Introducción

El Centro de Historia de Manizales es conocido gracias a las referencias que existen sobre la revista Archivo Historial (1918-1934). La revista fue una de las principales publicaciones que aparecieron en la ciudad de Manizales, Colombia, en la segunda década del siglo XX y sobresalió en el conjunto de las iniciativas editoriales que se dieron en la ciudad entre 1918 y 1934, tanto por los temas que publicó y difundió como por el apoyo que recibió. Hasta ahora, la producción bibliográfica sobre la historia y la cultura letrada que estudia la región centro occidental de Colombia señala el valor que tiene esta revista para conocer el pasado de esta zona; sin embargo, apenas existen menciones sobre el origen de la revista. En esas referencias tampoco hay mayores noticias sobre la institución que dio origen a la publicación ni sobre quiénes fueron los individuos que permitieron su realización y qué estrategias emplearon para mantenerla en funcionamiento. Las menciones sobre la revista tampoco tienen datos sobre el desarrollo de la publicación ni análisis que den cuenta sobre las razones que impidieron que pudiera durar más en el tiempo.¹

El trabajo propone algunas explicaciones para entender por qué fue posible que surgiera una revista especializada en temas históricos en la ciudad de Manizales a principios del siglo XX. Este propósito permite adentrarse en la descripción sobre el origen del Centro de Historia de Manizales como ente institucional que permitió el surgimiento de la revista Archivo Historial y facilita la identificación de las personas involucradas en el desenvolvimiento de la revista; también ayuda a comprender por qué no la pudieron sostener por más tiempo en el contexto del mundo letrado de aquella ciudad a mediados del siglo XX.

Manizales

En el periodo de 1910 a 1921, la ciudad de Manizales empezaba a despuntar como el centro de la economía cafetera colombiana. Al momento de convertirse en capital del Departamento de Caldas, creado en 1905, era una ciudad de unos 25 mil habitantes y sede de una diócesis de la iglesia católica que había sido creada en abril de 1900.²

Durante la primera década del siglo XX la ciudad contaba con diversas empresas editoriales e iniciativas letradas como los Juegos Florales (1904) y la Revista Nueva: literatura y ciencias (1899; 1904-1907). El quehacer letrado estaba relacionado con los objetivos de los proyectos editoriales a los que estaba vinculado. Los “Propósitos” de la Revista Nueva detallan estas condiciones del mundo letrado manizaleño de principios del siglo XX:

Habrá, sí, cada mes, artículos originales, bien sean cuentos, composiciones en verso, y cuestiones de interés general; asuntos científicos y prácticos para la vida del hogar. En ella se discutirán también cuestiones de derecho internacional, asuntos abstractos de política, de crítica literaria, científica y social, y nunca, ni un momento se empuñará la pluma para asuntos inmorales y escabrosos que puedan servir de sonrojo á sus lectores. Quiere penetrar á los hogares con guante blanco y dar á sus favorecedores enseñanza y recreo.En cuanto al gremio de colaboradores de que la REVISTA pueda rodearse, será escogido y le dará lustre, amenidad y gran interés. ³

De allí que los hombres y mujeres interesados en el cultivo de las letras podían abarcar desde la disputa política hasta la recreación, sin perder de vista simplemente el negocio editorial como tal. Este fue el caso de la Tipografía Caldas (1897), propiedad de Jesús María Guingue y cuya administración compartía con Carlos Salazar G. y Juan José Molina. La tipografía sirvió de base a proyectos editoriales como se muestran en la Tabla 1.

Las distintas publicaciones que se dieron en la ciudad daban indicios de la existencia de un público lector asociado a la ampliación de la oferta educativa instalada en la ciudad y esto podía constatarse en el tipo de publicaciones que salieron de la Imprenta Municipal (ver Tabla 2):

En Manizales también se establecieron tipografías para proyectos editoriales con propósitos específicos como la Imprenta San Agustín (1904) propiedad de la comunidad de religiosos agustinos establecidos en la ciudad y en la cual se imprimió una revista quincenal Apostolado Doméstico. A partir de 1912, esta imprenta dio cabida a la revista Agricultor Colombiano que dirigía Jesús M. Arias y a otra serie de trabajos.

La dirigencia política radicada en Manizales estaba empeñada en consolidar el posicionamiento de la ciudad como capital departamental, tanto a nivel regional como en el ámbito nacional; lo que justificaba el interés para dar a conocer sus opiniones sobre la coyuntura política nacional y sus vínculos con las situaciones regionales, fue así como emergieron publicaciones como La Idea (1910-1917) que dirigieron Jesús Londoño Martínez y Alfonso Villegas Arango, iniciativas que buscaban abrir espacios propios en el agitado mundo político colombiano de la primera década del siglo XX. Para ampliar el alcance de estos objetivos era necesario pasar del taller de la imprenta a una empresa editorial, y estos pasos los dio la Tipografía El Renacimiento (1905-1914), propiedad de los hermanos Benjamín y Aquilino Villegas J. en donde encontraron espacio iniciativas como las que se muestran en la Tabla 3.

Los proyectos editoriales que se diseñaron en El Renacimiento dieron lugar a la primera imprenta grande y completa que hubo en la ciudad de Manizales cuando llegaron a la ciudad máquinas modernas (1909) y, poco después, el personal especializado que se encargaría de estos equipos como Marceliano Zapata que venía del ámbito editorial de Medellín en donde había trabajado en la imprenta de Enrique de Bedout. Esta condición de una empresa editorial que iba más allá del taller tipográfico facilitó el surgimiento de las publicaciones periódicas de envergadura; así como la creación de un mercado para el libro en la ciudad y en el Departamento de Caldas.⁴

El conjunto de los trabajos de impresiones enunciados en estos cuadros perduró hasta finales de la década de 1920. En general, fueron iniciativas que tuvieron corta duración, sirvieron a propósitos coyunturales y los tirajes y tamaños eran pequeños; por eso, este mercado editorial que sobrevivió con altibajos desapareció paulatinamente ante la implementación de otros emprendimientos editoriales que se encuentran fuera del alcance de los propósitos del presente artículo.⁵

El posicionamiento del Departamento de Caldas y de la capital departamental, Manizales, tenía como principal soporte el éxito económico de la economía del café; sin embargo, era importante para los grupos dirigentes difundir las opiniones que tenían sobre la realidad nacional y local a través de la publicación de periódicos cuya circulación debía abarcar el territorio departamental y ser conocidos en la capital del país. A la par de estos trabajos relacionados con el campo de la escritura y de la edición, los individuos interesados en el cultivo de las letras en la ciudad comenzaron a mostrar interés por conocer los orígenes de la ciudad de Manizales y los procesos de poblamiento del territorio departamental. A medida que se dieron a conocer informaciones sobre el pasado local y regional, fue evidente que en estas exploraciones había argumentos y evidencias materiales para validar la importancia creciente que adquiría Manizales en el contexto nacional. Para encauzar este interés por el pasado, los grupos letrados caldenses se incorporaron a las iniciativas institucionales disponibles en ese momento, las cuales estaban materializadas en la Academia Nacional de Historia.

La Academia Nacional de Historia: un referente

El 9 de mayo de 1902, José Joaquín Casas, ministro de Instrucción Pública de la República de Colombia, firmó la Resolución Número 115 mediante la cual el gobierno nacional decidió establecer una “Comisión de Historia y Antigüedades Patrias”. Las justificaciones y las tareas propuestas para dicha Comisión ofrecen un panorama del papel que se le atribuyó a esta corporación y, por ende, al estudio del pasado en un momento particular del estado nacional colombiano.

La principal motivación para impulsar la creación de la Comisión era que se estaban “perdiendo irreparablemente multitud de documentos preciosos, de monumentos y datos de todo género, que constituyen material histórico de grande importancia para Colombia”.⁶ Pero esta preocupación era parte de un contexto que alentaba esta decisión relacionada con dos aspectos que están explícitos en las consideraciones de la Resolución: “la incuria” y “la triste situación del país.”

En el primer aspecto, el de “la incuria”, es difícil señalar casos concretos más allá de las quejas que se pueden encontrar por el descuido y las limitaciones de espacio y organización prevalecientes en la Biblioteca Nacional y en el Museo Nacional.⁷ Sin embargo, estaban presentes aún las experiencias relacionadas con los documentos de Simón Bolívar que estuvieron en la Nueva Granada por veinticinco años hasta que el gobierno venezolano, durante el periodo de Antonio Guzmán Blanco, adquirió de los papeles de Bolívar y los documentos que había reunido Daniel Florencio O’Leary desde 1831, que estaban en posesión de los descendientes de este último, residentes en Bogotá. El interés del gobierno venezolano se dirigió especialmente sobre la correspondencia de Simón Bolívar, tanto las cartas que escribió como las que recibió de diferentes personas.⁸ Si bien esta situación no representó tensiones explícitas en el interior de las instituciones neogranadinas encargadas de conservar y difundir el pasado nacional, dejaba de manifiesto que había la posibilidad de que este tipo de eventos pudieran extenderse a otras colecciones bibliográficas de valor patrimonial que hacían parte de los acervos de instituciones públicas como las colecciones de Manuel Ancízar, Joaquín Acosta y Anselmo Pineda, entre otras más.⁹

El segundo aspecto reseñado en las consideraciones de la Resolución, el de “la triste situación del país”, hace referencia al conflicto armado entre diferentes facciones de los dos partidos políticos hegemónicos que se había desatado desde fines de 1899 y que, para la fecha de emisión de la Resolución, todavía no había concluido. Las consecuencias de estos enfrentamientos armados desataron una crisis económica difícil de revertir desde la precariedad de la economía nacional; pero, quizás, el evento de mayor preocupación derivado de este conflicto interno fue la declaración de independencia del istmo de Panamá que dejó en evidencia la fragilidad de la integración nacional y hacia dónde podía conducirse el país si no se tomaban medidas para afianzar la unidad nacional. Uno de los primeros actos administrativos del gobierno autónomo de Panamá, a quince días de haber concluido la guerra civil colombiana, fue el acuerdo con los Estados Unidos de América para reiniciar las obras de construcción del canal interoceánico que habían dado comienzo en 1881 y que habían sido abandonadas en 1888 debido a la quiebra de la Compagnie Universelle du Canal Interocéanique de Panamá. La negociación incluyó la cesión de derechos y la administración de un área de ocho kilómetros a ambos lados del canal a favor de los Estados Unidos.¹⁰

En un contexto crítico como el que se ha descrito, el Ministerio de Instrucción del gobierno colombiano planteó las siguientes tareas para la Comisión:

Estas labores debían ser realizadas por “hombres doctos, diligentes”, que estuvieran interesados en ellas. El carácter de “hombres doctos” se refiere al perfil de los integrantes de la corporación; los cuales, no llegaron a esta asociación como especialistas en la práctica y el conocimiento del pasado con base en una formación específica profesional en el ámbito universitario. En ese momento, la escritura de la historia y las investigaciones sobre el pasado nacional recayeron en individuos que habían tenido formación en estudios superiores en disciplinas como la medicina y el derecho y que legitimaron sus labores y sus intereses por investigar en el pasado a través de la práctica de la escritura, lo que permitió durante las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX hacer visible la necesidad de estudiar y relatar el pasado nacional, así como a los individuos que realizaban estos trabajos.¹²

El interés por el pasado que emergió de las prácticas del coleccionismo impulsó la curiosidad y la iniciativa individual, pero también sirvió como sustento para las tareas vinculadas a los repositorios de bienes culturales y a las prácticas de archivo que consolidaron paulatinamente a instituciones como el Museo Nacional y a la Biblioteca Nacional. De esta forma, los eruditos y la erudición historiográfica encontraron en la apertura de la Comisión de Historia y Antigüedades un medio de institucionalización de los estudios sobre el pasado (Figura 1).¹³

Fuente: Diario Oficial de la República de Colombia, Bogotá, 17 de mayo de 1902.

Figura 1 Resolución núm. 115 

La Comisión fue integrada por diecinueve miembros reconocidos como “personas de notoria aptitud y respetabilidad”; sin embargo, estos miembros de la Comisión podían ampliar el número inicial previa consulta al Ministerio de Instrucción a propuesta del presidente de la corporación. Desde 1903 hubo intenciones para acrecentar los nombramientos, lo que finalmente se concretó en 1908 cuando fue acordado el Reglamento de la Academia que estableció como directriz la integración de esta asociación con cuarenta miembros de número.¹⁴

Es necesario resaltar que las razones expuestas para justificar la emisión de la Resolución coincidían con los objetivos y propósitos de otras instituciones que estaban en funcionamiento en aquel momento como el Museo Nacional y la Biblioteca Nacional. Esta yuxtaposición de responsabilidades es evidente en los trabajos relacionados con las antigüedades, en la creación de museos y en el mandato sobre la formación de índices de los archivos; sin embargo, con el paso del tiempo, algunos miembros de la Academia Nacional de Historia llegaron a ser los directores de aquellas entidades e incidieron, paulatinamente, en la definición de los campos de acción de cada una de ellas. Por ejemplo, en 1904, el Ministerio de Instrucción Pública, órgano estatal que regulaba a las diferentes Academias, reglamentó que el Museo debía resguardar solo “objetos de verdadero valor histórico y científico”; este mandato impulsó una reconsideración sobre la naturaleza de esta institución que había funcionado hasta ese momento bajo la concepción de un “gabinete de curiosidades”. Los responsables del Museo tuvieron que revisar detalladamente todas las colecciones y establecer criterios para adquirir y exponer las piezas. Con estas directrices, Ernesto Restrepo Tirado, uno de los miembros fundadores de la Comisión, fue nombrado director del Museo Nacional en 1910 y estuvo al frente de esta institución durante diez años; la dirección del Museo recayó después en otro miembro destacado de la Academia Nacional de Historia, Gerardo Arrubla, que fue director en dos periodos: de 1922 a 1924, y de 1926 a 1946.¹⁵

El Ministerio de Instrucción con base en aquellas perspectivas renovadoras también consideró que el director de la Biblioteca “en su carácter de Inspector de los archivos de la República”, debía encargarse de la catalogación de todos los materiales que integraban los archivos bajo su resguardo, entre otras labores más.¹⁶ La dirección de la Biblioteca, al igual que el Museo, también recayó en miembros de la Academia Nacional de Historia como ^{Enrique Álvarez Bonilla} entre 1905 a 1910 y de Gerardo Arrubla entre 1910 a 1917.¹⁷

El estado colombiano fomentó como modelo de organización del trabajo intelectual relacionado con los temas y objetos de estudio de las ciencias sociales y las humanidades el establecimiento de Academias. A través de ellas, pretendió efectuar y extender los trabajos intelectuales especializados que debían producir nuevos conocimientos e iban más allá de la divulgación y la formación de los ciudadanos. Por eso, brindó apoyo para su funcionamiento como en 1904 cuando reconoció como entidades oficiales a las siguientes corporaciones: Academia de Medicina Nacional, Sociedad Colombiana de Ingenieros, Sociedad Colombiana de Jurisprudencia, Oficina de Longitudes, Sociedad de Historia Natural y la Sociedad Geográfica de Colombia; en términos prácticos esto implicaba que el estado debía tener un presupuesto específico para los gastos de “escritorio, alumbrado, publicaciones, premios y sueldo de los Secretarios y Porteros”, al mismo tiempo, que patrocinaba la publicación de anales, boletines, revistas. Esta estrategia no era una novedad a principios del siglo XX. El Ministerio de Instrucción ya había implementado este tipo de medidas con la apertura de la Academia de Medicina Nacional en la Ley 71 de 1890 (22 de noviembre).

En la primera década del siglo XX amplió y extendió el reconocimiento sobre el papel y el valor de este tipo de organizaciones letradas y quiso ubicar a todas las Academias reconocidas como oficiales en un solo lugar; para ello destinó un edificio de propiedad del estado y asignó un local específico a cada una de ellas porque consideraba que el conjunto de estas corporaciones podían “dirigir sus trabajos al estudio de los asuntos netamente colombianos, para desarrollar el progreso patrio, y muy especialmente a la acertada solución de los problemas que, en los varios departamentos de la ciencia, está vinculado el interés nacional”.¹⁸ Las Academias mencionadas en estos actos jurídicos no solo eran sociedades integradas a partir de iniciativas particulares, eran parte del entramado de soluciones y organización de los saberes especializados en el ámbito nacional, al mismo nivel que las Universidades, y en la mayoría de los casos, más reconocidas y con más apoyo que las instituciones de educación superior como puede constatarse en la Ley 86 de 1928 que describió con detalle la función de la Academia de la Lengua como un cuerpo consultivo para el “fomento de la literatura y la conservación y perfeccionamiento de la lengua nacional, que es la castellana o española”; en el caso de la Academia Nacional de Historia reconocía que

Artículo 10. Cuando fuere necesario para la Nación demoler, reconstruir o reparar algún edificio público que pueda ser de interés histórico o artístico, el Gobierno no procederá a tales obras sin aviso previo a la Academia de Historia, a fin de que ésta examine qué objetos pertenecientes a tales edificios merecen y pueden conservarse por su valor para la historia o para el arte. Tales objetos serán entregados a la Academia para que ella los destine al Museo Nacional.¹⁹

Las funciones asignadas a la Academia Nacional de Historia la convirtieron en el garante del cuidado de edificios y monumentos públicos, fortalezas, cuadros, esculturas, ornamentos antiguos y todos aquellos objetos y bienes que fueran de interés para “la historia, etnografía, folklore y bellas artes”. Además, las disposiciones que ratificaban el apoyo presupuestal para el personal se incrementaron para adquirir una imprenta, asignar un edificio para uso exclusivo y colocarla como referente administrativo para los otros cuerpos consultivos del gobierno como la Sociedad Geográfica, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Nacional de Jurisprudencia y la Sociedad Colombiana de Ingenieros que también se mencionan en la Ley 86 de 1928.²⁰ Esta política se mantuvo vigente hasta los años cincuenta del siglo XX con base en los criterios que de manera explícita se formularon en los años treinta del siglo XX: “Nuestras Academias y demás asociaciones constituyen una riqueza espiritual que debemos proteger con grandes amplitud y devoción”; de tal suerte que el Ministerio de Educación Nacional definió a las corporaciones mencionadas previamente como instituciones “supra-universitarias” que debían recibir el “apoyo moral y material” del estado, la universidad y la sociedad porque:

Dichas instituciones consagrarán su vida corporativa al bien de la Nación estudiando los problemas fundamentales u ocasionales que a ella afecten, y en ellos ilustrando su criterio mediante todos los recursos de divulgación de que dispone la cultura contemporánea, como son la conferencia oral, la revista y el libro, la radiodifusión, y la cinematografía educativa, a más de ese medio supremo de coeducación que constituye el buen ejemplo personal.Estas instituciones prestarán a la Universidad todos los servicios de información técnica especial que estén a su alcance, estimularán el funcionamiento eficaz y buen nombre de ella y guiarán a profesores y alumnos que correcta y adecuadamente demanden su apoyo para investigaciones especiales que estén en el radio de su acción.²¹

El estudio del pasado en las regiones

La apertura de la Comisión de Historia tuvo en cuenta un aspecto que sería importante sobre el papel y el reconocimiento que llegó a tener la corporación: “3.° Para el éxito mejor de sus trabajos podrá la COMISIÓN iniciar el establecimiento de otros de su índole en los Departamentos, con anuencia del Ministerio y de los respectivos Gobernadores”.²²

Hasta ahora, la bibliografía existente sobre este mandato es escasa. En el estudio de Sandra Patricia Rodríguez, Memoria y olvido: usos públicos del pasado en Colombia, 1930-1960 (2017) señala sobre este punto específico cómo la Academia promovió a través de esta política el estudio de la historia regional y nacional, quería comprometer a las regiones en la conservación del patrimonio histórico de la nación, establecer relaciones con los hombres de letras de toda la República y difundir los hallazgos regionales mediante revistas; por eso, bajo estos parámetros generales, describe cómo la Academia mantuvo su centralidad sobre las regiones y resalta cómo la transferencia de su estructura organizativa por fuera de la capital se mantuvo hasta 1928, después de esa fecha, los énfasis de la Academia hacia las regiones cambiaron.²³

El estudio más detallado hasta ahora sobre un Centro de Historia regional es el trabajo de Gabriel Samacá, Historiógrafos del solar nativo. El Centro de Historia de Santander, 1929-1946 (2015) que describe y analiza con mucho detalle la integración y desenvolvimiento de esta Corporación.²⁴ A diferencia del caso del Centro de Historia de Manizales, aquel Centro funcionó después del que se instaló en Manizales; por lo tanto, tuvo otras condiciones para su creación y desenvolvimiento; además, tuvo actividades permanentes durante los dieciséis años que abarca el estudio y las fuentes de información disponibles para reconstruir estas actividades son distintas, ya que, hasta la fecha, no ha sido posible encontrar las actas de funcionamiento del Centro de Historia de Manizales para hacer un análisis de este tipo. Los datos obtenidos son indirectos y provienen de la revista Archivo Historial y de las fuentes que se indican en las referencias que se despliegan en el presente trabajo. Por esta razón, la atención del artículo se enfoca en el origen del Centro de Historia de Manizales y las condiciones que facilitaron su apertura y funcionamiento.

El mandato de la Academia comenzó a tomar forma a partir de diciembre de 1903 cuando algunos miembros correspondientes de la Comisión en el Departamento de Antioquia organizaron una reunión en la ciudad de Medellín. El convivio se realizó en la casa de una de las más reconocidas figuras letradas de aquella región, el médico Manuel Uribe Ángel, con el propósito de constituir una Academia Departamental de Historia Nacional.²⁵ Una vez establecidos los acuerdos, informaron a la Comisión y recibieron la autorización avalada por el ministro de Instrucción Pública para constituirse en Academia “con los mismos derechos y deberes que tienen los socios de la central, que residen en Bogotá”.²⁶

Los propósitos de la Academia antioqueña estaban alineados con los objetivos de la corporación nacional:

Los infrascritos, miembros correspondientes de la Academia Nacional de la Historia, constituidos en Academia Departamental, según lo acordado por aquélla, nos complacemos en manifestar aquí que entre las razones que nos mueven á cooperar en la trascendental labor de esta digna Corporación, figura en primer término la de contribuir por medio del estudio de la historia que nos es común á la conservación de la unidad nacional, que ha sufrido rudo quebranto y parece seriamente amenazada, á consecuencia de los deplorables acontecimientos ocurridos recientemente en Panamá.²⁷

La Academia antioqueña también contó con el mismo tipo de personas para integrar la entidad:

Compuestas las Academias de Historia de hombres de todos los colores políticos; habituados a los puros y altísimos goces del espíritu; aunados estrechamente sólo por el común anhelo de rastrear la verdad para rendirle culto (…) Al aplicar la actividad de nuestro pensamiento en grata sociedad de amigos, y en las pocas horas de vagar que robamos a diarias ocupaciones de la prosa de la vida, para deslindar lo histórico de lo fantástico, con imparcialidad y buena fe (…).²⁸

La Academia de Historia y Antigüedades Patrias tuvo el mandato de “iniciar el establecimiento de otras de su índole en los Departamentos de la República, para el mejor éxito en sus empresas y para que sus investigaciones sean más fecundas y provechosas”, y tal directriz fue ratificada como una actividad importante en el Reglamento que se adoptó el 12 de octubre de 1908.²⁹ Sin embargo, a la hora de realizar un balance en la primera década de funcionamiento de la corporación, además de la Academia Antioqueña, la apertura de Centros de Historia en el país fue pausado, al menos durante esos primeros años (Tabla 4):

Es importante notar que después de la Academia antioqueña, las entidades que se formaron tuvieron el nombre de “Centros de Historia” y no de “Academia”. Esta situación puede representar una caracterización para diferenciar la condición de corporaciones con un menor rango y, por otro lado, puede ser una muestra de la imposibilidad de ser entidades directamente subsidiarias de la Academia establecida en Bogotá. En los documentos consultados no encontré una política específica sobre este aspecto, pero en la legislación producida en la primera década del siglo XX, las referencias a las Academias como entidades “oficiales” están relacionadas directamente con instituciones establecidas en Bogotá, y excepto en el caso de la Academia de Historia de Antioquia, los demás Centros de Historia no eran entidades reconocidas como “oficiales” a nivel del gobierno nacional, al menos hasta 1928; aunque, este tipo de corporaciones sí podían llegar a ser reconocidas como entidades “oficiales” en el ámbito departamental.³⁰

Los asuntos financieros relacionados con salarios de funcionarios, asignación de espacios y sostenimiento de publicaciones probablemente limitaron la apertura directa de Centros de Historia desde la Academia; aunque, este no era el único factor para impulsar estas iniciativas. Uno de los puntos centrales para fomentar la apertura de aquellos centros era ubicar a las personas que podían realizar este tipo de trabajos, integrarlas para alcanzar los objetivos que se trazaran y sostener su interés en el mediano plazo. Al respecto, una estrategia recurrente desde la Academia Nacional de Historia fue encomendar este tipo de tareas a los miembros correspondientes, que eran aquellos que residían fuera de la capital del país, para que se involucraran en la fundación de los Centros de Historia, tal como fue descrito en el caso de la Academia antioqueña y que se puede corroborar en la apertura del Centro de Historia de Tunja.³¹ La apertura de Centros no garantizaba la pervivencia y la realización de actividades como se verá más adelante.

El Centenario de la Independencia

La creación de Centros de Historia encontró una coyuntura favorable en la conmemoración del Centenario de la Independencia. La organización de diferentes tipos de eventos relacionados con esta conmemoración sirvió para incentivar el interés por establecer los aportes que cada una de las regiones de Colombia había hecho a la historia nacional; para ello, era necesario establecer qué había realizado cada una de estas sociedades en los procesos de construcción del estado y de la nación colombiana. La conmemoración del Centenario, organizada como una serie de eventos que se realizaron, al menos, entre 1910 y 1921, fue el motivo más socorrido para justificar la fundación de Centros de Historia a lo largo del territorio nacional como fue el caso de los Centros de Tunja, Cali, Cartagena de Indias, Bucaramanga, entre otros más que se establecieron a lo largo de este periodo conmemorativo.³²

La conmemoración tuvo como propósito alentar la unión y la paz después de haber padecido la guerra civil y podía ser un aliciente para enfrentar estragos como la separación de Panamá, la crisis económica y servir de acicate para calmar las tensiones que se vislumbraron en el periodo de gobierno de Rafael Reyes (1904-1909). Precisamente este gobierno terminó en medio de enfrentamientos entre los partidos liberal y conservador, a los que se adicionaron las disidencias que formaron la Unión Republicana. Todos estos asuntos llevaron a la renuncia del presidente antes de concluir su mandato e impulsaron la reinstalación del Congreso a mediados de 1909. De esta manera, la conmemoración debía servir para condenar la inestabilidad política y llamar a la unidad nacional a partir de la consagración de referentes como la lengua, la religión y una historia común.³³

La conmemoración del Centenario de la Independencia fue ordenada por la Ley 39 de 1907 que estableció que el gobierno nacional debía encargarse de preparar la celebración con base en un presupuesto asignado específicamente para ello; además, involucró al titular del poder Ejecutivo que tenía la obligación de informar al Legislativo sobre las actividades programadas para alcanzar este fin.³⁴

El gobierno nacional integró una comisión para organizar los festejos compuesta por los titulares de la Secretaría General de la Presidencia de la República y la Gobernación del Distrito Capital; también designó un secretario general de la Comisión.³⁵ Sin embargo, las condiciones políticas impidieron que la conformación y los trabajos de la comisión fueran regulares porque sus labores dependieron directamente de las situaciones que afectaban al Presidente de la República. Si bien la comisión pudo hacer convocatorias y realizar algunos contratos, la renuncia del presidente y la coyuntura política dejaron en suspenso la integración y la posibilidad de realizar cualquiera de las actividades planeadas. La comisión, por tanto, tuvo que cancelar algunas propuestas y mantuvo algunos proyectos, con ajustes y alta incertidumbre en su realización como la organización de la Exposición Agrícola e Industrial del Centenario y, sobre todo, la instalación de esculturas y placas conmemorativas.³⁶

A pesar de las condiciones inestables prevaleció la exaltación de la capital del país como el centro del estado y de la nación colombiana porque la mayor parte de los recursos, obras y eventos se destinaron y se realizaron en la ciudad de Bogotá cuando el gobierno nacional encargó cuatro estatuas conmemorativas, tres de ellas para Bogotá y una para Popayán: una estatua ecuestre de Simón Bolívar contratada con Emmanuel Frémiet, una estatua pedestre de Antonio Nariño encargada a Henri-León Gréber, una estatua pedestre de Antonio José de Sucre y una estatua pedestre de Francisco José de Caldas para Popayán contratadas con Raoul-Charles Verlet. Estas cuatro estatuas fueron completadas por una estatua de Policarpa Salavarrieta y los bustos de Antonio Ricaurte y Camilo Torres, así como una columna conmemorativa. En total se erigieron ocho monumentos en el espacio urbano de Bogotá; cuatro obras contratadas por el gobierno nacional y las restantes contratadas por el municipio de Bogotá y por asociaciones y clubes privados en coordinación con la Comisión Nacional del Centenario. La instalación de los bustos, esculturas, medallones, placas conmemorativas y la realización de las exposiciones en el espacio público y en los principales edificios públicos de Bogotá fueron parte de un conjunto de ceremonias que dieron lugar a la intervención de funcionarios del gobierno nacional, a los descendientes de los homenajeados, a los patrocinadores de estas obras y a algunas personas reconocidas como “notables” de la sociedad colombiana. Tales actividades se realizaron a lo largo de una serie de festejos entre el 15 y el 31 de julio de 1910, periodo en el cual Bogotá fue el receptáculo de la “historia patria”.³⁷

Las modificaciones en los proyectos y el recurso a la escultura conmemorativa sirvieron para que el presupuesto incluyera la compra de duplicados de estatuas que podían adquirirse “por la cuarta parte de su valor inicial” y daban la opción de ser empleadas para vincular simbólicamente a ciertos lugares que habían entrado en tensión con la capital y podían llegar a poner en peligro la frágil unidad nacional. Los integrantes de la Comisión Nacional del Centenario tenían informes sobre el mercado y costos accesibles de las fundiciones de bronce y de hierro para la escultura decorativa y conmemorativa en Francia. En este sentido, las obras contratadas con Charles Raoul Verlet sintetizan estas circunstancias.³⁸

Verlet fue contratado para hacer la estatua pedestre de Caldas que se instaló en la ciudad de Popayán; también hizo un busto de Camilo Torres y una estatua pedestre de Antonio José de Sucre (1912), para Bogotá; diseñó un monumento a José María Córdoba; elaboró una estatua pedestre de Camilo Torres (1916) para Popayán; forjó un monumento a Francisco de Paula Santander que se instaló en Barranquilla (1919) y trazó un monumento a Murillo Toro (1920); pero, además de todos estos trabajos, le fueron solicitadas dos reproducciones de la estatua pedestre de Francisco José de Caldas, una para Bogotá (1910) y una para Manizales (1911), así como una copia de la estatua de Francisco de Paula Santander para Bucaramanga (1921)³⁹ (Figura 2).

Fuente: El Gráfico, Bogotá, 6 de agosto de 1910.

Figura 2 Estatua de Caldas. 

La inversión que se hizo para construir e instalar estatuas fue considerada como el medio más adecuado para organizar la conmemoración por dos razones: los costos que las ubicó al alcance del presupuesto disponible; y por el valor simbólico que tuvieron dentro de los festejos del Centenario de la Independencia. En este sentido, fueron muy importantes las actividades alrededor de estos monumentos conmemorativos, especialmente, las intervenciones de las entidades públicas y privadas que impulsaron la entronización de estos símbolos patrios, las personas que encabezaron el pago de las obras, así como aquellos individuos que realizaron las gestiones sobre los lugares en donde se instalaron y que organizaron los actos de inauguración; estos esfuerzos permiten considerar el reconocimiento de los hombres y mujeres que dieron los discursos alrededor de estos monumentos.⁴⁰

El Centro de Historia de Manizales

En el marco de las conmemoraciones del Centenario de la Independencia, la Academia Nacional de Historia encargó a Jesús Londoño Martínez, colaborador de varias de las empresas editoriales descritas anteriormente, para que promoviera la creación de un Centro de Historia en Manizales. La iniciativa tomó forma el 4 de diciembre de 1910 cuando se llevó a cabo una “junta preparatoria” para la apertura del Centro en la que se integró la mesa directiva presidida por José María Restrepo Maya; acompañado por José Tomás Henao, Alfonso Robledo y Jesús Londoño Martínez. En dicha reunión se acordó que la instalación oficial del Centro debía coincidir con la inauguración de la estatua de Francisco José de Caldas en uno de los parques de la ciudad.⁴¹

El 30 de abril de 1911 dio lugar el acto de instalación de la estatua en la plaza de Sucre y ese mismo día se realizó el evento inaugural del Centro de Historia de Manizales en el teatro El Escorial con los discursos de José María Restrepo, nombrado presidente del Centro, y del médico Emilio Robledo, que empezaba a destacar en el mundo letrado de la ciudad (Figura 3).⁴²

Fuente: El Gráfico, Bogotá, 13 de agosto de 1910.

Figura 3 Inauguración de la Estatua de Caldas, Bogotá. 

La sesión de instalación concluyó con la posesión de los quince miembros fundadores y ratificó la asignación de responsabilidades: José María Restrepo Maya, presidente; José Tomás Henao, vicepresidente; Alfonso Robledo, tesorero y Jesús Londoño Martínez, secretario. Los demás integrantes fueron Emilio Robledo Correa, Jesús María Guingue Carvalho, Rudesindo Ocampo, Pedro Henao M., Juan Bautista López, Juan Bautista Gutiérrez, Alfonso Villegas Arango, José Ignacio Villegas, general Jesús María Arias J., Victoriano Vélez y Santiago Vélez.⁴³

Algunos de los integrantes del Centro, en el momento de su instalación, ya habían publicado textos sobre el pasado de la ciudad y de las regiones que integraban el Departamento de Caldas como fue el caso de José Tomás Henao y de Alfonso Robledo que llegaron a ser miembros de número de la Academia Nacional de Historia, el primero en 1916 y el segundo en 1919. El médico Henao, por ejemplo, impartió una conferencia sobre los quimbayas el 2 de enero de 1908 en la sede de la Academia de Historia y Antigüedades, a la que también remitió 89 piezas que contenían “objetos y utensilios de oro de la tribu de los quimbayas”. Fue nombrado correspondiente en dicha sesión.⁴⁴

El 9 de julio de 1911, José M. Restrepo M. envió una carta a la Academia Nacional de Historia donde mencionaba la entrega de un opúsculo histórico para publicar en el Boletín de la Academia e informaba que había más trabajos de otros miembros del Centro de Historia de Manizales, pero no describe los títulos de ninguno de los trabajos ni cuáles eran los integrantes del Centro que habían elaborado estos trabajos.⁴⁵

En las reuniones ordinarias del recién establecido Centro de Historia de Manizales, sus integrantes determinaron criterios de funcionamiento, pero, en particular, en la sesión del 1 de julio de 1911 definieron cuáles debían ser los objetos de estudio a los que tenían que prestar atención porque “se refieren á puntos aún no esclarecidos de la historia de lo que hoy forma el Departamento de Caldas”:

El Centro de Historia de Manizales al delimitar sus horizontes de trabajo abrió los temas históricos como parte de los posibles objetos de interés en el mundo letrado manizaleño de la época; al mismo tiempo, aquellos objetivos se convirtieron en un aliciente para que los integrantes del Centro comenzaran a realizar diferentes actividades relacionadas con los temas de investigación reseñados como ocurrió con el trabajo de José Tomás Henao y Santiago Vélez: “Quimbayas y Pijaos”, que fue realizado por encargo del Centro. Una vez hecha la entrega del estudio, el texto fue sometido a la revisión de Ramón Correa y Emilio Robledo, integrantes del Centro, que formularon precisiones y recomendaron enviar este trabajo a la Academia Nacional de Historia para solicitar su publicación.⁴⁷

Trabajo intelectual y funcionamiento del Centro, 1911-1918

Entre 1911 y 1918 se dieron los primeros pasos para establecer la industria editorial en la ciudad de Manizales de una manera sistemática. El fruto más acabado de este periodo fue la publicación del periódico Renacimiento (1914-1923), la obra más importante en el ramo de la impresión y la información que tuvo Manizales en aquel momento. El periódico inicialmente fue un bisemanario, después trisemanario y llegó a publicar más de dos mil números; además, la imprenta realizó publicaciones de todo tipo. Estos trabajos fueron liderados por Justiniano Macía Vélez (1866-1955), que antes de llegar a Manizales había sido alcalde de la ciudad de Medellín en 1908 y en 1910. Su llegada a la ciudad tuvo como propósito fungir como secretario general de la gobernación de Caldas durante las administraciones de Ramón Jaramillo (1911-1912) y de Emilio Robledo (1912-1914).⁴⁸

A la par con la implementación de un periódico como Renacimiento, surgieron otros periódicos como El Eco (1915) dirigido por Pedro Luis Rivas; La Patria (1921), por Francisco José Ocampo y El Universal (1923), por Gonzalo Restrepo; pero uno de los hechos de mayor importancia para el ámbito de la cultura letrada de Manizales fue la apertura de la Imprenta Departamental de Caldas el 21 de marzo de 1914 durante la administración del gobernador Emilio Robledo. Esta iniciativa editorial fue dirigida en sus comienzos por el secretario coordinador Justiniano Macía, acompañado de Jesús Londoño Martínez que para ese momento era el director de Instrucción Pública del Departamento. La Imprenta le dio independencia al gobierno departamental de los talleres tipográficos privados y le permitió a la estructura estatal publicar de manera autónoma los mandatos del gobierno, las ordenanzas de la Asamblea Departamental, los informes de los secretarios del despacho e información oficial en general.⁴⁹

Entre 1911 a 1918, algunos de los miembros del Centro comenzaron a publicar noticias sobre el pasado de la ciudad de Manizales y de las regiones que componían el Departamento de Caldas en el marco de las temáticas señaladas por el Centro de Historia, especialmente con la publicación de información sobre el origen de la capital departamental y de sus fundadores. Esta labor tenía un antecedente célebre en los relatos de Manuel M. Grisales que publicó en 1905 en la Revista Nueva, y cuyas descripciones y datos fueron reproducidos después en múltiples ocasiones, incluso en el Boletín de Historia y Antigüedades.⁵⁰ También fue el caso del fraile Leonardo Azcona que elaboró un trabajo sobre la llegada de la comunidad de los agustinos a la ciudad de Manizales y en ese relato integra descripciones sobre cómo se construyeron el templo y la casa de habitación de los religiosos, y las formas en las que interactuaron con los pobladores de los alrededores del templo; estos datos estaban entreverados con noticias sobre la historia de la ciudad.⁵¹

Las temáticas sobre los primeros años de la ciudad también fueron objeto de atención para José María Restrepo Maya, presidente del Centro, cuyos trabajos recopiló e imprimió en Apuntes para la historia de Manizales (1914) que publicó en la Imprenta San Agustín. Estas descripciones fueron ampliadas por el propio Restrepo Maya a través de la recopilación de datos adicionales que le sirvieron para precisar y completar algunos detalles, y que dieron lugar a los textos que publicó en el periódico Correo de Caldas entre el 25 de marzo y el 27 de mayo de 1916 (Figura 4).⁵²

Fuente: ^{Textos digitales de la historia de Manizales y Caldas}

Figura 4 Portadas de Apuntes y la Geografía Médica. 

La obra más lograda después de la apertura del Centro de Historia de Manizales se debió a la pluma de Emilio Robledo, Geografía médica y nosológica del Departamento de Caldas precedida de una noticia histórica sobre el Descubrimiento y Conquista del mismo (1916), en donde puso en práctica los principios históricos que anunció en el discurso de instalación del Centro en 1911, en el cual, había resaltado la necesidad de estudiar los factores físicos y sus relaciones con la “idiosincrasia de la Nación colombiana”, en lugar de poner toda la atención y el esfuerzo de investigación en la narración y en la forma de la escritura. El trabajo de Emilio Robledo se convirtió, además, en uno de los primeros libros publicados por la Imprenta Departamental que él mismo había ayudado a fundar.⁵³

La madurez del Centro de Estudios Históricos de Manizales, 1918-1923

A principios de 1917 llegó a la ciudad de Manizales, el abogado Enrique Otero D’Costa (1883-1964) que había sido trasladado por la compañía Pineda, López & Cía y Mercantile Bank para la que prestaba servicios desde 1908 en Cartagena de Indias, donde servía como apoderado legal de la empresa The Colombia Railway and Navigation Co. Ltd. Otero llegó a Manizales con el objetivo de ampliar los negocios de la compañía y, además, fue contratado como representante legal en el Departamento de Caldas de la Compañía Anglo Colombiana de Comisiones.⁵⁴

Otero venía precedido de una importante experiencia en el ámbito del mundo letrado y, en particular, de la investigación histórica y los proyectos editoriales. Había publicado una serie de relatos sobre la Guerra de los Mil Días, Dianas tristes (1905), el libro Guía de Cartagena (1912) y cuando llegó a Manizales estaba preparando la publicación del libro Cronicón solariego (1922).⁵⁵ Durante su estancia en la ciudad caribeña participó en la apertura del Centro de Historia de Cartagena en 1910 que se integró para preparar la conmemoración del centenario de la independencia de la ciudad; esta vinculación le permitió vincularse a la fundación del Boletín Historial, publicación oficial del Centro de Historia de aquella ciudad y cuyo primer número vio luz el 18 de mayo de 1915, bajo la dirección del propio Otero D’Costa. El Boletín fue patrocinado por la gobernación del Departamento de Bolívar para “fomentar y estimular, por todos los medios a su alcance, los estudios históricos tan importantes en todo país medianamente civilizado”.⁵⁶ De esta forma, Otero dirigió los dos primeros volúmenes del Boletín Historial integrados por 24 números de la revista.⁵⁷

A poco de llegar a la ciudad, Otero D’Costa fue admitido como miembro del Centro de Historia de Manizales.⁵⁸ La presencia de Otero seguramente estuvo relacionada con una serie de medidas que se tomaron en estos primeros meses de su arribo.

En mayo de 1918, el gobernador José Ignacio Villegas, uno de los fundadores del Centro, firmó la Ordenanza Número 50 que facultó a la gobernación para que la Imprenta Departamental publicara los trabajos que presentaran la Sociedad de Medicina y el Centro de Historia; de tal forma que con esta decisión legal, los trabajos del Centro fueron reconocidos como de “conveniencia pública”. Sin embargo, el presidente del Centro, Emilio Robledo, informó al gobernador que la corporación que presidía había decidido publicar una “Revista mensual, que le servirá de órgano y que se dedicará exclusivamente a las ciencias históricas en general y a las relativas a este Departamento en particular”.⁵⁹ La revista estaría a cargo de Enrique Otero D’Costa como numerario del Centro y en la misiva, Robledo solicitó específicamente el apoyo para una publicación que tendría un tiraje de trescientos ejemplares para cada número que debería tener de 32 a 64 páginas.⁶⁰

La solicitud fue acogida en la gobernación y fue emitido un Decreto que garantizó el financiamiento de la publicación y en la parte técnica, la Imprenta Departamental debería apoyar el diseño y la impresión de cada uno de los ejemplares (Figura 5).⁶¹

Fuente: Fondo Especial Emilio Robledo, Universidad de Caldas, Manizales, Archivo Historial.

Figura 5 Archivo Historial, Enrique Otero D’Costa y Emilio Robledo. 

Las normas emitidas por los organismos de gobierno del Departamento y las gestiones realizadas por el reconocido presidente del Centro de Historia respaldaron la diligente actividad que Enrique Otero desempeñó al frente de la revista.

Desde el primer número fueron evidentes los propósitos y la forma de alcanzar esas metas, como quedaron establecidas de una manera sistemática en las siguientes reflexiones del propio Otero:

Ha querido el Centro de Estudios Históricos reunir en un solo haz todos los escritos que anduvieran por ahí dispersos y semidesconocidos, relativos a la fundación y a los fundadores de esta ciudad de Manizales, y, cumpliendo con tales deseos, hoy presentamos al curioso lector todos los materiales que nos ha sido dable colectar, y los cuales, en nuestro sentir, forman un conjunto muy apreciable para escribir, con mejor conciencia sobre génesis de la capital caldense. El historiador futuro sabrá agradecer la utilidad de esta compilación, que ha venido a salvar del olvido a muchos documentos interesantes, y que hemos llevado a término con el mayor esmero y diligencia, procurando que nada faltase al intento del centro.

Sea esto, a la manera de un modesto homenaje que rendimos a la noble ciudad, benévola y hospitalaria, que sabe hacer dulces las horas de quienes nacieron bajo otros cielos y sabe hacerse amar del extranjero con acendra lo cariño y honda gratitud.⁶²

Los propósitos que expone Otero para un número puntual de la revista se pueden extender para el conjunto de ejemplares que coordinó el abogado santandereano. La revista concentró información sobre el pasado de la ciudad y de la región y, con ello, ayudó a darle valor al pasado y a los vestigios del pasado.

Otero mantuvo correspondencia con personas de los diferentes municipios del Departamento y abrió espacio para la publicación de artículos con datos históricos de múltiples lugares, temas y periodos históricos vinculados con el Departamento. Es el caso de la recopilación que hizo de los relatos que integran el “Complemento de la historia de Manizales” de José María Restrepo Maya, que habían sido publicados en el periódico Correo de Caldas en 1916. Gracias a la ayuda de Manuel Jaramillo Isaza, Otero consiguió las diferentes ediciones del periódico, las transcribió y reunió para publicarlas como un homenaje que el Centro de Historia le hizo al primer presidente de la corporación; de esta forma, el material que había estado disperso se pudo divulgar de forma compacta en la edición número 2 de la revista.⁶³

Uno de los aspectos más notables en la recopilación de información sobre el pasado de la capital del Departamento de Caldas estuvo en la recopilación y publicación de textos que habían sido difundidos en las primeras hojas impresas que hubo en la ciudad como fue el caso de los datos transmitidos por Federico Velásquez en Los Ecos del Ruiz en 1880; el texto inédito de Manuel M. Grisales “Tiempos embrionarios de Manizales”, y las “Noticias históricas sobre Manizales” que había sido divulgado en la revista Albores en 1907; pero, sobre todo, destacan las entrevistas que hizo Otero a dos de los fundadores de la ciudad: Ignacio Arias y Alejandro Echeverri.⁶⁴

La forma de trabajar de Otero D’Costa definió la diversidad de información y datos que pudo reunir para difundirlos a través de Archivo Historial. Además de recopilar textos publicados en periódicos, Otero y Robledo consiguieron y elaboraron transcripciones y comentarios de relaciones del siglo xvi como la de fray Gerónimo de Escobar, escrita aproximadamente hacia 1582,⁶⁵ pasando por el informe del Gobernador Francisco Silvestre escrito en 1776 hasta la publicación de las pintorescas anécdotas de Manuel Pombo en el viaje que realizó en 1852 por los territorios de las recién fundadas poblaciones de Neira y Manizales, eso sin olvidar la traducción que hizo Emilio Robledo de las memorias de J. B. Boussingault cuando transitó y vivió en varios poblados mineros de este Departamento entre 1824 y 1830. Tanto en el caso de Pombo como de Boussingault, las obras que contenían estos trabajos no llevaban mucho tiempo de haberse publicado. Esto demostraba la atención que Otero y Robledo le daban a estas novedades bibliográficas para darlas a conocer a través de la revista.

El trabajo especializado que realizaron para ubicar, transcribir y comentar documentos que se puede observar en los textos mencionados está a la par con la apertura a la localización y publicación de trabajos sobre la historia de las poblaciones del Departamento. Si bien predominaron las referidas a la capital departamental, Manizales, a lo largo de los números se dieron a conocer trabajos sobre los orígenes de Armenia, Anserma, Cartago, Neira, Salento, Riosucio, Salamina y Supía. De esta forma, Archivo Historial estableció datos, fechas, personajes y parámetros de referencia para escribir la historia en el Departamento de Caldas.

Los propósitos y los logros del Centro de Historia de Manizales coincidían con las propuestas del Centro de Historia de Tunja:

La Historia y Geografía de Boyacá están por hacer. No tenemos un mapa clásico, como los que Santander y Magdalena poseen, ni un tratado de Geografía histórica, como el que el doctor Uribe Ángel escribió del Departamento de Antioquia. Si nuestros compatriotas estudiosos e investigadores utilizan nuestras columnas para insertar en ellas los frutos de sus labores, no muy tarde se podrá pensar en otras que den una idea clara y verdadera de nuestro suelo, con todas sus riquezas y ventajas físicas; y de sus habitantes con sus orígenes, relaciones de razas y desarrollo intelectual. Ancho campo tenemos a nuestra vista para ejercitar las dotes intelectuales en tareas que no sean las lides políticas, sino aquellas otras contiendas pacíficas y gloriosas del pensamiento, puesto en las investigaciones históricas y en la exposición de los tesoros con que nos favoreció la Naturaleza.⁶⁶

Dificultades múltiples: 1923-1934

Después de 1922 el proyecto materializado en la revista Archivo Historial entró en crisis. Las razones de esta situación están vinculadas a diferentes tipos de eventos. Uno de los principales acontecimientos problemáticos fueron los sucesivos incendios que sufrió la ciudad entre 1922 y 1926, en los cuales más de doscientos veintinueve edificios se quemaron a la largo de treinta manzanas que componían el centro de la ciudad e incluso se incendió la catedral.⁶⁷ En estas conflagraciones es probable que haya desaparecido la información de primera mano del Centro de Historia de Manizales.

Si bien estas vicisitudes materiales fueron importantes, el Centro de Historia fue afectado de forma más grave por la ausencia de las personas que habían impulsado el proceso de consolidación de la corporación.

En 1920, Emilio Robledo Correa dejó la ciudad para radicarse en Medellín. Al año siguiente de su partida, fue nombrado Rector de la Universidad de Antioquia y después se vinculó como profesor en la carrera de medicina, labores en las que permaneció hasta el año de 1944.

En febrero de 1923 salió el último ejemplar del periódico Renacimiento. Su director, Justiniano Macía, viajó a Bogotá en donde se vinculó al periódico La República y, además, fue nombrado en diferentes cargos públicos y regentó algunos consulados de Colombia en Europa.

A fines de 1923, Enrique Otero fue nombrado Tesorero de Bogotá y dejó la ciudad de Manizales para instalarse en la capital del país. Un par de años antes, Otero había tenido interés para trasladarse a la capital del país y ser director del Museo Nacional. Radicado en Bogotá en 1924 fue incorporado como miembro de número de la Academia Nacional de Historia donde llegó a ser director del Boletín de Historia y Antigüedades y uno de los integrantes más activos de esta asociación.⁶⁸ La partida del director de Archivo Historial significó un preámbulo de la inminente desaparición de la publicación:

Por tánto, hoy queremos dejar constancia de que al señor Otero D’Costa, investigador concienzudo y tenaz, se debe la fundación y sostenimiento de nuestro importante boletín, apoyado por algunos miembros del Centro de Estudios Históricos de esta ciudad; que fue él su principal colaborador y que la historia de Manizales y la del Departamento le deben, junto con don José María Restrepo Maya; el doctor Emilio Robledo y el Pbro. Gonzalo Uribe Villegas, Cura de Riosucio, especialmente sus mejores páginas, que los ha hecho dignosde la gratitud pública. Con la partida del señor Otero pierde, pues, nuestra historia regional un factor irremplazable. Es posible que de tarde en tarde, al reunir material suficiente, hagamos edición del boletín.⁶⁹

De esta forma, el proyecto editorial y disciplinar que representó Archivo Historial entró en crisis; entre 1924-1934 se publicaron 6 números, en contraste con los treinta y seis números que se publicaron entre 1918 y 1923.

Si bien la ciudad de Manizales no careció de la publicación de nuevos trabajos sobre la historia de la ciudad y también hubo diferentes proyectos editoriales de relevancia nacional, el trabajo específico relacionado con la escritura de la historia que había cultivado Archivo Historial, no volvió a surgir sino hasta finales del siglo XX y principios del siglo xxi.

Conclusiones

Hacia 1923, un balance provisional de las actividades de los Centros de Historia impulsados por la Academia Nacional de Historia en el marco de los festejos conmemorativos demostraba las limitaciones en la continuidad de esas corporaciones:

Deben contarse los útilisimos boletines historiales de las academias y centros que han comenzado en este siglo, Boletin de Historia y Antigüedades. Órgano de la Academia de Historia Nacional; director, Pedro María Ibáñez, Secretario perpetuo. Desde septiembre de 1902 hasta febrero de 1923, lleva publicados 101 números, que forman catorce volúmenes. Imprenta Nacional. Boletín Historial. Órgano del Centro de Historia de Cartagena de Indias; director, Generoso Jaspe. Llevaba publicados, desde mayo de 1915 hasta abril de 1919, 48 números, que forman cuatro tomos. Su vida es muy precaria por falta de apoyo del gobierno departamental. Archivo Historial. Órgano del Centro de Estudios Históricos de Manizales; director, Enrique Otero D’Costa, desde agosto de 1919, más de dos volúmenes que contienen 32 números.⁷⁰

Esta situación se hizo evidente cuando en la formulación de la Ley 86 de 1928 dentro del espectro de los cuerpos consultivos del gobierno reconocidos como “oficiales” a nivel de las regiones, en el caso de los estudios históricos solamente se mencionaba a la Academia de Historia de Antioquia y a la Academia de Historia de Cartagena; al Centro Vallecaucano de Historia y Antigüedades; a los Centros de Historia de Popayán, Tunja, Pasto y Barranquilla y al Centro de Historia Local de la ciudad de Antioquia. El Centro de Historia de Manizales no fue considerado en este conjunto; por lo tanto, no podía estar en las partidas presupuestales.

El carácter de los Centros de Historia como corporaciones integradas por personas interesadas en unas determinadas materias no garantizó la continuidad en el tiempo, la calidad de los trabajos y los aportes que puedan llegar a hacer al conocimiento. La presencia de estas entidades estuvo sometida a la coyuntura, al azar y a la voluntad de individuos y gobiernos específicos. Lo que demuestra el caso del Centro de Historia de Manizales y la revista Archivo Historial es que no es suficiente que existan normas, recursos materiales que garanticen la existencia de una entidad como las Academias y los Centros de Historia. Es necesaria la presencia de recursos humanos formados que garanticen la perduración de las actividades intelectuales. La carencia de estas condiciones limita el aprovechamiento de los aportes que estas corporaciones realizan en los periodos que tienen actividades y sus aportes quedan reducidos a lugares comunes que se repiten como explicaciones suficientes o incluso se pierden en el olvido. Por eso, el trabajo presentó datos específicos y documentados sobre el origen de la revista y sobre las personas que permitieron su realización, así como las estrategias que emplearon para mantenerlo en funcionamiento.

El texto también ofreció algunas explicaciones para entender por qué fue posible que surgiera una revista especializada en temas históricos en la ciudad de Manizales a principios del siglo XX, también ayuda a comprender por qué no la pudieron sostener por más tiempo en el contexto del mundo letrado de aquella ciudad a mediados del siglo XX; de tal forma, que el trabajo establece elementos para ampliar la investigación sobre este tipo de instituciones y sus aportes para el conocimiento de la historia regional.

Archivos consultados

Archivo General de la Nación, Colombia, fondo Academia Colombiana de Historia, colección Otero D’Costa

Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional de Colombia

Fondo Especial Emilio Robledo, Centro de Bibliotecas Universidad de Caldas, Colombia

Periódicos y revistas

Archivo Historial. Órgano del Centro de Estudios Históricos de Manizales

Boletín de Historia y Antigüedades, Órgano de la Academia Nacional de Historia

Boletín Historial, Órgano del Centro de Historia de Cartagena de Indias

Diario Oficial de la República de Colombia.

Gaceta Departamental de Caldas.

Ordenanzas expedidas por la Asamblea Departamental de Caldas en sus sesiones de 1918 y Decretos que las reglamentan.

Repertorio Boyacense. Revista Mensual.

Revista del Centenario. Órgano de la Comisión Nacional.

Repertorio Histórico. Órgano de la Academia Antioqueña de Historia.

Revista Nueva. Literatura y Ciencias.

Sábado. Revista Semanal.

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