Editorial

 

Renovar las políticas de acceso a la educación superior

 

Imanol Ordorika

 

Director de la Revista de la Educación Superior.

 

Uno de los temas más recurrentes en el debate público sobre la educación superior en México es el de la atención a la demanda estudiantil. Los procesos diferenciados de acceso a las distintas instituciones universitarias o tecnológicas se inician habitualmente en febrero y concluyen en agosto de cada año, con el inicio del año lectivo. Cada año llama la atención el número creciente de los aspirantes a ingresar a las universidades públicas más demandadas y reconocidas, de carácter federal o estatal.

El agregado de datos reportados por cada una de las instituciones públicas de educación superior —sobre lugares ofertados, solicitudes de primer ingreso, primer ingreso total y matrícula total— muestra un aparente equilibrio entre la demanda de acceso y la oferta pública (universitaria, politécnica y tecnológica, escolarizada y no escolarizada) para el ciclo 2011-2012.¹

Sin embargo, la concentración de la demanda en las universidades federales como la UNAM, la UAM y el IPN, así como las expresiones y manifestaciones públicas de descontento de los aspirantes que no logran ingresar a estas instituciones, hacen evidente la existencia de desequilibrios e incompatibilidad entre las opciones disponibles y las expectativas educativas de amplios segmentos de estudiantes.

El desequilibrio y las tensiones entre oferta pública y demanda de educación superior tienen lugar en el contexto definido por políticas públicas de larga data. La primera subsecretaría responsable de la educación superior se creó en 1978, sin embargo, dado el impacto de las crisis económicas, las primeras políticas públicas para el desarrollo del sector no se empezaron a discutir y a establecer hasta fines de los años ochenta.

En concordancia con los lineamientos promovidos por el Banco Mundial, publicados en el documento La enseñanza superior: las lecciones derivadas de la experiencia (primera edición en inglés, 1994),² desde la última década del siglo XX el gobierno federal buscó que la expansión de la oferta educativa se desarrollara en dos direcciones bien delimitadas. Por un lado, en un contexto de restricción al gasto público general y con base en nociones de que los réditos de la educación superior en el mercado laboral eran mucho más elevados que los de otros niveles educativos, se promovió el crecimiento de la oferta de la educación superior privada, a partir de la desregulación del sector y de la contención de la oferta pública de educación universitaria. Por otro, la iniciativa pública y la inversión correspondiente se limitaron casi exclusivamente a la creación de instituciones con orientaciones tecnológica y vocacional (universidades politécnicas y tecnológicas, así como institutos tecnológicos), con la pretensión de responder a necesidades del mercado laboral.

Con la puesta en práctica de estas políticas se ha generado una configuración institucional que muestra la siguiente distribución:

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Entre 1990 y 2006, el componente privado de la matrícula estudiantil de educación superior en México creció de 18 a 32% aproximadamente. La educación superior tecnológica también se expandió de manera notable a partir del año 2000. En 2012 la matrícula estudiantil, por tipo de institución, se distribuyó aproximadamente en 45% en universidades públicas (incluye a las federales, estatales y de apoyo solidario), 33% en universidades privadas, y 22% en universidades politécnicas y tecnológicas, institutos tecnológicos y universidades interculturales.

La correspondencia entre la distribución de la matrícula y las expectativas de los aspirantes a la educación superior no parece ser coherente. La concentración de la demanda de ingreso en las universidades públicas del país es una muestra clara de que los egresados del bachillerato prefieren este tipo de formación superior.

Esta condición plantea retos fundamentales para la reflexión académica, así como para el diseño y la operación de nuevas políticas de desarrollo de la educación superior en nuestro país. Entre estos retos destaca la necesidad de abordar la construcción de sistemas de información más sólidos que permitan conocer con precisión, en cada caso, cuántos estudiantes se quedan fuera de las opciones elegidas y de las tendencias de comportamiento de la demanda, por instituciones y carreras.

Hoy se vuelve imprescindible dar prioridad a una agenda amplia de estudios e investigaciones sobre el papel de la educación superior como motor de movilidad o reductor de las desigualdades sociales en nuestro país. En particular, es necesario analizar las perspectivas de futuro de los egresados universitarios, tomando en cuenta la interacción con el mercado laboral, pero sin limitarse exclusivamente a ella.

Finalmente, en un escenario tan competido para el ingreso a las opciones más demandadas, se vuelve imprescindible estudiar los procesos de selección que se siguen en la actualidad para reconocer sus problemas y plantear alternativas socialmente más justas y equitativas.

En suma, se trata de dar profundidad al debate a partir del análisis y la reflexión, evitar las descalificaciones superficiales y abrir paso a oportunidades reales para sectores cada vez más amplios de la población en edad de acceder a la educación superior.

 

Notas

¹ Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Anuario Estadístico de Educación Superior, Población escolar en la educación superior: licenciatura universitaria y tecnológica, ciclo 2011-2012. Recuperado de: http://www.anuies.mx/content.php?varSectionID=166.         [ Links ]

² World Bank (2004), Higher education: The Lessons from Experience, 1st edition, Washington, DC. Recuperado de: http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079956815/HigherEd_lessons_En.pdf.         [ Links ]