La educación como derecho

El derecho a la educación, consagrado en el artículo tercero de la ^{Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)}, incluye la gratuidad de la educación pública en sus niveles básico, medio superior y superior, y que debe ser inclusiva, laica, pertinente y relevante; además, «se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad» sustantiva (CPEUM: 5). Por lo tanto, debemos considerarla como un bien público, y como tal es responsabilidad del Estado garantizar su financiamiento.

El sistema educativo nacional público, que coordina la Secretaría de Educación Pública (SEP), es el que asegura la gratuidad de los diversos niveles educativos, su normatividad y los lineamientos pedagógicos que guían los procesos de enseñanza-aprendizaje. La Ley General de Educación establece en su artículo 35 tres tipos de la educación: la básica, integrada por cuatro niveles: inicial, preescolar, primaria y secundaria; la media superior, que comprende los bachilleratos general, tecnológico, profesional, técnico bachiller y educación profesional técnica, y la educación superior, con tres niveles: técnico superior universitario, licenciatura y posgrado (^{Congreso de la Unión, 2019: 16}). Para la educación privada establece una reglamentación y supervisa su cumplimiento.

El sistema de educación mexicano público y privado es amplio. Está conformado por 34 413 485 alumnos, de los que 17 374 293 son mujeres y 17 039 192 hombres, y es atendido por 2 113 016 docentes en 258 689 escuelas. Cifras que se desagregan en el Cuadro 1 por tipo de sostenimiento: público y privado, y modalidad: escolarizada y no escolarizada. Está distribuido en las 32 entidades federativas del país. Su infraestructura en edificios escolares, servicios sanitarios, bibliotecas y recursos didácticos para la docencia, así como el acceso a los medios electrónicos, es desigual en las regiones del país.

El estudio de ^{Coneval (2022)} señala que 86% de la infraestructura de educación básica cuenta con electricidad, mientras que un importante 14% carece de ella. Y un panorama similar enfrenta la educación media básica, en la que cuentan con agua potable 75% de los centros escolares. Cabe señalar que lo anterior es en términos del inventario, pues en la vida diaria escolar el funcionamiento de la infraestructura de agua deja mucho que desear y en ocasiones las instalaciones no cuentan con ella. Por lo tanto, según el estudio de Coneval, el lavado de manos se garantiza sólo en 74% de las escuelas.

El «Modelo de tránsito escolar en el sistema educativo modalidad escolarizada» (^{SEP, 2022: 14}) nos proporciona una fotografía interesante del comportamiento del ingreso y egreso de estudiantes desde que son inscritos en educación primaria hasta egresar de una licenciatura. De 100 alumnos que ingresan a la primaria sólo 95 consiguen terminar sus estudios de este nivel, de los cuales 92 continúan en la secundaria, y de quienes egresan de ésta sólo 83 logran entrar al bachillerato, y existe un abandono escolar significativo durante su tránsito por este nivel, ya que 29 alumnos no logran terminarlo. De los 54 egresados del bachillerato sólo 40 ingresan al nivel superior, y únicamente 26 concluyen sus estudios de licenciatura. Por consiguiente, de los cien niños que ingresaron a la primaria en el ciclo 2005-2006 sólo 26 consiguieron egresar del nivel de licenciatura.

Las cifras oficiales aquí comentadas a manera de ejemplo evidencian que tenemos un sistema educativo frágil y con una baja eficiencia terminal. A esto se suman múltiples carencias de infraestructura y baja calidad que se manifiesta, entre otras cosas, en planes y programas educativos sin actualización ni evaluación y deficiencias cognitivas y pedagógicas importantes que es necesario superar. El panorama se agrava debido a la reducción presupuestal que afecta al sistema educativo nacional en la última década.

El Estado mexicano no está otorgando un presupuesto adecuado y suficiente a la educación, y no la considera como lo que es: un bien público y una inversión. Las dificultades presupuestales afectan, sin duda, la calidad de los servicios educativos y lesionan el futuro de quienes egresan del sistema educativo nacional.

Es importante analizar todos los niveles del sistema educativo nacional mexicano para proponer lineamientos de mejora. Sin embargo, en este trabajo me centraré en algunos aspectos relevantes de la educación superior.

Repensar las funciones y estrategias del subsistema de educación superior

Seguramente que como gobierno, sociedad y actores educativos algo estamos descuidando o lo hacemos francamente mal. Los rezagos educativos se acumulan, los avances científico-tecnológicos nos rebasan y los problemas económicos, sociales y ambientales, de empleo, pobreza, desigualdad, inseguridad y cambio climático, se incrementan y nos abruman.

Hay una serie de atribuciones de la educación en general, y de la superior en particular, que se relacionan con la consolidación de la sociedad de la información y el conocimiento, el avance digital y las innovaciones, que son consideradas fuentes de competitividad e instrumentos para lograr la eficiencia y eficacia en el mundo laboral y la comunicación social de todo tipo.

En 1998, la Conferencia Mundial de Educación Superior señalaba la importancia de que fuera de calidad y pertinente. En 15 recomendaciones proponía, entre otras cosas, revisar las misiones y visiones de los sistemas de educación superior, reforzar su papel crítico y anticipatorio formando profesionistas altamente cualificados y ciudadanos responsables teniendo en cuenta la autonomía y las libertades académica y de pensamiento, intensificar la investigación y proporcionar una formación pertinente atendiendo las demandas económico-sociales del entorno, y vincularse con los niveles educativos que la preceden. Destacaba la recomendación de contar con una amplia diversidad de modelos educativos que consideren que la educación debe ser durante toda la vida y que la formación del personal docente es indispensable para elevar la calidad de los servicios educativos. Una recomendación central era tomar medidas para una mayor participación de las mujeres en la educación. Finalizaban las recomendaciones con la invitación a trabajar por el establecimiento de redes internacionales de apoyo mutuo para la investigación y la calidad de la educación, protegiendo la diversidad de las culturas locales y sus aportaciones a la cultura universal, sin descuidar sus impactos entre otras cosas (^{UNESCO, 1998}).

Resalto del documento señalado tres tipos de reflexiones: las relacionadas con la calidad de la educación, las del valor fundamental de los principios éticos y las de dar mayor relevancia a la perspectiva de género en el ámbito de la educación superior. A 25 años de tan importantes declaraciones, enfrentamos nuevos y antiguos retos, a la vez que se han desarrollado nuevos paradigmas e innovaciones científico-sociales.

La educación es un factor importante para el desarrollo económico del país. No es un elemento adjetivo, el conocimiento y la educación son componentes importantes también para el desarrollo productivo y social del país; por ello su avance o estancamiento nos atañe como sociedad.

Si bien la sociedad del conocimiento o del saber¹ y la sociedad de la información son conceptos diferentes, están muy correlacionados en tanto que la primera es consecuencia del acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. La globalización e internacionalización de la educación superior enfrenta escenarios económicos, sociales, políticos y culturales globalizados e interdependientes, en los que adquiere relevancia, como señala la UNESCO, la noción de «sociedad del conocimiento» (^{2005: 21}). La información es un instrumento del conocimiento y se debe evitar su excesiva mercantilización² en la sociedad mundial para no ampliar las brechas entre los diferentes países. Desafortunadamente, existe una tendencia favorable al incremento de la desigualdad entre países y regiones.

Frente a escenarios en constante cambio y la incertidumbre social, nos preguntamos si realmente estamos formando profesionistas y ciudadanos que se adapten creativamente y con conocimiento a las necesidades sociales y productivas del desarrollo del país, y si cuentan con los conocimientos y las habilidades para enfrentar los retos de un mundo signado por la desigualdad, la incertidumbre social y el cambio climático.

Sin duda, vivimos cambios acelerados en el desarrollo del conocimiento y los avances tecnológicos en los que la convergencia digital, la inteligencia artificial y las innovaciones se presentan como fuentes de competitividad e instrumentos para lograr un desarrollo económico-social sostenible y equitativo. El reto es su aprovechamiento creativo e innovador. Las innovaciones con ese perfil no se dan por decreto, hay que promoverlas y educar a las nuevas generaciones en la cultura de la innovación y el emprendimiento social, mediante nuevas formas y modelos de aprendizaje.

En las sociedades de la innovación, la demanda de conocimientos estará en relación con las necesidades constantes de reciclaje. Incluso la formación profesional tendrá que evolucionar forzosamente […]. Las sociedades del aprendizaje tienen que permitir a todos «estar al día». Esto supone, por consiguiente, una reflexión profunda sobre la evaluación de los conocimientos, tanto de los educandos -escolares, estudiantes, trabajadores en formación, postgraduados, etc.- como de los docentes e investigadores (^{UNESCO, 2005: 63, 67}).

Es importante que los sistemas de educación superior garanticen que las nuevas generaciones tengan condiciones óptimas para aprovechar los avances científico-técnicos mediante el desarrollo de habilidades y capacidades que permitan generar conocimientos e innovaciones relevantes para la transformación productiva y social del entorno. Contribuir a la capacidad y la autonomía tecnológica es uno de los papeles del subsistema de educación superior. Desde esta perspectiva, cobran relevancia la educación para la vida y las herramientas para un aprendizaje significativo y permanente. Los retos nacionales e internacionales que estimulan las tendencias apuntadas deben ser elementos importantes de la reflexión universitaria y de las propuestas para mejorar la calidad y pertinencia de los servicios universitarios.

Papel de la educación en el desarrollo

En muy diversos foros internacionales y nacionales se formulan propuestas para la educación superior. Revisemos lo relacionado con el desarrollo sostenible, la ciudadanía mundial y el perfil de la educación para el año 2050.

La educación para el desarrollo sostenible enfatiza que se deben desarrollar en los educandos los conocimientos científico-técnicos y sociales, los valores y las actitudes ciudadanas que les permitan llevar a cabo acciones para superar los desafíos que representan el cambio climático, el deterioro constante de la biodiversidad, el abuso y la depredación de los recursos naturales y la contaminación de todo tipo.

Los impactos del abuso y el poco cuidado que hemos puesto en la naturaleza están a la vista de todos, y estamos tarde en la instrumentación de medidas correctivas que frenen su deterioro. Se trata de educar para la sostenibilidad y la toma de decisiones -individuales y colectivas- para cuidar el planeta. El proceso de aprendizaje para toda la vida es un componente central de una educación de calidad.

La educación para la ciudadanía mundial³ parte de reconocer que somos sociedades interconectadas; que vivimos insertos en contextos de inseguridad, violaciones de los derechos humanos, discriminación y violencia, conflictos que amenazan la paz mundial, efectos del cambio climático y la contaminación; un mundo en que la desigualdad y la pobreza⁴ afectan a amplios sectores de la población mundial. Sin embargo, todos estos flagelos son, desde luego, producto de un crecimiento económico depredador que originó la desigualdad y la pobreza extrema, y al mismo tiempo, en el mundo se ha acumulado un conocimiento científico-técnico y social que, adecuadamente utilizado, podría apoyar un nuevo rumbo de desarrollo y promover valores y actitudes de un ciudadano del siglo XX responsable con el medio ambiente y solidario socialmente. Ahí está el germen de una educación mundial civilizatoria.

Por eso la educación de todos los niveles debe infundir, en la mente de estudiantes de todas las edades, valores y actitudes de respeto a la diferencia para vivir en paz y convivencia social; que sean proactivos en la construcción de la paz y de una ciudadanía mundial creativa, responsable con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, con respeto a la legalidad y los derechos humanos y con perspectiva de género.

Para lograrlo se propone que la educación sea holística, transformadora, contextualizada, centrada en valores, con compromiso y responsabilidad social. Un eje fundamental es el reconocimiento de una ciudadanía mundial basada en valores universalmente compartidos. En síntesis, una educación de calidad, inclusiva y equitativa.

El perfil de la educación para mediados del siglo XXI, en principio, plantea la necesidad de un nuevo pacto social educativo, lo que es muy sugerente si asumimos que estos son acuerdos explícitos e implícitos entre gobierno y ciudadanos y que se construyen con base en la comprensión compartida de cómo resolver determinados problemas, en este caso los de la educación superior. Los tres documentos resaltan la importancia de construir un nuevo pacto educativo y contienen variantes y acercamientos que debemos considerar.

En el documento Reimaginar juntos nuestros futuros. Un nuevo contrato social para la educación (^{UNESCO, 2021b}) se plantean dos principios centrales: reforzar la educación como un bien público común y el derecho a una educación de calidad durante toda la vida. Con ellos se considera que la pedagogía del tercer ciclo debe tener como base la cooperación, la colaboración y la solidaridad. Que los programas educativos deben contemplar el aprendizaje ecológico, intercultural e interdisciplinario; que ayude a los alumnos a acceder a conocimientos, producirlos y que desarrollen al mismo tiempo su capacidad para criticarlos y aplicarlos. Reconocer la función de los docentes como figuras clave de la transformación educativa y social. Promover la inclusión, la equidad y el bienestar individual y colectivo, y desarrollar habilidades ciudadanas para la transformación del mundo hacia futuros más justos, equitativos y sostenibles (^{UNESCO, 2021b}).

El nuevo contrato social para la educación deberá transitar -mediante un llamamiento a la investigación y la innovación- a la solidaridad mundial y la cooperación internacional, a la participación activa, que permitan la formulación e instrumentación de un nuevo contrato social de cara al 2050 (^{UNESCO, 2021b}).

A partir de estos principios y lineamientos se desdoblan las estrategias y los caminos que plantean otros dos documentos de la UNESCO: Pensar más allá de los límites. Perspectivas sobre los futuros de la educación superior hasta 2050 (^2021a) y Más allá de los límites. Nuevas formas de reinventar la educación superior (²⁰²²). La matriz conceptual de esta tríada de documentos proporciona un arsenal de ideas y posibilidades de acción para mejorar los sistemas de educación superior de cada país, todo de cara a sus necesidades sociales, económicas y culturales específicas.

En el panorama nacional de México es preocupante no contar con un debate público abierto y propositivo sobre el futuro de la educación superior. Como agentes educativos y sociedad, no contamos con un foro o una plataforma permanente que permita el análisis de los nuevos retos que enfrentan las instituciones de educación superior mexicanas, que coexisten con añejos problemas e inercias institucionales. Las instancias normativas y coordinadoras de este nivel educativo no han convocado a la construcción del pacto educativo que propone la UNESCO, aunque existen diversos y múltiples grupos de docentes, investigadores, funcionarios universitarios, organizaciones estudiantiles y de la sociedad civil y empresarios interesados en dialogar y construir un nuevo pacto social educativo.

A mi me parece excelente que se retome la idea de Juan Jacobo Rousseau del pacto social. A ello agregaría que necesitamos un pacto no sólo de carácter educativo sino también para el desarrollo del país que permita transitar hacia pautas de desarrollo sostenible compartidas, sobre todo frente a los escenarios de incertidumbre e inequidad social.

Estamos siendo rebasados por fenómenos relacionados con el cambio climático, el desempleo, la pobreza y la desigualdad social, por las tendencias internacionales a la polarización política y social, mientras que crecientes segmentos de población del mundo no creen en la democracia. Por esto y muchos otros factores debemos preguntarnos que estamos haciendo en los complejos y complicados ámbitos de la educación superior e indagar si las IES están cumpliendo con su misión y su visión, pues no están en sintonía con las nuevas circunstancias. ¿Cuál debe ser el rumbo de la educación?

Más específicamente, debemos preguntarnos ¿cuáles son las capacidades y competencias que debemos desarrollar en los alumnos como parte esencial del desarrollo humano, teniendo en consideración el acelerado cambio tecnológico, el cambio climático y la necesidad de transitar hacia sociedades más incluyentes y democráticas? ¿Qué capacidad tenemos de construir ese nuevo escenario para ellos y nuestras instituciones de cara al 2050? El horizonte propuesto, el año 2050, está a la vuelta de la esquina, por lo que es urgente repensar y construir un nuevo pacto social para la educación superior.

Consensuar diagnósticos, preparar respuestas y actuar

Son muchas las interrogantes enunciadas y nadie tiene las respuestas adecuadas. Son problemas que ameritan un trabajo colectivo, colegiado e incluyente de las y los interesados en construir una agenda de prioridades y una ruta de mejora de la calidad de los servicios educativos. Sin duda, cuentan las experiencias personales de los diversos actores, pero es necesario analizarlas en colectivo; de eso se trata el contrato social, de consensuar diagnósticos y formas de resolver los problemas detectados; de comprender el origen de los fenómenos sociales, económicos y políticos a fin de vislumbrar rutas de solución, de compartir recursos y saber cuál es la responsabilidad del gobierno, la sociedad civil y cada actor social y educativo involucrado.

Un nuevo contrato educativo requiere voluntad política y acción colectiva, independientemente de las diferencias de quienes participan. Su importancia reside en la comprensión compartida de los problemas y las acciones que deben instrumentarse para su solución. Contar con una agenda y una plataforma de trabajo compartida permitirá navegar con mayor certeza por los escenarios nacionales e internacionales, signados por el acelerado desarrollo del conocimiento científico y tecnológico y los avatares económicos y políticos de una sociedad mundial interconectada⁵ y cargada de incertidumbres.

Los atributos y las funciones de la educación superior, según los documentos que se analizan, son: educación superior para todos, inclusiva e incluyente, de calidad y a lo largo de la vida; centrada en los estudiantes, humanista y solidaria, orientada al desarrollo social sostenible, conectada globalmente con esencia local. Apoyada en la investigación innovadora y en una docencia que proporcione a los estudiantes las habilidades científico-técnicas que les permitan enfrentar los retos productivos y sociales.

Para todo ello necesitamos innovar el currículo incorporando competencias fundamentales de la sociedad del conocimiento; poner en el centro a los educandos con aprendizajes significativos y enfoques multi e interdisciplinarios. Aunque todo esto es importante, no es suficiente, hay que prestar mayor atención a la formación ciudadana mediante un modelo de formación integral y holístico que tenga como referente el desarrollo humano, lo que supone un «compromiso con la democracia», ya que «un ingrediente esencial de toda vida dotada de dignidad humana es tener voz y voto en la elección de políticas que gobernaran la propia vida» (^{Nussbaum, 2010: 47}).

La educación debe inculcar valores y desarrollar actitudes para el ejercicio crítico de la ciudadanía. Como señala la filósofa estadounidense, es importante «La aptitud para interesarse por la vida de los otros, de entender las consecuencias que cada política implica para las oportunidades y las experiencias de los demás ciudadanos y de las personas que viven en otras naciones» (^{Nussbaum, 2010: 47}). Educar ciudadanos comprometidos con los problemas de su entorno y motivados a proponer soluciones para mejorar la calidad de vida de los mexicanos es parte de la misión de las IES comprometidas con los Objetivos del Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por lo tanto, es necesario contar con el financiamiento público adecuado para cumplir con las funciones y el compromiso social de las universidades y las IES. Financiamiento público suficiente para desarrollar las capacidades materiales y de infraestructura, para el desarrollo de recursos humanos altamente calificados que generen y transmitan conocimientos, realicen investigación científica y la divulguen, y que promuevan la conservación del patrimonio cultural tangible e intangible; que, en síntesis, proporcionen una alta calificación científico-técnica combinada con una sólida formación social y humanista que haga que nuestras generaciones de egresados sean excelentes profesionistas y buenos ciudadanos. Considero que eso es proporcionar una educación de calidad, y eso cuesta.

Dar un tratamiento adecuado a los problemas en la educación superior pública mexicana enunciados requiere de financiamiento, y en este rubro el panorama actual es preocupante. Moreno y Cedillo (2023) apuntan a la gravedad del financiamiento público a la educación al plantear que:

La propuesta de presupuesto total para educación -rubro que considera el presupuesto de la SEP (Ramo 11) más los recursos de la función «educación» de otros seis ramos- asciende a 970 991.28 millones de pesos, 4.6% más de lo aprobado en 2022. No obstante este incremento, el gasto educativo como proporción del PIB continúa en un franco deterioro.

En el caso concreto de educación superior y posgrado, el PEF 2023 establece un presupuesto de 162 744.0 millones de pesos, 0.4% mayor en términos reales a lo aprobado en 2022. Aun así, el gasto educativo de nivel superior pierde peso como proporción del gasto educativo total: en 2022 representaba 17.5% del gasto educativo, en 2023 será de apenas 16.8%.

Por último, la inversión para ciencia, tecnología e innovación (CTI) -rubro que considera el presupuesto para Conacyt (Ramo 38) más los recursos de la función «CIT» - aumenta 4.3% en términos reales respecto a 2022. El gasto propuesto asciende a 60 233 millones de pesos, lo que representa 0.19% del de la SEP (párrafos 6-8).

Las políticas de austeridad y restricción del gasto en materia de educación superior han venido acompañadas de una serie de señalamientos críticos negativos a las universidades públicas. El presidente López Obrador las ha catalogado como centros conservadores, aspiracionistas y neoliberales, que responden a los intereses de mafias intelectuales y empresariales. En varios momentos el epicentro de sus ataques han sido el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Guadalajara (UDG) y los organismos públicos descentralizados del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAH-CYT), entre otras instituciones. Al parecer le molesta la crítica de los académicos a las visiones y propuestas de su proyecto político llamado la Cuarta Transformación, la autonomía académica y el pensamiento crítico, y menosprecia el conocimiento científico-social para la toma de decisiones.

Las modificaciones a la Ley de Ciencia y Tecnología no pasaron por una amplia discusión ni por el análisis de la comunidad científica nacional. Los desencuentros con las autoridades del ahora CONAHCYT han sido múltiples y diversos científicos, como Antonio Lazcano, Julieta Fierro y Fausta Gantús, han señalado sus debilidades e inconsistencias. En la Mesa de Diálogo sobre la Ley de Ciencia y Tecnología del 11 de mayo de 2023, realizada en la Facultad de Ciencias de la UNAM, expresaron su inconformidad por la inclusión de las fuerzas armadas en la toma de decisiones, lo reducido del presupuesto, las intromisiones a la libertad académica y la equiparación de los saberes científicos con los saberes tradicionales. Todos temas que requieren un análisis colegiado y a profundidad por la comunidad científica, que hasta ahora ha sido excluida y está preocupada por los impactos de las decisiones tomadas, que generan incertidumbre sobre la «autonomía científica». Ante este panorama, Fausto Kubli García, de la Facultad de Derecho, subrayó «la importancia de una política científica con una vocación participativa y procesos deliberativos inclusivos y horizontales» (^{Enrimar, 2023}).

Los efectos de estas modificaciones y su impacto en la producción de conocimientos se deben analizar urgentemente con énfasis en su papel en el desarrollo social, económico y productivo del país. El ya de por sí precario financiamiento a la ciencia y la tecnología va a ser aún menor, lo que no permitirá a la comunidad científica contribuir adecuadamente al desarrollo social y condenará al país a una mayor brecha en estas áreas con respecto a los países miembros de la ^{Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)}. Decenas de científicos de diversas entidades del país han promovido juicios de amparo⁶ a fin de anular los efectos de la citada ley.

Los problemas que aquejan a la educación superior están relacionados con la cobertura, el financiamiento y la calidad de los servicios educativos. Especialmente con la escasa promoción de la innovación, el emprendimiento social y el desarrollo científico-tecnológico.

La cobertura no se va a resolver abriendo las llamadas universidades Benito Juárez,⁷ que no reúnen los requisitos mínimos necesarios para ser consideradas como tales. El financiamiento es insuficiente para atender la demanda de aspirantes a la educación superior y el desarrollo de la infraestructura adecuada; y si el gobierno pretende ofrecer cobertura total en educación superior, como lo mandata la última reforma del artículo tercero constitucional, debe mejorarse sustancialmente el presupuesto de las instituciones de educación superior. La mejora en la calidad de los servicios debe centrarse en generar modelos educativos flexibles. No decimos sustituir el modelo presencial, sino enriquecer el trabajo en el aula con el uso pedagógico de las nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial, además de fortalecer los sistemas educativos virtuales. Innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la producción y la difusión del conocimiento es fundamental en el contexto de nuestra sociedad, que requiere cada vez más profesionistas con habilidades y destrezas para el desarrollo social y el crecimiento potencial de la economía.

Desafortunadamente no contamos con políticas claras y congruentes en materia de educación superior como lo está demandando la educación del futuro. Por lo tanto, creo que deberíamos pensar cómo hacer frente a la hostilidad presupuestal y política del actual gobierno hacia las instituciones autónomas, entre ellas las universidades; cómo defender el presupuesto para la educación. Este no es un asunto de pesos y centavos, sino del principio rector de que la educación, en este caso la superior, es un bien público; de demandar los presupuestos justos y necesarios para financiar la educación y, a la vez, trabajar en las universidades para generar las condiciones de un nuevo pacto social educativo.

Los documentos de la UNESCO proponen reflexionar sobre la educación superior de cara al 2050 y la construcción de un nuevo pacto social educativo; son un llamado a la reflexión y la acción innovadora, a concitar la energía de los actores educativos y sociales involucrados en la formación de los ciudadanos y profesionistas del futuro. Creo que tenemos enfrente un reto muy importante y difícil, y no lo vamos a resolver si no hacemos un debate público sobre la educación superior.

Las IES deberían reforzar sus principios filosóficos y sus grandes propósitos de fomentar los valores éticos y de compromiso social con la vida democrática y dar mayor importancia a la formación de una ciudadanía cosmopolita, acorde a los cambios y retos de México. El subsistema de educación superior necesita cambios cualitativos que den apoyo pleno a un desarrollo social y económico menos excluyente y desigual. Las IES deben contribuir a la formulación de nuevas pautas de desarrollo social y económico con respeto a los derechos humanos, el medio ambiente y la vida democrática, y a partir de ello generar lineamientos y estrategias para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Una condición es conservar las pautas de la vida democrática en el país, en especial la autonomía universitaria, el pensamiento científico, la libertad de cátedra y de pensamiento en las IES mexicanas.