EL PROBLEMA, LA PRESA Y SU HISTORIA

Aquí se analiza cómo los movimientos sociales y sus aliados han reaccionado al polémico Aprovechamiento Hidroeléctrico (AHE) Belo Monte, en construcción desde 2011 en el río xingú, estado de Pará, en la región norte de Brasil.

La presa Belo Monte es sólo una de la larga serie de grandes proyectos hídricos desarrollados en Brasil, país que desde la década de 1970 se conoce en América Latina por la construcción de enormes presas, con daños sociales y ambientales muy graves (^{Barabas y Bartolomé, 1992}; ^{McCully, 2004}).

Es posible decir que una de las características del desarrollismo en Brasil es el gigantismo, o el “cuanto más grande, mejor” (^{Lins Ribeiro, 1991}). En las listas mundiales de presas en Brasil se encuentra la más grande en espejo del agua (Sobradinho), con la de mayor capacidad (Cana Brava), la que más genera energía (Itaipú, aunque existe una controversia respecto de si Tres Gargantas, en China, ya genera más que Itaipú), la que más produce gases invernaderos (Balbina) y, desde el año pasado, el mayor desastre ambiental con rompimiento de presa de residuos (Fundão).

El Aprovechamiento Hidroeléctrico (AHE) Belo Monte es, históricamente, parte de un proyecto más grande estudiado por el Estado brasileño y grandes empresas de ingeniería y energía para el aprovechamiento energético de la cuenca del río Xingú. En un principio, el plan se esbozó durante la dictadura civil militar de Brasil, cuando el Inventário hidrelétrico da bacia hidrográfica do rio Xingu (^{CNEC, Camargo Correa, 1980}) planteaba la construcción de seis grandes presas, cinco de ellas en el río Xingú (ejes Jarina, Kokraimoro, Ipixuna, Babaquara y Kararaô) y una en el río Iriri (eje Cachoeira Seca), el afluente más grande del Xingú. Esas presas representarían 20 000 km² en total de tierras ahogadas. Según ^{Magalhães (2005)}, si ese proyecto se lleva a cabo afectaría a 40 pueblos indígenas entre Mato Grosso y Pará.

Ilustración 1 Mapas ubicando el río Xingú y el ahe Belo Monte 

El proyecto se replanteó y presentó al público en 1988, con el nombre de Complejo Hidroeléctrico Cararaô. El Complejo estaba compuesto por una cascada de cinco hidroeléctricas, Cararaô (remodelada para la actual ahe Belo Monte), Babaquara (remodelada para el actual proyecto de ahe Altamira), Juruá, Ipixuna e Iriri. La presa Kokraimoro, indicada en el antiguo inventario de 1980, salió del proyecto; ésta inundaría Tierras Indígenas (ti) de los kayapó, conocidos por ser uno de los pueblos que más han luchado en favor de los derechos indígenas. Entre las presas presentadas en 1988, sólo la de Babaquara ahogaría a 6140 km² de área de bosque tropical amazónico. Para tener una idea más precisa de la dimensión de su embalse, eso sería suficiente para inundar cuatro veces la superficie de la Ciudad de México, que hoy posee 1495 km². Incluso la hidroeléctrica más grande del mundo en términos de potencial de generación de energía, Tres Gargantas, en China, posee un embalse mucho más pequeño con 1045 km².

Kararaô es el nombre de una de las tierras indígenas que puede desaparecer si el gran proyecto inicial del periodo dictatorial brasileño se concreta. Kararaô es también el “grito de guerra” del pueblo kayapó. Y fue justo su grito de guerra, además de los machetes, lo que utilizaron para rechazar el proyecto. Cabe destacar que del 20 al 25 de febrero de 1989 ocurrió el I Encuentro de las Naciones Indígenas del Xingú, en Altamira, Pará, para decir no al Complejo Hidroeléctrico Cararaô. Los indígenas denunciaron que sus lenguas milenarias se habían utilizado sin permiso para nombrar al espurio plan y a las presas. Dicho encuentro quedó en la memoria por el coraje de la kayapó Tuíra, quien puso su machete en las mejillas del director de ingeniería de la Eletronorte, José Antônio Muniz Lopes. Este encuentro tuvo gran divulgación, ganó el apoyo del cantante Sting y de la Prelacía del Xingú, además de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Debido a la resistencia de los indígenas, Cararaô se archivó.

Además, Brasil tenía poco tiempo de celebrar su Constitución Federal de 1988, que conllevó una intensa movilización de la sociedad civil que incluía el gran protagonismo de los pueblos indígenas brasileños, quienes aprobaron los artículos constitucionales 231 y 232 relativos a los derechos indígenas. En el art. 231, párrafo 3o., se expresa el derecho a la consulta de los pueblos indígenas en el caso de los proyectos hidroeléctricos en ti:

El aprovechamiento de los recursos hídricos, incluidos los potenciales energéticos, la investigación y explotación de las riquezas minerales en tierras indígenas solamente pueden ser llevados a cabo con autorización del Congreso Nacional, oídas las comunidades afectadas, quedándolas asegurada participación en los resultados da labra, en la forma de la ley (Brasil, Constitución Federal de 1988, traducción propia).

El proyecto Cararaô tuvo seguimiento de todos los gobiernos consecutivos hasta que, en el gobierno de Lula, regresó con un nuevo ropaje. Ya no se hablaba más del Complejo Hidroeléctrico Cararaô. Éste se convirtió en Aprovechamiento Hidroeléctrico Belo Monte, con una única presa de 516 km² de embalse.

Desde noviembre de 2015 el embalse de Belo Monte empezó a llenarse. La operación comercial inicial de la hidroeléctrica comenzó en abril de 2016. Así, Belo Monte está lista y ya recibió la licencia de operación del Estado brasileño pese a que gran parte de las obligaciones condicionantes sociales y ambientales no estén siquiera próximas de ser cumplidas por la empresa Norte Energía, la concesionaria de Belo Monte.

La hidroeléctrica Belo Monte posee capacidad instalada para 11 233 MW, pero sólo puede, con la configuración del embalse actual, generar energía a una media anual de 4462 MW. Eso porque el caudal hídrico del río Xingú varía entre un máximo de 22800 m³/s en abril, y un mínimo de 444 m³/s en octubre. Hernández (2009) afirma que ocurrirán al menos cuatro meses al año durante los que no será posible alimentar hídricamente ninguna de las 22 turbinas, pues cada una necesita 695 m³/s para operar a 95% de su potencial.

Todo eso tiene que verse con uno de los escenarios que se dibuja para el futuro del río Xingú y sus poblaciones. Se ha hecho incapié en que, para que Belo Monte sea viable en términos de generación en su máximo de 11233 MW, es necesario que se efectúen los proyectos río arriba de la presa.

Cabe señalar que la antigua represa de Babaquara, de 6 140 km² de superficie de embalse, sigue en los estudios del Ministerio de Minas y Energía, renombrada para ahe Altamira. Así continúa el antiguo proyecto que llevaría otros diques río arriba de la hidroeléctrica de Belo Monte, como un fantasma, amenazando a las comunidades indígenas, ribereñas y urbanas de esta región que no creen en las palabras de los políticos. El Plan Decenal de la Eletrobras 1999-2008 todavía llegó a contemplar el ahe Altamira (^{mme, 1998}). Debido a las protestas, el Consejo Nacional de Política Energética (cnPe) del Ministerio de Minas y Energía resolvió publicar en 2008 la Resolución 6, afirmando conforme el Art. 2o.: “Que el potencial hidroenergético a ser explorado será solamente aquel ubicado en el río Xingú, entre la sede urbana del municipio de Altamira y su desembocadura” (^{mme, cnPe, 2008: 2, traducción propia}). El artículo menciona la ubicación de la actual presa Belo Monte y parece sugerir que no habrá otros proyectos río abajo. La controversia es que nunca se ha mencionado la prohibición de diques río arriba de Belo Monte. Aunque la represa de Altamira también haya desaparecido del Plan Decenal de Expansión 2019 (^{mme, ePe, 2010}) y que el Relatório de Impacto Ambiental de Belo Monte (^{Brasil y otros, 2009}) mencione varias veces que sólo se construirá Belo Monte en el río Xingú, los movimientos sociales no creen que eso pueda ser definitivo y denuncian que se trata nada más de subterfugios discursivos con la intención de ilusionarlos mientras el gobierno avanza silenciosamente en sus planes de las presas río arriba de Belo Monte.

Además de eso, se ha implantado un gran proyecto de explotación minera de oro a cielo abierto cerca de 10 km de la presa Belo Monte. El proyecto se llama Belo Sun y es propiedad de una empresa canadiense. Ha generado mucha polémica, pues sus estudios de impacto ambiental no consideran las tierras indígenas ni el impacto agregado a las consecuencias de Belo Monte.

Diversas organizaciones sociales e instituciones públicas continúan cobrando al Estado acciones concretas para resolver los problemas socioambientales provocados por Belo Monte y están atentos a la avalancha de macroemprendimientos intensivos que la hidroeléctrica está atrayendo, como la minería Belo Sun, que es parte del modelo desarrollista del gobierno de Dilma Rousseff.

¿Qué pasó con las fuerzas sociales para que el proyecto del ahe Belo Monte fuera aprobado? ¿Cuáles fueron las reacciones de los defensores de derechos humanos hacia la temática de las consecuencias de los impactos sociales y ambientales mientras Belo Monte estaba en construcción? ¿Es posible entrever cuáles son las perspectivas futuras para el desarrollo social y económico de la región xinguana? Éstas son las preguntas objetivos de este artículo que se abordarán desde la perspectiva de diversos defensores de derechos sociales y ambientales entrevistados en nuestro trabajo de campo en la ciudad de Altamira.

Para esta investigación entrevistamos a diversos defensores de derechos humanos y ambientales, como integrantes del Movimiento Xingú Vivo para Siempre, del Movimiento de Afectados por Presas (maB, por sus siglas en portugués), de la Asociación Tyoporemô de los Pueblos Indígenas Nativos Ribereños del Medio Xingú, de la Asociación Indígena Nativa Kuruaya de Altamira, el Instituto Socioambiental, del Consejo Tutelar de Altamira y el Ministerio Público Federal, además de otros habitantes de la ciudad de Altamira.

Las entrevistas las llevaron a cabo entre enero y febrero de 2015 en Altamira los autores con ayuda de Francisco Mata Machado, profesor de la Universidad de Goiás y también miembro del proyecto de investigación. La elección de las preguntas y actores se desarrolló a partir de datos secundarios recabados con anterioridad. Es importante decir que Belo Monte tal vez sea la presa que más generó estudios en Brasil.

Bajo el método del análisis de discurso, las narrativas se revisaron desde la orientación de la Ecología Política con la ayuda de la etnografía de múltiples actores.

La ecología política, abocada al estudio de los conflictos socioambientales, quiere explicar cómo éstos se manifiestan en la política y en el ambiente, subrayando la relación entre los diferentes actores, con sus múltiples intereses y valores, sus posiciones de poder y cómo utilizan diferentes lenguajes de valoración (^{Martínez-Alier, 2008}). Es en este sentido que las narrativas de los luchadores sociales que entrevistamos ayudaron a elucidar particularidades del juego de poder entre el gobierno, las empresas privadas y los movimientos sociales alrededor del conflicto socioambiental de Belo Monte.

LA LUCHA INDÍGENA DEL XINGÚ, SUS ALIADOS Y LOS DIFERENTES GOBIERNOS

Entre las etnias gravemente afectadas por Belo Monte están los Xikrin, Xipaya, Kuruaya, Juruna de Paquiçamba, Arara de la Vuelta Grande, Juruna del Km 17, Assuriní del Koatinemo, Araweté, Parakanã, Arara, Arara de la Cachoeira Seca, además de pueblos todavía aislados, y también resultan afectados: campesinos, cimarrones, ribereños y habitantes urbanos.

La resistencia incluye, además de esas etnias, asociaciones de indígenas urbanos y ribereños y agrupaciones como el Movimiento Xingú Vivo para Siempre (mxvPs) y Movimiento de Afectados por Presas (maB), sectores progresistas de la Iglesia católica, el Ministerio Público Federal, entre otros.

Esa profusión de agentes que interactúan, a veces se asocian y otras se separan, aunada a la profundidad temporal del conflicto (que empieza a finales de los años setenta) hace difícil la utilización de la clasificación propuesta por Barabas y Bartolomé de las formas organizativas, en instituciones propias y ajenas preexistentes, que son nuevas organizaciones que responden a los problemas de la obra (1992: 13).

Según Antônia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXCPS):

Esa lucha de resistencia a ese proyecto viene desde finales de la década de 1970 y 1980. Era llamado de Complejo Hidroeléctrico Cararaô. Cuando los militares construyeron la presa de Tucuruí [también en el estado de Pará] ellos ya mandaron estudiar la Vuelta Grande del río Xingú. En esa época el gran pueblo indígena Kayapó, del Mato Grosso, pueblo valiente y numeroso fue quien lideró la resistencia.

Un padre de las misiones indigenistas empezó a buscar saber qué proyecto era ése. Así descubrió que ese proyecto de un complejo de presas afectaría todas las tierras indígenas del Pará al Mato Grosso a lo largo del río Xingú. De esa forma los indígenas quedaron bien informados.

En 1988, los indígenas fueron hasta el Banco Mundial a denunciar el proyecto, apoyados por un cantante muy famoso, Sting, que era amigo de ellos. En esa época ese megaproyecto sería construido con dinero del Banco Mundial. Así, ellos pidieron al Banco Mundial que no enviara ese dinero, porque el proyecto acabaría con todos esos pueblos. [...]

Todos esos indígenas se movilizaron e invitaron a otros parientes [indígenas] de otros estados e incluso del exterior. El 28 de febrero de 1989 ocurrió ese primer gran encuentro de los pueblos indígenas del río Xingú sobre las hidroeléctricas en el Xingú. En ese encuentro, con apoyo da Prelacía del Xingú, con el obispo Erwin Kräutler, que también era presidente del cimi [Consejo Indigenista Misionario], ellos llamaron el gobierno aquí para saber qué proyecto era ése, si afectaría o no sus tierras [...]

En esa época, nosotros [de los movimientos sociales de Altamira] todavía no trabajábamos con los pueblos indígenas del Xingú, pero ya trabajábamos con los recolectores y ribereños, todavía no teníamos ese trabajo, pero ya actuábamos con otras poblaciones de la Transamazónica. Así, los movimientos sociales juntaron a los sindicatos, los agricultores y a las organizaciones de mujeres [...] las iglesias, las comunidades eclesiales de base, las ceB. Entonces, una multitud de personas y movimientos apoyaban la causa indígena. El movimiento era de ellos, pero nosotros dábamos nuestro apoyo.

El movimiento de los terratenientes, de los ganaderos, también fue grande en favor de Cararaô. Así surgió un momento muy tenso entre esos movimientos a favor de Cararaô con el de los pueblos indígenas.

Ese apoyo de los movimientos a los indígenas fue muy importante. En el día que el gobierno estaba presente a la mesa del gran encuentro indígena de los pueblos del Xingú, un indígena preguntó si Cararaô afectaría o no las ti [tierras indígenas] de ellos. El entonces presidente de la Eletronorte, el ingeniero Antônio Lopes Muniz (que hoy en el gobierno de la dictadura del Pt está como presidente da Eletrobras), cuando él dijo descaradamente que el complejo no afectaría las ti, la india Tuíra se levantó -yo presencié el hecho, es como si fuera hoy-, los indígenas estaban sentados sobre un gran centro cubierto por pajas de coquero. Tuíra se levantó con un bebecito en bandolera, agarró su machete, se dirigió a la mesa y tocó fuerte el cuello del representante del Gobierno Federal. Y en su grito, en su habla, en su lengua Kayapó, gritó: “¡Mentiroso!”. Eso fue noticia internacional [...] Ese proyecto se quedó en el cajón. El Banco Mundial no mandó dinero [...] y los pueblos indígenas sufrieron mucha represión, mucha represión. Sufrieron procesos y se quedaron muy oprimidos en consecuencia de la represión del gobierno y de las empresas por haber conseguido cancelar ese proyecto en la época (entrevista con los autores, Altamira, febrero de 2015, traducción propia).

Entre las arbitrariedades cometidas en contra de líderes indígenas figura el proceso abierto por el Estado brasileño en contra de Paulinho Paiakan, Kube-I Kayapó y el etnobiólogo Darrel Posey, del Museo Emílio Goeldi do Pará, después de que juntos hicieron una gira por Estados Unidos de América, donde entre otros lugares, visitaron la Universidad de Florida y el Banco Mundial, en Washington, para denunciar el proyecto Cararaô. A Darrel Posey y a los indígenas brasileños los procesaron con base en la Ley de Extranjeros (Ley 6.815/1980). Los integrantes del Consejo Indigenista Misionario (cimi) fueron objeto de persecusión y el servicio de inteligencia brasileño intervino sus llamadas telefónicas.

A finales de los años noventa, el presidente Fernando Henrique Cardoso, famoso sociólogo que se convirtió en el vocero del neoliberalismo en Brasil, pasó a la historia por privatizar estatales brasileñas, tuvo la idea de retomar el proyecto Cararaô y cambió su nombre por el de Belo Monte.

Con el inicio del gobierno de Lula, en 2003, gran parte de los segmentos populares de la sociedad expresaban esperanza de que Brasil cambiaría al aproximarse más a una democracia participativa y que por fin la reforma agraria se realizaría, así como las ti serían demarcadas con más velocidad. Terminó el primer mandato de Lula (2003-2006) y nada de eso se confirmó. Al contrario, estas cuestiones se tornaron más lentas que en gobiernos pasados. Muchos de los movimientos sociales continuaron creyendo que era una cuestión para el segundo mandato (2007-2010). Pero entonces el gobierno de Lula lanzó el Programa de Aceleración del Crecimiento (Pac) y sin lugar a dudas reforzó un conjunto de medidas desarrollistas que favorecen al gran capital. Medidas que los movimientos populares no esperaban, por ejemplo sacar del cajón proyectos como el transvase del río San Francisco (construcción que inició en 2007 y sigue inconclusa), las hidroeléctricas de Santo Antonio (iniciada en 2008, concluida en 2011) y Jirau (iniciada en 2008 y concluida en 2012) en el río Madera, que nace en Bolivia. Estos proyectos sufrieron mucha resistencia por parte de los movimientos sociales, al igual que el Belo Monte aquí mencionado. Las dudas entre los militantes sobre apoyar o no al gobierno generan muchas debilidades internas y entre muchos movimientos populares, un proceso que perdura hasta hoy.

Es importante relatar que, al inicio de su gobierno, Lula nombró para el Ministerio de Minas y Energía a Dilma Rousseff (presidenta de Brasil destituida de su cargo el 31 de agosto de 2016), quien siempre enfatizó que uno de sus principales proyectos era Belo Monte, al cual dedicó todos los esfuerzos. En esos tiempos el contexto, como se ha dicho, era de gran esperanza para los movimientos en relación con el gobierno de Lula. Se utilizaba como estrategia política el diálogo, ¿entre quiénes?, entre el gobierno para llevarlo a las propuestas populares.

Con este ánimo, un grupo de personas de Altamira se encontraron con la entonces ministra Dilma Rousseff. Antônia Melo explica cómo fue la reunión realizada en 2003 en el Ministerio de Minas y Energía para dialogar con Rousseff el punto de vista de los movimientos en contra de Belo Monte:

Así, en una mesa más grande que está en la sala de reuniones, tomamos asiento el diputado [José Geraldo] y nosotros. Tardaron unos 20 minutos y salió la ministra, con dos hombres, uno de un lado y otro del otro. Creo que ella pensaba que estaba lleno de indígenas. Ella tiene un prejuicio contra los indígenas. ¿No es verdad? Dos hombres uno del lado y otro del otro, parecía, no lo sé, la reina de Inglaterra. Ella tomó asiento en la cabecera. El diputado nos presentó: “Ministra, ésa es la comisión del Xingú, vinimos a tratar sobre el caso Belo Monte, entonces, las personas están aquí”. Y ella callada. Yo hablé así: “Mira ministra, es muy importante si el gobierno piensa en ese proyecto, que primero escuche a la sociedad, los pueblos indígenas. Y ante todo, que vea si ese proyecto es o no viable. Porque nosotros hemos tenido la certeza de que es inviable, debido a los estudios que hemos acompañado hace mucho tiempo”.

Ella ni me dejó terminar de hablar. Dio un puñetazo en la mesa y dijo: “Belo Monte va a salir”. Se levantó y se fue. Nos dejó mirándonos entre nosotros con cara de payaso. Yo quería que se abriera un hoyo para caerme adentro (entrevista con los autores, Altamira, febrero de 2015, traducción propia).

Es oportuno decir que gran parte de los militantes de los movimientos populares también conformaron la base del PT. Así pasó también con Antônia Melo, una de las fundadoras del PT en Altamira, quien participó en el Movimiento por el Desarrollo en la Transamazónica y Xingú (MDTX).

Antes del gobierno de Lula, la Eletronorte ya se había instalado en la ciudad de Altamira para divulgar el proyecto de Belo Monte. Sus estrategias iban desde patrocinar fiestas populares y organizar eventos de política partidaria hasta mapear a los líderes indígenas y los movimientos populares. Estas estrategias se acentuaron durante el gobierno de Lula, ya que contaba con el carisma del presidente y la fuerza del Pt para buscar, de forma muy bien pensada y articulada, cómo se daría la cooptación de integrantes de los movimientos en momentos oportunos o incluso introduciendo hechos para crear enemistades entre personas que siempre estuvieron del mismo lado en contra de Belo Monte.

Durante ese tiempo, la unión de los movimientos en contra de Belo Monte seguía muy activa. Del 19 a 23 de mayo de 2008 ocurrió en Altamira el segundo gran encuentro de los pueblos indígenas, al que nombraron Encuentro xingú Vivo para Siempre:

Estamos conscientes de que interrumpir el Xingú en su Vuelta Grande causará inundaciones permanentes en la parte de la cuenca superior a la planta, desplazando a millares de familias ribereñas y moradoras y moradores de la ciudad de Altamira, afectando la agricultura, la colecta de frutos y hule y la biodiversidad, y encubriendo nuestras playas. Por otro lado, la presa prácticamente secará más de cien kilómetros de río, lo que imposibilitará la navegación, la pesca, el uso del agua por muchas comunidades, incluyendo varias tierras y comunidades indígenas (^{Carta Xingu Vivo para Siempre, 2008: 1, traducción propia}).

En este encuentro participaron cerca de 3 000 personas, con la presencia de indígenas de todo, país y la unión de centenas de movimientos y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. En esta ocasión, el machete de uno de los indígenas tocó al coordinador del estudio de inventario de Belo Monte, Paulo Fernando Rezende, quien recibió una leve herida en el brazo. Las demandas de los indígenas no tuvieron mucha difusión en en el ámbito nacional, pero el incidente sí se difundió.

Entre el entendimiento de personas actuaron dadas las fuerzas sociales que se unieron en un alud de acciones nacionales e internacionales, se vio muy cerca la posibilidad de que el proyecto quedara archivado. Pero todo tropezaba en la voluntad férrea y antidemocrática de Dilma Rousseff. Además de la asimetría de fuerza con el Gobierno en medio de sus estrategias de división y desarticulación de los movimientos.

Una de las organizaciones no gubernamentales que estuvo bastante involucrada en el segundo encuentro indígena fue el Instituto Socioambiental (ISA). Fuerte y respetada organización que surgió después de la Eco-92, y reunió especialistas en torno a la cuestión ambiental; desde entonces está involucrada con el Xingú. Conforme explica Marcelo Salazar del isa:

Entre 1989 y 2008, tenía cierta cohesión de los varios movimientos. De 2008 hasta 2010, aún tenía una pujanza enorme, el sentido era casi de un conjunto de movimientos. Uno de los más fantásticos en que yo participé, ONG internacionales, nacionales, locales, asociaciones de ribereños, de indígenas, investigadores, estudiantes. Tenían manifestaciones en la Paulista [avenida en San Pablo], en Recife, en París, en Inglaterra, en Altamira. Noticia en todo noticiario, Globo Repórter, Jornal Nacional. Todo mundo en la fuerza. En 2008, se creó el movimiento Xingú Vivo Para Siempre: un supermovimiento.

En cualquier otra época de la historia del país, ese movimiento habría parado Belo Monte, por el volumen de las acciones. Y habría arrojado a la basura ese modelo de desarrollo, dada la enorme unión de fuerzas que se configuraron en ese territorio.

Es eso lo que yo oigo de los ancianos. Las personas que participaron en las luchas por los derechos indígenas, como en 1988 [año en que se promulgó la nueva Constitución Federal], dicen que movimientos mucho menores tuvieron conquistas mayores.

Es increíble la proporción que tomó. Una cantidad de información documental. Se hizo de todo: científicos y expertos escribieron artículos. Organización política de todos los niveles, ocupaciones, marchas... lo que usted quiera buscar de acciones relacionadas con movimiento social contra alguna cosa, aquí en Belo Monte, usted encontrará un ejemplo.

Después de que comenzó la construcción, el movimiento estaba contra la instalación de la Usina. Y creíamos que se iba a ganar. Yo creía hasta hace poco que no iban a construir Belo Monte. Nosotros lo íbamos a derrumbar, en la Justicia, en la calle, y no fue eso lo que aconteció. Cuando empezó la obra, y de la manera en que comenzó... Lula vino a Altamira y habló: “Belo Monte está siendo inaugurada, va a comenzar”. Ése fue el primer rompimiento. Porque buena parte de ese movimiento contra Belo Monte es la base del [Partido de los Trabajadores] Pt local. Y en ese momento, esas personas dijeron: “Si nuestra figura mayor está hablando que van a tener, vamos a cambiar la lucha, la lucha ahora va a ser para garantizar derechos. Porque la cosa está dada”. Y otra parte salió del partido, uno u otro que se quedó en el partido luchando contra Belo Monte, terminó aislándose. Entonces ese fue el primer choque, el primer rompimiento (entrevista con los autores, Altamira, febrero de 2015, traducción propia).

CONTEXTO DE LA ECOLOGÍA POLÍTICA DE BELO MONTE

Conforme se ha indicado, este artículo se basa en una investigación de campo realizada en enero y febrero de 2015. En dicho momento las obras civiles estaban listas en 70%, pero las obras sociales y las condicionantes indígenas estaban totalmente retrasadas.

Según ^{Martínez-Alier (2006}, ²⁰⁰⁸⁾ los estudios de la ecología política han puesto en relieve que el mercado no ha proporcionado patrones consistentes que permitan a la economía ofrecer calidad social de vida y, al mismo tiempo, minimizar el deterioro de los diferentes ecosistemas, la extinción de especies y las causas del calentamiento global.

Dos ejemplos: primero, el río xingú posee cerca de 9000 m³/s (para una comparación, el río Usumacinta, el más caudaloso de México, mueve cerca de 1597 m³/s), su valle es un hotspot de sociobiodiversidad central a las cosmologías de decenas de etnias indígenas que ahí habitan y centran sus modos de vida en complejas relaciones entre tierra firme, tierra inundable, río, peces y fauna terrestre. Cuando Belo Monte esté en operación, sólo del 10 al 30% del caudal del río será liberado a un tramo de 100 km del río llamado Vuelta Grande del Xingú. Allí es donde se construye la presa, y es además el lugar donde viven más de 200 especies de la ictiofauna y muchas de ellas son endémicas. Son más especies de peces que en toda Europa. En sus publicaciones, el isa llama la atención respecto del riesgo de extinción masiva de las especies, y señala también que la pesca es la actividad productiva de la cual sobreviven miles de personas en la región de Altamira. La casi ausencia de agua en ese tramo del río implicará un cambio radical en la vida no sólo de aquellos que ahí viven, sino que repercutirá en los habitantes de toda la cuenca, en sus prácticas de pesca, plantío y navegación. Esos procesos no están debidamente contemplados en los planes de la empresa constructora.

Como apunta ^{Bermann (2013)}, el aumento de generación de energía hidroeléctrica se debe en gran medida al discurso de sus ventajas comparativas que la califican como energía “limpia, renovable y barata”. No obstante, los emprendedores no consideran sus aspectos nocivos. Las afirmaciones de que las represas son alternativas limpias en comparación con las termoeléctricas son una retórica recurrente, sobre todo cuando defienden que ayudan a reducir el calentamiento global. En contraste, estudios de ^{Fearnside (2009)} muestran que las hidroeléctricas emiten de forma permanente dióxido de carbono y metano, gases de efecto invernadero, en cantidades aún más grandes que las plantas de energía termoeléctrica.

A partir del AHE Belo Monte y sus impactos socioambientales podemos ubicar un complejo conflicto ecológico distributivo o ambiental, donde se subrayan no sólo los agravios a las generaciones futuras, sino los daños que sufrirán las presentes generaciones en su derecho a vivir en un medio ambiente sano. Para los grupos marginados de indígenas y ribereños ese derecho se ha quebrantado desde hace mucho tiempo.

El caso de la presa Belo Monte fue descrito por el antropólogo Eduardo Viveiros de Castro (²⁰⁰⁸) como una segunda derrota, comparable a la invasión europea del siglo xvi. Tal situación se ubica en una línea muy frágil entre el etnocidio y el genocidio. Es necesario considerar que son poblaciones con defensas corporales muy reducidas debido al aislamiento voluntario que mantuvieron hasta hace poco tiempo frente al blanco.

En su dossier de 2015, el isa denuncia que, en la región afectada, la desnutrición infantil indígena creció 127% entre 2010 y 2013. Es decir, la mortalidad infantil entre esos indígenas se incrementó cuatro veces.

Sobre la dinámica del proceso del ahe Belo Monte y sus responsables es importante dejar claro que hay una inversión público-privado en los papeles 1) del Estado, 2) del consorcio que administra la obra de ingeniería y operación de la generación de energía, la Norte Energía, y 3) del consorcio que hace la construcción, el Consorcio Constructor Belo Monte (ccBm), cuyos más grandes accionistas son las empresas Andrade Gutierrez, Odebrecht y Camargo Corrêa.

La procuradora de la República, Thais Santi, esclarece que hay atributos que deberían ser exclusivos del Estado, pero son otorgados a la Norte Energía y a los órganos estatales (como la Fuerza Nacional), que se desentienden de sus funciones públicas para trabajar para la Norte Energía:

Entonces en el caso de Belo Monte, se tiene un proyecto público en que el Estudio de Impacto Ambiental lo llevan a cabo empresas privadas, las mismas que son del consorcio constructor ccBm, ni siquiera es de la Norte Energía. Ellas sólo están contratadas sin ninguna responsabilidad ambiental. La Norte Energía se constituyó para disputar una compraventa por las atribuciones que el emprendedor ganaría en ese proceso. De hecho, son responsabilidades que en otro caso serían para el Estado, pero en ese caso no es así. Vivíamos en una situación caótica [en la región xinguana] y que se tornaría mucho más insoportable sin la interferencia del Estado. Y el emprendedor asume esta parte. Entonces nosotros tenemos una licencia que es prioridad absoluta del Gobierno Federal. No da ni para conversar con el Ibama [Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables del Ministerio del Medio Ambiente] sobre Belo Monte. Y tenemos acciones del Estado que asume el emprendedor desde el momento en que suscribe el contrato. Y a la hora de asumir las responsabilidades del emprendedor, se exime diciendo que no es su responsabilidad sino del Estado. Comento eso porque ya lo escuché varias veces.

Tal vez una de las primeras instituciones que deberían estar aquí es el Ministerio Público del Trabajo. Así como tampoco existe aquí la Defensoría Pública del Estado [es decir, que no hay forma de que esas poblaciones tan vulnerables sean apoyadas de forma gratuita por el Poder Público en la lucha por sus derechos].

Hubo cerca de 15 indígenas xikrin que vinieron a Altamira y resolvieron hacer una ocupación en el local de construcción de las obras, en un lugar en donde no había ni gestor de la Norte Energía para dialogar. La Fuerza Nacional actúo sobre ellos con armas y atacó con balas de goma a los indígenas, y por eso ese caso vino a parar aquí. A partir de ahí comencé a investigar los abusos de la Fuerza Nacional [...] Lo que yo investigué es que sí debería tener una Fuerza Nacional aquí, pero para la protección del medio ambiente. Existía esa previsión. Y eso fue desvirtuado, se transformó en defensa del patrimonio de ccBm, ni siquiera es de la Norte Energía (procuradora Thais Santi, del Ministerio Público Federal, entrevista con los autores, Altamira, febrero 2015, traducción propia).

Toda esa confusión en los papeles públicos y privados que se mencionan también se refleja en la forma de actuar de los movimientos sociales, pues a veces no saben exactamente a quién reclamar sus demandas sociales y ambientales.

BELO MONTE, NUEVOS SUJETOS COLECTIVOS DE DERECHO, VIEJAS NUEVAS DEMANDAS

La llegada de otros movimientos sociales, como el maB, y la creación de asociaciones indígenas en Altamira originaron una nueva composición de fuerzas sociales, de allí emergieron nuevos sujetos colectivos de derecho, como los “carroceiros” (grupo de personas que hacen transporte de mercancías en la ciudad utilizando animales de carga), indígenas citadinos y ribereños, habitantes de las islas, grupos de indigentes. A la vez, también hubo una pérdida de protagonismo de otros movimientos y sindicatos. Todo eso es parte de los retos que emergieron con el inicio de las obras de Belo Monte. Así surgieron cuestiones distintas entre los grupos: a) luchar o no para la cancelación de Belo Monte, y b) qué estrategias seguir para luchar por los derechos de los afectados reconocidos y no reconocidos por la Norte Energía.

Hubo un momento entre la lucha que se daba en contra de Belo Monte y la llegada de la obra y trabajadores (lo que implicaba todo un cambio en la dinámica de la ciudad de Altamira) que los movimientos se quedaron en actitud de perplejidad y parálisis, como ha mencionado Marcelo Salazar del isa. La población de Altamira, de 99 000 habitantes, llegó a 150000 (21000 obreros de Belo Monte), las rentas de las casas se triplicaron y los precios de los alimentos se duplicaron. Los movimientos no sabían qué hacer, mientras

Muchos creyeron que la ciudad mejoraría. Antes de que empezaran las obras, la Norte Energía hizo propaganda en la región afectada con promesas dulces de un futuro lleno de empleos y prosperidad económica para todos. Habitantes de otras ciudades fueron atraídos para Altamira debido a las promesas. Fue el caso de una pareja entrevistada que llegó a la ciudad poco antes de que arrancaran las obras. Debido al precio de la renta de las viviendas, ellos fueron a vivir con sus hijos en una casa de palafita, en la colonia Baixão, donde en los periodos más lluviosos las calles quedan anegadas. En el invierno de 2013, el agua entró a la residencia sobrepasando la altura de la mesa. Perdieron casi todo. Pese a esta situación, la pareja no conseguía el reconocimiento como familia afectada por la Norte Energía. El señor comenta:

Todo mundo esperaba que mejoraran las cosas, servicio, mucho empleo. Prácticamente, teniendo empleo ya mejora bastante. Sólo que los impactos y las violaciones de los derechos de las personas también son grandes. La empresa se rehúsa a dar lo que es el derecho de cada uno (residente del Baixão, entrevista con los autores, Altamira, febrero de 2015, traducción propia).

Cuando se presentó el Estudio de Impacto Ambiental del AHE Belo Monte, los datos oficiales señalaban que el desplazamiento sería de 19 242 personas (^{MME et al., 2009}). Ese dato cambió mucho y creció, en parte reconocido y en parte no por la Norte Energía, debido a los movimientos sociales en defensa de la población afectada. Así, la Norte Energía hizo un catastro de 7 790 familias o cerca de 38 000 personas. un número aún muy distante. Se estima que eran más de 50 000 personas. La Norte Energía se ha negado en varias ocasiones a reconocer como afectadas directas a una gran cantidad de familias ribereñas y urbanas. Algunas de ellas no se vieron afectadas por el embalse de la presa, pero sí por cambios en la dinámica de población debido a la obra, como los “carroceiros”, quienes no pudieron trabajar más en el centro de la ciudad, lo que los llevó a perder gran parte del ingreso económico familiar.

El coordinador nacional del Movimiento de Afectados por Presas explica parte de la estrategia de la Norte Energía para actuar junto a las organizaciones de resistencia a Belo Monte y a la población urbana:

Hasta donde consiguió caminar unida, la resistencia social de Belo Monte tuvo otra connotación. Cuando tuvo la decisión del Gobierno de hacer la obra, parte de la estrategia para seguir con Belo Monte fue fragmentar las fuerzas de resistencia a la obra en esa región.

Yo diría que la estrategia adoptada por la Norte Energía, que es algo que necesita estudiarse, tiene el objetivo de combatir el método organizativo del movimiento. Cuando la Norte Energía dividió a las familias afectadas por grupos y para cada grupo había un sector en la propia comunidad responsable para dialogar con ese grupo, eso no es extraño respecto de aquello que el maB hace con los grupos de base: tener a las familias organizadas, tener un coordinador y una coordinadora en diálogo permanente con esas familias.

Entonces, ese modo de actuar ya fue una prevención a la respuesta de las movilizaciones del movimiento. Entonces ése ya fue un gran desafío que nosotros encontramos aquí en la región, pues uno trabaja con una región llena de problemas preexistentes, y ahora con un proyecto que tiene características diferentes como el PDRS [Plan de Desarrollo Regional Sustentable] del Xingú, que parecía que de hecho resolvería problemas históricos que tiene aquí esa región. Eso hizo que la gran mayoría de las organizaciones contrarias a la presa, como el propio Sindicato de Trabajadores Rurales, vieran en la construcción de la presa de Belo Monte la posibilidad de resolver problemas añejos, demandados hacía 10, 20, 30, 40 años en esa región. Problemas de propiedad de la tierra, asfaltar carreteras, problemas de salud y de educación (entrevista con los autores, Altamira, febrero de 2015, traducción propia).

En la medida en que avanzaban las obras de ingeniería y, las acciones de reparación no caminaban, otros actores también empezaron a exigir sus derechos. Es el caso de las asociaciones indígenas urbanas y rurales de ribereños no aldeanos que luchan por ser reconocidos por las políticas da Norte Energía y del Estado brasileño. Ellos encuentran muchas barreras por el racismo institucional y el de la sociedad en general. En el imaginario social, la idea de aldea es más importante en Brasil que en México, donde es común caracterizar al indígena como aquel que habla una de las 364 lenguas indígenas del país, aunque sea de derecho legal su autoidentidad como nativo si no habla la lengua originaria. En contrapartida, en Brasil, en el imaginario nacional, indígena es quien vive en aldea, y los urbanos, es decir, aquellos que viven en las ciudades, son despreciados en su identidad nativa.

En los planes originales, parte de los actores mencionados no estaban en el catastro de la Norte Energía y gracias a sus luchas lograron parte del reconocimiento. Hay que subrayar que el caso de esos indígenas urbanos, rurales y ribereños es algo distinto de los aldeanos, quienes protagonizaron la lucha desde los años setenta. Aquí tenemos ya una situación de lucha por derechos:

En el Plan de Emergencia estaban considerados tanto los indígenas de las aldeas como los citadinos. Para los indios de las aldeas esto significaba obtener lancha, motor, despensa. Y para los indígenas citadinos, un curso de mecánico automotriz, curso de vigilante para preparar a esos indios para que actuaran en el mercado de trabajo.

Uno de los intereses de la lucha colectiva fue la cuestión del reacomodo. Primero, yo conseguí rescatar muchas cosas. El reasentamiento de los indígenas citadinos, de los pescadores y de la población en general, ocurría de una manera que no estaba dentro del Plano Básico Ambiental. Había muchos imcumplimientos, como sucede hasta hoy. En el proceso de reacomodo, del catastro, la Norte Energía tenía primero que consultar a las comunidades indígenas. Presentar el proyecto y discutir hasta el mismo padrón de construcción de las casas, si era de concreto o de ladrillo. Eso no sucedía. Aconteció que tenían algunas reuniones con el sector [...] Y cuando ellos llegaban a esas reuniones ya abordaban a todo mundo, y les decían que tenía que ser de aquella forma, que el Ibama había aprobado de aquella forma y no quería conocer opinión alguna. Yo fui a una reunión en el barrio Independiente II, y escuché su plan de decir que tenían tres opciones: carta crediticia, indemnización o una casa en el reasentamiento (líder de la Asociación Indígena Nativa Kuruaya de Altamira, entrevista con los autores, Altamira, febrero de 2015).

Cuando hicimos nuestra primera ocupación en 2012, tanto reivindicando nuestros derechos de reasentamiento como de la compensación e indemnización de nuestra pesca, de nuestro río que estamos perdiendo. Porque ellos están deforestando nuestras islas y las márgenes del río Xingú. Cuando llegamos y fuimos al Ibama y al Funai, nosotros sentimos que no nos amparaban con ningún derecho. Comenzamos a procurar nuestros derechos en el Ministerio Público, en la Casa de Gobierno que está ahora en Altamira.

Y ellos nos preguntaban: “¿ustedes son presidentes de qué asociación?”. No, nosotros somos indígenas ribereños, nosotros no tenemos asociación [...] “Ustedes no pueden procurar sus derechos así porque ustedes no tienen asociación”.

Nos comenzamos a reunir [...] El personal que trabajaba en la Funai nos decía: “ustedes no necesitan hacer una asociación para procurar sus derechos. Una asociación sólo generará mucho gasto, tienen que pagar impuesto”. Y nosotros pensamos: no, ese negocio está errado, la Funai dice que nosotros no necesitamos de asociación y otros órganos dicen que lo necesitamos. Yo llegaba allá y decía: Yo soy indígena ribereña, sin embargo, no soy presidente de ninguna asociación. Entonces, ellos no querían atendernos, hasta en la misma Norte Energía. Ahí nosotros hicimos una asamblea, juntó bastante indígena ribereño, y decidimos: vamos a fundar una asociación para nosotros (líder de la Asociación Tyoporemô de los Pueblos Indígenas Nativos Ribereños del Medio Xingú, entrevista con los autores, Altamira, febrero de 2015, traducción propia).

En las entrevistas es muy interesante ver el modo como esos actores caminan en dirección a una forma de representación y contestación “comprensible” al Estado.

Esas movilizaciones están ligadas a las varias negativas de la Norte Energía en colusión con el Estado. Según el EIA de Belo Monte, los pueblos indígenas del Xingú no serán afectados de manera directa (^{MME et al., 2009}). otro tema polémico: ^{Magalhães (2009)} explica que el EIA de Belo Monte niega la existencia de varias comunidades indígenas en su área de afectación, como los Xikrin, Xipaya, Kuruaya y dos grupos de indígenas aislados reconocidos por otras etnias y por indigenistas de la Fundación Nacional del Indio (Funai).

Hay que destacar también el proceso investigado por Vieira (2013), que responsabiliza a Belo Monte por las rupturas y la desintegración del tejido social de los pueblos indígenas. La acción delictiva de la Norte Energía para romper y callar la resistencia de los indígenas aldeanos consistió, en vez de cumplir con los acuerdos establecidos con la Funai, en negociar con los indígenas de forma individual a través del Plan de Emergencia (que no existía en las páginas del proceso de licenciamiento ambiental). Cada aldea recibe cerca de 10 000.00 dólares por mes para comprar lo que se requiera. ¿Y qué requerían los indígenas? Ellos tampoco lo sabían. Son poblaciones de contacto reciente y no conocían el “mercado”. Eso generó dos resultados: las 19 aldeas se dividieron en 39 y los indígenas dejaron de plantar y comenzaron a alimentarse de galletas, papas fritas y Coca-Cola, cosas “de blanco” que les llegaban. Los resultados en la salud de esas poblaciones fueron impactantes: hipertensión, diabetes, obesidad y mortalidad infantil.

Un actor muy importante como aliado de los indígenas y otras poblaciones tradicionales es el Ministerio Público Federal. Ha sido central para que el Estado atienda muchas reivindicaciones populares. Desde las reivindicaciones de los afectados por Belo Monte, el Ministerio Público ha interpuesto 24 acciones civiles públicas contra el emprendimiento. Es interesante ver que siempre se ha ganado en primera instancia, pero esa victoria siempre se ha revertido en los tribunales regionales (de segunda instancia). Muchas veces el Estado ha aplicado de manera reiterada una medida de excepción creada en el periodo dictatorial brasileño llamada suspensión de seguridad. Es importante demarcar también el racismo institucional del judiciario:

Nosotros no podemos llegar al judiciario y decir: Miren, ustedes tienen que proteger a los indígenas. Nosotros tenemos que llegar al judiciario y decir: Miren, ustedes tienen que respetar la Ley. ¿Entiende la diferencia? En el Brasil hay un prejuicio tan grande que la estrategia que estamos usando es ésa. Insistir en la ilegalidad de las acciones de Belo Monte (Thais Santi, procuradora del Ministerio Público Federal, entrevista con los autores, Altamira, febrero de 2015, traducción propia).

Los casos de conflicto ambiental en torno al uso social del agua en América Latina muestran cada vez más acciones colectivas del tipo que ^{Acselrad (2010}, ²⁰¹³⁾ denomina “ecologismo combativo”. Sus actores tienen el reto de contestar a los actuales patrones técnicos de apropiación del territorio, los recursos naturales y las personas como piezas de un desarrollo contrario a la mayoría. ^{Martínez-Alier (2005}, ²⁰⁰⁸⁾, de forma similar, habla del fenómeno de “ambientalismo de los pobres, ecologismo popular o movimientos por justicia ambiental”, en una perspectiva de los movimientos tradicionales que constituyen sujetos marginados que exigen justicia ambiental.

Historias contradictorias per se. Muchos de los indígenas que todavía protestan contra Belo Monte son los mismos que en 1989 lograron llamar la atención nacional e internacional y, por lo tanto, frenar durante 22 años la construcción de la presa. De los indígenas, tal vez el más famoso sea el cacique Raoní, quien jamás claudicó frente a Belo Monte. En Brasil, esta figura (en contextos indígenas) posee un significado de líder legítimo y consensual, distinto del concepto en México.

En 2011, el caso fue a parar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que recomendó la suspensión del proceso de licenciamiento ambiental de Belo Monte. En respuesta, el gobierno brasileño amenazó con abandonar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, retiró a su embajador ante la OEA, aprobó la concesión de las licencias y comenzó las obras de ingeniería en julio de ese mismo año.

Es importante señalar que todo un reordenamiento territorial local, nacional e internacional está en curso debido a las macroactividades económicas implícitas en el proyecto, esto incluye líneas de transmisión de energía, carreteras, puertos, agronegocio, minerías de oro, hierro y otros. El conflicto involucra a diversas escalas espaciales debido a las contradicciones de las políticas macroeconómicas nacional y latinoamericana, relacionadas con el desarrollo de corredores de infraestructura en sus flujos Norte-Sur/ Atlántico-Pacífico.

CONSIDERACIONES FINALES

La lucha en contra de la presa Belo Monte viene de la decada de 1980, cuando todavía se llamaba Cararaô. Esa lucha cambió en esos años, conforme al cambio en el régimen de gobierno y los planes del Estado para la presa.

Las formas de resistencia también cambiaron antes y después de que empezaron las obras. En parte por las nuevas demandas, en parte porque segmentos de los movimientos en contra de Belo Monte eran base del partido del gobierno petista. A pesar de eso, el proyecto generó una resistencia compleja y combativa que, en la visión de los vencidos, en otros momentos habría ganado la lucha en contra de la presa.

Con el AHE Belo Monte, el Gobierno Federal planea un cambio general en el flujo hídrico y ecológico del xingú, con base en argumentos sobre la necesidad de expansión de la generación de energía y crecimiento de la economía. Eso implica cambios ambientales definitivos que no procuren la reparación ecológica de los márgenes del río, así como del patrimonio social y cultural de los pueblos afectados. Dichos impactos tienen una influencia directa en todo el ecosistema de la cuenca hidrográfica del Xingú.

Obsérvese aquí la importancia que las fuerzas contrahegemónicas pueden tener, concibiendo que existan otros tipos de ideología en disputa, las ideologías emancipatorias.

Se coincide con Mészáros, quien defiende que esas ideologías contrahegemónicas son de importancia estratégica para llegar a soluciones “más allá del capital”, en las cuales se establece un “orden sociometabólico de transición” hacia un nuevo modo de producción en favor de las clases dominadas. Esta ideología emancipadora “cuestiona la viabilidad histórica de la propia sociedad de clases, proponiendo como objetivo una intervención consciente práctica, la superación de todas las formas de antagonismo de clase” (^{Mészáros, 2004: 68, traducción propia}).

Su análisis cobra importancia por la esperanza que proyecta frente a los aspectos brutales de la construcción de las grandes hidroeléctricas. Aspectos que, en el caso de Belo Monte, están en el límite entre el etnocidio y el genocidio además del retorno a un modelo de desarrollo violento que parecía anticuado.

El horizonte futuro es poco alentador, ya que es posible entrever el plan de construir otras presas en el Xingú, en especial la presa hidroeléctrica Altamira, la antigua Babaquara.

Por lo que divisamos hoy, Belo Monte fue, es y será todavía, como en la larga noche de los 500 años: una colisión genocida de mundos, así que terminamos con dos relatos sobre el futuro, uno indígena y otro “blanco”.

El primero está en un artículo de Heurich; es la visión que un amigo Araweté de él, Moinowihi, posee de la presa.

Algunas veces, cuando el pajé [xamã] canta, aquel que está cantando el canto -que en verdad no es el pajé, pero alguien que ya falleció y es transmitido por la voz de él- pide algunas cosas. Hachas, machetes, a veces azúcar y café, en fin, cosas que le hacen falta en el cielo. Es un aspecto muy interesante del chamanismo araweté, que por una lástima no puedo detallar aquí. Platicábamos entonces sobre eso cuando Moinowihi cambió el asunto, pero tal vez ni tanto, para las cosas que la Norte Energía estaba enviando todos los meses en las listas [del Plan de Emergencia]. Moinowihi decía que todas esas cosas, incluso las lanchas, los motores y la despensa eran la contrapartida de una muerte que iba a ocurrir.

Las cosas eran el pepikã, la contrapartida, de la futura muerte de todos en la aldea.

¿Y qué los va a matar, Moinowihi? El agua. ¿El agua? Sí, el agua de la presa (^{Heurich, 2013, traducción y nota propia}).

El segundo relato del futuro es de Marcelo Salazar, investigador del isa, su propia utopía:

Lo que me gustaría que ocurriera, el escenario que miro para el futuro... Creo yo que Belo Monte va a convertirse en un muro de Berlín. Belo Monte va a ser un símbolo permanente de qué no hacer para el desarrollo de la Amazonia: lo que no hacer para el desarrollo de la humanidad. En algún momento diremos: ¡Mira el etnocidio que hicimos en la región! ¡Matamos a esos indios! ¡Eso es un absurdo, no puede ocurrir nunca más! Entonces vamos a parar esa obra. Y ella va a convertirse en una ruta turística. Todo mundo irá allá con uno martillito para llevarse un trocito de concreto de la presa, como símbolo de que no puede ocurrir más en la humanidad. He estudiado un poco en Alemania, y allá el muro de Berlín es muy vivo, toda la historia del Holocausto. Ellos hacen todos los esfuerzos para mostrar el muro de Berlín para que cosas así nunca más se repitan (entrevista con los autores, Altamira, febrero de 2015, traducción propia).

En tanto no llega el futuro, dejamos al lector la ofrenda de elegir el final.