Metodología

El surgimiento y desarrollo de la ciudadanía digital en el país no se ha producido en el vacío, sino que se explica a partir de la conjunción de diversos factores o dimensiones (económica, política, social, tecnológica, entre otras) relacionadas en un mismo entramado social. Así, este trabajo parte de identificar que, al contrario de la visión generalizada, en el sentido de que aquélla ha emergido a partir del auge de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la también llamada “nueva ciudadanía” constituye un fenómeno multidimensional. Para analizar tal problemática este trabajo se ha sustentado en el análisis histórico-estructural, estrategia metodológica ampliamente utilizada en las ciencias sociales e idónea para acometer el objeto de estudio. El propósito primordial de esta estrategia ha sido estudiar los procesos de cambio social en el marco del desarrollo capitalista.

De acuerdo con ^{Sánchez (2011)}, tal propuesta metodológica, adecuada para el estudio del tema, parte de considerar la realidad social como una totalidad relacional que opera y se desenvuelve, como ya se mencionó, desde diversas dimensiones, las cuales se desarrollan asimétricamente en el transcurrir del tiempo histórico. Se trata de procesos complejos que se constituyen en objetos de estudio multidimensionales, con facetas varias que es necesario comprender tanto en términos particulares como en el de sus interrelaciones, para realizar una reconstrucción articulada del fenómeno motivo de análisis.

Para analizar los fenómenos sociales dicha perspectiva metodológica se apoya de forma importante en la dialéctica, que entiende a la realidad como un proceso en continuo cambio y movimiento, donde cada plano está inmerso en una dinámica de transformación recíproca.

Es así como este trabajo ha buscado, a partir de una revisión general de las dimensiones mencionadas y desde su articulación, analizar los factores económicos, políticos, sociales, culturales y tecnológicos que explican la génesis y desenvolvimiento de la ciudadanía digital en el país.

México en el siglo XXI

Hacia el final de la segunda década del nuevo siglo, la situación de México es compleja y difícil, al punto de haber llevado al país al momento más arduo de su historia reciente. No existe cuestión nacional alguna donde no hayan situaciones críticas, que van desde el desempleo hasta las expresiones de violencia, la expansión del crimen organizado y la generalización del malestar social. Tal situación, como señala Cordera, se refleja en “dimensiones y magnitudes sin precedente en la realidad cotidiana del país” (2015: 16).

Como se sabe, las directrices económicas bajo las cuales se ha puesto a funcionar al país en las últimas décadas han sido las del modelo neoliberal. Instaurada hace más de treinta años, en medio de una creciente deuda externa, inflación y empobrecimiento social (problemas detonados por el agotamiento de los patrones de acumulación de la posguerra y las necesidades de restructuración capitalista), la política en esta materia fue orientada hacia los principios de un reordenamiento económico asociado a un proyecto político de gran magnitud, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como epicentro. A partir de ello, en la economía mexicana se pusieron en marcha, entre otras medidas, las políticas de liberalización, privatización y desregulación.

En cuanto al papel del Estado, para ^{Valenzuela (1991)} el ordenamiento instaurado pretendía conferirle un rol subsidiario, con reducción del gasto público de las empresas estatales y finanzas públicas equilibradas. Básicamente, se establecía la reducción del tamaño y la acción del Estado en la economía, para trasladar el énfasis al mercado, en especial el internacional.

Por supuesto, tales medidas alcanzaron a las industrias culturales del país, que hubieron de enfrentar grandes cambios; ello, aunque en un primer momento se tendió a fortalecer y ampliar la participación gubernamental en ese ámbito, aunque sin afectar a los medios electrónicos comerciales. Ese esquema, subraya ^{Valenzuela (1991)}, estaba asociado al plano de la recuperación económica y de restructuración global impulsado por los sectores dominantes norteamericanos, los cuales, más allá del discurso en favor de la libre competencia, estaban interesados en la regulación oligopólica.

En la dimensión política, ese imperativo de elevar la capacidad material de acumulación del sistema económico se correspondió con una tendencia hacia el autoritarismo que se reflejaba, entre otros acontecimientos significativos, en procesos para la elección presidencial en los que invariablemente los triunfadores fueron los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes además contaban con el apoyo de los legisladores de dicho partido en el Congreso.

Cabe resaltar que, como puntualiza ^{Sánchez (2005)}, tales sucesos se producían en el contexto de “una estructura de propiedad y control de los medios en México, en especial los electrónicos, altamente concentrados y centralizados, no muy propicia para la democracia participativa, informada, deliberativa, plural” (2005: 8), así como en medio de una relación de concesionarios de los medios-gobierno simbiótica e incluso de subordinación abierta de los primeros hacia el segundo.

A lo largo de los años siguientes, subraya el autor mencionado, se profundizó el modelo económico neoliberal en México; sin embargo, a la liberalización del mercado no le correspondió una liberalización política; es decir, no hubo interés suficiente para impulsar la democratización nacional. En esa tarea, el grupo en el poder fue apoyado por los medios electrónicos, agrupados de manera primordial en unos cuantos consorcios.

Eran los tiempos en los que en dichos espacios, prevalecía la versión oficial de los acontecimientos nacionales y la falta de perspectivas críticas sobre los mismos, sobre todo en la televisión. En el 2000, por primera vez en la historia moderna de México ascendió a la presidencia de la República un candidato proveniente de un partido político distinto del PRI. Aparecía así en escena un régimen político de alternancia, que suscitó esperanzas para la democratización nacional.

No fue así. Como subraya Lorenzo ^{Meyer (2005)}, Vicente Fox no sólo dio continuidad al modelo económico seguido hasta entonces, sino también a la falta de sanciones a la corrupción y a los crímenes políticos cometidos años atrás. La impunidad autoritaria había quedado intacta.

Por otro lado, el arribo del nuevo milenio había sorprendido al país (sumido aún en los impactos de las crisis de la década de los noventa) sin una política clara y acorde a las necesidades y condiciones nacionales para la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que vertiginosamente se posicionaban en un sitio relevante de la economía mundial.

Tal déficit ocurría en el contexto de la progresiva aplicación de las políticas para las telecomunicaciones y las TIC en el país (con la liberalización, la privatización y la desregulación como las emblemáticas). Instauradas a partir de la segunda mitad de los ochenta, con la propia implementación del esquema neoliberal, que conllevó a un repliegue del Estado como operador y directriz para el desenvolvimiento de ese sector, las nuevas políticas orientaron el funcionamiento de éste hacia las coordenadas de la libre competencia. Había quedado atrás la etapa del Estado Rector, que prevaleció durante aproximadamente cincuenta años y a lo largo del cual se generó un cuerpo regulatorio relacionado con las dependencias y empresas gubernamentales prestadoras de los servicios básicos en la materia.

En la primera década del nuevo milenio, bajo dichas políticas y en el contexto de la dominancia erigida en la segunda mitad del siglo XX de las empresas de TV en el escenario mediático nacional, se hizo visible el propósito de articular el sector de telecomunicaciones y TIC al esquema de acumulación vigente, en el marco de la etapa actual del largo proceso histórico del capitalismo, con el Estado como una figura de gestión funcional a ese propósito; incluso puede decirse que en ciertos momentos éste llegaría a simplificar su acción a la de administrador de los recursos objetivo de la acumulación de capital relacionados con el sector, entre otros, la rentabilización de los nuevos servicios convergentes, de particular interés para los consorcios mediáticos, así como de telecomunicaciones que operan en el país.

Convertido ese propósito en estratégico para las grandes empresas, a lo largo de los últimos veinte años ha sido patente el empeño de los actores empresariales de mayor envergadura por influir en las políticas del sector, y hasta intervenir en la construcción de las bases jurídicas necesarias para hacer efectivo el proceso de reproducción y acumulación económica del capital en los nacientes escenarios digitales (un caso fehaciente al respecto fue el del cuerpo legal conocido como la ley Televisa, promulgada en el 2006).

Fue así como, con todo y los frenos impuestos a ese propósito y los insuficientes acotamientos legales del nuevo marco legal del 2013 y 2014 (como parte de la llamada “Reforma de Telecomunicaciones”), la estructura de concentración precedente no sólo fue preservada, sino que fue transferida a las industrias mediáticas digitales emergentes.

En tanto, como señala ^{Bizberg (2007)}, con el arribo de la alternancia la sociedad civil encontró espacios que no existían en la época del PRI, en tanto el PAN y el PRD promovían una mayor participación de ésta, aunque sin contar con un aparato organizacional ni capacidad administrativa para su impulso. Por su parte, señala Bizberg, el gobierno de Vicente Fox pretendió mostrar que contaba con una política social e intentó legitimarse por medio de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), intentando crear en su seno un equilibrio entre organizaciones progresistas y conservadoras. Sin embargo tales hechos, precisa ^{Bizberg (2007: 796)} tuvieron un “impacto contradictorio sobre las organizaciones” en tanto sus actividades y propósitos fueron integrados al gobierno o la política y, aunque muchas de aquéllas “se mantuvieron autónomas frente al poder político y ejerciendo presión para lograr avances en la construcción de instituciones democráticas y espacios para la acción de la sociedad civil”, otras “se debilitaron como organizaciones civiles y se acentuaron sus divisiones”.

Atisbos y experiencias de la ciudadanía digital en México

Al cerrarse lo que Lorenzo ^{Meyer (2005)} llamó como el “primer sexenio de la democracia”, el viejo partido de Estado se mantuvo como la organización política dominante, ante el desánimo de amplios sectores de la sociedad mexicana, cuyo esfuerzo e impulso no fueron suficientes para modificar el “secular carácter autoritario de la estructura de poder”. Eran los momentos en los cuales emergía en el país una “auténtica”, aunque incipiente sociedad civil (^{Meyer, 2005: 14}).

En 2006, luego de una controvertida contienda electoral, México se vio sacudido por la crisis del 2008-2009, con epicentro en los Estados Unidos y que conllevó un proceso recesivo, el cual fue encaminado a los esfuerzos por restructurar el orden capitalista. El país atravesó esa etapa con grandes dificultades. En el diagnóstico de Rolando ^{Cordera (2015)}, ello ocurrió sin buscar un cambio que condujese a la economía a una posición menos vulnerable; por el contrario, se mantuvo el esquema y surgieron señales de mayor debilidad estructural. De hecho, a partir de entonces el crecimiento económico nacional sería inferior al de los años previos a esa gran recesión mundial.

El año 2009 fue el momento en el cual aparecieron en el panorama las primeras experiencias claras de ciudadanía digital de que se tiene registro en el país. Entre mayo y junio de ese año, con motivo de las elecciones intermedias que se avecinaban, sin representar a ningún partido político, varios ciudadanos comenzaron a discutir en Twitter el asunto de la anulación del voto como opción para los comicios (a través del hashtag #votonulo). En ese año también fue especialmente significativo, el movimiento #Internetnecesario, que articuló a organizaciones civiles y usuarios para demandar que no se aplicara un impuesto de 3 % a los servicios de telecomunicaciones, en el que se incluía a la Internet.

De acuerdo con ^{Vega y Merino (2011)}, quienes documentaron desde una visión esperanzadora aquellas expresiones iniciales, aun cuando a partir de las mismas no puede atribuirse a la utilización de Twitter el surgimiento de “nuevas formas de participación política no tradicional en México”, sí puede afirmarse que su “uso estratégico se ha convertido en uno de sus mayores promotores” (^{Vega y Merino, 2011: 262}). Destacaron asimismo expresiones como #guarderiaABC, #ACTA y #matrimonioDF.

Si bien, de acuerdo con ^{Natal, Benítez y Ortiz (2014)}, algunas de esas primeras experiencias “no lograron convencer a una masa crítica suficiente”, el hecho es que revelaron a la sociedad mexicana el potencial de las plataformas digitales para difundir información, visibilizar sus demandas, construir opinión pública y facilitar la organización y movilización ciudadanas (2014: 28). Como se hace ver en la parte final de este trabajo, tiempo después la sociedad mexicana daría pasos adelante en ese sentido.

En efecto, en el ambiente de la elección presidencial de 2012, como documenta ^{Cordera (2015)} el debate entre los candidatos apuntó a la activación de medidas para el fortalecimiento de las capacidades productivas a partir de la inversión, la reforma del presupuesto público y el impulso de los ordenamientos productivos nacionales, con el fin de estimular la formación de capital y el aumento de las exportaciones, así como sobre la necesidad de poner en marcha un gran rescate social para enfrentar la desigualdad y la pobreza, mejorar los servicios sociales y en general, para impulsar el dinamismo del mercado interno.

Desde la perspectiva de este trabajo, fue en el contexto de esos momentos iniciales de lo que Meyer denominara “la construcción y consolidación de un nuevo sistema democrático” (^{2005: 8}), etapa de la que formaba parte la contienda electoral ya mencionada, en donde se ubican los primeros indicios del surgimiento de la ciudadanía digital en México.

Ciertamente, en plena campaña electoral, las desafiantes declaraciones del candidato del PRI a la presidencia, Enrique Peña Nieto, detonaron la aparición del movimiento #YoSoy132, organizado desde las redes sociodigitales, con Twitter como principal herramienta. Entre sus reclamos se encontraba la demanda de mayor pluralidad y diversidad en el sector de medios y telecomunicaciones, por lo que el movimiento recibió apoyo creciente por parte de sectores de la sociedad mexicana inconformes con el camino que estaba tomando la contienda electoral, que culminó con el retorno del PRI a la presidencia de la República. Esa etapa fue el momento político en el cual las plataformas digitales se estrenaron como espacio, ya fuese meramente propagandístico o para el intercambio de opiniones en la red, en ocasiones fundamentadas y en otras, estridentes.

Surgido en YouTube en mayo del 2012, el movimiento #YoSoy132, como puntualiza ^{Meneses (2015)} se extendió a Facebook y Twitter e irrumpió no sólo en la agenda informativa, sino también “[…] en la cobertura de la televisora más importante del país y en la confección de la agenda de los partidos, sino que probablemente -pues resulta difícil probarlo- influyó en la intención del voto, aunque sin lograr modificar los resultados finales” (^{2015: 40}).

En ese episodio, el sector de jóvenes participantes (urbanos, con formación universitaria y con preferencia de las redes sociales sobre los medios tradicionales), de acuerdo con la autora mencionada, “en una clara reivindicación de identidad”, con sus propios medios, necesidades y competencias digitales “desafiaron a la autoridad y al discurso dominante de los medios tradicionales” (^{Meneses, 2015: 60}). El hashtag en Twitter #YoSoy132 se constituyó en su referente de pertenencia, así como en punto de interacción entre los entornos offline y online.

Entre los avances más significativos de ese movimiento social se registró del primer debate político en México organizado por ciudadanos. Con un formato distinto al de los dos encuentros organizados por el Instituto Federal Electoral (ife), dicho evento político fue transmitido por YouTube y retransmitido por emisoras gubernamentales y universitarias el 19 de junio de 2012.

En los inicios del gobierno 2012-2018 el panorama era conflictivo, tanto en el ámbito interno como externo. En el marco de la restructuración capitalista global, el gobierno entrante refrendó el compromiso para sostener en México el modelo económico neoliberal. Si en el plano económico el deterioro era evidente, en lo político la situación tampoco era favorable, en tanto el regreso del PRI al poder, como ya se mencionó, era impugnado por considerables sectores de la ciudadanía.

Desde los primeros días en la presidencia, Enrique Peña Nieto anunció que enviaría al Congreso una serie de iniciativas cuyo objetivo era el de llevar al país a un mayor crecimiento económico y con equidad social. En el 2013 ese discurso fue el motor de once iniciativas, traducidas en el mismo número de reformas estructurales, presentadas como impulsoras de una nueva etapa de desarrollo para el país. Algunas de esas reformas fueron especialmente controvertidas. Fueron los casos, por ejemplo, de la energética, la educativa y la del sector de telecomunicaciones.

A pesar de ello, las promesas de las reformas estructurales y el hecho de que en algunas de éstas se incorporaron ciertos asuntos y propuestas que por largo tiempo fueron materia de demandas de las organizaciones de la sociedad civil, facilitó al gobierno conseguir un capital político suficiente para lograr el aval de los principales partidos para que suscribieran el Pacto por México, acuerdo mediante el cual aquellos aprobaron las modificaciones constitucionales involucradas por las reformas, al tiempo de 95 compromisos a cumplir “para avanzar en la gobernabilidad nacional” (^{Pacto por México, 2012}).

Después de la firma del pacto, el cual recibió amplio respaldo por los distintos partidos políticos, el poder ejecutivo envió al Congreso la Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Luego, con cambios que en varios casos fueron resultado de las presiones de los consorcios sobre el poder legislativo, la iniciativa fue aprobada por el Congreso sin fricciones. Entró en vigor el 11 de junio de 2013.

Entre los aspectos de dicha reforma son de destacar los relacionados con el reconocimiento y/o establecimiento de nuevos derechos ciudadanos (derechos digitales), entre los cuales resaltan los de libre acceso a la Internet y banda ancha; el derecho de integración a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y los que corresponden a las audiencias.

La reforma constitucional suscitó una amplia controversia. En tanto para algunos sectores respondía auténticamente a un proyecto y visión de Estado en el tema, para otros se dirigía más a garantizar y posibilitar el tránsito de los consorcios que dominaron la radio y la televisión durante el siglo XX hacia los nuevos espacios digitales, con una renovación del acuerdo de apoyo mutuo entre el sector más poderoso de la industria mediática del país y el grupo político en el poder.

Al año siguiente, el ejecutivo envió al Congreso la “ley secundaria” correspondiente, es decir la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), reglamentaria de la reforma constitucional. El proyecto para esa nueva ley fue recibido con desconcierto y preocupación, puesto que además se alejaba de varios de los principios fundamentales de aquélla, la reforma constitucional, era contradictoria con otros y hasta omisa con varios más. Incluso, se le consideró atentatoria de varios derechos sociales relacionados con las TIC.

Ante los retrocesos que con respecto a la Reforma Constitucional del 2013 significaba la LFTyR, sobre todo en cuanto a derechos sociales, desde la red surgió un movimiento opositor a dicha norma legal. En abril del 2014, de acuerdo con el registro del portal de noticias Sin embargo, un grupo de activistas digitales y organizaciones sociales nacionales y extranjeras solicitó al Congreso que dictaminase la iniciativa ciudadana denominada “Ley para Garantizar el Acceso Libre a la Internet” presentada al Congreso en el 2013 por la agrupación Contingente MX y que, en paralelo, desechase la reforma propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto el 23 de marzo de 2014, en tanto constituía “un atentado en contra de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la Internet” (^{Rosagel, 2014}).

El documento #DefenderInternet, entregado por los activistas y organizaciones, suscrito por organizaciones internacionales por la defensa de la libertad de expresión y la libertad de acceso a la Internet en México, establecía que la iniciativa presentada por el presidente “[…] busca menoscabar los cambios constitucionales aprobados en junio del 2013. Esos cambios constitucionales, basados en una participación social y política sin precedentes, garantizaban algunos derechos humanos como irrevocables […] entre ellos libertad de expresión, privacidad y acceso tanto a la información como a sus tecnologías” (^{Rosagel, 2014}).

La iniciativa incluía, entre otros aspectos, la supervisión de la neutralidad de la red, la intervención de comunicaciones privadas, la geolocalización y la retención de datos por parte de las empresas de telecomunicaciones.

#DefenderInternet señalaba también que “La iniciativa de Peña Nieto pone en riesgo todos esos derechos. Las reformas que propone no respetan el derecho de acceso a la información y al contrario atacan la libertad de expresión, la neutralidad de la red y el acceso a información plural y oportuna a través de la Internet” (^{Rosagel, 2014}) Se hacía ver, asimismo, que ese proyecto también autorizaba al Estado a censurar la Internet por medio de la restricción de acceso y publicación de contenidos, sin necesidad de una orden judicial. Fue así como expertos, organizaciones y activistas por los derechos digitales manifestaron que la iniciativa de LFTyR representaba un retroceso en la garantía de los derechos digitales. Con el hashtag #EPNvsInternet, que pronto se convirtió en trending topic (TT), hicieron extensiva su demanda de que las regulaciones respectivas fuesen modificadas.

Como anota ^{Gómez Durán (2017)}, fue en ese contexto donde surgió la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que se interesó en las implicaciones de la multicitada iniciativa para los usuarios de las telecomunicaciones, sobre todo en temas como la vigilancia en las comunicaciones (2017: 18). Si bien la acción colectiva emprendida logró la modificación de los artículos 145 y 146 de esa propuesta legislativa (relacionados con la neutralidad de la red), no fue muy lejos en temas como el de la vigilancia en tiempo real de las comunicaciones y la geolocalización. Incluso, en el litigio que con relación a lo anterior promovió R3D, y que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en mayo de 2016 dicha instancia validó que las empresas de telecomunicaciones puedan retener por un lapso de dos años un registro masivo de las comunicaciones y el historial de geolocalización de los dispositivos. No obstante, para el acceso a dicha información se tuvo que añadir el requisito de contar con una orden judicial, como exigían las organizaciones.

Aun cuando fue patente la influencia del poder mediático en su vinculación con los intereses gubernamentales, y a pesar de las irregularidades cometidas en detrimento del proceso legislativo y de los argumentos fundamentados de numerosos legisladores y las protestas ciudadanas, el dictamen correspondiente fue aprobado el 8 de julio de 2014.

Exponer un análisis más a detalle de las reformas mencionadas rebasa los límites de este espacio; sin embargo, puede decirse que, aun cuando se incorporaron en la letra algunas de las demandas de las osc del país o se modificaron algunas normas en respuesta a éstas, ambas reformas fueron ante todo un instrumento que, sin tocar las raíces ni impulsar verdaderamente un escenario más democrático para la comunicación nacional, tuvieron como fin el de actualizar a la luz de las coordenadas de la convergencia el andamiaje jurídico respectivo, para facilitar a los grandes consorcios de los medios electrónicos el paso a los escenarios digitales, y en paralelo con ello, apuntalar al sector de telecomunicaciones y TIC, de primera importancia para la economía.

Otro hito importante en el desarrollo de la ciudadanía digital en el país, y registrado en un ámbito muy diferente de aquel en donde se produjeron las experiencias antes señaladas, fue la expresión ciudadana surgida con motivo de los desastres causados por el sismo de septiembre de 2017 y que afectaron a un vasto número de habitantes, tanto en la capital del país como en muchas otras ciudades, entidades y regiones cercanas a ella.

En medio de una situación de emergencia que requería de apoyos múltiples, ya sea de ayuda a corto plazo para el rescate de personas atrapadas por los derrumbes, o bien para la aportación de víveres, medicinas y otros requerimientos básicos para la sobrevivencia de los damnificados, las redes fueron, para los grupos que contaban con el capital informacional suficiente para organizarse a través de las redes, un útil recurso de articulación de fuerzas.

Una investigación específica sobre el tema, elaborada por Eva ^{Salgado (2018)}, mostró cómo la población encontró en las redes sociodigitales una valiosa herramienta para la organización solidaria y espontánea, la creación de redes colaborativas (capaces de enfrentar la oleada de fake news) y la expresión de la identidad colectiva, además de hacer visible el latente malestar social frente a la injusticia y la corrupción.

El 19 de septiembre de 2017, luego de que desde al despuntar del día se había rememorado el evento telúrico de 1985 y promovido un ejercicio de simulacro mediante el hashtag #SimulacroCDMX, un fuerte sismo sobrevino pocas horas después. En su estudio, ^{Salgado (2018)} señala que si bien WhatsApp sería del principal medio de comunicación entre los capitalinos durante aproximadamente tres horas luego del evento telúrico, al paso de las horas y a partir de la necesidad de entrar en contacto con familiares y amigos, Twitter se convertiría en la red más importante, debido a que las comunicaciones interpersonales en círculos privados fueron desplazadas por las interacciones colectivas, que construyeron en la red numerosos hashtags o etiquetas que impulsaron una movilización social solidaria.

Convertida en útil herramienta para coordinar la ayuda espontánea, los hashtags funcionaron como espacios de información sobre las necesidades específicas del caso en diferentes zonas de la ciudad o incluso fuera de ella: #AquiSeNecesita o #AquiNecesitamos fueron la señal con la cual se procuraba distribuir de forma equitativa la ayuda solidaria. Ambos hashtags figuraron como Trending Topic (TT) por un largo lapso.

La investigación referida reporta asimismo que, “además de todas las experiencias que trajo consigo el uso de las redes también se hizo visible el riesgo de la desinformación, principalmente por medio de WhatsApp, y en menor medida, Facebook” (^{Salgado, 2018: 17}). Ello debido a que el clima de inquietud, aunado a los datos erróneos o desactualizados sobre las condiciones del momento contribuyeron a la proliferación de fake news. Frente a tales circunstancias, se puntualiza, “se registraron importantes iniciativas ciudadanas que, valiéndose de las propias redes que habían contribuido a la desinformación, pusieron en marcha estrategias para prevenirla” (Salgado, 2018: 17).

Destacó en este sentido la plataforma digital #Verificado19S, diseñada para confirmar y organizar la información sobre el desastre en tiempo real, por medio de mapas interactivos y una base de datos colaborativa que permitió corroborar los datos sobre aspectos específicos del colapso (edificios en riesgo o requerimientos de los centros de acopio). Los días inmediatos al sismo, #Verificado19S figuró como TT.

Otras estrategias significativas de redes colaborativas fueron #RevisaMiGrieta (creada para asistir a quienes estuviesen en riesgo por daños en viviendas o lugares de trabajo), así como las creadas para reanimar la solidaridad, identidad y ánimo social frente a las consecuencias del evento telúrico. Tales fueron los casos de #FuerzaMexico y #MexicoEstadePie, frecuentemente utilizadas para acompañar mensajes de organización en tareas de rescate y apoyo. Por último, es interesante señalar, que por haber sido impulsado por iniciativas individuales y colectivas, Salgado equipara en términos de trascendencia social el caso de #Verificado19S con el movimiento #YoSoy132, originado en el marco de las elecciones del 2012.

Luego de esos significativos momentos de aprendizaje de grupos de la sociedad mexicana en sus usos y apropiación de las redes para salir eficazmente al paso de emergencias y necesidades sociales, el proceso electoral del 2018 vendría a constituir otra oportunidad para la expansión de la ciudadanía digital en México.

Ello ocurrió en el contexto del cúmulo del descontento social de amplios sectores del electorado frente a la situación del país, en paralelo a la inclinación de otros hacia una perspectiva política antisistémica, en particular en cuanto a los candidatos a la presidencia de la República.

Vale destacar la cuantiosa participación de usuarios que como generadores de distintos tipos de mensajes (memes, videos, textos y materiales audiovisuales varios) y con considerable ejercicio de lo que ^{Morales y Loyola (2013)} ha denominado apropiación tecnomediática, respondieron con toda oportunidad, ya sea con humor o ironía los mensajes de la propaganda partidista o de los usuarios contrarios a sus respectivas ideas. El teléfono celular fue la herramienta que permitió a miles de ciudadanos expresarse y difundir sus puntos de vista a múltiples contactos, por propia iniciativa y a través de sus propios recursos. Fue así como, al edificar una plataforma horizontal de comunicación en la red, esos miles de cibernautas protagonizaron otro momento más de despliegue de la ciudadanía digital en el país. Mas ese episodio no terminaría con el 2 de julio de 2018, dado que a partir de entonces, con las medidas aplicadas por el nuevo gobierno, algunas de ellas polémicas para ciertos ámbitos sociales y políticos, se registraría una continuada secuencia de participación de los usuarios, con la discusión de temas y asuntos de interés público que han conducido a la creación de múltiples hashtags, trending topics y de una diversidad de contenidos con impacto en la opinión pública, e incluso en el quehacer periodístico.

Las modalidades de interacción y expresión generadas por la incipiente ciudadanía digital, enclavada en las comunidades virtuales, son múltiples e incesantes. Durante los últimos años y meses se ha registrado una larga secuencia, entre otras, de las prácticas arriba mencionadas (muchas de ellas relacionadas con temas políticos) que han alcanzado una significativa visibilidad y que sería extenso referir aquí. Baste con señalar que, aun cuando distan de constituir ejercicios al alcance de la mayoría de la población, representan un reflejo del vivo interés de una significativa porción de la ciudadanía por defender sus derechos y participar en la nueva esfera pública compuesta por la Internet. Puede considerarse que tales experiencias representan un ascenso en el desarrollo de la ciudadanía digital en el país.

La desigualdad, el gran escollo

Hacia el fin de la segunda década del siglo XXI, México se encontraba inmerso en un repertorio de nuevos y viejos problemas. Estancado en un crecimiento económico de un insuficiente 2 % anual, el desarrollo del país se mantenía como una asignatura pendiente, con una crisis transformada de pasajera a situación crónica.

A pesar de que desde hace muchos años atrás se alzaron voces de alerta sobre los riesgos y daños de la política económica aplicada, no fue sino hasta tiempos recientes cuando se extendió la preocupación social ante la falta de empleos, la caída del poder adquisitivo y el encarecimiento de bienes y servicios básicos, pasando por el aumento de las acciones del crimen organizado y la carencia de oportunidades para los jóvenes. Como lo han documentado varios análisis, especialmente ^{Cordera (2015)}, las condiciones económicas, políticas y sociales del país comenzaron a colocar a México en una ruta de precarización y estancamiento tan difícil como urgente de revertir.

Sin embargo, por su impacto en esa cadena de problemas acumulados que han afectado el desarrollo de la ciudadanía en México se destaca uno: la desigualdad. En un país donde las zonas donde sobresalen edificios inteligentes coexisten con la marginación de las áreas aledañas, unos cuantos datos extraídos de los estudios de Oxfam México (^{Esquivel, 2015}) son suficientes para ilustrar la magnitud de las inequidades que campean en el país: 53.3 millones de mexicanos viven en la pobreza, mientras 10 %, más rico, acapara 64.4 % de las riquezas nacionales en su conjunto (2015: 15). De acuerdo con la misma fuente, al tiempo que 23 millones no pueden adquirir la canasta básica, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se ha quintuplicado (2015: 16).

En efecto, como lo han mostrado los reportes de la organización antes citada, la desigualdad extrema y la concentración del poder económico y político en el país van de la mano. De hecho, México figura en el poco honroso grupo de naciones del mundo con los mayores niveles de inequidad.

De acuerdo con el más reciente estudio de Oxfam México (^{Vázquez, Dovalí y Jaramillo, 2018}), “el actual modelo económico de México beneficia de manera desproporcionada a las élites económicas”, cuyos ingresos crecen más rápido que el promedio del país (2018: 5). Se trata de una situación que, por un lado, se remite a rezagos históricos, y por otro a un proceso de apertura y modernización económica que sólo da cabida a unos pocos.

Asimismo, el análisis citado puntualiza que la ruta de enriquecimiento, iniciada en los años noventa, se ha dado bajo el cobijo del poder político: los cuatro hombres más ricos de México aumentaron su patrimonio en sectores con alta concentración de mercado, privatizados o fuertemente regulados por el Estado, por ejemplo, en telecomunicaciones, banca comercial o minería. La resultante apunta a que 1% más rico del país ha sido altamente beneficiado en los últimos 20 años (^{Vázquez, Dovalí y Jaramillo, 2018: 7}).

Desde la visión de este trabajo, sin duda el problema de dicha desigualdad extrema que vinculada a la pobreza conduce a la exclusión social, constituye del primero y gran obstáculo que enfrenta el desarrollo del país y, en consecuencia, el proceso de tránsito hacia la democracia, espacio idóneo para el surgimiento y consolidación de la ciudadanía digital. Ello, dado que, señala Oxfam México, tan pernicioso problema ciertamente ha frenado “el potencial del capital físico, social y humano de México”, al tiempo que ha expulsado a millones de ciudadanos de “la capacidad de participar en las decisiones que afectan sus vidas” (^{Esquivel, 2015}).

Tan grave es dicha cuestión que sin duda puede afirmarse que no habrá posibilidad auténtica de desarrollo para el país ni un horizonte promisorio para la ciudadanía digital sin que esa cuestión haya sido atendida de fondo.

Una ciudadanía en construcción

Otro de los grandes desafíos para el desarrollo de la ciudadanía digital en México es el que apunta al insuficiente interés y conocimiento de los mexicanos sobre sus propios derechos, entre otros factores relacionados con la llamada “calidad de la ciudadanía” y que afectan la consolidación de la democracia.

Sobre este asunto resultan ilustrativos algunos estudios realizados sobre el tema. Uno de los más recientes, elaborado conjuntamente por ^{INE y Colmex (2014)}, y que asume el concepto de ciudadanía integral como aquella que accede a sus derechos cívicos, sociales, económicos y culturales como un conjunto indivisible, se realizó con base en los seis ámbitos que a su consideración existen para el ejercicio de la ciudadanía en México: “el estado de derecho y acceso a la justicia; la vida política, la sociedad civil, la vida comunitaria, los valores y el acceso a bienes demandados por los ciudadanos” (^{INE y Colmex, 2014: 5}).

No es posible exponer aquí los interesantes hallazgos del estudio citado; basta con mencionar, por ejemplo, que el informe registró la falta de confianza de la población en el otro, así como en la autoridad (principalmente con las instituciones encargadas de la impartición de la justicia). Asimismo, la investigación identificó la resistencia a organizarse con otros en la búsqueda de incidir en las decisiones del ámbito público, como también el desencanto por los resultados conseguidos hasta ahora por la democracia en el país, en paralelo a una desvinculación social en entornos que vayan más allá de la familia o los vecinos (^{INE y Colmex, 2014: 8}).

Entre las conclusiones a las que arribó dicho informe (mismo que ha sido interpretado como una suerte de diagnóstico de la calidad de la democracia en México), varias apuntan a un proceso incipiente de ciudadanización y, por ende, de democratización en el país, en donde faltan las condiciones necesarias para la consolidación de la democracia.

Otros resultados significativos relacionados con la problemática son los arrojados por el estudio Ciudadanía en México. ¿Ciudadanía activa? (2016) y que resultan reveladores. En dicha investigación Somuano y Nieto señalan que tanto los análisis cuantitativos como el complemento cualitativo del mismo “[...] demuestran que la idea de ciudadanía en México no tiene que ver con el ejercicio de un derecho a participar y exigir resultados, sino con cumplir con la ley, votar y pagar impuestos” (2016: 71).

Asimismo, se puntualiza que en el caso mexicano, más que un ejercicio activo, ser ciudadano “parece vivirse […] como una actividad reactiva y coyuntural. Ser ciudadano no implica, así, una activación e involucramiento en la esfera pública. Más aún, la evidencia indica que para muchos mexicanos la ciudadanía se define en oposición a lo político. Lo político, por su parte, se percibe como lejano, corrupto y que merece poca confianza” (^{Somuano y Nieto, 2016: 71}). El estudio también hace énfasis en la “desvinculación” de los mexicanos, que “se refleja en la bajísima pertenencia a asociaciones y porque dos tercios de ellos no disponen de ninguna relación que constituya un contacto de intermediación para acceder a la justicia, al gobierno o a recursos políticos o comunitarios” (^{Somuano y Nieto, 2016: 72}).

Una de las conclusiones más significativas de dicho análisis hace ver que más bien los mexicanos son ciudadanos “generalmente pasivos y reactivos”, y que cuando participan, lo hacen preferentemente “por razones altruistas y de manera coyuntural o individual” (^{Somuano y Nieto, 2016: 74}).

Por otra parte, los hallazgos de otro análisis, realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2016, se corresponden con algunos de los resultados arriba mencionados: 56.1 % de los ciudadanos entrevistados dijo “conocer poco” sobre los contenidos de la Constitución de la República, y 52.7% incluso desconoció el año que fue aprobada (^{Fix-Fierro, Flores y Valadés, 2016: 2}). El estudio reveló que “la democracia mexicana está cimentada sobre una frágil cultura de la legalidad, fruto de la desconfianza ante las instituciones”. A ello, se puntualiza, se añaden factores como la desigualdad y la exclusión, “que amplían las diferencias entre los diversos sectores de la sociedad” (^{Fix-Fierro, Flores y Valadés, 2016: 4}).

Ese déficit de conocimiento de la población sobre las disposiciones a nivel general de la Constitución bien puede ser extensivo a los correspondientes “derechos digitales”, de particular importancia tratándose del desarrollo de la también llamada nueva ciudadanía.

Como documenta ^{Gómez Durán (2017)}, los movimientos que fueron pioneros en el tema en el país -#InternetNecesario y #Acta- surgieron por iniciativa de ciudadanos que formaban parte de la incipiente comunidad digital, en momentos en los cuales en México no había aún organizaciones civiles que abordaran el tema, respecto a otros países latinoamericanos donde ya existían desde los primeros años del siglo XXI. Sería tardíamente, señala Gómez Durán, cuando a partir de ciertas disposiciones de la “ley secundaria” de la reforma de telecomunicaciones que causaron inquietud (entre ellas, la relacionada con la “vigilancia” de los usuarios), como se detonó el interés por el asunto y se organizaron colectivos varios que generaron proyectos para el uso de herramientas de protección e incidencia en el entorno digital (2017: 18).

Sin embargo, a pesar del crecimiento registrado de organizaciones civiles interesadas en las problemáticas de los nuevos escenarios digitales, su influencia sobre el rumbo establecido para el tema no fue suficiente: a pesar de sus esfuerzos, las organizaciones no pudieron impedir la aprobación y puesta en marcha de varias normas de la nueva ley contrarias al interés público y al ejercicio de los derechos en el ciberespacio.

A pesar de ello, en el marco del nuevo campo de acción de la defensa de los derechos humanos en el entorno digital fueron surgiendo otras formas de organización y ciberactivismo innovadoras, en busca de visibilizar o fortalecer entre la ciudadanía el análisis de datos y la seguridad digital, entre varios temas. El análisis citado registra el surgimiento de algunas otras organizaciones más, dedicadas a trabajar en pos del acceso al conocimiento o la difusión del software libre, la autoformación y el acercamiento crítico a la tecnología y la “autodefensa digital”, con prácticas seguras para navegar en la red (^{Gómez Durán, 2017: 19}).

El mayor obstáculo en este proceso se localiza en que, si bien las nuevas normas emanadas de la Reforma de Telecomunicaciones suscitaron la creación de nuevos frentes y el surgimiento de actores y espacios para la defensa de los derechos humanos en los entornos digitales, esa inquietud no se ha propagado de manera patente en otros sectores de cibernautas, poco enterados de las problemáticas mencionadas o lejanos a las visiones críticas sobre sus propias prácticas, o incluso de los riesgos que implican.

En consecuencia, desde la perspectiva de este trabajo, uno de los mayores retos para el desarrollo de la ciudadanía digital en México es la necesaria construcción de una masa crítica entre los cibernautas sobre el conocimiento de las cuestiones que les involucran o afectan, entre cuyas resultantes habrá de figurar la necesidad de articularse y generar organizaciones que participen en la discusión sobre el tema, con impacto en la formulación de las políticas públicas sobre este tema que respondan al interés de esa comunidad emergente.

De la brecha a las brechas

Revertir la brecha digital se presenta hoy como otro de los grandes obstáculos para el desenvolvimiento de la nueva ciudadanía en México. Más allá de la numeralia periódicamente difundida por consultoras o consorcios de telecomunicaciones sobre el incremento de internautas en el país, y que hacen aparecer un panorama excesivamente optimista sobre el avance de ese proceso, el análisis más a fondo del problema revela no sólo la persistencia de la brecha digital en México, sino también el despliegue de facetas y expresiones de inequidad. Es posible apreciar lo anterior a partir de unos cuantos datos.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en Hogares 2018 (^{INEGI, 2019}), documenta entre sus estadísticas más recientes que en el país existe un total de 74.3 millones de internautas (equivalente a 65.8 % de la población) por lo cual resulta que casi 46 millones continúan sin acceso, uso y apropiación de la red (^{INEGI, 2019: 3}).

El sector con mayor proporción de usuarios de la Internet es el de 25 a 34 años, mientras que el de menor utilización es el de 55 años o más. Llama la atención que en el 2017 el grupo de edad con mayor número de internautas fue el de 18 a 34 años de edad.

Con todo y las favorables apreciaciones de consultoras y consorcios de telecomunicaciones, que enfatizan la notable expansión de la telefonía celular y el acceso a la red por este medio, el uso de la Internet en México continúa siendo un fenómeno urbano. Se observa que el crecimiento de internautas continúa aglutinándose en las grandes ciudades. La encuesta antes referida (^{INEGI, 2019}) también documenta con cifras las proporciones de esa brecha digital interna que se ha ahondado: mientras que en las poblaciones urbanas la penetración de la Internet se ha incrementado en 71.3 %, en las zonas rurales el crecimiento apenas alcanzó 40.6%. Se trata pues, de una cobertura desigual que no logró resolver el programa México Conectado, puesto en marcha por el gobierno 2012-2018.

Como reflejan ésas y muchas otras cifras, a pesar de que las reformas constitucionales del 2013 garantizan el acceso universal a la Internet, así como a la integración a la Sociedad de la Información y el Conocimiento mediante una política de inclusión digital universal, con metas anuales y sexenales, tales derechos no se encuentran al alcance de parte considerable de los ciudadanos, ya sea por la insuficiente conectividad disponible o debido a que vastos sectores sociales no cuentan con la capacidad financiera para cubrir los costos de la utilización de las redes, las destrezas digitales necesarias para el manejo de las tecnologías, la capacidad intelectual para el manejo de la información y la habilidad para aplicar lo anterior a situaciones sociales, es decir, con el capital informacional, concepto acuñado por ^{Hamelink (2000)} como insumo básico para participar en los espacios emergentes.

Los rezagos en este tema relacionados con las desigualdades estructurales son múltiples, dado que la brecha digital en el país aún se vincula con factores como el nivel socioeconómico (ingreso insuficiente para cubrir el costo de acceso), la educación, el género, la edad, la etnia e incluso los de tipo sociocultural.

Otra característica por considerar, de acuerdo con la encuesta citada (^{INEGI, 2019}), es que sólo 52.9 % del total de hogares del país dispone de la Internet. Ante la imposibilidad para acceder a la red desde sus viviendas, como señalan ^{Muñoz y Merino (2017)}, los mexicanos de menores ingresos están sustituyendo con mayor rapidez que otros sectores el paso de líneas telefónicas fijas a móviles. Este hecho explica en parte el relativo auge de la telefonía celular en el país (exhibido como indicador de desarrollo).

Una faceta más con influencia en la naturaleza de esa nueva inequidad la constituye la denominada por ^{Castaño (2008)} la segunda brecha digital, consistente en las diferencias entre los internautas con relación a sus usos de la tecnología y que se refleja con claridad en el capital informacional con el que cuenten los usuarios: mientras algunos de ellos reúnen condiciones que les permiten, por ejemplo, contar con un nivel alto de lo que ^{Morales y Loyola (2013)} denominan apropiación tecnomediática, otros apenas alcanzan habilidades digitales básicas que les limitan en sus posibilidades de participación o de aplicación de sus experiencias a prácticas sociales, mientras que por el contrario, algunos, además de tener dominio técnico y cognitivo, participan activamente en temas que les involucran utilizando las TIC como herramienta.

Así pues, el capital informacional, en sus diferentes niveles con el que cuenten los usuarios tiene impacto en el desarrollo de la ciudadanía digital en su conjunto.

La Estrategia Digital Nacional (EDN), propuesta por el gobierno 2012-2018 para enfrentar la brecha digital en el país, no parece haber modificado centralmente dicho problema. Más allá de que tal programa, al igual que las acciones gubernamentales predecesoras no arrancaron de un previo ejercicio valorativo de la situación en la materia, y con base en ello definir sus líneas de acción, hasta el momento dicha estrategia no ha generado o difundido datos suficientes que sugieran o reflejen su huella en la reducción de las diversas brechas en el ámbito digital existentes en el país.

Eso no es todo, la inclusión digital, el gran objetivo de las políticas en el tema, aparece en la EDN desdibujada, sólo considerada a nivel de los habilitadores, entendidos apenas como “las condiciones necesarias para alcanzar las metas de la estrategia”. Es necesario considerar que, desde la perspectiva de las TIC para el desarrollo, la inclusión digital se anota en una meta superior: la inclusión social. En un México como el de hoy -donde campean las desigualdades sociales- ese objetivo tendría que figurar como la piedra angular de la EDN.

Como se sabe, aun cuando en el país de la propia ciudadanía han surgido experiencias significativas de apropiación tecnomediática que les han permitido hacer uso de las TIC para satisfacer sus necesidades, mientras persistan las brechas en los entornos digitales se corre el riesgo de que las desigualdades antecedentes se profundicen. Por tales razones, el asunto representa un freno para la construcción y desarrollo de la ciudadanía digital en el país.

Las encrucijadas de la ciudadanía digital

En los tiempos que corren, el desarrollo de la ciudadanía y de la democracia -al igual que los fenómenos comunicacionales- no pueden pensarse al margen de los fenómenos de restructuración y transformación del orden capitalista, proceso que, advierte Francisco ^{Sierra (2013)} tiene impacto sobre las luchas de la ciudadanía frente a “las actuales asimetrías y desigualdades constituyentes del campo de la comunicación y la cultura” (^{Sierra, 2013: 17}).

Es en el cruce de las coordenadas económicas, sociales, políticas y culturales marcadas por ese gran proceso en donde una naciente ciudadanía digital ha hecho acto de presencia en México. Se trata de sectores de la sociedad que, a contracorriente de una serie de factores han venido dando pasos adelante en un terreno intrincado y de múltiples desafíos, algunos de ellos mencionados aquí. Ante tal panorama se plantea una pregunta esencial: más allá de los esfuerzos realizados por organizaciones y empeños individuales, ¿cómo avanzar en la larga ruta hacia la evolución y fortalecimiento de la ciudadanía digital en México?

Desde la perspectiva de este trabajo, toda respuesta a tal interrogante ha de apuntar a dos transformaciones centrales: la construcción de una auténtica democracia y de un modelo de desarrollo distinto al seguido hasta hoy que, como ya se dijo, ha sido generador de desigualdades.

Si en la coyuntura de la posibilidad de un cambio estructural para el país, surgida en julio de 2018, se lograse modificar la política económica implantada hace largos años, con una trayectoria que fuese logrando un descenso real de la pobreza, la inequidad social y la violencia; y si en paralelo a ello, como parte de esa transformación las instituciones clave para la democracia fuesen fortalecidas y se ganasen a pulso la credibilidad de la que hoy carecen ante la ciudadanía, podrá decirse que existe un horizonte promisorio para el auge de ese fenómeno emergente en el país.

De conseguir lo anterior y como parte de ese proceso sería alcanzable la cohesión social, y a partir de ello, un posible crecimiento de la participación ciudadana en los asuntos de la vida pública. Si se consiguiese que los mexicanos tomasen parte activa en la agenda política nacional, reforzasen sus organizaciones, ejerciesen sus derechos, en tanto se asuman como participantes activos en la vida nacional en el marco de un escenario democrático, sólo entonces efectivamente podrá hablarse de ciudadanía digital en el país. Está pendiente, pues, un proceso de construcción de esa nueva ciudadanía.

Los grandes retos que enfrenta México y las exigencias que conllevan para construir la ciudadanía digital en el país no concluyen ahí: si desde un proceso de cambio traducido en acción transformadora, con una visión de igualdad para el desarrollo de los ciudadanos, es decir, de inclusión social, se revisan a fondo y se replantean las estrategias digitales, se genera capital informacional y con ello, se potencia la apropiación tecnomediática, entonces se habrá dado un paso efectivo en la ardua tarea de impulsar la presencia en los escenarios actuales de ese ciudadano que exija sus derechos y cumple sus obligaciones utilizando las TIC como herramientas y, valiéndose de ellas, habrá de convertirse en protagonista de su tiempo.