La conjunción de género y nuevos desarrollos teóricos en las ciencias sociales constituye un eje de articulación central que ha posibilitado el abordaje de desafíos derivados de las transformaciones de la propia realidad y del andamiaje conceptual para aprehenderlas. Ciertamente, al igual que otras comunidades científicas, la magnitud de los cambios de la realidad contemporánea ha propiciado la toma de conciencia sobre la necesidad de revisar los conceptos, categorías y métodos empleados para su comprensión.

El prolífero desarrollo de los estudios sobre la mujer y el género se da a partir del cuestionamiento de todo esencialismo, principalmente el biológico, y la consecuente naturalización de lo femenino. Éste se ha visto acompañado por el cuestionamiento del esencialismo cognitivo y la naturalización de las fronteras disciplinarias, abonando a una creciente interdisciplinariedad. La perspectiva de género reveló cómo se construían culturalmente características específicas atribuibles a la masculinidad y a la feminidad en virtud de una supuesta correspondencia con sus rasgos biológicos, y así abonó a la perspectiva constructivista y crítica del conocimiento. Sus aportes inician formalmente a partir de la década de los 70 del siglo XX, con el cuestionamiento de la naturalidad/normalización de la desigualdad entre el hombre y la mujer, recuperando y proyectando los límites de la lógica binaria y oposicional.

Así, siguiendo a ^{Serret (2004)}, lo femenino es una de las formas que adopta la simbólica de la exclusión, recurso con el cual las culturas organizan las categorías que constituyen imaginariamente al sujeto y a la sociedad. La construcción de lo femenino puede ser vista como código simbólico que encarna todo aquello que significa Otredad, ya sea del sujeto individual o colectivo, de una cultura o de la sociedad. A la Otra subordinada se le atribuyen cualidades supuestamente inferiores, derivadas de una naturaleza distinta, de modo tal que sus características biológicas le impedirían desarrollarse de manera diversa y la conducirían a mantenerse en espacios limitados y desempeñando funciones predeterminadas e inamovibles. Se han realizado sugerentes estudios de la simbólica femenina que recuperan y replantean la condición misma de la mujer y su proyección a otros sujetos colectivos. De este modo, la identidad femenina es analizada ya no desde una supuesta manifestación de rasgos esenciales sino como constructo simbólico-imaginario que, a su vez, en una compleja interacción-mediación, constituye identitariamente a ciertos grupos a partir de su asociación con la simbólica de la feminidad (^{Serret, 2004}; ^{Bokser, 2010}).

Las teorías esencialistas insistían en las diferencias primigenias, y la mujer era vista desde la lógica acumulativa de binomios que deslindan, separan, marginan y excluyen: hombre-mujer; cultura-naturaleza; razón-pasión; público-privado. A través de la revisión de dicha categorización fue posible reflexionar sobre cómo se había normalizado y naturalizado, a lo largo de la historia, la desigualdad entre hombres y mujeres. Del cuestionamiento de la supuesta naturalidad originaria, el conocimiento transitó a nuevos horizontes conceptuales y temáticos, y procedió a analizar el modo como las organizaciones y las prácticas institucionalizan la diferencia en las sociedades hasta inscribirla como desigualdad.

^{Joan Scott (1986)} identifica dos coordenadas primordiales para la definición de género: su condición como un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos y como una forma primordial de significar las relaciones de poder. Estos dos ejes contribuyen a romper con la idea de que la representación genérica binaria es natural o fija. Así, sostiene que el análisis académico “debe incluir la noción de política y hacer referencia a las instituciones y organizaciones sociales” (^{Scott, 1986: 1068}), las cuales reproducen y se sostienen a partir de la diferenciación genérica.

Cabe destacar que lo que ha potenciado su análisis es la relación entre la lógica de la designación excluyente y la internalización de dicha exclusión, lo que arroja luz sobre la interacción entre los procesos de construcción de las identidades colectivas definidas desde el centro hegemónico y su apropiación desde la condición de marginalidad. Así, en esta dinámica centro-marginalidad, la mujer actuaría siguiendo la doble condición, impuesta a las minorías por la Modernidad y descrita por W. E. B. Du Bois, de siempre estar condenada a mirarse a sí misma a través de los ojos del Otro (^{Du Bois, 1993}). La alteridad, definida desde el centro, se construye como marginación; la definición excluyente se incorpora a la constitución de la autopercepción, de la autoimagen. La marginación de la mujer se ha dado, entonces, en un mundo sociocultural en el que lo masculino y lo femenino operan como principios ordenadores: el primero marca superioridad; el segundo, inferioridad; el primero es poblador legítimo de la esfera pública; el segundo, habitante de la vida doméstica, del ámbito privado.

Estas formulaciones y su potencial cognitivo atraviesan las ciencias sociales y las humanidades. A partir del estudio del carácter complejo de las transformaciones históricas de la mujer, de los cambios que se dan en los procesos de exclusión e inclusión, de segregación y de incorporación, se abona la revisión de la Modernidad con sus aciertos y limitaciones. Entre sus logros, figura el que se haya quebrantado la certeza sobre el carácter natural de la inferioridad a través de la cual se ha legitimado la subordinación, abriéndose así la posibilidad de cuestionar la desigualdad derivada de la diferencia. Los estudios de género arrojan luz sobre el hecho de que -si bien la lógica de funcionamiento de todo orden simbólico no sólo es binaria, clasificatoria, sino también necesariamente jerarquizadora y evaluativa- la Modernidad ha permitido relativizar la fuerza de las oposiciones subjetivas y cuestionar el que la única forma de interactuar con el Otro sea por medio de su anulación o sometimiento.

Sin embargo, simultáneamente, la Modernidad se construye a través del doble momento de lo público y lo privado, del ciudadano y del hombre, del Estado y de la sociedad y el concepto mismo de la diferencia/desigualdad se teje en esta separación; ésta queda reducida a la invisibilidad de lo privado; se engarza con todo aquello que desde lo público no tiene relevancia por no ser común-colectivo (igualado) sino particular y privado. La referencia a lo colectivo versus lo individual presenta lo público como la manifestación del interés o la utilidad común a todos, lo que atañe a la sociedad, a la comunidad, en oposición a lo privado, entendido como aquello que refiere a los intereses individuales. De allí que lo público se relacione con lo concerniente a todo un pueblo y, por tanto, la referencia a la autoridad colectiva (^{Rabotnikof, 2005}). Son estas dos tendencias paralelas las que permiten operar, a su vez, las nuevas formulaciones de la condición femenina, con sus alcances y con sus serias limitaciones.

Ciertamente, diversos son los procesos que tienen lugar y que han confluido en las transformaciones y permanencias que los estudios en el área han analizado en un largo proceso de “reelaboración de la alteridad”. Autoras como María Luisa Tarrés sugieren no desconocer el peso de las estructuras de dominación o de los procesos reproductivos en la vida de las mujeres:

[…] la idea es que esas estructuras, gracias al proceso de modernización que es heterogéneo, desigual y segregador se malogran, fallan, creando zonas de exclusión, necesidades y preguntas que, como lo afirma Fraser ni el orden económico, ni las instituciones públicas ni domésticas son capaces de satisfacer o responder. (^{Tarrés, 1992: 27})

En efecto, se han modificado los procesos de trabajo, los perfiles de ocupación, la composición del ingreso familiar y la calificación de la fuerza laboral; se ha reorganizado la vida individual, familiar y comunitaria. Los cambios que han experimentado la vida privada y la pública, las relaciones interpersonales y familiares, la sexualidad, las identidades, la vida comunitaria y la democrática, la participación ciudadana, la justicia y la política, repercuten en su condición de un modo radical y en todos los planos de la vida social. Sin embargo, desigualdades y procesos de exclusión persisten.

Desde una perspectiva que problematiza los nexos entre lo individual y lo colectivo, y la interacción entre identidades colectivas y procesos de individualización, se ha señalado de manera crítica que en los estudios de género:

[…] se hace a un lado el poder movilizador de la categoría ‘género’, pues sólo se estaría configurando a sujetos sin voz y sin agencia, meros productores de un guión cultural preexistente. Si la mirada, en cambio, no sólo considerara las implicaciones de ser y actuar como sujetos colectivos, sino involucrara también el poder implícito de su singularidad, sería posible socavar los elementos hegemónicos que contribuyen a la construcción de identidades semejantes […] Su íntimo vínculo con las prácticas culturales lo erigen en un tipo de representación y un orden del discurso susceptibles de ser leídos e interpretados tanto por el propio sujeto como por los demás miembros de su entorno. En sí mismo, alberga acuerdos, diferencias, negociaciones y todo tipo de interacciones, en el plano simbólico, en las que influyen las políticas de las identidades, de la misma manera que éstas son influidas por las configuraciones de género. (^{Castro, 2009: 113})

Esta postura recuerda a investigadoras como Judith Butler, cuando propone una salida a esa aparente falta de conciliación entre lo individual y lo colectivo, entre la subjetividad y lo social, al acuñar el concepto “perfomatividad de género”, a través del cual reconoce la capacidad del sujeto de intervenir en la estructuración de su subjetividad, resignificando las prácticas regulatorias que obran sobre la construcción de su identidad. Debido a las variadas y repetidas maneras como se interpretan los mandatos de género, éste ya no es algo dado o alcanzado y sí una categoría flexible, en donde se abre el espacio para las contradicciones, las afirmaciones, las novedades, los rechazos y los cambios tanto en la subjetividad como en las prácticas, los gestos y los comportamientos de los individuos.

Las transformaciones de las relaciones entre los géneros expresan y refuerzan cambios estructurales que producen una movilización de actores, relaciones y mecanismos que dan lugar a la construcción de nuevas representaciones simbólicas de la realidad, los sentidos, las pertenencias y las formas de interacción entre grupos, instituciones y personas (^{Loria, 2005}).

Como en todo proceso social de marginación y exclusión, las luchas mismas contra la discriminación forman parte y redefinen al propio proceso discriminatorio (^{Bokser, 2008}). Los estudios de género han marcado diferentes etapas conceptuales y prácticas. La teoría y la práctica se han encontrado y desencontrado, se nutren, pero también se atrapan y pueden acortar distancias entre el conocimiento y la acción, ambas tan necesarias. Ciertamente, las interacciones no cancelan ni reducen estos momento; tanto la solidez teórica como la práctica guardan su especificidad, a la vez que interactúan.

En efecto, los movimientos feministas no han surgido del análisis teórico sin más, sino que se han visto nutridos -como la mayoría de los movimientos sociales- de las prácticas cotidianas. El desarrollo teórico se construyó a la par de movilizaciones y del trabajo colectivo. Es necesario volver a referir que, a pesar de la larga tradición de activismo feminista, en realidad el género no se concibió como categoría de análisis académico hasta la segunda mitad del siglo XX. Esto dificultó la incorporación del concepto en cuerpos teóricos ya ampliamente establecidos en la sociología, la ciencia política y otras ciencias sociales.

Es debido a ello que pensar la historia del feminismo es una tarea que requiere miradas varias. Para las feministas anglosajonas, el feminismo comienza a partir del movimiento sufragista, que sería considerado la primera ola, con una segunda ola nacida de la “revolución sexual” en la década de los 60 (^{Seidman, 2019}). Esta concepción cronológica, sin embargo, ha recibido distintas críticas debido a su centralidad limitada al Reino Unido y Estados Unidos (^{Browne, 2014}). De acuerdo con otras teóricas europeas, el nacimiento del feminismo se sitúa durante la época de la Revolución francesa con figuras como Olympe de Gouges, ya que es en este proceso cuando comienza a reconocerse la invisibilización de las mujeres dentro del movimiento revolucionario y su exclusión de una supuesta igualdad y justicia para todos (^{Amorós y De Miguel, 2005}).

Siguiendo la concepción europea, la toma de conciencia y la organización de las mujeres creó la categoría de feminismo durante la denominada “primera ola”, y a partir de ello comenzaron las principales formulaciones teóricas que le darían forma al feminismo, que tuvo como objetivos principales el derecho a la educación, al trabajo, los derechos matrimoniales y hacia los hijos, y, ciertamente, al voto. Este último se vería alcanzado mediante el movimiento sufragista, que se consolidaría como la “segunda ola” en la cronología europea. En palabras de Amelia ^{Valcárcel (2001)}:

el sufragismo fue un movimiento de agitación internacional presente en todas las sociedades industriales, que tomó dos objetivos concretos -el derecho al voto y los derechos educativos- y consiguió ambos en un período de ochenta años, lo que supone ¡tres generaciones militantes empeñadas en el mismo proyecto! (^{Valcárcel, 2001: 17})

En esta visión retrospectiva, resulta necesario destacar el texto El segundo sexo, de ^{Simone de Beauvoir (1949)}, que se convertiría en una base teórica para los movimientos feministas de la “tercera ola”, dotándolos de un carácter interdisciplinar. Así, el análisis y los objetivos en esta etapa derivaron en el denominado “feminismo radical”, que no sólo busca la inclusión de manera igualitaria de las mujeres al espacio público, sino que analiza al mismo tiempo la importancia que tienen las relaciones de poder en el espacio privado como lo son el matrimonio, la familia y el cuerpo mismo de las mujeres. A esta ola se suman el feminismo de la diferencia, el institucional, el ciberfeminismo, el ecofeminismo y el feminismo negro (^{Amorós y De Miguel, 2005}).

Existen discrepancias en torno a la existencia de una cuarta ola; sin embargo, ^{Marlise Matos y Clarisse Paradis (2013)} argumentan que hay características propias de las sociedades actuales que dan cuenta de ella, entre las cuales destacan “su deuda con la necesidad de transversalización del conocimiento y la transversalidad de la demanda por los derechos (humanos) y justicia social pautada por las mujeres” (^{Matos y Pardis, 2013: 99}). Estas características incluyen la ampliación de los movimientos sociales a nivel mundial, la interseccionalidad y las colaboraciones integradas y construidas en conjunto por el Estado y la sociedad civil.

Derivado de ello, en los últimos años asistimos a una proliferación de manifestaciones y nuevas formas de organización popular. Dentro de lo que ^{Geoffrey Pleyers (2018)} llama “la década de los movimientos sociales”, el feminismo y las luchas de las mujeres han ocupado un papel preponderante, con una continua visibilización de las problemáticas de género que perduran en la realidad cotidiana. En el caso de México y América Latina, la movilización por los derechos reproductivos y el alto a la violencia ha tomado un papel preponderante, convocando a manifestaciones presenciales y digitales cada vez mayores a lo largo de los últimos años.

Uno de los grandes momentos de la década llegó a través de la movilización digital. El movimiento #MeToo inició en 2017 con la propuesta de la actriz estadounidense Alyssa Milano de que cada mujer que hubiera sido acosada o atacada sexualmente escribiera Me Too en sus redes sociales, con el objetivo de hacer pública la enorme magnitud del problema. En menos de 24 horas, se habían escrito y compartido 12 millones de publicaciones en Facebook usando dicha etiqueta (^{Boyle, 2019}). Esto llevó a una intensa difusión y visibilidad en los medios de la problemática, que comenzó a impulsa iniciativas locales a lo largo del mundo (por ejemplo, en el caso mexicano, las movilizaciones digitales de #MeTooAcadémicos o #MeTooEscritores).

El acceso ilimitado a la exposición mediática de los movimientos feministas, sin embargo, conlleva también riesgos que deben ser analizados. ^{Banet-Weiser (2018)} destaca la forma en que el trabajo feminista puede realizarse y difundirse a través de los medios de comunicación, pero también da un mayor énfasis en la visibilidad sobre la acción: el feminismo que se populariza y visibiliza usualmente es aquel feminismo que no cuestiona con profundidad las estructuras de inequidad existentes y no está centrado en la acción colectiva permanente, lo que en muchos casos dificulta y distorsiona la historia feminista basada en el activismo, la investigación y el debate.

Tomemos, nuevamente, el #MeToo como ejemplo. Poco es sabido, dada la gran difusión que tuvo la movilización iniciada por Milano, que exisitió antes de ésta otro movimiento Me Too, el cual fue fundado en 2006 por Tarana Burke, una activista afroamericana que pugnaba por incorporar demandas interseccionales en el movimiento feminista, utilizando dicha frase como una forma de solidaridad y apoyo con mujeres jóvenes de color que habían experimentado abuso sexual (^{Boyle, 2019}). No fue hasta que un gran número de feministas negras comenzaron a hacer eco del trabajo de Burke que Alyssa Milano dio difusión a éste. Sin embargo, los debates nunca se centraron en las demandas interseccionales por las que Burke abogaba.

Estas contradicciones y tensiones internas no son recientes. Muchas feministas radicales de la tercera ola, por ejemplo, tendían a ver a las mujeres como un grupo coherente y unificado por su experiencia compartida de opresión patriarcal. Tal como referimos en el debate teórico, esta visión fue duramente criticada en el trabajo de mujeres racializadas, lesbianas y aquéllas que vivían en países del llamado “Tercer Mundo”, argumentando que la priorización del género sobre otras identidades y formas de opresión sólo reproducía jerarquías de poder racistas, heterosexistas e imperialistas (^{Loomba y Sánchez, 2016}). Para la década de los noventa, los movimientos de mujeres se habían diversificado y separado de aquel movimiento inicialmente blanco, europeo y de clase media, para construir nuevas ramas que pudieran dar cuenta de las experiencias diversas de las mujeres alrededor del mundo. Estos debates continúan presentes dentro del feminismo -que, para ser más precisos, debería ser categorizado como los feminismos-: las nociones raza, clase, sexualidad y colonialismo, entre otros, siguen siendo primordiales para entender su cruce con el género y las luchas de las mujeres en espacios y contextos diferenciados (^{Hark y Villa, 2020}).

Las tensiones no se limitan, incluso, a los objetivos de la lucha feminista, sino también a la forma en que se realiza. Las protestas que se han desatado en diversos lugares de América Latina -incluido México- se han caracterizado no sólo por el número de participantes, sino también por la creciente radicalización y uso directo de la violencia como método de exigencia, que en muchos casos es reflejo de las deficiencias de los canales institucionales para poder resolver las demandas colectivas (^{Seferiades y Johnston, 2012}), y en otros, producto de la internalización misma de la violencia dominante como cultura política.

Estas luchas derivan de aquéllas que tuvieron su punto álgido en los años ochenta, insertas en el marco de los procesos de cambio de aquel entonces fueron determinantes: apertura, movilización ciudadana y redescubrimiento de la sociedad civil; procesos que interactuaron, a su vez, con las transformaciones que se estaban dando a nivel global. La especificidad de sus demandas y la capacidad de articularlas con el momento de cambio general abrió un mosaico de oportunidades; la problemática de la mujer devino parte de la agenda pública, de la agenda ciudadana.

De este modo, la perspectiva de género ha logrado incorporarse a través de instituciones, mecanismos y herramientas que inciden en las leyes, en las acciones públicas y en los bienes y servicios tendientes a desmontar y eliminar las inequidades. Se trata de la capacidad de trascender la esfera de lo privado como ámbito en el que se ventila y reproduce la desigualdad, y acceder al ámbito de lo público, de la política y de la sociedad civil, de las instituciones, de los espacios en los que se toman decisiones y descubrir así su impacto para modificar las condiciones existentes.

En general, los mecanismos e instancias que se crean dentro del aparato estatal buscan responder a diversas preocupaciones: la inclusión de la perspectiva de género en las políticas sociales (la equidad, al menos teóricamente), las consideraciones estratégicas que reconocen el papel que cumplen las mujeres como agentes intermedios entre el Estado-familia y los espacios locales, y la atención de las mujeres como grupo-objetivo de determinadas políticas sociales que las impactan de forma específica, tales como la salud y la violencia. Complejas dimensiones de políticas que fácilmente traslapan propósitos sociales integrales con medidas reproductoras de desigualdad.

La participación de las mujeres como ciudadanas y las políticas diseñadas ex profeso están transformando el ámbito público de manera importante, porque implica otra conceptualización de la sociedad como la existencia de múltiples sujetos comprometidos con la democracia -la inclusión de múltiples identidades, de la diversidad y la pluralidad como requisitos sine qua non para una real vida democrática (^{Bokser, 2009}).

La superposición de referentes e identidades interactúan en diversas dimensiones. Los procesos de globalización han generado nuevas identidades colectivas de diferente nivel de agregación y novedosa visibilidad y organización. Así, desde la perspectiva de género y cerrando un círculo de lo privado-público, repensar la identidad ciudadana podría significar la búsqueda de una síntesis entre el concepto de justicia (individual) y el de membresía (colectiva) que la teoría política desarrolló en los años setenta y ochenta, respectivamente. Pensar la problemática desde esta perspectiva analítica puede arrojar luz sobre otras realidades y dinámicas del hacerse de las identidades hoy. En otro sentido, la reflexión genérica sobre aquéllas puede orientar el conocimiento específico de género.

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Ante este amplio espectro de proyectos, procesos, luchas y teorizaciones que cruzan y definen aspectos centrales de nuestra vida contemporánea, consideramos fundamental contribuir a las discusiones contemporáneas a través del análisis crítico y la investigación académica. Por ello, la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales ha organizado para su número 240 un dossier titulado “Pensar mujer y género en el siglo XXI”.

Éste comienza con el análisis de los movimientos contemporáneos de mujeres en nuestro país como respuesta a los distintos tipos de violencia de género, dando cuenta de la forma en que estos se han transformado para reapropiarse del espacio público y visibilizar sus luchas. Paradigmático de ello son los movimientos feministas universitarios, que en los últimos años han cobrado protagonismo en la esfera pública mexicana. Lucía Álvarez Enríquez analiza el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante los años 2019-2020 en su artículo “El movimiento feminista en México en el siglo XXI: juventud, radicalidad y violencia”. En un convulso contexto social, en el que el número de feminicidios ha ido al alza, el alto a la violencia -en todas sus modalidades- ha sido una demanda central de las movilizaciones de mujeres en el país y que ha sido acompañada de una radicalización cada vez más evidente. La autora dilucida al respecto de las transformaciones y logros del movimiento feminista, haciendo énfasis en el caso de las mujeres de la UNAM, donde se observa un paso de la institucionalidad y la negociación dentro de marcos formales hacia la movilización, la irrupción violenta y la confrontación directa con los agentes institucionales dentro y fuera de la universidad.

Sin embargo, aunque el movimiento feminista universitario ha sido central, también existen colectivos de mujeres organizados fuera de este ámbito que han interpelado a las autoridades y a las instituciones sobre la violencia y la inseguridad de las que son objeto, tanto a través de manifestaciones presenciales directas como a través de redes y espacios virtuales. Éste es el enfoque que retoma el artículo “La protesta feminista en México. La misoginia en el discurso institucional y en las redes sociodigitales”, de Daniela Cerva Cerna. A través de catorce entrevistas a colectivas feministas en México y seguimiento etnográfico, mediático y en redes sociales de eventos coyunturales de protesta feminista en la Ciudad de México, se realiza un análisis de la cuarta ola del feminismo en México y un examen de las respuestas institucionales frente a las protestas feministas y cómo se han multiplicado las reacciones antifeministas frente a las denuncias virtuales de las mujeres en redes.

Es importante recalcar que nuestro país no es un caso aislado. A lo largo del planeta se han desarrollado movilizaciones de mujeres exigiendo una reconfiguración social que permita el ejercicio de sus derechos y la transformación de las estructuras actuales. Por ello, Márgara Millán realiza un acercamiento a la emergencia de estos movimientos en los últimos años en su artículo “Interseccionalidad, descolonización y la transcrítica antisistémica: sujeto político de los feminismos y “las mujeres que luchan””, en donde destaca la diversidad de los feminismos en su desarrollo como movimientos sociales, con sus instancias organizativas y acciones colectivas particulares. Así, acentúa la reconfiguración de prácticas de disidencia para incorporar una visión interseccional y dinámica, que responda a las necesidades de los movimientos de mujeres en su lucha por confrontar y derribar las desigualdades.

En este tenor, desde la sección Notas de Investigación, Sara Sefchovich nos aporta una reflexión producto de su sistemático y sostenido proceso de investigación, titulada “La violencia de género: propuesta para combatirla”. En ella se abordan las manifestaciones que se desarrollaron en México durante los últimos meses de 2019 y los primeros meses de 2020, caracterizadas por altos niveles de radicalización de las manifestantes. La autora identifica en estas manifestaciones patrones que evidencian la espiral de violencia nacional frente a la que no parece haber estrategias efectivas y concluye que, a pesar de los logros de las manifestaciones feministas, es necesario hacer énfasis en la responsabilidad ciudadana para la construcción de la no-violencia.

Las movilizaciones que se analizan en estos artículos han visibilizado problemas estructurales que se mantenían escondidos. Al mismo tiempo, han requerido de las instituciones -en todos los sectores- una respuesta que permita integrar la perspectiva de género en sus estructuras y erradicar la violencia hacia las mujeres. En primer lugar, éstas han tenido que identificar las dinámicas que obstaculizan o benefician la incorporación de políticas de género, para posteriormente implementar mecanismos que permitan eliminar los vacíos institucionales al respecto (^{Barreto y Flores, 2016}).

En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los movimientos de mujeres más fuertes se gestó en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), cristalizado en el movimiento de las Mujeres Organizadas de la FCPyS, quienes exigían respuesta a las necesidades de seguridad y a las denuncias de violencia de género que vivían en sus espacios de estudio. La respuesta de sus autoridades fue profundizar la vinculación entra las diversas instancias implicadas en la atención, el seguimiento y la sanción en torno a casos de violencia de género, tanto a través de la aplicación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género de la Universidad como mediante la creación de la Unidad de Género de la FCPyS. Al respecto, escribe Cecilia Paz Contreras Ramírez, titular de la misma, en su artículo “Transversalizando la perspectiva de género en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: el proyecto de la Unidad de Género, la erradicación de la violencia de género y la ruta hacia la igualdad sustantiva”, en donde analiza las diferentes dimensiones y retos, en todos los niveles, que implica la erradicación de la violencia de género.

Podemos ver, entonces, cómo los movimientos de mujeres comienzan a apropiarse y a transformar los espacios dentro de los que se desarrollan. El espacio, en tanto reproduce dinámicas sociales, se convierte en lugar de negociaciones dentro de la cotidianeidad. Como se mencionó antes, históricamente la presencia de las mujeres ha sido recluida a la vida privada, mientras que el género masculino ha dominado la vida pública. En respuesta a esto, dentro de las contribuciones teóricas más importantes que han tenido los feminismos se encuentra el cuestionamiento de la separación tajante de ambas esferas. La consigna de “lo personal es político” ha visibilizado las relaciones de poder que atraviesan todos los espacios sociales, con tensiones y ambivalencias que reflejan y perpetúan las divisiones por género. Derivado de estas reflexiones, Julia Isabel Flores Dávila analiza el uso de los espacios públicos en la experiencia cotidiana de las mujeres -es decir, las actividades que éstas realizan en dichos espacios- y cómo éstos reflejan las situaciones de inequidad construidas históricamente. En su artículo, “Mujeres y usos de los espacios públicos en México”, ahonda en la forma que hombres y mujeres experimentan la vida urbana de forma diferenciada, con desigualdades que se amplían y convierten a los espacios públicos en un lujo.

Estas formas diferenciadas no sólo refieren a los espacios físicos, sino también a la participación de las mujeres en ámbitos como la política y la ciencia. En este último caso, el campo académico se ha transformado poco a poco, a partir del incremento de las mujeres en diversas áreas de investigación. El artículo “La perspectiva de género en el estudio de la ciencia política mexicana (2010-2020)”, de Velia Carral Torres, Marianna Jaramillo Aranza y Karla Valverde Viesca, analiza la transformación que ha tenido la ciencia política en nuestro país a partir de los desarrollos feministas y los estudios de género. Para ello, se realiza un análisis de dos revistas especializadas en la disciplina de la UNAM: la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales y la revista Estudios Políticos; así como de los trabajos que durante este periodo se presentaron como forma de titulación, tanto de la licenciatura en Ciencia Política como de la Maestría y el Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales.

Sin embargo, las calles y la academia no son los únicos lugares que han atravesado procesos de transformación a partir de los movimientos feministas. Se ha buscado combatir también las desigualdades que se presentan en espacios de toma de decisión. Un ejemplo de ello son los intentos por hacer efectiva la paridad de género y las acciones afirmativas. No obstante, las dificultades para lograrlo son comunes en todas las áreas legislativas; incluso en entidades en donde las mujeres han sido electas con mayor frecuencia, las limitaciones institucionales, partidistas y actitudinales persisten. Así lo argumenta el artículo “¡Ellas tienen los escaños, ellos el poder! Representación legislativa de las mujeres en el estado de Morelos”, de Flavia Freidenberg y Karolina Gilas, en donde analizan la representación política en el congreso estatal de dicha entidad, el cual, por primera vez, se encuentra integrado en su mayoría por mujeres. A través del Índice de Fortaleza del Régimen Electoral de Género (IFREG) se comprueba que, a pesar de existir una mayor representación formal de mujeres, los niveles de representación sustantiva y simbólica no incrementan ni se ven reflejados en propuestas legislativas de corte feminista, lo que evidencia la falta de un enfoque integrador de género en los ámbitos y espacios de representación.

Incluso en entidades históricamente progresistas, como la capital del país, estas desigualdades se mantienen, como lo sostienen María Fernanda Rodríguez Calva y Sonia M. Frías en su artículo “Violencia contra las mujeres en política. El caso de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México”. En él se plantea que, a pesar de la implementación de acciones afirmativas y medidas de paridad, las mujeres que se desenvuelven en entornos políticos -espacios que tradicionalmente han sido concebidos como masculinos- sufren violencias específicas en el ejercicio de su cargo, ejercidas por actores diversos. El estudio se realizó a través de 19 entrevistas semi-estructuradas a 13 mujeres y 6 hombres que participaron en la Asamblea Constituyente, en donde se identificaron cuatro momentos principales en que las mujeres fueron víctimas de violencia: antes de ser candidatas, cuando fueron seleccionadas, a lo largo de la contienda y durante el ejercicio de su cargo. A partir de la experiencia de las legisladoras, las autoras proponen algunas recomendaciones de acciones públicas para erradicar dicha violencia.

Los artículos anteriores dan cuenta clara de las dificultades de posicionamiento de las mujeres en el ámbito público o en espacios históricamente dominados por los varones. No obstante, a pesar de que existen muchos factores que obstaculizan la participación política de las mujeres, han existido diversos casos en los que mujeres se han posicionado en lugares de liderazgo dentro de las estructuras políticas mexicanas. Tres ejemplos de ello son examinados por Erika Lourdes González Rosas y Vanessa Góngora Cervantes en su artículo “Competencias de liderazgo de mujeres dirigentes nacionales de partido en México: Amalia García, Cecilia Romero y Beatriz Mojica”, quienes analizan, según el modelo de Pablo Cardona, las capacidades de liderazgo de estas tres figuras políticas -las primeras dos dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la última del Partido Acción Nacional (PAN)-, haciendo énfasis en el enfoque multidisciplinario necesario para el estudio de las trayectorias de las mujeres en política y su impacto en la transformación de las estructuras de la política nacional.

En el caso del sector privado también existen diversos obstáculos que impiden el aumento del número de mujeres empresarias, relacionadas sobre todo con el llamado “techo de cristal”. Respecto a ello, Gina Zabludovsky Kuper presenta el artículo “Mujeres y empresas: tendencias estadísticas y debates conceptuales”, en donde se centra en la situación de las mujeres propietarias de empresas, haciendo una crítica a la noción de “empoderamiento”, la cual puede ser vaga y carecer de rigor analítico. El estudio evidencia una serie de dificultades y desigualdades, entre las que destacan que, a pesar de que el número de mujeres líderes de sus propias empresas ha aumentado, su presencia se ha confinado en su mayoría a ciertos rubros históricamente feminizados; del mismo modo, su desempeño requiere de una doble jornada, pues aún se encuentran, en su mayoría, encargadas de las responsabilidades del hogar.

Sin embargo, la violencia de género, como se ha mencionado, no es un fenómeno unidimensional, y es necesario mantener una visión interseccional que permita reconocer los factores que la profundizan. Las expresiones de violencia son diferenciadas, acentuadas por cuestiones de raza y clase, las cuales se constituyen ejes de exclusión y generan una invisibilidad ante los ojos del Estado que implica, entonces, el no reconocimiento de sus derechos (en todos los ámbitos). Éste es el centro de uno de los grandes debates dentro de los feminismos: el trabajo sexual. Mientras que para algunas corrientes es necesaria su regulación -que permita el acceso de las trabajadoras sexuales a garantías políticas, económicas y sociales-, para otras corrientes es necesaria la abolición de la práctica en tanto constituye al cuerpo como una mercancía y sostiene redes de trata. Para abonar a este debate, Marco Panchi presenta el artículo “‘Prostituta es quien no cobra’. El paso argumental de la prostitución al trabajo sexual”, en donde -a través de la elaboración y análisis de historias de vida de cinco trabajadoras sexuales que luchan por posicionar su actividad como un trabajo digno y públicamente reconocido- dilucida sobre las dinámicas contradictorias que implica el trabajo sexual y su regulación. Las entrevistadas son líderes de asociaciones de trabajadoras sexuales en Quito, Ecuador, cuyos testimonios muestran los impactos de la desigualdad y la violencia, así como las condiciones de agencialidad de quienes gestionan su supervivencia en este tipo de escenario.

Nuestro dossier concluye con otro estudio de caso que muestra la importancia de la visión interseccional. Menara Guizardi, Herminia Gonzálvez Torralbo y Eleonora López Contreras presentan el artículo “Dialécticas de la oportunidad. Estrategias femeninas de movilidad, cuidado y protección social entre Paraguay y Brasil”, en el que, a través de trabajo etnográfico o en labores domésticas en el área de la Triple Frontera, discuten las relaciones que existen entre sus responsabilidades de cuidado y sus posibilidades de acceder a servicios de protección social, así como los procesos de sobrecarga y sobreespecialización del perfil de estas mujeres. Mientras que la movilidad entre espacios nacionales distintos se desarrolla como una respuesta a la sobrecarga productiva y reproductiva en la que están inmersas, también se convierte en un elemento que reproduce, intensifica y redistribuye dichas vulnerabilidades económicas, sociales y culturales. Por lo tanto, esta ambivalencia reviste al espacio fronterizo con un carácter dialéctico que complejiza el estudio de la movilidad femenina.

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Este número de nuestra Revista inicia, como siempre, con artículos selectos sobre diversos temas de relevancia para las ciencias sociales.

Así, el primer artículo de esta sección parte del reconocimiento que ha mantenido el término de “resiliencia” durante los últimos años por parte del sistema internacional de instituciones, con el objetivo de profundizar en la conceptualización y estudio de la capacidad de respuesta y recuperación de las comunidades ante las crisis. En su trabajo, “Estructura social y resiliencia en instituciones mexicanas de investigación agropecuaria”, Juan Felipe Núñez Espinoza analiza la forma en que esta capacidad impacta en la construcción institucional y social de las comunidades científicas: desde el desarrollo y comportamiento de las estructuras académicas hasta las actividades y vinculaciones derivadas de éstas. A través del caso específico del Colegio de Posgraduados de la Universidad Autónoma de Chapingo, el autor utilizó el enfoque de redes sociales para realizar un análisis topológico de la colaboración académica, lo que llevó a revelar el hecho de que existen dos modelos de vinculación académica: uno formal y uno social, los cuales coexisten y se encuentran en permanente tensión. Ésta puede minar los esfuerzos de renovación e innovación dentro de la misma comunidad científica para responder a los retos para el desarrollo rural y agroalimentario en México.

Por su parte, Luis Arenas retoma el trabajo realizado por el economista y sociólogo estadounidense Thorstein Veblen, cuya obra gira en torno a las dinámicas subjetivas que trabajan a favor del capitalismo en su fase de consumo. En su artículo, “Para una crítica de las instituciones imbéciles. Economía política y antropología en Thorstein Veblen”, se adentra en el análisis teórico desarrollado por dicho autor alrededor del cambio en el modo de producción que daría forma a las sociedades “posmodernas”: desde un análisis de la clase ociosa y la publicidad hasta la centralidad del individualismo dentro de la lógica capitalista y el desarrollo de una economía de crédito. Haciendo énfasis en los señalamientos de Veblen sobre las paradojas y tensiones dentro del capitalismo, el autor retoma la importancia y actualidad que sus postulados tienen aún -o especialmente- ahora, para el análisis de las sociedades contemporáneas.

A su vez, Virginia Labiano incursiona en un análisis sobre la forma particular en que se regula la posesión de drogas ilegales en los Estados de Sudamérica, utilizando para ello una categorización desarrollada por Christoph Knill, Christian Adam y Steffen Hurka. El artículo “Estilos estatales de regulación de las drogas ilegales en Sudamérica” aborda la forma en que esta categorización fue desarrollada con el objetivo de analizar la regulación de “políticas morales” (es decir, temas en los que los valores tienen un papel central y se convierten en instrumento de poder político y social, ya sea de manera manifiesta o latente) en Europa. Con ello, propone medir tanto el grado en que las libertades individuales se condicionan y constriñen por las regulaciones estatales como en qué medida su incumplimiento es sancionado, resultando en cuatro estilos de regulación: autoritario, autoritario-benevolente, permisivo-punitivo y permisivo. Labiano realiza una sistematización de los Estados sudamericanos, concluyendo que existe una prevalencia del estilo permisivo-punitivo en la región, con penas desproporcionadas con relación al daño.

El último artículo de esta sección retoma uno de los temas primordiales tanto en materia de seguridad como de desarrollo en nuestro país: la lucha contra los grupos de narcotráfico que operan a lo largo del país, una lucha que ha cobrado miles de vidas y ha estado acompañada de niveles límite de violencia. A través de un caso de estudio específico (el municipio de Ayutla de los Libres, en la costa chica de Guerrero), Pierre Gaussens abona a la discusión sobre la imbricación de los grupos criminales con el poder político. Su artículo, “La organización del crimen: delincuentes y caciques en tiempos de ‘guerra al narco’”, hace un análisis de la actuación de un grupo delictivo específico que operó en Ayutla de 2008-2013 y cómo se ha desarrollado un nuevo orden social constituido principalmente por caciquismos a nivel municipal, cuyo poder se ejerce principalmente mediante el crimen relacionado con el narcotráfico. Esto implica una reconfiguración del sistema político mexicano, la cual debe leerse en términos históricos.

En la última parte de nuestro número 240 se incorporan dos reseñas que resultan importantes para la configuración general de este número, ya que ambas reflexionan acerca del tema de género: “Más allá de las reformas inclusivas. Los obstáculos (formales e informales) a la igualdad de género en América Latina”, escrita por Cristhian José Uribe Mendoza sobre el libro editado por Flavia Freidenberg, Mariana Caminotti, Betilde Muñoz-Pogossian y Tomáš Došek (2018); y “Migración con ojos de mujer. Una mirada interseccional”, presentada por María Elena Makuc Urbina, respecto al libro compilado por Herminia Gonzálvez Torralbo, Dhayana Fernández-Matos y María González-Martínez (2019).