Introducción

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, de los 18 millones de embarazos anuales que ocurren en América latina y el Caribe, 52% no son intencionados y de éstos 21% termina en abortos (CRLP, 2003 citado por ^{Guillaume y Lerner, 2006}). En México las estimaciones del Instituto Alan Guttmacher revelaron que para los años noventa 40% de los embarazos fue no intencionado y 17% de ellos terminó en abortos inducidos (^{Guillaume y Lerner, 2006}).

El embarazo no deseado como fenómeno social comenzó a estudiarse en Estados Unidos desde la primera mitad del siglo XX en el marco de las preocupaciones por el declive y posterior incremento de la población de ese país. Los estudios de corte demográfico realizados a partir de entonces aportaron las bases para el desarrollo del concepto de embarazo “no intencionado” (unintended). La National Fertility Survey, que fue llevada a cabo en 1965 después de la introducción de la píldora anticonceptiva, introdujo conceptos relacionados con un inesperado fenómeno observado: el fracaso para evitar la concepción, mismo que repercutía tanto en el momento del nacimiento de los hijos, como en el número total de éstos durante el ciclo de vida reproductiva. Así, el embarazo “inoportuno” (mistimed) respecto al tiempo se refería al que se presentaba antes de lo esperado, y el “no deseado” (unwanted), al que ocurría una vez cancelada toda expectativa de un nuevo hijo. Esos conceptos fueron incorporados en la National Survey of Family Growth de 1973 y de manera sistemática en las encuestas que siguieron a partir de entonces (^{Campbell y Mosher, 2000: 163-169}). Posteriormente varios autores cuestionaron los resultados de dichas encuestas, las cuales se basaban en los conceptos anteriores como medio para tratar de entender el problema. ^{Poole y sus colaboradores (2000: 182-197)} encontraron en un estudio sobre mujeres embarazadas de alto riesgo que el deseo por el embarazo no es algo ya determinado y fijo en el tiempo, sino que eventualmente puede modificarse en el proceso de la gestación, de modo que un embarazo no deseado puede convertirse en deseado y también puede ocurrir lo contrario. ^{Sable y Libbus (2000: 191-196)}, observaron que las mujeres con probabilidad de tener un embarazo no intencionado expresaron sentimientos de felicidad, de incertidumbre y de rechazo, y detectaron que tal ambivalencia se relacionaba con la inconsistencia en el uso de anticonceptivos. Afirmaron que la “intención” del embarazo y la “actitud” frente al mismo que se expresa en el grado de felicidad, no son lo mismo. En diversos estudios en el ámbito internacional se ha manifestado que aunque la intención de embarazo es un instrumento razonablemente útil en el análisis poblacional, es menos apropiado para aplicarlo a la experiencia individual de cada mujer (^{Santelli et al., 2003: 94-101}).

Standford y sus colaboradores (2000: 183-189) encontraron mediante una investigación cualitativa que más que la “intención”, el “deseo” por el embarazo daba una idea más aproximada acerca de la decisión de interrumpir o continuar la gestación. Identificaron cinco categorías que en un proceso continuo aludían a la intención de embarazarse: 1) el deseo previo de concebir; 2) los pasos tomados para la preparación del embarazo; 3) el acto concreto de concebir o no, ya fuera al continuar o interrumpir el uso de anticonceptivos; 4) el posterior deseo o no por el embarazo frente al hecho real de su existencia; y 5) finalmente la adaptación para la continuación de la gestación o su interrupción. Advirtieron que la pareja y otras personas significantes en la vida de la mujer desempeñan un papel importante respecto a su deseo por el embarazo.

Otros autores han enfatizado la importancia del apoyo de la pareja masculina y la estabilidad de la relación como condicionantes del deseo y destino del embarazo de las mujeres. La opinión del varón, el deseo que él tenga o no por la gestación actual, su disposición para apoyar afectiva y económicamente en el proceso, influyen en los sentimientos de su pareja femenina, de modo que las mujeres que carecían de dicho soporte expresaban más frecuentemente que no deseaban el embarazo frente a las que sí lo tenían (^{Kroelinger y Oths, 2000: 112-119}). Algunas evidencias han puesto de manifiesto que entre las mujeres que decidieron abortar, una proporción que va de 14 a 25% no lo comunicó a su pareja; asimismo se encontró que entre ellas era más frecuente la violencia doméstica que en las que comunicaron su decisión al varón (^{Woo et al., 2005: 1329-1334}). Otra investigación, que fue llevada a cabo en Canadá, confirmó los hallazgos de estudios anteriores que muestran una importante asociación entre las mujeres con abortos electivos de repetición, y el haber sufrido violencia física o sexual de la pareja (^{Fisher et al., 2005: 637-641}). Más aún, un estudio que se basó en una amplia muestra obtenida de la base de datos del Pregnancy Risk Assessment Monitoring System (PRAMS), en Estados Unidos, advirtió que el embarazo no intencionado (que había llegado a su término) fue más frecuente (hasta en 66.3%) en las mujeres que habían reportado violencia 12 meses antes y durante la gestación, que entre las que refirieron no haber vivido violencia, las cuales alcanzaron 42% de embarazos no intencionados. Asimismo se encontró que la prevalencia de violencia y embarazo no intencionado era mayor entre las mujeres cuyas condiciones de vida y personales eran más precarias, y por lo tanto ellas eran más vulnerables socialmente, como las mujeres negras, las menores de edad, las que tenían menos escolaridad, las no casadas y quienes vivían en condiciones de hacinamiento (^{Goodwin et al., 2000: 85-92}). También se registró una asociación entre las experiencias de abuso físico y sexual y la violencia familiar que vivieron en la infancia y el embarazo no intencionado en su adultez, lo que pone de manifiesto la continuidad de la violencia a lo largo de su ciclo de vida. Mientras se reconoce la necesidad de generar más información, se sugiere que es importante la violencia en la niñez, pues afecta las sensaciones de poder y control más tarde, cuando las mujeres establecen relaciones de pareja, dadas las dificultades que esto implica para la negociación sexual (^{Dietz et al., 1999: 1359-1364}).

La relación entre el embarazo no intencionado y la violencia doméstica ha sido poco estudiada fuera de Estados Unidos. Las condiciones económicas, sociales y culturales particulares según regiones y países, sobre todo en los llamados no industrializados, sitúan de manera particular el fenómeno tratado. En Uganda, África, donde la interrupción del embarazo no es legal y donde coexisten la monogamia y la bigamia, se ha encontrado una asociación particular entre las relaciones de pareja abusivas y el embarazo no intencionado, lo cual en muchos casos conduce al aborto en condiciones de riesgo (^{Kaye et al., 2006: 90-101}). Un estudio con base poblacional que se llevó a cabo en Colombia -el primero en América latina- reveló que existe una asociación significativa entre la violencia de pareja y los embarazos no intencionados, y que cada año se evitarían aproximadamente entre 32 500 y 45 000 de ellos si se eliminara la violencia de pareja (^{Pallito y Ocampo, 2004: 165-173}).

En México la investigación acerca de la violencia hacia las mujeres se inició después de la década de los noventa. Un estudio sobre estados de alta marginación, entre los que se ubica Chiapas, encontró una prevalencia de violencia durante el embarazo -probablemente subestimada- de 13%, levemente inferior a la registrada en el país entero, de 15 a 33.5%, sobre todo entre las mujeres sin escolaridad, entre las que sufrieron violencia en su infancia y entre las que no tenían pareja (^{Cuevas et al., 2006: 239-249}). Información posterior de ocho regiones indígenas recabada por la Encuesta Nacional sobre Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (Ensademi) de 2007 reveló que en la región de los Altos en Chiapas se presentaban los indicadores mayores y más severos al respecto (^{González y Valdez, 2008: 435-450}). Aunque no se ha investigado la asociación entre la historia de violencia y la intención de embarazo, la información disponible revela que existe una continuación entre el maltrato sufrido en la infancia y en la adultez, y que la gestación raramente la inicia el proceso de violencia (^{Castro et al., 2003: 110-116}; ^{Cuevas et al., 2006: 239-249}).

Una revisión de la literatura al respecto que llevaron a cabo ^{Pallito y Ocampo (2005: 165-173}) evidenció la escasa producción sobre el tema del embarazo no intencionado en los países no industrializados y concluyó que se requerían más investigaciones para entender la asociación entre la violencia de pareja y el escaso control de las mujeres sobre su cuerpo y su fecundidad, que aportaran elementos que contribuyeran a la elaboración de una teoría que partiera de la inequidad de género y el ambiente social en que ocurre el problema. A su vez ^{Santelli y sus colaboradores (2003: 94-101)} aseguraron que es necesario examinar de mejor manera los significados que el embarazo tiene para las mujeres, y estudiar el problema del embarazo no intencionado desde su visión personal, desde su relación de pareja y desde su realidad cultural y política.

El propósito de este trabajo es contribuir al esclarecimiento de la relación entre la violencia de género y el embarazo no deseado en mujeres indígenas inmigrantes a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Ésta es una ciudad multicultural, centro económico rector de la región montañosa conocida como los Altos de Chiapas, en la que habita la mayor cantidad de población indígena de la entidad, y que desde antes de los años setenta ha sido lugar de destino de la emigración rural urbana. Se trata de evidenciar el papel de las relaciones de poder entre mujeres y hombres, la violencia y vulnerabilidad en el origen del fenómeno, a la luz de los cambios ocurridos en esa ciudad del sureste del país.

Elementos conceptuales de la relación entre el poder, la vulnerabilidad y la violencia

^{Foucault (2005: 11-37}) concibe el poder como la estrategia que despliega una persona determinada a partir de la posición que ocupa en el entramado de relaciones sociales en que se encuentra inmersa. Desde esa perspectiva el poder no es una posesión tangible, sino un proceso, y por lo tanto se ejerce, siempre está ahí, es relacional y nadie se halla al margen del mismo. ^{Townsend, entre otras autoras (2002: 35-65)}, se refiere al poder como algo más concreto, como una “fuerza” que las personas y los grupos pueden ejercer. Ellas observan que la forma más conocida de éste es la imposición mediante coerción o consenso, y que la “resistencia”, como su complemento, se refiere a manipulación, burla, engaño, complicidad, etc., que llevan a cabo quienes tienen menos autoridad. Interpretan el poder desde dentro como la fuerza interna que la persona percibe en sí misma y conquista para sí, sobre todo cuando descubre que no está por completo indefensa. Lo entienden también como posesión, pues permite contar con habilidades y capacidades para hacer cosas que antes no habrían sido posibles. Sin embargo, en la medida en que sólo una parte del ejercicio del poder es individual, se vuelve indispensable la fuerza del grupo organizado para crear condiciones idóneas para que los derechos y la posibilidad de ejercerlos sean una realidad para las mujeres desde la personal hasta la general (^{Zapata et al., 2002: 191-206}). Oliveira, en su revisión de la literatura acerca de los cambios de las familias en México, asienta que las de género son relaciones asimétricas de poder cargadas de ambivalencias, en las que se puede distinguir desde la imposición de la autoridad del varón por medio de la violencia y la aceptación de ésta por las mujeres, hasta su cuestionamiento mediante diversas formas de resistencia con el fin de lograr un trato más igualitario (^{Oliveira, 1998: 23-51}).

En este trabajo entendemos que el poder es la fuerza que puede ejercer una persona en un momento determinado según la posición en que se encuentre, y desde la cual eche a andar su estrategia para lograr ciertas metas; pero es también una posesión y por lo tanto un recurso, de modo que la persona ubicada en una posición actúa con todo lo que es y lo que posee. No sólo con la fuerza que le pueda dar el tener bienes, como tierra, propiedades, dinero e incluso redes de apoyo que le sirvan como posición de retirada para la negociación, como propone ^{Agarwal (1999: 13-58)}, sino antes que nada con la conciencia de ser merecedora de buen trato y de tener la fuerza y los saberes necesarios para ser capaz de controlar su propia vida.

La posición desde donde una persona pueda llevar a cabo su estrategia, además de la materialidad de sus condiciones de existencia, está imbuida de significados y valoraciones que la hacen percibirse y ser percibida por otros dentro de un lugar determinado en el mundo. Puesto que las condiciones de vida, los significados y valoraciones no son iguales para todos, es un hecho crucial que todas las personas nos relacionamos en términos de desigualdad de poderes. Diversas identidades nos envuelven, nos marcan y posicionan para actuar desde ahí. Así, no es lo mismo estar en el mundo como hombre que como mujer, como rico que como pobre, como mestizo que como indígena, como joven que como vieja, como suegra que como nuera, como administrador de una empresa que como campesino, como político profesional que como ciudadana común, etc. El hecho de que una sola persona reúna una serie de identidades: ser mujer, campesina, indígena, menor de edad, etc., la ubica en cierta posición y en posesión de determinados recursos. Es decir, el poder que puede desplegar la persona y mediante el cual actúa está condicionado por su circunstancia concreta de vida, si bien no se restringe a un mero condicionamiento, sino que implica también la posibilidad de transgredir y crear situaciones nuevas.

El poder se mueve en un rango que va desde las relaciones más o menos equitativas donde existe un equilibrio siempre tenso entre las fuerzas que interactúan, hasta un desequilibrio de tal magnitud, dada la desigualdad en que se han construido éstas, que es posible que alguna de ellas abuse del poder. El diccionario define la acción de abusar como el “exceso en el ejercicio de las atribuciones”, o el “perjudicar a alguien que ha dado crédito” (Real Academia Española). Así, el abuso de poder es claramente una forma de violencia, y se define como el uso inapropiado, indebido y desproporcionado de la fuerza, que causa daño al que lo recibe, quien por lo tanto queda en una situación de mayor vulnerabilidad personal, posición desde donde echará mano de los recursos de que disponga para trascenderla. Todas las desigualdades son producto de un conjunto de obstáculos, de amenazas, y de la carencia de oportunidades de desarrollo que existen en el entorno, las cuales son construidas socialmente. Todas las desigualdades son construcciones humanas que sólo existen por los significados que les damos.

Puesto que el límite que separa un acto de poder de un acto de abuso de poder puede ser borroso en relación con el contexto en que adquiere su significado, las normas sociales impresas en la costumbre y las leyes producto de las instituciones desempeñan un papel fundamental para legitimar lo que pueda ser considerado violencia, si bien esto no es inmóvil sino que cambia con el tiempo. De acuerdo con ello la violencia es posible no sólo por el desequilibrio en que se han construido las fuerzas que interactúan, además porque para el conjunto social el hecho violento es invisible, y cuando no lo es, se tolera con un silencio cómplice que genera impunidad.

La invisibilidad y la impunidad, resultado de las normas sociales escritas y no escritas que se aplican de manera diferenciada a mujeres y hombres, crean las condiciones para que se produzcan entornos de mayor o menor riesgo. Dichas normas se fundamentan en las distintas nociones del “deber ser” que conllevan sanciones morales y legales a quienes se atreven a transgredirlas, en una situación de precariedad de oportunidades vinculada con la edad, el género, la etnia y la clase social. El riesgo se entiende como la probabilidad de que un evento amenace la seguridad y la vida de determinada persona o grupo, sobre todo en ambientes de extrema pobreza (^{Cain, 1982: 159-175 )}, como consecuencia de la violencia estructural generada por fuerzas económicas y sociales que llevan a situaciones de sufrimiento social e individual (^{Farmer, 1995: 261-283}). La vulnerabilidad por lo tanto, como el riesgo de recibir un daño, es una situación que pesa sobre las personas en función de cómo fue construido su poder, pero también que las rebasa, puesto que dicha vulnerabilidad se construyó en un entorno donde las condiciones son propicias para que exista el abuso de poder de que son objeto. ^{Stern (2004: 127-157)}, al analizar el embarazo adolescente, hace notar que las vicisitudes que ocurren en el ámbito familiar influyen en distinta forma en la vida de las jóvenes, dependiendo de los contextos sociales de las que éstas provienen, y observa que la vulnerabilidad, más que estar determinada en los ámbitos individual o familiar, lo está sobre todo en el social.

Las relaciones en que predomina el abuso de poder se mueven en un continuum; van desde agresiones cuyo reconocimiento se dificulta pese al malestar que provocan, pues forman parte de conductas socialmente aceptadas y que por lo tanto pasan inadvertidas, hasta la violación como manifestación extrema en el caso de violencia sexual (^{Velásquez, 1996: 314-343}), o aun la muerte de la víctima. Los hombres también son objeto de violencia, pero en diversas partes del mundo se ha documentado que en la mayoría de los casos la sufren las mujeres a manos de sus parejas o familiares cercanos. La violencia aparece a todo lo largo de la vida de éstas y es en el hogar, espacio concebido como un lugar de seguridad, donde corren más riesgos. El abandono, la violencia física, la psicológica, la económica y la sexual, son algunas de sus expresiones (^{Elú y Santos, 2000}: 13-20). El embarazo no deseado, como se plantea en este trabajo, es una manifestación no reconocida del abuso de poder y de la vulnerabilidad individual y social que viven las mujeres en sus comunidades de origen y también en la ciudad.

Aspectos metodológicos de la investigación

Mediante metodologías cualitativas se trató de comprender en qué forma vivieron las mujeres y los hombres la ocurrencia de un embarazo no deseado. Las técnicas que se utilizaron fueron la observación participante y la entrevista. La primera se puso en práctica acompañando a algunas mujeres que acudieron a ciertos espacios para interrumpir sus embarazos, y a otras que carentes de apoyo continuaron con la gestación hasta el nacimiento del hijo o la hija. La entrevista fue la técnica privilegiada, puesto que las mujeres fueron las protagonistas. Se realizaron entrevistas en profundidad a once de ellas que tuvieron un embarazo no deseado; eran en su mayoría bilingües, hablantes de tzotzil, tzeltal y cho’l como lengua materna, y habían migrado a la ciudad a diferentes edades. Las preguntas centrales fueron: ¿Usted quería embarazarse en esta ocasión? ¿Cómo cree usted que sucedió este embarazo que no deseaba?

Las mujeres que abortaron el último embarazo (n=7) o que lo continuaron hasta el nacimiento del producto (n=4), fueron entrevistadas entre 2006 y 2008; la mayoría meses después del aborto, o bien hacia final del embarazo o en el posparto, y sólo en un caso la entrevista se realizó dos años después del evento. La confianza para el acercamiento se logró mediante la explicación a las informantes acerca del objetivo de la investigación y la absoluta privacidad y confidencialidad. En todos los casos se obtuvo su consentimiento verbal para la realización de las entrevistas, las cuales duraron aproximadamente dos horas. En el curso de la investigación se trató de entrevistar también a algunos varones, parejas de las mujeres incluidas en el estudio; sin embargo hubo reticencia de ellos a proporcionar información, por lo que solamente se incluye lo expuesto por las mujeres.

Para el análisis de la información se llevó a cabo una exploración por temas para captar las peculiaridades y las regularidades de cada narración, tomando como ejes los conceptos de poder, violencia y vulnerabilidad, precisando su significado en las distintas condiciones en que se encontraban las mujeres, así como tratando de abarcar un sentido de la totalidad del grupo.

Con el fin de reconstruir el contexto de costumbres donde las historias recogidas tienen sentido, se entrevistó a profundidad a tres parteras y a algunas personas informantes clave que viven en San Cristóbal de las Casas. Puesto que la autora principal realizó las entrevistas y reside en esta ciudad desde hace 18 años, se aludirá también a la experiencia que ha adquirido en ese tiempo, conservando la mayor objetividad posible.

El contexto de estudio y la inmigración de mujeres indígenas a la ciudad

Chiapas, en el sureste de México, es uno de los estados de más alta marginación social. Se trata de un fenómeno estructural cuyo origen se encuentra en las modalidades históricas que ha asumido el desarrollo, mismo que se manifiesta en la exclusión de ciertos grupos de la riqueza socialmente generada. La precaria estructura de oportunidades como resultado de aquélla los expone a ciertos riesgos y por lo tanto los hace vulnerables (^{Conapo, 2005: 11-15}).

La ciudad de San Cristóbal de Las Casas, ubicada en la región de Los Altos, fue desde la colonia el centro que administró la fuerza de trabajo indígena tzotzil y tzeltal¹ de los alrededores, a su paso hacia otras regiones. La construcción de carreteras entre 1950 y 1970 hacia la capital Tuxtla Gutiérrez y otras ciudades facilitó el comercio, la actividad turística y la migración de la población rural al espacio urbano en busca de un trabajo asalariado. Posteriormente, tras los conflictos político religiosos de los años setenta y más tarde el conflicto político militar resultante del surgimiento del EZLN en 1994, innumerables emigrados crearon asentamientos marginales en la periferia de la ciudad (^{Morquecho, 1994: 49-57}; ^{INEGI, 2003: 21-36}; ^{Viqueira, 1995: 219-236}). Producto de lo anterior, a partir de la segunda mitad del siglo XX ésta ha presentado un notable crecimiento a expensas mayoritariamente de la población indígena inmigrante. La población mestiza, más identificada con los valores occidentales y sobre todo la más adinerada, había ido saliendo progresivamente del municipio debido a los conflictos sociales, de modo que algunos autores refieren que actualmente hay una mayor homogeneidad con la presencia de las clases baja y media, tanto indígena como mestiza (^{Hvostoff, 2004: 297-320}). A partir de las décadas mencionadas se han ido agregando grupos de población de otros estados del país e incluso de otros países, con sus respectivas costumbres, quienes sin embargo no se han asimilado a la población local e incluso han creado sus propios espacios de convivencia. En ese proceso, San Cristóbal de las Casas se ha convertido en una ciudad multicultural donde el racismo de antaño pervive, aunque matizado (^{Viqueira, 1995: 219-236}).

^{Freyermuth y Manca (2000: 203-225}) se han interesado por la forma en que se ha dado la migración de campesinas indígenas a la ciudad de San Cristóbal de las Casas; dicen que ha sido tanto libre como forzosa. En la forma libre la familia sale empujada por las condiciones adversas de su medio, como una estrategia grupal de sobrevivencia. En la forzosa las mujeres, de manera individual, se ven obligadas a dejar su lugar de origen porque han perdido sus redes de apoyo familiares, porque han sufrido violencia, por la perspectiva de una unión forzada o debido a que buscan fuentes de trabajo. Es de notar que desde 1950 hasta el año 2000 los censos de San Cristóbal de las Casas muestran un claro predominio de mujeres y un índice de masculinidad en correspondencia (^{INEGI, 2003: 21-36}), probablemente debido a la llegada de ellas en mayor número que los varones. Si bien el fenómeno es de larga data, el INEGI enfatiza el movimiento de mujeres en lo que respecta a la migración intermunicipal para el periodo 1995-2000 (^{INEGI, 2005: 19-35}).

Al llegar a la ciudad las indígenas suelen ocuparse generalmente como trabajadoras domésticas con muy baja remuneración, a veces asumiendo el reto de vivir solas y sin redes de apoyo. Para ^{Freyermuth y Manca (2000: 203-228)}, su migración en esas condiciones significó una transgresión respecto a las normas de género de sus culturas. Al llegar a la ciudad se les abrieron relativos espacios de libertad que les ofrecieron otras visiones del mundo. La conquista de dichos espacios, sin embargo, se llevó a cabo en un contexto de discriminación de clase, de etnia y de género.

Las once mujeres que entrevistamos para este estudio son originarias de municipios circundantes a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, la mayoría de la región de los Altos, conocida por su gran marginación. Son casi en su totalidad bilingües, hablantes de tzeltal, tzotzil y sólo en un caso de ch’ol (cuadro 1), lenguas propias de los grupos mayenses, lo que define su cultura y por lo tanto una particular visión del mundo que las ha acompañado en el entorno urbano. Dicha visión recrea su relación con la tierra como campesinas, pero también su entorno de pobreza en relación con la sociedad mestiza hegemónica y por lo tanto su estatus de clase.

Pese a que en sus comunidades de origen existe una carencia relativa de oportunidades, entre las entrevistadas no había analfabetas e incluso cuatro de ellas habían cursado estudios de preparatoria o más. Las de mayor escolaridad habían vivido cerca de las cabeceras municipales y tal circunstancia les facilitó continuar sus estudios. El rango de edad era muy amplio, de 14 a 36 años. Menos de la mitad tenía una relación de pareja estable, ya fuera que estuviesen casadas por la Iglesia católica o en unión consensual. El resto tenía novio, o fue abandonada por éste, o se separó de la pareja o nunca tuvo una; en el caso de estas últimas, el embarazo fue el resultado de una violación. La ocupación de las mujeres corresponde a empleos de baja calificación y remuneración, con excepción de una que trabaja en una ONG y ha contado con la solidaridad de sus compañeras. La mayoría profesa la religión católica (cuadro 1).

La vulnerabilidad, como la probabilidad de que un evento amenace la reproducción del grupo familiar, ha estado presente en sus comunidades de origen. La falta de recursos para acceder a satisfactores esenciales como ropa y calzado, o las dificultades en el acceso a la educación y a la atención a la salud, entre otras, aparecen como elementos significativos en las narraciones de las entrevistadas. La necesidad de salir en busca de un exiguo salario a las fincas lejanas, el acompañar a los padres u otros familiares en las actividades de la milpa o del cafetal familiar, el cuidar a los hermanos menores mientras aquéllos se encargaban de las tareas cotidianas, fueron poderosos distractores que llevaron a algunas de ellas a ausentarse y a concluir la primaria cuando ya eran adolescentes plenas. La dificultad real para desplazarse a los centros de educación secundaria, ubicados en poblados más grandes y por lo tanto más lejanos, impidieron que la mayoría continuara estudiando. En no pocas ocasiones los hombres de la familia recibieron más facilidades para continuar sus estudios incluso a otros niveles.

Las normas comunitarias regulan y determinan quién puede tener acceso a la tierra en cuanto recurso escaso y limitado. Por lo general se le transfiere a los hombres, pues ellos son los futuros proveedores, mientras que las mujeres al unirse pasarán a formar parte de otros grupos cuya pareja será a su vez la encargada de la manutención.² Podría decirse que el que así ocurra es funcional a las necesidades económicas en lo que respecta al mundo campesino; sin embargo la complementariedad en el interior de las familias es en los hechos una ficción, ya que parece predominar un acceso diferencial entre sus miembros a los bienes y servicios producidos colectivamente, en función del género y la edad. Por otra parte, el hecho de que las mujeres no cuenten con parcelas propias incrementa su vulnerabilidad.

¿Qué alternativas de vida tienen las indígenas en sus comunidades? Una vez que llegan a la adolescencia, quedan restringidas a sus labores en el espacio doméstico y a su papel como fuerza de trabajo en las labores agrícolas, siempre bajo la vigilancia de los padres, mientras que los hombres tienen más facilidad para salir a estudiar, a trabajar, y en general para moverse más allá del ámbito de la comunidad. El que una mujer salga da lugar a comentarios desfavorables y señalamientos que la desprestigian, como han referido ^{Freyermuth y Manca (2000: 203-228)}. No obstante, algunas han podido rebasar ese ámbito cobijadas en las actividades que desde hace años lleva a cabo la Iglesia católica -fue el caso de una de las entrevistadas, quien fue catequista- o protegidas por familiares -unos profesores facilitaron la salida de otra de ellas que pudo seguir estudiando-. Por otro lado se ha observado que las transformaciones que acarreó el zapatismo en la década de los noventa, han facilitado que las mujeres se incorporen a determinadas tareas por motivación propia o por encargo de su comunidad, y que por lo tanto se desplacen entre comunidades o ciudades, interactuando de manera más abierta con los hombres. Adicionalmente, las acciones derivadas de programas gubernamentales en respuesta al movimiento armado del EZLN han incrementado el acceso a la educación formal de niños y niñas, así como la escolaridad promedio en las comunidades indígenas de Chiapas. La emigración a la ciudad, solas, aparece ahora como una alternativa relativamente frecuente, particularmente entre las que cuentan con alguna escolaridad, como puede verse en esta muestra y también se infiere de los datos censales aludidos previamente.

Más de la mitad de las entrevistadas han migrado porque ante la pobreza, y por lo tanto la carencia de satisfactores y servicios básicos en su medio, tenían la expectativa de acceder a una vida mejor en la ciudad. Querían trabajar, seguir estudiando, aprender a hablar español y en general vivir otras experiencias. A veces el factor disparador fue su oposición a unirse a edad temprana con quien los padres habían decidido. Tres de las once mujeres llegaron a San Cristóbal de las Casas empujadas por la violencia a la que fueron sometidas, y en determinado momento con el fin de resolver un embarazo no deseado con el nacimiento del hijo o hija. En el caso de quienes fueron forzadas en sus lugares de origen, la emigración aparecía como una alternativa, pues el haber permanecido ahí habría significado seguir sufriendo violencia familiar y ser estigmatizadas socialmente. Aunque dos de las mujeres habían pensado en dar en adopción al recién nacido/a, entre sentimientos ambivalentes se habían resignado y al final todas optaron por quedarse con él o ella, y manifestaron que querían establecerse en la ciudad para trabajar y “salir adelante” con su hija o hijo.

El establecimiento de la unión dentro y fuera de la comunidad de origen

Según las entrevistadas, una vez que en sus comunidades es elegida una joven por un pretendiente, se espera que los padres del mismo o algún otro familiar llegue a la casa de ella llevando regalos para hacer la petición formal de casamiento; otras veces son la madre u otros miembros de la familia de la mujer quienes hacen los arreglos para la unión. Para lo anterior no siempre se cuenta con el conocimiento y menos con la aceptación de las pretendidas. Ellas mencionan también que a pesar de que no está permitida alguna forma de relación fuera de lo establecido, si hay cierta atracción entre hombre y mujer, pueden acordar un tiempo y lugar para huir, evitar así el compromiso formal, y posteriormente acudir a solicitar el perdón de la familia de la novia. Como se ha mencionado, las costumbres han ido cambiando: algunas de las entrevistadas relataron que si bien sus madres fueron obligadas a casarse, ellas pudieron oponerse en vista de que no querían permanecer en su comunidad y deseaban partir rumbo a la ciudad. En otro caso los abuelos, a cuyo cargo estaba una de ellas, no querían que se uniera muy joven sino que siguiera estudiando para que llegara a valerse por sí misma. Como quiera, en el interior de las comunidades aún está mal visto que exista algún tipo de relación casual entre hombres y mujeres solteros.

Establecida la pareja, se espera que ocurra de manera natural la llegada de los hijos e hijas y el ejercicio de la maternidad, por lo que no parece haber ningún tipo de acuerdo para espaciar o limitar la reproducción durante los primeros años de la unión. La negociación como posibilidad, e incluso el uso de anticonceptivos con desconocimiento de la pareja, aparece después, cuando ya se tienen varios hijos o por circunstancias especiales, como cuando el varón es alcohólico, tiene otra pareja o no es capaz de proveer el sustento familiar, lo que también se observa entre en la población mestiza rural de Chiapas (^{Ramírez et al., 2005: 687-727}).

De acuerdo con la información de una de las parteras de origen indígena, si la relación no existe de manera formal, lo que implica que se transgreden las normas, es difícil que ocurra algún tipo de negociación anticonceptiva y más probable que tenga lugar un embarazo no deseado. Si esto último sucede, ya sea como resultado de una relación que se ha mantenido oculta o de una agresión sexual, las normas comunitarias generalmente obligan a la mujer a casarse, aun con el hombre que la violentó, para que su hijo o hija nazca dentro de la unión formal y se evite así el desprestigio familiar. Sin embargo también puede suceder que el varón no asuma ninguna responsabilidad y abandone a la mujer, quien continúa el embarazo contra su voluntad y puede recibir o no el apoyo de su familia. Se hace acreedora entonces al desprestigio social que la coloca en riesgo de sufrir más daño. En caso de que ocurra el aborto electivo en el ámbito de la comunidad, se mantiene oculto.

Las mujeres que no sufrieron una situación de violencia que las obligara a emigrar, al llegar a la ciudad encontraron apertura, pero también enfrentaron una situación de vulnerabilidad asociada al nuevo contexto. Pudieron relacionarse de manera diferente con las mujeres y particularmente con los hombres de su mismo grupo social: les dirigieron la palabra, hablaron con ellos en encuentros casuales, surgieron relaciones de compañerismo, de amistad y aun de noviazgo, algo no permitido por la costumbre en sus lugares de origen. Para las de mayor edad el conseguir una pareja era algo que simplemente tenía que ocurrir, con el fin de conseguir protección y acompañamiento, sobre todo estando solas. Las más jóvenes vivieron un proceso de enamoramiento basado en el buen trato, el interés mostrado por el varón y la afinidad mutua. El tener un trabajo y además establecerse como pareja le permitió a menos de la mitad de las mujeres de esta muestra legitimar su estancia en la ciudad. Sin embargo, las normas que en el lugar de origen regulan el inicio de la vida de pareja perdieron su sentido en la ciudad, de modo que las uniones o los noviazgos tuvieron diverso grado de inestabilidad, mucho mayor de lo que podría esperarse en las comunidades bajo el control de normas comunitarias y familiares. Se trataba en general de relaciones con mayor o menor compromiso, donde la mayoría de los hombres tenía otra mujer, y donde algunas de las mismas entrevistadas eran a su vez pareja paralela. Sólo para una de ellas hubo posibilidades de construir una relación un poco más equitativa, en la medida en que desde el principio tuvo contacto con compañeras que trabajan la equidad de género en una ONG, quienes le facilitaron un trabajo en el que hacía el seguimiento de mujeres artesanas, y la apoyaron de diferentes maneras, como al negociar una relación de pareja más estable, para lo cual le sugirieron que obtuviera el permiso de sus padres y así se formalizara la unión.

Características de la pareja, violencia, anticoncepción y embarazo no deseado

De las once mujeres entrevistadas sólo una llevaba relaciones de pareja con relativa equidad y estabilidad. El varón compartía las responsabilidades domésticas, la crianza de los hijos y negociaba con ella la protección anticonceptiva. Las diez restantes refirieron diversos grados de inequidad y de violencia en sus relaciones de pareja y en la convivencia con los hombres, que iban desde la presión para tener relaciones sexuales, la falta de apoyo económico y afectivo, el chantaje, el engaño, los celos, el control, los insultos, los golpes, el negar su paternidad, el abandono, hasta el hostigamiento y la violación sexuales.

Entre las que mantenían uniones más o menos estables, dos refirieron abiertamente que los varones contaban con parejas paralelas: uno de ellos tenía una “novia” y el otro una mujer con quien ya había procreado dos hijos. Esto ocasionaba frecuentes pleitos por su falta de compromiso afectivo y a veces de apoyo económico, así como por los celos y el control que éstos ejercían. A su vez dos de las entrevistadas eran parejas paralelas de varones con una familia anterior; una de ellas tenía esposo simultáneamente. También se quejaban de los celos, el control, los insultos, y en un caso, los golpes que recibía anteriormente, así como de la irresponsabilidad de los padres de sus hijos e hijas para sostenerlos económicamente. Entre quienes estaban solteras, una era pareja paralela en una relación aparentemente respetuosa, otra refirió que el novio la abandonó al enterarse de que estaba embarazada con el argumento de que tenía mujer e hijos, y la que tenía estudios universitarios se separó del varón con quien vivió tres meses debido a que la controlaba y ejercía violencia física sobre ella.

Las tres solteras víctimas de violación, una adolescente y las otras adultas jóvenes, fueron agredidas por familiares y conocidos en su casa, en la milpa, y en un caso en su lugar de trabajo en otra ciudad, lo que confirma que quienes generalmente cometen esos ataques son hombres conocidos, casi siempre familiares, y suelen hacerlo en el hogar, ámbito considerado como seguro (^{De la Garza y Díaz, 1997: 1-7}). Las tres habían sido ya víctimas de la violencia del padre, de los tíos y tías, y de un hermano alcohólico después de que la madre murió (cuadro 2). Conviene mencionar que dos de las mujeres de este estudio habían sufrido abuso sexual del tío y el padrastro siendo niñas, y más tarde, como adultas jóvenes, fueron violadas, una por su patrón y la otra por su pareja. Ambas tuvieron en común el haber quedado desde su infancia al cuidado de familiares en un ambiente de pobreza y el haber crecido en soledad. Sus respectivas historias de vida sugieren la probabilidad de que ciertos daños duraderos hayan alterado su desarrollo psicológico y social, fenómeno conocido como revictimización³ que han estudiado ^{Dietz y sus colaboradores, y en el caso de México Rivera y otros (Dietz et al., 1999: 1359-1364}; ^{Rivera et al., 2006: 268-278}).

La violencia ha sido constante en la vida de la mayoría de las mujeres indígenas incluidas en este estudio, y algunas de ellas la han sufrido desde su niñez. Habiendo vivido en un una situación de vulnerabilidad social e individual habría que preguntar ¿qué tanto ellas pueden desear y consentir en las relaciones sexuales dentro de una relación de pareja donde parecen predominar el abuso de poder de los varones y la subordinación de las mujeres, legitimados en el “deber ser” de las normas sociales y en la necesidad de sobrevivir en medio de la pobreza? Un estudio que se llevó a cabo en México corroboró los hallazgos de otras investigaciones acerca de que el abuso físico que sufren las mujeres en la relación de pareja incrementa la probabilidad de que las relaciones sexuales sean forzadas (^{Casique, 2006: 49-81}), lo cual no se reduce al empleo de la fuerza física sino que abarca formas más sutiles de coerción, que van desde la presión para la satisfacción de las demandas sexuales de la pareja, a las que se accede por afecto o por miedo al pleito o al abandono, hasta la amenaza explícita, los golpes y la violación, más probables en la medida en que las mujeres tienen bajos estándares de calidad de vida (^{Santhya et al., 2007: 124-132}).

Acerca de los métodos anticonceptivos empleados, con excepción de las mujeres que sufrieron una violación, la mayoría de las entrevistadas no usó ninguno o se valió de métodos como el coito interrumpido o el ritmo. Quienes tenían 30 años y más y un hijo o más, habían usado en algún momento anticonceptivos modernos, más eficaces, que luego suspendieron, y sólo una de las entrevistadas dijo estar empleando hormonales inyectables, aunque de manera inconsistente. Algunas de las parejas masculinas raramente usaban condón y en algunos casos se oponían a su empleo (cuadro 3).

Si bien uno de los elementos clave para explicar el embarazo no deseado fue la negativa a usar métodos anticonceptivos más seguros o su empleo irregular, se puede argumentar que no fue por desconocimiento o dificultad para acceder a éstos, como lo reportan ^{Nazar y Salvatierra (2008: 1-16}).⁴ En el marco de relaciones de poder donde los varones tomaron la iniciativa o presionaron para tener intimidad sexual, la negativa o uso inconsistente de protección anticonceptiva estuvo mediada por el consentimiento de las mujeres de satisfacer las demandas sexuales del varón bajo sus condiciones y dentro de un contexto de: a) la manipulación y el control del varón y también de las mujeres en una relación poligínica; b) la subordinación de las mujeres ante la expectativa de establecer una pareja mediante el embarazo conforme al mandato de las normas sociales y como estrategia de sobrevivencia ante la pobreza; c) el desconocimiento y la devaluación de los propios saberes privilegiando los del varón y dejando en sus manos la responsabilidad de la protección anticonceptiva; d) la violencia sexual en sus diferentes grados antes y después de establecida la pareja en una situación de vulnerabilidad personal. Algunas de estas situaciones ocurrieron regularmente según se refiere en más de una de las narraciones. Para las solteras carentes de pareja y víctimas de violación sólo hubo sometimiento por la fuerza: la prueba más cruda de la relación entre la violencia y un embarazo no deseado.

La aceptación de las relaciones sexuales, sin embargo, no se llevó a cabo como un ejercicio pasivo, pues en varios casos hubo resistencia, argumentando dolor de cabeza, cansancio, la manipulación de los hijos, e incluso la negación como afirmación. En este último caso se trataba de la única mujer cuyas compañeras de ONG habían creado las condiciones para que ella tuviera más poder. El embarazo no fue deseado por la mayoría de las que estaban unidas y ya tenían hijos, y para las no unidas se trataba de un acontecimiento no deseado o inoportuno en la medida en que se daba en un contexto de relación de pareja no legitimado por las normas sociales y por lo tanto no estable. Sin embargo para algunas de éstas el embarazo pasó de ser inoportuno a no deseado, al no existir el apoyo afectivo y económico de la pareja masculina y al frustrarse así su expectativa de la unión, mientras que otras lo aceptaron, pues el hijo vendría a paliar su soledad y a darle sentido a su vida.

Los testimonios que se presentan a continuación dan cuenta de algunas de las circunstancias en que sobrevino un embarazo no deseado, mediado por la vulnerabilidad individual, la inestabilidad de las uniones y la ausencia o irregularidad de la anticoncepción.

Discusión

La búsqueda de mejores condiciones de vida y las huellas de la violencia que han sufrido en sus lugares de origen impulsan a las mujeres indígenas a migrar solas hacia la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Aunque en el contexto citadino, en el que predominan los valores individuales, encontraron espacios donde pueden tomar decisiones lejos de la injerencia familiar -lo que habría acarreado un mayor control sobre su vida reproductiva-, contradictoriamente dicho contexto las hizo más vulnerables a la sociedad y en su relación de pareja, lo que se tradujo en embarazos inoportunos y no deseados, y por lo tanto en abortos inducidos y en nacimientos resignados. Los significados y valoraciones que pesan sobre ellas, la ausencia de oportunidades sociales que les dieran algunas habilidades y cierto control en la sociedad mestiza, el relajamiento de las normas para establecer formalmente las uniones, y la ausencia de redes de solidaridad, recrearon su indefensión y favorecieron el abuso de los varones. La violencia de género es una constante en sus comunidades de origen y en la ciudad; se encuentra a lo largo de su vida y es una expresión de las normas que legitiman el abuso del que son víctimas.

En ausencia de un proyecto alternativo, la expectativa de la mayoría de las mujeres incluidas en esta muestra consistió en formar un hogar tradicional. Sin embargo únicamente la mitad tenía una pareja con algún grado de estabilidad, y de ellas sólo una mantenía una relación con responsabilidades compartidas y relativamente libre de violencia. La mayoría de las parejas de las entrevistadas, estuvieran unidas bajo los preceptos religiosos, consensualmente, o no unidas, tenía otra mujer, y también algunas de ellas eran a su vez pareja paralela. En un contexto más individualizado, con relajamiento de las obligaciones y de las sanciones sociales que regulan las relaciones entre hombres y mujeres, donde se sigue ponderando la sexualidad sin restricciones de ellos, y a ellas se les desvaloriza si no reprimen la propia, los vínculos que se formaron fueron uniones de poco compromiso. En ese marco, el encuentro sexual entre dos personas con una diferencia significativa de poder y por lo tanto con diferentes formas de ver el mundo, lleva a confiar en el saber de los hombres porque ellos tienen más experiencia producto de su movilidad, y precisamente esto las orilla a satisfacer sus deseos sexuales para que ellos no se vayan con otra pareja, en una relación de enemistad entre mujeres; así son incapaces de negarse al coito o cuestionarlo por miedo al abandono, a los insultos y a los golpes, siempre con la expectativa de formalizar la unión para sentirse protegidas, cumplir con el mandato social, y usar la relación sexual como estrategia de sobrevivencia cuando ya tenían hijos e hijas y vivían en una situación precaria. A los hombres, en cambio, el encuentro les dio en primer término el disfrute sexual sin ataduras, con poca o ninguna responsabilidad por un embarazo, de modo que no importaba el uso de anticonceptivos seguros, pues siempre estaba el recurso del abandono si la mujer resultaba preñada, fuera soltera o estuviera unida. Si ya tenían hijos e hijas con una segunda pareja, esto confirmaba su virilidad y en ningún caso significaba un compromiso con alguna, pues también la podían abandonar y desentenderse de las responsabilidades contraídas. No era posible la negociación anticonceptiva entre dos personas con un poder tan desigual, de ahí que la mayoría de las mujeres hubiera cedido a los deseos de los hombres sin responsabilizarse de su propia fecundidad, dejando en manos de ellos la decisión de protegerse o no de un posible embarazo. En los casos de violación, que sufrió casi la cuarta parte de las entrevistadas, sólo prevaleció el poder del agresor.

A pesar de la transformación socioeconómica de nuestra sociedad y de sus repercusiones en las leyes y las costumbres, el ser madre es un mandato social que ha interiorizado la mayoría de las mujeres. Según ^{Barrios y Pons (1995: 37-64)} una de las principales razones de las indígenas para establecerse como pareja es tener descendencia. Sin embargo su anhelo de formalizar la unión precede en cierto sentido a su deseo de embarazarse, de modo que satisfecho el primero, se espera como consecuencia la llegada de hijos e hijas en el ámbito legitimado por las normas. El que la reproducción ocurriera en un ámbito de relaciones prohibido, en un marco de violencia y en un momento no apropiado del ciclo de vida de las mujeres, dio lugar a embarazos inoportunos y no deseados. Para dos de las solteras el embarazo era inoportuno pero deseado, en la medida en que para una implicaba la posibilidad de la unión de pareja y para otra representaba “el tener por quién luchar”. Las otras enfrentaban embarazos no deseados: a una le afectaba que su familia y su comunidad supieran que ya había estado con un hombre sin haberse casado, y a las restantes les dolía el haber sido humilladas. Dado que el deseo puede modificarse a lo largo de la gestación, uno de los embarazos inoportunos se volvió no deseado cuando sobrevino el rechazo de la pareja masculina, y otro de los no deseados se aceptó en la medida en que la mujer lo “resignificó” a la luz de su soledad. En cuanto a las mujeres unidas, todos sus últimos embarazos fueron no deseados; sin embargo, según lo manifestó una, el embarazo pudo haber modificado su estatuto si el varón hubiera mostrado su apoyo, mientras que en otro caso ambos miembros de la pareja manifestaron su ambigüedad entrelazada con el conflicto de una relación con otra mujer. Todas las unidas y dos de las solteras optaron por el aborto; las cuatro restantes, solteras también, no tuvieron más posibilidad que continuar el embarazo hasta el parto.

La información recabada muestra que la mayoría de las mujeres indígenas inmigrantes de este estudio recrearon su vulnerabilidad de origen bajo nuevas condiciones. La expectativa de establecer una unión y sobrevivir a la pobreza, junto con su baja autoestima producto de la violencia que sufrieron a lo largo de su vida, las llevó a dejar en manos de los varones la decisión anticonceptiva, lo que resultó en embarazos no deseados incluso de repetición. Dada la identificación de las mujeres con la maternidad, la decisión de practicarse un aborto fue para casi todas un acto de autoafirmación. Entre quienes continuaron con el embarazo resultado de una violación, sobre todo la de menor edad, la maternidad prevaleció como imposición de las normas sociales más que como una opción libremente elegida.

Si se pretende remediar el problema del embarazo no deseado en la región de los Altos y en San Cristóbal de las Casas habrá que crear condiciones de vida dignas para la población indígena con el fin de remontar la marginación y la desigualdad de género. En particular, dar acceso a las mujeres a todos los niveles de educación, de modo que puedan ampliar su visión del mundo, formar relaciones de pareja más igualitarias y soñar con proyectos que vayan más allá de la maternidad. Aún se requiere crear conciencia sobre la violencia en el ámbito de la sexualidad y reproducción para que se reconozca que las relaciones sexuales deben ser consensuadas y la maternidad voluntaria. Es indispensable establecer sanciones que hagan imposible la impunidad de los varones en la vida cotidiana, junto con el cumplimiento de las leyes contra la violencia sobre las mujeres. La provisión de servicios de aborto seguro garantizados por el Sector Salud en Chiapas debe ser una realidad para todas las mujeres, como un derecho irrenunciable a decidir sobre su cuerpo.