Trabajo remunerado

Del total de la población general económicamente activa de Panamá (65.9%), se estima que la participación de los hombres en la economía es de 78.4%, y la de las mujeres, de 54.3% (^{INEC, 2019}). En la población que no es económicamente activa, 3% se encuentra en esta situación porque no tiene quien se ocupe de sus hijos e hijas y 24% es económicamente inactiva por “otras responsabilidades familiares”. De ese total (27%), 98% son mujeres (^{INEC, 2019}).

En el sector formal, las mujeres que se han insertado en el mercado laboral desempeñan ocupaciones relacionadas con roles tradicionales de género. Estas no solo representan ingresos salariales menores que los de los hombres, sino que se encuentran sobrerrepresentadas en trabajos de baja calificación y bajos salarios (véanse la Gráfica 1 y el Cuadro 3).

Elaboración propia con base en datos de la Encuesta del Mercado Laboral de 2019 del INEC.

Gráfica 1 Principales ocupaciones de las mujeres mayores de 15 años 

Por otro lado, entre las mujeres, la tasa de participación en el sector informal es de 45.4%, y entre los hombres es de 44.5% (^{INEC, 2019}). Sin embargo, las mujeres reciben menos ingresos que los hombres por los trabajos que realizan en este sector.²

Trabajo no remunerado

Encuestas realizadas en Panamá indican que la carga de trabajo no remunerado está distribuida de manera desigual en las familias panameñas. En la ^{Encuesta CIEPS de ciudadanía y derechos (2019)}, ante la pregunta: “¿Quién se encarga la mayor parte del tiempo de los cuidados de niños, niñas, personas enfermas y personas mayores?”, 70.6% de las mujeres afirmaron ser ellas mismas quienes se ocupan de las tareas de cuidado, frente a solo 26.5% de los hombres. Un estudio anterior, la Encuesta del uso del tiempo (2011) del Instituto Nacional de Estadística y Censo, encontró que 72.1% del total de horas dedicadas a actividades domésticas no remuneradas era realizado por las mujeres, y solo 37.1% por los hombres (^{INEC, 2011}).³ Este estudio evidenció también que las mujeres dedicaban semanalmente 15:45 horas más a las actividades del hogar que los hombres.

Circulación por sexo y cédula

Una medida particular adoptada en Panamá fue la circulación por sexo y cédula: hombres y mujeres tenían asignados respectivamente tres días a la semana para salir, por dos horas, para realizar compras de alimentos y medicamentos y para acudir a servicios esenciales (mujeres los lunes, miércoles y viernes; hombres los martes, jueves y sábados).

Esta medida fue adoptada para “reducir la circulación de las personas en las calles […] si solamente las personas pueden salir dos horas alrededor de su último número de cédula, en lugar de salir ocho o doce horas, lógicamente la circulación [...] va a verse disminuida”, según informó el entrevistado núm. 26, funcionario (asesor médico), quien agregó: “yo diría que un elemento importante es que el haber diferenciado, por ejemplo, en salidas por sexo, le hace más fácil el trabajo a la policía”.

Es importante acotar que en un punto de la pandemia, y de forma temporal, las mujeres tenían tres días para salir y a los hombres se les redujo de tres a dos días, dado que se decretó cuarentena total los sábados de abril, algunos de mayo y junio (véase el Cuadro 1). Frente a esta medida temporal, y como consecuencia de cuestionamientos de diferentes sectores de la sociedad, la ministra de Salud aclaró en conferencia de prensa las razones de esta:

Se ha optado por esta medida porque consideramos que, desde la perspectiva del número de casos ante un escenario dinámico, se les ha dado tres días asignados a las mujeres, en función de todos los temas de la administración del hogar. Y sabemos que esta es una medida definitivamente de carácter temporal, porque estamos convencidos que debemos retornar muy prontamente a los principios de equidad de género, pero ante este escenario complicado se están tomando diversas medidas de control (^{Ministerio de Salud, 2020}).

La mayoría de las personas participantes del estudio cuestionó la medida de circulación por sexo y cédula, afirmando que profundizó la inequidad de género y que, al adoptarla, las autoridades no consideraron las realidades de las mujeres y los roles que la sociedad les ha impuesto históricamente:

La uniformidad que se le ha dado a esto es grave y obedece realmente a una falta de voluntad política de entender cuál es el papel de la mujer dentro del hogar, cuál es su rol dentro del hogar. Porque nosotras no somos mamás cada 24 o 48 horas. Nosotras somos madres 24/7 (entrevistada núm. 35, organización feminista).

El tiempo de las mujeres suele ser utilizado para realizar múltiples actividades remuneradas y no remuneradas en el hogar, por lo que dos horas resultaron insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familiares:

El tiempo que se les ha dado no les alcanza. Estamos hablando de dos horas cada tres días, que son insuficientes muchas veces para poder acceder o poder, por ejemplo, ir a un supermercado o ir a buscar medicinas. Si se quedan sin alimento por A o B razón el viernes, tienen que esperar hasta el lunes. También muchas mujeres son, por decir así, cabezas de hogar y no cuentan con otro apoyo. Son medidas que no han sido analizadas a profundidad […] Ha sido una medida simplemente para facilitar el trabajo de la policía (entrevistada núm. 42, organización feminista).

En la misma línea, otra informante enfatiza la situación de las mujeres con hijas e hijos pequeños:

No es lo mismo ser una mujer soltera, sin hijos, y decidir salir, en dos horas […] a ser madre soltera […] Hay un montón de factores que limitan a las mujeres. A la hora de decidir: “voy a ir a comprar comida, pero tengo que pensar con quién dejo a los niños, le voy a decir a la vecina que los ojee mientras”, ¿y si la señora tiene coronavirus? Hay un montón de cosas que allí no se tomaron en consideración (entrevistada núm. 27, organización feminista).

Aunado a ello, no se consideró “el problema de las distancias en nuestro país y el problema del sistema de transporte. Esto le genera a la mujer una situación gravísima en cuanto al tiempo que se le da para disponer de hacer todas las tareas” (entrevistada núm. 35, organización feminista).

Además, la medida representó un riesgo en la seguridad de las mujeres que tenían que salir a trabajar, como las enfermeras, quienes:

han tenido que andar por ahí [sin carro propio], hemos comentado casos de que se sienten inseguras, sobre todo cuando va anocheciendo, porque lo que queda en la calle son la gran mayoría de hombres y hay mucho como que: “¡Hey, te ves bien!” (entrevistada núm. 41, funcionaria médica).

La informante agrega que esa inseguridad la vivían sobre todo enfermeras o técnicas porque “ellas son probablemente las únicas mujeres que están a las 10:00 de la noche en una parada esperando un bus. Hay más soledad en la calle” (entrevistada núm. 41, funcionaria médica).

Asimismo, la medida produjo aglomeraciones en lugares de abastecimiento que generaron riesgos para la salud de las mujeres y de sus familias: “en los días asignados para mujeres […] las filas de los supermercados se tornaban interminables, con personas, mujeres adultas mayores, todas en una misma fila sin respetar el distanciamiento” (entrevistada núm. 5, funcionaria). “Definitivamente todas estas cosas afectan a la mujer en su particular condición de ser cabeza de familia y de ser la que tenga necesariamente que abordar la solución de todas las tareas del hogar” (entrevistada núm. 35, organización feminista).

Aumento e invisibilidad del trabajo que sostiene la vida

Desde inicios de la pandemia, organismos internacionales recordaron a los gobiernos del mundo que, si bien las medidas de confinamiento tenían como finalidad proteger la salud pública, su aplicación no es neutra desde el punto de vista de género, lo que podía aumentar la carga doméstica y exacerbar la crisis de los cuidados (^{OEA-CIM, 2020, p. 3}; ^{UNFPA, 2020, p. 7}). Se motivó a los estados a adoptar medidas para evitar un incremento en la desigualdad de género, pero ese no fue el caso en Panamá. Las medidas de cuarentena total, dictadas por medio del Decreto Ejecutivo No. 507 del 24 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud, confinaron a todas las personas permanentemente en sus hogares durante casi seis meses, con condicionantes de movilidad.

Tal confinamiento:

Ha incrementado la carga de trabajo de las mujeres […] Es como estar eternamente de vacaciones. En vacaciones siempre se incrementa el lavado de ropa, la cocinada, la limpiada ¿por qué? […] adentro tienes al chiquillo, más el marido; se incrementa la carga horaria de trabajo doméstico (entrevistada núm. 1, organización social).

Otra entrevistada afirma que, por el confinamiento, el hogar se convirtió en el espacio donde todo se realizaba bajo la acción principal de las mujeres, muchas veces sin apoyo:

todo regresó a la casa, [la mujer] regresó para brindarle comida, regresó para brindarle cuidados generales, regresó para brindarles educación, formación, regresó para atender enfermos o personas en cuarentenas de COVID-19, y esto encima de que algunas de las mujeres también estaban en teletrabajo. Es muy complejo porque se unieron en un mismo espacio todos los componentes (entrevistada núm. 5, funcionaria).

Participantes en el estudio coincidieron en que, en Panamá, el trabajo no remunerado recae sobre las mujeres, sin que sea reconocido por el estado en las políticas públicas adoptadas en respuesta a la COVID-19. Una de ellas indicó: “las mujeres sostienen todo el mundo productivo y sí es visible. Quizás no ha sido tan visible para el estado, pero al menos desde la mirada de las mujeres, desde la mirada del feminismo, es muy visible” (entrevistada núm. 5, funcionaria).

Al respecto, apuntan que ante la COVID-19 hubo un aumento del trabajo de cuidados para las mujeres y que, pese a ello, “el gobierno no ha previsto qué situaciones pueden afectarlas y cómo ayudarlas a poder mantenerse y a no tener esa sobrecarga de trabajo tanto en la casa como laboralmente” (entrevistada núm. 42, organización feminista).

Otra entrevistada señaló que una de las formas de expresión de esa invisibilización es la no remuneración del trabajo de cuidados, y que la COVID-19 mostró la relevancia de esas actividades para el sostén de la vida de personas dependientes:

Dentro de todo, siempre se ha desconocido el trabajo doméstico remunerado [...] En ese trabajo que eres como invisible y justo ahora es cuando te has dado cuenta que esas personas eran tan necesarias para cuidar niños, para cuidar ancianos (entrevistada núm. 18, organización social).

Yo creo que la sociedad, en general, tiene una deuda con las mujeres, porque han sido las mujeres las que se han plantado y han podido garantizarle a sus hijos y a sus familiares que dependen de ellas, la vida” (entrevistada núm. 25, organización sindical).

Las afirmaciones de las entrevistadas muestran su preocupación por que ese trabajo, que a decir de ^{Esquivel (2015)} “constituye la piedra angular de la economía y de la sociedad”, no fuera considerado como un aspecto central en la adopción de las políticas sanitarias por parte del estado, sino que fue invisibilizado, dando por sentado que las mujeres lo cumplirían, como históricamente lo han realizado. Así lo entendía un entrevistado, al señalar que “tradicionalmente la mujer siempre […] tiene un rol en lo que es la administración del hogar y del cuidado de los niños” (entrevistado núm. 26, funcionario, asesor médico).

Cuidadoras y maestras

El Ministerio de Educación, mediante el Resuelto No. 1404-A del 27 de marzo de 2020, autorizó transitoriamente la implementación de la educación a distancia en diversas modalidades. Luego, el Decreto Ejecutivo 564 del 2 de julio de 2020, estableció un nuevo calendario de clases que implicó la implementación de la educación a distancia no presencial en todos los niveles de enseñanza durante 2020. Esto agregó un rol más para las mujeres en el ámbito doméstico: fungieron como maestras de sus hijas e hijos, “Aparte de cuidar y hacer tareas del hogar, también han tenido este golpe de ser las maestras, de ser esa segunda mano en ayudar a los chiquillos que todavía están en clases” (entrevistada núm. 27, organización feminista).

Otra entrevistada reconocía el papel que las mujeres han tenido durante la pandemia para que sus hijos e hijas puedan estudiar: “el rol de la mujer ha sido llevar adelante a los niños en la escuela porque ahora están haciendo educación desde la casa” (entrevistada núm. 28, organización social). Asimismo, existía preocupación por lo difícil que resultó para muchas mujeres apoyar académicamente a sus hijas e hijos sin tener las habilidades docentes para ello (entrevistada núm. 36, organización feminista).

Suspensión laboral

Durante el confinamiento, el Ministerio de Trabajo (Mitradel) permitió la suspensión del empleo en el sector privado, lo que implicó que las trabajadoras y trabajadores cesaran sus labores sin cobro salarial, sujetos a un bono de ochenta dólares (luego aumentó a cien), condicionado al comprobante de suspensión por la empresa.

Desde el 7 de septiembre de 2020, y progresivamente hasta el 12 de octubre, mediante el Plan de Reapertura Nacional y Provincial, el Ministerio de Comercio e Industrias anunció la reactivación gradual de empleos, por tipos de trabajo, condicionada a criterios sanitarios (^{Consejo de Gabinete, 2020}).

La suspensión laboral tuvo efectos en toda la población; pero, las condiciones de desigualdad de género preexistentes afectaron a las mujeres de forma distinta, sumadas a que la mayoría pertenecía a los últimos bloques económicos que fueron reabiertos (véase la Gráfica 1).

Según datos del Mitradel, al 31 de diciembre de 2020 se suspendieron 282,292 contratos de trabajo en el país, de los cuales 43% fueron de mujeres y 57% de hombres. El sector que más afectaciones de suspensión tuvo fue el sector terciario, que incluye las principales actividades económicas en las que participan las mujeres, salvo los del sector salud. El Mitradel reportó que en el sector terciario se suspendió a 75.47% de las y los trabajadores.⁴ A la misma fecha se habían reactivado 110,616 contratos de trabajo, de los cuales 38% eran de mujeres y 62% de hombres. Del total de los contratos reactivados, solo 38.20% correspondió al sector terciario (^{Mitradel, 2021}). De hecho, dentro del sector terciario, los hoteles y restaurantes, en donde las mujeres constituyen 64% de la fuerza laboral, son el sector más afectado económicamente con una caída del PIB de 55.8% (INEC, 2021, citado en ^{Stanziola, 2021}).

Algunas de las entrevistadas anticipan que hay sectores económicos feminizados y recalcan la necesidad de estudiar los efectos en dichos sectores durante la pandemia y cuando se regrese a la normalidad (entrevistada núm. 5, funcionaria; entrevistada núm. 14, organización feminista). Ante esta situación, ciertas organizaciones apoyaron a mujeres suspendidas laboralmente:

Levantamos una línea base de nuestras voluntarias, las que estaban en mayor situación de vulnerabilidad, y apoyamos a otras mujeres que no son voluntarias, que no son de nuestras actividades, pero que recurrieron a nosotras buscando ayuda [...] Levantamos este censo y le dimos apoyo económico a las más urgidas (entrevistada núm. 2, organización feminista y LBTIQ+).

Las organizaciones sindicales mantuvieron la exigencia, reiterada en las mesas de diálogo con el gobierno, para garantizar un aumento del bono alimenticio y la inclusión de sus beneficios a trabajadoras y trabajadores formales e informales, y a las trabajadoras del hogar: “Estamos demandando de parte del Ministerio de Trabajo, que haya un decreto en el cual los trabajadores puedan recibir por lo menos lo que cuesta la canasta básica de alimento, que es alrededor de 315 dólares en la actualidad” (entrevistada núm. 24, organización sindical).

Trabajos entre excesos y malabares

Los trabajos de las mujeres durante la pandemia han tenido como común denominador el exceso, tanto en el trabajo presencial como en el teletrabajo.

Resulta importante destacar el trabajo presencial del personal de salud, que es realizado en 76.7% por mujeres (^{INEC, 2019}). Durante la crisis sanitaria, a ese grupo se le ha exigido de forma excesiva, sin compensaciones y garantías de seguridad extra. Así lo comentó una médica residente, quien se refiere a lo que ella y sus colegas viven como “una explotación de mano de obra barata”, e indica: “nos están utilizando de primera línea para recibir todo. Los otros médicos trabajan 12 horas […] y los residentes trabajan 24 horas seguidas en las áreas de coronavirus” (entrevistada núm. 41, funcionaria-médica).

Al consultársele si durante los turnos de 24 horas podían descansar, contestó: “¡No! Eso es tiro y tiro, si el turno estuvo tranquilo, bendito sea, puedes ir a dormir, pero normalmente no es así” (entrevistada núm. 41, funcionaria médica).

Este testimonio se complementa con los reclamos que el personal de salud ha hecho durante la pandemia, tanto por el exceso de trabajo como por el impago oportuno de los salarios, así como por la escasez de insumos para trabajar. Lo anterior las pone en riesgo, tanto por razones económicas como por no contar con la protección debida para cuidar de ellas y a sus familiares (^{El Periódico, 2020}; ^{La Universidad, 2020}; ^{Panamá América, 2020}; ^{Financiero, 2020}; ^{Radio Panamá, 2020}; ^{La Prensa, 2020}).

Implicaciones del teletrabajo en la vida de las mujeres

El confinamiento producto de la COVID-19 generó la implementación del teletrabajo en aquellos empleos en que era posible. Ello se produjo sin una normativa consolidada y sin una experiencia generalizada previa, puesto que surge en el marco de una legislación nueva, aprobada en febrero de 2020 y reglamentada en septiembre del mismo año, que deja a trabajadoras y trabajadores a merced de las interpretaciones del sector empleador.

En opinión de las entrevistadas, el teletrabajo implicó excesos de las jornadas laborales, una desconsideración del rol de cuidadoras de las mujeres, trabajos desarrollados al margen de las prestaciones laborales, control, desconfianza, acoso laboral y consecuencias en la salud física y mental de las trabajadoras, quienes relatan que se trabaja 24 horas al día (entrevistada núm. 27, organización feminista). Estas condiciones ocasionaron efectos en la salud de las mujeres, a nivel visual, dolores de cabeza y estrés (entrevistada núm. 16, organización social).

Pese a ello, existía una especie de resignación en la realización de jornadas extenuantes combinadas con el trabajo en el hogar, ante la incertidumbre laboral por los efectos de la pandemia. Una entrevistada expresa que la población que atienden tenía que combinar, sin apoyo, el trabajo doméstico, de cuidado, y el escolar de hijos e hijas. “Quienes están en teletrabajo terminan laborando hasta las 10:00 p.m., por necesidad, para no perder su empleo” (entrevistada núm. 2, organización feminista; entrevistada núm. 16, organización social).

Hacer teletrabajo en un contexto de mayor carga doméstica ubicó a las mujeres en desventaja en términos de productividad, pues aun en este especial contexto, la productividad es medida y exigida con iguales parámetros que la de los hombres, sin considerar la injusta organización de los cuidados (entrevistada núm. 28, organización social).

Trabajadoras informales

Las mujeres que trabajan en el sector informal se mantienen en áreas que representan una extensión del trabajo reproductivo y tienen empleos precarios, de baja calidad, irregular, de poca o ninguna remuneración, escaso o nulo acceso a la seguridad social y una limitada capacidad para organizarse y conseguir que se hagan efectivas las normas internacionales del trabajo y los derechos humanos (^{Abramo y Valenzuela, 2006, pp. 42 y 47}; ^{Fernández-Pacheco, 2003, pp. 104-110}).

Ante las medidas de confinamiento, quienes laboran en el sector informal con pocas garantías sociales tuvieron la dificultad de ser incluidas, en las listas iniciales, para la recepción del bono solidario (apoyo económico que otorgó el gobierno), dado que se requería de un contrato formal para demostrar que habían cesado sus actividades laborales. A decir de una entrevistada, “quedaron en la calle […] sin posibilidades, esperando que el estado les dé” (entrevistada núm. 3, organización feminista).

Como se vio en líneas precedentes, la economía informal antes de la pandemia ya era alta. Además, las entrevistadas reconocen que hay una cifra oculta y que esa realidad, frente a medidas de confinamiento que no consideraron al sector informal, generó insatisfacción de derechos básicos, como la alimentación (entrevistada núm. 1, organización social).

Una participante afirma: “Yo diría que en términos generales, esa es la población que más afectada ha estado, porque tampoco están agremiadas” (entrevistada núm. 29, organización feminista), y agrega: “En Panamá somos más o menos 4,500,000, lo que significa que si el 40% de la población trabaja en ese tipo de trabajo, estamos hablando de casi la mitad. Son 2,000,000 de personas que todavía están en condiciones muy difíciles”.

En el sector informal están las trabajadoras sexuales, quienes viven del día a día y suelen residir en viviendas de alquiler, y ante la merma de ingresos por el confinamiento, se encontraban en riesgo de quedar en situación de calle. Ante lo que la entrevistada núm. 5 (funcionaria) indicó: “Ahí tuvimos que hacer gestiones humanitarias para que no las desalojaran de esas pensiones”.

Estas situaciones ocurrían pese a que el gobierno había decretado que, durante el tiempo que se mantuviera el estado de emergencia, no se permitiría interponer lanzamientos y desalojos de bienes inmuebles para uso residencial o comercial a quienes no tuvieran con qué pagar (Decreto Ejecutivo 145 del 1 de mayo de 2020). Sin embargo, el testimonio de una entrevistada contrasta con esta disposición legal:

Hay una pensión donde la administradora quiere botar a tres compañeras trans. Se habla con la gente de la Defensoría del Pueblo, donde ellos accionan y le preguntan a la persona de la pensión: “¿van a sacar a las compañeras trans para meter otros usuarios?” Le dicen: “no, déjenlas allí, porque en estos momentos usted no puede botar a nadie” (entrevistada núm. 15, organización LGBTIQ+).

Las altas cifras de personas que se dedican a la economía informal en un amplio abanico de servicios, y el no contemplarlas al inicio del estado de emergencia como beneficiarias del bono solidario, sumados a la falta de capacidad de organización de las trabajadoras informales debido a las condiciones socioeconómicas propias de este sector, generó afecciones en la garantía y satisfacción de sus necesidades básicas.

Trabajadoras extranjeras

Otros testimonios consideran que las mujeres extranjeras residentes en el país, principalmente las de estatus migratorio irregular, fueron invisibilizadas por el estado y la sociedad. Durante las conferencias de prensa no fueron mencionadas y se les excluyó de las políticas públicas (entrevistada núm. 27, organización feminista).

La movilidad restringida les dificultó las salidas para satisfacer sus necesidades básicas y obtener recursos económicos, dado que la policía pedía identificación (entrevistada núm. 14, organización feminista). El gobierno:

señaló que a las personas migrantes que estuvieran en el país de forma regular se les iba a dar algún tipo de bono, pero ahorita, para las personas migrantes en situación irregular hay un vacío. Más aún porque ya estamos pasando de bonos físicos a la cédula (entrevistada núm. 5, funcionaria).

Otra entrevistada muestra desconfianza hacia las autoridades respecto de la inclusión de las personas migrantes en los listados de apoyos económicos, como se había indicado en medios de comunicación, por la experiencia que estaban teniendo desde su organización, en donde afirma que hubo “poca o ninguna respuesta” (entrevistada núm. 36, organización feminista).

Trabajadoras domésticas (remuneradas)

En Panamá, las personas que se dedican al trabajo doméstico están regidas bajo una regulación legal especial en referencia a su jornada y prestaciones laborales. Así se establece la posibilidad de que el contrato sea verbal o escrito y que tengan un descanso obligatorio de 9:00 p.m. a 6:00 a.m., lo que implica que pueden tener una jornada laboral mayor a ocho horas. Cuentan con descanso semanal y en días feriados; legalmente deben contar con seguridad social y con un salario mínimo mensual (^{Código de Trabajo, 1971}) de entre 275 y 300 dólares, dependiendo de la región (^{Mitradel, 2019}). En Panamá, las mujeres representan 91% del total de trabajadoras y trabajadores domésticos.

Al adoptar las medidas de confinamiento, no hubo lineamientos para los contratos y la percepción del bono solidario de este sector. La propia flexibilidad de los contratos de trabajo, que pueden ser verbales, no genera la obligación de llevarlos a registrar al Mitradel para que sean contabilizados como contratos formales, lo que generó la dificultad de la ubicación de las trabajadoras domésticas que quedaron sin empleo para incluirlas en el listado de personas suspendidas laboralmente, y a quienes les correspondía el bono solidario. Esto dejó a miles de trabajadoras domésticas sin protección, tal como lo afirma una entrevistada al señalar que a muchas de las trabajadoras afiliadas al sindicato se les habían suspendido sus contratos antes de la declaratoria de emergencia, sin pagos del decimotercer mes y de las quincenas, “dejándolas a la deriva” (entrevistada núm. 24, organización sindical).

Las condiciones de las trabajadoras domésticas son diversas. Algunas residen en las casas donde trabajan y otras viajan diariamente para trabajar durante el día. En ambos casos, las medidas de confinamiento generaron dificultades para ellas. Para las primeras, porque al suspender sus contratos de trabajo debían irse, pero la mayoría son migrantes nacionales o extranjeras y no cuentan con una residencia adicional a la casa donde trabajan. Para las segundas, porque al ser consideradas un riesgo de contagio para las familias, se les suspendió la contratación sin contraprestación alguna:

Las patronas les dijeron que como ellas viajan los días de semana, ellas no podían estar en el trabajo, entonces, sin nada, algunas con quincena, las otras con el fin de mes de marzo, algunas compañeras me dicen: “pasa que me tengo que ir porque no tengo donde quedarme aquí en Panamá”, y me parece que esa medida al principio fue la que las afectó, primero su estado laboral y después dijeron que las iban a llamar, pero nunca las llamaron (entrevistada núm. 38, organización sindical).

Otra entrevistada recalca: “Nunca hubo una mención específica para este tipo de grupo, que de por sí es vulnerable porque tiene salario muy bajo” (entrevistada núm. 27, organización feminista).

Si bien la ley panameña obliga a las y los empleadores a pagar el seguro social a las trabajadoras domésticas, las condiciones especiales de su contratación generan que exista una suerte de informalidad y que sea muy bajo el porcentaje de trabajadoras domésticas con contratos por escrito y con seguro social:

Como del 17% al 18% solamente están registradas en el Ministerio de Trabajo y en la Seguridad Social; es decir, que tienes ahí un grupo de población de mujeres grandísimo sin cobertura y que trabajaba se suponía en la formalidad, pero que no está registrada (entrevistada núm. 22, organización internacional).

Por otro lado, las trabajadoras domésticas que siguieron trabajando vieron aumentada la cantidad de labores que debían realizar por la misma retribución económica. En algunos casos, además, las mantuvieron encerradas durante todo el confinamiento para evitar contagiar a las familias para las que trabajaban:

Algunas que se quedaron trabajando en las casas se les dio más trabajo a las compañeras. ¿Por qué más trabajo? Porque ellas tenían que hacer doble trabajo, doble jornada, que eso no está estipulado en su horario que es de 6 a.m. a 5 p.m. En vez de limpiar, ellas tenían que hacer de niñera, cuidar a las señoras mayores de la casa, aun cuando no fuera su trabajo (entrevistada núm. 38, organización sindical).

Otra entrevistada indicaba: “Bajo pretexto de que no pueden salir porque van a infectar a la familia, están encerradas en la casa las mujeres empleadas domésticas” (entrevistada núm. 28, organización social).