Introducción¹

Cuál es el balance que se puede hacer del régimen político de Jalisco en las últimas tres décadas; qué ha cambiado y qué permanece. Éstas son las preguntas que articulan el presente artículo académico. Para dar respuesta a dichas interrogantes, el texto sostiene que el régimen político de Jalisco ha transitado hacia una democracia que no termina por institucionalizarse por completo, pues sus procesos de cambio son intermitentes o en forma de espiral; esto es, el cambio democrático avanza y cesa, o bien retrocede y luego vuelve a avanzar. Con esto se quiere asentar que los procesos políticos no son lineales.²

Cabe precisar que estudiar procesos subnacionales de autoritarismo y democratización exige no sólo un cambio en la escala de observación, sino replantear los lentes teóricos de indagación que ayuden a observar dinámicas políticas invisibles para quienes se centran en las unidades nacionales. Por tanto, el estudio de la democratización en una entidad federativa no debe verse como un derivado teórico de la democratización nacional en sí, en donde el desafío principal radica en identificar qué teorías desarrolladas para el estudio de los países pueden transferirse al estudio de las entidades federativas. La democratización local y regional no es en sí un esfuerzo inútil. La ciencia política se fija mayormente en lo nacional, construyendo con ello la teoría. Pero identificar variaciones internas en la práctica de la democracia se vuelve difícil si la democratización se mira desde lo nacional. Los marcos conceptuales deben considerar las desigualdades y los ritmos internos de la democratización nacional (^{Tweedy, 2012: 10- 11}). Se valora entonces, a partir del caso jalisciense, una parte del engranaje nacional con sus ritmos y pautas.

Por tanto, este artículo proyecta un balance del proceso de cambio del régimen político subnacional de 1989 a 2019.³ Intenta comprender y precisar qué se entiende por cambio en un régimen político e insertarse en un debate politológico más amplio que pretende comprender las situaciones y dinámicas del sistema político jalisciense.⁴ Al respecto, conviene señalar que en la “comunidad epistémica del occidente del país”, para medir y valorar el pulso del cambio político, se han escrito abundantes trabajos en la vertiente electoral y algunos, que son contados, en los esquemas de la transición política o de la teoría de los sistemas políticos.⁵ Sin embargo, en términos teórico-metodológicos no se logra comprender las permanencias y/o cambios en el régimen político en su justa dimensión, debido a que la mayor parte de los trabajos se sitúan en el acontecer (son de difusión), en la descripción del acontecer o en un debate teórico limitado o incluso nulo. De ahí que el artículo para cumplir tal fin se estructura en dos grandes apartados. En un primer momento establece las coordenadas analíticas para el estudio del cambio político. Luego se analizan los cambios en las estructuras del régimen y sus dinámicas políticas. Este apartado es el más amplio del texto.

Las coordenadas analíticas para el estudio del cambio político

En líneas previas se sostuvo que aunque son una realidad y ampliamente estudiados, los trabajos realizados acerca de los procesos electorales y de cambio político en la entidad adolecían de un debate politológico de mayor envergadura. No obstante, para resaltar la solidez al marco analítico planteado para el estudio del objeto de estudio, conviene citar cuatro trabajos locales con los cuales se puede partir hacia tal fin.

El primero es el trabajo de ^{Jorge Alonso (1995)}, que analiza la elección federal de 1994 y la elección local de 1995 en Jalisco. Ambos procesos electorales son fundamentales para comprender la coyuntura que significó la caída del régimen del PRI (Partido Revolucionario Institucional) y la llegada del PAN (Partido Acción Nacional) al poder local en 1995. La obra tiene valor en sí como fuente académica, debido a su riqueza descriptiva; pero precisamente por enmarcarse en dicha coyuntura y su acontecer, hacen evidente las limitaciones planteadas al inicio.

El segundo es el trabajo de ^{Alicia Gómez (1997)}, en el cual estudia la crisis y la transición acontecida en Jalisco. La obra al respecto tiene dos fortalezas con respecto a la anterior. La primera es el marco teórico utilizado: los esquemas de la transición hacia la democracia tan vigentes en la década de 1990; y la segunda, es que el espectro temporal es más amplio, pues abarca los últimos años del PRI y los dos primeros años de gobierno panista en la entidad. Aunque sigue siendo un estudio coyuntural visto desde el mediano plazo, logra explicar los factores de la caída del priísmo en Jalisco.

Un tercer trabajo es el de ^{Javier Hurtado (2016)}, que aunque intenta tener una visión holística del sistema político de Jalisco (integrado por el sistema electoral, de partidos, de gobierno y cultural) y ofrecer una obra densa, el debate teórico-metodológico es nulo y se limita a sistematizar evidencia de las partes que componen al sistema político y exponer sus inferencias para mejorarlo. Una crítica de fondo, además de la ausencia de un debate teórico-metodológico, es que no hay agentes e instituciones interactuando en los procesos mismos; es decir, su análisis carece de valoración hacia las situaciones conflictivas y/o de cooperación tan necesarias en la política (politics) y que muchas veces explican las transformaciones políticas.

Finalmente, aunque más breve que los anteriores, se encuentra el texto de ^{Alberto Arellano (2014)}, en el cual se analizan los cambios políticos e institucionales en las estructuras de autoridad. La investigación se limita sólo a una parte del régimen político y la temporalidad con respecto al presente artículo es menor: 20 años. De ahí que no se puedan tener con mayor claridad sobre un mayor número de los elementos políticos, tanto ordenadores y cambiantes, del régimen político local.

Pero el núcleo para posicionar este caso de estudio en un debate de fondo, parte de considerar la literatura construida en la Ciencia Política con respecto a las transformaciones políticas. ^{Maxwell Cameron (2016)} dijo que para entender y analizar las transiciones políticas desde la década de 1980 al presente (2020) en América Latina, han acontecido cuatro fases: una primera llamada enfoque y consiste en el estudio de las transiciones desde un gobierno autoritario. La segunda va de las transiciones hacia la consolidación de la democracia. La tercera se aboca a la calidad de la democracia y su diversidad. Y la cuarta consiste en la conformación de regímenes híbridos y en el interior por responder a la pregunta teórica y política de ¿hay retrocesos en la democracia?

Desde el enfoque inicial al de la conformación de regímenes híbridos, en la literatura politológica se observó que en esta última fase en la que se discute la situación de la democracia erigida en la región, existen otras categorías que intentan dar cuenta de la fragilidad y precariedad democrática. Se ha establecido, sin llegar al consenso de categorizar la situación presente, que las democracias latinoamericanas son deficientes.

A reserva de detallar las teorías del cambio político, ya en la década de 1980, con la aparición del autoritarismo burocrático, David Collier decía que América Latina cuestionaba las nociones de cambio político incrustadas en el marco de la teoría de la modernización. Esto no significaba una desviación antiteórica, sino más bien una preocupación por la especificación e hipótesis más desarrolladas en términos de variables teóricamente relevantes teniendo en cuenta las características del contexto histórico-cultural particular (^{Collier, 1985: 8-9}). En este sentido, si bien muchos de los estudiosos del cambio político hacen política comparada, el uso y manejo de dicha literatura en este texto pretende la precisión conceptual y contrastar otras cuestiones teóricas y metodológicas.

En ese tenor, están los trabajos clásicos de autores que conforman el enfoque inicial de las transiciones políticas, tales como ^{Samuel Huntington (2006)}, ^{Guillermo O´Donnell y Philippe Schmitter (1991)}, ^{Juan Linz (1987)} y ^{Leonardo Morlino (1985)}, que son fundamentales. Luego podrían valorarse otras formas en las que la situación actual ha considerado una diversidad e intentos de clasificación de la situación presente. Pero ante el espacio tan limitado, será necesario anunciarlos y quizá delinear el término “regímenes híbridos” de ^{Leonadro Morlino (2009} y ²⁰⁰⁸⁾.

La mayor parte de la literatura teórica hasta ahora planteada, se sitúa, con diferentes discusiones y matices, en la teoría de la modernización, por un lado (^{Apter, 1970}); y en el análisis de los sistemas políticos (^{Easton, 1999}). En el caso de ^{Samuel Huntington (2006)}, éste se interesaba en observar cómo el cambio social y económico tenía incidencia en el orden político de las instituciones. Para ello propuso varios criterios de institucionalización política, disgregado en observar el apoyo o nivel de institucionalización, adaptabilidad-rigidez, autonomía-subordinación, complejidad-simplicidad, coherencia-desunión, y cómo las instituciones políticas e intereses públicos se manifiestan en la dimensión moral y estructural.

En el caso de ^{Juan Linz (1987)}, ante la preocupación de los politólogos por la estabilidad y la ruptura en las instituciones, construye un modelo ante el asedio o las convulsiones desbordadas que podrían afectar la caída de un régimen democrático. Los factores en los que existen fallas, dan cuenta de que éste no es un régimen consolidado cuando se puede quebrar. Sin pormenorizar su modelo, éste se compone de dos pilares: por un lado, los elementos que se deben considerar en su quiebra; por el otro, el proceso mismo de la caída (véase ^{Linz, 1987: 32-92 y 93-131}).⁶

Con ^{Guillermo O´Donnell y Philippe Schmitter (1991)} se sienta la base de contribución teórica latinoamericana acerca de las transiciones políticas. El modelo es ampliamente conocido. Y se entiende desde entonces por “transición” el intervalo que se extiende entre un régimen político y otro. El modelo construido básicamente distingue dos grandes procesos para el régimen político: la liberalización y la democratización. Luego de las fases anteriores sigue una fase de socialización o establecimiento de mecanismos sociales que impidieran alguna regresión (^{O´Donnell y Schmitter, 1991: 19-29 y 79-91}).

Entra también a la escena ^{Leonardo Morlino (1985)} cuando se interesa en el estudio de los cambios políticos. Precisa que un cambio de régimen es un fenómeno frecuente y de gran relevancia que afecta al sistema político en la medida que se puede preguntar qué cambia, cuánto y cómo. Al realizar una distinción entre régimen y sistema político, asegura que en el nivel del régimen se debe valorar el sentido del cambio en las ideologías, valores, creencias dominantes; o en situación de competencia, las normas o reglas de juego, las estructuras de decisión, las estructuras de enforcement y los titulares de dichas estructuras en sus roles (^{Morlino, 1995: 45-46}). Si bien su interés es ofrecer elementos para realizar política comparada, Morlino muestra algunas modalidades de procesos de cambio entre dictaduras, regí- menes tradicionales, regímenes autoritarios, regímenes democráticos y regímenes totalitarios (^{Morlino, 1985: 105-111}).

Cabe señalar que la literatura sobre el cambio político que se construyó emerge ante los procesos políticos acontecidos durante la década de 1980 y 1990. No obstante, pasadas las dos primeras décadas del siglo XXI, en la literatura politológica, sin describirla sino sólo anunciar algunas ideas debido a la dificultad en su tratamiento en este espacio, se observó que se instituyeron diversas categorías para señalar que en las democracias latinoamericanas había estancamientos, quiebres democráticos o regresiones autoritarias. Se dijo que había democracias deficitarias, democracias deficientes, democracias ineficaces, democracias vulneradas o regímenes híbridos. En otras vertientes disciplinares, por ejemplo, la sociología política enfatizó la fuerza histórica del populismo y/o ascenso del neopopulismo en la región (véase, por ejemplo: ^{Dockendorff y Kaiser, 2010}; y ^{Connif, 2003}), por lo que en América Latina se instauraban democracias en Estados débiles o Estados fallidos (^{Hincapié, 2014}).

Ya antes ^{Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter (1991)} daban cuenta que en un régimen, y durante el proceso de cambio político, se imbricaban instituciones de dos regímenes distintos, tales como dictablanda o democradura (una democracia liberal restrictiva). ¿Pero ante transiciones o procesos tan largos qué no terminan por consolidarse no se estarán conformando nuevos o diferentes regímenes políticos propios de América Latina? Para una parte de la comunidad politológica, es Leonardo Morlino quien da alguna respuesta con la conformación de los regímenes híbridos. En ellos hay un conjunto de instituciones que han sido persistentes, estables o no, durante aproximadamente una década de un régimen anterior con otras de otro régimen que se intentan incrustar (^{Morlino, 2009: 282}).

Al hablar de regímenes híbridos, también vale la pena recuperar categorizaciones como autoritarismo competitivo de ^{Levitsky y Way (2004)} y autoritarismo electoral de ^{Andrea Schedler (2015)}. En los regímenes autoritarios competitivos, las instituciones democráticas formales son ampliamente observadas desde un punto de vista instrumental para obtener y ejercer el poder político. En ellos, los políticos y funcionarios violan las reglas con mucha frecuencia, hasta el punto de que el régimen no es una democracia plena. Para estos autores, el autoritarismo competitivo se diferencia de regímenes inestables, fútiles, cuando no inconsistentes, que no obstante cumplen algunos estándares de democracia. Esta categoría se construye a partir de observar cuatro arenas de competencia, a través de las cuales las fuerzas de la oposición pueden periódicamente desafiar, debilitar y hasta vencer, a los funcionarios autocráticos: la arena electoral, la legislativa, la judicial y los medios (^{Levitsky y Way, 2004}).

En cuanto al autoritarismo electoral, Andreas Schedler señala que si bien los regímenes militares y de partido único están desapareciendo, pues la mayoría de los autócratas organizan elecciones multipartidarias, estos regímenes practican el autoritarismo detrás de las fachadas institucionales de la democracia representativa. Celebran elecciones multipartidarias violando los principios democráticos de manera sistemática y profunda. De ahí que en la superficie institucional, las autocracias electorales y las democracias electorales se vean iguales. Esto es así porque se llevan a cabo elecciones regulares a escala nacional con sufragio universal y partidos de oposición. La diferencia entre ambos tipos de régimen no está en las instituciones formales, sino en las prácticas reales. Este régimen se valora mirando el vector de la autonomía de las elecciones, el peso de la incertidumbre, la fortaleza de la oposición, la fortaleza del régimen y la frontera institucional autoritaria entre autocracias electorales y dictaduras cerradas (^{Schedler, Greene y Slater, 2015}).

Empero, más que clasificar al régimen político local, se busca analizar su cambio político. Siguiendo a ^{Leonardo Morlino (1985)}, el sistema político se integra por las estructuras de autoridad, el régimen político y la comunidad política. Para el politólogo italiano, el régimen político se observa empíricamente en las reglas de juego, los procedimientos y las estructuras de autoridad. Preocupado por el cambio político, asegura que un cambio de régimen es un fenómeno frecuente y de gran relevancia que afecta al sistema político en la medida que se puede preguntar qué cambia, cuánto y cómo. De este modo, cambio político significa cambio del o en el sistema político. En su propuesta, Morlino recomienda que el sistema político no se debe ver como un conjunto, sino en sus partes y la forma en cómo y en qué grado interactúan (^{Morlino, 1985: 2-31 y 105-111}).

Por tanto, en este texto se analizarán las estructuras de autoridad del régimen político de Jalisco, en particular el Ejecutivo estatal que en la jerga politológica correspondería a un régimen presidencial en el ámbito subnacional. En cuanto al régimen político de Jalisco, en los términos antes planteados, se va analizar la transición política local hacia la democratización, donde se pasa de un sistema de partido hegemónico y un Ejecutivo local dominante en el sistema político, a un sistema multipartidista en la coyuntura y la instauración de un Ejecutivo más acotado.

Llama la atención la ambigüedad de la definición. No obstante, siguiendo de nueva cuenta a ^{Morlino (2008)}, en dichos regímenes se debe considerar el legado del régimen político anterior, por lo que hay que revisar el proceso de cambio y sus consecuencias en la estructura institucional. Se debe observar la racionalidad y el porqué de esa situación para concentrarse en las limitaciones que no permitieron cumplir los requisitos del cambio definitivo de un régimen distinto a otro, y este texto asume el reto analítico de esbozar algunos elementos de su marco analítico. No se busca llegar a una definición del régimen político de Jalisco ni clasificarlo como un régimen híbrido, autoritarismo competitivo o electoral de manera categórica, sino dar cuenta de un proceso político de tres décadas donde hay situaciones conflictivas y cooperación en algunas partes del régimen político que lo sitúan como intermitente y un proceso lento y gradual de cambio.

El régimen político: orden y cambio político

Se dice que la transición mexicana fue votada (^{Merino, 2003}) y se convirtió en un proceso de la periferia hacia el centro. Esto es, la alternancia en el poder, cuando era la manifestación del cambio político democratizador, inició en los municipios, luego en las entidades federativas hasta llegar al poder federal (Congreso y Ejecutivo).⁷ En el contexto de la década de 1990, Jalisco formó parte de la primera oleada de alternancias panistas, junto con los estados de Baja California, Guanajuato y Chihuahua. La lógica de los triunfos del panismo fue interpretada como que el régimen de partido hegemónico hacía dos distinciones ante los triunfos de la oposición: reconocía los del PAN y desconocía los del PRD (Partido de la Revolución Democrática). Si bien ésta era una interpretación generalizada, los casos tenían matices y dinámicas propias.

No obstante, el cambio político en Jalisco de un régimen autoritario y de partido hegemónico a uno democrático y multipartidista tiene como fecha de inicio el año de 1989. La comunidad académica local sostiene que el gobierno de Guillermo Cosío Vidaurri es quien marca el ocaso del régimen autoritario local. En la fase inicial de transformación política se combinan una serie de factores locales, nacionales e internacionales, que provocaron que en 1995 el PAN con Alberto Cárdenas ganara la gubernatura, y el partido otros espacios importantes del régimen local.

Además del estilo personal del gobernador Cosío Vidaurri, la derrota del PRI en Jalisco se debió a que el régimen político se desgastó en cuatro planos. Siguiendo a ^{Alicia Gómez (1997)}, el PRI se perfilaba como perdedor en Jalisco cuando en un primer momento hubo una crisis en los canales tradicionales de participación (el corporativismo); la segunda crisis se presentó en el sistema de partidos no competitivo; la tercera crisis se suscitó cuando hubo un desajuste entre las demandas y la incapacidad de las instituciones para resolverlas; y la última en el rompimiento del pacto político que sostenía a la elite que había monopolizado el poder (^{Gómez, 1997: 182}). Entre los factores coyunturales se encuentran las explosiones del 22 de abril en 1992, el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993, el entorno de inseguridad pública y el “error” de diciembre de 1994. Estos acontecimientos provocaron dos acciones colectivas significativas para la alternancia posterior: la marcha de las “Mujeres de Negro” y “Una sola voz”.

Cuando el PAN ganó la gubernatura en 1995, se dio un voto de castigo generalizado hacia el PRI, puesto que triunfó también en las presidencias municipales de la zona metropolitana de Guadalajara y otras importantes del estado, y obtuvo la mayoría en el Congreso local. Ante el inesperado triunfo panista, Jorge Alonso asentó que en la entidad se había dado una alternancia pragmática y no programática en razón de que no había un proyecto consciente de amplia transformación (^{Alonso, 1995: 205-208}).

Los panistas se instalaron en el poder local 18 años. Dominaron la escena política local de 1995 a 2012 con tres gobernadores: Alberto Cárdenas (1995-2001), Francisco Ramírez (2001-2007) y Emilio González (2007-2012). El desgaste de los gobiernos panistas y el intenso dinamismo político-electoral que se manifestaba en la integración del Congreso y las presidencias municipales del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG),⁸ permitieron que en la elección de 2012 el PRI volviera a gobernar al estado en la persona de Jorge Aristóteles Sandoval (2012-2018). Esto como consecuencia del hartazgo hacia los gobiernos panistas. El triunfo del PRI cerró un ciclo de gobiernos panistas y abrió un momento de expectativas que rápido se diluyeron, pues el PRI, local y federal, desperdició la oportunidad para establecer un buen gobierno y refrendar su posición en la siguiente elección. Su pésimo desempeño gubernamental condicionó que Enrique Alfaro ganara la gubernatura en la elección de julio de 2018 encabezando Movimiento Ciudadano (MC).

El cambio en las estructuras de autoridad

En la sucinta exposición del cambio por la vía electoral manifestado en las transformaciones en el Poder Ejecutivo local, es más ilustrador observar los cambios en las estructuras políticas para luego valorar qué persiste del viejo régimen. Primero se tiene que tener en cuenta tres elementos fundamentales de los cambios en el régimen político local vía la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, cuyos resultados dan cuenta del sistema de partidos: la situación instaurada entre el Poder Ejecutivo con el Congreso local vía la conformación de gobiernos divididos o unificados, y la conformación político-partidista en los ayuntamientos del AMG.

Si se observan los resultados en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, se pueden observar tres fases en la transición política local. De tal modo, que en un primer momento (1979-1995) se hace presente el sistema de partido hegemónico, manifestándose su caída estrepitosa en el año de 1995. El segundo momento es el que va de 1995 a 2012, donde hubo un sistema de competencia bipartidista entre el PAN y PRI. Aunque hubo momentos de convergencia o superposición de una fuerza política contra la otra, desde 2009 se observa la caída de estos dos partidos políticos en las preferencias electorales. Así, del año de 2012 a 2018 emerge una tercera fase en la competencia político-electoral donde acontece el tránsito de un incipiente multipartidismo moderado a un multipartidismo fragmentado en la competencia electoral (ver Gráfica 1).⁹

Fuente: Elaboración propia. Esta gráfica considera los datos publicados por el Instituto Electoral y de Participación del Estado de Jalisco.

Gráfica 1 Elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa (1979-2018) 

Otro de los cambios que se suscitaron en las estructuras de autoridad fue la conformación de los gobiernos divididos en el régimen político local. Esto se origina cuando el partido al que pertenece el Ejecutivo estatal no cuenta con mayoría absoluta en el Congreso. Por ello, de las nueve legislaturas que se incrustan ya en un proceso formalmente democrático desde aquella elección de 1995 hasta la de 2018, y como resultado de la conversión de los votos en escaños, sólo hubo gobierno unificado en dos ocasiones. Aconteció en la primera mitad de los gobiernos de Alberto Cárdenas y Francisco Ramírez. En los demás se estableció una relación de gobierno dividido o no unificado. El gobierno dividido es claro: cuando el partido del Ejecutivo no tiene mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los legisladores; pero el gobierno no unificado se estableció cuando el gobernador se encontraba en una situación de empate. Esto era resultado de la forma en cómo se integraba el Congreso local (véase la Tabla 1); y ello como consecuencia de las fórmulas y mecanismos de integración del Congreso local. Y en última instancia, se confirma lo que alguna vez Alberto Aziz planteó como una premisa: alternancia primero, gobierno dividido después (^{Aziz, 2003}).

El tercer elemento político-institucional del régimen que condiciona el desenvolvimiento político y limita en la arena la competencia y negociación, son las posiciones que tengan u ocupen las fuerzas partidistas en el área metropolitana de Jalisco. En estos territorios, el dinamismo político se puede identificar en tres momentos. El primero, de control monopartidista de la entonces zona metropolitana de Guadalajara, el cual sucedió en los años que van de 1995 a 1997 y la fuerza partidista fue el PAN. Luego periodos de equilibrio entre dos partidos políticos o de hegemonía de una fuerza política. El equilibrio entre el PAN y PRI se dio de 1997 al año 2000 y 2001-2003. Luego entre MC y el PRI. Los periodos de hegemonía fueron 2007-2009 capitalizado por el PAN; 2010-2012 y 2012-2015 por el PRI, hasta llegar al periodo de 2018-2021 con MC (véase Anexo 1).

Además, se instituyó una especie de regla en el campo político del AMG, la cual sería la siguiente: “quien sea presidente municipal durante el periodo previo a la elección del titular del Poder Ejecutivo, será el próximo gobernador”. Esto se origina más por el peso político y simbólico de la capital de Jalisco, pues Zapopan es el municipio económicamente más importante de la entidad. Así fue en los casos de Francisco Ramírez, Emilio González, Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro.¹⁰

El proceso político: entre cambios democráticos e inercias autoritarias

En las estructuras políticas se refleja un cambio significativo en la comunidad política que soporta al régimen político de Jalisco. ^{Leonardo Morlino (1985)} dice que los valores e ideas son importantes en el análisis del cambio político, pero deben considerarse cuando se tengan datos disponibles y sólidos. El proceso nos puede llevar a sostener que el electorado jalisciense cruza, diferencia y/o castiga con el voto a los gobiernos. Y en esto se encuentra la mayor transformación en el proceso político de 30 años. Ya se mencionó cómo cayó el régimen del PRI y algunos indicios generales de lo que cambió. Los párrafos siguientes detallan el proceso político del cambio en un entorno formalmente democrático en el que hay competencia política, aunque se observa un campo político en el cual los gobernantes y clase política tienen prácticas con fulgores autoritarios.

En este contexto se desenvolvieron los gobiernos de Jalisco. En su desempeño gubernamental y en el contexto político y social, provocaron que en su actuar, el cambio político acontecido en la entidad fuera valorado entre desencantos. Para muchos estudiosos, los integrantes de la clase política y los partidos provocaron una desafección política (Cortés y Ortiz, 1997).

A la distancia, y a reserva de consultar el Anexo 2, se ha comentado que el gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez (1995-2001) ganó de manera imprevista, condicionado a que en Jalisco se diera una alternancia pragmática y no programática (^{Alonso, 1995}). Será recordado como un político carismático y bien intencionado. No obstante, se enfrentó con un exacerbado incremento de la inseguridad pública (el secuestro de connotados empresarios, por ejemplo). Pese a que en campaña se presentó con el slogan “Con honradez se hace más”, los escándalos de corrupción de funcionarios cercanos fueron duramente señalados. Ya en un entorno de gobierno dividido y con la idea de resolver el problema añejo de abastecimiento de agua potable en el AMG (una muestra de que fue una alternancia no programática), el Congreso de Jalisco le negó un crédito para el tratamiento de aguas residuales. En la opinión pública fue conocido como el “crédito japonés”.

Pese al entorno anterior, el gobierno de Alberto Cárdenas logró concretizar la reforma política de 1997. Este cambio en las reglas de juego en el régimen resultó sustantivo, porque fue consecuencia de una consulta en mesas de trabajo y foros con las diferentes fuerzas partidistas y de la sociedad. En la práctica, fue una segunda Constitución local. Algo que se debe tener en cuenta cuando se tenga que contrastar con el proyecto de “Refundación” de MC en 2019. Su gobierno será recordado por el programa de regionalización, que si bien no descentralizó los procesos económicos en el estado, la función pública piensa y actúa en estos esquemas espaciales. Finalmente, y en el contexto de un proceso de apertura económica, la generación de empleo y la atracción de inversión extranjera fueron cuantiosos en número.

El segundo gobierno panista estuvo encabezado por Francisco Javier Ramírez Acuña (2001-2007). Fue un estilo personal autoritario e ineficiente en muchos asuntos de política pública. Su gestión será recordada por el detrimento en los derechos humanos (los más evidentes fueron el “tlajomulcazo” y la represión contra la manifestación altermundista del 24 de mayo); si bien mantuvo la estabilidad y el orden social, se logró con el acuerdo de los grupos locales de poder. En temas de gran infraestructura en el estado, se le cuestionará porque su costo fue alto, de mala calidad o pésima gestión (el mejor ejemplo es la Presa de Arcediano). Asumió decisiones y acciones concentradoras en su persona además de territorializar la política social con fines electorales, así como su intromisión en organismos ciudadanos y autónomos, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Electoral de Jalisco, el Instituto de Transparencia. No obstante, como logros gubernamentales se le reconocerá, aunque con matices, el combate contra la delincuencia, el orden político y social imperante, así como una cuantiosa inversión en obra pública.

El tercer gobernador panista fue Emilio González (2007-2012), quien será recordado como un político populista e indiferente ante la crítica. De fuertes raíces católicas conservadoras, fue prolífico en declaraciones y acciones que atentaban contra el Estado laico. Con tintes populistas, hizo uso patrimonial de los recursos públicos y asistencialistas. Durante su administración hubo proyectos fallidos o con graves consecuencias para el erario, debido a la mala planeación o abierta corrupción: el mejor ejemplo es la Villa Panamericana; además, tuvo grandes escándalos y excesos. Su gestión fue considerada un desastre por los ciudadanos que al emitir su voto en la elección de julio de 2012 se decidieron por el PRI. El otrora partido hegemónico volvió al Poder Ejecutivo y terminaron 18 años de gobiernos del PAN en Jalisco.

El hartazgo hacia el panismo permitió el retorno del PRI al Poder Ejecutivo. El triunfo lo encabezó Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (2012-2018), quien se caracterizó por la vaguedad e indeterminación al llevar los asuntos del estado. En su gobierno hubo un aumento descontrolado y generalizado de la inseguridad. La desaparición de personas manifestó una grave crisis forense (el asunto de cadáveres en frigoríficos vagando por el área metropolitana fue un escándalo de dimensiones internacionales). Además, durante su gobierno se presentaron escándalos de corrupción o desfalco en el sistema de salud, educación y pensiones del Estado. En materia económica, su gobierno posicionó al estado como el principal productor agropecuario del país; atrajo el turismo y con ello una derrama económica significativa. Asimismo, proyectó a Jalisco como estado exportador de productos tecnológicos. No obstante, pesaron en el electorado los saldos negativos, y ante la constitución de MC como fuerza partidista emergente, el PRI perdió la elección de julio de 2018.

MC como fuerza política tiene su propia historia, que se remonta a la época cuando Enrique Alfaro Ramírez fue alcalde de Tlajomulco de Zúñiga y posteriormente presidente municipal de Guadalajara. Así, en la elección de 2018 Enrique Alfaro Ramírez obtuvo el triunfo como gobernador (2018-2022). De un estilo rudo e iracundo y con un año de gobierno tuvo una confrontación inicial con el presidente Andrés Manuel López Obrador que retrasó la agenda y proyectos prioritarios para el estado. Se confrontó y descalificó algunos medios de comunicación y a periodistas. Hubo un descontrol generalizado de la inseguridad por el crimen organizado. Incrementaron los feminicidios y desaparecidos.¹¹ Mostró una incapacidad para enfrentar el problema de salud en cuanto al dengue.¹² Se le cuestionó la lentitud para castigar la corrupción y desfalco al estado, así como el aumento de la deuda pública. ¹³

Además, el proyecto de “La Refundación de Jalisco”, que implicaba la creación de una nueva Constitución, no pegaba del todo en los diferentes grupos y la sociedad. Habrá que recordar el momento político e histórico que pudo condicionar algo así; y fue la elección de 1995 y la llegada del PAN. Aunque entre expertos se consideraba necesario un cambio constitucional de fondo, las condiciones políticas e históricas no eran las idóneas. El gobierno panista de 1995 fue resultado de una alternancia pragmática, y en respuesta a ese momento con la reforma política de 1997.

Más que indagar y adentrarse en las coyunturas, conviene advertir que en el proceso político local acontecido, la alternancia quedó limitada al fenómeno que en esencia es el electoral y un mecanismo de renovación y relevo en las estructuras de autoridad del régimen. No obstante, su importancia fue nodal, y en su momento fue la principal variable explicativa del cambio político y las consecuentes transformaciones políticas y administrativas en las entidades federativas del país. Pero a los pocos años de instauradas, se evidenció que la alternancia partidista no era sinónimo de institucionalización de mejores y buenas prácticas democráticas. Se descubrió que las alternancias ya no eran el vector central del proceso de cambio político. Había gobiernos electos democráticos con prácticas políticas autoritarias que se resisten a profundizar el cambio en diferentes instituciones que cuidan la forma, pero no el fondo: el “acátese, pero no se cumpla”.

El fenómeno de las alternancias se instauró en el régimen político de Jalisco para situarlo formalmente como democrático. Y aunque poco a poco crecía la desafección hacia la política partidaria, en la comunidad política que sostiene al régimen político de Jalisco no había un rechazo a la democracia como forma de gobierno. Existía una valoración positiva del régimen democrático en las ideas, valores y prácticas de los ciudadanos (véase ^{Cortés, 2019}).

Por ejemplo, en los procesos electorales de la entidad, la participación es cercana al 60%, además de que el electorado jalisciense, en particular el del AMG, ejerce un voto diferenciado, cruzado y/o de castigo. Esto permitió, por ejemplo, que, en 2012, y después de 18 años de gobiernos panistas, el PRI volviera a gobernar al estado. El triunfo cerró un ciclo de gobiernos panistas y abrió un momento de expectativas que rápido se cayeron. Se desperdició la oportunidad para desarrollar un buen gobierno y refrendar esta posición en la siguiente elección. Su pésimo desempeño gubernamental condicionó que Enrique Alfaro ganara la gubernatura en la elección de julio de 2018.¹⁴

Si bien en los jaliscienses, y más en los ciudadanos que habitan el AMG, hay un desinterés en la política como actividad y una desafección partidaria, esto contrasta con una importante participación electoral e interés en la política y los asuntos públicos en términos de interés público, lo cual no implica que en cada proceso electoral mayoritariamente acuda a emitir el sufragio. Por tanto, aunque el apoyo a la democracia en América Latina venga en picada, en el estado de Jalisco tiene un apoyo significativo a otro sistema de gobierno (véase ^{Cortés, 2019: 138-139}). Ya otros autores planteaban que los electores de Jalisco no tienen dueño, además de que el elector jalisciense promedio en el contexto de la transición era visto como conservador y cargado al espectro político de la derecha. No obstante, a inicios del siglo XXI, en el espectro ideológico, una buena parte de los jaliscienses se fueron recorriendo de la derecha al centro. En 2017, el 53.3% de la población se situaba en centro del espectro ideológico (^{Cortés, 2019: 132}).

Otro de los cambios en las ideas y valores de la comunidad política que sostiene al régimen político, y en la parte de los grupos intermedios, es que en Jalisco, y particularmente en el AMG, se ha instituido una arena política donde hay una constelación de instituciones, medios de comunicación y una comunidad política que castiga¹⁵; además de grupos y organizaciones sociales, económicas, civiles¹⁶ y colectivas que se movilizan e instituyen un espacio público vivo en constante debate acerca de los asuntos públicos. Estos son los cambios más significativos en la transición política local en el mediano plazo.

El saldo

De manera general, se puede decir que Jalisco ha transitado hacia una democracia que no termina por institucionalizarse como régimen democrático sólido en los cánones que indican los modelos teóricos. Se respetan las reglas formales de competencia, aunque esta disputa puede ser atroz. Y si bien en Jalisco no hay del todo un régimen híbrido, una autocracia electoral o un régimen autoritario competitivo, que son denominaciones sincrónicas, el cambio político, en tanto proceso, apunta hacia una democracia intermitente o en espiral. Aún impera la corrupción en el estado, que sucumbe ante la criminalidad; gobiernos que no resuelven los problemas del núcleo duro de Jalisco: la inseguridad pública, el abastecimiento de agua a la AMG, los problemas de movilidad y transporte público, así como la marginación y pobreza. Los cambios no están en las variables institucionales, sino al interior de ellas; y un complejo dinamismo que exige un análisis político más comprensivo.

Si bien se ha instituido un dinamismo y una competencia electoral muy intensa, que influye en un mejor desempeño gubernamental, conforma gobiernos yuxtapuestos y gobiernos divididos; los cambios significativos están en la comunidad política que sostiene al régimen político. Lo importante en este aspecto es que los electores valoran el desempeño gubernamental y para emitir su voto evalúan al gobierno municipal y estatal. De ahí el voto de castigo, cruzado y/o diferenciado. En esta parte del país no se da el voto corporativo, de modo que la clientela político-electoral es más de negociación e intercambio: del político que promete y ofrece a los ciudadanos; y éstos que evaluan los resultados.

El balance del proceso de cambio del régimen político tiene distintas aristas por profundizar, las cuales están en las reformas políticas-electorales, las alianzas entre distintos grupos y facciones políticas, el voto de la ciudadanía, así como el cambio en la cultura política. En el proceso de transición local existen avances y retrocesos. Si bien se tienen elecciones calificadas como democráticas, las cuales permiten la llegada de gobiernos legitimados en las urnas, se notan rasgos y prácticas políticas autoritarias, represivas y/o clientelares.

Existe una legitimidad de origen, pero no se refrenda en la eficacia. Esta circunstancia plantea la necesidad de que analíticamente se diferencie lo que es la democracia formal y electoral del ejercicio democrático del poder. De manera puntual se pasó de un sistema de partido hegemónico a un sistema de partidos multipartidista que apunta hacia una mayor fragmentación. Se puede cuestionar esta reflexión a partir del número efectivo de partidos parlamentarios, que arroja entre dos y tres partidos políticos; pero en la coyuntura (2018), la competencia electoral apunta hacia el multipartidismo y la reconfiguración del sistema de partidos. La ciencia política mexicana debe estar ahora más atenta al desempeño gubernamental y a partir de ahí explicar, analizar y comprender los resultados electorales.

El debate sobre las características de la democracia en Jalisco es un tanto estéril, debido a que el mayor cambio se ha dado en la cultura política de la comunidad que sostiene al régimen local. Como se ha dicho, los electores de Jalisco evalúan y castigan a los gobiernos en función de su desempeño y fragmentan el poder político, así como que partidos, grupos y facciones se alternen y ocupen distintos espacios del régimen político local. Esto es el mayor aprendizaje ciudadano en treinta años.

Finalmente, hay un espacio siempre refrescante de la discusión política y los asuntos públicos. En él participa una constelación compleja de actores, medios de comunicación y organizaciones cívicas, sociales y económicas, que resisten a los embates autoritarios de los actores políticos, además de que se cuestiona y vigila el actuar político-institucional.