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Este es un ensayo sobre el poder, la legitimidad y las representaciones sociales de la universidad. Más específicamente, es un ensayo histórico-sociológico sobre el poder institucional de las universidades latinoamericanas a partir de la exploración de los procesos de construcción de sus fórmulas de legitimidad política y sus distintas formas de representación social. El argumento central es que la autonomía constituye un dispositivo central de poder institucional de la universidad, un dispositivo que se constituyó desde el origen mismo de las universidades medievales europeas y coloniales en Hispanoamérica, que fue cuestionado y debilitado durante los procesos de construcción de las repúblicas independientes latinoamericanas, pero que renació y alcanzó su plenitud en el siglo XX, y comenzó un acelerado proceso de transformación de su significado desde finales de dicho siglo.
El enfoque general es de sociología histórica, una disciplina que parece estar de regreso en las ciencias sociales contemporáneas, y que ha sido relativamente desplazada por estudios focalizados en coyunturas temporales específicas alrededor de fenómenos sociales concretos, sin considerar suficientemente el análisis de los procesos de larga duración que permiten reconstruir la trayectoria general de los fenómenos.1 Este enfoque hace posible analizar la historia de las universidades como una trayectoria no lineal ni única, que obedece a factores contextuales de carácter político y social. El propósito es ofrecer un modelo de análisis que, desde la identificación de las fuentes del poder de las universidades, permita (re)construir una sociología histórica universitaria centrada en el análisis comparado de las relaciones entre legitimidad, representación y poder institucional universitario en América Latina.
Se propone como núcleo teórico y conceptual básico el uso de tales categorías para explorar la hipótesis de que el poder autónomo de la universidad es el resultado de distintas combinaciones entre modelos de legitimidad política y patrones de representación social. Por legitimidad se entiende un “orden de lealtades”, un conjunto de códigos de reconocimiento de la autoridad de la universidad en los distintos contextos sociales, que se expresan en distintas dimensiones del poder institucional universitario (intelectual, social, político e histórico), en este caso, durante el periodo colonial. Por representaciones sociales se entiende aquí el conjunto de creencias, significados e imaginarios (Geertz, 2000; Pitkin, 1967) que asocian a la universidad con un “sitio” (Lahlu, 2015) de prestigio social, de estatus y privilegio, que proporciona cohesión y sentido de identidad a grupos sociales específicos, que incluyen a los grupos de gobernantes y eclesiásticos asociados con la larga dominación colonial hispanoamericana.
Para desarrollar el argumento, el enfoque y el modelo de análisis, el texto se divide en tres secciones. En la primera se ofrece un panorama general de la discusión en las ciencias sociales relacionada con algunas de las contribuciones clásicas y contemporáneas de la historia, la sociología y la ciencia política en el análisis de fenómenos sociohistóricos, que incluye una discusión sobre la larga duración en el análisis de la reconstrucción de instituciones como la universidad. En la segunda sección se presenta una propuesta de periodización sociohistórica universitaria para el contexto latinoamericano, desde una perspectiva comparativa y de largo plazo, considerando como objeto de análisis el periodo colonial de las universidades (1538-1812), y mediante un esquema que articula las relaciones entre cuatro tipos de legitimidades políticas y cuatro tipos de representaciones sociales del poder universitario. En la tercera parte se desarrollan algunas notas sobre el “poder autónomo” de la universidad, a partir de los ejes de legitimidad y representación. Finalmente, se plantean algunas consideraciones sobre la sociología histórica de las universidades latinoamericanas contemporáneas.
HISTORIA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA
Desde mediados del siglo pasado se desarrolla un intermitente debate académico e intelectual entre lo que puede denominarse la historia social, por un lado, y la sociología histórica, por el otro. El punto central del debate es la identificación de la influencia de los contextos sociales en la génesis y el desarrollo de los acontecimientos históricos. La insatisfacción con el “historicismo”, por un lado, y con el “sociologismo”, por el otro, animan el desarrollo de nuevos enfoques capaces de dar cuenta de la complejidad de los fenómenos históricos en tanto fenómenos sociales, como acontecimientos y procesos que no pueden ser explicados sin la comprensión de los contextos políticos, económicos y sociales más amplios (Skocpol, 1984; Smith, 1991; Badie, 1992; Tilly, 1992).
Pero hay otro factor que ha ayudado también a alimentar las preocupaciones académicas e intelectuales del debate. Ese factor tiene que ver con la temporalidad del análisis histórico y sociológico contemporáneo. Durante los años sesenta, el reclamo académico hacia los recortes temporales concentrados en periodos cada vez más específicos había hecho perder de vista la cuestión del largo plazo, los procesos de larga duración en los que encuentra sentido el desarrollo de los fenómenos sociales (Braudel, 1970).2 Los impulsores de la historia social (posmarxistas como Thompson o Hobsbawn), por un lado, y por el otro los impulsores de la revisión de los clásicos de la teoría social, como Durkheim, Weber o Marx (Skocpol, Mann, Smith) o de la ciencia política (Rueshemeyer, Przeworski), sentaron las bases de una revisión de las insuficiencias explicativas de la sociología o de la historia, y la elaboración de una propuesta que acercara lo que a su juicio era la tesis principal del debate: la historia siempre es una historia social, y la sociología es siempre una sociología histórica (Skocpol, 2003; Lawson, 2006; San Pedro López, 2004; Rueshemeyer et al., 1992; Przeworski et al., 2000).3
A partir de este debate sobre el reconocimiento de los vínculos entre historia y sociología, en su monumental obra The Sources of Social Power (cuatro volúmenes, 1986-2013), Michael Mann ofrece un esquema teórico potente para examinar el proceso de construcción del poder social en distintas épocas de las sociedades antiguas y contemporáneas. El “modelo de organización del poder” es lo que denomina como IEMP (siglas en inglés de Ideological, Economics, Military and Political Power), una herramienta teórica y conceptual para analizar y comparar los distintos modos de interacción en la configuración del poder social en diferentes contextos territoriales. Para el análisis de instituciones específicas como la universidad, resulta pertinente detenerse brevemente en dos fuentes principales del poder social: la ideológica y la política.
El poder ideológico “deriva de la necesidad humana de buscar un significado profundo a la vida, compartir normas y valores, y participar en actividades estéticas y prácticas rituales”. El control de una ideología que combina significados profundos (ultimate meanings), valores, normas, estéticas y rituales, conduce a un poder social general. La religión es un ejemplo clásico de ello, como posteriormente lo serán ideologías seculares como el liberalismo, el socialismo y el nacionalismo, “ideologías que se entrelazarán (grappling) con el significado de clase o nación” (Mann, 1993: 7).
El poder político, por su parte, deriva de la explotación del territorio y la necesidad de la regulación centralizada. “Poder político significa poder del Estado”, lo que significa que es “autoritario, dirigido e intencionado desde un centro” Mann, 1993: 4). La configuración del poder político estatal implica la construcción de un “sistema de dominación” que asegure un esquema de gobernabilidad que combine equilibrios entre la efectividad, la eficacia y la legitimidad del Estado, a través de instituciones que penetren en la sociedad y que permitan el gobierno en términos de decisiones, extracción y distribución de recursos, y solución de conflictos.
El poder social es un poder colectivo organizado. La organización involucra distintos tipos de combinaciones: un poder “colectivo” y “distributivo”, que a su vez puede contener cuatro tipos de poderes: “extensivo”, “intensivo”, “autoritario” o “difuso” (Mann, 1993: 6-7).
Para Mann, las sociedades pueden ser definidas como “redes organizadas de poder”. Ese poder social puede ser colectivo (cooperativo) o distributivo. Colectivo en el sentido de que produce comportamientos cooperativos entre los miembros de redes sociales específicas. En palabras de Mann, “es el poder conjunto de los actores A y B cooperando para explotar la naturaleza o a otro actor C”. Y es distributivo cuando uno o algunos de los actores deben perder poder para que otros lo adquieran y, como consecuencia, aquéllos puedan fortalecer su propio poder (“El poder del actor A sobre el actor B; para que B adquiera mayor poder, A debe perder algo”). A la vez, Mann identifica cuatro tipos de poderes específicos que son el resultado del poder social colectivo o distributivo:
Poder extensivo: organización de un gran número de personas actuando sobre grandes territorios;
Poder intensivo: movilización de redes sociales con alto nivel de compromiso de los participantes;
Poder autoritario: compacta la voluntad a las órdenes o mandos de un actor específico (usualmente una colectividad), y la obediencia consciente de sus participantes; y
Poder difuso: no es comandado directamente; en ocasiones es relativamente espontáneo, inconsciente y de estilo descentralizado.
Estas fuentes y poderes señalados en el modelo IEMP de Mann se desarrollan a lo largo de la Edad Media, y contribuyeron a formar el modelo de dominación política europeo de la época. Pero con el ascenso del poder ideológico del liberalismo y del capitalismo, el “discurso de la alfabetización” se coloca en el centro de las fuentes del poder social y se disuelve el viejo orden feudal a través de nueve medios principales: las iglesias, el ejército, la administración estatal, el comercio, la profesión de abogado, las universidades, los libros, los periódicos y los centros de opinión pública (Mann, 1993: 37-38).
Vale la pena resaltar aquellos medios que más directamente se relacionan con el poder de la educación superior en el periodo que va de la segunda mitad del siglo XVIII a los comienzos del siglo XX: las iglesias, la profesión de abogado, las universidades y los centros de “discusión discursiva”. El monopolio de las escuelas por parte de la Iglesia católica había sido uno de los centros neurálgicos de su poder ideológico en la construcción de los grandes imperios de la era medieval. La evangelización, la formación de niños y jóvenes que nutrían las distintas órdenes religiosas, la producción de escribanos, letrados y clérigos que alimentaban ocasionalmente la administración civil, explican en gran parte el fortalecimiento de la legitimidad del orden medieval europeo, pero es la profesión de abogado la que expande el discurso de las leyes y de su importancia para la vida económica, social y política de los nuevos Estados nacionales. El conocimiento especializado de las leyes, los decretos, los reglamentos, los procedimientos, la defensa de los intereses de los afectados, la protección contra los excesos de la autoridad, los incidentes de la diplomacia internacional o local, constituyen prácticas que fortalecen el “legalismo” formal de los intercambios que surgen con la transición del orden monárquico-religioso medieval y la construcción de las bases institucionales del capitalismo liberal.
Por su parte, las universidades que son desarrolladas por las iglesias (a través de la expedición de bulas papales) o por el Estado (a través de la promulgación de cédulas o decretos reales) suministraron adultos jóvenes para otorgar los grados de bachiller, de maestro o de doctor, licencias para enseñar o para ejercer para la profesión de abogado, se expandieron a lo largo de los siglos XVI al XVIII, y se convirtieron en “los principales centros de formación del discurso alfabetizador de nivel superior” (Mann, 1993: 38). Por último, Mann señala que los “centros de discusión discursiva” (producción de opinión pública) se convirtieron también en fuentes importantes de producción de relatos públicos crecientemente informados, donde el debate, los intercambios de ideas y posiciones, la discusión, los pleitos y las disputas, ayudarían a construir la esfera pública, intelectual, propia de la era del Estado y del capitalismo liberal. Academias, libros y periódicos, clubes y tabernas, salones y cafés, son espacios que se expandirán por las grandes ciudades europeas y, posteriormente, en las capitales coloniales en el nuevo mundo, y jugarán un papel importante en la configuración de las ideas, los intereses y los valores públicos y privados en el orden emergente.
Las aportaciones de Mann asumen el carácter esencialmente complementario de la sociología y la historia en el análisis de los fenómenos sociales. Pero antes de él, y de las corrientes, enfoques y autores que configuran el mapa contemporáneo de la sociología histórica, el debate entre historiadores y sociólogos se había convertido en un “diálogo de sordos”, como lo calificó Peter Burke (1987). El estudio de las estructuras de la acción social, de sus formas organizativas y de sus actores principales, propio de la sociología de la primera mitad del siglo XX, se había mantenido distante o francamente opuesto al estudio de las sociedades humanas, de sus diferencias y de su proceso de cambio, propio de los historiadores.
Esa distinción tiene un origen decimonónico que se prolongó hasta entrado el siglo XX. El surgimiento de la “historia social” en el campo de los historiadores (distinta de la historia política o de la historia del Estado predominante durante décadas), y de la “sociología histórica” en el campo de los sociólogos (diferente a las tendencias funcionalistas y estructuralistas predominantes en la disciplina durante un largo periodo), posibilitó un acercamiento intelectual, teórica y académicamente productivo desde la década de los años cincuenta del siglo pasado, a través de las aportaciones y reclamos intelectuales de las obras de historiadores como Fernand Braudel o de sociólogos como Norbert Elias. Estos autores reivindicaron la importancia de los clásicos en el estudio de los fenómenos de las estructuras y los procesos de cambio social, que permitieron un acercamiento entre la historia social como “historia de la sociedad” y de la sociología como el estudio comparativo entre distintas experiencias de estructuración y gestión del cambio en la vida social (Burke, 1987: 130-132).
Por su parte, Philip Abrams (1982: 2-3) señala en un texto clásico que “toda exploración sociológica es necesariamente histórica”, puesto que “el mundo social es esencialmente histórico”. Distingue tres grandes tipos de sociología histórica: 1. Como “proceso de cambio social” (Durkheim, Marx, Weber); 2. Como esfuerzo de identificación de “leyes tendenciales” (Spencer, Comte), y 3. Como “micro-historias”, es decir, relaciones entre estructuras y acciones que no ocurren con el establecimiento de sociedades completas o grandes civilizaciones, sino que se desarrollan lenta y cotidianamente “en prisiones, fábricas y escuelas, en familias, empresas y amistades” (1982: 6). Esta última aseveración -la que tiene que ver con las “micro-historias”- encuentra sentido en el estudio de las universidades como espacios institucionalizados donde se desarrollan saberes y poderes específicos en sociedades locales concretas.
Desde esta perspectiva, la micro-historia de las universidades es una labor intelectual y académica que descansa en el supuesto general de que toda historia institucional es también una historia social. Y esa historicidad implica el análisis de estructuras, actores y relaciones; la identificación de ciertas creencias, valores y normas; la determinación de “reglas del juego”, la influencia de ciertos modelos, esquemas de organización y cooperación; la identificación de los puntos de conflicto, de pequeñas historias individuales y de grandes procesos de cambio en los contextos institucionales.
UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS: PERIODIZACIÓN HISTÓRICO-SOCIOLÓGICA Y UNA APROXIMACIÓN A LA ERA COLONIAL (1538-1812)
Es posible distinguir tres grandes ciclos, periodos o etapas de las universidades latinoamericanas: 1. El periodo colonial (siglos XVI-XVIII), 2. El republicano (siglo XIX), y 3. El moderno (siglo XX) (Rodríguez Cruz, 2006; Tünermann, 1991). El primero inicia con la fundación de la Universidad de Santo Domingo (1538) y termina con la creación de la Universidad de León en Nicaragua, en 1812, en el contexto del inicio de los procesos de independencia en la región. El segundo inicia con los procesos independentistas (1810-1812), se desarrolla a lo largo del convulsivo siglo XIX en la región, y se extiende hasta el movimiento de la reforma universitaria de Córdoba, en Argentina, en 1918. El tercer periodo de las universidades es el que arranca con los “efectos continentales” de la reforma universitaria de 1918 y las luchas por las reformas autonómicas universitarias en la región en el contexto más amplio de la consolidación de los regímenes nacional-populares, y se extiende hasta finales del siglo XX con la gran crisis económica y las subsecuentes “reformas estructurales” neoliberales y democratizadoras de los regímenes políticos latinoamericanos.
Durante el primer ciclo de construcción de las universidades, el poder institucional descansaba primordialmente en el papel político-administrativo de la corona y de la Iglesia católica, pero también de las distintas órdenes religiosas y de los poderes civiles locales. Desde de sus inicios, se trata de un poder “compartido” y negociado entre autoridades eclesiásticas, órdenes religiosas y autoridades reales, laicas o civiles. La formación de “un clero universitario” o de un incipiente funcionariado civil descansaba tanto en la formación de saberes prácticos (trivium) como saberes teóricos (cuadrivium) (Leff, 2003: 307-308; North, 2003: 337-339).
En el caso de las universidades coloniales, se desarrolla un sentido de construcción institucional bifronte: por un lado, al conformar el eje central de las tareas evangelizadoras de las diversas órdenes religiosas que acompañaban a los conquistadores militares (dominicos, franciscanos, posteriormente jesuitas), las primeras universidades se convierten en instrumentos de legitimación de un discurso centrado en la conversión al catolicismo como un proceso civilizatorio de los indios; por otro lado, razones prácticas convierten a las universidades en centros de formación civil, intelectual y política, que representan con diversa intensidad un mecanismo de construcción y legitimación de estatus, de prestigio y poder para criollos y españoles peninsulares.
En el proceso de configuración de las sociedades coloniales hispánicas en América Latina y el Caribe, los cambios contextuales y discursivos sobre la universidad explican el predominio de cierto lenguaje público sobre la imagen y las representaciones mismas de la universidad; los “modelos” de las nuevas universidades expresan una heterogeneidad institucional y organizativa asociada con la diversidad de los modelos generales de las colonizaciones europeas en los nuevos territorios (Albornoz, 1979). Las ideas, los intereses y los actores de cada ciclo histórico ayudan a comprender la aparición de nuevas percepciones y representaciones de la universidad en la vida social y política. El poder de las letras y el poder de las armas, o el poder de la pluma y el poder de la espada, se convierten en las dos formas de dominación que expanden el imperio español en las nuevas tierras descubiertas inicialmente por Colón en La Española, por Cortés en el territorio de lo que luego se convertirá en la Nueva España, o por Pizarro en el Perú. En la etapa de la conquista y la colonización y, posteriormente, con la legitimación del nuevo orden social, surgen los relatos de conversión de los naturales hacia un orden simbólico superior, mezcla de “superioridad moral y fervor divino” de los conquistadores y los primeros colonizadores, dirigida a trasformar las prácticas politeístas de incas o aztecas hacia representaciones monoteístas, que implicaron una ruptura violenta con el pasado, o pasados, de las representaciones simbólicas de los indios. Pero ello no era posible sin dos elementos centrales de cualquier forma de dominación política: la derrota militar y el sojuzgamiento de los vencidos, y el poblamiento o repoblamiento acelerado de los nuevos territorios.4
PODER INSTITUCIONAL: LEGITIMIDAD Y REPRESENTACIÓN
El eje principal del desarrollo de la universidad es la construcción de su poder autónomo, un poder incrustado (embedded) en un contexto social específico (Evans, 1992).5 Dicho eje es producto de la combinación de cuatro fuentes centrales de su legitimidad institucional: la legitimidad intelectual, la legitimidad social, la legitimidad histórica, y la legitimidad política, que se corresponden con cuatro tipos de poderes específicos: el intelectual, el social, el histórico y el político.
El concepto de legitimidad corresponde aquí al clásico sentido weberiano, el que corresponde a la legitimidad como parte de las relaciones entre poder y dominación. La legitimidad es la creencia de un orden que se considera correcto, un orden de lealtades, de obediencia y mando, donde la autoridad es la expresión legítima de un poder legalmente reconocido (Weber, 1964).
El análisis del poder institucional de la universidad deriva de la combinación de los cuatro grandes tipos de legitimidad señalados más arriba. Vale la pena señalar que la intensidad de cada tipo de legitimidad supone la consideración de que su existencia no suele ser dicotómica (legitimidad/ilegitimidad), sino que existe como un continuum, como una cuestión de grado (más o menos legitimidad), y que sus combinaciones pueden ser múltiples y en no pocas ocasiones difusas, ambiguas y contradictorias.
La legitimidad intelectual: la fuerza del poder de las ideas
La legitimidad intelectual tiene que ver con las relaciones entre poder y conocimiento que organizan las primeras universidades, y, más específicamente, con las tradiciones de distinción y prestigio asociadas a los “derechos de precedencia” a los que hace referencia Norbert Elias en La sociedad cortesana (1982). Esos derechos “tienen una extraordinaria importancia para su identidad institucional y la salvaguardia de su espacio político y social”. Esa legitimidad incluye la pertenencia a ciertos colegios, escuelas y facultades que rivalizan con las universidades medievales y, sobre todo, monárquicas. Esos espacios desarrollan un “lenguaje específico” que cohesiona a estudiantes y profesores de las diversas disciplinas, y que les permite sentar las bases de su reproducción e influencia en la vida política y social. “Podría decirse que los colegios promueven una imagen, una representación colectiva de su forma de estar y de ser vistos por el mundo circundante […] A través de sus ceremonias, protocolo, atuendo y modo de vida, los colegiales crearon una imagen pública de sí mismos, ‘ser colegial’, de forma similar a como cada monarquía generaba la suya propia” (Carabias, 2000: 121). Borlas de distintos colores y tamaños, títulos y diplomas, sellos, togas y birretes, banderas e himnos, forman parte de los instrumentos que a lo largo de su historia institucional las universidades van usando para acentuar los derechos de pertenencia de sus comunidades, a la vez que legitiman los saberes de sus miembros, que imprimen sentido de cohesión e identidad a sus miembros y que los distinguen de los grupos y estratos sociales no universitarios.
En la América colonial, el reconocimiento de la autoridad del saber se expresa a través de las funciones intelectuales que se desarrollan en las academias, los colegios y las universidades que se fundan inicialmente en Santo Domingo (1538), México y Perú (1551). El papel general de “analistas simbólicos” de los intelectuales de cada época “exige una especial atención de los contextos culturales y de los recursos simbólicos y sistemas conceptuales disponibles” (Myers, 2013: 31). Para el caso de las colonias hispanoamericanas, esos intelectuales desarrollaron labores de difusión y traducción de textos clásicos del latín, del griego y del castellano, organizaron y formaron claustros y seminarios, bibliotecas y aulas.6 Las universidades y las imprentas llegaron de la mano de los primeros intelectuales de la colonia (Bartolomé de Las Casas, Garcilaso de la Vega, o para el caso de Lusoamérica, José de Acosta o Antonio Vieira). La formación de las élites letradas en las academias y universidades, las formas de organización del conocimiento (trivium, cuadrivium), la relación de los intelectuales con los poderes eclesiásticos y seculares de su época, configuraron las bases de la legitimidad política, social, histórica y propiamente intelectual (simbólica/académica), de las primeras universidades de la región (Mazín, 2013; Rose, 2013; Brunner y Flisfisch, 2014).
La legitimidad política: el reconocimiento de la autoridad de la universidad como poder legítimo
Pero la construcción del poder autónomo de la universidad implica también el reconocimiento del papel y la importancia de las universidades por parte de los poderes externos a la institución. La fundación, la expansión y la consolidación de las universidades tienen que ver con su capacidad de ser valorada como una institución importante en la formación de las élites dirigentes, políticas e intelectuales, de cada sociedad. El análisis de las distintas formas de autoridad, de su locus institucional, y de las relaciones que guardan las universidades con los poderes internos y externos, configura el núcleo central del reconocimiento político, público, del poder institucional universitario (Weber, 1991; Bowen y Tobin; Clark, 1992; Peset y Peset, 1974).
La legitimidad social: el poder de las representaciones
La creencia de que la universidad es una fuente de prestigio, estatus y movilidad social, está en la base del reconocimiento de los sellos, títulos y diplomas universitarios como testimonios objetivos y fuentes meritocráticas, burocráticas o aristocráticas de poder para los individuos, los estratos y las clases sociales. Este tipo de legitimidad corresponde a la afirmación sociológica clásica respecto de que “la vida social está hecha por entero de representaciones” (Durkheim, 2000: 35). “Lo que traducen las representaciones colectivas es el modo como el grupo piensa respecto a su relación con los objetos que la afectan” (2000: 43). De este modo, “se puede llamar institución a todas las creencias y a todos los modos de conducta instituidos por la colectividad” (2000: 50).7
Los conjuntos de las representaciones sociales integran, para la tradición durkhemiana, el “imaginario social”. Aunque hay interpretaciones y posicionamientos teóricos que tienden a separar el imaginario de las representaciones (Girola, 2007: 62-63), desde una perspectiva institucional las representaciones son los “marcos cognitivos” (Lascoumes y Le Galés, 2014: 19) que integran creencias, expectativas y valores que los distintos grupos, estratos y clases sociales construyen dentro y en los alrededores de instituciones políticas como el Estado, o sociales como la universidad.
El concepto de representación social puede definirse desde un punto de vista antropológico como una “imagen de la realidad” (Geertz, 2000); desde un punto de vista politológico como un “espejo” o “evocación simbólica” de un orden institucional (Pitkin, 1967), o, más recientemente, desde la psicología social, como “sitios” (Installations) donde las representaciones son definidas como un sistema socialmente construido (distribuido en “sitios”) que descansa en tres “capas” o “estratos”: un ambiente material (scaffolding), la encarnación de competencias interpretativas compartidas (suggesting) y un conjunto de regulaciones sociales específicas (constraining) (Lahlou, 2015).
Las representaciones colectivas sobre la universidad descansan en la noción del reconocimiento del mérito como fuente de diferenciación y distinción social; en las imágenes y relatos que acreditan su autoridad en el campo del saber; en su función como proveedora de recursos simbólicos para oportunidades de movilidad social ascendente; en la construcción de linajes, trayectorias y prestigios para individuos y grupos sociales específicos, o en el fortalecimiento de los previamente existentes, por derechos de sangre, por herencia, por posiciones económicos o políticas de individuos y familias. Pero las representaciones que se construyen dentro y fuera de la universidad descansan también en una complicada colección de leyes, ordenamientos, reglamentos, estatutos, sellos, borlas, títulos, que organizan rituales y prácticas en la vida universitaria a lo largo del tiempo. Esas representaciones tienen diversas intensidades y sentido de acción para estudiantes, profesores y funcionarios, con variaciones significativas en las disciplinas y saberes específicos. La larga transición de las representaciones de clase del linaje de sangre y de la herencia propias de las universidades medievales y coloniales de los siglos XV al XVIII, hacia las representaciones meritocráticas y profesionales de las universidades liberales en los siglos XIX y XX, muestran los cambios en el perfil de las representaciones que las universidades tienen en distintos contextos simbólicos (Perkin, 2002).
La legitimidad histórica: el poder del pasado
Los relatos sobre la antigüedad, sobre la “edad institucional” de las universidades, forma otra fuente de legitimidad del poder social de dichas instituciones. Para decirlo en breve, la legitimidad histórica significa el poder del pasado. Aunque en el pasado colonial de las universidades latinoamericanas dicho pasado propiamente no existía, los relatos históricos de los modelos de las universidades de Salamanca o de Alcalá de Henares fueron invocados para legitimar la “necesidad” de un espacio institucional capaz de reproducir un orden social adecuado a la lógica de funcionamiento del imperio español. Apelar a la grandeza de las primeras universidades españolas, a su historia y mitologías, se convirtió en un recurso sistemáticamente empleado por las órdenes religiosas -en especial, los dominicos- para fundar las primeras universidades en la América española. 8Sin embargo, con los convulsivos procesos de independencia en el siglo XIX en la región, dicho pasado fue un obstáculo para la creación de un orden republicano, independiente y nacionalista, que veía frecuentemente en las viejas universidades coloniales reductos del conservadurismo y de la reacción frente a los cambios. Paradójicamente, a lo largo del siglo XX, con la refundación de muchas de las viejas universidades coloniales, en el contexto de los Estados nacionales latinoamericanos, el pasado histórico (es decir, colonial) de las universidades fue utilizado frecuentemente para legitimar el papel de dichas instituciones en la conformación de un nuevo orden político, social y cultural de las repúblicas americanas.
Pero el papel social simbólico e histórico de las universidades está fuertemente relacionado con su papel político. Desde principios de la conquista, en especial durante las primeras décadas del siglo XVI, las órdenes religiosas argumentaban la necesidad de crear espacios de los nuevos “estudios generales” que requería no solamente la evangelización de las nuevas colonias, sino también la necesidad de generar estructuras de reclutamiento y de formación de nuevos frailes, sacerdotes y funcionarios eclesiásticos y civiles necesarios para las labores prácticas de gobierno de las nuevas colonias. El poder social de la Iglesia católica se convirtió también en un poder político para impulsar la creación de las primeras universidades en los nuevos territorios conquistados.
Esa forma específica de legitimidad debe entenderse en el contexto del papel de la lógica evangelizadora, que funcionaba a la vez como una lógica de colonización, de burocratización y politización del dominio de la Corona española en territorios y poblaciones específicas. La formación de clérigos, la organización de arzobispados, el nombramiento de obispos, la creación de nuevas diócesis conforme avanzaba la propia colonización, colocaron a la Iglesia en una posición privilegiada para demandar recursos a la Corona. El resultado parcial de esa lógica de funcionamiento explica el proceso de constitución de las nuevas universidades hispanoamericanas. Por ello, no es casual que las sedes de los primeros arzobispados en la América española -Santo Domingo, Lima y México- fueran también las sedes de las primeras universidades de la región.9 En sus inicios, la reproducción de la educación hispánica tradicional, metropolitana, que recibían los hijos y los nietos de conquistadores y encomenderos en las primeras universidades coloniales, “era la vez un símbolo de alta posición social y un indicativo de su participación en una amplia tradición cultural que no conocía frontera atlántica” (Elliott, 1990: 226)
LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER AUTÓNOMO DE LA UNIVERSIDAD
En el análisis socio-histórico de las universidades latinoamericanas suele considerarse que la transición de instituciones heterónomas hacia instituciones autonómicas marca la ruptura entre la fase colonial (siglos XVI-XVIII) y la fase republicana o independiente de las sociedades de la región (siglo XIX), y se consolida como su principal seña de identidad institucional y social en el siglo XX, luego de las reformas inspiradas en el movimiento de Córdoba, en 1918. La primera fase (“la universidad heterónoma”) tiene que ver con la idea de la “captura” o subordinación de la universidad en relación con poderes externos a la misma (las órdenes religiosas, la monarquía o la burocracia eclesiástica local o remota). La segunda fase (“la universidad autónoma”) se caracteriza por la libertad académica, política e institucional de la universidad respecto de los poderes externos (principalmente el Estado a lo largo del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, o posteriormente, ya a finales del siglo XX, del mercado). Vale la pena revisar esta visión “dicotómica” de la historia de la universidad (heterónoma/autónoma) a la luz de los hallazgos y las pistas que diversos estudios han aportado para comprender mejor las diversas transiciones de las universidades latinoamericanas como el resultado de las tensiones autonomistas que desde su fundación caracterizaron las tendencias hacia la subordinación, hacia la negociación de su estatuto institucional y poderes específicos, o hacia la rebelión de las universidades con sus entornos locales, europeos y peninsulares (Verger, 2003; Charle, 2004; Shills y Roberts, 2004).10 Esta revisión permite reafirmar el poder institucional universitario como un poder autónomo respecto de grupos y clases sociales específicos, un poder “incrustado” en su contexto social.
Desde una perspectiva analítica más amplia, la autonomía puede ser vista como una expresión del poder social e institucional de la universidad. “Social” en el sentido de que se le reconoce como una fuente de estatus y jerarquía, que dota a los individuos de recursos simbólicos y escolares para procesos de movilidad social ascendente, y que se basa en el mérito o los privilegios como fuentes de diferenciación entre grupos, estratos y clases sociales. “Institucional” en el sentido de que a la universidad se le reconoce el derecho a la autoorganización de sus funciones, deberes y atribuciones, y a sus miembros (la comunidad de estudiantes y profesores) se les concibe como los que deciden sobre la orientación y contenido de sus actividades académicas.
Estas distintas perspectivas sobre la autonomía universitaria tienen sentido para el análisis en el largo plazo de la evolución, las transformaciones y los cambios en el sentido, los significados y las prácticas autonómicas de las universidades. Para el caso latinoamericano, ese análisis supone considerar a la autonomía como una cuestión de grado, bajo el supuesto de que desde su propio origen las universidades han entablado relaciones de tensión con sus entornos sociales y políticos, pero que también desarrollan “fuerzas” internas de equilibrios institucionales a favor o en contra de la autonomía universitaria. Esas tensiones externas e internas deben ser vistas en los contextos que caracterizan los distintos ciclos de la autonomía (colonial, republicano, moderno y contemporáneo).
En cualquier caso, es necesario indagar en una primera fase los procesos de constitución del poder autónomo de la universidad en el seno mismo de las instituciones coloniales. La construcción de ese poder descansa en dos dilatados procesos socio-históricos: por un lado, en la lenta configuración de la universidad como una “invención” política; por el otro, en la construcción de la universidad como una representación social.
La universidad como fórmula de “invención” política y representación social
Referirse a la universidad como un acto de “invención” política es, quizá, un exceso retórico. Sin embargo, el término puede resultar apropiado para designar el hecho de que la aparición de una nueva institución en un nuevo territorio es siempre un acontecimiento relevante, que altera y “rompe” simbólicamente con un viejo orden y augura, o presagia, el surgimiento de uno distinto. Eric Hobsbawn (1972), por ejemplo, se refería a estos procesos como la “invención de una tradición”, es decir, como el proceso de construcción social de una institucionalidad capaz de recoger y reproducir normas, hábitos y prácticas que “rutinizan” y “naturalizan” un orden social más amplio. Para el caso de América, Edmundo O’Gorman (1995) acuñó el término de “invención” para discutir la idea de que la conquista de los nuevos territorios continentales puede ser visto como el resultado del complicado proceso de construcción de una “idea” de América, la invención de un “nuevo mundo”, completamente distinto a las concepciones medievales del territorio, las distancias y las poblaciones conocidas por navegantes y conquistadores. En este sentido, la fundación de las primeras universidades puede ser vista como la invención política de una tradición que desde sus orígenes europeos concentra una tensión constante, de conflicto y acuerdo, entre el poder y el saber (Habermas, 1987).11
Explorar el carácter político de la “invención” de la universidad conlleva algunos riesgos teóricos y conceptuales (y por supuesto metodológicos), pero también sugiere algunas rutas de análisis e interpretación que resultan prometedoras. Utilizar el concepto de “político” supone la consideración de que todas las instituciones, entendidas como un entramado de reglas, normas y comportamientos, son siempre el producto de un acuerdo político, tomado en contextos sociales e históricos específicos (March y Olsen, 1996). “Crear” una institución supone una forma de organización de intercambios sociales para legitimar acuerdos, pero también para resolver conflictos o para impulsar cambios institucionales (North, 2006). Desde esta perspectiva, la fundación de las primeras universidades europeas en Hispanoamérica fue un proceso de una decisión política gestionada por grupos específicos (órdenes religiosas) ante los poderes constituidos de la época (el papa, el rey y sus representantes y autoridades locales).
Pero subrayar la naturaleza política de la construcción de las instituciones universitarias exige también considerar la naturaleza de sus representaciones sociales, es decir, las dimensiones simbólicas de la nueva institucionalidad y sus trayectorias en el tiempo. Esas representaciones son una mezcla compleja de intereses, creencias, aspiraciones y expectativas socialmente construidas, pero que adquieren significados específicos según sean los contextos de los que se trate. El sentido de pertenencia de los individuos a una comunidad proporciona cohesión a sus miembros, identidad, y eventualmente el acceso a ciertas formas de poder social. De manera ambigua, difusa, al principio de las primeras universidades europeas y latinoamericanas, y posteriormente de manera clara e intensa, con sus ciclos de ruptura y resurgimiento en el siglo XX, las universidades se legitiman como espacios que como ningún otro proporcionan estatus y reconocimiento de sus miembros frente a otros grupos y clases sociales, un mecanismo a la vez de prestigio social y poder político para sus estudiantes, profesores y autoridades. Para decirlo en breve: así como los mapas no son un territorio específico, sino que lo representan, las universidades, en tanto instituciones simbólicas, representan los valores, las creencias y expectativas de diversos estratos, grupos y clases sociales.
Pero las formas específicas que asume la función de representación de la universidad dependen de su origen y contexto. La característica que une a las primeras universidades hispanoamericanas y que las diferencia de sus orígenes europeos es su carácter de implantación de un “modelo”. Esa característica no fue, como en el caso de Bolonia, París o Salamanca, un producto “espontáneo” de difusión de la “idea” de la universidad en distintos territorios (Peset Reig, 2015), sino un proceso deliberado conducido por los valores, las creencias, los intereses y las experiencias que los conquistadores y evangelizadores portaban en su desembarco en las tierras y poblaciones del nuevo mundo. En otras palabras, las primeras universidades fundadas en los nuevos territorios americanos representaban para los españoles la posibilidad de organizar instituciones capaces de cumplir con las mismas funciones que las universidades ya desarrollaban en el territorio peninsular. Se trataba, en suma, de adaptar un modelo ya existente en las nuevas condiciones sociales de los territorios conquistados. La adaptación fue la forma que asumió la “invención” de la universidad en el nuevo continente.
DOS EJES DEL PODER AUTÓNOMO UNIVERSITARIO: LEGITIMIDAD Y REPRESENTACIÓN
En tanto institución social, la universidad es un espacio organizado que proporciona sentido de representación, de significación, y de ordenamiento de comportamientos, expectativas, rituales y roles para grupos sociales específicos. Si definimos a una institución como una “agrupación social legitimada” (Douglas, 1996: 75-76), la universidad configura un espacio instituido e instituyente de representaciones sociales, imágenes y prácticas para comunidades específicas (profesores, estudiantes, directivos), que la reconocen como una estructura que proporciona sentidos de cohesión, identidad y pertenencia a sus miembros. Aquí, el término de “representaciones” se emplea en el sentido sociológico del concepto, es decir, como una “representación colectiva” definida en sentido durkhemiano, conformada por el conjunto de ideas, creencias e imágenes colectivas (es decir, meta-individuales), en torno a una institución, una relación articulada de significados y significaciones sobre el rol, el papel y las funciones que cumple o debería cumplir una institución (en este caso, la universidad) desde el punto de vista de los grupos que la integran o están relacionados con ella (Berger y Luckmann, 1991: 95-100; Alexander, 2000: 101-102).12
Como parte de la representación colectiva de ideas y creencias, toda institución posee una dimensión imaginaria, es decir, configura el “universo simbólico” que orienta el sentido del orden social en un espacio territorial específico (Berger y Luckmann, 1991: 120-121). Ese universo simbólico proporciona un marco de referencia para las prácticas de los individuos y de los grupos relacionados en y con las instituciones, es decir, un conjunto de reglas y convenciones para la formación de las costumbres y comportamientos que regulan la acción cotidiana de los sujetos.
Desde esta perspectiva, las visiones endógenas y exógenas de las universidades -es decir, las visiones que tienen los universitarios de sí mismos y aquellas que tienen los grupos no universitarios sobre la institución- son en esencia representaciones de carácter colectivo, meta-individuales, que descansan implícitamente en un conjunto más o menos ordenado y relativamente compartido de ideas, creencias, significaciones, valores y prácticas específicas. Esas representaciones suelen ser variadas, complejas, producto de las distintas posiciones de los actores y espectadores en los contextos locales y globales de las universidades. Pero la construcción de esas representaciones acompaña también a la edificación de las fuentes de su legitimidad institucional, es decir, el reconocimiento de la autoridad de la universidad en la formación cultural, educativa y política de las sociedades. Las relaciones entre representación y legitimidad constituyen entonces los ejes del poder autónomo de la universidad, relaciones que conviene identificar como estratégicas para reconstruir la historia social de las universidades en sus distintas épocas y contextos.
Sin embargo, es necesario explorar con mayor detenimiento empírico las relaciones entre legitimidad y representación como la base del poder de las universidades. Las formas de representación social sobre las universidades parecen influir de manera significativa en la legitimidad política de sus instituciones. Durante la época colonial, el acceso a la universidad representaba fundamentalmente el acceso a formas de ejercicio del poder en los nuevos territorios, a la legitimación de un estatus social privilegiado, y a la construcción de trayectorias individuales para ejercer no solamente “licencias para enseñar”, sino también para administrar bienes y personas, y para representar la autoridad de la corona, de la iglesia o de las propias universidades en los órganos de gobierno reconocidos por la monarquía y las élites gobernantes y no gobernantes que dominaban los territorios. En este sentido, el poder de la universidad representa el “poder de las letras” en las sociedades coloniales hispanoamericanas (González González, 2017).
CONSIDERACIONES FINALES
La construcción de una sociología histórica de las universidades en América Latina y el Caribe es una labor aún incipiente. Estudios de casos, monografías institucionales, relatos históricos prosopográficos, datos estadísticos, evidencias documentales, son recursos indispensables para desarrollar una agenda larga y ambiciosa de investigación comparada sobre las diversas trayectorias socio-institucionales de las universidades nacionales. En este texto se ofreció una propuesta de análisis centrada en el poder institucional de las universidades considerado como un “poder autónomo”, articulado sobre las distintas combinaciones de los ejes de la legitimidad política y las representaciones sociales de las universidades en las sociedades nacionales de la región. Aunque centrado en la etapa colonial de las universidades hispanoamericanas, el análisis presentado ofrece un esquema teórico-metodológico, preguntas e hipótesis para abordar el estudio de las etapas republicana (1812-1918), moderna (1918-1980) y contemporánea (1980-2018) de las universidades de América Latina y el Caribe.
