INTRODUCCIÓN

Para fines de la década de 1960, se evidenciaba a nivel internacional pero también latinoamericano, una creciente ola de movilización política y social. Se nutría de diferentes alineamientos y procesos revolucionarios a nivel mundial (el choque chino-soviético, la primavera de Praga, los procesos de descolonización como el argelino, el Mayo Francés, la resistencia a la intervención estadunidense en Vietnam y, sobre todo, la revolución cubana). En parte derivada de ello, en Argentina emergió una izquierda que se sustentaba en una lectura de la realidad nacional distinta a la de la izquierda tradicional, orientada a la revolución socialista y a conformar alianzas centradas con la clase obrera y los campesinos pobres.¹

El año 1969 fue un momento bisagra tanto por las movilizaciones callejeras que se produjeron en varias ciudades del país, como por las respuestas represivas que generaron. La más conocida fue el Cordobazo, una insurrección popular sucedida en la ciudad de Córdoba el 29 y 30 de mayo. En otras ciudades como Rosario, la reacción popular también se expresó bajo la forma de levantamientos urbanos masivos. Estos hechos evidenciaron el surgimiento de una tendencia insurreccional de masas, mientras se empezaba a descreer de la eficacia de los canales institucionales (partidos políticos tradicionales y sindicatos).

En ese contexto, comenzaron a surgir y/o consolidarse diversas organizaciones político-militares que basaban su estrategia en la construcción de un foco guerrillero que asumiera la lucha armada contra el gobierno. Las dos organizaciones más destacadas fueron, desde el peronismo, Montoneros y, desde la izquierda marxista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). No obstante, hubo también distintas organizaciones políticas de izquierda que discutieron y rechazaron explícitamente la estrategia de la lucha armada.

Derivado de la agudización del conflicto social, a partir de entonces se produjo un significativo aumento de la cantidad de los presos políticos en el periodo 1969-1973, pertenecientes a las organizaciones armadas y no armadas, pero también a militantes populares, estudiantiles y gremiales. Frente a ello surgieron diversas comisiones en defensa de dichos presos, con reconocidos vínculos con esas organizaciones. Estas comisiones adoptaron una “narrativa revolucionaria” en relación con la defensa de los presos políticos, que se basó en la denuncia de la cárcel como principal estrategia represiva de la dictadura de la “Revolución Argentina” (1966-1973) y ponía el foco en la condición de “políticos” de los presos. Luchaban por el poder del Estado y suponían que sus demandas sólo podrían ser satisfechas por otro régimen político, en una tarea mucho más radical de trasformación social.

El plan sistemático de aniquilamiento de la última dictadura militar (1976-1983), en contraste, consistió en secuestros clandestinos, apropiación de menores, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de militantes populares, dirigentes sindicales y personas opositoras en general. El cambio en la magnitud de la represión implicó también un cambio en las estrategias defensivas.² En este sentido, las redes transnacionales en defensa de los derechos humanos proveyeron a los denunciantes nacionales de un léxico, un vocabulario y métodos de sistematización de la información específicos para ejercer sus demandas con base en lo que se ha denominado como “narrativa humanitaria”. Diferente a la matriz política-ideológica en que se asentó la denuncia de la cárcel en el periodo anterior, esta nueva narrativa privilegiaba la descripción de los secuestros y de las características de los represaliados resaltando el carácter universal del reclamo, produciendo un giro caracterizado por la despolitización de las demandas y el abandono de la retórica revolucionaria.

LA NARRATIVA REVOLUCIONARIA EN LAS COMISIONES DE PRESOS POLÍTICOS

Los primeros momentos de la década de 1970 constituyeron, por varios motivos, un punto de inflexión en la defensa de presos políticos que, a partir de entonces, adquirirá una presencia y una consistencia política, corporativa y profesional aún mayor que en la década anterior. La solidaridad con los detenidos políticos tiene larga data en Argentina, pero fue en este contexto de incremento de la represión y de la población carcelaria que se produjo la creación de organismos dedicados exclusivamente a este problema.

En este sentido, me parece importante definir la categoría de “presos políticos” que incluye a los detenidos por razones políticas, gremiales, estudiantiles y sociales. Lo que distinguía a un preso político de un preso común era la finalidad que lo llevaba a accionar de determinada manera. En ambos casos se violentaba la ley, pero la intencionalidad en un preso común era aprovecharse personalmente de esa vulneración de la ley y, en el otro, era una intencionalidad política que estaba por encima del objetivo individual. Por eso, más allá de la justeza o no de la acción, lo que definía que fuera un preso político era el propósito por el cual había cometido tal acción (^{Bacci; Carnovale y Oberti, 2010}). Por otro lado, los abogados y las organizaciones defensistas apelaron a la categoría de preso político como forma de establecer un criterio de distinción simbólico respecto de los presos comunes. Esta diferenciación persiguió una finalidad pragmática orientada a obtener ciertas solicitudes o tratos especiales en las condiciones de detención (^{Chama, 2014}) y a adecuar las estrategias jurídicas para las defensas.

Las comisiones de solidaridad y apoyo a los presos políticos que surgieron en este contexto tenían reconocidos vínculos con algunos partidos políticos y organizaciones político-militares. Denominadas “comisiones de presos”, “comisiones de familiares” o “comisiones de solidaridad” por sus contemporáneos, denunciaban el uso de la cárcel como principal estrategia represiva y sus derivaciones: persecuciones, condiciones de encierro inhumanas, torturas y traslados disciplinatorios. De variada composición, con diferentes grados de institucionalización, las comisiones de presos representaban la forma organizativa típica de la “Revolución Argentina”. Eran espacios compartidos por familiares y militantes y, aunque en principio mantenían vínculos con determinados partidos u organizaciones políticas, la pluralidad ideológica estaba presente en la mayoría de estas organizaciones.

Las acciones por apoyo, solidaridad y defensa a detenidos políticos se intensificaron especialmente en la etapa 1971-1973 en función del crecimiento numérico de los presos políticos y la transformación cualitativa de la represión durante la última etapa de la dictadura. Para el año 1971 al menos, se puede reconocer ya la existencia de distintas agrupaciones defensistas de presos políticos de alcance nacional. En estas organizaciones, abocadas a la solidaridad con los presos políticos y a la defensa de los derechos humanos -aunque todavía no aparecía en el lenguaje de la época este sintagma, excepto en el Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos-, se destacaban los familiares de las personas detenidas, los compañeros de militancia (en ocasiones también parejas, sobre todo las mujeres) y algunos abogados comprometidos en la defensa legal de los militantes. Como afirma ^{Alonso (2017)} : “Los repertorios discursivos de los escasamente visibles agrupamientos previos a 1974 no se articulaban sobre la noción de ‘derechos humanos’, sino que se planteaban más generalmente como denuncia de la represión sufrida por el pueblo” (p. 104).

^{Eidelman (2009)} sugiere el siguiente listado de las organizaciones de alcance nacional, la mayoría constituidas a lo largo del año 1971 para la defensa y solidaridad con presos políticos, gremiales y estudiantiles:

la Comisión de solidaridad con los presos políticos y el cuerpo de abogados de la CGT de los Argentinos; la Asociación Gremial de Abogados; la Agrupación de Abogados Peronistas; la Comisión Peronista de Ayuda a los Presos Políticos (COPPAP); la Organización de Solidaridad con los Presos Políticos, Estudiantes y Gremiales (OSPPEG) […]; la Comisión de Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales (COFAPPEG ); el Movimiento Nacional contra la Represión y la Tortura y el Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos (p. 14).

Los pronunciamientos, solicitadas y comunicados de repudio de abogados, sindicatos, agrupaciones estudiantiles, partidos políticos y organizaciones político-militares se multiplicaron en ese contexto. Las denuncias aludían al endurecimiento de la legislación represiva, a los procedimientos y detenciones llevados adelante por las fuerzas de seguridad, al aumento del número de presos políticos, a las rigurosas condiciones de detención, a los apremios ilegales y torturas sobre los cautivos. Con el tiempo también se incorporaron los reclamos por los secuestros y desapariciones, aunque se trataba todavía de hechos puntuales.

Esta función denuncialista fue asumida también por algunos abogados. Estas denuncias procuraron canalizarse a través de medios de comunicación. De esta forma, la acusación pública con documentación de casos de torturas y apremios ilegales así como de las condiciones carcelarias y la presentación de listas sobre secuestros, asesinatos y detenciones, buscaban generar un impacto en la opinión pública con el objetivo de reforzar una conciencia antirrepresiva y antidictatorial. Asimismo, la decisión de estos profesionales por recurrir a un actor extrajudicial, como la prensa, para canalizar sus reclamos, manifestaba el rechazo a un poder judicial claramente subordinado al poder militar (^{Chama, 2010}). Además, la denuncia pública de las detenciones ilegales persiguió un fin más urgente: legalizar rápidamente al detenido para evitar que este fuera objeto de castigos y apremios por parte de las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, las organizaciones defensistas llevaron a cabo la realización y distribución de algunos informes, folletos y/o publicaciones, como los informes de la Comisión de Familiares de Detenidos (^{COFADE, 1969}),³ la Comisión de Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales (^{COFAPPEG, 1972})⁴ y el ^{Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos (1973)}.⁵

El primero, el Libro negro de la Casa Rosada, que editó COFADE en agosto de 1969, revelaba la represión y la censura que la dictadura imponía a la población, reclamando la libertad de los presos políticos. Su título resignificaba el del informe de la comisión creada por la “Revolución Libertadora” para investigar al peronismo tras el golpe de Estado de 1955 (^{Crenzel, 2008}). ^{COFADE (1969)} proclamaba que: “El régimen capitalista no puede subsistir sin detener, sin torturar, sin quebrar a los dirigentes populares” (p. 45).

^{Chama (2014)} sostiene que:

Este tipo de argumentaciones, que buscaban establecer una relación directa entre el sistema socioeconómico y la represión gubernamental, sería uno de los tópicos centrales que grupos defensistas de mayor envergadura nacidos durante los primeros setenta, como la Asociación Gremial de Abogados o la Comisión de Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales [COFAPPEG], utilizarían en los años subsiguientes (p. 127).

El texto informaba sobre casos de las torturas recibidas por militantes políticos, principalmente peronistas y de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL); los consejos de guerra implementados en 1969 y la represión sufrida por la CGT de los Argentinos.

Otro informe se denominó Torturas en Argentina, fue realizado por la COFAPPEG de la provincia de Córdoba y publicado en julio de 1972.⁶ Con más de 50 páginas el informe denunciaba los apremios ilegales a que eran sometidos los presos políticos. El trabajo contenía una declaración de principios de la organización y reunía testimonios de presos políticos detenidos centralmente durante 1971 en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán, La Plata, Mendoza, Buenos Aires, Santiago del Estero y Corrientes. Estaba basado en la denuncia pública efectuada por el Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos en enero de 1972.

Antes de la asunción del nuevo gobierno tras las elecciones democráticas de 1973, ^{el Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos (1973)} preparó un informe titulado: Proceso a la explotación y a la represión en la Argentina, publicado en mayo de ese año. Este informe, de 222 páginas, constituía una suerte de resumen de los principales hechos represivos revelados por el Foro, consumando una lista muy completa de los secuestros sucedidos en esos años. Esta publicación sostenía en su prólogo que: “La represión motivó un vasto movimiento de protesta y de denuncia. Numerosos organismos de solidaridad en todo el país: grupos políticos, gremiales, estudiantiles, religiosos, familiares, de presos, abogados, periodistas y otros profesionales -y este Foro- denunciaron sistemáticamente a través de diversos medios las dimensiones que alcanzaban la explotación y la represión” (p. 6).

A la vez que advertía que existía una relación entre la opresión propia del sistema y la represión extraordinaria que se había expandido en los últimos años. Por último, el prólogo finalizaba afirmando que

una nueva conciencia se está levantando sobre el país y sus problemas: conciencia de que los derechos humanos son sagrados e inalienables […] Millones de argentinos votaron también por la inmediata libertad de quienes, de una u otra forma lucharon contra el régimen, y por una exhaustiva investigación que individualice y condene a los responsables directos, a sus instigadores, y encubridores de los crímenes que el régimen, a través de la Fuerzas Armadas y de la policía, cometió (p. 7).

Con las noticias de la represión, el informe intercalaba temas de otro orden que daban cuenta de una mirada más integral acerca de los derechos universales de los pueblos, lo que posteriormente se conoció como la “agenda ampliada” de los derechos humanos. Entre estos temas incluía la censura, la vivienda, la educación, la salud y la explotación de los trabajadores.

Estos informes realizados por organizaciones defensistas de los presos políticos presentaban claras diferencias con los reclamos por los derechos humanos que se expandieron una década después, sobre todo por las posturas político-ideológicas que reivindicaban. Estas publicaciones podían tener como interlocutores a las autoridades dictatoriales en función de reclamos puntuales y exigiendo medidas concretas pero se dirigían principalmente al pueblo del que se identificaban como miembros y al que querían sumar a la lucha, con el llamado a la solidaridad y a la movilización social. Además, compartían la narrativa de la militancia revolucionaria (^{Crenzel, 2008}). ^{Alonso (2011)} sostiene que en el horizonte de expectativas de estas agrupaciones, sólo la revolución social y la liberación nacional podían resolver los problemas planteados. En cuanto a los repertorios discursivos, los enunciados no se articulaban en torno a la noción de “derechos humanos”, sino que se planteaban más generalmente como denuncia a la represión sufrida por el pueblo. Sin embargo, al menos en el último informe ya aparecía una noción de que “los derechos humanos son sagrados e inalienables” (^{Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos, 1973, p. 7}), al tiempo que estos informes permiten observar continuidades con el movimiento de derechos humanos posterior, sobre todo en las denuncias, especialmente en aquellas relacionadas con los apremios ilegales recibidos por los secuestrados/detenidos.

Algo similar sucedió en Uruguay, de acuerdo con lo analizado por ^{Vania Markarian (2004)} quien sostiene que algunos sectores más radicalizados de la izquierda uruguaya creían que el problema de los presos políticos debía ubicarse en términos de lucha de clases. Aunque el golpe de Estado en Uruguay (1973) ocurrió con anterioridad a la última dictadura militar argentina y la estrategia represiva se basó en arrestos masivos; largas sentencias a los detenidos condenados; torturas; asesinatos y, por lo general, víctimas claramente identificadas -a diferencia de Argentina y con cifras menores a esta última-,⁷ la gran mayoría de los grupos y partidos de izquierda y de los exiliados uruguayos empezaron a usar el lenguaje de los derechos humanos recién hacia fines de 1976, en parte por la influencia de las redes transnacionales en esta materia.

LA ADOPCIÓN DE LA NARRATIVA HUMANITARIA EN EL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS ARGENTINO

Desde inicios de los años setenta a partir del activismo por los derechos civiles para las minorías étnicas, del movimiento feminista, de grupos de oposición a la guerra de Vietnam y al Apartheid, además de la sensibilidad y empatía para con los perseguidos que despertaron las crueles dictaduras del Cono Sur, se conformaron diversas organizaciones y redes transnacionales de defensa de los derechos humanos, que pronto alcanzaron una presencia destacada en América Latina. Esas redes estaban formadas por estructuras de conexiones flexibles, sin jerarquías internas y con distinta intensidad de vinculación entre sus componentes (^{Keck y Sikkink, 2000}). Había organizaciones de carácter diverso: organizaciones no gubernamentales; instituciones estatales y dependencias de organismos gubernamentales internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Organizaciones como Amnesty International (AI), fundada en 1961, recibieron un reconocimiento mundial en la década del setenta, momento en que el cual se fundaron otras organizaciones significativas como Human Rigths Watch (1978). Interesa destacar que una parte importante del activismo humanitario estuvo sustentado en organismos religiosos, con iglesias de diverso signo (católicas, protestantes, ecuménicas y judías).

Los exiliados de Argentina recurrieron a estas organizaciones y la denuncia en el exterior fue calando poco a poco en el país, socavando el cerco de la censura. De esta manera, los organismos internacionales y los reclamos en el exterior tuvieron una significativa influencia en el surgimiento de organizaciones similares en el país, en un momento en el que el cercenamiento del espacio público contribuyó a explicar la imposibilidad de que las denuncias fueran gestadas por organizaciones de representación como las agrupaciones armadas, los partidos políticos y los sindicatos, que se transformaron en blanco directo de la represión. ^{Alison Brysk (1994)} sostuvo que, en un contexto nacional que presentaba una estructura de oportunidades políticas muy restringidas, los organismos y familiares optaron por incitar la atención en el extranjero como una forma de saltar el cerco impuesto por el régimen militar y lograr una presión que pudiera frenar la represión.

Es conocida la lista de ocho organismos de derechos humanos emergentes en el período 1974-1979 en Argentina,⁸ algunos de los cuales ya existían al momento de producirse el golpe de Estado en 1976. En esta lista se incluye a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), la organización más antigua (1937), por su tarea realizada en la colaboración con la organización de los familiares de detenidos y desaparecidos. Sin embargo, los que efectivamente se habían creado en la coyuntura inmediatamente anterior a la dictadura eran el Servicio, Paz y Justicia en América Latina (SERPAJ) (1974); la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) (1975) y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) (1976). No obstante, estas organizaciones no lograron canalizar las demandas de los familiares directamente afectados por la represión, quienes formaron nuevos organismos durante los años de la última dictadura: Madres de Plaza de Mayo (1977);⁹ Abuelas de Plaza de Mayo (1977)¹⁰ y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas (1976), incluyendo la aparición de la agrupación HIJOS¹¹ que surgió en la década del noventa. También se formó después del golpe de Estado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), creado en el año 1979 por un grupo de abogados. Todas esas agrupaciones surgieron en la Capital Federal y registran acciones continuas desde su aparición hasta la actualidad, aunque no tuvieron réplicas exactas en otras ciudades del país o en el exterior.

Según ^{Emilio Crenzel (2013)} , las redes transnacionales se constituyeron en vehículos clave en la transmisión de la cultura de los derechos humanos a los organismos de familiares y de derechos humanos de Argentina. Fueron estas organizaciones las que

proveyeron a los denunciantes locales de un léxico y un vocabulario específicos para ejercer sus demandas basado en lo que Thomas Laqueur ha denominado la “narrativa humanitaria”. Ésta […] Privilegiaba la descripción fáctica, realista y en detalle de los secuestros, las torturas padecidas, las características de los lugares de cautiverio, la presentación de los nombres de las víctimas, sus edades y sexos, nacionalidades, creencias religiosas, ocupaciones y profesiones y, cuando se conocían, los nombres de los perpetradores. […] En paralelo, en base a estas variables sociodemográficas y socioeconómicas, ajenas a la matriz política en que se basó la represión, las redes trasnacionales clasificaban y presentaban a los desaparecidos presos y asesinados. Procuraban, de este modo, reconstruir la materialidad de los crímenes y elaborar una verdad basada en pruebas desechando las referencias a los compromisos políticos e ideológicos de quienes padecieron y perpetraron las violaciones así como de las causas y el contexto histórico-político en los que tuvieron lugar (p. 77).

Así, siguiendo a Crenzel, además del cambio coyuntural que significó la nueva dictadura, la influencia cultural de estas redes modificó la narrativa sobre la represión hasta entonces dominante en el país, al proponerla como un enfrentamiento entre víctimas y victimarios, desplazando la matriz de la lucha de clases o la antinomia entre el pueblo y la oligarquía, predominantes entre la militancia revolucionaria antes del golpe. Mientras el lenguaje de la izquierda resaltaba la calidad de “héroes” y “mártires” de los represaliados, los nuevos organismos comenzaron a hablar de “víctimas” de violaciones a los derechos humanos por parte del régimen represivo. Como sostiene ^{Markarian (2004)} : “Esta prédica ponía el énfasis en la denuncia de los métodos del estado por encima de la exaltación de los atributos de los militantes” (p. 10). En otras palabras, esta forma de caracterizar los hechos, reemplazó las iniciativas de historización de los crímenes en clave de violencia política por la irrupción de una “narrativa humanitaria”. De todas formas, como sostiene ^{Débora D’Antonio (2017)} , en Argentina “ha existido históricamente una cultura de denuncia testimonial basada en una detallada descripción de la aplicación de tormentos que la literatura materializó en obras célebres como Operación masacre de Rodolfo Walsh o La Patria fusilada de Paco Urondo” (p. 198).

Lo anterior explica, en parte, la presentación de los desaparecidos como “víctimas inocentes” que se instaló a partir de la última dictadura militar, diferenciándose de los reclamos anteriores donde se reivindicaba la condición de “políticos” de los presos. Como sostiene ^{Carol Solis (2008)} , esto también se evidencia en la denominación de los nuevos organismos, en tanto que la mayor atención estuvo puesta en la identidad de los reclamantes (“madres”, “abuelas”, “familiares”) más que en tipificar las categorías de los represaliados (“político”, “gremial”, “estudiantil”), como en las organizaciones previas a 1976. ^{Crenzel (2013)} también indica que la denuncia en clave humanitaria tenía estrecha relación con los denunciantes, en su mayoría familiares, para quienes su lazo con el desaparecido se basaba en valores humanitarios, ignorando sus adscripciones políticas o ejerciendo un silencio estratégico sobre ellas dada la persecución dictatorial.

Ahora bien, además de la identidad de los reclamantes, estas nuevas organizaciones carecían de los vínculos político-partidarios que habían tenido las anteriores, por las circunstancias ya descritas (el cercenamiento del espacio público; la imposibilidad de gestar los reclamos mediante organizaciones políticas y político-militares o sindicatos). ^{Alonso (2017)} advierte que:

La falta de referencias respecto de las corrientes políticas reprimidas operó en el sentido de una despolitización de la demanda y de su fijación en el puro resguardo de los derechos elementales. La apelación a la Declaración Universal y al “mito de la inocencia”, según el cual los desaparecidos eran “víctimas inocentes” ajenas a la lucha armada, se complementó con la crítica de la violencia (p. 110).

No obstante, algunos militantes y dirigentes, especialmente de la izquierda armada, tardaron en advertir el alcance y las consecuencias de la escalada represiva y aún confiaban en el éxito a corto plazo de sus métodos de lucha. Además de esta confianza, como sostiene ^{Markarian (2004)} para el caso uruguayo, otros rasgos de la cultura política de la izquierda permiten explicar su relativo desinterés inicial por las actividades de denuncia: “En primer lugar, persistía una forma de entender la militancia que ‘heroicizaba’ el sacrificio y la entrega a la causa revolucionaria. También perduraba un cierto rechazo a expresiones sociales y políticas consideradas ‘menores’ por no atacar la ‘contradicción esencial’ de la sociedad, ya expresada en términos de clase o en su versión populista de ‘oligarquía versus pueblo’” (p. 8).

Por otro lado, ^{Crenzel (2013)} sostiene que el requerimiento y el uso de la presentación de los desaparecidos comenzaron a estandarizarse entre los organismos argentinos a partir de los vínculos que establecieron con las redes transnacionales de derechos humanos. Según el autor, estas entidades proveyeron a las nacionales, entre otras cosas, modelos de formularios para tomar y ejercer las denuncias de los desaparecidos. Estos formularios fueron incorporados por la APDH de Buenos Aires en 1979 para sistematizar las denuncias recibidas con el fin de entregarlas a la CIDH en su visita al país.¹² No obstante, es probable que tales formularios llegaran a otras ciudades del país con posterioridad.¹³

Por otra parte, según ^{Lorena Balardini (2015)} , en las formas de manejo de la documentación y producción de información, algunos familiares pusieron el foco, más que en la experiencia extranjera, en la condición “profesional” de “abogados” de las organizaciones de derechos humanos. Para la autora, “la sistematización de información se constituyó como una forma particular de práctica política de estas organizaciones en el marco de los procesos de rendición de cuentas correspondientes a las etapas analizadas, a partir de la estructuración y demarcación que imponen las reglas del campo jurídico”¹⁴ (p. 92).

^{Markarian (2004)} , por otra parte, analiza que la operación de traspaso de una narrativa a otra, en el caso del senador uruguayo Zelmar Michelini¹⁵ se basó no sólo en experiencias internacionales sino también en tradiciones nacionales de respeto a los derechos individuales, presentando al autoritarismo como un quiebre sustancial con este legado.

Otra clara diferencia de estas organizaciones creadas a mediados de los años setenta era el concepto de preso político que tenían respecto del que he planteado en el apartado anterior, lo que es una muestra del cambio de época, pero también de la necesidad de generar empatía con la sociedad. En octubre de 1978, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Rosario realizaba un boletín público donde informaba sobre la situación del país y la constitución de Familiares en dicha ciudad, repetían los reclamos por los desaparecidos, solicitaban audiencia con autoridades militares y eclesiales y peticionaban por las condiciones de detención de los presos políticos. Allí se definía al detenido político de la siguiente manera: “Cuando un ciudadano sufre cárcel, sin ser imputado de ningún delito, sin que se lo encuadre en ninguna de las tantas leyes punitivas o represivas, y solo se encuentre a disposición del PEN [Poder Ejecutivo Nacional], se trata de un detenido político” (Familiares de Detenidos, 1978, p. 2). Esta diferencia en el concepto de preso político muestra también el traspaso discursivo del combatiente que comete un delito con una intencionalidad política para fines sociales hacia una narrativa humanitaria sobre la persona detenida sin causa ni proceso.

Por último, una dimensión menos estudiada para el Movimiento de Derechos Humanos argentino -aunque no por eso menos importante- que tuvo injerencia en la transnacionalización del reclamo, es la condición social de los represaliados y, por ende, de las organizaciones que tenían como condición fundamental el vínculo primario con el familiar desaparecido. En este sentido, a pesar de que una parte considerable de los detenidos y desaparecidos por la última dictadura militar (1976-1983) provenía de la clase obrera y sindical, la represión de las Fuerzas Armadas estuvo dirigida principalmente contra la juventud de clase media alta políticamente movilizada y organizada. El Movimiento de Derechos Humanos fue heredero de esta supuesta represión selectiva, conformándose mayoritariamente por familiares provenientes de esa clase media o media alta definida por su ubicación social y su nivel de ingresos. Esa condición social de los reclamantes facilitó el acceso a las redes transnacionales de derechos humanos. Como sostiene ^{Alonso (2017)} :

la extracción de clase, sumada al apoyo de organismos internacionales de los países centrales, otorgó al movimiento argentino una alta capacidad de interacción a distancia. Casi por definición, los movimientos de derechos humanos no están fijados a un territorio, sino que articulan relaciones entre espacios distantes. Ello puede relacionarse con la composición de clase del movimiento, ya que las clases medias y medias altas tienen una amplia disponibilidad de medios de conexión a distancia -al contrario de las clases populares (p. 123).

LA INFLUENCIA DE LA TRANSNACIONALIZACIÓN DEL RECLAMO EN UN CASO LOCAL

Habiendo analizado la influencia de las redes transnacionales de derechos humanos en la adopción de una narrativa humanitaria para los organismos de Argentina, ahora me detengo en lo ocurrido en una ciudad de dimensiones medianas, como es Rosario (provincia de Santa Fe), en comparación con Buenos Aires, la capital del país.

Una de las cuestiones que marcaron la influencia transnacional tiene relación con la posibilidad de denunciar las desapariciones tanto en foros internacionales como en organismos extranjeros. Un hito central lo marcó la visita de la CIDH al país en 1979.

Esta visita de la CIDH no se puede explicar sin analizar la confluencia entre actores del exilio con actores nacionales. No obstante, la mirada “nacional” estuvo, por lo general, fuertemente centrada en Buenos Aires (^{Jensen, 2010}; ^{Basualdo, 2017}), desconociendo el esfuerzo que se hizo desde otras ciudades del país. A partir del trabajo de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, analizo aquí el modo en que desde Rosario se intervino en esta visita y en la proyección de denuncias propias sobre la violación de derechos humanos, así como la participación en otras actividades internacionales.

La CIDH estuvo del 7 al 10 de septiembre de 1979 en Buenos Aires, del 10 al 14 en Córdoba, los días 14 y 15 en Tucumán, pasó por Rosario el 18 y regresó a la Capital Federal. Unos días antes del arribo a Rosario, una delegación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas había viajado desde Rosario a Buenos Aires para denunciar ante el organismo internacional la represión desatada en el sur santafesino. Luego, cuando se confirmó que la delegación visitaría Rosario, planificaron una serie de actividades para llevar a cabo en la ciudad. Incluían “una gran campaña de esclarecimiento” y la búsqueda de una activa participación de distintos sectores de la opinión pública, la prensa oral y escrita, etc., a través de solicitudes, comunicados y distintas formas para lograr una amplia difusión del problema de los detenidos-desaparecidos y los detenidos por razones políticas y sociales.¹⁶ Por su parte, algunos familiares habían realizado anteriormente denuncias ante este organismo que motorizaron aquella visita.

A raíz de esa experiencia acumulada, posteriormente los organismos rosarinos participaron de otras actividades internacionales entre las que se destacó la intervención de Fidel Toniolli¹⁷ -presidente de la filial Rosario de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Rosario- en la XXXVI Asamblea de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza), el 29 de febrero de 1980, donde se trató el tema sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.¹⁸

Por otro lado, pero dentro de la denuncia pública internacional que hicieron los familiares de desaparecidos de Rosario, se encontraban los intentos de comunicación con el papa Juan Pablo II. Entre junio y julio de 1980, el papa realizó la primera visita oficial a Brasil, en plena dictadura militar, durante el gobierno del general João Baptista Figueiredo. Allí viajaron los familiares de Rosario con la idea de hacerle entrega de una nota “para que una vez más haga oír su voz pidiendo VERDAD y JUSTICIA para los que llamamos ‘desaparecidos’ y sus familias”.¹⁹ Algo similar intentaron el 12 de junio de 1982, cuando viajaron a Buenos Aires por la visita del papa a dicha ciudad.

Entrados los años ochenta, cuando la dictadura comenzaba a mostrar grietas cada vez más grandes, el equipo jurídico de APDH de Rosario comenzó su trabajo para juntar testimonios y pruebas, con visión de futuro. Aparece a partir de este momento la relación entre el campo jurídico y las estrategias implementadas por los organismos. Fue cuando empezó a destacarse la figura de la abogada Delia Rodríguez Araya, quien comenzó a pensar en la posibilidad de un juzgamiento futuro, en diálogo y sintonía con lo que realizaba la APDH a nivel nacional, ya que el formulario que se utilizó para tomar los testimonios era similar al que se utilizaba en la APDH de Buenos Aires. Fue la etapa a nivel nacional en que se emprendió la tarea de sistematizar la información sobre los desaparecidos. Si bien los organismos de Rosario siempre se habían preocupado por registrar los testimonios, especialmente de los familiares, en este momento se produjo un cambio en la estrategia y la tarea se concentró en los sobrevivientes, que podían dar cuenta de los lugares donde habían estado secuestrados, las personas desaparecidas que habían podido reconocer allí y también la identidad de algunos represores. Como sostiene ^{Balardini (2015)} :

La búsqueda del reconocimiento público de los hechos como delitos había llevado a enfocarse en las víctimas y las circunstancias de la desaparición o muerte que vincularan el hecho a un accionar oficial. En esta etapa se va más allá de esta caracterización inicial y se busca comenzar a identificar a miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad como responsables de los hechos (p. 18).

En otras palabras, esa “narrativa humanitaria” heredera de las redes transnacionales más centrada en las características físicas de los desaparecidos para su búsqueda y en la descripción de los secuestros, comenzó a adquirir particularidades propias en la apertura de un contexto de posible juzgamiento a los responsables del terrorismo de Estado.

Por último, la transnacionalización del reclamo y el impacto internacional de la demanda de la vigencia de los derechos humanos facilitó a los organismos de derechos humanos una importante asistencia material a través de determinado financiamiento. Las organizaciones que se crearon en el exterior, con localizaciones diversas, en su mayoría estaban integradas por personas exiliadas pero formaron parte de las redes transnacionales. Como sostiene ^{Silvina Jensen (2014)} , estos organismos organizaron su actividad pública en torno a dos pilares: la solidaridad y la denuncia. Con respecto a la primera, intentaron aportar asesoramiento jurídico y contención afectiva, pero especialmente enviaron dinero y otros materiales para presos políticos y familiares de detenidos y desaparecidos en el exilio, remitiendo donaciones a Argentina que eran canalizadas a través de sus homólogos en el país.

Sin embargo, lo que llegaba a Rosario era muy inferior en relación con lo ocurrido en conglomerados como Buenos Aires y La Plata. Los organismos de esta ciudad se vieron privados del acceso a la financiación, a la información y al valioso poder de presión que la transnacionalización del reclamo proveyó a los organismos de la capital del país.

El ejemplo más claro lo presentaron las Madres de Plaza de Mayo rosarinas,²⁰ que fueron despojadas de la asistencia material que proporcionó la solidaridad internacional del reclamo a las Madres de Buenos Aires y La Plata e incluso a otros organismos rosarinos, como ocurrió con Abuelas de Plaza de Mayo²¹ y el MEDH. Tanto quienes las acompañaron como ellas mismas, siempre se encargaron de destacar que la delegación Rosario de Madres nunca recibió fondos económicos de otras instituciones, ni siquiera de la entidad central de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Como sostiene Ana Moro:²² “Para esa época todos se acercaban a Familiares. Me acuerdo de la venta del periódico de las Madres. Yo era la secretaria de Finanzas. Todo se hacía con mucho esfuerzo. Rosario nunca recibió ayuda económica, como sucedía con Buenos Aires” (citado en ^{Del Frade, 2011, p. 248}).

Sin embargo, existió una excepción, que vino de la mano del hijo de una de las Madres, Irma Molina, que se encontraba viviendo en el exterior y les envió dinero, hecho que fue muy cuestionado por las Madres porteñas. Según relata Inés Cozzi, abogada y militante en derechos humanos: “Cuando se enteraron las Madres de Buenos Aires se enojaron mucho, porque dijeron que todas las donaciones eran para la casa central.”²³

Por otra parte, las regionales del MEDH también atendían las consecuencias sociales de la estrategia represiva, política y económica de la dictadura, facilitando asistencia financiera y técnica para los desempleados por razones políticas, sosteniendo comedores infantiles y articulando cooperativas de trabajo. La participación de actores provenientes del mundo religioso en estos organismos daba continuidad a viejas prácticas de solidaridad destinadas a integrar migrantes y dar asistencia a refugiados y desterrados. El carácter transnacional de sus propias organizaciones los situaba en un lugar privilegiado. Como sostiene ^{María Soledad Catoggio (2014)} , es necesario considerar

la dimensión transnacional del mundo religioso como un elemento decisivo en la gestión de la circulación y los intercambios entre activistas y organizaciones humanitarias que hicieron frente a la represión estatal trascendiendo los límites del Estado. La trama religiosa funcionó como una plataforma común que facilitó la confluencia regional de activistas de Derechos Humanos de distintos orígenes nacionales e ideologías políticas. Los dotó de una infraestructura y de una serie de recursos (materiales y simbólicos) que fueron clave para la asistencia a las víctimas y sus familiares, la lucha antidictatorial y la incorporación de los actores locales al campo internacional de los Derechos Humanos (p. 193).

Para el pastor Hugo Urcola,²⁵ al momento en que él llegó a Rosario en el año 1982, los organismos ya no eran considerados como organismos de denuncia sino de servicio social. Fundamentalmente el MEDH, que empezó a ayudar a los que comenzaban a retornar del exilio y sobre todo a los sobrevivientes, que salían de las cárceles y de los centros clandestinos de detención. Urcola era superintendente de la región santafesina y por lo tanto pastor de varias iglesias, pero por lo general las “ayudas” las entregaba en el templo “La Resurrección”, ubicada en Laprida 1453 de Rosario. Antes de otorgar el dinero, tanto exiliados como sobrevivientes debían responder una serie de preguntas y firmar la petición, hecho que molestaba mucho a personas que recién obtenían su libertad o habían sido muy perseguidas. Toda esa documentación era enviada a la central del MEDH en Buenos Aires, que suministraba los fondos económicos que luego entregaba Urcola personalmente.

El pastor hace mucho énfasis en la ayuda económica que brindó el MEDH a organismos y familiares y en los “canales del dinero”: “Madres, Abuelas, Asamblea, el MEDH recibían mucho dinero, fundamentalmente de Europa, porque Europa tenía la prosperidad de la ‘Cortina de Hierro’ para acá, ahora cuando cae el muro de Berlín se corta toda esa ayuda que venía de Europa a los organismos y a las iglesias”.²⁵ Claro que se refiere a las sedes matrices de estos organismos que se ubicaban en Buenos Aires y que, en algunos casos, descentralizaban ese dinero y, en otros no, como vimos para los casos de Abuelas y Madres respectivamente. Sostiene Urcola:

El MEDH fue un gran organismo que ayudó prácticamente a los demás organismos, ese fue el servicio del MEDH, porque yo cuando estaba acá [Rosario], nosotros organizábamos colectivos que iban a Sierra Chica, a apoyar a los presos, y después trabajó mucho cuando empezaron a salir, y el retorno, la gente venía del exilio, ahí el MEDH jugó un rol muy importante, llegó a tener como 100 empleados.²⁶

A MODO DE CIERRE

En este artículo reconstruí cómo, en Argentina -entre las dos últimas dictaduras militares- se produjo en las organizaciones defensistas de personas represaliadas un traslado de una “narrativa revolucionaria”, que consistió en la denuncia de la cárcel como principal estrategia represiva de la dictadura, basada en una matriz política-ideológica de transformación social, y ponía el foco en el carácter de “políticos” de los presos, a otra narrativa influenciada por la transnacionalización de las denuncias denominada “humanitaria”, que resaltaba la descripción de los secuestros y las torturas, las condiciones de los lugares de detención, la presentación de las características de los represaliados (nombres, edades y sexos, nacionalidades, creencias religiosas, ocupaciones y profesiones) y la identidad de los represores. De esta forma, los organismos de derechos humanos argentinos adoptaron una concepción de derechos individuales de alcance universal que en cierta forma despolitizaba el reclamo.

Pero además de los repertorios discursivos, las redes transnacionales en defensa de los derechos humanos proveyeron a las nacionales de diversos métodos para tomar y ejercer las denuncias de los desaparecidos. Uno de ellos fueron los formularios incorporados por la APDH de Buenos Aires en 1979 para sistematizar las denuncias recibidas con el fin de entregarlas a la CIDH. Sin embargo, es probable que tales formularios llegaran a otras ciudades del país, como Rosario, con posterioridad. Eso demuestra que esa “narrativa humanitaria” heredera de las redes transnacionales adquirió características propias en los diferentes lugares y en la apertura de un contexto de posible juzgamiento a los responsables del terrorismo de Estado.

Por último, interesa señalar que las formas de denuncia, manejo de la documentación y producción de información fueron también variadas y algunos familiares y/u organismos pusieron el foco, más que en la experiencia extranjera, en la condición profesional de los abogados de las organizaciones de derechos humanos y en tradiciones nacionales relacionadas con los derechos individuales de las personas.

Esas diferencias regionales y temporales se profundizan al momento de analizar los canales de financiación que proveyó la solidaridad internacional del reclamo, donde se destaca que no llegaron de la misma manera a las agrupaciones fuera de los conglomerados de Buenos Aires-La Plata.

De esta forma, interesa resaltar que el estudio sobre casos regionales y locales permite agregar algunos condimentos al análisis de la influencia y también de las diferencias con las redes transnacionales en materia de derechos humanos en Argentina.