con posibilidades para asumir el cargo, se sintió desplazado y fue entonces cuando buscó, por las armas, tomar el poder apoyado por sus partidarios entre los que se encontraba un importante sector de militares con mando de tropa. La rebelión fue sofocada hacia marzo de 1924 y Plutarco Elías Calles, candidato oficial a la presidencia, pudo sin mayores contratiempos realizar campaña electoral y lograr un triunfo contundente (84% de las votaciones) frente a su rival, el general Ángel Flores postulado por la Unión Patriótica Electoral [^{Meyer 1989}: 82-83].

Calles en su turno propició la reelección de Obregón a la presidencia. Y cuando éste no alcanzó a asumir el gobierno porque en un ambiente de marcado anticlericalismo cayó abatido por las balas de un militante religioso, de nueva cuenta Calles maniobró para que se nombrara al presidente provisional: Emilio Portes Gil. Cuando éste convocó a elecciones y hubo de elegirse mediante los votos al nuevo presidente, la línea política marcada por Calles fue determinante: todo su apoyo estaba con el General Lázaro Cárdenas.

Lo interesante en esta fase es que paradójicamente, con base en su liderazgo personalista y en el ejercicio caudillil del poder, Calles pudo sentar las bases de la institucionalización del Estado mexicano democrático posrevolucionario. Creó el Partido Nacional Revolucionario (PNR), dando forma, estructura y disciplina a los partidos y sociedades políticas “revolucionarias” [^{Aguilar y Meyer 1997}; ^{Córdoba 1994}].

Quien reforzó esta tendencia fue el general Cárdenas, emblemática figura de la era posrevolucionaria por impulsar un tenaz proyecto agrario y una política social redistributiva desde sus años como gobernador en su tierra natal, Michoacán. Durante su presidencia (1934-1940) afianzó el corporativismo; amplió su política agraria y social, y reformó el PNR para crear el Partido de la Revolución Mexicana, antecedente inmediato del partido (Revolucionario Institucional- PRI por sus siglas) que hasta el término de la década de 1990 gobernó México. Aquí el origen de la casi-hegemonía partidista en México [^{Córdoba 1994}].

Con Cárdenas se creó un Estado activo, promotor e intervencionista en las distintas esferas sociales y en ese sentido el partido se convirtió en un importante instrumento político para el gobierno.

Así, los gobiernos venideros abrevaron en diversos grados de esta tradición “revolucionaria” y del proyecto institucional. Observaron muchos de ellos disidencias y oposiciones, incluso internas, pero éstas pudieron resolverse en el marco del amplio campo de los mecanismos y formas políticas emanadas de la Revolución Mexicana.

Las rebeldías dadas dentro del mismo sistema (partido-gobierno) que tuvieron mayor trascendencia fueron las ocurridas en 1946 y 1952. La de 1946 es particularmente significativa porque en ese año el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), creado en 1938 por el General Cárdenas, se convirtió en el PRI. En ese año Ezequiel Padilla, secretario de relaciones exteriores, presentó su candidatura a la presidencia de la república. No obtuvo el respaldo del PRM y fundó el Partido Democrático Mexicano con el que realizó campaña política. Consiguió además el apoyo del Partido Acción Nacional (PAN), fundado siete años antes. Perdió las elecciones pero obtuvo, según los datos oficiales, el 24.8% del total de votos, una cifra muy alta para el periodo [^{Reyna 1989}: 104-105].

La disidencia de 1952 la encabezó Miguel Henríquez Guzmán y al igual que la que le antecedió no logró remontar la maquinaria electoral oficial. Según los resultados oficiales obtuvo el 15.8% del total de votos, mientras que la mayoría fue para el candidato del PRI (Adolfo Ruiz Cortines): 74.3%. De estas elecciones destaca además que por primera vez el pan presentó candidato a la presidencia: Efraín González Luna y entró a la competencia electoral otro candidato, que en 1949 había fundado su partido político: el Popular Socialista (PPS) y se ostentaba como seguidor del cardenismo: Vicente Lombardo Toledano [^{Reyna 1989}:104-107].

Después de estas elecciones y de las disidencias al interior del PRI prácticamente se anularon los márgenes para que éstas siguieran ocurriendo. Se estableció como regla, en el juego interno político del partido, la disciplina institucional, misma que se resumía en la decisión plenipotenciaria del presidente en turno sobre su sucesor. No fue sino hasta finales de la década de 1980 cuando esta práctica, conocida como dedazo, resultó fuertemente cuestionada. Quien acaudilló esta ruptura fue Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresidente Cárdenas. El suceso resultó de tal magnitud para el sistema político que abrió un nuevo ciclo en la democracia electoral mexicana. A ello referiré más adelante, antes es importante destacar cómo los intereses y la competencia por el poder político gradualmente se iban canalizando a través de partidos. En esa línea, es también notoria la gradual aceptación de las reglas y valores de la democracia en la competencia política partidista.

Entre las décadas de 1950 y 1960, además del partido oficial y de la nombrada oposición leal que representó el pan, ocuparon el espacio partidista nacional dos más: el PPS y el Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).

La década de 1970 habría de ser un punto de inflexión en el desarrollo del sistema de partidos en México. A finales de esta década, en un contexto de crisis de legitimidad del sistema gobierno-partido en México, agudizado por las luchas de democratización de la década precedente, desde el gobierno federal se promovió la hoy conocida como reforma política de 1977 que introdujo cuatro importantes cambios en el juego político. El primero de estos fue que permitió la incorporación de todos los partidos, principalmente los de la izquierda, a la vida electoral. El segundo tiene que ver con que les dio prerrogativas y financiamientos públicos; tercero, a los partidos con registro federal se les garantizó la participación automática en elecciones estatales y municipales; y cuarto, se crearon las diputaciones de representación proporcional y se amplió el número de integrantes de la Cámara de diputados asegurándose a nuevos partidos la participación en uno de los poderes del Estado: el legislativo federal [^{Pineda 2012}: 47].

En las llamadas elecciones intermedias en México, realizadas en 1979, el campo político mostró una mayor pluralidad. En este proceso electoral tres nuevas fuerzas políticas consiguieron integrarse a la Cámara de Diputados: el Partido Comunista Mexicano (PCM) que obtuvo 18 diputaciones, el Partido Demócrata Mexicano (PDM) que consiguió 10 diputaciones y el Partido Socialista de los Trabajadores-Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PST-FCRN) que también consiguió 10 diputaciones. Y partidos de oposición ya existentes como el pan, el PARM y el PPS en ese mismo proceso electoral obtuvieron 43, 12 y 11 diputaciones respectivamente [^{Pineda 2012}: 50].

Cabe subrayar como hecho importante la tendencia izquierdista de muchos de los partidos que ingresaron a la competencia y la procedencia universitaria de sus dirigencias. Destacan el PCM que había tenido presencia en el campo político partidista desde décadas anteriores pero se renovó y revitalizó en los años setenta, el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) producto este último de la fusión de organizaciones de tendencia trotskista. También grupos conservadores apostaron a la organización partidista, fue el caso de la Unión Nacional Sinarquista que creó el PDM.

En la década de 1980 sobresale en la escena partidista la fundación del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), producto de la fusión de grupos de izquierda. Y es relevante que en las elecciones presidenciales de 1982, siete partidos políticos presentaron candidatos: Miguel de la Madrid por el PRI, Pablo Emilio Madero por el pan, Arnoldo Martínez por el PSUM, Rosario Ibarra de Piedra por el PRT, Cándido Díaz Cerecedo por el PST, Ignacio González por el PDM y Manuel Moreno Sánchez por el Partido Social Demócrata (PSD) [^{Paoli 1989}: 134-138]. Para finales de esta misma década ocurrió, en ocasión de la definición de las candidaturas presidenciales, la ruptura al interior del PRI, a la que aludí antes. Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del General Cárdenas, públicamente asumido como legatario del pensamiento y programa político de su padre, impulsó al interior de su partido PRI un proceso de democratización que lo llevó a retirarse del mismo y a liderar un nuevo movimiento social y político que en la diversidad de banderas políticas logró reconocerse, en el comienzo, en torno a la ideología nacional cardenista. De la ruptura del grupo de Cuauhtémoc Cárdenas con el PRI en 1987, pasando por la formación de un movimiento político de masas en 1988 Frente Democrático Nacional (FDN), se llegó en 1989 a la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) [^{Gilly 1990}].

Se constituyó este partido, autoidentificado como políticamente plural y de masas, en una alternativa competitiva en el sistema electoral mexicano en las décadas venideras, al punto de redefinir las coordenadas de muchas luchas político-sociales con gran arraigo en espacios locales, como la que referiré adelante. En lo concerniente a las pugnas políticas y sus expresiones partidistas en los niveles locales y regionales, cabe señalar que estas fueron particularmente activas. Hoy está ampliamente documentado que las disidencias en estos niveles también se daban la mayoría de las veces por el relegamiento de facciones en el juego político interno del partido oficial. Los agravios de este tipo recomponían las redes de lealtades y dinamizaban en cierto grado las contiendas electorales.

Igualmente importante es señalar que las alternancias políticas en México tuvieron un desarrollo temprano en los niveles locales² y recibieron en muchos casos fuertes impulsos de movilizaciones sociales que buscaban desestructurar poderes caciquiles y democratizar las instituciones políticas.

La oferta y oposición partidista en el ámbito local a diferencia de la nacional era amplia y se consiguió en fechas tempranas desplazar al partido oficial de los gobiernos municipales. Así lo muestran las experiencias de San Luis Potosí en 1958 (Unión Cívica) y 1982 (Frente Cívico Potosino) lideradas ambas por Salvador Nava Martínez; las experiencias en Hermosillo y Mérida en 1967 con el pan. Este mismo partido en la década de 1980 consiguió un ascenso importante al ganar diversas alcaldías en distintas regiones de la república: occidente, norte, centro, sur y sureste. Otros partidos que también consiguieron gobernar alcaldías en la década de 1980 fueron el PDM, PCM, PSUM y PPS [^{Arreola 1989}: 338-347].

Esto no necesariamente reflejaba una competencia real partidista, pero sí los descontentos sociales que canalizados a través de partidos provenían de movimientos de protesta y defensa popular de los sectores locales.

En cuanto a la vida política regional y partidista de Michoacán se puede afirmar que ésta fue en gran medida subsidiaria de los acontecimientos que ocurrían en el entorno nacional.

A principios de la década de 1920 se registró una gran cantidad de partidos y agrupaciones políticas locales en toda la entidad [Sánchez 1992]. Sin embargo, no tenían precisamente un carácter competitivo, eran en general afectos a los gobiernos en turno. En 1929 en completa alineación con el recién creado PNR, en Michoacán con el aliento de la dirigencia estatal se construyó un amplio soporte de partidos locales para el candidato presidencial Ortiz Rubio. En diversas localidades michoacanas (Morelia, Zinapécuaro, Zitácuaro, Acuitzio, Pátzcuaro, La Piedad, Puruándiro, Zacapu, etc.), previo a la jornada electoral de aquel año, proliferaron “como hongos” [^{Oikión 2004}: 116] partidos políticos paraestatales.

La organización del partido oficial en los primeros años en Michoacán enfrentó obstáculos como asonadas, la Guerra Cristera y la ausencia física del General Cárdenas³ (entonces gobernador de la entidad), retardándose su afianzamiento. Sin embargo, el programa reformista con fuerte carga corporativa que el gobernador Cárdenas realizó durante su gestión (1928-1932), terminó fortaleciéndolo.⁴

La imbricación del partido con los sectores organizados devino tan sólida que estas agrupaciones sectoriales proporcionaron las bases sociales al primero incluso los liderazgos. Un elemento más que Oikión Solana destaca en el proceso de consolidación del partido oficial en Michoacán es la participación del General Cárdenas como presidente del PNR [^{Oikión 2004}: 123-132], recuérdese además que fue él quien recreó en 1938 al partido de gobierno renombrándolo PRM.

En términos generales, en esta entidad las elecciones “eran un proceso cuyo resultado se conocía con anterioridad a los comicios y la lucha más relevante se daba en torno a la selección interna y no en las votaciones” [^{Calderón 1997}: 391-392]. Para que este proceso se desenvolviera sin tanta brusquedad, de gran relevancia resultaba la disciplina partidaria, la política de “candidato único” y la obediencia a figuras como la del General Cárdenas, que influían de manera importante en el destino político de la entidad, aún estando distanciados de la política pública formal.

Si bien lo anterior era la práctica recurrente en la vida política michoacana, también había cierta vivacidad política en el nivel local que se traducía en agrupaciones políticas contrarias por lo general al partido oficial. Muchas de estas agrupaciones provenían de clubes políticos, asociaciones sectoriales y religiosas, cercanas a veces a los poderes gubernamentales locales y regionales, pero en general contrapuestos a éstos y forjados en amplias experiencias de movilizaciones populares cívicas: defensoras de libertades civiles y políticas. Recuérdese además que el partido oficial se fue integrando por grupos y corrientes políticas muy diversas, muchos de los cuales al no encontrar representados sus intereses particulares o doctrinarios se alejaban de él para dar lugar a nuevas y opositoras agrupaciones o expresiones políticas. En este sentido en Michoacán se registra el caso de los grupos de tendencias comunistas y socialistas.

Otra vertiente que también alimentó de manera importante la esfera pública con grupos cívicos que actuaban como organismos políticos, es la del catolicismo social. En Michoacán desde principios del siglo XX la iglesia católica había organizado política y sectorialmente a segmentos importante de la población. En gran medida la Guerra Cristera fue una reacción de grupos seglares que habían participado en sindicatos o asociaciones católicas, que resistieron los nuevos acuerdos y arreglos políticos del naciente Estado posrevolucionario. Incluso, pasada la Guerra Cristera asociaciones o grupos informalmente organizados, cercanos al catolicismo social, dieron cauce a movilizaciones cívicas que pugnaban por el respeto de profesión de fe, en principio y después por desestructurar los emergentes cacicazgos locales [^{Boyer 2003}].

Estas experiencias de movilización política, impetuosas en las décadas de 1920 a 1940, fueron dando cauce al sistema político de partidos en Michoacán.

En esta entidad, los partidos opositores consiguieron escasas victorias. La oposición leal, representada por el pan, destaca del estrecho e irregular paisaje opositor. La inconsistencia era tal que el PAN, por ejemplo, desapareció de la escena electoral en las elecciones municipales de 1959 [^{Oikión 2004}: 455], un nivel de gobierno en el que este partido y en esta entidad había conseguido tempranamente, frente al oficialismo, que se le reconociera el triunfo electoral en la alcaldía de Quiroga en 1946.

La competencia política electoral se mantuvo sin mayores cambios hasta finales de la década de 1980 cuando, con la formación del FDN primero y del PRD después, ésta se volvió intensa y se registraron importantes relevos partidistas, sobre todo en las alcaldías. El momento de ruptura con las tendencias del pasado fue con las elecciones presidenciales de julio de 1988. En este proceso el candidato del FDN, Cuauhtémoc Cárdenas, obtuvo en Michoacán una abrumadora victoria: “una votación tres veces superior” al PRI [^{Rivera 1993}].

En esta coyuntura se generó un reacomodo de fuerzas político partidistas en el estado que decantó en una transformación relevante del campo electoral de la entidad. De principio, ante la denuncia de fraude en las elecciones presidenciales, en el estado se movilizaron en defensa de los votos integrantes del FDN y simpatizantes de Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato derrotado. Las acciones de ocupación de palacios municipales y plantones en plazas cívicas, en poco más de la mitad de los municipios en Michoacán, se mantuvieron en los meses subsecuentes a la votación, registrándose en algunos casos el nombramiento de “Ayuntamientos Paralelos” o “Provisionales”, con vidas efímeras, y en otros la continuidad de la ocupación hasta los comicios locales de julio y diciembre de 1989, como en los municipios de Cherán, Paracho y Nahuátzen [^{Ramírez 1997}: 134-138].

A partir de ese año electoral local el PRD logró un posicionamiento y arraigo en el ámbito municipal, convirtiéndose en catalizador de históricas pugnas locales entre grupos y facciones políticas [^{Ventura 2003}].

En el proceso comicial de 1989, en la elección de legisladores el recién creado PRD fue derrotado, pero obtuvo en la elección de Ayuntamientos casi la mitad de los mismos incluido el de la capital, Morelia [^{Rivera 1993}: 299].

Tras estas elecciones, algunos analistas vislumbraban en Michoacán la sólida instalación de una competencia electoral con un esquema bipartidista PRI-PRD y se auguraba el abandono del tradicional “carro completo” priista [Rivera ibid].

Las elecciones federales de 1991, en la que estaban en juego 13 diputaciones y una senaduría, depararían una nueva sorpresa. En esta ocasión el PRI obtuvo el 53.9% del total de votos. Eso representó un incremento espectacular, tanto en términos relativos como absolutos, en relación con los comicios de 1989: por ejemplo, en el Distrito i pasó de 9 599 votos en 1989 a más de 57 000 en los comicios de 1991; la misma tendencia se registró en los distritos II y III. En el ámbito estatal, los votos que obtuvo este partido en estas elecciones en comparación con las de 1989 fueron de más del doble: 506 861 y 225 000 respectivamente. Pero la tendencia en el incremento se registró también para el caso del PRD. Este partido aumentó en 30% los votos recibidos en este proceso en relación con los votos conseguidos en los comicios de 1989 [^{Rivera 1993}: 312]. Esta alza en la captación de votos por partidos se relaciona con una inaudita concurrencia de votantes a las urnas. Es importante destacar que el total de votos emitidos en este proceso equivalió a 67.7% de la lista nominal, un porcentaje elevado en comparación con los niveles de abstencionismo de los comicios de 1988 y 1989 que osciló de 52 a 65% [^{Rivera 1993}: 311-312]. Es decir, como hecho inédito, se puede destacar la tendencia ascendente de concurrencia a las urnas.

En 1992, en los comicios para gobernador, después de unas reñidas elecciones y de una denuncia de fraude por parte del PRD, se registró un conflicto poselectoral encabezado por este mismo partido que llevó a que el candidato ganador del PRI asumiera la gubernatura en un ambiente de abierta protesta, solicitando licencia al cargo 20 días después de su nombramiento para no ejercer más a causa de su deceso. Gobernó como interino por tres años Ausencio Chávez y se convocó a elecciones en 1995. En éstas se reportó la misma situación de denuncia fraudulenta que la de 1992, con la salvedad de que el candidato ganador postulado por el PRI asumió y ejerció el gobierno hasta el año 2001, momento en que ocurrió la primera transición en el gobierno estatal.

Lázaro Cárdenas Batel, nieto del General Lázaro Cárdenas e hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, postulado por el PRD ganó las elecciones. La capitalización de la memoria cardenista con su componente agrario, el neocardenismo perredista en la entidad al igual que el “bono democrático” dado por la transición en el poder en el ámbito nacional, fueron factores que contribuyeron en la victoria. Por un segundo período el PRD, formalmente, sería gobierno en el estado de Michoacán antes de que en medio de una desbordada violencia privada el PRI recuperara la gubernatura de la entidad y en una crítica descomposición institucional y en un ambiente de abierta confrontación a los poderes instituidos por parte del crimen organizado, injerencia del gobierno central y falta de gobernabilidad local la perdiera nuevamente ante el PRD en 2015.

En suma, la escena electoral se ha complejizado en Michoacán. Hoy es visible una mayor competencia político partidista, al igual que mayores críticas y amenazas al sistema de partidos y a la democracia electoral. Existe también una mayor complejidad de la acción política e incluso procesos autogestionarios de lo político y autogobierno. A esto quiero referir con el caso analizado.

Cierro este parágrafo diciendo que el riesgo actual en Michoacán radica en que: la frágil legitimidad del sistema democrático de partidos políticos se sostenga más por la política del temor cotidiano que por el convencimiento cívico.⁵

Política comunal y democracia electoral en Nurío, Michoacán

Después de la amplia movilización popular registrada en el campo mexicano en el periodo de la revolución, la que le sigue en importancia es la que se propició en el contexto de institucionalización del Estado mexicano posrevolucionario, con miras a formar la sociedad nacional.

El proyecto de fundación de una sociedad para el Estado nación, en el ámbito rural, se tradujo en el establecimiento de una política agraria que a través de la dotación de tierras o el aseguramiento de la propiedad sobre la misma, buscó la creación de los nuevos sujetos políticos. Un modo cabe decir, de formar ciudadanos. La labor que los agentes del Estado mexicano desempeñaron en este sentido, dieron como resultado la concepción de un tipo de ciudadanía ligada a la tutela del Estado. Esto es particularmente válido para los sujetos que el mismo Estado formó como campesinos y previamente identificó como acreedores del derecho a acceder a la tierra: los ejidatarios y comuneros.

Con la acción gubernamental el derecho a la tierra como derecho social se sobrepuso a los de tipo político, formando una ciudadanía rural mediatizada por el aparato gubernamental. Con los demás pobladores rurales, sobre todo pequeños propietarios privados, la relación tomó otro matiz aunque el intento por definir la calidad de sus derechos políticos no varió completamente; siempre se buscó por medio de prácticas institucionales sujetarlos al aparato gubernamental.

A la luz de este proceso es posible afirmar que la construcción de ciudadanía en México ha estado marcada, para la vida rural, por la determinación del Estado de otorgar el derecho al usufructo o tenencia de la tierra.

No es casual, bajo esta perspectiva, que la lucha por la posesión de la tierra y el memorial agrario sean elementos clave en la definición de la cultura política de los pueblos mexicanos. Quiero con esto señalar que el entendimiento de la realidad política (reciente y pasada) de las comunidades locales pasa por la observación de la transformación histórica de los paisajes agrarios, entendidos estos en su dimensión simbólica, cultural como económica.

Nurío, localidad de origen purépecha ubicada en la región sierra del occidental estado de Michoacán, ejemplifica muy bien lo anterior. En el sedimento de sus marcos de convivencia sociales y políticos y en sus expresiones colectivas contenciosas se encuentra la lucha por la tierra y la memoria histórica agraria. Pero también es relevante destacar que en la formación de su esfera pública ha tenido un peso importante, para abrir canales de participación, las opciones partidistas, el sufragio y las reglas democráticas mismas que en conjunto se han ligado con acciones y protestas públicas colectivas, de las que destacan históricamente las de tipo agrario.

Nurío es una comunidad integrada por poco más de tres mil habitantes, perteneciente al municipio de Paracho, localizado en la sierra michoacana. Sus habitantes durante años se han dedicado a la agricultura del maíz para el autoconsumo, siendo brevemente desplazada esta actividad hacia mediados del siglo XX por la explotación forestal. Agotados los recursos del bosque en la década de 1970, los nurienses regresaron a la agricultura para el autoconsumo combinándola para sus subsistencias con el comercio de artesanías de madera (guitarras, principalmente) y la migración laboral hacia los Estados Unidos.

En el último siglo esta comunidad ha sido dinamizada en términos sociales y políticos por una larga disputa agraria. La indefinición de sus límites territoriales, en que se traslapan memorias coloniales con dictámenes oficiales modernos sobre la situación de la tenencia de la tierra, ha llevado a los nurienses a confrontarse con sus vecinos (San Felipe de los Herreros y Cocucho) como también a establecer una consistente estrategia de defensa y gestoría legal frente a las agencias gubernamentales.

Esta lucha, desarrollada en un doble plano: defensiva, llegando incluso a ser armada y violenta, frente a sus vecinos,⁶ y autogestionaria ante las instituciones del Estado, fue modelando a una sociedad local con un arraigado sentimiento de aislamiento. En términos políticos y culturales esta situación se tradujo en la creación de un tipo de gobierno local que utilizando las formas de representación estipuladas en la ley agraria: comisariado de bienes comunales, fue trazando los márgenes de la convivencia social y política, tanto interna como externa.

Este proceso se acentuó en el marco de una lucha interna que protagonizó el sector más pobre de comuneros del lugar, registrada a principios de la década de 1970, tendiente a recuperar las tierras de uso común en manos de los que llamaron “extraños” a la comunidad. La práctica de venta o empeño de tierras comunales a personas externas, a comienzos de 1970 había llegado a un punto tan crítico que decantó en acaparamiento de tierras y en apropiación directa de la plusvalía del trabajo de muchos comuneros por parte de los “extraños” o “ricos” de la comunidad.

Junto con la apropiación de tierras y el valor de trabajo de muchos comuneros, los “extraños” habían conseguido el control de las representaciones comunitarias.⁷

En ese contexto, el grupo de comuneros agraviados buscó asesoría y acompañamiento en el emergente liderazgo comunitario de Juan Chávez. Egresado del internado indígena de Paracho, con una breve experiencia en las luchas ferrocarrileras del norte del país y con habilidad en el manejo del discurso de lucha étnica y de clase, Chávez, electo en 1968 Representante de Bienes Comunales, encabezó la pugna por estas tierras consiguiendo recuperarlas bajo los argumentos de la misma ley agraria y los derechos consuetudinarios de las comunidades. Junto con la recuperación de las tierras el grupo consiguió tomar el control de las representaciones agrarias de la comunidad, que son en este caso representaciones de tipo político.

En la narración que del mismo proceso hizo Juan Chávez consideró que la situación había sido posibilitada en gran medida por la connivencia de las autoridades comunales del pasado y por la ausencia de contrapesos a voluntades individuales sobre bienes colectivos. Es decir, los comuneros concebían la posesión de bienes comunales como privadas, en consecuencia actuaban como particulares siguiendo sus intereses.

A partir de entonces, con mayor énfasis que en el pasado, situaron como máximo órgano de decisión y regulación sobre los conflictos y asuntos colectivos a la Asamblea de Comuneros. Devino la misma en un tipo de democracia directa, un régimen interno de gobierno y en una arena legítima de disputa política.

En el anterior sentido, no es fortuito que la integración y renuevo de la Asamblea, en tanto considerada órgano de gobierno interno, en las últimas décadas sea el asunto de mayor trascendencia que viven los comuneros como sujetos políticos (cabe señalar que categorizados así los varones, adultos y casados). El cambio y la elección de los miembros de la Asamblea, ocurre cada tres años.⁸ Los directivos salientes convocan a reunión general que de facto se constituye en órgano revisor y elector. En la misma, a voz en cuello, se proponen a los “candidatos” al cargo principal de Representante Comunal, es decir, las candidaturas a la presidencia de la Asamblea de Comuneros.

En torno al proceso de elección ocurre una situación que merece destacarse. Ésta es que, en términos formales, no existe candidato a la representación comunal. La candidatura es una condición inexistente en el ejercicio político de los nurienses. Por ello, llegado el día de la elección y reunidos para tal fin casi siempre de viva voz se nombran a las personas que consideran idóneas para el cargo.

Lo anterior ocurre así por la particular idea que han elaborado sobre la política. Para los comuneros hablar públicamente de candidatos y candidaturas, y asumirse como tal, implica la realización de “política”. “Hacer política” o “la política” la asocian por lo general con el sistema de partidos, con demagogia y con artimañas para conseguir poder. Pero también hay en esta concepción una asociación directa con el conflicto. Por ejemplo, en los comicios federales de 2003, las autoridades comunales de Nurío estuvieron a cargo de vigilar el orden público durante los mismos. Cuando le pregunté al Representante Comunal sobre el desempeño de esa función, su respuesta fue: “Es para evitar que las elecciones se politicen” (Diario de campo, 07 de julio de 2003).

Parece haber en la valoración del Representante una contradicción de términos: ¿cómo un proceso electoral no puede politizarse? No obstante, hay en la misma las consideraciones que señalé antes. Incluso resuena en esa valoración la idea, dominante en corrientes de pensamiento político proclives al institucionalismo, de que el conflicto debe controlarse o anularse en las relaciones sociales [^{Castro-Gómez 2015}].

En el mismo sentido, desde la visión colectiva comunitaria, el político es en principio un individuo asociado a un grupo de interés (partido político) y por lo tanto con ambiciones e intereses personales. Es en esa medida contraria, incluso una potencial amenaza, a los intereses colectivos (usufructo de la tierra, fiestas religiosas comunitarias, principalmente) y estructuras comunitarias (representaciones agrarias, jefatura de tenencia, Consejo Comunal) que públicamente se valoran altamente en Nurío. Intereses y estructuras, cabe decir, que en este caso han sido situados como valores dominantes en el marco de la integración de un sector de letrados al movimiento indígena contemporáneo reclamante de derechos etnoculturales [^{Bello 2006}; Solís 2012].

En este punto es importante decir que lo descrito es parte de un discurso que funciona para regular y canalizar las pugnas internas políticas. Un discurso que sirve además para controlar la imagen de comunidad indígena (armónica e integrada social y culturalmente) que buscan proyectar hacia el exterior.

Si remontamos este discurso podremos observar que en los hechos lo que ha venido ocurriendo es una confluencia, desde hace al menos tres décadas, de los procedimientos electorales, la vida político-partidista con la culturalmente mediada forma de conducirse pública y políticamente de los nurienses.

Bajo esta línea es posible observar así que la elección del representante comunal es una teatralización de la moral pública local con los intereses políticos partidistas. Me explico. Para llegar a la etapa de presentación de viva voz de los candidatos a representante comunal, debió haberse consensuado con antelación entre los grupos internos dominantes los nombres que se revelaran. Invariablemente cada “candidato espontáneo” se liga a una facción de comuneros (como regularidad han existido dos), y el que gana representa los intereses y voluntad de su bando, situado entonces como dominante.

Desde la década de 1990 ha ocurrido, aunque de manera velada, que las facciones comunales se han ligado a los partidos políticos con mayor presencia en la región: el PRI y el PRD, este último ligado a la vez con simpatizantes del neozapatismo. Y esta relación los vincula incluso con las redes de relaciones de los ámbitos municipal y regional.

Es posible entonces observar que en determinados contextos y situaciones, procesos electorales o negociaciones con agentes gubernamentales por ejemplo, la facción en cuestión o miembros de la misma pueden intercalar adscripciones o militancias políticas con autorreconocimiento como comuneros. Pero de una manera aun más fundamental, operan como bloque y grupo corporado consiguiendo de este modo equilibrio en la relación que establecen con actores políticos externos. En este accionar político existe un proceder muy racionalizado, fundado en la lectura de la correlación de fuerzas.

Desde principios de la década de 1990 la facción comunal dominante, que en sus orígenes la constituyó militantes del PRD y simpatizantes del neozapatismo, ha ido dirigiendo los términos de la relación con el gobierno estatal y sobre todo con el municipal. Ha tomado en sus manos la dirección de la vida pública local, cumpliendo funciones de gobierno (policía, administración y vinculación con agentes de gobierno de los tres niveles).

Este mismo grupo fue también construyendo una posición abiertamente contraria a la democracia formal, al punto que se opusieron en algunos procesos electorales a la instalación de casillas para votación en la localidad. Sobre esto vuelvo adelante. Importa por ahora adelantar que en tiempos recientes los comuneros de Nurío han logrado que la aplicación y ejercicio del dinero público (fondos municipales) que les corresponde como agencia municipal sean discutidos en Asamblea, consiguiendo la asignación directa de ciertos rubros, saltándose incluso la mediación de figuras como la del presidente municipal. Han construido, en este sentido, una instancia de representación muy fuerte en el que han reforzado y renovado los espacios y mecanismos en la toma de decisiones local [^{Ventura 2010}: 276-288].

La forma en que ha llegado a configurarse este campo político en Nurío se explica por la lucha agraria ya referida antes, también por la incursión que hizo al movimiento indígena regional. A través de la lucha agraria crearon un hábito contencioso (no conformista con la situación de indefinición jurídica prevaleciente), un sentimiento de aislamiento y autogobierno y una habilidad legal para afrontar los embates jurídicos del gobierno y de las comunidades vecinas. Con el movimiento indígena ampliaron sus redes de relaciones sociales, afianzaron ciertas prácticas y discursos de gobierno autónomo y acentuaron el sentimiento de grupo corporado a partir de valorar su diferencia cultural [^{Bello 2006}; ^{Solís 2012}].

Ambas experiencias se convirtieron en espacios de socialización y politización que con el tiempo fueron también redefiniendo la relación de los comuneros con la democracia electoral. Es decir, la lucha agraria y el movimiento indígena fueron creando modos de actuar políticamente que los comuneros de Nurío han trasladado al campo político electoral de forma destacada a partir de la década de 1990.

Veamos ahora la fase política electoral.

Como muchos pueblos de México, Nurío careció de opciones partidistas durante décadas. Vivió la hegemonía del partido de Estado (PRI) y sus habitantes llegaron incluso a asumir de manera incuestionable la militancia e identidad unipartidista. Las estadísticas reflejan con claridad esta situación. En lo que toca a la década de 1970, las elecciones locales y federales (diputaciones, gobiernos locales, estatal y federal) fueron ganadas por el PRI con amplios márgenes en el distrito y municipio (Paracho) en que se localiza Nurío. Las votaciones para la renovación de alcaldía son claro ejemplo: en el proceso de 1977 el 99% de los votos emitidos fueron para el PRI, el 1% restante se distribuyó del modo siguiente: dos votos para el pan y 72 no registrados o anulados. La elección para diputados federales en 1979 muestra la misma tendencia. En Paracho el 97% de los sufragios los recibió el PRI [^{Rivera y Vargas 2001}], (véase Tabla 1).

Anexo

Tabla 1 Comicios locales (Ayuntamientos y Diputaciones) y presidenciales: 1977-1995. Paracho, Michoacán 

Fuente: Elaboración propia con base en ^{Nava [1992]} y ^{Rivera y Vargas [2001}].

¹ Se coloca este partido PARM como ganador por vez primera, desplazando al PRI.

² El PCM se transformó en PMS

³ El PSUM se transformó en PFCRN

Los primeros indicios de militancia y simpatía partidista distinta a la del PRI se encuentran, en lo que respecta a la comunidad de Nurío, hacia principios de la década de 1980. La alternativa partidista llegó por mediación del líder comunitario Juan Chávez, que en la década anterior había liderado la defensa de las tierras comunales.

Hacia esta década, Chávez había destacado como funcionario de la institución indigenista del gobierno nacional y en el contexto del reacomodo de grupos regionales de poder, se alió con el ala que disintió con el proyecto oficial indigenista y declaró su simpatía con movimientos y partidos políticos de izquierda como el Partido Popular Socialista y el Partido Socialista Unificado de México [^{Vázquez 1992}: 146-147].

Pero esta opción fue poco significativa y es seguro que se quedó en el ámbito de las lealtades primordiales de Chávez (familia consanguínea y ritual). Aunque es un tanto difícil saber si la simpatía de Chávez y sus allegados por los partidos de izquierda se tradujo en votos, lo cierto es que las cifras electorales registran algunos, aunque escasos, por estas opciones partidistas. En las votaciones de 1980, para la renovación del Ayuntamiento de Paracho, el PRI se adjudicó el 99% de los votos, el cambio esta vez fue que el pan, que durante la década pasada había recibido parte del 1% de la votación restante, fue desplazado por el PCM, el PDM y el PPS con 18, 9 y 8 votos respectivamente [^{Rivera y Vargas 2001}] (véase tabla 1).

Es importante notar que para este momento se amplían las alternativas políticas. En las contiendas electorales tanto federales como locales (efectuadas entre 1979 y 1983) se observa ya la diversificación de opciones partidistas y se encuentran además de los nombrados anteriormente al PSUM, el PST, el PARM y al pan por hablar de los que, durante este periodo, captaron votos [^{Rivera y Vargas 2001}].

A pesar del creciente pluripartidismo, el predominio del partido oficial (PRI) continuó incluso en los momentos de más baja participación electoral. En 1983, en la elección de ayuntamiento, el índice de participación electoral fue de 39%, marcadamente bajo en comparación con contiendas electorales, caracterizadas como poco atractivas para los ciudadanos, como la de 1979 para diputado federal en la que se registró un 87% de participación o en comparación con la de 1980 para gobernador (con Cuauhtémoc Cárdenas como candidato) en la que el índice de participación fue del 100% [^{Rivera y Uribe 2001}] (véase Tabla 1).

Los bajos niveles de asistencia a las urnas fueron indicativos del resquebrajamiento en la estructura del PRI, del desencanto de la población con las formas de participación político-electoral y con un régimen en crisis que implementó políticas que golpearon severamente el bienestar de la sociedad mexicana.

Las elecciones federales para diputados de 1985 y las locales de 1986 (ayuntamiento, diputados y gobernador) fueron el preámbulo de la ruptura y crisis más importante que ha sufrido el partido oficial. En esos años los índices de participación estuvieron en 30% para las votaciones federales y 26% para las locales [^{Rivera y Vargas 2001}].

En 1987, en el marco de la sucesión presidencial tal como refería antes, se inició la conformación del FDN encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, líder a la vez de la Corriente Democrática, emergida y disidente del PRI. El Frente irrumpió con gran fuerza en el escenario político nacional y puso en jaque la hegemonía del partido oficial al lograr aglutinar una amplia gama de agrupaciones y partidos entre los que se encontraban el Mexicano Socialista (PMS), el PPS, el PST y el PARM.

Los nurienses, con la experiencia de la movilización por la defensa de la tierra, la de su reciente incursión al movimiento indígena y sus simpatías izquierdistas por vía del liderazgo de Juan Chávez, en bloque se sumaron al FDN apoyando la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia federal. Las estadísticas reflejan este volcamiento y muestran cómo a escala local el PRI perdió la contienda captando solamente el 12% de la votación total, siendo derrotado ampliamente por el PARM, integrante del FDN, que obtuvo el 62% de la votación [^{Rivera y Vargas 2001}] (véase Tabla 1).

En la fase postelectoral, frente a la nada clara victoria del candidato oficial y la derrota de Cárdenas, los comuneros de Nurío manifestaron su descontento participando activamente en la toma del palacio municipal de Paracho, una de las más prolongadas registradas en la entidad. Y se movilizaron de forma masiva al centro del país para exigir el respeto al voto. A la distancia, algunos de los participantes de este proceso recuerdan que de haberse concretado la propuesta, hecha por algunas corrientes políticas integrantes del FDN, de defender la victoria electoral de Cárdenas con las armas hubiesen participado entusiastamente en la misma.

En 1989, en las elecciones locales los nurienses y demás comuneros del municipio de Paracho descontentos con la hegemonía del PRI tuvieron oportunidad de manifestarse mediante el voto y directamente al evitar que el candidato del PRI ganador a la presidencia municipal, acusado de obtener el triunfo de manera fraudulenta, asumiera el cargo. Así, participaron de manera destacada en el proceso electoral y cuando el triunfo del candidato del PRD, derivación del FDN, no fue reconocido, con base en protestas y movilizaciones públicas, grupos de comuneros, entre los que destacaban los nurienses, consiguieron instaurar un gobierno municipal negociando al mismo tiempo su inserción en él.

En 1992, agrupados de manera sólida en el PRD, consiguieron la alcaldía municipal misma que de manera consecutiva mantuvieron en su poder hasta el año 2004. Momento en que las diferencias al interior del PRD en el ámbito municipal son insalvables y los nurienses mediante Asamblea acuerdan no permitir la instalación de casillas en la localidad [La Jornada, jueves 11 de noviembre de 2004]. Previamente, en las elecciones locales de 2001 (Ayuntamiento, Gubernatura y Legislatura Local) aún es visible el dominio del PRD en la localidad, aún más destacable para la vida política de la localidad, la confluencia de esta simpatía partidista con la propuesta política del neozapatismo.

En marzo de 2001 se celebró en Nurío el Tercer Congreso Nacional Indígena (CNI).⁹ Fue decisiva para la realización del Congreso en la localidad la propuesta organizativa que presentó al CNI Juan Chávez. Apoyado en redes de relaciones comunales y regionales (compuestas algunas por militantes, incluso dirigentes locales del PRD)¹⁰ el Congreso impulsado por Chávez vio feliz realización, dando reconocimiento político externo y lecturas renovadas de su potencial político movilizador a los propios nurienses. Ocurriendo en el anterior sentido la confluencia de la militancia y simpatía partidista con la etnicista afín al movimiento ezelenita.¹¹

El desencuentro entre la participación político electoral y la militancia en el neozapatismo o la abierta desacreditación de la democracia electoral por los actores políticos de Nurío ocurrió después por causa de las rupturas en el ámbito de partido más que por una toma de conciencia de la contradicción de términos entre la vía autonómica propuesta por los neozapatistas y la vía político electoral.

En los cuatro periodos de gobierno municipal perredista (1992-2004), nurienses ocuparon puestos clave en la administración. Lo interesante en esta nueva fase es que quienes asumieron cargos públicos en el Ayuntamiento, lo hicieron de manera casi invariable con la anuencia de la Asamblea de Comuneros. Las personas originarias de Nurío con pretensiones a algún cargo público o con propuestas ya hechas por miembros del gobierno municipal, debían asistir con la facción de comuneros dominante para que estos formalizaran públicamente la propuesta o candidatura. Es decir, quienes hasta el año 2001 arribaron a puestos o cargos en el ámbito municipal debieron ser previamente examinados mediante las prácticas políticas del primer nivel de gobierno: el comunal.

De haber obviado este proceso, por las consideraciones morales que referí antes, se hubiesen expuesto en el mejor de los casos a la condena pública, a la reducción de sus vínculos políticos comunales, al estrechamiento de su ámbito de influencia política y en el peor de los escenarios al aislamiento social (ostracismo).

En términos formales el comportamiento político de los nurienses se desarrolló del modo siguiente entre los años 2001-2007:

En el proceso electoral de 2001 para renovar ayuntamientos, diputados y gobernadores, los nurienses votaron mayoritariamente por la Coalición Unidos por Michoacán (CUM).¹² De un total de 1 514 electores, en la elección de Ayuntamiento 615 votos fueron para la CUM, 12 votos para el pan y 36 para el PRI. El comportamiento fue similar en la elección de Diputado: 643 para el cum, 10 para el pan y 33 para el PRI; y en la de Gobernador: 640 para el CUM, 10 para el pan y 34 para el PRI.

Como referí antes, en las elecciones de 2004 debido a las pugnas internas del PRD en el ámbito local y por acuerdo de Asamblea, los nurienses no permitieron la instalación de casillas en la localidad.

En 2007 el dominio en la preferencia electoral se mantiene en los mismos partidos políticos. La lista nominal es de 2 061 y en la elección de Ayuntamiento la coalición PRD-PT-pc¹³ recibió 575 votos, el PAN 19, el PRI 65 y el PVEM, 5. La misma coalición (PRD-PT-PC) en la elección de Diputados registró 470 votos, el PAN 14, el PRI 44, el PVEM 4 y el PAS 114. Y en la elección de Gobernador los votos registrados para el PRD fueron 545 y en orden descendente los partidos políticos recibieron el siguiente número de votos: PRI 40, PAS 25, pan 19, PVEM 3, pt 2 y pc 1 (Datos sobre Elecciones 2001, 2004, 2007 IEEM).

Para finalizar me parece importante señalar que el entrecruce de prácticas partidistas y representaciones políticas, municipales y comunales, han ido formando una sociedad local preocupada por problemas sociales comunes e interesada también en la toma de decisiones colectivas.

Han abierto en este sentido una arena pública que, aunque no carente de conflictos, les ha garantizado asegurar el derecho a la toma de decisiones, incluso en ámbitos externos a la comunidad. Este espacio político, pese al discurso inmunizador y neutralizante que lo envuelve, cargado de intereses en competencia y de relaciones de poder ha ido incorporando gradualmente reglas y valores de la democracia electoral.

Conclusión

En la coyuntura de las elecciones estatales del año 2011 en Michoacán, los comuneros de Cherán (cabecera y municipio del mismo nombre, vecina de la localidad de Nurío) decidieron como colectividad no participar en el proceso electoral bajo las reglas de la democracia procedimental. Apelando al marco legal que protege los derechos de ciudadanía política lograron que las instituciones con competencia en el ámbito jurídico electoral (estatal y federal) y el Poder Legislativo local les reconocieran el derecho a elegir a sus autoridades municipales por el sistema de usos y costumbres. Conformaron así un gobierno comunal y sentaron un precedente formal, relevante en las experiencias de autogobierno regional.

En el proceso de instauración de este gobierno comunal se destacó el valor de la democracia directa y de las tradiciones de raigambre comunitario, no obstante, los actores más destacados del proceso, como en el caso de Nurío, eran portadores de prácticas y culturas políticas provenientes de militancias partidistas y neoindigenistas. Tal bagaje imprimió el sentido de la relación social y política del autogobierno con sus vecinos y gobernados desde el principio, generando al paso del tiempo cuestionamientos sobre la legitimidad y representación del mismo [^{Ventura 2010}; ^{Román 2014}].

El caso Cherán tuvo una amplia resonancia mediática como experiencia política comunal de la sierra michoacana. Sin embargo, a tal experiencia le anteceden otras menos visibilizadas pero con iguales propósitos de gobierno comunal en la misma sierra michoacana como las de Nurío (analizada aquí) y Quinceo [^{Ventura 2003} y ²⁰¹⁰]. Lo interesante de estos casos, como ilustra el de Nurío en este artículo, es que aún cuando en la actualidad toman distancia de la democracia formal (de sus reglas y valores) los actores que han encauzado los nuevos procesos políticos comunales son deudores de la misma, incluso en fases tempranas de sus trayectorias políticas impulsores de opciones partidistas opositoras al dominante partido de Estado: PRI o militantes de este mismo.

La política comunal que se observa hoy en la Sierra de Michoacán construye su legitimidad sobre la experiencia militante partidista de sus protagonistas, sobre la memoria agraria y de agravios intercomunitarios, y desde los procesos vividos de corporativismo oficial, del indigenismo y del neoindianismo. Todos estos factores definen la forma política comunal en el caso de Nurío; son no obstante, me atrevo a aventurar, generalizados para la región serrana de Michoacán. Representan, en un amplio sentido, experiencias políticas que aunque abrevan también atraviesan las formas políticas (democrático parlamentaria/marcos legales agrarios-civiles) para convertirse en instituyentes de la sociedad misma.