Introducción1
La localidad de Cherán, municipio indígena purépecha enclavado en el corazón de la Meseta Purépecha, en el occidente de México, obtuvo notoriedad nacional e internacional a partir del 2011, año recordado por el “levantamiento” con el que la población enfrentó los excesos de la violencia criminal que asolaba la región. Ese evento detonó distintos procesos en la localidad, entre ellos, la transformación del sistema electoral y de gobierno desde el sistema de partidos a la modalidad conocida como “usos y costumbres”; la revaloración de los recursos naturales; y la instauración de la seguridad comunitaria.
En este texto describo los principales aspectos del conflicto que afecta a la sociedad cheranense, que se ubican en el plano de la larga duración y perduran hasta la fecha, así como las distintas violencias (criminal, agraria y política) en las que desembocaron tales conflictos. Basándome en los modelos propuestos por Joan Galtung (2003) y Juan Pablo Lederach (2009), analizo el epicentro y el conflicto de fondo que afectan a la sociedad de Cherán, identificando tres dimensiones -cultural, estructural y directa- de la violencia que conforman lo que he llamado un “conflicto de identificación colectiva”.
La excepcionalidad de los logros de Cherán en el campo de la seguridad, la participación y la transformación del conflicto resaltan en el contexto nacional de México que, desde 2006, vive una situación de violencia generalizada y sin precedentes, cuando el gobierno encabezado por Felipe Calderón declaró la “guerra” a la criminalidad organizada. Se trata de un conflicto por el control del territorio, de los recursos y de los sectores legales e ilegales de la economía, cuyos principales actores son las estructuras políticas y los cuerpos de seguridad del Estado, los cárteles criminales y las empresas extractivas.
Las respuestas de la sociedad mexicana a dicha realidad son heterogéneas e incluyen tanto a las organizaciones de víctimas que buscan a los familiares desaparecidos en las fosas comunes clandestinas como a los grupos de autodefensa financiados por los empresarios; tanto los flujos de desplazados como las experiencias de autoorganización popular que resisten a la violencia y crean alternativas sociales desde su propia cultura y contexto (Gasparello 2016): en este contexto está Cherán.
San Francisco Cherán es una localidad de 14,245 habitantes (INEGI 2010) ubicada en el corazón de la Meseta Purépecha, zona montañosa en origen cubierta por extensos bosques de coníferas, y habitada mayormente por indígenas del pueblo purépecha.
La Meseta Purépecha se encuentra en una región marcada por importantes intereses económicos. El abandono del campo a causa de la emigración ha favorecido el acaparamiento de tierras por parte de empresarios dedicados a la producción de aguacate, el “oro verde”, ideal en el clima frío y seco de la Meseta. La deforestación está ligada a este cultivo, que en la Meseta pasó de 13,000 ha en 1973 a 153,000 ha en 2011 (Greenpeace s/f; García 2016). Por su elevado valor en los mercados internacionales, las redes de producción y comercialización del aguacate son parte de la economía criminal, que exige cuotas a los campesinos por cada hectárea cultivada, planta sembrada y kilo vendido (Padgett 2016). También los jornaleros empleados en la cosecha son involucrados en el mecanismo de la acumulación criminal y violenta, pues, “están cobrándole a los que iban a pizcar el aguacate […] entonces ya no son trabajadores libres, tienen que estar pagando su cuota para tener un trabajito” (Joaquín, comunero, en Carrasco 2015, 84).
La Meseta colinda con el Bajío zamorano, donde florece la producción agroindustrial de las berries para exportación (actividad que se ha extendido rápidamente a la región purépecha de la Cañada de los Once Pueblos, y que conlleva explotación laboral de los indígenas empleados y grandes flujos de capital trasnacional). Otra producción agroindustrial, la del limón en Tierra Caliente, está ligada desde su origen a la explotación de la madera de la Meseta, usada para fabricar las cajas de embalaje (al igual que para el aguacate). Ambas regiones han registrado una fuerte presencia de los grupos criminales, dedicados a la extorsión de empresarios y terratenientes.
Al sur de la Tierra Caliente se encuentra el puerto comercial de Lázaro Cárdenas, uno de los más importantes del país y principal destino de los cargamentos de precursores de metanfetamina que, provenientes principalmente de China, son transformados en los narcolaboratorios ocultos en las serranías michoacanas y, ya en forma de crystal o meth, son el más lucrativo producto de exportación Made in Mexico hacia los Estados Unidos. Los poderosos cárteles, que se desarrollaron en Michoacán en las primeras décadas del siglo XXI (La Familia y Los Caballeros Templarios), incrementaron la producción e hicieron del tráfico de las drogas químicas la principal actividad de su imperio. La desintegración de dichos grupos en varios cárteles menores no ha implicado la disminución del tráfico, que sigue en aumento bajo el control del Cártel de Jalisco Nueva Generación (UnoTv 2017; Velázquez 2015).
El abigarrado entramado de actividades económicas propiamente ilícitas (narcotráfico y tala ilegal de madera), o bien lícitas, pero impulsadas con métodos ilegales (despojo territorial para la agroindustria) y violatorias de los derechos humanos (explotación laboral), que son posibles por la capilar corrupción del sistema político, expresan claramente el vínculo entre el “capitalismo criminal” (en la definición de Estrada y Rubio 2008) y la violencia que, a la vez, permite la acumulación capitalista y es generada por ésta.
La comprensión de la realidad social en Cherán sólo es posible analizando el conflicto de manera multidimensional, pues, las distintas violencias y sus manifestaciones están estrechamente imbricadas entre sí; asimismo, las respuestas comunitarias tienen una relación de causalidad que imposibilita el análisis aislado de un solo aspecto del proceso de formación de paz.
Aspectos del conflicto en Cherán y manifestaciones de la violencia
Joan Galtung, fundador de los Peace Studies y autor de una elaborada teoría del conflicto, enfatiza la diferencia entre la violencia y el conflicto, pues, éste es parte de la dinámica social y se manifiesta en la interacción de personas o colectivos con intereses antagónicos. El conflicto es crisis y oportunidad, porque moviliza una reserva de energía que puede ser utilizada para fines constructivos; el fracaso en la transformación positiva del conflicto conduce a la violencia (Galtung 1998).
He identificado tres aspectos del conflicto en Cherán que tomaron la vía de la violencia: el conflicto ligado a la presencia del crimen organizado; el conflicto ligado al control del territorio comunal y de los recursos forestales; y el conflicto ligado a la representación política y al gobierno municipal. Aunque estos tres aspectos están estrechamente interconectados, para fines analíticos los expongo por separado, haciendo hincapié en los elementos de conexión y de continuidad entre ellos.
Delincuencia organizada, violencia criminal
El conflicto ligado a la presencia de grupos criminales es probablemente el más reciente. Tuvo como consecuencia una elevada violencia directa y, por lo tanto, se manifestó de forma muy evidente.
A partir de 2006 se incrementó la presencia y el control de las redes de la delincuencia organizada en la región de la Meseta Purépecha. Grupos ligados al cártel de La Familia y, desde 2008, al cártel de Los Caballeros Templarios, impulsaron y controlaron la economía ilegal en la zona. En la región de Cherán operaba un grupo encabezado por “El Güero”, Mauricio Cuitlahuac. La economía ilegal se articulaba en primer lugar alrededor de la producción y el tráfico de droga (en las serranías de la Meseta han sido detectados varios “laboratorios” para la producción de drogas químicas).2 Otro giro era relacionado con la tala clandestina, criminal y a gran escala, de los pinos que crecen en el territorio comunal de Cherán. Finalmente, a partir de 2010, el grupo criminal empezó “cobrar cuotas” a los propietarios de las tiendas comerciales ubicadas en el centro de la ciudad, y a realizar secuestros con fines de extorsión. Para el “bisnes” criminal, el bosque y las personas representan por igual oportunidades de recursos por explotar para obtener grandes cantidades de dinero. La violencia criminal cobró al menos 21 vidas en Cherán: desde el 2009, quince comuneros fueron asesinados y seis desaparecidos.3
Cuando se refieren a los criminales, talamontes y secuestradores, todos los cheranenses les llaman “los malos”. A pesar de la división dicotómica que esta definición sugiere, y al hecho de que la referencia es a “ellos” como un todo compacto y externo a la sociedad de “los buenos”, es importante señalar que “los malos” eran, y son, en su gran mayoría, originarios del municipio, en particular de las localidades de Santa Cruz Tanaco y Casimiro Leco, pero también de la cabecera.
Esto indica que el conflicto ligado a la presencia criminal hunde profundas raíces en la estructura social de Cherán, en la cual tienen un papel muy importante las redes de parentesco y de compadrazgo (Ruiz 2015). La integración de una o más personas en los grupos criminales, en tal contexto, perjudica las redes familiares, pues, por una parte, moviliza los valores/obligaciones de lealtad y “acompañamiento” y, por otra, ejerce el poder del miedo al interior de los lazos familiares. Al igual que en el conflicto político, las redes de parentesco son movilizadas de manera instrumental. La fuerza de dichas redes impide la fragmentación al interior de las familias por diferencias políticas o económicas, pero, al mismo tiempo, la politización o criminalización de las redes familiares ahonda las divisiones y los conflictos entre las distintas familias, transformando los vínculos de vecindad en desconfianza y fragmentando el tejido social comunitario (CIAS 2016; Martínez 2015).
Los efectos de la violencia criminal se manifestaron de forma evidente en una suerte de parálisis comunitaria y en la instauración del miedo generalizado “ya que no había manera de responder y no teníamos una estrategia colectiva”,4 debido a la elevada fragmentación social. Ya otros trabajos (Ruiz, Velázquez, Márquez) han descrito detalladamente los efectos de la violencia criminal, entre los cuales destaca la modificación de los hábitos de vida cotidiana de muchos cheranenses: se instauró una suerte de “toque de queda” a partir del anochecer, ya que en la noche circulaban incesantemente los camiones cargados de la madera fruto del saqueo. La inseguridad causada por la presencia de hombres armados en el pueblo trastocó de manera particular la vida de jóvenes y adolescentes: “no podías salir a las nueve de la noche. Muchos muchachos fueron golpeados por desconocidos, porque circulaban por las calles en la noche”.5
Las agresiones y los secuestros acompañaron a la coacción ya sea por convencimiento o por miedo: “yo vivo cerca del Colegio de Bachilleres y me consta que personas de la delincuencia se ponían platicando con las muchachitas, allá con sus rifles, no se las llevaban a la fuerza, les ofrecían muchas cosas y se iban con ellos. Nadie denunciaba”.6
Según Trinidad, cuyo hermano fue secuestrado y luego liberado tras pagar un elevado rescate:
pasaban a la comunidad extorsionando, primero a los negocios, después a levantar gente. En ese proceso levantaron a varios comuneros, comuneras y comerciantes, a unos los dejaron libres, y a otros los desaparecieron hasta nuestros días. Eran secuestros por dinero. Así empezó. Y después que intimidaron a la población, se metieron. La gente decía “son las siete de la noche” y todo mundo a encerrarse y nadie se atrevía a salir, y aquel que se atrevía, le tocaban la puerta y a sacarlo, y vámonos.7
En tal contexto se canceló paulatinamente la celebración de las fiestas y de las faenas comunitarias, pues, ambas actividades representaban un riesgo porque exponían gran cantidad de personas en espacios públicos y abiertos (plaza, calle o bosque). En los años 2008-2012 menguaron también las actividades productivas en el campo: “los campesinos no salían al campo porque no había seguridad, los que tenían ganado, siembra, los resineros, todos eran atacados”, comenta Vicente, treintañero, actual secretario del Consejo de Bienes Comunales. Y prosigue:
En 2007, mataron a un señor de setenta años, le dieron un balazo por la espalda. Estaba bajando ocote con dos animalitos, estaba con dos hijos o nietos, le querían quitar sus animalitos, y él se opuso, le metieron un balazo, sus chicos vinieron a informar. En el 2011, ellos agarraron a cuatro comuneros, no los mataron pero sí les pegaron, estaban en el campo y eran constantes las amenazas a los que cultivan maíz. Otros iban a bajar sólo leña con guay,8 y para que no le hicieran daño les entregaban todas sus herramientas, y se dejaban porque habían visto que ya habían matado a varios. A los ganaderos hubo varios, que iban a recoger a sus animales y salían los malos y mataron a dos personas. Un compañero andaba en la resina, solo, no sabemos si lo mataron así o lo balacearon, sólo se encontró a su animal, como al mes lo encontraron quemado, se reconoció porque tenía algunas cosas, como el reloj, su cuerpo estaba totalmente desecho.9
Los hechos referidos por Vicente son tan sólo una muestra de la larga serie de trágicos acontecimientos relatados en los testimonios recogidos; hasta la fecha, ninguno de estos crímenes ha sido esclarecido y castigado.
Todos los relatos referidos al periodo más violento (2008-2012) mencionan algunas emociones percibidas por la población: claramente el miedo, pero también la pérdida de la libertad y, sobre todo, la impotencia. El miedo causaba reacciones defensivas: “ya no hablábamos mucho entre los vecinos. Además, trataba de salir siempre en el coche”;10 y se acompañaba por una fuerte humillación: “Ellos ya venían como en su casa, entraban con rifles, ya después nos saludaban con sus cervezas, ya nomás nos agachábamos nosotros, en la calle agachábamos la cabeza cuando pasaban, pues, le teníamos miedo a las armas”.11
El miedo se transformaba en impotencia: “ellos llegaban y saqueaban las tiendas, nosotros no podíamos siquiera mirarlos, ni estar en alguna esquina. Ésa era la impotencia, no era miedo. Eso de no poder hacer nada, veíamos como nuestro bosque se iba quemando sin arboles ya”.12
Los niños y los jóvenes padecieron de manera particular la situación de inseguridad, pues, ambos enfrentaron la violencia generalizada sin recursos defensivos, y se vieron privados del uso del espacio público que es central en la convivencia y las actividades lúdicas y recreativas.
Entonces la convivencia se perdió y entró en pánico la juventud, no podía ir a convivir, se le empezó a coartar esa libertad de la vida, o de tener una vida de libertad. Ya los jóvenes no podían ir a la plaza, ir a un baile. Los padres les decían “no vas a ir”, “no estás seguro”, ésta era una privación que los sofocaba, no tenían esa libertad que vivimos en nuestra generación, porque anduvimos a altas horas de la noche y nuestros papás no tenían miedo.13
Según Manuel, joven psicólogo cheranense, la situación de violencia e inseguridad, y sus consecuencias de encierro y ensimismamiento de los individuos y de la colectividad llegaron a afectar fuertemente la salud pública: “existía mucho malestar, angustia, desesperación y un estrés muy elevado por todo lo que sucedía. Si salíamos a trabajar afuera de Cherán no sabíamos si regresaríamos, otros tenían que trabajar para pagar la cuota de piso”.14 Además de las afectaciones a la salud mental, Manuel y otros médicos denuncian la incidencia de enfermedades graves (en particular, trastornos al sistema nervioso, circulatorio y digestivo) ligadas a la somatización del estrés y la tensión. Las personas mayores fueron más afectadas, pues, a la inseguridad se aunaba el dolor de asistir a la devastación del territorio, que para ellos tenía un valor productivo, simbólico e identitario aún importante. El relato de Gloria es emblemático de otros hechos similares que recurren en los testimonios:
mi abuelito tenía un rancho en el cerro. Tenía un campo donde sembraba trigo o avena, y una parcela que era puro bosque. Era tan tupido el bosque que cuando entrabas era obscuro, no pasaba la luz. Cuando el abuelito pasaba, decía “vamos a cortar éste y éste”, sabía que árboles se podían cortar; los más viejos o los que ya estaban enfermos. Había árboles que eran tan grandes que entre los cuatro niños no podíamos tomarnos las manos. El abuelo cuidaba mucho sus árboles: “es la herencia que les voy a dejar”, nos decía. Un día llegaron a cortar el bosque donde tenía el rancho el abuelito, cortaron y quemaron, robaron la troje donde tenía los granos que cosechaba. No quedó nada. Los nietos no querían que el abuelito viera lo que había pasado con su terreno, sin embargo, fue y vio eso y en ese instante le dio una embolia. A los cuatro meses murió.15
El miedo generado por la violencia directa y visible que privaba en el centro urbano y en la zona rural se retroalimentaba y crecía también sobre la base de “rumores que se comentaban, y no se comprobaban si era cierto, pero era como un fantasma que estaba ahí, muy presente e invisible que no sabías cuando iba a llegar”. Por ejemplo, “surgieron chismes, de que ya le habían echado el ojo a una casa y si les gusta te la quitan, hacen que firmes las escrituras para que se la cedas, eso generaba un pánico terrible e insoportable de estar aquí. Varios terminaron yéndose de verdad y abandonando sus casas”.16 Esta situación remite a la noción de cultura del terror acuñada por Taussig, que expresa el poder de las narrativas de la violencia como herramienta de dominación, y reafirma la sumisión (agachar la cabeza, esconderse, no salir) y la inmovilidad (impotencia). En la cultura del terror, “la característica verdaderamente fundamental radica en crear una realidad incierta afuera de la ficción, una realidad de pesadilla en la cual la interacción oscilante de verdad e ilusión se vuelve una fuerza social de dimensiones horrendas y fantasmales. […] Se vuelve una herramienta muy poderosa para la dominación y el principal medio de la práctica política” (Taussig 1984, 492). De tal forma se perpetúa el miedo instaurado por los actores dominantes (en este caso, narcotraficantes y talamontes armados), fundado en la violencia ejercida y en la posibilidad (real o ficticia) de ejercerla.
Una de las demandas centrales del levantamiento en Cherán fue la de mayor seguridad. Para contrarrestar a la violencia criminal, ya desde los primeros meses sucesivos a la movilización de abril 2011 se organizó la Ronda Comunitaria, un cuerpo de seguridad ciudadana integrado por sesenta hombres y mujeres de la localidad, nombrados o ratificados en las asambleas, que sustituyó inmediatamente a la Policía Municipal. Dos años más tarde (2013), también fue clausurada la oficina de la Procuraduría General de Justicia del Estado con sede en Cherán, frente a la ausencia de resultados en la investigación del asesinato de siete comuneros y la acusación de colusión con las redes criminales. Actualmente, el Consejo Procuración y Mediación de Justicia cumple las homónimas funciones, mientras los delitos graves son remitidos a la Agencia del Ministerio Público de Zamora. La seguridad comunitaria permite un control ciudadano constante sobre sus integrantes, conocidos y reconocidos por las personas y las asambleas.
Control del territorio y saqueo de los bienes comunes naturales
El segundo aspecto del conflicto, relacionado con el primero pero que no se agota en éste, es el relativo al control y la explotación de los recursos forestales. El territorio reconocido en los Bienes Comunales de Cherán es de 21,170 hectáreas, de las cuales más del 75 % son terrenos forestales, en los cuales la vegetación característica es el bosque de pino. En Cherán, la agricultura y el aprovechamiento del bosque para recursos maderables y no maderables (resina, ganadería, recolección de plantas y hongos) han sido históricamente las actividades principales de la población. La explotación intensiva del bosque no es una novedad, pues, la extracción de la resina remonta al principio del siglo XX, siendo Michoacán el principal productor en México.17 En Cherán, el auge de la producción resinera, en los años sesenta, impulsó el parcelamiento del bosque entre los varios resineros que lo trabajan, cuyo producto es comercializado a través de la Unión Nacional de Resineros (Bautista 2016).
Por su parte, la tala de árboles por los comuneros nunca fue sujeta a reglamentación; sin embargo, “no había orden, pero sí había más respeto”.18 El “respeto” hacia el bosque y sus pinos es parte de la narrativa común entre los habitantes de Cherán, aun cuando muchos de ellos desde hace varias décadas participan activamente en el proceso de deforestación y tala clandestina (Espín 1986). La deforestación es un problema endémico en la Meseta, que remonta al periodo del Porfiriato, cuando grandes compañías iniciaron la explotación intensiva de la madera para construir las líneas del ferrocarril (Pérez 2016). A partir de los años setenta, con el avance de la regularización de la tenencia de la tierra en la región, se instalaron en casi todas las comunidades grandes y pequeños aserraderos, algunos comunales, pero en su mayoría privados. Tanto los aserraderos como los contratistas, intermediarios entre las comunidades y los aserraderos, se beneficiaron de la debilidad y la corrupción de los representantes de bienes comunales, que permitieron la explotación clandestina de los bosques en toda la región (Espín 1986).
La deforestación se incrementó a partir de los años ochenta, cuando “nos bombardearon con herramienta profesional: las motosierras y las camionetas”19 que se difundieron en el mercado nacional a precios accesibles. Muchos campesinos invirtieron sus ahorros y las remesas de los familiares migrantes en la compra de esta maquinaria, e inició el auge de los pequeños aserraderos familiares, en su mayoría ilegales (Velázquez 2013).
Entre las comunidades históricamente señaladas como depredadoras de los bosques, tanto los propios como los que corresponden a las comunidades vecinas, están San Felipe, San Lorenzo, Capacuaro y Santa Cruz Tanaco, localidades que cuentan con sendos aserraderos y carpinterías (Espín 1986, 66).20 Cabe señalar que precisamente los habitantes de Tanaco, junto con los moradores del Cerecito, localidades del municipio de Cherán, son señalados como los principales responsables de la tala criminal reciente. Los datos expuestos demuestran que la tala clandestina tiene una larga “tradición” en Tanaco, más allá de la llegada del crimen organizado.
La venta privada de la madera saqueada de los bosques comunales representó por al menos veinte años (1980-2000) una fuente de ingreso “fácil” para muchas familias rurales, es decir, más fácil que la venta del maíz, el trigo o la avena que se cosechan en la zona, generando una “subordinación real de la actividad agrícola a la explotación forestal” y una nueva diferenciación de clase entre los pequeños madereros y los agricultores (Espín 1986, 213).
En la Meseta, durante los últimos cincuenta años se ha perdido el 50 % de la cubierta forestal. Según fuentes oficiales, en 2006 se contabilizaban 2,500 aserraderos clandestinos en la Meseta, que depredan de 10 a 15,000 m3 de madera al mes.21 Ya en ese entonces, la tala ilegal representaba un problema de seguridad pública, originando enfrentamientos armados entre comuneros, fuerzas policiales y talamontes.22
La tala criminal (diferente a la tala clandestina) se incrementó a partir del año 2008, a raíz de la presencia de la criminalidad organizada en el territorio y la colusión de las autoridades municipales y, probablemente, también del Comisariado de Bienes Comunales. A partir de ese momento quienes operaban la tala clandestina eran hombres de la zona contratados por la empresa criminal, que se desplazaban en grandes camiones escoltados por hombres armados. La magnitud de la tala en los bosques de Cherán incrementó exponencialmente, hasta llegar a los 200 camiones diarios cargados de madera en rollo. En toda la Meseta, la explotación irracional acontece con el cobijo y la anuencia de autoridades locales y federales corrompidas o amenazadas, cómplices o víctimas de la violencia estructural que encarna el extractivismo en su faceta criminal.
Un estudio basado en el análisis comparativo de imágenes satelitales muestra que en el municipio de Cherán, tan sólo entre 2006 y 2012, “la superficie vegetal total pasó de 12,730 ha a 3,661 ha, es decir, quedó reducida a menos de un tercio de su extensión inicial” (España y Champo 2016, 151). Fueron deforestadas 9,069 ha, “lo que equivale a 71 % de la superficie vegetal existente en 2006. La mayor parte de la deforestación se produjo entre 2010 y 2011 y corresponde la zona más cercana al núcleo urbano; muchas zonas taladas también fueron quemadas” (España y Champo 2016, 141).
La tala criminal afectó todas las actividades productivas de Cherán, pues, varios comuneros fueron amenazados, desaparecidos o asesinados cuando acudían a las parcelas de cultivo, iban a pastorear o cuidar el ganado, o iban a leñar y cortar madera por su cuenta. Por lo tanto, paulatinamente las actividades agrícolas disminuyeron hasta casi desaparecer entre 2010 y 2011. Asimismo, los criminales robaron un ingente número de cabezas de ganado, que por costumbre pastorea libre en el bosque.
La tala de madera por parte de la delincuencia organizada está ligada al auge del cultivo de aguacate, que impera en los municipios colindantes, ya que Michoacán aporta el 85 % de la producción nacional del “oro verde”.23 Se trata de un producto cotizado en el mercado internacional, cuya comercialización es parte de la economía criminal.24 Según los testimonios y las evidencias, en los parajes donde no quedaban más árboles por cortar, los talamontes acostumbraban rociar el suelo con combustible e incendiarlo, para impedir el acceso a los comuneros que podrían recolectar la leña sobrada, pero también para “limpiar” el terreno en aras de la futura implantación de la huerta aguacatera (como se ha denunciado recientemente en Uruapan), ya que en los terrenos afectados por incendios es más fácil solicitar y obtener el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola. Cabe señalar que, como medida normativa que busca contrastar esta forma de extractivismo agroindustrial y criminal, el actual Gobierno Comunal ha prohibido el cultivo del aguacate en todo el territorio de Cherán.
Como en toda la Meseta, en Cherán el agua escasea y existen pocos manantiales. Es sabido que, entre los detonantes de la reacción popular frente a la tala criminal, está el hecho de que ésta había llegado al paraje llamado La Cofradía, donde surge la más importante fuente que abastece el pueblo.
Para la comprensión del conflicto ligado a la explotación criminal y a la “defensa” del bosque en Cherán es necesario considerar la trascendencia de los conflictos agrarios por los linderos intercomunales que han caracterizado la región en la época 1960-1990, y que en varios casos están aún vigentes (Espín 1986). Esta situación abonó al enfrentamiento entre comunidades en lugar de la unión entre ellas en aras de la defensa de un bien común, los bosques, que nunca fueron percibidos como tales sino como un recurso por explotar, y con más falta de escrúpulos si se trataba del territorio del vecino o en disputa.
El conflicto en Cherán abarca, por lo tanto, distintos aspectos: el bosque como recurso maderable y la posibilidad de su aprovechamiento (ordenado o ilegal, a escala mayor o menor) por parte de los comuneros y habitantes de la localidad; la seguridad para realizar las actividades agrícolas; el control de los recursos hídricos; y el control sobre la propiedad de la tierra, el uso del suelo y la tenencia comunal.
Este aspecto abarca una dimensión estructural de la violencia, relacionada con el auge del modelo extractivista que implica tanto el aprovechamiento de la madera como la implantación de extensos monocultivos, los llamados “desiertos verdes”; tanto la explotación desmedida de los recursos hídricos como la explotación de la mano de obra campesina. El conflicto toma la forma de una tensión entre la manera en cómo se ha aprovechado históricamente la tierra, entendida como bosque y campos de cultivo, y el aprovechamiento extractivista y heterodirecto, e incluso criminal. Este conflicto no nace en el 2008, sino que los intereses privatizadores de la tierra comunal marcan desde hace tiempo el campo relacionado con la tenencia de la tierra; sin embargo, la conexión entre los intereses extractivos y la violencia directa operada por el crimen organizado determinaron una toma de posición y la reacción organizada en contra del despojo.
Actualmente, el Consejo de los Bienes Comunales, instancia colegiada que sustituyó al Comisariado, “continúa trabajando con el mandato que emanó de la comunidad ‘la reconstitución de nuestro territorio’ protegiendo nuestro territorio día con día, llevando a cabo las actividades relacionadas a la restauración de nuestros bosques, tales como: la reforestación, obras de suelo, apertura de brechas cortafuegos, protección de manantiales”.25 Dichas actividades, que reciben el apoyo financiero de instancias gubernamentales como la Conafor y la Pronafor, y de la Unión Nacional de Resineros, representan la principal acción concreta hacia el cuidado del territorio comunal, acompañada por múltiples actividades de concientización sobre la protección de los recursos.
Poder político y representación, violencia política
La tercera dimensión del conflicto está ligada al control de la representación política y a la administración de los recursos públicos. Es en esta dimensión que se ubica el discurso de rechazo hacia los partidos políticos que enarboló el movimiento de 2011, y las acciones políticas y jurídicas emprendidas para lograr la transformación y el reconocimiento del sistema de gobierno.
Varios estudios antropológicos centrados en la sociedad de la Meseta (Vázquez 1982; Solís 2012; Román 2014) enfatizan la importancia del faccionalismo en las comunidades purépechas, que consiste en la conformación de grupos de interés para la obtención de beneficios específicos y personales. En un análisis que remite lo político al conflicto por el bosque, Espín (1986, 116) indica que la contienda entre facciones está vinculada al control y la explotación de los recursos maderables, ya sea de manera legal (facción en el poder) o clandestina (facción contraria).
Según Juan, en Cherán “siempre ha habido conflicto entre grupos: uno identificado como movimiento externo, en contra de otro identificados como ‘el pueblo’”; como ejemplo de este recurrente faccionalismo dual, Juan menciona el movimiento agrarista contra los cristeros en la época posrevolucionaria; el movimiento de la guevónica que culminó con el “zafarrancho” de 1976; el movimiento neocardenista de 1988 que conjuntó un enorme apoyo popular e impulsó el cambio en el control del poder político local del PRI al PRD (Calderón 2004; Nelsen 2000).
Desde ese momento y hasta 2008 el PRD mantuvo el control del gobierno municipal.
En el periodo de vida del PRD, de nuevo se empiezan a descomponer las cosas, y el poder empieza a corromper a quienes están en los puestos de elección, hasta que llegó el momento que la gente no estaba conforme, que es cuando gana el PRI con Roberto Bautista [2008], por esa inconformidad con el PRD, ya que se creía que habían perdido los principios, que ya no era lo que platicaban en un principio.26
A pesar de su importancia para la dinámica política interna, creo que el factor del faccionalismo no es ni central ni suficiente para la comprensión del conflicto ligado al control del poder político, y más aún de las acciones impulsadas para su resolución. Considero más importante el factor de la corrupción de la política local y de las personas involucradas en la dinámica partidista; las ganancias económicas proporcionadas por el ejercicio corrupto del gobierno (sea por desvío de fondos, sea por la coacción del crimen organizado) motivan las pugnas y los enfrentamientos incluso al interior del mismo partido, como fue el caso del PRD en el año que perdió la presidencia.
Por lo tanto, según Julia, “hay una tradición de ‘malos’ que no necesariamente trabajaban con el crimen, pero con la corrupción sí”; y la corrupción en el gobierno municipal y en la representación de bienes comunales “es lo que permitió históricamente la existencia de aserraderos ilegales, a veces la policía hacía redadas, pero luego volvían a resurgir”.27 Sucesivamente, la endémica corrupción de las autoridades permite la penetración de los grupos criminales, que terminan por controlarlos con prebendas y amenazas.
Esta situación, muy compleja y ampliamente documentada en Ruiz (2015), generó una paulatina exclusión de la población de las actividades de gobierno, un marcado desinterés y la evidente ruptura entre ciudadanos y gobernantes (sólo se movilizan las bases más militantes). Ya en el año 2000, Nelsen documentó la opinión difusa entre los cheranenses que tendían a “caracterizar el proceso electoral, en particular la selección interna para el candidato del PRD, como ‘corrupta’ por ‘intereses personales’” (Nelsen 2000, 218, traducción mía). Según Ruiz (2015), la fragmentación de las relaciones sociales, propiciada por las contiendas electorales a partir de 2004, facilitó el saqueo de los bosques y dificultó la creación temprana de un frente común contra la devastación.
Los crecientes actos de violencia sirvieron de catalizador para activar la última movilización masiva, que aconteció en 2008, cuando el PRD perdió las elecciones municipales en favor del PRI. Durante los primeros dos meses del gobierno municipal priista, la Policía Municipal se hizo responsable de dos asesinatos, generando un clima social de rechazo que fue aprovechado por una facción ligada al PRD, liderada por Leopoldo Juárez. Éstos promovieron la instalación de un plantón ciudadano en la plaza de Cherán, que se mantuvo hasta 2009 y obligó al presidente a dejar el palacio municipal. Todos los entrevistados denuncian los evidentes lazos entre el gobierno priista y el crimen organizado que, precisamente en 2008, comenzó a actuar a sus anchas en el territorio de Cherán. Existía una fuerte inconformidad hacia los policías municipales, “gente externa a la comunidad” y evidentemente coludida.
El asesinato de Leopoldo Juárez, líder con gran legitimidad que había sido reiteradamente amenazado por haber denunciado la colusión entre el gobierno en turno y el crimen, encarnizó el conflicto, pero también abrió las puertas del miedo y la intimidación.
En suma, la corrupción efectiva o la posibilidad de corrupción ínsita en el sistema de gobierno por partidos, el riesgo de violencia que supone el manejo de la política por parte de grupos enfrentados entre sí, son los grandes factores que han determinado el rechazo a este tipo de estructura de gobierno.
La acción impulsada en este ámbito después del movimiento de 2011 fue la transformación del sistema de elección y de la estructura de gobierno local. Después de un largo proceso legal, fue reconocido el derecho de los habitantes de Cherán, indígenas purépechas, de elegir a sus autoridades “por usos y costumbres”: desapareció el sistema de partidos de la política local. Los integrantes de los Consejos que conforman el Gobierno Comunal se nombran ahora en las asambleas de los cuatro barrios con votación abierta y pública. Por otra parte, actualmente Cherán cuenta con una compleja y capilar estructura de discusión y de toma de decisiones, que orienta y controla el Gobierno Comunal. La articulada estructura de gobierno dispersa el poder y amplía los espacios de participación ciudadana: desde la asistencia a la fogata hasta la asunción de un cargo, las personas cuentan con muchas posibilidades de inclusión en la esfera pública. En la estructura de los Consejos, resalta la ingente participación de mujeres y de jóvenes: más de la mitad de sus integrantes no rebasa los 35 años. Se trata de aquellos jóvenes que vivieron su adolescencia constreñidos por la violencia, y que actualmente cuentan incluso con un Consejo de Jóvenes como espacio de representación en el Gobierno Comunal.
Las violencias
Según Galtung, “la violencia está presente cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales, están por debajo de sus realizaciones potenciales” (Galtung 1995, 314-315). Dicha definición hace énfasis en las manifestaciones de la violencia que no son tan evidentes como la violencia física o directa, esto es, la violencia estructural y la violencia cultural. El triángulo de la violencia representa la relación y causalidad entre los tres tipos de violencia, que se retroalimentan continuamente.
En cada aspecto del conflicto en Cherán es posible identificar manifestaciones de la violencia que prevalecen:
Delincuencia organizada/violencia criminal: violencia directa (asesinatos, secuestros, extorsiones, amenazas, robos) + violencia estructural (marginación y miseria empujan a la gente a involucrarse en las redes del crimen organizado).
Tala criminal del bosque: violencia directa (asesinatos de comuneros) + violencia estructural (extractivismo y saqueo de los bienes comunes naturales).
Conflicto político/violencia política: violencia directa (enfrentamientos, “zafarranchos”) + violencia cultural (corrupción).
La raíz del conflicto: “conflicto de identificación colectiva”
En la abundante bibliografía que ya existe sobre el movimiento comunal en Cherán, las distintas dimensiones del conflicto han sido abordadas a profundidad, aunque generalmente por separado, sin que el conflicto sea considerado de manera integral. La visión amplia que ha caracterizado mi investigación me permitió percibir una dimensión ulterior del conflicto, que engloba y determina las manifestaciones de la violencia expuestas anteriormente. El modelo elaborado por otro importante teórico de la Peace Research, Juan Pablo Lederach (2009), identifica esta dimensión como el epicentro del conflicto, esto es, la red de relaciones en la cual está enmarcado el conflicto mismo. A su vez, en el epicentro subyace la historia del conflicto, que consiste en el proceso histórico, cultural y estructural que favorece las relaciones conflictivas. Estas dos dimensiones integran conjuntamente la contradicción profunda, el conflicto-raíz que determina los episodios tangibles del conflicto en Cherán.
En los apartados anteriores he presentado la descripción del conflicto según tres aspectos interrelacionados, al igual que los tres tipos de manifestaciones de la violencia. En lo que sigue, propongo el análisis de las causas del conflicto mismo, que también se articula en distintas dimensiones.
El conflicto-raíz en Cherán es complejo y no forma parte de los discursos públicos ni de los discursos privados como un elemento articulado, es decir, no es percibido claramente como una dimensión del conflicto que sacudió Cherán en la última década. Sin embargo, las relaciones y las contradicciones que conforman el conflicto-raíz emergen constantemente en las reflexiones que los habitantes de Cherán hacen sobre su vida actual, precedente al conflicto violento y la de su juventud o niñez, aunque con matices diferentes.
La primera vez que la narrativa relativa a este conflicto emergió fue en la conversación con Rosalío, albañil, exmigrante y exsecretario del Consejo de Bienes Comunales, con el cual compartimos el recorrido de la Ronda Tradicional alrededor de todo el Barrio tercero, una noche de junio. “Lo que pasa con Cherán”, comentó Chalino, “es que nos quedamos en la mitad del camino”. Con esta imagen nos explicaba la transición inconclusa de una sociedad que ya no es indígena a la manera tradicional, pero que tampoco ha adoptado todos los códigos y los valores de la modernidad global. Lo que en la imagen propuesta por Rosalío se ve como una contradicción, en pláticas sucesivas con maestros, amas de casa, campesinos y profesionistas fue tomando claramente los tintes de un conflicto que llamaré: “conflicto de identificación colectiva”, una definición imperfecta que busca reflejar las principales características del conflicto mismo.
Este conflicto de identificación alberga en su interior distintas tensiones. La primera tensión gira alrededor de los polos de la tradición y la modernidad, que en el caso específico involucran la cultura indígena y la práctica de la migración. Estos elementos no son opuestos entre ellos, sino que conforman conjuntamente una relación conflictiva y productiva. Al igual que la identidad indígena, también la migración es un fenómeno que ha construido una identidad, individual y compartida, alrededor de la experiencia migratoria, que remonta a los años veinte del siglo pasado y ha alcanzado una magnitud tal que, según las autoridades locales, casi la tercera parte de la población de Cherán vive “al otro lado”; en todas las familias hay al menos una persona establecida en los Estados Unidos. La experiencia migratoria ha transformado hábitos y modos de vida en la comunidad, y es portadora de prácticas culturales propias y peculiares, como los hábitos de vida, la manera de vestir, los gustos, los tipos de vivienda. Se estima que más del 20 % de los ingresos de la población de Cherán proviene de las remesas, lo cual genera evidente desigualdad entre las familias de los migrantes más o menos afortunados, y ha cambiado los hábitos de trabajo de los que se quedan, en su mayoría mujeres y adultos mayores, que pueden prescindir de las pesadas y poco redituables labores en el campo.
Por su parte, la cultura purépecha ha sido fuertemente trastocada ya desde las agresivas políticas integracionistas iniciadas con el gobierno cardenista en los años cuarenta y continuadas por sus sucesores. En Cherán no destacan las manifestaciones culturales evidentes en otros contextos, el idioma, la vestimenta o las prácticas rituales que, frente a una mirada superficial, no aparentan ser un núcleo fundamental de la identidad cheranense. Tan es así que muy pocos entre los entrevistados se reivindicaron como indígenas o reivindicaron lo indígena como algo central en su experiencia de vida. Sin embargo, lo indígena es un recurso que, en las últimas dos décadas, ha ganado en México gran fuerza reivindicativa y, por lo tanto, es utilizado en Cherán de manera un tanto instrumental como una herramienta que ha resultado eficaz, por ejemplo, en la reciente lucha legal para el cambio en la estructura de gobierno.
Asimismo, la reivindicación de lo indígena y el discurso autonomista han movilizado redes de alianzas amplias y bastante fuertes que han sostenido el movimiento en Cherán por diversos años. Al respecto, Gembe afirma: “Después de 2011 la vida de los cheranenses da un giro lingüístico política y cotidianamente […] El llamado es a la unidad. Poco después del inicio del movimiento por la lucha y defensa de los bosques se gesta la palabra en torno a lo purhépecha de Cherán, al rescate de lo ancestral indígena de la comunidad; que ha tenido distintos efectos sobre la población” (Gembe 2016, 107).
A pesar de esto, la referencia a las tradiciones y a los elementos sustantivos de la cultura purépecha aparece en los discursos de los entrevistados como una añoranza de lo que fuimos y que queremos reconstruir, rescatar y, al fin y al cabo, reinventar de manera un tanto “folk”: “retomar las costumbres de los abuelitos, el idioma de nuestros antepasados, era muy bonito”.28
La otra importante tensión que alberga el “conflicto de identificación colectiva” es aquella que se genera entre los polos “citadino” y “campesino”, y alrededor del proceso de urbanización y rápido crecimiento que ha vivido Cherán. La cabecera municipal de San Francisco Cherán, con 14,245 habitantes, es el cuarto centro habitado más grande de la Meseta, después de Zacapu, Paracho y Nuevo Parangaricutiro.29 Según Nelson, “Cherán tiene muchas características de una pequeña ciudad, más que de una aldea” (Nelson 2000, 80, traducción mía) y desde los años sesenta se ha desarrollado como centro comercial regional, dejando paulatinamente la actividad agrícola. Según los datos incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal de Cherán 2015 y generados con talleres comunitarios en el proceso de planeación participativa, las actividades relacionadas con el sector primario (agricultura y aprovechamiento del bosque) ocupan el 35 % de la población, seguidas del comercio y de la migración (remesas). A falta de datos oficiales recientes, estos datos pueden ser comparados con los del Censo general de población y vivienda de 1990, según éste el 43.9 % (casi 10 % más) de la población se desempeñaba en el sector primario, mientras los sectores secundario y terciario ocupaban por igual al 25 % de los cheranenses (Nelson 2000, 81). La derrama económica que proviene de la migración es evidente en el centro de Cherán, y ha permitido la instalación de varios comercios y servicios. En Cherán existe amplia oferta educativa, y en el nivel superior acuden incluso alumnos de otros municipios, principalmente, al Colegio de Bachilleres y a la Escuela Normal.
Por su dimensión, Cherán vive los problemas de una ciudad: la gestión del orden público, el tráfico, la basura, el aprovechamiento del agua, la salud pública. El proceso de urbanización crea tensiones frecuentemente vividas como conflictos. Un ejemplo son las acciones de salud pública que buscan eliminar los establos y corrales que existen en el centro del pueblo, y evitar que el ganado transite por las calles. Estas medidas enfrentan a los dueños de animales con las autoridades, los comerciantes y los automovilistas. Tengo la sensación de que la ciudad ha crecido con la misma intensidad que el deseo, de muchos de sus habitantes, de ser “otros”, ni indígenas ni campesinos, olvidando las necesidades y exigencias de aquellos que siguen siendo tales. Esto ahondó la zanja de desigualdad que mencioné anteriormente con respecto al fenómeno migratorio, porque el proceso de urbanización ha creado una evidente desigualdad entre el centro y la periferia.
En contraste con los prósperos negocios del centro, en “las orillas” del pueblo, en las barrancas, las casas siguen siendo de madera o de barro y en muchos casos carecen de los servicios básicos como el agua entubada. Las calles de las nuevas colonias son de tierra, falta el alumbrado público, y en ellas es más raro ver circular las lujosas camionetas que circulan en el centro. El nuevo gobierno comunal se plantea el problema de la atención a estos barrios marginados, aunque tampoco sabe muy bien qué hacer allí; ha iniciado algunas obras públicas, pero tiene claridad de que se requiere una atención integral.30 En estas colonias se concentra el 28 % de la población catalogada por la Secretaría de Desarrollo Social31 (Sedesol 2010) como “en pobreza extrema”.
La situación de rezago aparece aún más evidente en la “cuna de los malos”, el Rancho Casimiro Leco, también llamado El Cerecito. Ahí, las calles son de tierra y la gran parte de las casas tienen techo de lámina. En el pueblo no hay siquiera una fotocopiadora, y al mediodía su plaza luce vacía, en contraste con el bullicio de Cherán. La sensación que percibí al pararme en el lugar fue de abandono. Los “encargados del orden”, quienes hacen las funciones de autoridades en el pueblo de 600 habitantes y que dependen de Cherán, tenían el aspecto de pandilleros más que de autoridades.
El Rancho Casimiro Leco es la localidad más aislada de la cabecera municipal. Según Vázquez (citado en Román 2014, 66-67) “la población de El Cerecito se estableció a partir de la extracción de resina y la falta de oportunidades laborales les ha llevado a dedicarse a la tala informal”. En la tensión entre lo “citadino” y lo “rural” aparece la bolsa de la marginación, de aquellos que no alcanzaron a ser citadinos, pero que tampoco ya quieren ser campesinos y no son sensibles al “romanticismo” indígena. Según el análisis de los expedientes de casos civiles resueltos por el Concejo de Honor y Justicia, un porcentaje elevado (en comparación con el número de población) corresponde al Cerecito, en particular, por violencia en el ámbito doméstico.
Los elementos expuestos muestran, para el caso de Cherán, un proceso parecido al que sucedió en las comunidades de los Altos de Chiapas, donde en los años noventa proliferaron los grupos paramilitares responsables de crueles masacres. Aubry e Inda describen así a los integrantes de dichos grupos:
Aparecen casi exclusivamente entre jóvenes frustrados por las autoridades agrarias. En los 17 parajes de Chenalhó en que logramos documentar la existencia de unos 246 de ellos, la inercia agraria combinada con el crecimiento demográfico no da ni tierra ni trabajo, aun no agrícola, a los jóvenes en edad de ser derechohabientes del ejido. […] Obligados a vivir como delincuentes, no sólo carecían de medios de subsistencia sino que, además, no tenían por qué sesionar en las asambleas y, por tanto, eran excluidos de las decisiones del ejido del que eran los parias. Primera conclusión, estos criminales son productos del sistema y de sus opciones económicas, agrarias y laborales. De repente, la “paramilitarización” les ofrece a la vez solución [económica] y prestigio [por las armas que llevan].32
Hay que preguntarse quién regula y cómo es el uso de la tierra en Cherán, considerando que, aunque algunas versiones afirman que “todo hijo del pueblo es comunero”, formalmente los comuneros registrados en el padrón son sólo 2,100, de los cuales viven menos de la mitad. Sin embargo, subrayé que la opción agrícola ya no es prioritaria entre buena parte de la población, sobre todo, los jóvenes. “Ya de los años setenta para acá, se dejaron de cultivar las tierras, tenemos un punto que se llama Rancho Pacua que estuvo abandonado mucho tiempo, por el hecho que toda la gente emigró a los Estados Unidos. Se fue perdiendo el trabajo de cultivo de la gente, la juventud se dedicó al estudio y otros se fueron a los Estados Unidos y ya no les gustó la agricultura”.33
Entonces, según varios entrevistados, “la tala clandestina es la única alternativa a la migración”. Los “malos”, así identificados por el lenguaje común, son parte integrante de la estructura social de Cherán; son el espejo de aquella parte de la sociedad que se transformó en la brecha del proceso de exclusión, de faccionalismo y de corrupción “legal”. Ya en 1986, Jaime Espín afirmaba que el fenómeno del clandestinaje de madera “está incrustado en el círculo de la pobreza” (Espín 1986, 199). Y cuando la delincuencia organizada asume el control de la tala, los hombres constituyen la mano de obra, los jóvenes, cuya vida ha sido marcada por la miseria y la falta de oportunidades, que se quedaron al margen de los procesos migratorios y de urbanización, pero no al margen de la transformación social que impone necesidades globalizadas, más aún en un estado crispado por el poder de la economía ilegal como Michoacán.
Los talamontes encarnan la contradicción estructural entre el sistema de reproducción campesina y la tenencia de la tierra comunal, y el mercado global que impulsa la explotación forestal en todas sus modalidades.
Lejos de la intención de “criminalizar la pobreza”, la necesidad de exponer las raíces estructurales de la violencia y la exclusión como principal móvil para la integración en las redes criminales remite también a la urgencia de fincar las responsabilidades institucionales que se ubican principalmente en la corrupción multidimensional y en los distintos niveles -local, estatal y federal- del gobierno (Gil 2015).
Por su parte, el trabajo en el campo y el aprovechamiento del bosque sigue siendo una opción económica para muchos, pero cada vez menos. Aun entre aquellos que lo siguen viviendo, como doña Josefina, el bosque ya ha asumido una dimensión de ensueño, vive más en el recuerdo de lo que era (claro, antes de la devastación) que de lo que representa en la actualidad. Al igual que el discurso alrededor de lo indígena, se habla del bosque y del campo con nostalgia, probablemente debido al saqueo y al despojo, pero es evidente que siempre menos gente está apegada a éste como un recurso primario de producción y reproducción material. Se vuelve más un recurso simbólico, pero con esto su valor en la sociedad cambia, pues, es prescindible. Aun así, en este ámbito se presenta la tensión entre la explotación, criminal o comercial, que encarna la modernidad, y la conservación identificada con la tradición. Y sobre estos tópicos se construye la narrativa ambientalista de Cherán, que expone la violencia directa del despojo, pero oculta la violencia estructural de la desigualdad y la violencia cultural que puede surgir del conflicto identitario.
Pasos inciertos en la reconciliación
El levantamiento del 15 de abril de 2011, cuando grupos de cheranenses enfrentaron a los talamontes, es el momento en el cual el miedo y la impotencia se tornan en “violencia creadora” (Benjamin 1921) y los habitantes comienzan a practicar, de manera planeada o espontánea, un amplio abanico de respuestas a las violencias y, sucesivamente, acciones vueltas a la transformación del conflicto. El enfrentamiento y los meses siguientes fueron marcados por una elevada violencia directa, pues, en este momento se verifican las expulsiones o incluso las ejecuciones de algunos criminales que vivían en la ciudad, y la represalia del grupo armado hacia la población provocó la muerte de varios comuneros. Por varios meses, el centro habitado estuvo “sitiado”, esto es, no llegaban cargamentos comerciales externos y las actividades en Cherán eran suspendidas, lo cual provocó un fuerte desajuste económico. Fue importante el apoyo económico de los clubes de migrantes residentes en Illinois, California y Carolina del Norte.
Es relevante indagar sobre el proceso de sanación de las heridas que la violencia anterior y posterior al levantamiento dejó en el tejido social. Contrariamente a las respuestas hacia los tres aspectos más evidentes del conflicto, la resolución del conflicto-raíz no es parte de la narrativa y de los discursos públicos del Gobierno Comunal, aunque su evolución toca las cuerdas profundas de la sociedad cheranense como pueblo y colectividad.
Irineo, integrante del Consejo de Honor y Justicia, instancia encargada de la procuración y mediación de conflictos, explica una primera distinción que el sentido común cheranense ha aplicado a “los malos”: “unos lo hicieron a conciencia, otros se vieron involucrados en el asunto, otros ingresaron [al crimen] por engaño y otros porque no tenían ingresos”.34 De tal manera que “al menos cuatro cayeron a la prisión”;35 otros fueron expulsados o huyeron, “se fueron y no sabemos si llegan en la noche, pero sus familias siguen viviendo aquí”.36 Al parecer se dio una suerte de reconciliación entre la mayoría de la gente y las familias de aquellos que se involucraron con el crimen organizado. “No se les excluyó, incluso algunos ahora participan en las actividades, en las asambleas. De cierta forma fue como borrado, la gente sabe dónde están, y saben quiénes son, los vigilamos todos… Nuestras familias son tan extensas que hay relaciones por todos lados por eso no puede haber una ruptura completa”.37
El olvido que aparentemente cubre a quienes se hicieron responsables de hechos violentos oculta también venganzas y respuestas violentas que han sido ejercidas por los comuneros en el momento de conflicto más encarnizado e incluso tiempo después. En un proceso que cuenta con un discurso público muy elaborado alrededor de la resistencia popular y la lucha por la justicia, llama la atención el hecho de que no haya una reivindicación o celebración de quienes fueron asesinados durante el conflicto. En ningún caso hubo justicia, aunque muchos de los familiares denunciaron los homicidios ante las autoridades del estado. Esto se explica, según un testimonio, porque muchos de los muertos después del levantamiento fueron personas que operaban con el crimen organizado. La violencia y la venganza siguieron mucho más allá del 15 de abril de 2011y la paz negativa (ausencia de violencia) se logró en un primer momento, al parecer, con la eliminación física de los principales actores violentos. La venganza, sin embargo, no se extendió en Cherán con ajustes de cuentas personales, y la violencia pronto fue encauzada en los múltiples procesos de negociación jurídica y de reconciliación comunitaria.
Ya mencionamos que la narrativa común entre autoridades y comuneros establece una neta demarcación entre “los malos” y la mayoría de los cheranenses; sin embargo, al rebasar el nivel de generalidad, casi todos los entrevistados abandonan tal discurso y reconocen que, en muchos casos, la incidencia delictiva tiene su origen en la exclusión y la desigualdad: “se entiende que generar recursos es muy difícil, y mucha gente buscó medios económicos para subsistir, mucha gente estaba del otro bando y era por una cuestión de trabajo”.38 De tal manera que “los del Cerecito, al principio, los emplearon para cortar madera; luego les vendieron las armas y las camionetas y ellos empezaron a cortar más, pero ya los meros jefes les cobraban un derecho de monte para poder cortar”.39 En tal contexto, el Consejo utiliza un criterio flexible para sancionar la tala de madera: “buscamos la conciliación. Si vuelven a reincidir es que están definitivamente en contra de la comunidad”.40 La clara comprensión del carácter estructural de la violencia orienta y confiere sentido al nuevo sistema de mediación y justicia que se está construyendo en Cherán.
Los integrantes del Consejo de Honor y Justicia expresan con claridad la necesidad urgente de incluir a los habitantes del Cerecito en las políticas públicas de Cherán e impulsar alternativas económicas viables para su población como un elemento clave para la transformación del conflicto: “todos sabemos las condiciones en las cuales la gente allí vive o sobrevive. Los tenemos marginados, y por eso el proceso de reconciliación ha sido lento”,41 también debido a que muchos de los muertos del 2011 eran originarios precisamente del Cerecito. Concluyen que, en el proceso de reconciliación, “no es blanco y negro sino como se construyen los acuerdos”.42
Conclusión
El análisis a profundidad del conflicto en Cherán permite enfocar el carácter estructural de la violencia y la raíz del conflicto situada en la desigualdad de la sociedad cheranense. Por otra parte, las tensiones ligadas a los procesos migratorios, de urbanización y a la penetración del crimen organizado constituyen el espacio cultural y simbólico en el cual se fortalecen discursos y prácticas violentas. El modelo para el estudio de la violencia elaborado por Galtung hace ya varias décadas muestra su operatividad y eficacia justo para estudiar de forma analítica las distintas manifestaciones del conflicto y, al mismo tiempo, para entender la conexión entre éstas, lo cual permite una visión holística e integral que identifica los puntos neurálgicos del conflicto y las rutas para su transformación positiva.
Considero que el aporte de la disciplina antropológica al estudio del conflicto reside principalmente en la capacidad de analizar los procesos a partir de visiones macro (contextos globales) y micro (el ámbito subjetivo e incluso íntimo que emerge en el trabajo etnográfico y en el registro testimonial). De tal manera se construye esa perspectiva integral que incluye el aspecto humano y permite relatar sensaciones y emociones, elementos centrales para el desenlace de los fenómenos violentos y para su resolución. La narrativa del conflicto en Cherán que he presentado en este texto abreva de testimonios, relatos y memorias, que son muestra de las subjetividades de quienes han vivido y transitado por el conflicto y la violencia: la huella del dolor moldea la visión del futuro, detiene en ocasiones el desarrollo de nuevas relaciones, pero, en muchos casos, es la amonestación y el recordatorio de lo que no se debe repetir y es el armazón de discursos y prácticas sociales esperanzadoras.
En tal contexto, el proceso de movilización y de reconstrucción social en Cherán está impulsando un amplio abanico de acciones para la transformación del conflicto que abarca muchas de sus dimensiones. Destacan el impulso a actividades culturales y deportivas para jóvenes y niños, la separación y el reciclaje de la basura y la inclusión de la ciudadanía en las tareas de seguridad pública; sin embargo, todas estas acciones tienen un límite en cuanto no atacan la desigualdad y la exclusión que originan la violencia estructural.
Iniciativas como las Empresas Comunales muestran un incipiente interés hacia la construcción de alternativas económicas para la población local, acciones que, sin embargo, aún no han alcanzado la madurez suficiente para enfrentar la problemática de la exclusión y la violencia estructural que afecta a los habitantes de Cherán y de toda la Meseta.
El análisis expuesto, junto con el reconocimiento de los avances en relación con la reconstrucción del tejido social y del entorno ambiental, muestra que el proceso de transformación del conflicto en Cherán requiere la construcción de una sostenibilidad económica local que alcance e incluya a los otros y a los malos, y siente las bases de un proceso de paz plural e intercultural fincado en la justicia social. En tal contexto, los avances son aún limitados, pues, la construcción local de alternativas al modelo económico global, que se manifiesta en los territorios rurales de México con evidentes características extractivas y criminales, tiene que sortear un complejo entramado de factores que incluyen la actuación corrupta de los funcionarios estatales encargados de administrar las políticas públicas; la vulneración estructural de derechos humanos y sociales en los contextos laborales; la actuación criminal de los cuerpos de seguridad pública; y la codicia de los intereses criminales sobre los territorios y los recursos comunales de las regiones indígenas. No se trata, sin embargo, de límites sino de retos, futuros pasos en el proceso de formación de paz que necesariamente debe implicar la transformación de las relaciones existentes.