INTRODUCCIÓN

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó en 2019 un total de 280 millones de migrantes internacionales, lo que representa el 3.6% de la población mundial. De ellos, 164 millones estaban en edad de trabajar¹. En el caso de México, más del 97% de sus emigrantes están en los EE.UU., representando en ese mismo año el 63% de los inmigrantes latinoamericanos en ese país^2-4. Actualmente, más de la tercera parte de las personas nacidas en México residentes en EE.UU. han obtenido la ciudadanía vía la naturalización; cifra que ha aumentado constantemente, de 2.5 millones en 2006 a 4.1 millones en 2019⁴. Según la OIM, el principal motivo para dejar su país fue económico, aunque Torre-Cantalapiedra considera que los flujos migratorios centroamericanos son producto de la violencia directa sobre la población, secundaria a la violencia estructural que padece esa región^1,5.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), se puede entender por violencia «El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones»⁶. Esta es la definición más conocida de violencia y está muy enfocada a la violencia personal o directa, con un agresor identificable; engloba el robo, secuestro, extorsión, violaciones, trata de personas y muerte, entre otras.

Galtung considera la violencia directa como resultado de otros tipos de violencia, como la cultural y la estructural. Describe la violencia cultural como generadora de violencia directa en los individuos y sociedades, de forma poco perceptible y hasta cierto punto «normalizada», porque forma parte de la cotidianeidad de una sociedad. Tal es el caso de las costumbres, religión, racismo, discriminación, machismo y xenofobia. También habla de la violencia estructural, como un tipo de violencia indirecta e imperceptible, donde no hay un agresor identificable, como es la estructura económica, política y social de un país, que, por medio de sus leyes, normas y reglamentos, desprotege y condena a personas y/o grupos a vivir en condiciones de desigualdad y vulnerabilidad como pobreza, hambre, inseguridad, corrupción, impunidad, barreras legales, falta de protección a la salud, etc.^5,7-11.

En este sentido, los migrantes en tránsito por México son personas de gran vulnerabilidad, ya que están expuestas a todos los tipos de violencia, no solo la violencia directa en sus diferentes formas, sino también a la violencia estructural y cultural^4,5,10-15. El objetivo de la presente investigación es caracterizar los tipos de violencia a migrantes en tránsito por México hacia EE.UU.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio exploratorio, transversal, observacional y prospectivo. Se incluyeron migrantes latinoamericanos de ambos sexos, mayores de 16 años, que se encontraban en la frontera de Tijuana esperando cruzar hacia los EE.UU. Se elaboró un cuestionario con 73 variables, incluyendo: factores sociodemográficos, estructura y funcionamiento familiar, riesgos a la salud y acceso a los servicios de salud. También fue dividido en tres etapas del proceso migratorio: salida del hogar; tránsito y llegada a la frontera. Posteriormente se realizó una prueba piloto con un grupo de migrantes similares a los incorporados en la muestra final (n = 20). Se hicieron ajustes de semántica y redacción de las preguntas. Se llevó a cabo la validación de contenido y no se consideró incursionar en la validez de criterio ni de constructo, ya que el estudio es de tipo exploratorio en su etapa inicial. Dicha validación se hizo con ocho profesores e investigadores con experiencia mayor a diez años en diversas líneas de investigación. El instrumento se aplicó, en formato impreso, en la Garita del Chaparral, en Tijuana, Baja California, a las personas repatriadas o deportadas a México y en cinco albergues para migrantes en la misma Ciudad (Casa del Migrante; Ejército de Salvación A.C.; Desayunador Salesiano Padre Chava; Casa de los Pobres A.C. e Instituto Madre Asunta A.C.). El llenado de los cuestionarios fue aplicado por un médico entrevistador, previamente estandarizado, con consentimiento informado, de manera voluntaria y garantizando a los encuestados que, en caso de no responder el cuestionario, no habría repercusiones de ningún tipo. Se realizó el análisis estadístico mediante técnicas descriptivas e inferenciales utilizando el programa SPSS v26. El proyecto fue registrado y aprobado por la Comisiones de Investigación y por el Comité de Ética de la Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México: FM/DI/113/2019.

RESULTADOS

Se hizo el reclutamiento de 245 personas migrantes que respondieron el cuestionario entre los meses de noviembre de 2019 a marzo de 2020, de los cuales solo se consideraron 212 encuestas que estaban completas. De las personas que respondieron, el 73.9% fueron hombres. Según su nacionalidad, el 65.9% mexicanos y el 34.1% no mexicanos (latinoamericanos de nueve países, principalmente de El Salvador, Haití y Guatemala). La edad promedio fue de 36.3 ± 10.1 años; escolaridad promedio de 7.93 ± 3.5 años. El 46.4% casado o en unión libre y el 41.7% solteros. Antes de emigrar, el 89.6% no hablaba inglés. El 82.5% tenía trabajo en su país de origen, las cuatro principales ocupaciones (73.8%): agricultura (26.5%), servicios diversos (21.8%), comercio (13.7%) y construcción (11.8%). El 16.1% no tenía trabajo.

El 58.3% era el principal proveedor económico en su familia y el 59.2% consideró que su ingreso era insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Además, los principales motivos para emigrar fueron: económicos (53.6%) y violencia e inseguridad (26.8%). Al analizar dichos motivos por nacionalidad (mexicanos y latinoamericanos no mexicanos), se observó que existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Los primeros emigraron, en más del 85% de los casos, por cuestiones económicas, seguidas por familiares, estudios y religiosos. Por el contrario, de los latinoamericanos no mexicanos (principalmente centroamericanos), el 85% emigraron por motivos de violencia, inseguridad y persecución política (Fig. 1). Se obtuvo un coeficiente de correlación significativo de 0.680, con una p < 0.0001 (coeficiente Phi y V de Cramer), chi cuadrada 97.938 (p < 0.0001); es decir, existió una asociación importante entre los motivos para emigrar y la nacionalidad.

Figura 1. Principales motivos para emigrar según su nacionalidad. 

Los principales roles familiares antes de emigrar fueron: esposo o padre 43.5%, esposa o madre 15.2%, e hija o hijo 27.5%. Tener familiares en los EE.UU. (55.9%) y amigos (14.2%) facilitó la decisión de migrar. El 86.7% no tuvo ofertas de trabajo formal en los EE.UU. antes de salir de su hogar. Tampoco contaba con servicios médicos (público o privado) en el 50.2% de los casos. El 88.7% manifestó estar sano al momento de la entrevista.

Los principales medios de transporte para el tránsito hacia la frontera con EE.UU. fueron: autobús 71.6%, avión 13.3% y caminando 5.7%. En promedio tardaron 40.5 días ± 88.0 para llegar a la frontera y 63% lo hizo acompañado de otras personas. El 43.2% dijo que era la primera vez que intentaba cruzar a EE.UU., el 29% de dos a tres veces, el 10.5% de cuatro a seis veces y, el resto, más veces.

El 2.8% fue obligada(o) a realizar favores sexuales; el 5.7% consumió drogas nuevas durante el viaje hasta la frontera. El 34.1% tuvo pensamientos de muerte (deseo de morir, de suicidio o pensaron que iban a morir). Del total de emigrantes, el 22.6% utilizaron los servicios médicos durante su tránsito por México (Fig. 2).

Figura 2. Utilización de los servicios médicos durante el tránsito migratorio. 

Durante el desplazamiento hacia la frontera, el 13.3% sufrió algún tipo de accidente. Asimismo, el 28.4% (n = 61) manifestó haber sufrido algún tipo de agresión, requiriendo atención de los servicios de salud 39.3%. Violencia directa: el 57.4% correspondió a robo, extorsión o secuestro y el 42.6% a agresión física, psicológica o sexual; el agresor más frecuente fue la policía o autoridades migratorias en el 31.1% (aunque no hubo significancia estadística) y en el 68.8% el crimen organizado, delincuentes, polleros otros migrantes y ciudadanos locales (Tabla 1).

La variable sufrir o no algún tipo de agresión se cruzó en una tabla de contingencia con las variables edad (p = 0.668), nacionalidad (p = 0.614), sexo (p = 0.402), viajar acompañado (p = 0.568) y pensamientos de muerte (p = 0.909). Se aplicó la prueba de chi cuadrada en todos los cruces, y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Respecto a la variable tipo de agresor, de modo semejante, se cruzó en una tabla de contingencia con las variables edad (p = 0.992), nacionalidad (p = 0.297), sexo (p = 0.187), viajar acompañado (p = 0.279) y pensamientos de muerte (p = 0.672). En todos los cruces se aplicó la chi cuadrada, no encontrando diferencias estadísticamente significativas. Adicionalmente, se realizó análisis discriminante, para identificar las variables asociadas al riesgo de sufrir violencia por autoridades del Estado, identificando que la variable «tiempo de duración para llegar a la frontera norteamericana» tuvo un coeficiente discriminante canónico alto (0.822), lo cual indicó que a mayor tiempo de duración del viaje, la probabilidad de sufrir algún tipo de agresión fue estadísticamente significativo.

DISCUSIÓN

La nacionalidad reportada con mayor frecuencia en el estudio fue la mexicana, lo cual es entendible, básicamente por dos factores: a) la vecindad de México con los EE.UU., y b) la asimetría económica entre los dos países, con mejores salarios en aquel país^2,3,16,17. Los países de procedencia de los migrantes corresponden a los reportados por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), que en 2019 encontró que los países originarios de los migrantes en tránsito por México era: Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití¹⁸.

Se encontró que el 73.9% eran hombres, lo que coincide con lo reportado por la REDODEM en 2019, con un 88.1%. La edad promedio encontrada en este estudio fue de 36.29 ± 10.08 años, un poco mayor que en ese reporte, que obtuvo un rango de edades de 18 a 35 años, siendo los hondureños los que reportaron las edades más jóvenes de 18 a 25 años¹⁸. Además, las áreas productivas a las que se dedicaban antes de emigrar eran la agricultura, servicios diversos, comercio y relacionados con la construcción, lo que corresponde a las principales áreas de contratación en los EE.UU. para migrantes de origen latino^17,19. Por otra parte, y en concordancia con la teoría de las redes de Massey (2009), tener familiares en los EE.UU. facilitó la decisión de migrar en el 70% de los casos²⁰.

Llama la atención que el 82.5% de los encuestados tenía trabajo en su lugar de origen (solo el 16.1% estaban desempleados), sin embargo decidieron abandonarlo, pese a que el 86.7% no contaba con oferta de trabajo en los EE.UU. De ellos, el 58.3% era proveedor económico de sus hogares y casi el 60% refirió que el sueldo era insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, incluyendo la falta de acceso a los servicios de salud en el 50.2%. Esto coincide con que el 53.6% respondió que el factor económico fue el principal motivo para emigrar, lo que coincide con Vázquez, que hace referencia a que entre 2010 y 2015, el sueldo de un día de trabajo en México correspondía a 4.96 dólares, mientras que en EE.UU. era de 58 dólares (equivalente a casi 12 días de trabajo)¹⁷. La segunda causa que motivó el desplazamiento fue la violencia e inseguridad (26.8%), esta última, principalmente en los migrantes centroamericanos. Esta situación ya había sido reportada por Torre-Cantalapiedra, quien mencionó que la migración centroamericana es debida a la conjunción de la violencia estructural y la violencia directa. Dichos conceptos son compartidos por Galtung y Jácome, quienes además consideraban que la confluencia de la violencia estructural y la directa es inductora de la migración^5,7,8,11.

En cuanto a los principales medios de transporte, los entrevistados dijeron que fueron diversos a lo largo del territorio nacional, sin embargo, pudieron identificar al autobús como el transporte que les permitió avanzar más en su trayecto hacia la frontera. No obstante, la mayoría usó este transporte (71.6%), el tiempo promedio para llegar fue de 40.5 ± 88.0 días. Así mismo, tres de cada cinco personas viajaron acompañadas, siendo el principal motivo por protección. A este respecto, algunos autores coinciden en que la persecución por las autoridades del Estado corresponde a la violencia estructural, la cual obliga a los migrantes a usar rutas y medios de transporte más peligrosos, incrementando los riesgos a la salud (violencia directa, lesiones, hambre, ahogamiento u otras formas de muerte)^5,11,21,22. Esto se puede inferir al observar la asociación encontrada en esta investigación, entre la mayor duración del viaje y una mayor frecuencia de violencia directa a los migrantes.

Durante el tránsito hacia la frontera, casi el 30% sufrió algún tipo de agresión, siendo las más frecuentes el robo, extorsión o secuestro (con un 57.4%) y el restante correspondió a agresiones físicas, psicológicas o sexuales, siendo los principales agresores las autoridades que representan al Estado (la policía o autoridades migratorias), el segundo agresor en importancia fue el crimen organizado y el tercero los delincuentes furtivos, lo que coincide con lo reportado por la REDODEM, que encontró en 2019 150 casos de secuestros a migrantes, de los cuales 48 fueron por agentes del Estado, al igual que 250 de 1,412 robos a migrantes. Los responsables fueron 25 empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) y 182 oficiales de la policía y de la Guardia Nacional¹⁹. En 2017, esta misma organización reportó que el INM fue la cuarta dependencia del Estado que más quejas acumuló ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)^18,23.

De igual modo, Jácome, Nevins, Spener, Reineke, Martínez y Torre-Cantalapiedra, mencionan que las autoridades migratorias y agentes del Estado como la policía ejercen un doble mecanismo de violencia contra los migrantes, por un lado, ejerciendo violencia personal y directa por medio de actos delictivos, y por otro, en cumplimiento de las legislaciones y políticas migratorias que legitiman las acciones de opresión y violencia contra estas personas^{5,10,11,21,22}. El segundo grupo de agresores encontrado en este trabajo correspondió al crimen organizado, hecho que, de acuerdo con la teoría institucional de la migración de Massey, estas organizaciones nocivas se fortalecen por medio del fenómeno migratorio, tal como lo documenta el Centro Robert Strauss para la Seguridad Internacional, que estimó en 2018 que estos grupos obtuvieron más de 134 millones de dólares al año generados por delitos contra migrantes^12,20.

Finalmente, este estudio tuvo algunas limitaciones que es importante mencionar. En primer lugar, el tamaño de la muestra fue reducido debido a la contingencia por la pandemia por COVID-19, que obligó a suspender el reclutamiento de sujetos para completar la muestra, por lo que valdría la pena corroborar los resultados con una muestra mayor, aunque como se ha visto, hay coincidencia de los resultados con otros reportes publicados. En segundo lugar, el estudio fue realizado en la ciudad fronteriza de Tijuana y los resultados no son necesariamente equivalentes a lo que ocurre en otras rutas migratorias, como la del Golfo de México, que, de acuerdo con otros estudios, se considera la ruta más peligrosa y violenta en el tránsito por México. En tercer lugar, se exploró de manera superficial la respuesta del Estado en el acceso a los servicios de salud, por lo que será recomendable profundizar esta investigación considerando los principales sitios de riesgo y la adecuada disponibilidad de recursos sanitarios que puedan dar acceso a las personas migrantes en tránsito, ya que es de esperar que el fenómeno migratorio no va a disminuir en los próximos años, de hecho, lo que se ha observado es un marcado incremento que rebasa todas las proyecciones sociodemográficas.

CONCLUSIONES

La violencia e inseguridad sufrida por los migrantes que transitan por México es devastadora, no solo por los niveles que ha alcanzado en los últimos años, sino por la penetración que tiene en las instituciones del Estado. Como se mencionó previamente, las personas que deciden abandonar sus hogares lo hacen como consecuencia de la violencia estructural de sus respectivos países, que, por medio de sus políticas, estructura social y economía condicionan la desigual distribución de la riqueza, resultando en pobreza, hambre e inseguridad. Resulta dramático darse cuenta de que al tratar de escapar de aquella situación, los migrantes encuentran durante su recorrido más violencia estructural y también directa, propia de los países de tránsito y de destino. En este sentido los agentes migratorios y policías pueden ser generadores de violencia directa y también estructural, en la primera por actos violentos contra las personas, la segunda ocurre por medio de acciones tendientes a la aplicación de la ley, pero que indirectamente vulneran al migrante.

Por último, se debe entender que el fenómeno migratorio y su relación con la violencia, no solo es el resultado del encuentro entre los migrantes y sus agresores (sean autoridades del Estado o delincuentes), sino que corresponde a escenarios de violencia estructural que exponen a los migrantes a ser víctimas de violencia personal en sus diferentes formas, sin que necesariamente haya un perpetrador identificable.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a Luis Bruno Gallardo-Santamaría, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, Universidad Nacional Autónoma de México/Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Ciudad de México, México.

FINANCIAMIENTO

La presente investigación no ha recibido ninguna beca específica de agencias de los sectores públicos, comercial o sin ánimo de lucro.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

RESPONSABILIDADES ÉTICAS

Protección de personas y animales. Los autores declaran que los procedimientos seguidos se conformaron a las normas éticas del comité de experimentación humana responsable y de acuerdo con la Asociación Médica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que han seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores han obtenido el consentimiento informado de los pacientes y/o sujetos referidos en el artículo. Este documento obra en poder del autor de correspondencia.